Audiencias sobre el Esequibo: Guyana dice que reclamo de Venezuela es una “amenaza”

Este lunes, 4 de mayo, Guyana afirmó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —el máximo ​tribunal de las Naciones Unidas— que el reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo supone una “amenaza existencial”.

Guyana solicitó a los jueces de la corte que dictaminen que Venezuela no tiene un derecho legítimo ‌sobre la región del río Esequibo, potencialmente rica en petróleo, que ha sido ‌objeto de una disputa entre estos vecinos latinoamericanos desde la época colonial.

“Hacer frente a las pretensiones de un ​vecino más grande y poderoso sobre nuestro territorio no solo ha amenazado nuestra paz y seguridad, sino que ha frenado nuestro desarrollo”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd.

Todd dijo que la reivindicación “ilegal” de Venezuela afecta a más del 70% del territorio de ​Guyana.

Controversia por territorio

El objeto de la controversia entre ambos países se genera por un territorio de 160 000 km compuesto en su mayor parte por ⁠selva, y una zona marítima en la que se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas, además de minerales y metales preciosos.

En 2018, ​Guyana llevó el caso ante la CIJ y le pidió que confirmara la frontera establecida en un arbitraje de 1899 entre Venezuela y la entonces colonia de la Guayana Británica, según el cual el territorio pertenece a Guyana.

En un referéndum celebrado en 2023, los venezolanos rechazaron la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa territorial con Guyana y ‌respaldaron la creación de un nuevo estado en ​la región del Esequibo, que Venezuela estableció un año ​después.

Venezuela insiste en vigencia del Acuerdo de Ginebra

Por su parte, el Gobierno de Venezuela sostiene que el proceso judicial, impulsado unilateralmente por Guyana en el año 2018, carece de base legal y transgrede las normas del derecho internacional público.

Venezuela ratifica que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el único instrumento jurídico válido y vigente para alcanzar una solución satisfactoria y consensuada entre las naciones. Sostienen que este documento internacional superó el “fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899”, mediante el cual el Reino Unido pretendió despojar a Venezuela de su territorio.

Las audiencias, que se celebrarán hasta el 11 de mayo, deben examinar en detalle la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 que, en la época colonial inglesa, trazó la frontera entre los dos países.

Las tensiones entre los dos países se agravaron cuando ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana -un país de 800 000 habitantes- una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

*Con información de DW YN

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Las tensiones entre los dos países se agravaron cuando ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana una de las mayores reservas de petróleo
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Este lunes, 4 de mayo, Guyana afirmó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —el máximo ​tribunal de las Naciones Unidas— que el reclamo de Venezuela sobre el territorio Esequibo supone una “amenaza existencial”.

Guyana solicitó a los jueces de la corte que dictaminen que Venezuela no tiene un derecho legítimo ‌sobre la región del río Esequibo, potencialmente rica en petróleo, que ha sido ‌objeto de una disputa entre estos vecinos latinoamericanos desde la época colonial.

“Hacer frente a las pretensiones de un ​vecino más grande y poderoso sobre nuestro territorio no solo ha amenazado nuestra paz y seguridad, sino que ha frenado nuestro desarrollo”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd.

Todd dijo que la reivindicación “ilegal” de Venezuela afecta a más del 70% del territorio de ​Guyana.

Controversia por territorio

El objeto de la controversia entre ambos países se genera por un territorio de 160 000 km compuesto en su mayor parte por ⁠selva, y una zona marítima en la que se han realizado importantes descubrimientos de petróleo y gas, además de minerales y metales preciosos.

En 2018, ​Guyana llevó el caso ante la CIJ y le pidió que confirmara la frontera establecida en un arbitraje de 1899 entre Venezuela y la entonces colonia de la Guayana Británica, según el cual el territorio pertenece a Guyana.

En un referéndum celebrado en 2023, los venezolanos rechazaron la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa territorial con Guyana y ‌respaldaron la creación de un nuevo estado en ​la región del Esequibo, que Venezuela estableció un año ​después.

Venezuela insiste en vigencia del Acuerdo de Ginebra

Por su parte, el Gobierno de Venezuela sostiene que el proceso judicial, impulsado unilateralmente por Guyana en el año 2018, carece de base legal y transgrede las normas del derecho internacional público.

Venezuela ratifica que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el único instrumento jurídico válido y vigente para alcanzar una solución satisfactoria y consensuada entre las naciones. Sostienen que este documento internacional superó el “fraudulento Laudo Arbitral de París de 1899”, mediante el cual el Reino Unido pretendió despojar a Venezuela de su territorio.

Las audiencias, que se celebrarán hasta el 11 de mayo, deben examinar en detalle la validez de la sentencia arbitral del 3 de octubre de 1899 que, en la época colonial inglesa, trazó la frontera entre los dos países.

Las tensiones entre los dos países se agravaron cuando ExxonMobil descubrió en 2015 yacimientos que otorgan a Guyana -un país de 800 000 habitantes- una de las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

*Con información de DW YN

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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