El fiscal general de la República, Larry Devoe, negó la entrega de información pública solicitada por organizaciones de derechos humanos sobre la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada en febrero de este año.
La decisión fue comunicada mediante una carta con fecha 30 de abril de 2026, enviada a representantes de Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en respuesta a una solicitud consignada el 15 de abril.
En la misiva, el funcionario argumenta que la petición no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia. De forma textual, señala: “No se expresan los motivos que justifiquen la solicitud de información de interés público peticionada, tal como lo consagra el artículo 9 numeral 4 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público”.
La solicitud de las organizaciones —entre ellas Espacio Público y Alerta Venezuela— buscaba obtener datos detallados sobre la ejecución de la ley, incluyendo cifras de excarcelaciones, aplicación de medidas cautelares, distribución por estados, centros de detención, y número de solicitudes declaradas improcedentes o inadmisibles.
Solo datos genéricos
Aunque negó el acceso a la información desagregada, Devoe incluyó en su respuesta un dato global proveniente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía. En la carta se indica que fueron beneficiadas “un gran total de 8616 ciudadanas y ciudadanos en conflicto con la ley, en virtud de llenar los extremos requeridos en dicha norma”.
El documento no detalla cómo se distribuyen esos casos ni responde a los criterios específicos solicitados por las organizaciones.
Las ONG sustentaron su petición en el derecho al acceso a la información pública y la contraloría social, contemplados en los artículos 51 y 143 de la Constitución, así como en varios artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
Entre los datos requeridos se incluían número de boletas de excarcelación emitidas y ejecutadas, personas beneficiadas bajo medidas cautelares, casos por estado vinculados a procesos policiales arbitrarios, listado de centros de detención y número de beneficiarios por cada uno, solicitudes declaradas improcedentes o inadmisibles y denuncias por retardo u omisión en la ejecución de la ley.
ONG cuestionan la falta de datos
En su pronunciamiento del 4 de mayo, Espacio Público sostiene que la negativa del Ministerio Público limita la posibilidad de evaluar el impacto real de la Ley de Amnistía, al restringir el acceso a información clave.
“La respuesta del Ministerio Público no solo contraviene los estándares internacionales de transparencia, sino que pretende condicionar un derecho humano fundamental a la discrecionalidad administrativa. Al alegar una supuesta falta de ‘motivos’ para acceder a datos estadísticos, la Fiscalía levanta una barrera burocrática que impide evaluar la eficacia real de la Ley de Amnistía”, denunció Espacio Público.
Las organizaciones consideran que la publicación de cifras generales “es insuficiente para auditar un proceso que impacta directamente en la libertad de miles de personas” y reiteran que el acceso a este tipo de datos es de interés público.
Asimismo, exigen la entrega de la información desagregada, tras señalar que no debe condicionarse a la justificación de motivos por parte de los solicitantes y recalcaron su llamado a que “se cumpla con el principio de máxima divulgación establecido en la Ley de Transparencia, desglosando la ejecución por centros de detención y estados, para garantizar que la Ley de Amnistía no sea una cifra vacía, sino una garantía verificable de justicia y libertad”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En 2025 perdió todas las elecciones en las que compitió, en varios casos derrotada por la versión más extrema de la derecha. Es decir, la izquierda democrática vivió un verdadero “annus horribilis”. Pero recién entrado 2026, una nueva oportunidad se le está presentando. Curiosamente, una oportunidad no planeada, sino más bien producto de los errores de esa misma derecha radical.
Al frente de ellos, las bravuconadas de Donald Trump, que tienen impacto global. Cada explosión de sus misiles en Irán infla el costo de vida de los países gobernados por sus aliados, que en Latinoamérica no saben cómo lidiar con esto más que con la fórmula de recortar programas sociales. ¿Será un punto de inflexión de la ola derechizadora que recorre a la región?
Por ahora, Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile, los máximos referentes de la ultraderecha del sur global, caen en su popularidad en las encuestas en un efecto inversamente proporcional al aumento del precio del petróleo por la escalada bélica de Trump e Israel. Milei ya llegó a un 61% de desaprobación según la encuesta de LatamPulse, mientras que Kast, con menos de dos meses en el poder, tiene sólo un 38% de aprobación.
En Europa, en tanto, ya se empiezan a ver señales en las urnas. El húngaro Viktor Orbán, inspiración de Trump y amigo de Vladimir Putin, fue derrotado a principios de abril. A su vez, otros políticos de derecha intentan distanciarse de Trump, convertido en un activo tóxico. Es el caso de la italiana Giorgia Meloni, que terminó apoyando al papa León XIV en sus críticas al estadounidense.
Como para aprovechar el momentum, la izquierda parece haberse dado cuenta de que algo tiene que cambiar, tanto en su discurso como en sus acciones. Por eso el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, justamente uno de los líderes mundiales que ha enfrentado en forma más directa a Trump, convocó la cuarta cumbre progresista en Barcelona. Como invitados de más alto nivel, varios líderes latinoamericanos se convirtieron en las estrellas de la reunión. Estuvieron la mexicana Claudia Scheinbaum, el brasileño Lula Da Silva, el colombiano Gustavo Petro, el uruguayo Yamandú Orsi y el expresidente chileno Gabriel Boric.
Steven Forti, académico en la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro Extrema derecha 2.0: Qué es y cómo combatirla, recalca la jugada del destino que hizo caer el encuentro a menos de una semana después de la derrota de Orbán. Dice que, más allá de los discursos y las fotos, esa circunstancia subrayó el intento concreto de la izquierda por rearticularse “con propuestas en favor de la democracia, en contra del autoritarismo y en contra de los tecnooligarcas”. Pero, recalca, “veremos si es realmente un punto de inflexión o si es un paréntesis”,
Es que en Barcelona se escucharon algunas reflexiones que denotan esta actualización y revisión que está haciendo el progresismo. “La democracia no es un estado natural de las cosas. Tenemos que cuidarla, es frágil”, dijo Boric. El expresidente chileno viene de una dura derrota de su coalición de centro izquierda, que además le dio paso a un aliado de Trump: el ultraconservador José Antonio Kast.
🔴 DIRECTO | Gabriel Boric, en la cumbre progresista: "Hay una desafección hacia el derecho internacional y humanitario. La democracia no es un estado natural de las cosas, tenemos que cultivarla día a día" https://t.co/5U7iAyxgvDpic.twitter.com/DNyXqKzynn
Mientras tanto, Lula Da Silva declaró que la reunión no era “anti-Trump”, pero a la vez lanzó varias frases al magnate. “No podemos despertarnos todos los días por la mañana e ir a dormir por la noche siempre con el tuit de un presidente de la república amenazando al mundo, declarando guerras”, dijo.
Felipe Enero Segovia, analista en Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, escribió en una columna del medio Cooperativa que Barcelona fue “un laboratorio de recomposición progresista”. Para Enero, la cumbre marcó un giro desde una política reactiva ante Trump y sus símiles locales, a la configuración de una propuesta. Se trata de “reconstruir el orden internacional, fortalecer la democracia liberal, reactivar el crecimiento económico y reducir la desigualdad”.
Entre los temas estuvo por ejemplo el papel de las plataformas digitales, campo fértil para el populismo y la polarización. Esas redes sociales le permitieron a la ultraderecha seducir a muchos votantes en un contexto en que los gobiernos progresistas no pudieron cumplir promesas para mejorar las condiciones de vida, justamente de la clase media. Sobre todo a los más jóvenes, que sufren la falta de trabajo y vivienda a pesar de tener la mayor formación académica de la historia. Pedro Sánchez sostuvo en la cita que “internet no entiende de fronteras y, por tanto, o avanzamos juntos o no avanzará nadie. O fijamos reglas comunes o las impondrán por nosotros, porque el espacio digital o es democrático o no será”.
En su columna “Optimismo progresista y letra muerta”, publicada en El País, el analista Alfredo Joignant reconoce que la cumbre de Barcelona llegó en el momento ideal: “La combinación de un Trump en llamas, del notable protagonismo de Pedro Sánchez en el concierto internacional y del fin de Orbán hicieron posible que emergiera, por primera vez en muchos años, un ánimo de optimismo en el progresismo global”.
Para Joignant una de las mayores victorias de la cumbre es asumir el propio concepto de “progresismo”, que se había convertido en una mala palabra. Advierte que los discursos de izquierda “se estaban transformando en una lengua muerta, un poco como el latín solo citado por eruditos y no por personas vivas, en donde la repetición de fórmulas y palabras suenan cada vez más antiguas, ajenas a la realidad, sin posibilidad de coincidir con el sentido común de las personas reales”.
Este año es clave para saber si el progresismo logra mantener gobiernos que le aseguren seguir liderando la mayor parte de la población latinoamericana. El 31 de mayo tendrá lugar la primera vuelta presidencial en Colombia, donde el izquierdista Iván Cepeda se mantiene primero en las encuestas. Y el 4 de octubre se disputará la primera vuelta de la presidencial de Brasil. Ahí Lula Da Silva está en un empate técnico con el hijo del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. Colombia y Brasil suman 256 millones de habitantes, más población que el resto de los países sudamericanos unidos. En ambas naciones podría jugar a favor de los candidatos de izquierda la antipatía contra el neoimperialismo estadounidense de la era Trump.
El periodista brasileño Víctor Farinelli, subeditor del medio Opera-Mundi, sostiene que en el caso de Lula, recibió un Brasil “destrozado” económicamente, pero logró estabilizarlo. Para Farinelli, un triunfo de la derecha en su país sería sinónimo de un triunfo de la “autocracia estadounidense, que está intentando sujetar Latinoamérica de forma bastante agresiva”.
Por su parte el analista colombiano Javier Garay sostiene que los contextos internos son los que más pesan para los votantes. “Pareciera y esto ha venido pasando por lo menos desde la pandemia, que los electores están cansados de quienes tienen el poder en un momento dado. ¿Y eso qué quiere decir? Que las sociedades en la actualidad no están percibiendo los cambios y los fenómenos desde líneas ideológicas, sino desde líneas mucho más prácticas en términos de solución de problemas”, dijo a CONNECTAS.
El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado manifiesta que en el caso de Colombia se ve, por ejemplo, un hartazgo de parte de la población con la figura de Gustavo Petro, aunque este mes llegó a su nivel más alto de popularidad desde 2022 (46% de aprobación según los cálculos de La Silla Vacía).
En Barcelona, Petro intentó encumbrarse en entrevistas con su característico tono profundo lleno de frases grandilocuentes. “Estos días estamos intentando construir en esta ciudad una especie de faro colectivo que dé luz al mundo actual”, dijo en una conferencia.
Garay sostiene que “Petro lo que busca es ser un líder de la izquierda latinoamericana. Incluso yo diría que un líder global del progresismo. Ahora bien, ¿eso hace que necesariamente vaya a convertirse en eso? No sé, porque creo que Da Silva es el líder natural de la izquierda en América Latina”.
A pesar del tono de la reunión de Barcelona, donde Sánchez no invitó a los regímenes autoritarios, estos siguen presentes en un escenario complejo. De hecho, de regreso al continente, Petro viajó a Venezuela y se convirtió en el primer mandatario de un país democrático que visita a la dictadora encargada del chavismo, Delcy Rodríguez. Justamente las cercanías históricas de la izquierda regional con las dictaduras también juegan en contra para convencer a los votantes más de centro. “Más allá de Boric en Chile, que ha que ha sido contundente en la defensa de la democracia, los demás líderes son poco transparentes o definitivamente apoyan esos regímenes como el de Venezuela, el de Cuba, y en menor medida el de Nicaragua (…) incluso Lula ha sido muy cercano y ni hablar de Gustavo Petro”, dice Garay.
Durante la cumbre de Barcelona Lula sostuvo: “Hay que parar con ese bloqueo a Cuba y dejar que los cubanos vivan su vida. No es posible que nos quedemos en silencio ante eso”. Palabras parecidas pronunció la mexicana Claudia Scheinbaum: “Hasta la fecha creemos, hablando de esa pequeña isla del Caribe, que ningún pueblo es pequeño, sino grande y estoico cuando defiende su soberanía y el derecho a la vida plena”. No hubo palabras contra el autoritarismo del régimen a pesar de que el foro se llamaba “En defensa de la democracia”.
Farinelli defiende esas posturas. “Nadie pide que los gobiernos de derecha se alejen de gobiernos autócratas como Estados Unidos y Argentina, por ejemplo”, dice. Además pide tener en cuenta el contexto: “Cuba está amenazada por un ataque militar norteamericano, que incluso ha sido anunciado por Trump en esos términos (…) ante esa situación no solo países gobernados por la izquierda, sino que también por la derecha han demostrado solidaridad”.
En el caso de Venezuela, explica que el propio Estados Unidos normalizó sus relaciones. Y en cuanto a Nicaragua, “no conozco ningún gobierno de izquierda de la región que defienda a rajatabla el gobierno de Ortega. Más allá de las relaciones que uno debe mantener con un país, porque aislar completamente termina resultando en un castigo al pueblo y no al gobierno”, argumenta Farinelli.
"Paren ese maldito bloqueo a Cuba y dejen que los cubanos vivan sus vidas", dice Lula en la cumbre progresista de Barcelona, al lado de Sánchez. "Cuba tiene problemas, pero son los problemas de los cubanos. No de Lula, de Claudia o de Trump", afirma sobre la soberanía de la isla pic.twitter.com/UU2rIoiAF3
Steven Forti sostiene además que en un panorama de partidos muy debilitados, la política está “hiperpersonalizada”. “Funciona mejor un líder fuerte que sabe comunicar muy bien y eso explica el éxito de figuras como Pedro Sánchez, o del alcalde de Nueva York, Zohan Mamdani”, asegura Forti. Aunque agrega que para el éxito del progresismo es fundamental “tener un arraigo territorial, estar presente en las luchas”.
Sobre este punto, asegura que la izquierda progresista se ha mantenido en los últimos años en una actitud defensiva y “temerosa de lo que está pasando en el mundo. Pero debe retomar la iniciativa política, entender que si bien el contexto es efectivamente muy complejo, hay posibilidades para cambiar el rumbo y para utilizar este posible punto de inflexión”.
El académico reconoce que la ultraderecha ha sabido reconocer las demandas de gran parte de la ciudadanía. En este sentido, Forti asegura que el progresismo debe enfocarse en “políticas sociales valientes que reduzcan las desigualdades y que piensen tanto en la clase trabajadora, como los trabajadores informales, así como en la clase media”.
Durante la última década las luchas de la izquierda progresista se asociaron a las identitarias, como el feminismo, los derechos LGBTI y el indigenismo. Mientras tanto, la ultraderecha se adueñó del discurso antiélite (Milei la llamó la casta) y se volvió, incluso, “orgulloso” de posturas machistas, antidemocráticas o intolerantes. Como si la barbarie fuera “popular”.
¿Entonces la izquierda progresista debe renunciar a sus principios para ganar en las urnas? El filósofo Pau Luque Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de México, escribe en su columna “La vergüenza, la izquierda y Trump” que el problema no está en las ideas, sino en la forma cómo las está defendiendo. “Cuando leo que la izquierda tendría que ser más antinmigración o menos feminista me dan ganas de saltar por la ventana. La izquierda no tiene que cambiar de ideas, tiene que cambiar de actitud. Debe abandonar la soberbia moral con la que defiende sus ideas. Y debe dejar de intentar avergonzar a los demás por no tener sus mismas ideas”. ¿Lo conseguirá?
Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace. (FAVOR EN “este enlace” INCLUIR EL SIGUIENTE ENLACE: https://www.connectas.org/tqh/
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 5 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
En otro intento por apelar a la humanidad de las personas que trabajan en las instituciones del Estado, familiares de presos políticos acudieron este lunes, 4 de mayo, a la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para denunciar los tratos crueles e inhumanos que sufren dentro de los centros de reclusión del país.
“Escuché el otro día que la gente de Venezuela está muy feliz. Están viendo que ocurren cosas que no habían visto en veinte años”, donald trump, presidente de estados unidos
Lo que rompe en redes
Carmen Navas, madre del preso político desaparecido Víctor Quero Navas, dijo que ha recibido hasta amenazas de muerte por parte de colectivos.
#AhoraVPItv | Carmen Navas, madre del preso político desaparecido Víctor Quero Navas, aseguró que están pidiendo un rescate en euros por su hijo: "Hay una persona que está pidiendo euros a un socio que él tiene en España".
Esta semana se estrena en Venezuela Burning Ambition, una mirada única e íntima de la visión inquebrantable de Iron Maiden con su ejército de fans a nivel mundial.
Delcy Rodrígez fue impuesta por el presidente Trump a pesar de ser corresponsable de los atropellos de Maduro y que su discurso antes del 3 de enero siempre fue antiestadounidense, alineado con sus enemigos, y además tolerante con el narcotráfico y con la guerrilla colombiana. Esta decisión de Trump debe cesar pronto, ya que los venezolanos presenciamos cómo continúan las violaciones a los derechos humanos y que, cada día, el régimen de Delcy toma acciones para afianzarse en Miraflores.
Puede que a Trump no le interese nuestra democracia, sino los negocios, pero estamos en la obligación de preguntarnos si también puede ser que el tutor percibe que hay un vacío en la oposición que no garantiza la estabilidad. Si este es el caso, ¿qué debemos hacer?
Iniciativas recientes
El 12 de abril 2026, la Plataforma Unitaria Democrática, con participación por internet de María Corina, divulgó un documento titulado Hoja de ruta hacia la transición democrática. En el mismo plantean que debe ser mediante la realización de elecciones libres, verificables y competitivas, única vía legítima de cambio político.
Para lo que se requiere designación de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), garantías técnicas, auditorías y transparencia del sistema, observación internacional calificada, igualdad de condiciones para todos los actores políticos, restitución de derechos políticos, incluyendo habilitaciones.
Además, respeto pleno a los derechos civiles y políticos, seguridad jurídica para ciudadanos y actores económicos. Como medidas políticas inmediatas, exige liberación de presos políticos, retorno de exiliados, devolución de partidos intervenidos, fin de la persecución política y funcionamiento autónomo de las instituciones públicas.
¿Es esto suficiente para inspirar confianza?
No pareciera. Lo aprobado es lo mínimo que debe existir en un país civilizado y son derechos incluidos en nuestra Constitución. Es decir, son condiciones necesarias, pero no suficientes, para garantizar estabilidad y reconstrucción económica. Debería complementarse con la adhesión de todos a un documento como el de Venezuela Tierra de Gracia elaborado por distinguidos profesionales de diferentes ideologías. Desde luego, debe ser un compromiso que abarque por lo menos dos o tres períodos presidenciales. Eso es lo que daría confianza a los inversionistas y a los venezolanos en general.
Propuesta de 24 organizaciones de la sociedad civil
El 20 de abril, 24 organizaciones de la sociedad civil dirigieron una carta a Marco Rubio, secretario de Estado, titulado Solo la transición democrática garantiza la estabilidad en Venezuela. Los firmantes aceptan el precio de que Venezuela siga, aun tutorada, en las manos de sus propios verdugos, pero no están conformes con que esta etapa inicial se prolongue más de lo necesario.
Consignan la encuesta de Meganálisis, que refleja que más del 70 % de la población elegiría a María Corina Machado como presidenta, que Delcy Rodríguez tiene un respaldo de solo el 2.7 % de la población, que el 88.1 % desea su salida inmediata y el 73 % ve como urgente la celebración de una elección presidencial.
El comunicado añade que “la transición democrática en Venezuela representa el retorno a la justicia, al Estado de derecho, a la estabilidad económica, desarrollo y seguridad jurídica, lo que incorpora mejores condiciones, no solo para Venezuela, sino para América y el mundo, de manera particular para los Estados Unidos que tendría un socio confiable, honesto y respetuoso del Estado de derecho”. Estas y otras ONG deben apoyar a los integrantes de la Plataforma Unitaria y contribuir a que los partidos políticos se fortalezcan.
¿Qué señales son negativas?
Causa pésima impresión, no solo en el exterior, sino también entre muchos venezolanos el que un día se aplauda a algunos de nuestros dirigentes y, al poco tiempo los descalificamos. Esto pareciera ser como en el deporte, ponemos por las nubes a quien mete un gol o batea un jonrón, pero cuando falla lo abucheamos.
Recordemos algunos nombres, que sin duda muchos me reclamarán citarlos, pero que no aportan pruebas de que merecen ser satanizados. A Henry Ramos Allup, Rosales, Capriles, Guaidó y a Leopoldo López los aplaudimos por muchas de sus actuaciones, pero los descalificamos sin base, a veces solo por una declaración que no compartimos, por alguna falta o por una información, bien o mal intencionada, que nos llega incompleta o fuera de contexto.
Se ha llegado a descalificar a dos distinguidos ciudadanos que lo han arriesgado todo sin buscar nada personal, como son Ramón Guillermo Aveledo y Gerardo Blyde. Lamentablemente, en nuestro equipo hay muchos destructores que descalifican repitiendo lo que inventan seguidores del régimen, adversarios políticos de los citados o por habladores de sandeces.
Aplaudimos cualquier comunicado que exija elección presidencial, pero consideramos importante que nuestros partidos políticos firmen un acuerdo comprometiéndose a ejecutar unos lineamientos básicos durante varios períodos presidenciales. A los ciudadanos de a pie nos permitimos sugerirles que sean cuidadosos en no descalificar sin base a nuestros políticos. Los adversarios de la democracia son quienes están en el gobierno y aquellos que se dicen opositores como Timoteo, Bernabé Gutiérrez, Ecarri, Romero, José Brito, Pedro Veliz, José Gregorio Noriega, Miguel Salazar y Juan Carlos Alvarado, entre otros.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
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Durante años, la crisis venezolana fue presentada como un episodio transitorio. Una tormenta pasajera. Un accidente histórico que terminaría “el próximo año”, después de las elecciones decisivas, del diálogo definitivo, del plan económico milagroso, la gran marcha o de alguna nueva epopeya patriótica reciclada en cadena nacional. Pero el tiempo —ese detalle que el poder siempre subestima— hizo su trabajo: la emergencia dejó de ser noticia y terminó convertida en paisaje.
Venezuela aprendió a convivir con los apagones como quien consulta el pronóstico del clima; con la escasez, como un trámite administrativo más; y con la incertidumbre, como parte del mobiliario doméstico. Lo verdaderamente extraordinario ya no es la crisis, sino la capacidad colectiva de haberse acostumbrado a ella sin que el país terminara de derrumbarse por completo. O, peor aún, sin que muchos notaran cuánto se había derrumbado ya.
Hoy millones de venezolanos organizan su vida alrededor de la precariedad. Revisan horarios eléctricos antes de planificar cualquier actividad. Calculan cuándo llegará el agua. Aprendieron a usar varias monedas en una misma conversación y a sostener relaciones familiares atravesadas por fronteras, remesas y videollamadas. La improvisación dejó de ser un recurso ocasional para convertirse en una competencia nacional no declarada. La crisis ya no es únicamente un contexto: se transformó en cultura cotidiana.
Quizá uno de los cambios más profundos de la Venezuela contemporánea no sea exclusivamente económico ni político, sino psicológico y social: el país aprendió a vivir en estado de emergencia permanente.
Las sociedades suelen imaginar las crisis como rupturas visibles, episodios intensos que alteran temporalmente el orden normal de las cosas. Sin embargo, existen deterioros más lentos y silenciosos. Procesos donde la excepcionalidad se prolonga tanto que termina incorporándose a la rutina. Allí aparece uno de los fenómenos más complejos del caso venezolano: la normalización de lo inaceptable. Lo que hace algunos años generaba indignación colectiva hoy apenas provoca resignación fatigada. No porque el malestar haya desaparecido, sino porque sobrevivir exige una adaptación constante. La precariedad prolongada modifica conductas, reduce expectativas y altera la relación de las personas con el futuro. En Venezuela, sobrevivir comenzó a desplazar lentamente la idea misma de planificar. Y eso tiene consecuencias profundas.
Una sociedad que vive durante años bajo incertidumbre aprende a reducir sus horizontes. El ciudadano deja de pensar en proyectos a largo plazo y concentra toda su energía en resolver el presente inmediato: conseguir gasolina, garantizar conexión eléctrica, encontrar efectivo, verificar si habrá transporte o internet al día siguiente. El futuro se convierte en un lujo administrativo. La emergencia modifica incluso la percepción del tiempo.
Las generaciones más jóvenes crecieron en un país donde la estabilidad dejó de existir como experiencia concreta. Muchos adolescentes y adultos jóvenes no tienen recuerdos claros de normalidad institucional, crecimiento económico o movilidad social sostenida. Para ellos, la crisis no representa una interrupción histórica: representa la normalidad. Y probablemente allí reside una de las tragedias más silenciosas del país. Porque las crisis prolongadas no solo destruyen infraestructura o deterioran economías. También transforman culturas políticas, vínculos familiares y maneras de imaginar la vida en sociedad.
La migración masiva, por ejemplo, no solo fragmentó hogares: alteró emocionalmente la idea misma de familia. Padres, hijos y hermanos aprendieron a convivir a distancia. El afecto comenzó a depender de conexiones digitales, remesas y regresos temporales que muchas veces se parecen más a visitas diplomáticas que a encuentros familiares.
La emergencia también transformó el lenguaje social venezolano. Expresiones asociadas al agotamiento, la resignación y la sobrevivencia desplazaron lentamente el vocabulario del progreso. La conversación pública dejó de discutir cómo avanzar y comenzó, simplemente, a administrar carencias. Como si la política hubiese sido sustituida por una gigantesca oficina de contingencia nacional.
En paralelo, surgió una ciudadanía altamente adaptable: ingeniosa, flexible y resistente. Capaz de resolver problemas cotidianos bajo condiciones absurdas que en cualquier país funcional provocarían escándalos institucionales. Pero esa capacidad de adaptación —tan celebrada en discursos motivacionales y campañas de autoayuda tropical— también encierra una paradoja peligrosa: las sociedades que sobreviven demasiado tiempo en precariedad pueden terminar acostumbrándose al deterioro. Y cuando una sociedad normaliza la emergencia, el riesgo deja de ser solamente material. También se vuelve político, cultural y moral.
La indignación pierde fuerza. El deterioro deja de sorprender. La excepcionalidad se convierte en costumbre. Y entonces reconstruir resulta mucho más difícil, porque ya no se trata únicamente de recuperar instituciones, servicios públicos o indicadores económicos. Se trata de reconstruir expectativas individuales y colectivas en una sociedad entrenada durante años para esperar cada vez menos.
Toda crisis prolongada deja marcas visibles e invisibles. Algunas aparecen en hospitales colapsados, carreteras destruidas, escuelas vacías o ciudades deterioradas. Otras quedan instaladas en la manera en que las personas imaginan —o dejan de imaginar— el futuro. Venezuela enfrenta ambas. Quizá por eso una de las preguntas más importantes para los próximos años no sea únicamente cómo recuperar la economía o la institucionalidad democrática, sino cómo reconstruir una sociedad que aprendió durante demasiado tiempo a sobrevivir en emergencia.
Porque los países no solo cambian cuando progresan. También cambian cuando sobreviven demasiado tiempo en la precariedad. Y entender esa transformación será fundamental no solo para comprender la Venezuela que existe hoy, sino también la que algún día intentará reconstruirse mañana.
@NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds
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¿Sorpresa otra vez? No pareciera. Después de un proceso que nombró al defensor a ultranza del régimen chavista, Larry Devoe, como fiscal general de la República en reemplazo de Tarek William Saab, ahora la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó a Caryslia Beatriz Rodríguez como presidenta del máximo juzgado del país.
Además de dar un espaldarazo a Rodríguez, el TSJ anunció oficialmente la incorporación de magistrados suplentes que asumirán los cargos de quienes se jubilaron hace una semana.
Uno de los suplentes incorporados en reemplazo de Edgar Gavidia Rodríguez, ex uñado de Cilia Flores, fue Elias Bittar como primer vicepresidente del TSJ. Bittar fue uno de los magistrados que la Asamblea Nacional designó como principal de la Sala de Casación Social en 2022.
Bittar además presidirá la Sala de Casación Penal, acompañado de Eneida Alexandra Moreno Pérez como vicepresidenta y Edelio González como integrante principal.
La exrectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’ Amelio fue nombrada segunda vicepresidenta del TSJ y además estará al frente de la Sala Constitucional. En esa sala fungirá como vicepresidenta, Lourdes Suárez Anderson, hermana del asesinado exfiscal Danilo Anderson, además de Michel Adriana Velásquez Grillet, Janett Córdova y Anabel Hernández.
La Sala Electoral, que avaló el resultado que nombró ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, quedó intacta con la propia Caryslia Rodríguez al frente, Fanny Márquez Cordero como vicepresidenta e Inocencio Figueroa Arizaleta como miembro principal.
Mientras que Jaime Jesús Báez Jiménez quedó como presidente de la Sala Político Administrativa, Juan Pablo Torres como vicepresidente y Luis Emilio Rondón como integrante principal.
La Sala de Casación Penal, por su parte,tendrá como presidenta a Carmen Castro; Grisell López, quien era suplente de la Sala Electoral será ahora vicepresidenta y Eulalia Coromoto Guerrero, quien hacía lo propio en la Sala Político-Administrativa, fungirá como integrante de este espacio.
Emilio Antonio Ramos quedó al frente de la Sala de Casación Civil, José Luis Gutiérrez será su vicepresidente y Jacqueline Sosa aparece ahora como integrante principal.
Movida de mata: quítate tu para ponerme yo
En la cruzada por quitar de las instituciones públicas a fichas “fieles” a la pareja encarcelada en los Estados Unidos conformada por Maduro y Flores, la Asamblea Nacional controlada por el chavismo inició la escogencia del Comité de Postulaciones Judiciales. Se espera que el proceso cierre este martes 5 de mayo.
Al grupo de parlamentarios se le unirá una decena de supuestos miembros de la sociedad civil que escogerán a los próximos jueces de la República.
A finales de abril, trascendió de manera extraoficial que ocho magistrados, en su mayoría del círculo de Maduro y Flores, pasaron a jubilación, entre ellos Maikel Moreno y Edgar Gavidia Rodríguez.
También pasaron a jubilación los generales de la Fuerza Armada en calidad de retiro Henry Timaure y Juan Carlos Hidalgo, además de Malaquías Gil, Carmen Alves, Luis Fernando Damiani Bustillos y Elsa Gómez.
Al reformar la Ley Orgánica del TSJ en abril de 2022, la AN procuró la reducción de 32 a 20 magistrados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Desde venderle una empanada a la líder opositora María Corina Machado a expresar libremente un pensamiento crítico en un Ministerio, a juicio del abogado y asesor jurídico del partido Vente Venezuela, Perkins Rocha, cualquier persona en Venezuela puede ir a parar a una cárcel en la administración chavista.
En una entrevista concedida a Venevisión, Rocha aseguró que es el único de una causa de ocho personas que sigue preso en su domicilio y con un grillete electrónico en su tobillo.
Junto a Rocha estaban los dirigentes políticos Freddy Superlano (también tenía un grillete), Juan Pablo Guanipa y Biagio Pilieri, entre otros, pero él es el único que sigue sin libertad plena.
“En Venezuela nadie es libre, hasta hace poco había optado por mantenerme callado, pero soy el único que no se dedica a hacer actividades proselitistas y sigue preso, además no tengo restricción de declarar, la presunción de inocencia me cubre, sin libertad no hay vida, no hay peor castigo para un ser humano que estar detenido”, dijo el profesor universitario.
Rocha reconoció que no estuviese en su casa sino hubiese sido por los acontecimientos del pasado 3 de enero, en los cuales, las fuerzas armadas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.
“Pasé 90 días incomunicado, 150 días sin ver a mi familia, dormíamos en un espacio de 2 x 3 metros y no tuve acceso a defensa privada”, narró.
Elecciones de una
Para Rocha, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara y esta reza que luego de 90 días de la falta absoluta del presidente deben convocarse elecciones. “Para mí, tienen que ser generales”, puntualizó.
Rocha calificó como un exabrupto que haya sido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no la Asamblea Nacional quien decretó la continuidad de la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Para Rocha esto es solo otra treta más para permanecer en el poder a toda costa y no cumplir con el precepto constitucional.
“Si esto se mantiene en el tiempo va a ser muy difícil que Venezuela recupere su normalidad”, dijo el abogado.
Consideró además que Venezuela demostró el 4 de enero estar preparada para una transición.
“El país vivió un clima de altas expectativas de cambio, la transición debe empezar por un llamado a elecciones, no podemos repetir lo que ocurrió el 28 de julio de 2024, nosotros (Plataforma Unitaria Democrática) demostramos que ganamos con un Consejo Nacional Electoral (CNE) postrado ante el Ejecutivo”, abundó.
El abogado sostuvo que para efectuar elecciones es perentorio escoger nuevas autoridades en el CNE e incluir en el registro electoral a los millones de venezolanos que se encuentran en el exterior.
Dijo que estos cambios deben ser reales y no parecidos a los hechos en la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, donde colocaron a personas cercanas al régimen.
Según Rocha, hay al menos nueve leyes que restringen las libertades fundamentales del venezolano, entre ellas la llamada Ley del Odio, Simón Bolívar y contra las ONG.
“Si lo que pretenden es descontaminar el ambiente, hay que eliminar todas las bacterias, hay que podar ese gran árbol que es la Constitución de 1999”, sostuvo.
Recordó que el artículo 20 reza que todos tenemos derechos al libre desenvolvimiento de nuestra personalidad y eso se ha estado conculcando: “No se habla de paz y reconciliación”. Agregó que en Venezuela cada juez tiene derecho a ir contra los preceptos que son contrarios a la Constitución.
Errores graves
Para Rocha es incomprensible como una ley como la de Amnistía pudo salir del seno de la Asamblea Nacional.
“Esa ley deja muchas interrogantes ¿Qué pasa con la reparación a las víctimas? ¿Qué pasa con las garantías de no repetición? ¿Qué pasa con la gente que detuvieron y la Guardia Nacional Bolivariana le tomó su casa?”.
Reiteró además que esta ley no puede ser derogada por el Ejecutivo: “Esa ley no puede morir, sino por otra ley, o porque haya un tribunal que la derogue, o a través de un plebiscito”, dijo el profesional del derecho.
Para Rocha, el principal fundamento del Poder Judicial es la independencia y el actual está lleno de presiones políticas.
“El Poder Judicial tiene una gran deuda con el país. En Venezuela no existe el respeto a la voluntad de la mayoría, hacer cambios cosméticos no resuelve el problema, el problema en Venezuela es moral y ético. En estas dos décadas hay una estructura débil de derecho e inexistente de justicia”.
Pese a la realidad del país, Rocha percibe un futuro brillante. “Soy optimista porque estoy convencido de la capacidad de los venezolanos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) extendió una licencia general qué protege a la refinadora Citgo Petroleum de los acreedores del bono Pdvsa 2019 hasta el 19 de junio de 2026.
En una declaración publicada este lunes, la licencia señala que se prohíbe específicamente la venta forzosa o incautación de las acciones de PDV Holding (matriz de Citgo) como pago por deudas derivadas de los bonos PDVSA 2020, que tienen como colateral el 50,1% de la compañía.
Esta prórroga ocurre mientras continúa el proceso de subasta judicial en Delaware para saldar reclamaciones de diversos acreedores que suman más de 20 000 millones de dólares.
La protección es temporal y se mantiene mientras el resultado final aún depende de la aprobación de la OFAC.
Licencia 23 veces extendida
La licencia de protección para Citgo ha sido extendida al menos 23 veces desde que se implementó el mecanismo de suspensiones sucesivas en octubre de 2019.
Este proceso se ha gestionado a través de versiones consecutivas de la Licencia General 5 de la OFAC, identificadas con letras del abecedario para marcar cada prórroga:
La Licencia 5 original fue reemplazada por la 5A el 24 de octubre de 2019. Desde entonces, se han emitido versiones que van desde la 5B hasta la actual 5W
Aunque inicialmente las extensiones solían ser por periodos de 3 o 6 meses, en los últimos años, la periodicidad ha variado según la coyuntura política y judicial, llegando a ser renovada incluso mensualmente en tramos críticos
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
