Caso Víctor Quero: Defensoría actúa tres meses después de que su madre denunciara desaparición forzada

La Defensoría del Pueblo conoció este domingo, 3 de mayo, el caso de Carmen Teresa Navas, de 82 años de edad, quien desde hace casi tres meses ha denunciado públicamente y ante instituciones del Estado que desconoce el paradero de su hijo, Víctor Quero.

“Ha hecho muchas diligencias, ha ido a diferentes centros de reclusión y manifiesta que no tiene respuestas”, dijo la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato en un video en el que aparece sentada junto a Navas y que fue difundido en redes sociales por el medio Aberto News.

La abogada señaló que recibieron el caso y que activarán los mecanismos “para que haya una respuesta verificable, para que el Estado la atienda para que su incertidumbre disminuya, para que su calidad de vida no se deteriore, porque todo esto la afecta”.

Un caso conocido

Carmen Teresa Navas hizo su primera denuncia pública ante los medios de comunicación sobre su caso a mediados de febrero. Explicó que a su hijo se lo llevaron detenido en enero de 2025 y que desde entonces nunca había podido verlo, que no sabía dónde estaba recluido. Aparentemente lo acusaron de traición a la patria y terrorismo.

Contó que era su hijo quien la ayudaba a mantenerse, que tenía meses sin pagar el condominio de su apartamento y que se alimentaba con lo poco que venía en la bolsa de comida que repartía el consejo comunal. “Le pido al padre celestial que me dé fuerzas, fortaleza, para poder seguir adelante”, expresó durante una protesta de familiares de presos políticos a la que asistió.

La mujer ha acudido en varias ocasiones al Rodeo I para preguntar si ahí está su hijo. También denunció formalmente su desaparición forzada ante el Ministerio Público. El 5 de marzo pasado Navas fue ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea que atiende la Ley de Amnistía. Allí llenó una planilla formal para pedir que su caso sea atendido con urgencia.

Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela condenan que su caso evidencia la política de opacidad del Estado y la denegación de justicia.

La defensora Eglée González Lobato dijo que activarán mecanismos para que el Estado atienda a Carmen Teresa Navas y así "su incertidumbre disminuya" y "su calidad de vida no se deteriore".
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La Defensoría del Pueblo conoció este domingo, 3 de mayo, el caso de Carmen Teresa Navas, de 82 años de edad, quien desde hace casi tres meses ha denunciado públicamente y ante instituciones del Estado que desconoce el paradero de su hijo, Víctor Quero.

“Ha hecho muchas diligencias, ha ido a diferentes centros de reclusión y manifiesta que no tiene respuestas”, dijo la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato en un video en el que aparece sentada junto a Navas y que fue difundido en redes sociales por el medio Aberto News.

La abogada señaló que recibieron el caso y que activarán los mecanismos “para que haya una respuesta verificable, para que el Estado la atienda para que su incertidumbre disminuya, para que su calidad de vida no se deteriore, porque todo esto la afecta”.

Un caso conocido

Carmen Teresa Navas hizo su primera denuncia pública ante los medios de comunicación sobre su caso a mediados de febrero. Explicó que a su hijo se lo llevaron detenido en enero de 2025 y que desde entonces nunca había podido verlo, que no sabía dónde estaba recluido. Aparentemente lo acusaron de traición a la patria y terrorismo.

Contó que era su hijo quien la ayudaba a mantenerse, que tenía meses sin pagar el condominio de su apartamento y que se alimentaba con lo poco que venía en la bolsa de comida que repartía el consejo comunal. “Le pido al padre celestial que me dé fuerzas, fortaleza, para poder seguir adelante”, expresó durante una protesta de familiares de presos políticos a la que asistió.

La mujer ha acudido en varias ocasiones al Rodeo I para preguntar si ahí está su hijo. También denunció formalmente su desaparición forzada ante el Ministerio Público. El 5 de marzo pasado Navas fue ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea que atiende la Ley de Amnistía. Allí llenó una planilla formal para pedir que su caso sea atendido con urgencia.

Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela condenan que su caso evidencia la política de opacidad del Estado y la denegación de justicia.

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