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Algunas sugerencias para acortar el tutelaje

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Delcy Rodrígez fue impuesta por el presidente Trump a pesar de ser corresponsable de los atropellos de Maduro y que su discurso antes del 3 de enero siempre fue antiestadounidense, alineado con sus enemigos, y además tolerante con el narcotráfico y con la guerrilla colombiana. Esta decisión de Trump debe cesar pronto, ya que los venezolanos presenciamos cómo continúan las violaciones a los derechos humanos y que, cada día, el régimen de Delcy toma acciones para afianzarse en Miraflores.

Puede que a Trump no le interese nuestra democracia, sino los negocios, pero estamos en la obligación de preguntarnos si también puede ser que el tutor percibe que hay un vacío en la oposición que no garantiza la estabilidad. Si este es el caso, ¿qué debemos hacer?

Iniciativas recientes

El 12 de abril 2026, la Plataforma Unitaria Democrática, con participación por internet de María Corina, divulgó un documento titulado Hoja de ruta hacia la transición democrática. En el mismo plantean que debe ser mediante la realización de elecciones libres, verificables y competitivas, única vía legítima de cambio político.

Para lo que se requiere designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), garantías técnicas, auditorías y transparencia del sistema, observación internacional calificada, igualdad de condiciones para todos los actores políticos, restitución de derechos políticos, incluyendo habilitaciones.

Además, respeto pleno a los derechos civiles y políticos, seguridad jurídica para ciudadanos y actores económicos. Como medidas políticas inmediatas, exige liberación de presos políticos, retorno de exiliados, devolución de partidos intervenidos, fin de la persecución política y funcionamiento autónomo de las instituciones públicas. 

¿Es esto suficiente para inspirar confianza?

No pareciera. Lo aprobado es lo mínimo que debe existir en un país civilizado y son derechos incluidos en nuestra Constitución. Es decir, son condiciones necesarias, pero no suficientes, para garantizar estabilidad y reconstrucción económica. Debería complementarse con la adhesión de todos a un documento como el de Venezuela Tierra de Gracia elaborado por distinguidos profesionales de diferentes ideologías. Desde luego, debe ser un compromiso que abarque por lo menos dos o tres períodos presidenciales. Eso es lo que daría confianza a los inversionistas y a los venezolanos en general.  

Propuesta de 24 organizaciones de la sociedad civil

El 20 de abril, 24 organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta a Marco Rubio, secretario de Estado, titulado Solo la transición democrática garantiza la estabilidad en Venezuela. Los firmantes aceptan el precio de que Venezuela siga, aun tutorada, en las manos de sus propios verdugos, pero no están conformes con que esta etapa inicial se prolongue más de lo necesario.

Consignan la encuesta de Meganálisis, que refleja que más del 70 % de la población elegiría a María Corina Machado como presidenta, que Delcy Rodríguez tiene un respaldo de solo el 2.7 % de la población, que el 88.1 % desea su salida inmediata y el 73 % ve como urgente la celebración de una elección presidencial.

El comunicado añade que “la transición democrática en Venezuela representa el retorno a la justicia, al Estado de derecho, a la estabilidad económica, desarrollo y seguridad jurídica, lo que incorpora mejores condiciones, no solo para Venezuela, sino para América y el mundo, de manera particular para los Estados Unidos que tendría un socio confiable, honesto y respetuoso del Estado de derecho”. Estas y otras ONG deben apoyar a los integrantes de la Plataforma Unitaria y contribuir a que los partidos políticos se fortalezcan.

¿Qué señales son negativas?

Causa pésima impresión, no solo en el exterior, sino también entre muchos venezolanos el que un día se aplauda a algunos de nuestros dirigentes y, al poco tiempo los descalificamos. Esto pareciera ser como en el deporte, ponemos por las nubes a quien mete un gol o batea un jonrón, pero cuando falla lo abucheamos.

Recordemos algunos nombres, que sin duda muchos me reclamarán citarlos, pero que no aportan pruebas de que merecen ser satanizados. A Henry Ramos Allup, Rosales, Capriles, Guaidó y a Leopoldo López los aplaudimos por muchas de sus actuaciones, pero los descalificamos sin base, a veces solo por una declaración que no compartimos, por alguna falta o por una información, bien o mal intencionada, que nos llega incompleta o fuera de contexto.

Se ha llegado a descalificar a dos distinguidos ciudadanos que lo han arriesgado todo sin buscar nada personal, como son Ramón Guillermo Aveledo y Gerardo Blyde. Lamentablemente, en nuestro equipo hay muchos destructores que descalifican repitiendo lo que inventan seguidores del régimen, adversarios políticos de los citados o por habladores de sandeces.

Conclusión

Aplaudimos cualquier comunicado que exija elección presidencial, pero consideramos importante que nuestros partidos políticos firmen un acuerdo comprometiéndose a ejecutar unos lineamientos básicos durante varios períodos presidenciales. A los ciudadanos de a pie nos permitimos sugerirles que sean cuidadosos en no descalificar sin base a nuestros políticos. Los adversarios de la democracia son quienes están en el gobierno y aquellos que se dicen opositores como Timoteo, Bernabé Gutiérrez, Ecarri, Romero, José Brito, Pedro Veliz, José Gregorio Noriega, Miguel Salazar y Juan Carlos Alvarado, entre otros.

  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La tragedia venezolana no es la crisis: es haberse acostumbrado

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Durante años, la crisis venezolana fue presentada como un episodio transitorio. Una tormenta pasajera. Un accidente histórico que terminaría “el próximo año”, después de las elecciones decisivas, del diálogo definitivo, del plan económico milagroso, la gran marcha o de alguna nueva epopeya patriótica reciclada en cadena nacional. Pero el tiempo —ese detalle que el poder siempre subestima— hizo su trabajo: la emergencia dejó de ser noticia y terminó convertida en paisaje.

Venezuela aprendió a convivir con los apagones como quien consulta el pronóstico del clima; con la escasez, como un trámite administrativo más; y con la incertidumbre, como parte del mobiliario doméstico. Lo verdaderamente extraordinario ya no es la crisis, sino la capacidad colectiva de haberse acostumbrado a ella sin que el país terminara de derrumbarse por completo. O, peor aún, sin que muchos notaran cuánto se había derrumbado ya.

Hoy millones de venezolanos organizan su vida alrededor de la precariedad. Revisan horarios eléctricos antes de planificar cualquier actividad. Calculan cuándo llegará el agua. Aprendieron a usar varias monedas en una misma conversación y a sostener relaciones familiares atravesadas por fronteras, remesas y videollamadas. La improvisación dejó de ser un recurso ocasional para convertirse en una competencia nacional no declarada. La crisis ya no es únicamente un contexto: se transformó en cultura cotidiana.

Quizá uno de los cambios más profundos de la Venezuela contemporánea no sea exclusivamente económico ni político, sino psicológico y social: el país aprendió a vivir en estado de emergencia permanente.

Las sociedades suelen imaginar las crisis como rupturas visibles, episodios intensos que alteran temporalmente el orden normal de las cosas. Sin embargo, existen deterioros más lentos y silenciosos. Procesos donde la excepcionalidad se prolonga tanto que termina incorporándose a la rutina. Allí aparece uno de los fenómenos más complejos del caso venezolano: la normalización de lo inaceptable. Lo que hace algunos años generaba indignación colectiva hoy apenas provoca resignación fatigada. No porque el malestar haya desaparecido, sino porque sobrevivir exige una adaptación constante. La precariedad prolongada modifica conductas, reduce expectativas y altera la relación de las personas con el futuro. En Venezuela, sobrevivir comenzó a desplazar lentamente la idea misma de planificar. Y eso tiene consecuencias profundas.

Una sociedad que vive durante años bajo incertidumbre aprende a reducir sus horizontes. El ciudadano deja de pensar en proyectos a largo plazo y concentra toda su energía en resolver el presente inmediato: conseguir gasolina, garantizar conexión eléctrica, encontrar efectivo, verificar si habrá transporte o internet al día siguiente. El futuro se convierte en un lujo administrativo. La emergencia modifica incluso la percepción del tiempo.

Las generaciones más jóvenes crecieron en un país donde la estabilidad dejó de existir como experiencia concreta. Muchos adolescentes y adultos jóvenes no tienen recuerdos claros de normalidad institucional, crecimiento económico o movilidad social sostenida. Para ellos, la crisis no representa una interrupción histórica: representa la normalidad. Y probablemente allí reside una de las tragedias más silenciosas del país. Porque las crisis prolongadas no solo destruyen infraestructura o deterioran economías. También transforman culturas políticas, vínculos familiares y maneras de imaginar la vida en sociedad.

La migración masiva, por ejemplo, no solo fragmentó hogares: alteró emocionalmente la idea misma de familia. Padres, hijos y hermanos aprendieron a convivir a distancia. El afecto comenzó a depender de conexiones digitales, remesas y regresos temporales que muchas veces se parecen más a visitas diplomáticas que a encuentros familiares.

La emergencia también transformó el lenguaje social venezolano. Expresiones asociadas al agotamiento, la resignación y la sobrevivencia desplazaron lentamente el vocabulario del progreso. La conversación pública dejó de discutir cómo avanzar y comenzó, simplemente, a administrar carencias. Como si la política hubiese sido sustituida por una gigantesca oficina de contingencia nacional.

En paralelo, surgió una ciudadanía altamente adaptable: ingeniosa, flexible y resistente. Capaz de resolver problemas cotidianos bajo condiciones absurdas que en cualquier país funcional provocarían escándalos institucionales. Pero esa capacidad de adaptación —tan celebrada en discursos motivacionales y campañas de autoayuda tropical— también encierra una paradoja peligrosa: las sociedades que sobreviven demasiado tiempo en precariedad pueden terminar acostumbrándose al deterioro. Y cuando una sociedad normaliza la emergencia, el riesgo deja de ser solamente material. También se vuelve político, cultural y moral.

La indignación pierde fuerza. El deterioro deja de sorprender. La excepcionalidad se convierte en costumbre. Y entonces reconstruir resulta mucho más difícil, porque ya no se trata únicamente de recuperar instituciones, servicios públicos o indicadores económicos. Se trata de reconstruir expectativas individuales y colectivas en una sociedad entrenada durante años para esperar cada vez menos.

Toda crisis prolongada deja marcas visibles e invisibles. Algunas aparecen en hospitales colapsados, carreteras destruidas, escuelas vacías o ciudades deterioradas. Otras quedan instaladas en la manera en que las personas imaginan —o dejan de imaginar— el futuro. Venezuela enfrenta ambas. Quizá por eso una de las preguntas más importantes para los próximos años no sea únicamente cómo recuperar la economía o la institucionalidad democrática, sino cómo reconstruir una sociedad que aprendió durante demasiado tiempo a sobrevivir en emergencia.

Porque los países no solo cambian cuando progresan. También cambian cuando sobreviven demasiado tiempo en la precariedad. Y entender esa transformación será fundamental no solo para comprender la Venezuela que existe hoy, sino también la que algún día intentará reconstruirse mañana.

  • @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds

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TSJ ratificó como presidenta a quien avaló resultados del 28J 

¿Sorpresa otra vez? No pareciera. Después de un proceso que nombró al defensor a ultranza del régimen chavista, Larry Devoe, como fiscal general de la República en reemplazo de Tarek William Saab, ahora la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó a Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del máximo juzgado del país.

Además de dar un espaldarazo a Rodríguez, el TSJ anunció oficialmente la incorporación de magistrados suplentes que asumirán los cargos de quienes se jubilaron hace una semana.

Uno de los suplentes incorporados en reemplazo de Edgar Gavidia Rodríguez, ex uñado de Cilia Flores, fue Elias Bittar como primer vicepresidente del TSJ. Bittar fue uno de los magistrados que la Asamblea Nacional designó como principal de la Sala de Casación Social en  2022.

Bittar además presidirá la Sala de Casación Penal, acompañado de Eneida Alexandra Moreno Pérez como vicepresidenta y Edelio González como integrante principal.

La exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio fue nombrada segunda vicepresidenta del TSJ y además estará al frente de la Sala Constitucional. En esa sala fungirá como vicepresidenta, Lourdes Suárez Anderson, hermana del asesinado exfiscal Danilo Anderson, además de Michel Adriana Velásquez Grillet, Janett Córdova y Anabel Hernández.  

La Sala Electoral, que avaló el resultado que nombró ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, quedó intacta con la propia Caryslia Rodríguez al frente, Fanny Márquez Cordero como vicepresidenta e Inocencio Figueroa Arizaleta como miembro principal.

Mientras que Jaime Jesús Báez Jiménez quedó como presidente de la Sala Político Administrativa, Juan Pablo Torres como vicepresidente y Luis Emilio Rondón como integrante principal.

La Sala de Casación Penal, por su parte, tendrá como presidenta a Carmen Castro; Grisell López, quien era suplente de la Sala Electoral será ahora vicepresidenta y Eulalia Coromoto Guerrero, quien hacía lo propio en la Sala Político-Administrativa, fungirá como integrante de este espacio. 

Emilio Antonio Ramos quedó al frente de la Sala de Casación Civil, José Luis Gutiérrez será su vicepresidente y Jacqueline Sosa aparece ahora como integrante principal.  

Movida de mata: quítate tu para ponerme yo

En la cruzada por quitar de las instituciones públicas a fichas “fieles” a la pareja encarcelada en los Estados Unidos conformada por Maduro y Flores, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo inició la escogencia del Comité de Postulaciones Judiciales. Se espera que el proceso cierre este martes 5 de mayo.

Al grupo de parlamentarios se le unirá una decena de supuestos miembros de la sociedad civil que escogerán a los próximos jueces de la República.

A finales de abril, trascendió de manera extraoficial que ocho magistrados, en su mayoría del círculo de Maduro y Flores, pasaron a jubilación, entre ellos Maikel Moreno y Edgar Gavidia Rodríguez. 

También pasaron a jubilación los generales de la Fuerza Armada en calidad de retiro Henry Timaure y Juan Carlos Hidalgo, además de Malaquías Gil, Carmen Alves, Luis Fernando Damiani Bustillos y Elsa Gómez.

Al reformar la Ley Orgánica del TSJ en abril de 2022, la AN procuró la reducción de 32 a 20 magistrados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Perkins Rocha considera que se deben convocar elecciones generales

Desde venderle una empanada a la líder opositora María Corina Machado a expresar libremente un pensamiento crítico en un Ministerio, a juicio del abogado y asesor jurídico del partido Vente Venezuela, Perkins Rocha, cualquier persona en Venezuela puede ir a parar a una cárcel en la administración chavista.    

En una entrevista concedida a Venevisión, Rocha aseguró que es el único de una causa de ocho personas que sigue preso en su domicilio y con un grillete electrónico en su tobillo.

Junto a Rocha estaban los dirigentes políticos Freddy Superlano (también tenía un grillete), Juan Pablo Guanipa y Biagio Pilieri, entre otros, pero él es el único que sigue sin libertad plena. 

“En Venezuela nadie es libre, hasta hace poco había optado por mantenerme callado, pero soy el único que no se dedica a hacer actividades proselitistas y sigue preso, además no tengo restricción de declarar, la presunción de inocencia me cubre, sin libertad no hay vida, no hay peor castigo para un ser humano que estar detenido”, dijo el profesor universitario. 

Rocha reconoció que no estuviese en su casa sino hubiese sido por los acontecimientos del pasado 3 de enero, en los cuales, las fuerzas armadas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

“Pasé 90 días incomunicado, 150 días sin ver a mi familia, dormíamos en un espacio de 2 x 3 metros y no tuve acceso a defensa privada”, narró.

Elecciones de una

Para Rocha, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara y esta reza que luego de 90 días de la falta absoluta del presidente deben convocarse elecciones. “Para mí, tienen que ser generales”, puntualizó.

Rocha calificó como un exabrupto que haya sido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no la Asamblea Nacional quien decretó la continuidad de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez.  

Para Rocha esto es solo otra treta más para permanecer en el poder a toda costa y no cumplir con el precepto constitucional. 

“Si esto se mantiene en el tiempo va a ser muy difícil que Venezuela recupere su normalidad”, dijo el abogado.

Consideró además que Venezuela demostró el 4 de enero estar preparada para una transición.   

“El país vivió un clima de altas expectativas de cambio, la transición debe empezar por un llamado a elecciones, no podemos repetir lo que ocurrió el 28 de julio de 2024, nosotros (Plataforma Unitaria Democrática) demostramos que ganamos con un Consejo Nacional Electoral (CNE) postrado ante el Ejecutivo”, abundó.

El abogado sostuvo que para efectuar elecciones es perentorio escoger nuevas autoridades en el CNE e incluir en el registro electoral a los millones de venezolanos que se encuentran en el exterior.

Dijo que estos cambios deben ser reales y no parecidos a los hechos en la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, donde colocaron a personas cercanas al régimen. 

Según Rocha, hay al menos nueve leyes que restringen las libertades fundamentales del venezolano, entre ellas la llamada Ley del Odio, Simón Bolívar y contra las ONG.

“Si lo que pretenden es descontaminar el ambiente, hay que eliminar todas las bacterias, hay que podar ese gran árbol que es la Constitución de 1999”, sostuvo.

Recordó que el artículo 20 reza que todos tenemos derechos al libre desenvolvimiento de nuestra personalidad y eso se ha estado conculcando: “No se habla de paz y reconciliación”.  Agregó que en Venezuela cada juez tiene derecho a ir contra los preceptos que son contrarios a la Constitución. 

Errores graves

Para Rocha es incomprensible como una ley como la de Amnistía pudo salir del seno de la Asamblea Nacional. 

“Esa ley deja muchas interrogantes ¿Qué pasa con la reparación a las víctimas? ¿Qué pasa con las garantías de no repetición? ¿Qué pasa con la gente que detuvieron y la Guardia Nacional Bolivariana le tomó su casa?”. 

Reiteró además que esta ley no puede ser derogada por el Ejecutivo: “Esa ley no puede morir, sino por otra ley, o porque haya un tribunal que la derogue, o a través de un plebiscito”, dijo el profesional del derecho.

Para Rocha, el principal fundamento del Poder Judicial es la independencia y el actual está lleno de presiones políticas.

“El Poder Judicial tiene una gran deuda con el país. En Venezuela no existe el respeto a la voluntad de la mayoría, hacer cambios cosméticos no resuelve el problema, el problema en Venezuela es moral y ético. En estas dos décadas hay una estructura débil de derecho e inexistente de justicia”.    

Pese a la realidad del país, Rocha percibe un futuro brillante. “Soy optimista porque estoy convencido de la capacidad de los venezolanos”. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

EE.UU. detiene la venta forzosa de Citgo con su rescate número 23

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) extendió una licencia general qué protege a la refinadora Citgo Petroleum de los acreedores del bono Pdvsa 2019 hasta el 19 de junio de 2026.

En una declaración publicada este lunes, la licencia señala que se prohíbe específicamente la venta forzosa o incautación de las acciones de PDV Holding (matriz de Citgo) como pago por deudas derivadas de los bonos PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50,1% de la compañía.

Esta prórroga ocurre mientras continúa el proceso de subasta judicial en Delaware para saldar reclamaciones de diversos acreedores que suman más de 20 000 millones de dólares.

La protección es temporal y se mantiene mientras el resultado final aún depende de la aprobación de la OFAC.

Licencia 23 veces extendida

La licencia de protección para Citgo ha sido extendida al menos 23 veces desde que se implementó el mecanismo de suspensiones sucesivas en octubre de 2019.

Este proceso se ha gestionado a través de versiones consecutivas de la Licencia General 5 de la OFAC, identificadas con letras del abecedario para marcar cada prórroga:

La Licencia 5 original fue reemplazada por la 5A el 24 de octubre de 2019. Desde entonces, se han emitido versiones que van desde la 5B hasta la actual 5W

Aunque inicialmente las extensiones solían ser por periodos de 3 o 6 meses, en los últimos años, la periodicidad ha variado según la coyuntura política y judicial, llegando a ser renovada incluso mensualmente en tramos críticos

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Proyectos tecnológicos para apoyar a personas con discapacidad representarán a Venezuela en la ISEF

Kurios Education anunció este lunes 4 de mayo a los estudiantes que representarán a Venezuela en la feria científica internacional más prestigiosa del mundo, la Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), dirigida a jóvenes de educación media. Este evento se celebrará del 9 al 15 de mayo en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, Estados Unidos.

La ISEF reunirá a más de 1800 estudiantes de más de 80 países, quienes deberán presentar proyectos científicos y tecnológicos con impacto global para optar a becas y premios académicos que les brinden oportunidades educativas de alto nivel.

Un recogepelotas paralímpico

La clasificación de estos jóvenes talentos se realizó mediante la Kurios Competition 2026, un torneo de robótica y tecnología que sirve como vía clasificatoria para la ISEF. La temática de este año, titulada “Misión Secreta”, congregó a miles de jóvenes venezolanos de todo el país, quienes desarrollaron, con creatividad e ingenio, soluciones tecnológicas a desafíos reales.

Para la organización, la participación de Venezuela representa, más allá de un logro individual, un avance significativo en el ecosistema educativo nacional, un hecho que evidencia que, con las herramientas y el acompañamiento necesarios, los jóvenes pueden competir en niveles superiores.

“CATCH System 2.0” es un vehículo autónomo diseñado para recoger las pelotas de tenis de mesa durante los entrenamientos de atletas paralímpicos. Este proyecto fue desarrollado por José Tomás Perera Giansante, del Colegio Fray Luis Amigó, en el estado Yaracuy, quien ha sido clasificado por segundo año consecutivo. El sistema de José Tomás logra recolectar 21 pelotas por minuto, con una precisión que supera el 90%. Esto se consigue gracias a la integración de visión artificial mediante la detección de objetos. El propósito de José Tomás es devolver la motivación, la independencia y el tiempo a los atletas, demostrando que la tecnología rompe las barreras del deporte adaptado.

Comunicarse ya no se será una barrera

La traducción en tiempo real del Lenguaje de Señas Venezolano a voz, utilizando inteligencia artificial y visión artificial, es un prototipo desarrollado por Martina Salas, Farah Sleiman y Ana Garofalo, del Colegio Bellas Artes, en el estado Zulia. “Oráculo”, como se denominó el prototipo, consiste en unos lentes inteligentes que incorporan microcomputación y modelos de reconocimiento de gestos que alcanzan un 90 % de precisión. Esto permite una comunicación fluida entre personas sordas y oyentes.

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“No es solo ir a una competencia, es llevar con nosotras una idea que nació desde algo muy humano. Querer que más personas puedan comunicarse y que esto no sea una barrera. Estar en ISEF significa que todo el esfuerzo valió la pena, más allá del resultado, lo importante es lo que esto simboliza, que desde donde venimos también se puede innovar, crear tecnología con propósito y competir al más alto nivel”, explicó Farah Sleiman, miembro de Oráculo. 

Kurios Competition se encarga de preparar a jóvenes venezolanos con habilidades tecnológicas para competir a nivel internacional y posicionar a Venezuela dentro del mapa global de la innovación educativa. Kurios ha logrado conectar con más de 55 000 estudiantes en más de 11 estados del país, impulsando el talento venezolano a participar en escenarios internacionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

“No podemos aumentar salario porque se nos dispara la inflación” y más perlas del ministro de Trabajo

El ministro para el Proceso Social de Trabajo, Carlos Alexis Castillo, confirmó lo que ya muchos se temían sobre el aumento del ingreso mínimo integral que anunció el pasado 30 de abril Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos.

En una entrevista que concedió a Onda La Superestación, Castillo señaló que, en efecto, no se aumentará el salario mínimo y por ende, tampoco las pensiones. Estos se mantienen congelados en 130 bolívares, cifra que no varía desde hace más de cuatro años.

Castillo explicó que la decisión de priorizar bonificaciones sobre el salario base -acción criticada constantemente por economistas y trabajadores- responde a un intento por frenar la inflación.

“En estos momentos no podemos aumentar salario, porque aumentar salario significa que se nos dispara la inflación ,y en consecuencia, ese salario va a ser un salario falso, o un aumento inflacionario, que lo que va a hacer es impedir el poder adquisitivo de los nuestros trabajadores”, dijo Castillo.

Es que “no hay recursos”

El ministro Carlos Alexis Castillo justificó la parálisis del salario mínimo bajo el argumento de la “responsabilidad fiscal”. Según el titular de la cartera de Trabajo, el Ejecutivo nacional se enfrenta a una limitación de recursos que califica de “finitos”.

“Nuestra economía ha sido sumamente golpeada y, en consecuencia, no tenemos para resolver los problemas como quisiéramos (…) sobre todo los problemas salariales y laborales. Los problemas laborales no se resuelven si no es con dinero y con prosperidad económica”, expresó.

En cuanto a las brecha entre las expectativas de los trabajadores que aspiran a un ingreso cercano a la canasta básica, cuyo monto roza casi los 700 dólares, y lo que el Estado puede pagar, Castillo indicó que eso se equilibra “con un gobierno responsable” que, en primer lugar, debe entender la situación laboral y económica.

“Necesitamos una economía próspera que nos permita a nosotros mantener también una prosperidad laboral. Nosotros tenemos una legislación de trabajo sumamente protectora, garantista (…) pero eso se sostiene con recursos”, acotó.

La “estatalización” del bono: El peso de la nómina pública

Castillo explicó el desglose de la carga financiera que representa el sector público. El ministro asomó que la estructura actual del Estado hace inviable un aumento salarial que impacte en beneficios como prestaciones, vacaciones o utilidades. Señaló que hay aproximadamente 3,5 millones de personas en la administración pública y al menos seis millones de pensionados/jubilados.

En ese sentido, explicó: si el ingreso mínimo de 240 dólares (referencial por bonos) se convirtiera íntegramente en salario, el impacto multiplicador por 8 (debido a la incidencia prestacional y de antigüedad) resultaría en una cifra que calificó de “escandalosa” y “estratosférica” para el presupuesto nacional.

Bajo esta lógica, el ministro del Proceso Social de Trabajo reconoció que el gobierno prefiere mantener el ingreso vía bonos para evitar que la deuda prestacional se vuelva impagable.

Sectores priorizados y “ayudas” complementarias

Ante la imposibilidad de un ajuste general del salario mínimo, Castillo señaló que se está trabajando en una modalidad de ingresos por escalafón para cinco sectores estratégicos de la administración pública nacional: salud, educación básica, educación universitaria, policías y Fuerzas Armadas.

En cuanto a los pensionados y jubilados -los más afectados por mantener el salario mínimo congelado- el ministro señaló que, aunque el aumento a 70 dólares de las pensiones es insuficiente, el gobierno tiene que ir “cumpliendo responsablemente” con los adultos mayores, aunque por el momento no pueden aplicar el mismo aumento que para la administración pública.

Pero el ministro afirmó que esta es una medida “coyuntural” y aclaró que el gobierno no va a “sustituir el concepto de salario por el concepto de ingreso integral”, aunque no dio estimaciones de cuándo podría venir el tan esperado aumento.

“Esa narrativa de un sector minoritario de la oposición (…) de que este gobierno no quiere aumentar el salario porque es un gobierno perverso, se cae por sí sola. Nosotros estamos buscando fórmulas para dar aumentos responsables que permitan ser sostenibles en el tiempo, para prosperidad futura de de todas nuestras generaciones, que eso no se vaya a convertir en sal y agua” agregó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Familiares de presos políticos exigen respuestas urgentes a la Defensoría del Pueblo

Familiares de presos políticos acudieron este lunes, 4 de mayo, a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para denunciar los tratos crueles e inhumanos que sufren dentro de los centros de reclusión del país.

Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, quien actualmente está detenido en El Rodeo I, explicó que los familiares solicitan la intervención de la defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, y exigen una respuesta sobre lo que ocurre dentro del penal, pues se han denunciado actos de tortura y represión contra los detenidos por motivos políticos.

“Es de urgencia que la violación a los derechos humano spare en Venezuela (…) Necesitamos que la defensora del Pueblo nos ayude, que intervenga y entre a los centros de reclusión con defensores de DDHH que sean de nuestra confianza”, señaló Ávila.

Por su parte, Massiel Cordones, familiar de José Ángel Barreno, cuestionó el silencio administrativo de la institución: “Estamos aquí en la Defensoría del Pueblo porque queremos saber por qué no hemos tenido respuesta”, expresó.

A pesar de haber entregado la documentación pertinente y los datos de contacto, los familiares denuncian que el órgano garante no ha establecido comunicación con las víctimas.

Ante las exigencias de los familiares, Ignacio Da Costa, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, declaró que la institución ha establecido mecanismos específicos para procesar el alto volumen de denuncias recibidas recientemente. “Se está armando una comisión especial para atender absolutamente todos los casos que están llegando”, dijo.

A pesar de los reclamos de los familiares sobre retrasos de más de quince días y un mes en sus trámites, Da Costa aclaró que la naturaleza de las investigaciones impide un trato grupal, debido a la complejidad de cada expediente: “Cada caso es individual. No podemos tratar los casos por colectivo porque todos tienen sus particularidades. Todos tienen asignados sus defensores especiales para ese caso”, explicó.

En cuanto a las denuncias de hacinamiento y falta de atención médica en los penales, Da Costa señaló que la Defensoría se reunirá con el Ministerio del Servicio Penitenciario para abordar este tema “y realizar las investigaciones concebidas”.

Resultado de la reunión

Tras el encuentro con Da Costa, Sairam Rivas, vocera del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ofreció un balance sobre los puntos tratados. En la reunión participaron también representantes de familiares de los centros de reclusión El Helicoide y El Rodeo I, quienes expusieron la crisis de derechos humanos que atraviesan los detenidos.

“Hablamos en general de los más de 600 presos políticos que están aún en El Helicoide, El Rodeo I, en el Fuerte Guaicaipuro, en Ramo Verde, las mujeres que están en el INOF, en La Crisálida y, en general, quienes nosotros asumimos que están desaparecidos porque seguimos recibiendo casos de personas quienes se acercan al Comité a decir que no habían denunciado por miedo”, señaló Rivas.

Asimismo, se enfatizó la falta de una “respuesta independiente de la Defensoría de protección hacia las víctimas” frente a la actitud de “mayor agresión” que han mostrado otras instituciones del Estado.

Como resultado directo, la Defensoría del Pueblo se comprometió a establecer mesas de trabajo diferenciadas por centros de reclusión y condiciones de salud, con encuentros específicos con familiares de El Helicoide, Fuerte Guaicaipuro, Rodeo I, el INOF y La Crisálida.

También, Rivas señaló que se acordó priorizar a los detenidos con “graves patologías” y “aquellos que tienen boleta de excarcelación y aún siguen injustamente detenidos”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.