El último aumento formal del salario mínimo base en nuestro país se decretó en marzo de 2022: 130 bolívares mensuales (Bs. 130,00), según la Gaceta Oficial N.º 6.691 Extraordinario del 15 de marzo de ese año. El 23 de abril de 2026 se cumplen, por tanto, 1500 días desde aquella decisión.
En aquel momento, el monto equivalía a 30 dólares mensuales. Cuatro años y 38 días después, sin modificación alguna, esa cifra se había reducido a la irrisoria cantidad de 0,27 dólares; y si se descuentan las deducciones de las distintas leyes de seguridad social, la remuneración quedó convertida en polvo sideral.
El Estado chavista desmanteló el valor del trabajo
La tragedia, sin embargo, no comienza en 2022. Sus raíces llegan hasta la conversión del cono monetario —del bolívar fuerte al bolívar soberano— en 2018, año en que el salario mínimo sufrió una hiperinflación extrema con variaciones drásticas y repetidas. A mediados de agosto de ese año, tras la reconversión monetaria, se fijó en 180.000.000 de bolívares antiguos (1800 soberanos), equivalentes a unos 45 dólares mensuales.
La misma degradación se repitió en noviembre de 2021, cuando el tipo de cambio llegó a 4 millones de bolívares soberanos por dólar, con consecuencias devastadoras sobre el poder adquisitivo. Esta aberración monetaria obligó a crear un nuevo cono: el bolívar digital, que arrancó con una paridad de 4,20 bolívares por dólar.
Su suerte no fue distinta. Desde marzo de 2022 hasta hoy, el bolívar digital ha llegado a una relación aproximada de 600 bolívares por dólar, lo que reduce el salario mínimo a apenas 0,27 dólares mensuales, según el boletín del gremio universitario APUCV.
El Estado chavista ha intentado justificar esta política de desmantelamiento salarial apelando a las sanciones económicas extranjeras y sustituyendo el concepto jurídico de salario por el de ingreso. El resultado es que la remuneración promedio se compone hoy en un 95 % de bonos y solo en un 5 % de salario propiamente dicho.
La mano de obra más barata del mundo
Esa estructura beneficia al Estado y al sector privado por igual, pues ambos disfrutan de la mano de obra más barata del mundo. Si se pudiera acceder a los libros contables de las empresas, quedaría en evidencia que el presupuesto de nómina se ha reducido a una cuarta parte de lo que representaba en el siglo XX, cuando la salud financiera de una organización —pública o privada— se medía, entre otros indicadores, por no superar el 30 % de su presupuesto anual en gasto de personal.
Este desequilibrio se refleja también en el ingreso nacional. En el siglo pasado, la distribución promedio era de un 45 % para el trabajo y un 55 % para el capital; hoy, si el BCV o el INE publicaran sus «estadísticas secretas», probablemente mostrarían una relación inversa: 90 % para el capital y apenas un 10 % para el trabajo.
Esa es, en pocas palabras, la raíz de la emigración de más de ocho millones de venezolanos. Al ver el colapso de los servicios públicos y el deterioro de la calidad de vida, optaron por buscar otros horizontes. El capital, mientras tanto, cuenta con más herramientas para protegerse ante las turbulencias del mercado; el trabajo, en cambio, enfrenta solo el abandono del Estado.
En ese contexto cobra especial relevancia el anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez sobre un aumento de “salario «responsable”. Rodríguez ha sido una de las figuras centrales del régimen de Nicolás Maduro: ejerció la Vicepresidencia Ejecutiva desde 2018, presidió la ilegal Asamblea Nacional Constituyente en 2017 y ocupó la cartera de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2017, además de otras carteras económicas y petroleras, antes de asumir la presidencia interina el 5 de enero de 2026. Su responsabilidad en la debacle laboral que han padecido los trabajadores del país resulta, pues, innegable.
Los nuevos aires de la movilización sindical
Ante esta coyuntura, vemos con optimismo la convocatoria de la FAPUV a movilizarse el 22 de abril de 2026. Se trata de una acción gremial y académica en defensa de condiciones laborales dignas y del derecho a un salario justo.
Cabe recordar también que el sábado 11 de abril de 2026, Caracas fue escenario de un encuentro estratégico que reunió a 105 dirigentes sindicales de forma presencial y a más de un centenar a través de plataformas virtuales, con cobertura de casi todo el territorio nacional.
El acto consolidó un esfuerzo unitario de gran alcance histórico, con la participación de seis centrales sindicales —CTV, ASI, CUTV, UNETE, CGT y CODESA—, federaciones nacionales y regionales, gremios y asociaciones de profesionales y técnicos, sindicatos de base y corrientes sindicales. Estuvieron presentes los sectores del magisterio, las universidades, la salud, el petróleo, la electricidad, la construcción y las comunicaciones, las empresas básicas de Guayana, los trabajadores del sector privado y, con especial protagonismo, el sector de pensionados y jubilados, todos en defensa de la pensión, el trabajo digno y la negociación colectiva.
En definitiva, este frente unitario se articula bajo una sola consigna: «Luchamos por salario, democracia y libertad».
Debilidad política, un ejército ideologizado, un Estado criminal y una crisis económica, social y moral sin precedentes convirtieron a Venezuela en un país caótico como el Medio Oriente y depauperado como algunas naciones africanas. Quién iba a pensar que Caracas podría ser bombardeada como lo fue Bagdad, Damasco, Teherán o Kabul, habiendo pasado además una hambruna mordaz.
Entre 2013 y 2023 el país experimentó una caída de su PIB cercana al 75–80 %, una de las más severas registradas en tiempos de paz. Inexplicable en un país que recibió entre 1999 y 2012 la mayor suma de ingresos petroleros que jamás haya recibido nación en términos per cápita en LATAM. La deuda externa se quintuplicó y PDVSA [otrora empresa líder del mundo] quedó desahuciada.
Pasamos de una economía de 350/billones de dólares [PIB] y una producción de petróleo de 3.5 millones de b/d a un PIB que no toca los 85 billones de dólares [inferior al Salvador o Guatemala] y menos de un millón de barriles b/d. No fueron las sanciones ni una recesión convencional. Fue una debacle estructural comparable a economías devastadas por guerras, por culpa del mayor saqueo sufrido en nuestra historia.
Sin embargo, el propio fenómeno muestra algo contraintuitivo. Los colapsos extremos preceden recuperaciones extraordinarias. No automáticamente. Pero sí con una lógica clara: cuando todo ha sido destruido —precios, instituciones, moneda, confianza— cualquier corrección básica y cambio del modelo de poder puede producir un crecimiento exponencial.
Ese es el punto de partida del optimismo…
Venezuela y la lenta victoria de la realidad
Venezuela no nació de la escasez. Venezuela se explica por una tragedia que se contradice a su historia de prosperidad y libertad. Se presenta mejor por su memoria. Porque antes del colapso, Venezuela fue una sociedad abierta al mundo. No perfecta, pero sí profundamente viva. Como escribió Alexis de Tocqueville, “las naciones no son más que el reflejo de sus ciudadanos”. Y hemos sido ciudadanos buenos y privilegiados. Otra cosa es que hemos sido mal administrados.
La reconstrucción de Venezuela no dependerá únicamente de reformas económicas o cambios políticos. Dependerá de la recuperación de una ética social basada en el trabajo, la solidaridad y la integración. Y ese plasma está en nuestras venas.
Por más de 5 décadas el país no fue lugar de salida sino de llegada. Italianos, portugueses, españoles, árabes, latinoamericanos, judíos europeos, todos encontraron en nuestro territorio un sueño, una posibilidad, un hogar.
No fuimos la sombra en la palabra ni en el andar, sino palabra cálida, buena, de bienvenida y de luz sobre la sombra. No preguntábamos de dónde venían, sino qué querían construir. Al forastero solo lo amanecíamos con un café, una sonrisa y una arepa.
Caracas era una ciudad que miraba hacia adelante y le escribían canciones. En cada esquina una tradición con aroma a extranjero: de Pinto a Miseria, de Pele el ojo a las ánimas, de Marrón a Pelota o del Chorro [Juan y Agustín Pérez] a Padre Sierra, de La Bolsa a Sociedad. Y así íbamos felices —literalmente— de Fe a Remedios y de las Delicias a eternidad… con un canto queriendo tanto a nuestra Caracas que mientras vivamos no podremos olvidar.
Las universidades públicas formaban generaciones enteras de profesionales. La movilidad social —con todas sus imperfecciones— existía. Había una ética tácita: trabajar, progresar, integrarse.
Esa Venezuela —moderna, mestiza, confiada— no era una ficción. No era historia tabulada. Era una experiencia histórica. Por eso el colapso no puede entenderse como destino. Fue una desviación. Y lo que se desvía, podemos corregirlo. Como decía la idea recurrente en la poesía de Eugenio Montejo: “Después de la noche más larga, el alba insiste.”
Dilución progresiva del poder. Moderación vs. supervivencia
En Venezuela el dilema de ser o no ser se expresa en lo que podríamos llamar la dilución progresiva —si acaso inevitable— de una coalición dominante que no se legitima ni por votos ni por ideal venezolano. El poder no descansa en un pueblo amable. Se fragmenta entre cúpulas mafiosas, enchufes, redes informales de base fracturadas y factores invadidos de maldad.
Sin petróleo y vigilados, el sistema perdió el reparto y el fusil, para convertirse en supervivencia. Y ocurre lo inevitable: la coalición se desinfla, se autodesaloja y se purga así misma. El agente externo —contralor y tutor— impone una agenda y un miedo creíble, pulsando una dilución progresiva inevitable. Lucen cohesionados y bajitos. Pero el costo de la dinámica de obediencia al “visitante”, produce una caída lenta pero irreversible, donde es difícil lograr un segundo aire.
El rebote económico, es verdad, “podría favorecer” al régimen. Pero como advierte Leonard Binder —académico de la Universidad de Chicago que estudió la modernización y reconstrucción del Estado devastado por guerras y conflictos— los sistemas autoritarios pierden cohesión cuando se ven impedidos de reintegrar las neutralizadas estructuras autoritarias. Y se derriten inexorablemente. El pueblo no olvida sus penurias [de Zamuro a Miseria, de Piedad a Muñoz] cerca de donde reposan los restos de Bolívar, la plaza Mayor y nuestra catedral. Monumentos a la nobleza y dignidad que el régimen no honra.
Lo que le queda [coalición dominada] es la moderación forzada de su comportamiento. Moderación que llega tarde por inocua. Moderación que no oculta ni borra su maldad y su mazo. Moderación que no evita morir políticamente. La noticia para el régimen no es buena: aun permaneciendo en el poder bajo una dinámica de “agenda y menú fijo”, el descontento, la barbarie, las heridas de las torturas, la humillación y el estómago también tienen memoria. Y aún en el rebote, recordar lo vivido antes y durante de la quinta, no la redime, la condena irreversiblemente.
Entonces el diluvio de la coalición autoritaria transita de forma silenciosa, progresiva, erosiva, incontenible. Perdió su base de supervivencia real: la gente. El miedo cambió de acera y sus alianzas —internas y externas— no solo se voltean, los empujan. Y el miedo creíble se convierte en el ancla invisible. Un factor decisivo: el temor paralizante del régimen de salirse del perímetro impuesto por EE. UU. Un miedo frío que opera sigilosamente. O te adaptas o te atrapo. Una vigilancia que limita el margen de radicalización.
El resultado es una paradoja: un régimen autoritario que se ve obligado a comportarse racionalmente. Algunos pensarán que esa lógica de ángel redentor podría darle pulmón, pero el tema es que la utopía bolivariana pasó de ser un simulacro a un títere kafkiano angustiado, autooprimido y atrapado en su propio dilema. No es ser o no ser. Es dejar de ser [a juro] sin razón de ser.
Un experimento llamado “revolución bolivariana” ha bajado al sepulcro. La lucha de clases se convirtió en bumerán. El resentimiento en su propia pala. La división en su hoz y la traición en su bala.
El desplazamiento, el odio y miseria, es el martillo [y el grillete] que el pueblo le coloca en sus tobillos. Porque si algo no olvidan los pueblos fue el injusto dolor, de Zamuro a Miseria…
La moderación ya no se disfraza. El pueblo está herido. Una herida mortal que en su momento —hay que reconocerlo— acabó con un país portátil, y ahora liquidará un país de maletín.
Una lección incómoda pero necesaria. Razones para creer
Ser optimista en Venezuela hoy no es un acto de ingenuidad. Es una lectura estructural. Porque el colapso fue tan profundo que ha creado las condiciones para un rebote en todo sentido: moral, económico, político, social y cultural.
Las economías que pierden más del 70 % de su producto interno bruto —como ocurrió en Venezuela— no suelen estancarse indefinidamente. La teoría del rebote y la dilución del poder no son cuentos de coser y cantar. Binder nos recuerda que, cuando la economía cae, el poder ya no es monolítico y, si rebota, tampoco garantiza permanencia.
El economista Joseph Schumpeter lo expresó con claridad en su teoría de la “destrucción creativa”: los sistemas, al colapsar, eliminan estructuras ineficientes y abren espacio para nuevas formas de organización. En contextos normales ese proceso es gradual. En contextos extremos es abrupto. Venezuela no está reconstruyéndose sobre ruinas parciales, sino sobre una tabula casi rasa en múltiples dimensiones. Y en esa condición reside, paradójicamente, una ventaja.
Sin embargo, en medio de esas cenizas subyace la esencia de una nación profundamente generosa. Esencia mestiza y multicultural, que nos une y nos motiva a un reencuentro tanto glorioso como merecido y milagroso.
El rebote milagroso. Recordar la imagen de mi propio yo
La cultura del progreso, de la movilidad y la ansiedad positiva de integración social sigue viva, aunque dispersa. Y es allí donde reside una de las mayores fortalezas del futuro venezolano. Más de ocho millones de venezolanos emigraron en la última década. Esa diáspora representa una reserva extraordinaria de capital humano.
Ingenieros, médicos, empresarios, técnicos. El día que una parte significativa de ese talento comience a regresar, no por nostalgia sino por oportunidad, se producirá un punto de inflexión. Como escribió Rómulo Gallegos: “La tierra llama”. Y esa llamada, tarde o temprano, encuentra respuesta. Entonces la reconstrucción no es solo económica. Será sobre todo un reencuentro moral.
Venezuela necesita redescubrir su identidad: una sociedad abierta, integradora, alegre. Nunca fuimos esencialmente violentos ni estructuralmente divididos. Sufrimos de un odio y una fractura inducida. Y puede ser superada. No con el voto, sino recuperando con nuestra actitud, cantándole a Caracas, a la gran Sabana, a nuestros valles y montañas, a la nueva vida.
Por su puesto que la democratización del país pasa por la legitimación profunda de nuevas autoridades. Pero antes de la papeleta, la educación, las lecciones aprendidas, el regreso a casa, la recuperación identitaria y un nuevo sentimiento nacional: no solo ser ciudadanos sino conciudadanos.
San Juan de la Cruz dejó una de las imágenes más poderosas: “En una noche oscura… salí sin ser notada”. La noche no es el final. Es tránsito. Votar no es la luz. Antes, es salir de nuestra propia cueva y ser nosotros mismos. El tránsito de la anomia a la razón, es la recuperación del ser consciente porque piensa distinto. No es depender de otro taita. Es depender de mi propio yo.
Recuperar Venezuela implica también recuperar el orgullo de ser venezolano, como ser pensante y capaz. No como nostalgia, sino como proyecto. Un país que fue integró culturas, que creció educando, construyendo ciudadanos del mundo —desde una beca Gran Mariscal hasta tener una migración variopinta— puede hacerlo de nuevo. No desde la ingenuidad sino desde la experiencia. Es diluir el odio con amor y tolerancia.
No habrá reconstrucción posible si no se disipan los resentimientos. ¿Cómo? Inclusión, inclusión y más inclusión. Actitudes superiores y señoriales de coma alta que son las madres de todas las virtudes.
El odio fue un recurso político muy poderoso. Un obstáculo tanto moral como económico devastador. La Venezuela que viene no puede construirse sobre la revancha, el insulto ni la ignominia. Debe construirse sobre la integración que es agregación social [Ruth Capriles dixit], la pluralidad y el gentilicio.
Venezuela no necesita inventarse de nuevo. Necesita recordarse. Recordar que fue capaz de recibir al mundo. Que supo construir. Que alguna vez creyó —y vivió— el progreso en mi propia realidad, no en mi imaginación.
Optimismo como responsabilidad
Ser optimista hoy es reconocer que la maldad ha terminado. Que la Venezuela posible y buena ha encontrado apoyo ¡y reconocimiento! Que la sociedad —aun herida— conserva su capacidad de reconstrucción, pero también su voluntad de deslastrar la maldad. Que el venezolano que vivió en libertad ahora la valora y la cuidará, y que los hijos de la patria que no la han conocido, la anhelan, quieren respirarla —pura y sanamente— en paz, cantando, sonriendo, caminando libremente de Gradillas a Sociedad.
Es la Venezuela que sale de la sombra en la palabra para convertirse en luz en el andar… Luz propia, luz perpetua, luz que no es de un mesías redentor, sino la luz de lo vivido y por vivir. Venezuela no está condenada. Está en tránsito.
Y soy optimista. No un optimismo que nace del deseo sino del diagnóstico. No un optimismo iluso sino sufrido. Una deuda intelectual: integrarnos más.
Lo que viene no será lineal. Habrá retrocesos, tensiones, errores. Pero el avance llegará, que es reencuentro, rectificación, reconciliación, nuevas actitudes, que son nuevas querencias y capacidades.
Venezuela sigue siendo un país con recursos, con talento y con memoria. Una combinación —rara y poderosa— de irreverencia, resistencia, rebeldía y nobleza que no es quimera, es verdad. Es luz que no se anuncia, sino que insiste… ¡es recordarnos de Jesuitas a Maderero!
Macher cuenta con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos. Desde sus inicios, en los años 90, ha sido una figura clave en procesos de justicia transicional, reparación integral y memoria histórica en América Latina.
Macher Batanero sustituye a Marta Valiñas, quien presidió la Misión desde su creación en septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014.
Estudió sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cursó estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de donde es nativa.
El presidente del Consejo de Derechos Humanos, Sidharto Reza Suryodipuro, ha nombrado a Sofía Macher Batanero (Perú) como presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de #Venezuela.
La socióloga tiene una dilatada carrera en la defensa de los derechos humanos. Entre 1997 y el año 2000, estuvo al frente de laCoordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) como secretaria ejecutiva y vocera. En el 2000 formó parte del grupo de trabajo que propuso la creación de la Comisión de la Verdad como representante de las ONGs.
En los siguientes tres años fue comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en donde estuvo a cargo de audiencias públicas, acompañamiento a víctimas y testigos, y de investigaciones especiales sobre graves violaciones a los derechos humanos.
Entre 2003 y 2008 fue parte del Instituto de Defensa Legal (IDL) como responsable del área de gobernabilidad y derechos humanos. Paralelamente, en 2006, fungió como presidenta del Consejo de Reparaciones a las víctimas del terrorismo.
Desde 2009 y hasta el 2011 trabajó para el gobierno de las Islas Salomón como vicepresidenta de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de dicho país.
La experiencia de Macher no se forjó solo en el Perú. Ha aportado sus conocimientos y brindado asesoría en procesos de verdad y reconciliación en Colombia, Yemen, Libia; en contextos marcados por violencia política, conflictos armados y profundas fracturas sociales.
El trabajo de Macher también se ha visto amenazado. En 1998 fue amenazada de muerte tras la publicación de un comunicado apoyando una propuesta en el Congreso para realizar un referéndum nacional sobre permitir o no que Alberto Fujimori se postulara a un tercer mandato.
Su misión en Venezuela
En marzo de 2026, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra señaló que la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, “continúa operativa pese a la abrupta aprehensión del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero”.
La Misión recalcó que desde la fecha, había recibido informes de al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos, lo que indica que la práctica de silenciar la disidencia persiste bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.
La llegada de Macher a la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela es una de las misiones más complejas que tiene ahora la defensora de derechos humanos, pues deberá investigar, documentar y exponer los marcados patrones de violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
A Masher la acompañarán en su misión el canadiense Alex Neve y la experta argentino-mexicana María Eloísa Quintero, quienes también fueron nombrados recientemente.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En una demostración de unidad gremial, profesores y trabajadores universitarios respondieron masivamente al llamado a paro nacional de 24 horas. La jornada, marcada por pasillos vacíos y carteles de protesta, no solo busca un ajuste inmediato en las tablas salariales, sino que actúa como una medida de presión ante el Ejecutivo Nacional de cara a los anuncios económicos esperados para el próximo 1 de mayo.
El conflicto universitario en Venezuela ha llegado a un punto crítico debido a la pulverización del poder adquisitivo del personal académico y administrativo. Entre las precariedades destaca que los sueldos base de un profesor titular o un trabajador administrativo apenas cubren una fracción mínima de la Canasta Alimentaria, que hoy supera con creces los ingresos mensuales promedio.
Además del sueldo, el paro denuncia la falta de presupuesto para investigación, infraestructura y servicios estudiantiles (comedor y transporte), que mantiene a las universidades operando en condiciones precarias.
El registro del paro
La convocatoria inicial surgió de la Universidad Central de Venezuela (UCV). En distintas facultades y escuelas se acató el paro en su totalidad. Facultades como las de Odontología, Farmacia, Arquitectura, Humanidades y Educación se encontraban desoladas y cerradas.
El paro no se limitó solo a la sede de Caracas. Desde el núcleo de Maracay, Rogelio Castro, representante del sindicato obrero, señaló que no descartan que los trabajadores vayan a un paro indefinido después del primero de mayo si el aumento salarial no cubre las expectativas del sector.
#AlMomento | Así reportamos el paro de 24 horas convocado por los gremios de la UCV
Facultad de Odontología acató el paro en su totalidad. Se puede ver sus puertas cerradas. pic.twitter.com/Gz63X5qe1m
#AlMomento | Así se encuentra la Facultad de Farmacia de la UCV hoy durante el paro de 24 horas. Se encuentra abierta y operativa con su cafetín aunque con poca afluencia de estudiantes. pic.twitter.com/TA2Uw8f3IK
#Aragua#22Abr | Desde la UCV de Maracay el sector universitario también se sumó a la jornada nacional de paro.
Rogelio Castro, representante del sindicato obrero, asevera que no descartan que los trabajadores hagan un paro indefinido después del 1° de mayo si el aumento… pic.twitter.com/U8XzMYpsrg
En la Universidad de Oriente (UDO), campus Los Guaritos de Maturín, estado Monagas, también se registraron pasillos y salones de clases vacíos por el paro nacional de universidades.
Trabajadores, obreros y profesores de distintos núcleos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) se sumaron al paro nacional de universidades. Desde el estado Aragua, Niuman Páez, de la Asociación de Profesores de la UPEL Maracay, que el sector solicita lo establecido en la Constitución constitución, que es el derecho a la alimentación, salud y vivienda. “Solicitamos un ajuste salarial”, expresó.
Otras sedes de la UPEL que acataron el llamado a paro fueron las de Caracas y de Maturín, estado Monagas. En la capital, según pudo recoger el medio TalCual en un reporte, un trabajador afirmó que en esta institución sí se cumplió el llamado a paro y estima que en 90%. Dice que se han visto muy pocos profesores y menos alumnos.
#Aragua#22Abr | Trabajadores, obreros y profesores de la UPEL, en Maracay, acatan el paro nacional de universidades de 24 horas, para exigir mejores condiciones laborales y sociales.
Niuman Páez, de la Asociación de Profesores de la UPEL Maracay, asegura que el sector solicita… pic.twitter.com/vCYMgwxTJ6
Desde la Universidad del Zulia (LUZ) se pudo constatar que se cumplió a cabalidad el paro de profesores universitarios. De acuerdo con el equipo de reporteros de El Pitazo, solo el personal obrero y administrativo asistió a sus labores durante la jornada.
Durante el miércoles, trabajadores de la Universidad Simón Bolívar (USB) exigieron al Estado venezolano “salario digno ya”, mientras acataban la convocatoria a sumarse al paro nacional de universidades.
En la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) del estado Bolívar, Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores, denunció presiones contra profesores en la entidad para evitar su adhesión al paro. “Queremos un salario digno que dignifique la profesión docente. No podemos malvivir con un salario de 545 bolívares”, expresó Brito durante una protesta de docentes que cumplieron con la convocatoria a paro.
#22Abr | Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (APUNEG), denunció presiones contra profesores en el estado Bolívar para evitar su adhesión al paro universitario convocado para este miércoles. El representante… pic.twitter.com/2904cOd29P
La intergremial de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora (Unellez) informó en horas de la tarde del miércoles que, tras hacer un recorrido en las instalaciones de la universidad, constataron que la convocatoria al paro fue acatada en un 70% por el personal docente, administrativo y obrero de esta casa de estudios.
La Intergremial de la UNELLEZ (APUNELLEZ, AEUNELLEZ y SINTRAUNELLEZ) informa que, tras un recorrido por las instalaciones de la universidad, se constató que la convocatoria al Paro Nacional Universitario fue acatada en un 70% por el personal docente, administrativo y obrero. pic.twitter.com/Ndd5alvSH2
Análisis de la crisis: ¿Por qué escalar al paro nacional?
De acuerdo con Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, la decisión de retomar los paros nacionales responde a un agotamiento de otras formas de protesta que no fueron escuchadas.
Según explicó en entrevista con Runrun.es, los académicos venezolanos han pasado más de una década viendo cómo se deterioran sus condiciones de vida de forma acelerada. “Somos los docentes más pobres de América”, afirmó Meléndez, al tiempo que destacó que el país cuenta hoy con una planta profesional que ha “envejecido indignamente” bajo condiciones de precariedad extrema.
Sobre la evolución de la protesta, el director del OBU señala un cambio de paradigma necesario. Meléndez explica que, desde el año 2019, la conflictividad se había concentrado en modalidades como concentraciones y “pancartazos” que permitían la continuidad de las labores de aula. Sin embargo, esta moderación no rindió frutos.
“Hemos analizado que los actores gremiales han pasado de paros continuos a otras formas de conflictividad que mantuvieran las aulas abiertas, pero ninguna ha sido escuchada”. De hecho, el Observatorio contabiliza entre 2020 y 2025 miles de informaciones publicadas por el Ministerio, y “ninguna refiere, ninguna muestra una respuesta a la situación salarial”, acotó.
La escalada del conflicto como estrategia política
Para el director del OBU, volver a la modalidad de paro significa elevar el conflicto para emplazar a las autoridades en un contexto donde el gobierno habla de cambios y renovación.
“Si de verdad son cambios, los cambios pasan por la reivindicación de los salarios y el presupuesto justo. Si no hemos encontrado respuesta a una conflictividad que se ha mantenido, es justificable y es razonable que el conflicto escale esta vez a paros”, señaló.
Meléndez destaca que el propósito fundamental de esta paralización es forzar la apertura de espacios de diálogo con actores que han sido excluidos sistemáticamente “desde el primer gobierno de Chávez hasta este gobierno de la actualidad”.
Un punto crítico mencionado por Meléndez es la posible fricción con el sector estudiantil, cuyo interés primordial es graduarse, por lo que señaló: “Lo que hay es que comenzar a concientizar y buscar contrarrestar visiones que fracturen la alianza estratégica que debe existir entre los movimientos estudiantiles y profesorales”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) exigieron a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el fin del silencio administrativo y la atención urgente a la crisis presupuestaria que atraviesa la institución. El reclamo de los alumnos nace después de la reciente dotación de transportes a la Universidad Central de Venezuela (UCV), mientras que la comunidad uesebista denuncia que sus autobuses se redujeron a solo tres unidades para cubrir toda la demanda estudiantil de sus dos sedes de Sartenejas y el Litoral.
@santajuanasanta Ministra le recordamos que la UCV no es la única universidad de Venezuela. La Universidad Simón Bolívar está en estado crítico y total desidia; solo contamos con 3 unidades de transporte operativas, las cuales no cubren la demanda de nuestras dos sedes. Exigimos… https://t.co/KvnzoXDPhR
La representación estudiantil denunció que no se trata de una falta de gestión, sino de una desatención por parte del Estado. Según registros de peticiones de la Federación de Centros de Estudiantes (FCEUSB) se han entregado solicitudes de audiencia formal en cuatro oportunidades distintas: el 24 de enero de 2025, el 6 de marzo de 2026, el 13 de abril de 2026 y la más reciente el 21 de abril del mismo año.
A pesar de contar con los documentos sellados y firmados por el Ministerio, el consejo estudiantil asegura que no han recibido a la fecha ningún tipo de invitación para tratar los problemas de servicios básicos tratados en las peticiones.
Es inaceptable que tras tres visitas formales al Ministerio (el 24 de enero de 2025, el 6 de marzo de 2026 y el 13 de abril de 2026) la respuesta del Estado siga siendo el silencio cómplice ante la ruina de la Universidad Simón Bolívar. No solo ignoran nuestras cartas, ignoran… pic.twitter.com/MimlO02gEP
La crisis de la infraestructura de la universidad empeora con el cierre del comedor en la sede de Sartenejas y una deserción estudiantil que ha reducido la matrícula de 10 000 a apenas 3000 estudiantes activos a la fecha. A esta situación se le suma la denuncia de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB) sobre una “involución” del espacio cívico.
Omar Pérez Avendaño, presidente de la asociación, señaló que la universidad pasó de ser un lugar de pensamiento libre a un espacio de control y persecución bajo la gestión de las autoridades interinas impuestas desde 2021.
“Los profesores tienen mucho miedo de hablar. Un docente nos decía: ‘Yo con todo gusto les enseño lo mal que está la situación aquí, pero por favor ni me nombren ni me filmen porque voy a tener problemas, porque me van a perseguir”, comentó AVENDAÑO.
De acuerdo con su denuncia, los profesores enfrentan una política de intimidación con salarios de profesores titulares que no alcanzan ni los cuatro dólares mensuales y por esto mismo muchos se ven obligados a impartir clases por vía virtual para poder reducir gastos de transporte. Aún así, la gestión de la institución exige presencialidad bajo la amenaza de expedientes administrativos y despidos, tanto para los empleados como para los obreros.
#Venezuela: ¿Universidad silenciada? Presidente de la Asociación de Profesores de la #USB denuncia que "no existe libertad de expresión y persiste la persecución contra docentes y estudiantes"
En los últimos cinco años, el espacio cívico universitario en la USB ha sufrido una… pic.twitter.com/qSP324H92A
El reclamo principal de la comunidad universitaria se centra en la convocatoria inmediata a elecciones rectorales para recuperar la autonomía total de la institución. Las autoridades actuales, designadas inicialmente por un tiempo de seis meses tras el fallecimiento del rector y profesor Enrique Planchart, cumplen ya casi cinco años en el cargo sin avanzar en un cronograma electoral universitario.
Para la comunidad uesebista la democratización de la universidad es el primer paso para poder resolver la crisis que mantiene a la USB al borde de la inactividad total.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Lo que parecía una carrera de aliento con el triunfo asegurado, terminó en un retiro forzoso antes de cruzar la meta. Tras años dominando el aparato de partidas del hipismo nacional, la gestión de Antonio “El Potro” Álvarez rodó estrepitosamente en la recta final.
Este lunes, 20 de abril de 2026, se oficializó mediante la Gaceta Oficial N° 43.358 la salida de Álvarez de la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos (INH). Fue sustituido por Julio César León Heredia, mientras que Juan Carlos Amarante asumirá ahora la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip).
Pero detrás del reporte oficial de “ataques masivos” y devoluciones de jugada, se esconde un historial de irregularidades que dejó a más de un empresario hípico “limpio” y fuera de lote.
Entre el auge de las apuestas y la ruina de los hipódromos regionales
La administración de Antonio “El Potro” Álvarez al frente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) se ha caracterizado por una profunda contradicción: una investigación publicada en 2024 por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) -que incluye a los medios Runrun.es, TalCual y El Pitazo- reveló que el sistema hípico nacional enfrenta opacidad financiera, precariedad laboral y el desmantelamiento de la infraestructura en el interior del país.
Desde el año 2018, Álvarez ostentaba una dualidad de funciones que lo convertía en supervisor y supervisado a la vez. Ejercía simultáneamente como presidente del INH, superintendente nacional de actividades hípicas (Sunahip), presidente de la Junta Liquidadora del INH y director del Hipódromo La Rinconada. Esta acumulación de cargos facilita una baja fiscalización, permitiendo actuaciones sin rendición de cuentas sobre el presupuesto institucional o el destino de los fondos recaudados por apuestas.
Uno de los puntos más críticos revelados por la investigación es la delegación de funciones públicas a la empresa privada Corporación El Inmejorable 804, C.A. Bajo el mandato de Álvarez, esta compañía recibió la potestad de otorgar licencias a casas de apuestas en línea y definir sus normas de operación, convirtiéndose en un intermediario dominante en un entorno de baja regulación estatal.
Asimismo, la investigación detectó que varias de estas plataformas operaban desde paraísos fiscales como Curazao o Malta, presentan datos inconsistentes o carecen de información sobre sus dueños, lo que abrió ventanas a posibles ilícitos como el lavado de dinero.
Abandono regional y trabajadores sin beneficios
Aunque la gestión destaca la recuperación de La Rinconada, el panorama en el resto del país es desolador, pues la investigación de ARI reveló:
Hipódromo de Valencia: Presenta estructuras antiguas, precarias y sucias, con una reducción drástica de la población equina y apuestas que ocurren mayoritariamente de forma informal.
Hipódromo de Santa Rita: Se encuentra totalmente desmantelado y cerrado. No tiene portones, ni alumbrado, y sus gradas han sido despojadas de metales y cabillas por la delincuencia.
Finalmente, el sector laboral sufrió las consecuencias de este modelo. Los caballericeros denunciaron que no contaban con seguro social ni protección médica, dependiendo exclusivamente de un porcentaje de los premios para sobrevivir. Por su parte, la falta de escuelas de jinetes y las bajas remuneraciones empujaron a decenas de atletas a emigrar por rutas peligrosas como la selva del Darién, buscando en el extranjero los ingresos y la seguridad que el hipismo nacional ya no les ofrece.
Investigación reveladora: el “voto de confianza” de los millones de dólares
La trayectoria de Antonio “El Potro” Álvarez, quien pasó de ser beisbolista y cantante a un influyente operador del poder, ha quedado bajo la lupa tras una reciente investigación que revela un sofisticado sistema de extorsión estatal.
De acuerdo con una investigación publicada por el periodista César Batiz, director de El Pitazo, a finales de 2024 Álvarez convocó a representantes de diez empresas de lotería que operaban de forma legal en el país para exigirles un pago inicial de 2,5 millones de dólares. Bajo la fachada de un “voto de confianza”, esta exigencia no representaba un impuesto o multa legal, sino una condición impuesta para permitirles seguir operando sin enfrentar represalias judiciales.
La amenaza era explícita: quienes se negaran a pagar podrían ser encarcelados bajo cargos de terrorismo o cualquier otro delito que el funcionario decidiera imputar.
Ante este escenario, varios empresarios se vieron obligados a vender activos personales para cumplir con el primer desembolso de dinero en efectivo entre noviembre y diciembre de ese año.
Un sistema de recaudación y persecución coordinada
Desde su designación en 2024 como presidente de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot), sumado a su rol en el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Álvarez concentró un poder sin precedentes sobre el sector de envite y azar, el cual habría utilizado para presionar a empresarios del ramo.
Para canalizar estos fondos, se utilizó a la Corporación El Inmejorable 804 como un filtro obligatorio y ente recaudador de los pagos exigidos. Sin embargo, la presión económica no se detuvo con el pago inicial, ya que en 2025 las cuotas escalaron primero a un millón de dólares mensuales y posteriormente se duplicaron a dos millones de dólares.
Cuando la capacidad de pago de los empresarios se agotó, el esquema de extorsión mutó en una fase de persecución judicial coordinada que involucró a comisarios de la Policía Nacional Bolivariana, fiscales del Ministerio Público y jueces con competencia en terrorismo. Los testimonios recabados indican que esta estructura no dependía de un solo hombre, sino que contaba con el respaldo de figuras en la cúpula del poder político.
Programadores como rehenes y trabajadores forzados
La ofensiva no solo se dirigió contra los dueños de las empresas, sino también contra el personal técnico que manejaba el soporte tecnológico de los juegos. Casos como el de la empresa “La Granjita” ilustran este patrón, donde tres jóvenes programadores fueron detenidos sin orden judicial en Nueva Esparta y trasladados al Helicoide en Caracas.
Según denuncias de sus familiares reseñadas en la investigación de Batiz, dentro de este centro de detención fueron obligados a realizar trabajos forzados consistentes en manipular el software de apuestas para desviar los pagos de las agencias directamente hacia la Conalot y el entorno de Álvarez.
Este método de apropiación tecnológica ya se había aplicado previamente contra los fundadores de TecnoApack, a quienes se les arrebató la administración de su software contable para ser utilizado por el INH bajo una nueva imagen.
Destitución y la lucha por la libertad de los detenidos
El panorama comenzó a cambiar en septiembre de 2025 con la destitución de Antonio Álvarez de la Conalot y la llegada del general Carlos Carballo Guevara, quien inició una auditoría integral del sistema.
Aunque la nueva administración ha tomado medidas para invalidar gestiones previas y señalar irregularidades, según la investigación, la situación de los técnicos detenidos sigue siendo crítica. A excepción de un ciudadano estadounidense liberado por presión diplomática, el resto de los programadores permanecen tras las rejas enfrentando juicios por delitos graves.
Sus allegados los califican como “presos del poder”, víctimas de una red de corrupción que, a pesar de los cambios de mando, aún no ha sido desmantelada en su totalidad ni ha rendido cuentas ante la justicia.
Rumores de detención y posterior reaparición
Entre marzo y abril de 2026, circularon fuertes versiones sobre una presunta detención de Álvarez por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debido a investigaciones por supuestas irregularidades y esquemas de extorsión relacionados con empresas de lotería.
Aunque el exfuncionario reapareció públicamente el 30 de marzo para desmentir los rumores, las dudas sobre su situación legal persistieron.
El final de la gestión de Álvarez coincidió con una serie de eventos críticos en la plataforma tecnológica del INH, los cuales fueron reportados oficialmente por la institución a través de dos comunicados emitidos en días consecutivos.
En un primer comunicado emitido el 19 de abril, el INH denunció estar siendo víctima de “ataques informáticos masivos” dirigidos contra sus servidores principales desde las 11:00 a.m.
El texto detalla que, a pesar de los protocolos de defensa activados para salvaguardar la información, se recibieron “nuevos y más contundentes ataques” que obligaron a la cancelación del resto de la jornada programada para ese día.
Al día siguiente, el 20 de abril de 2026, el INH emitió un segundo comunicado que, aunque reitera el ataque sufrido el día anterior, se enfoca en gestionar las consecuencias económicas de la parálisis.
El INH informó que se procedió a la “devolución íntegra del dinero” de todas las apuestas realizadas para las carreras canceladas de la Reunión N° 17 y afirmó que los fondos fueron reintegrados automáticamente a través de los canales digitales y centros de apuesta autorizados, habilitando un canal de atención vía WhatsApp para resolver inconvenientes.
Esta supuesta “neutralización del ataque” informático y la solución económica para el reintegro masivo de dinero coincide con los reportes de la destitución inmediata de Álvarez y la posterior intervención de las competencias en el sector hípico.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en alianza con organizaciones como Transparencia Venezuela,Provea y otras entidades de Brasil, Colombia, Guatemala y República Dominicana, publicaron el pasado 17 de abril el informe “La corrupción sí tiene víctimas”. El reporte advierte que en gran parte de la región la corrupción se ha convertido en una especie de sistema de captura del Estado, es decir, significa que las instituciones ya no operan bajo el bien común, sino bajo el interés propio y el crimen organizado.
Este fenómeno, según el estudio, detalla que el crimen organizado intenta incorporar a jueces y cuerpos de seguridad para ejercer control social, por otro lado las élites políticas intentan garantizar su poder saqueando fondos públicos.
En el contexto venezolano, esta dinámica ha calado por la falta de controles institucionales y el aprovechamiento para gastar recursos del Estado.
El objetivo central retratado por FIDH es derribar la creencia de que la corrupción es un delito administrativo sin consecuencias reales. Al lograr ponerle nombre y apellido a las víctimas, la federación y las organizaciones aliadas demuestran que cada recurso malversado se traduce en una violación directa de los derechos humanos. En Venezuela esto significa que es la razón directa de los hospitales sin insumos, servicios públicos colapsados y familias que dependen del CLAP para subsistir.
El informe también menciona la participación de las empresas privadas que, mediante sobornos, aseguran contratos millonarios por obras que quedan inconclusas o no se ejecutan con la calidad esperada. Es así como se resalta que no es solo el “desvío del dinero”, sino que se le impide a los responsables el rendir cuentas sobre estos hechos.
En el escenario actual, la corrupción pasa de ser una especie de daño colateral para convertirse en el centro y motor que perpetúan la desigualdad y la emergencia humanitaria en el país. Venezuela ha sido percibido con el tercer nivel de corrupción más alto del mundo.
A continuación, en claves, las conclusiones del estudio para el caso específico venezolano:
El hambre como negocio
Lo que para miles de venezolanos es una necesidad, para el sistema ha sido una oportunidad de oro. La FIDH y PROVEA denuncian que la corrupción en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no es un error, sino un método creado específicamente para “permitir el robo sin dejar rastro”, ya que el uso de estados de excepción y leyes de emergencia que anularon la contraloría en el poder central logró manejar los recursos públicos entregando contratos sin dar explicaciones sobre el destino de los fondos.
Este agujero negro institucional tiene efectos que se sienten en las poblaciones más vulnerables. A diferencia de Venezuela, en el exterior hubo consecuencias para las redes de corrupción que cobraban a sobreprecio la comida de los CLAP.
El informe confirma que productos como la leche de las cajas CLAP son una “mentira nutricional” y que constituye una violación a los derechos de alimentación, ya que contienen altos índices de sodio y pobres en proteínas. Según la Organización de las Naciones Unidas, esta es una de las razones por las cuales el número de personas subnutridas en el país se duplicó en la última década pasando de 2,1 a 5,1 millones de personas y para 2023 el 82% de la población temía quedarse sin comida y un 12% de los venezolanos pasaba un día entero sin comer.
La FIDH también resalta que las mujeres venezolanas soportan una carga desproporcionada al ser las principales cuidadoras en el hogar y es así como la desesperación ha llegado a niveles extremos. Resaltan los testimonios de mujeres que se han visto obligadas a intercambiar sexo por comida para sobrevivir.
Para junio de 2024, Unicef estimaba que 7,7 millones de personas requerían asistencia humanitaria urgente, incluyendo a 3,8 millones de niños cuya dieta se basa casi exclusivamente en carbohidratos.
La corrupción también corrompió al sistema de justicia
El reporte también documenta el vínculo entre la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos, así como la falta de disposición del Estado venezolano para enfrentar la corrupción masiva en el sistema de justicia.
Mencionan una investigación llevada a cabo por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, en la que se entrevistó a exfuncionarios del sistema de justicia y se constató diversas formas de corrupción judicial. Uno de los patrones más comunes identificados en ella fue el cobro de altas sumas de dinero para la liberación de personas detenidas; pago que se exige incluso “cuando las personas han cumplido sus penas y las liberaciones no ocurren hasta que se paga el monto requerido”.
Otros cobros irregulares detectados fueron el que se pide para que los detenidos sean trasladados a las audiencias de sus juicios, venta de sentencias y exigencia de pagos por parte de defensores públicos.
La investigación incluye que en el año 2022, en el marco de la denominada “Operación Trueno”, hubo denuncias de que funcionarios habrían detenido a personas con acusaciones falsas y luego habrían exigido sobornos para liberarlas. De la misma forma, en centros de reclusión existe un pago permanente que deben hacer los familiares de las personas detenidas, que llaman “la causa” y oscila entre 40$ y 50$ por persona detenida.
La represión poselectoral acentuó estas dinámicas: medios de comunicación reportaron durante múltiples denuncias de extorsión por parte de funcionarios hacia las víctimas, para que las personas detenidas pudieran obtener su liberación y para que permitieran las visitas a los detenidos.
“Estas prácticas de extorsión y corrupción de funcionarios del Poder Judicial y del sistema penitenciario constituyen claras violaciones del derecho al debido proceso y a la integridad personal. Ocurren en un contexto de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, alerta este trabajo.
Obras fantasmas
En el caso de Odebrecht, Venezuela no solo fue parte de una red de sobornos de la constructora brasileña sino que se convirtió en el país donde la empresa pagó la suma más alta de toda la región para asegurar los contratos.
Transparencia Venezuela logró identificar 33 obras asignadas a Odebrecht, de las cuales más de 10 permanecen inconclusas. La compañía seguía un método de “corrupción” perfecta con financiamientos ilegales de campañas electorales, sobornos a altos cargos y un apoyo político que protegía el negocio, aunque en tribunales de Nueva York se habló de 98 millones de dólares en pagos ilegales.
Cuantifican que los sobornos en Venezuela pudieron superar los 1300 millones de dólares, mientras tanto, el Ministerio Público mantiene un silencio de más de siete años sobre el estatus de estas investigaciones.
Este esquema derivó en hospitales sin luz y obras como la hidroeléctrica de Tocoma -que costó 9000 millones de dólares- que siguen inconclusas y por las que los venezolanos actualmente siguen pagando el precio con apagones nacionales y la muerte de pacientes.
El reporte también se refiere al fracaso de la obra del Metro Guarenas-Guatire. que condena a ciudadanos a perder una gran cantidad de horas diarias en colas demostrando que la corrupción le robó a la gente su tiempo y su derecho a una vida digna.
El informe del FIDH concluye que en Venezuela la corrupción se normalizó. No hay presupuestos públicos desde 2017 ni informes de gestión. Por eso, instan a la reconstrucción de una justicia independiente con apoyo extranjero y a abrir los datos públicos para que la sociedad civil pueda saber lo que sucede de primera mano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En un acto especial encabezado por el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Arturo Peraza S.J., y el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG), Ángel Oropeza, se entregó, este martes 21 de abril, el Premio Valores Democráticos “Padre José Virtuoso S.J.”, en sus diferentes categorías a cuatro destacados venezolanos, dos organizaciones ciudadanas y un portal de noticias, que se han distinguido por su lucha incansable por los derechos humanos y civiles, así como por la defensa de la democracia y la libertad en nuestro país.
Ángel Oropeza, al dar apertura al acto, expresó: “Hoy premiamos a los valores democráticos reconociendo a quienes los practican en condiciones adversas, los que se los juegan en lo cotidiano, sin un Estado que los garantice. Las personalidades e instituciones que reciben este premio han entendido que la práctica y el ejercicio de los valores democráticos son el único camino para que un día este país vuelva a ser de todos”
Por su parte, el rector de la UCAB, padre Arturo Peraza, S.J., destacó que en estos momentos la palabra clave es transición, un proceso que está en manos de la sociedad construir, y destacó que los galardonados junto con otros actores civiles tienen allí un rol protagónico, como lo han venido asumiendo. Indicó: “la soberanía no se predica en abstracto, sino defendiendo al ciudadano y su voluntad, y agradecemos a los premiados porque son la expresión de una lucha muy larga en ese proceso”.
Los galardonados en esta nueva edición del premio fueron: en la categoría Integridad Democrática, Elías Pino Iturrieta, el cardenal Baltazar Porras y el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989, Cofavic. En la categoría Libertad de Pensamiento: el portal de noticias Efecto Cocuyo y el filósofo Rafael Tomás Caldera; y en la categoría Hacedores de Democracia: Rafael
Araujo Jerez, mejor conocido como el Señor del Papagayo y el Comité por la libertad de los presos políticos en Venezuela, Clippve.
En esta oportunidad, el jurado estuvo integrado por el ex rector de la UCAB, padre Luis Ugalde, S.J.; el padre Alfredo Infante S.J., provincial de la Compañía de Jesús; Milagros Socorro, periodista, escritora y profesora universitaria venezolana, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1999; Yakeling Benarroche, coordinadora académica del CEPyG- UCAB; Jaime Bello León, director general de Comunicaciones, Mercadeo y Promoción de la UCAB; Magaly Vásquez, secretaria general de la UCAB y César Carballo, decano de la Facultad de Derecho de la UCAB.
Integridad Democrática
En esta categoría, el primero en recibir su reconocimiento fue el historiador y profesor de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, Elías Pino Iturrieta, quien es además individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Destaca en su trayectoria el desmontaje del culto al héroe y las interpretaciones mesiánicas de la historia venezolana. Su aporte nos enseña que la democracia requiere ciudadanos, no adoradores de figuras del pasado.
Más allá de la academia, su voz en la prensa y en el debate nacional ha sido una constante de integridad. Al humanizar a los próceres, devuelve la responsabilidad del destino del país a las manos de la sociedad civil. Por esa razón se ha convertido en un referente ético en tiempos de incertidumbre.
Por su parte, el cardenal Baltazar Porras Cardozo, sacerdote, profesor, teólogo, historiador y escritor, ha hecho de la palabra un escudo y de la fe un compromiso con la libertad. Porras, quien ha vivido y documentado la historia para evitar el olvido, ha estado presente en momentos críticos de la democracia alzando su voz con valentía, actuando siempre como mediador y conciliador, exigiendo procesos electorales transparentes, así como el respeto a la soberanía popular y a los derechos fundamentales de las personas.
Por demostrar que la fe y la democracia no son entes separados, sino que comparten un mismo destino: la dignidad humana, al cardenal Baltazar Porras se le otorgó el Premio Valores Democráticos en la categoría: Integridad Democrática.
El tercer reconocimiento en esta categoría recayó sobre el Comité de Familiares y Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989, también conocido como Comité de Familiares y Víctimas del Caracazo. Cofavic fue fundado para combatir
la impunidad en Venezuela, mediante la documentación y seguimiento de los muchos casos de ejecución extrajudicial o desaparición forzada. A través de los años se ha dedicado a proteger, defender, acompañar y formar a las personas, grupos y comunidades más vulnerables del país, con un enfoque psicojurídico.
La misión de COFAVIC está enfocada en la promoción y el fortalecimiento del respeto y la garantía de los derechos humanos, mediante la educación, la investigación y la difusión. Desde el ‘Caracazo’ hasta hoy, ha demostrado que la democracia solo es íntegra si es capaz de mirarse al espejo y rendir cuentas sobre su pasado y su presente.
En años recientes, su voz ha sido fundamental para analizar con lupa jurídica proyectos de ley críticos y procesos de designación de poderes públicos, siempre bajo la premisa de que una sociedad democrática requiere instituciones independientes. Además, esta organización no solo defiende víctimas; sino también la idea de que nadie debe estar por encima de la ley.
Libertad de Pensamiento
El caso del portal de noticias Efecto Cocuyo adquiere relevancia por ser un medio venezolano independiente fundado por tres mujeres periodistas: Luz Mely Reyes, Laura Weffer y Josefina Ruggiero. Nace en 2015 en la calle con la gente, específicamente en la redoma de Petare, durante un “potazo” (plan de microfinanciamiento) y se ha desarrollado como un modelo de gestión humana, innovador y sostenible.
Bajo la premisa de que “millones de chispas juntas pueden iluminar una nación entera”, su diaria labor se concentra en el fortalecimiento de la democracia y la promoción del derecho de las personas a estar bien informadas. Su mensaje y contribución al mundo refleja la influencia y la perspectiva única que aportan profesionales íntegros en el campo del periodismo y la comunicación. Por esa razón se hizo acreedor del Premio Valores Democráticos, en su categoría Libertad de Pensamiento.
Por su parte, Rafael Tomás Caldera ha hecho de la filosofía un ejercicio de ciudadanía; y de la academia, un bastión de resistencia ética. Es abogado de la Universidad Central de Venezuela, máster en Artes de la Universidad de Notre Dame y doctor en Letras por la Universidad de Friburgo. Es profesor titular de Filosofía Medieval y Antropología en la Universidad Simón Bolívar. También, pertenece a la Sociedad Venezolana de Filosofía, a la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino, y es miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua.
En su larga trayectoria profesional se ha desempeñado como director del Centro de Humanidades del Instituto Internacional de Estudios Avanzados (IDEA), jefe del Departamento de Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y miembro principal del Consejo de Apelaciones de esa casa de estudio.
Caldera nos recuerda que el pensamiento libre es la primera línea de defensa contra cualquier forma de autoritarismo. Sus estudios, que abarcan desde el análisis de Santo Tomás de Aquino hasta reflexiones sobre la condición humana, se erigen como un testimonio de coherencia y rigor. Su valentía para mantener la independencia del criterio frente a las presiones del entorno, lo hicieron merecedor del Premio Valores Democráticos, en la categoría de Libertad de Pensamiento.
Hacedores de Democracia
En un país donde el silencio intentó imponerse como norma, un hombre decidió que la verdad debía volar más alto. Rafael Araujo Jerez, conocido por todos como “El Señor del Papagayo”, es hijo de Carapita y graduado de bachiller en las aulas de Fe y Alegría. Este caraqueño, quien lleva el arte en las manos desde los siete años, transformó un juego de niños en una herramienta de valores democráticos, libertad y reivindicación.
Sin importar el sol o la lluvia, ha caminado nuestras calles convirtiendo su caligrafía en el editorial de los que obligaron a callar. Su constancia recuerda que la democracia no es un destino, sino un ejercicio diario de presencia y coraje. Ha estado allí, frente a las instituciones, reafirmando el derecho inviolable a la vida, denunciando la crisis del sistema de salud o alertando sobre la escasez. Por esas razones, el Señor del Papagayo fue premiado en la categoría Hacedores de Democracia.
El segundo reconocimiento en esta categoría fue para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), que ha sido fundamental en el levantamiento de una data precisa sobre los privados de libertad por razones políticas, convirtiéndose en una fuente de referencia para organismos nacionales e internacionales.
Con un trabajo incansable, sacó de las sombras las historias de cientos de compatriotas que conocieron el lado más despiadado de la injusticia, transformando estadísticas en rostros que tienen nombres, apellidos y familias. Su aporte ha servido para que la comunidad global comprenda la magnitud de la crisis
institucional y moral que flagela a Venezuela, elevando la voz de los detenidos en foros de derechos humanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
