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El chikungunya reaparece en boletín epidemiológico en plena alerta regional

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Ya son tres los boletines epidemiológicos en lo que va de 2026, correspondientes a las semanas 12, 13 y 14 del año en curso, que publica el Ministerio de Salud luego de una década de opacidad estadística. En el más reciente, correspondiente a la semana 14 -del 5 al 14 de abril- la novedad es que se incluyeron datos sobre chikungunya, enfermedad transmitida a humanos por la picadura de mosquitos como el Aedes aegypti (vector transmisor del dengue) y del Aedes albopictus de la que no se ofrecían estadísticas desde 2014, recordó en conversación con Runrun.es el pediatra con estudios en gerencia pública, Alejandro Crespo Freytes.

El Ministerio reconoce que en los últimos dos años han ocurrido dos brotes de chikungunya: Desde la semana epidemiológica 49 del 2025 hasta la semana 14 del año 2026 se han confirmado un total de 4 casos en el país: el de 2025 fue en Sucre y los tres registrados de 2026 están en el Distrito Capital, en las parroquias Sucre y San Agustín.

La chikungunya causa fiebre alta y dolores articulares intensos y, a menudo, incapacitantes, reseña la Organización Panamericana de Salud. Aunque rara vez es mortal, los dolores articulares pueden persistir durante meses. En el país, se considera una enfermedad endémica desde su llegada en 2014, con picos de contagio asociados a lluvias y a la proliferación del Aedes aegypti. El manejo se enfoca en aliviar síntomas, ya que no existe vacuna.

El 10 de febrero de 2026, la Organización Mundial de la Salud emitió un alerta epidemiológico ante un aumento sostenido de casos de chikungunya en países y territorios de la región de las Américas, así como por la reanudación de la transmisión autóctona en áreas que no registraban la circulación del virus desde hace varios años.  La OMS y la OPS instaron a los Estados miembros a intensificar la vigilancia epidemiológica y de laboratorio, asegurar la detección temprana y el manejo clínico adecuado de los casos y consolidar las acciones integradas de control vectorial, para limitar la transmisión y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas.

Aunque el MPPS afirma que en 2026 ha intensificado la vigilancia de los sı́ndromes febriles, y a propósito de la introducción de datos al boletín sobre chikungunya, a Crespo Freytes le resulta extraño que no se ofrezca información sobre la vigilancia de la fiebre Oropouche, enfermedad transmitida por jejenes, cuyos primeros cinco casos se confirmaron en el país en marzo de 2025 y que actualmente registra un brote importante en Brasil, país que comparte amplia frontera con Venezuela.

Indica que en consulta médica han destacado cuadros en los últimos meses de pacientes con diarreas, fiebres y dolores que vuelven después de 10 días. “Eso podría ser oropuche, pero no hay manera de demostrarlo”, aclaró.

Casi 30 000 casos de malaria en el año

Otros números relevantes que incluyen en este nuevo boletín epidemiológico son los concernientes a la malaria. Y es que ya son 29 283 casos confirmados durante 2026, lo que representa un aumento de 7,4% respecto a la semana 1 a la 14 de 2025. Los estados con mayor presencia de malaria son Bolívar, Amazonas, Apure, Lara, Carabobo, Delta Amacuro y Monagas.

En lo que respecta a la fiebre amarilla, los casos confirmados en humanos desde junio de 2025 a marzo de 2026 son 40, con 21 muertes -letalidad de 50%- en total, dos de ellas registradas en este año. 14 estados del país han reportado casos de la enfermedad: Barinas (13), Monagas (6), Amazonas (4), Bolívar (2), Mérida (2), Lara (2), Apure (2), Portuguesa (2), Aragua (2), Trujillo (1), Táchira (1), Carabobo (1), Cojedes (1), Guárico (1).

Además de ello, desde enero 2025 hasta la semana 14 de 2026, se registraron 116 eventos epizoóticos en primates no humanos -hallazgo de uno o más animales muertos o notificación de casos sospechosos- de los cuales 90 se reportaron en 2025 y 28 en 2026 en los tres corredores enzoóticos descritos para el país: San Camilo, Sur del Lago y Guayana.

En lo que respecta a epizootias, o brotes de enfermedad y muertes confirmados en población animal,la actividad viral se concentra en la región central, con Aragua (74 eventos) como el principal foco, seguido de Guárico (12) y Cojedes (11). El riesgo con las epizootias es que sugieren circulación activa del virus y aumentan el riesgo de salto a humanos por exposición laboral y recreativa (agricultores, turistas, recolectores), que pueden ser picados por los mismos mosquitos que infectaron a los monos.

Si una persona se infecta en el bosque y regresa a una ciudad donde hay mosquitos Aedes aegypti (que también transmiten el dengue), el virus puede entrar en un ciclo urbano y generar situciones de brote o epidemias.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral hemorrágica aguda endémica en Venezuela y otros países de la región. Es causada por un virus del género Flavivirus y transmitida por la picadura de mosquitos. Es de inicio abrupto y se presenta en tres fases clínicas: una de infección, caracterizada por elevación de la temperatura corporal; una fase de remisión, con presencia de albuminuria y recuperación en más del 80% de los casos y una tercera fase toxémica, en la que aparecen manifestaciones hemorrágicas (bucales, nasales, oculares y estomacales) y signos de insuficiencia hepática aguda, como ictericia -color amarillento de la piel- y encefalopatía hepática, explica unboletín del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Cerca del 15% de los pacientes contagiados con formas sintomáticas presenta un cuadro grave, y 50% de esos pacientes fallecen en un
periodo de siete a diez días.

El Ministerio asegura que durante el primer trimestre de 2026 aplicó un total de 794 140 dosis de la vacuna contra la enfermedad.

Reporte otra vez incompleto

El boletín epidemiológico es un documento técnico que debería publicarse semanalmente y que analiza datos relevantes sobre la salud de la población. Es como una radiografía general sobre la salud del país, que los médicos utilizan para orientar sus diagnósticos y a la ciudadanía sobre las enfermedades de las que se debe estar pendiente. Son al menos 30 las enfermedades de notificación obligatoria que deberían ser incluidas.

Pero en los tres boletines difundidos en 2026, siguen ausentes las estadísticas sobre enfermedades diarreicas en los menores de cinco años, neumonías, meningitis; enfermedades que se transmiten con facilidad, como dengue, tuberculosis y el HIV; enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como difteria y tosferina e información sobre mortalidad neonatal, infantil, materna, precisó el médico Alejandro Crespo Freytes.

El boletín existe oficialmente en Venezuela desde 1938, pero según precisó el galeno en un análisis compartido en sus redes sociales, en la era del chavismo, se publica de manera irregular o con retraso desde el año 2007. En 2014 se acentuó la irregularidad en las publicaciones y en el año 2017 desapareció por completo por un período de más de diez años.

En el “nuevo momento político” que vive el país según el gobierno encargado, el boletín ha reaparecido en una versión bastante reducida y sin dar cuenta de los diez años en los que la información epidemiológica no vio luz, destaca el pediatra.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 22 de abril: Las 24 horas de agonía en Yare III y otras noticias

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 22 de abril, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Lo que comenzó como una alerta en redes sociales entre los familiares que pernoctaban en las cercanías del Centro Penitenciario Región Capital Yare III, se transformó rápidamente en una atmósfera de tensión por una situación de violenta suscitada en el penal, todo esto bajo el silencio total del Ministerio de Servicio Penitenciario, que se convertía en la primera barrera que debieron enfrentar quienes, desesperados, exigían saber si sus seres queridos seguían con vida.

El Ministerio Público dio el primer paso oficial el mismo lunes 20 de abril al anunciar el inicio de una investigación y la designación de una comisión de la Dirección de Protección de Derechos Humanos. El despacho de Larry Devoe designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional.

El desenlace de esta jornada de incertidumbre llegó finalmente el 21 de abril con un comunicado del Ministerio Penitenciario que puso nombre y apellido a la tragedia. La confirmación del fallecimiento de cinco privados de libertad —identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez— desnudó la realidad de un recinto que Ministerio describe como un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”, reforzando un discurso estigmatizante sobre la población reclusa.

Recién salido del horno: otras noticias

La “selectividad perversa” frena la Ley de Amnistía para periodistas en Venezuela

Venció el plazo: Conatel sigue sin explicar por qué más de 200 sitios web siguen bloqueados en Venezuela

Empresas fantasma cobraron hasta $450 por salvoconductos a venezolanos que debían salir de EE. UU.

Dólar/Euro BCV

La perla

“Cada uno de ustedes, son las voces con autoridad moral para asegurarnos de que exista justicia y que no exista venganza; donde nosotros podamos ofrecerle el respeto a los derechos a quienes no los negaron. Es una lección a todo un país. No es impunidad. No es olvido”, MAría Corina Machado reunida con familiares de presos políticos, excarcelados, activistas de derechos humanos y allegados de personas fallecidas durante las protesta.

Lo que rompe en redes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medicas cautelares al preso político Víctor Hugo Quero Navas, desaparecido desde hace más de un año, así como a su madre, la señora Carmen Navas, quien activamente ha acudido a todas las instancias en búsqueda de su hijo y nunca ha recibido información sobre su paradero.

Azuquita pa’l café

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se volvió viral en redes sociales al realizar una parodia de la comedia “¿Dónde están las rubias?” que revolucionó los cines en el año 2004, sobre la icónica escena de Latrell Spencer cantando “A Thounsand Miles”.

La ñapa (recomendamos…)

Ya inició la preventa de entradas para asistir a las funciones que se proyectarán en Cines Unidos del documental “Iron Maiden: Burning Ambition”, dirigida por Malcolm Venville y que narra el ascenso del grupo desde sus humildes comienzos en los pubs del este de Londres hasta convertirse en iconos mundiales del heavy metal.

En la AN repiten la fórmula para escoger a magistrados del TSJ

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El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Giuseppe Alesandrello, el mismo que presidió el comité que escogió a Larry Devoe como fiscal general de la República y a Eglée González Lobato como defensora del Pueblo, será quien presida también la comisión para seleccionar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

De acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, la renovación del poder judicial se lleva a cabo debido a “jubilación y renuncia de magistrados”.  

Además de Alesandrello-militar retirado quien estuvo también a cargo de los comités que en la anterior AN designó a rectores del CNE y a magistrados del TSJ- integran la comisión los diputados chavistas Desiree Santos Amaral, María Gabriela Vega, Gloria Castillo, Carlos Mogollón, José Villarroel, Fernando Bastidas, además de Antonio Ecarri de la Alianza del Lápiz, Luis Augusto Romero de la Alianza Democrática, Félix Freites de Fuerza Vecinal y Pablo Perez de Un Nuevo Tiempo (UNT).

Rodríguez explicó que el proceso forma parte de la reforma judicial anunciada por su hermana Delcy, presidenta encargada con más de 90 días en el cargo, superior al tiempo estipulado en la Constitución Nacional. 

La renovación del TSJ se produce en el marco de una supuesta “purga” del sistema donde había magistrados afines a la pareja conformada por Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente presos en Estados Unidos y señalados con cargos de narcotráfico y terrorismo.

El pasado fin de semana, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy RodrÍguez, expresó que los cambios en el Poder Judicial surgiría a partir de una “gran consulta nacional”.

Funciones de la comisión

El equipo de diputados hoy comisionado tendrá la responsabilidad de conformar el Comité de Postulaciones, integrado por diputados y miembros de la sociedad civil.

Este comité realizará una convocatoria pública para recibir postulaciones de candidatos que deberían cumplir con los requisitos de la Ley Orgánica del TSJ, como tener la nacionalidad venezolana por nacimiento, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica, tener experiencia como profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial.

El comité envía una preselección al Poder Ciudadano -conformado por la Fiscalía, Defensoría y Contraloría-, que debe hacer una segunda preselección y enviarla a la plenaria del Parlamento, en donde se procederá a la elección de los magistrados con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados.

Un poder bajo mirada crítica

A lo largo de las últimas dos décadas, diversos organismos nacionales e internacionales, ONGs y partidos de oposición han denunciado múltiples irregularidades en la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela, así como una falta de independencia y politización del poder judicial debido a que los comités encargados de evaluar a los aspirantes han estado dominados por la mayoría parlamentaria oficialista, lo que eliminaría el filtro de pluralidad necesario.

Por ejemplo, en diciembre 2015, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, antes de finalizar su periodo y tras perder las elecciones, nombró a 13 magistrados principales y 21 suplentes en un proceso acelerado y cuestionado, sin cumplir con los lapsos de selección ni las fases de evaluación de credenciales establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ.

Las denuncias sobre la idoneidad de los candidatos fue recurrente en los procesos de 2015 y 2022. Se rechazó que algunos magistrados fueran diputados, ministros o funcionarios cercanos al Poder Ejecutivo poco antes de su nombramiento. Casos como el de Maikel Moreno generaron polémica por denuncias previas de detenciones o falta de carrera judicial antes de llegar a la presidencia del TSJ.

Para la selección de 2022,  se redujo el número de magistrados de 32 a 20. La oposición y ONG denunciaron que esto facilitó “reubicar” a jueces leales y garantizar que solo los más afines permanecieran en el cargo. En ese año también se permitió la reelección de magistrados que ya habían cumplido su periodo, a pesar de que la Constitución establece un periodo único de 12 años sin posibilidad de repetición.

La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela expuso que en 2022, la Asamblea Nacional de mayoría oficialista, modificó la membresía del Comité de Postulaciones Judiciales para “poder controlarlo” y elegir a los veinte magistrados y magistradas del TSJ. Mencionaron que la presidenta del máximo ente judicial, Caryslia Rodríguez, era “militante del gobierno” y que fue alcaldesa encargada del Municipio Libertador en 2021.

En agosto de 2024, y en el clímax de la crisis política por los cuestionados resultados de las presidenciales, la Misión también denunció «la falta de imparcialidad» del TSJ luego de que avalara la supuesta victoria de Nicolás Maduro. En una declaración emitida a través de redes sociales, quien era entonces la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, sostuvo que el gobierno ejercía una “injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados y declaraciones públicas del presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. 

Mantener el foco: el chavismo es responsable del desastre

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Ya son veintisiete años del chavismo en el poder, pero pareciera que los opositores no han aprendido una lección fundamental: no perder el foco de la acción política a pesar de las trampas que el régimen que hoy lideran los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez vaya poniendo en el camino. Esas trampas lo que hacen es distraer de lo esencial. Venezuela necesita ya un calendario que indique plazos específicos hacia la transición, lo que debe incluir unas elecciones generales a todos los niveles, desde presidente, asamblea nacional, gobernadores, asambleas legislativas, alcaldes y concejos municipales.

El incidente madrileño durante la convocatoria masiva de María Corina Machado (MCM) ha provocado reacciones de horror en las redes digitales. Y los bots e indignados opositores, muchos anti-MCM, le han sacado punta. Por unos días el tema de discusión en las redes es el inapropiado canto contra Delcy Rodríguez aupado por un cantante venezolano-español.

¿Es realmente este incidente lo más importante hoy en la agenda política de Venezuela? Obviamente no. Es una distracción que los voceros chavistas explotan al máximo, poniéndose en la posición de víctimas. Las mismas cabezas del régimen que han generado un verdadero horror a millones de venezolanos: los asesinados, los torturados, los presos políticos, a quienes les han robado miles de millones de dólares del patrimonio público, a quienes les han escamoteado su voluntad mayoritaria de cambio en varias elecciones, los exilados, los vomitados por un país destruido en sus bases económicas e institucionales. Esa es la verdad. Ese debe ser el foco.

Hay que abogar por una negociación entre venezolanos con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Eso no significa tener que renunciar a poner sobre la mesa los hechos. El chavismo es el responsable principal de la corrupción, de los abusos de poder y de los crímenes cometidos desde el Estado durante más de un cuarto de siglo. Es a partir de esa constatación que se puede negociar un esquema de transición hacia la democracia y, eventualmente, un proceso de reconciliación nacional.

El error y, más que el error, la mala fe, está en hacer una equivalencia entre sectores. Decir que al final régimen y la mayoría democrática del país son lo mismo. No, no son lo mismo.

El régimen es responsable del control total del Estado. De la represión, el robo del patrimonio nacional, la degradación de la infraestructura del país, la destrucción de la educación pública, de los servicios de salud, y podríamos seguir con una larguísima lista. No hay equivalencia que hacer. Es a partir de esta asimetría moral que se debe lograr un consenso para salir del pozo en el que el chavismo metió a Venezuela. Después de reconocer esta realidad, podrá hablarse de convivencia. Sin un reconocimiento claro del daño profundo que Chávez, Maduro y todos sus acólitos le han causado a los venezolanos será imposible un renacimiento del país con justicia y dignidad.

Preguntas que necesitan respuestas

Para mantener el foco en la acción política es necesario hacer algunas preguntas que deben ser respondidas por los chavistas que han ocupado posiciones de poder en los últimos 27 años. Aquí van algunas de ellas:

¿Qué impide la liberación inmediata de todos los presos políticos, civiles y militares?

¿Cómo se va a establecer un nuevo poder electoral que con transparencia corrija todas las distorsiones, manipulaciones y trampas que el chavismo ha hecho en las elecciones y referenda?

¿Cómo y cuándo se van a reorganizar el poder judicial y ciudadano para verdaderamente ir hacia un Estado de justicia y derecho que permita establecer las responsabilidades en todos los crímenes cometidos por el Estado venezolano durante estos 27 años?

¿De qué forma se van a recuperar los miles de millones de dólares robados por funcionarios chavistas (por ejemplo, Tareck El Aissami y Rafael Ramírez en PDVSA) y por sus cómplices?

¿Qué acciones se van a tomar urgentemente para que los ingresos extraordinarios petroleros que se están recibiendo bajo la tutela del gobierno de Estados Unidos sean usados de forma transparente y eficaz?

¿Qué políticas se van a poner en práctica para parar la devaluación del bolívar y controlar la inflación?

¿Cómo se va a mejorar los sueldos de los venezolanos e incrementar el poder de compra de la mayoría?

Quedan muchísimas otras preguntas por formular y responder. Todas ellas ponen el foco de atención en lo fundamental. Todo lo demás son distracciones pendejas.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

AI: Poderes del Estado siguen coordinándose en Venezuela para perseguir y castigar

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Seis de las 460 páginas que contiene el informe de la organización Amnistía Internacional (AI) sobre derechos humanos en el mundo se las dedica a la situación en Venezuela, más que las tres donde expuso la realidad en Cuba y las cuatro en la que subraya las condiciones de vida en Corea del Norte.

Ubicados en 2025 con el hoy en día preso en Estados Unidos Nicolás Maduro al frente del gobierno venezolano, el informe de la organización internacional puntualiza que los poderes del Estado siguieron coordinándose para perseguir y castigar a la disidencia.

El organismo internacional denunció que cientos de personas sufrieron desaparición forzada o detención arbitraria, así como tortura y otras violaciones a los derechos humanos por ejercer alguna forma de oposición o crítica hacia el gobierno. 

AI destacó que, de manera sistemática, los procesos penales contra muchos de los presos políticos avanzaron sin garantías judiciales, acceso a la información sobre los cargos presentados en su contra y defensa de su elección.

De acuerdo a cifras de Amnistía Internacional, aproximadamente 7,9 millones de personas venezolanas han salido de Venezuela desde 2015 y casi dos millones dependen de la ayuda de organismos internacionales. 

La organización tampoco registró avances en relación con los derechos sexuales y reproductivos. 

“La población LGBTIQ+ y los pueblos indígenas siguen siendo discriminados y no hubo avances legislativos que promovieran sus derechos”, puntualizó el documento.

Recalcaron que persistieron los reclamos en torno a los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 y que en marzo y julio se celebraron elecciones parlamentarias y regionales, respectivamente, en un contexto de represión similar al de los comicios presidenciales. 

El informe sobre derechos humanos en el mundo de Amnistía Internacional recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre las violaciones cometidas durante el periodo electoral de 2024, en donde expuso la estrategia represiva para impedir la participación política de la oposición, obstaculizar el desarrollo de una contienda electoral libre y sembrar zozobra entre la ciudadanía. 

Mencionan asimismo que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó en dos informes las violaciones de derechos humanos registradas durante la represión poselectoral y el papel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en la comisión de crímenes de lesa humanidad. 

Otro aspecto que resaltaron fue que desde septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo ataques en el mar Caribe y el Océano Pacífico contra 34 embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, arremetidas que causaron la muerte de al menos 110 personas.

Estos son algunos aspectos que revela el informe: 

–Represión, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Las autoridades siguieron utilizando los cuerpos de seguridad e inteligencia, el sistema judicial y unas leyes restrictivas como la del Odio, Simón Bolívar, antiONG y Resorte para reprimir, silenciar y castigar la disidencia y la defensa de los derechos humanos. 

Amnistía Internacional registró nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos, aunque en menor número que en 2024, cuando se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. La ONG Foro Penal Venezolano verificó 117 excarcelaciones en diciembre de 2025. Para finales de diciembre del año pasado, de las más de 2000 personas detenidas arbitrariamente luego del 28J, al menos 806 continuaban privadas de libertad. A la mayoría de las personas aprehendidas se les imputaron los cargos de terrorismo y traición a la patria, además se les impusieron defensas públicas

Según informó Foro Penal, al menos 63 personas se encontraban desaparecidas al finalizar el año pasado. Amnistía Internacional expuso que, en general, las desapariciones forzadas comenzaron con una detención arbitraria llevada a cabo por agentes del Estado, seguida de falta de información, la negativa a reconocer la detención y el ocultamiento deliberado de la persona detenida. La organización alertó que la desaparición forzada de una persona implicaba traslados a otros centros de reclusión sin previo aviso ni conocimiento de familiares, celebración en secreto de audiencias de presentación y la anulación de facto del hábeas corpus.

Ataques a la libertad de expresión y asociación

217 ataques a la libertad de expresión hasta el mes de octubre registró la ONG Espacio Público, mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención de al menos 23 trabajadores de los medios de comunicación.

Se mencionan casos puntuales, como el del periodista Carlos Marcano, quien estuvo 13 días en desaparición forzada después de su detención. Por su parte, el periodista y politólogo Nicmer Evans estuvo desaparecido tres días después de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) lo llevara a una “entrevista” en El Helicoide.

Paralelamente, VE sin Filtro documentó el bloqueo de distintos medios de comunicación independientes y sus dominios en Internet bajo órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Asimismo, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 2.219 protestas durante el año, de las cuales 1.129 guardaban relación con los derechos laborales.

Persecución a defensores de DDHH

Amnistía Internacional documentó que aunque fueron excarcelados luego de la incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero, los activistas y defensores de derechos humanos, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda, Eduardo Torres, Martha Lía Grajales y Carlos Correa fueron detenidos e incomunicados como represalias a sus actividades.

Rojas estuvo casi cuatro meses recluido en régimen de incomunicación, sin acceso a visitas familiares ni contacto con el exterior. Correa fue sometido a desaparición forzada y excarcelado ocho días después. Torres fue detenido arbitrariamente en mayo, estuvo en paradero desconocido durante cinco días y posteriormente recluido en régimen de incomunicación. Grajales, perteneciente al colectivo Surgentes, fue aprehendida después de acompañar en una protesta pacífica a un grupo de madres de presos políticos.

Se refieren también a que el Centro para los Defensores y la Justicia registró 455 ataques contra personas defensoras de los DDHH, además alertó sobre la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, que amenazaba la libertad de asociación y el trabajo legítimo de las ONG.

Inflación como asfixia al pueblo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la inflación se ubicó en 269,9% a finales de 2025. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica para una familia de cinco miembros se situó en abril en 503,73 dólares, mientras que el salario mínimo mensual permaneció congelado desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a menos de 0,30 centavos de dólar hoy en día.

Asimismo AI, recalcó que los cortes del suministro de agua y electricidad persistieron durante el año, al igual que las protestas relacionadas con los servicios básicos. 

Discriminación a todo nivel

“No se registraron avances en materia de derechos sexuales y reproductivos; en concreto, con relación con al acceso al aborto y a métodos de planificación familiar. El Estado no diseñó ni implementó políticas públicas orientadas a prevenir violaciones de estos derechos o a garantizar su ejercicio efectivo. Tampoco se publicaron datos oficiales al respecto”, reza el informe.

La ACNUDH informó que se estaba recluyendo a personas trans en centros de detención según su sexo asignado al nacer. También denunció el uso por parte de autoridades del Estado de una retórica sexista y contraria a las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación públicos.

Organizaciones de derechos de las personas LGBTIQ+ continuaron exigiendo la aprobación en segunda discusión de la Ley Orgánica de Equidad e Igualdad de Género, presentada en 2009. También hubo falta de garantía y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

Devastación ambiental

Un informe sobre minería ilegal y derechos humanos presentado por varias ONG y que recogió Amnistía señalaba como obstáculos para la gestión climática la carencia de datos confiables y la ausencia de sistemas de monitoreo. La ONG SOS Orinoco registró 10 accidentes mineros y dos muertes a consecuencia de ellos en el primer cuatrimestre de 2025. En octubre, 14 mineros fallecieron tras producirse una inundación en la mina en la que trabajaban en el estado Bolívar.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país. 

El atentado contra Jadacaquiva, el pueblo de “La pequeña revancha”

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En noviembre de 1985 ante el público venezolano se exhibió una de las películas que sería de las más premiadas del cine nacional. Se trata de La pequeña revancha, dirigida por Olegario Barrera, filmada en el pueblo de Jadacaquiva en Paraguaná, estado Falcón. Una cinta basada en el cuento La composición, del chileno Antonio Skármeta, que retrata sutilmente los mecanismos de la imposición de un régimen militar sobre la ciudadanía. No creyeron los habitantes del lugar de la filmación que cuatro décadas después ellos serían nuevamente los extras de una historia de intolerancia.

Jadacaquiva es uno de los seis pueblos principales de origen colonial en la península de Paraguaná, noroccidente venezolano. Pueblo que a duras penas mantiene el remanente de su tradición constructiva. En 1978 su iglesia fue restaurada bajo la dirección del especialista Andrés Norgaard y orientaciones de Graziano Gasparini, preocupado desde los años cincuenta por la arquitectura regional y los valores de conjunto que deben preservarse en las localidades.

Las técnicas y modelos constructivos de la subregión peninsular han sido motivo de admiración lo mismo de fotógrafos como Dorka Dorronsoro que de poetas como Luis Alberto Crespo, de artistas como Soledad López y sociólogos como Miguel Ángel Campos.

El día lunes 13 de abril de 2026, el alcalde del municipio Falcón, abogado Jorge Luis Díaz González, anunció el inicio de los trabajos de un “corredor patrimonial” en Jadacaquiva: una intervención en el centro del poblado a cargo del arquitecto Américo Parra, quien durante ocho años gobernó la jurisdicción (2006-2014).

Se trata de un proyecto que nace desde la Alcaldía del Municipio Falcón y del que únicamente son informadas las instancias organizativas ligadas al partido de gobierno, es decir, “las comunas”, “las milicias”, “el poder popular organizado” y los “líderes de calle”.

El grueso de la comunidad no participa y apenas se entera por la aparición de elementos extraños al entorno. Por una parte, van los discursos sobre pueblo y comunidad; por otra, la imposición ejecutiva.

Poco se conoce en Paraguaná —destino turístico que desde hace más de medio siglo intenta posicionarse en el país por sus cualidades patrimoniales, culturales e históricas— sobre las características de tal “corredor patrimonial”. Solo se sabe que contempla ocho paradas con bancos y un frontón que imita el campanario de la iglesia del lugar. Además de trabajos de rehabilitación en la plaza, ya intervenida varias veces por otras administraciones municipales en los últimos quince años.

¿Cuál es la maqueta de esos trabajos? ¿Deformará esta intervención, realizada por la Alcaldía del Municipio Falcón bajo la coordinación del arquitecto Américo Parra, el entorno tradicional de Jadacaquiva? ¿Introducirá elementos que distorsionen la visual de la iglesia colonial de la Inmaculada Concepción? ¿Se respeta la Ordenanza de Patrimonio Histórico Municipal de 1990, lo dispuesto en los Catálogos del Patrimonio Cultural de 2006 del Ministerio de Cultura y la Providencia Administrativa N° 012/05?

¿Sobre cuál marco legal actúan los entes encargados de esos trabajos? ¿Están avalados por el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, dirigido por la antropóloga Dinorah Cruz y el Instituto de Patrimonio Cultural del estado Falcón, dirigido por el historiador Luis Felipe Díaz?

Y más: ¿tiene la Alcaldía del Municipio Falcón ingentes recursos económicos para emplear en ornato, mientras las carencias de agua, electricidad, pavimentación, paredes externas del liceo o cementerio afectan al pueblo de Don Diego Laguna, Rosa de Quevedo y Villegas, Melecio María Hidalgo y Juan Crisóstomo Falcón? El pueblo de la película La pequeña revancha ¿Es coherente esta actuación? ¿Cuánto es el costo de esta obra? ¿Qué ente aprobó la erogación? ¿Cuál la fiscaliza?

¿Qué especialidad en conservación del patrimonio cultural ha demostrado el arquitecto que coordina los trabajos? ¿Son las actuaciones sobre iglesia de la Inmaculada Concepción de Pueblo Nuevo, el Complejo Cultural Josefa Camejo y el entorno de la alcaldía y la Escuela de Música, en la capital del municipio, elementos que permitan otorgar un voto de confianza?

El responsable de una posible deformación del centro histórico de Jadacaquiva será el alcalde Jorge Luis Díaz González. A él corresponderá que las generaciones del lugar lo señalen por irrespetar los valores históricos tradicionales y no atender al pueblo en sus necesidades más sentidas.

¿Obra histórica? ¿Corredor patrimonial Raíces de Paraguaná? ¿Consolidar a Jadacaquiva como capital patrimonial del municipio Falcón? ¿Sustanciar un expediente para una declaratoria? ¿Qué objetivos e intenciones informan la política patrimonial de la Alcaldía del Municipio Falcón? ¿Qué se alega cuando se dicen todas estas cosas por los administradores municipales?

Nada es coherente; nada se mantiene como política en el tiempo. Todo parece marcado por la improvisación, el ensayo y la falta de profesionalismo. Todo se reduce a discurso banal y cháchara.

No se puede ser ingenuo. Los hechos ya han demostrado conductas. El pueblo manso de Alí Primera siempre sabrá juzgar a quienes tanto daño le han hecho, aunque sea con la sanción de la memoria.

@YsaacLpez | 12 de abril de 2026.

  • Isaac López es historiador, profesor de Universidad de Los Andes y doctor en Historia por la UCAB. Mérida.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Las 24 horas de agonía en Yare III tras el muro del silencio del Ministerio Penitenciario

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Lo que comenzó como una alerta en redes sociales entre los familiares que pernoctaban en las cercanías del Centro Penitenciario Región Capital Yare III, se transformó rápidamente en una atmósfera de tensión por una situación de violenta suscitada en el penal, todo esto bajo el silencio total del Ministerio de Servicio Penitenciario, que se convertía en la primera barrera que debieron enfrentar quienes, desesperados, exigían saber si sus seres queridos seguían con vida.

El Ministerio Público dio el primer paso oficial el mismo lunes 20 de abril al anunciar el inicio de una investigación y la designación de una comisión de la Dirección de Protección de Derechos Humanos. El despacho de Larry Devoe designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional.

El desenlace de esta jornada de incertidumbre llegó finalmente el 21 de abril con un comunicado del Ministerio Penitenciario que puso nombre y apellido a la tragedia. La confirmación del fallecimiento de cinco privados de libertad —identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez— desnudó la realidad de un recinto que el Ministerio describe como un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”, reforzando un discurso estigmatizante sobre la población reclusa.

Este evento no solo deja un saldo de muertes bajo custodia estatal, sino que reabre el debate sobre la vulnerabilidad de la población reclusa en Venezuela y la incapacidad de las instituciones para garantizar los derechos de la población reclusa y de informar oportunamente lo que estaba ocurriendo.

Mientras todo esto ocurría y las autoridades callaban, los familiares de los reclusos estuvieron a las afueras del penal exigieron información y fe de vida de los seres queridos que se encuentran privados de libertad en el mismo. “Los parientes cuentan que los privados de libertad exigen traslados desde Yare III porque las condiciones de reclusión en ese sitio son inhumanas”, señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones antes de publicarse la información sobre los fallecidos.

Suspensión de visitas como alerta

El 20 de abril, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades suspendieron la visita sin previo aviso, y que permitían únicamente el ingreso de paquetería de alimentos y aseo personal. Según la organización, este acto constituye una violación a los estándares internacionales, puesto que “lo más sagrado para un preso es la visita y la libertad”.

Mediante una publicación de X, el OVP señaló que el argumento de supuestos planes administrativos no justifica la suspensión de este derecho fundamental, resaltando que tales actividades deben planificarse en días que no priven a la población penitenciaria del contacto con sus seres queridos.

“Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía adentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada”, dijo un familiar a la prensa, según la publicación de la organización.

El OVP cuestionó la recurrente “desinformación del régimen de Delcy Rodríguez”, la cual, alertaron, da pie a que los parientes permanezcan en zozobra, ante rumores de supuestos traslados o de un presunto motín en horas de la madrugada de este lunes. “Esto también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad”, denunció la ONG.

Exigen separar del cargo al director del penal

Tras la confirmación de los decesos, el OVP elevó el tono de su denuncia al cuestionar directamente la narrativa de la “riña” proporcionada por el Ministerio de Servicio Penitenciario. Mientras la versión oficial intenta simplificar el hecho como un conflicto entre internos, los familiares que permanecen a las puertas de Yare III rechazan esta explicación, alegando que los fallecidos presentaban presuntas heridas por armas de fuego.

“Estas denuncias resultan especialmente alarmantes en un centro penitenciario donde el Estado ejerce control total y donde el ingreso de armas no puede explicarse sin la participación, tolerancia o negligencia de las autoridades de custodia”, señaló el OVP.

En ese sentido, la organización exigió la destitución inmediata del director del penal para que sea investigado y ha solicitado una intervención del centro por una comisión que incluya al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Servicio Penitenciario y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La resistencia y defensa de DD. HH. fueron reconocidas con el Premio Valores Democráticos

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El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) otorgó el Premio Valores Democráticos “Francisco José Virtuoso” a Rafael Araujo, conocido en todo el país como el “Señor del Papagayo”, en reconocimiento a su trayectoria de activismo ciudadano y defensa pacífica de los derechos humanos.

La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) celebró el galardón otorgado a Araujo, quien, a lo largo de todos los años que lleva acompañando con su mensaje las protestas de calle, se ha convertido en un símbolo de expresión ciudadana por su activismo silente y artesanal.

La ONG recalcó que detrás de la madera y el papel de sus papagayos, subyace la voluntad de un hombre “que ha decidido no ser indiferente al dolor y la pérdida”.

“Este premio es un recordatorio de que los valores democráticos se siembran en la sencillez de los actos cotidianos y se cosechan en la memoria de un país que lo reconoce como un símbolo de nobleza e integridad”, expresó la ONG.

El reconocimiento busca resaltar la importancia de iniciativas ciudadanas que promuevan la libertad de expresión y la convivencia democrática. Para muchos, la premiación reafirma que la resistencia pacífica sigue siendo un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más justa.

Cofavic también fue premiado

La labor de la ONG Cofavic, institución que lleva 37 años defendiendo los derechos de los venezolanos, también fue reconocida con el Premio Valores Democráticos 2026 mención institución.

Justicia, Encuentro y Perdón apuntó que dicho reconocimiento es “un tributo a su valentía, integridad y compromiso inquebrantable con las víctimas y la justicia en Venezuela”.

El trabajo de Clippve también fue reconocido

En la categoría “Hacedores de la Democracia”, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) recibió un reconocimiento por su labor en la defensa de los derechos humanos de los detenidos por motivos políticos.

“Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, agradecemos este galardón que honra nuestra labor, aunque tenemos claro que el mayor premio será alcanzar la justicia plena que tanto anhelamos”, se lee en un post en X.

Durante el evento, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas y voz valiente en el acompañamiento a las familias en El Rodeo I, pronunció un discurso que destacó el trabajo conjunto en el seno del comité, en su papel como víctimas y defensores de derechos humanos.

Ávila destacó que hoy reciben este reconocimiento “sin olvidar que hoy todavía existen más de 600 presos políticos en Venezuela” y aseguró que el galardón es para todas las madres, familiares, amigos, defensores, activistas y ciudadanos que han sido víctimas de la represión política en Venezuela.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.