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Primarias en Argentina, lecciones para Venezuela: ¿Cuántos votarán en la primaria de la Plataforma Unitaria?

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Si voluntariamente se moviliza a votar al menos el 10 % –equivalente a 1.200.000 electores– la primaria convocada por la Plataforma Unitaria se puede considerar un éxito

 

@victoralvarezr

En Argentina, las elecciones primarias para escoger el candidato presidencial de los diferentes partidos y coaliciones son abiertas para todos los electores y no solo para los militantes de los partidos. Se realizan el mismo día para todas y cada una de las organizaciones y coaliciones, y están obligados a votar todos los ciudadanos entre 18 y 70 años de edad.

De allí el nombre de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a través de las cuales cada partido o coalición selecciona el candidato que va a postular en la elección presidencial a realizarse en octubre. Las PASO suelen ser una gran encuesta preelectoral que revela las preferencias del electorado y perfila las posibles alianzas que pueden sumar la mayoría de votos para poder ganar la elección.

En Argentina, para ganar la presidencia en la primera vuelta hay que obtener el 45 % de los votos, o más del 40 % con una diferencia de 10 puntos sobre el competidor más cercano.

Dicen que “Si crees entender la Argentina, es porque te la explicaron mal”. En las PASO de 2015, muchos creyeron que con el triunfo de Macri terminaba definitivamente el período de gobiernos de izquierda y comenzaba una etapa irreversible de gobiernos liberales, con un Estado menos intervencionista y más orientado a favorecer las dinámicas del mercado. Pero en las PASO de 2019, el populismo peronista, al que se creía derrotado y sepultado, sorprendió. Se impuso por una ventaja de más de 15 puntos y ganó la Presidencia de la República en la primera vuelta.

En las PASO del pasado domingo 13 de agosto no se perfiló un claro ganador en la primera vuelta, tal como sí ocurrió en las anteriores primarias, cuando el entonces candidato del Frente de Todos y actual presidente, Alberto Fernández, logró el 47,36 % de los votos frente al 32,23 % que obtuvo el movimiento Cambiemos, liderado por Mauricio Macri. Aquella amplia ventaja se mantuvo en las presidenciales y Alberto Fernández ganó fácil en primera vuelta con 48 % de los votos.

Esta vez el resultado fue más apretado. La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, obtuvo el 30,09 % de los votos; Juntos por el Cambio –coalición que apoya el expresidente Macri– sacó 28,28 % dividido entre sus dos precandidatos (Patricia Bullrich recibió el 16,98 % de los votos y le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta, que sacó 11,3 %); y el candidato del peronismo-kirchnerismo, Sergio Massa, recibió el 27,21 % de los votos. Menos de 3 puntos de diferencia separan a los tres primeros aspirantes. Ninguno podrá ganar solo y el resultado final dependerá de las alianzas. 

A la luz de estos resultados, Javier Milei no la tiene fácil para conformar una alianza ganadora. Su abierta confrontación con Patricia Bullrich y la propensión de los seguidores del eliminado Horacio Rodríguez Larreta a votar por el peronista Sergio Massa moderan el triunfalismo de Milei. A todas estas, diez partidos no lograron el 1,5 % mínimo que se exige para correr en la carrera presidencial y los votos de otras coaliciones –como Hacemos por Nuestro País (4,93 %), Frente de Izquierda y de Trabajadores y otras organizaciones (5.79 %)– suman 12,42 % y su apoyo se puede tornar decisivo.  

Las primarias en Venezuela

“Y si crees entender Venezuela es porque te la explicaron peor”. Aunque la Plataforma Unitaria convocó una primaria para el 22 de octubre para escoger su candidato presidencial, en Venezuela no todos los partidos escogen su candidato a través de una primaria. Algunas coaliciones lo hacen por consenso y otros partidos sencillamente postulan a su líder, sin llevar a cabo elecciones internas.

En otras palabras, en Venezuela no siempre hay elecciones primarias en los partidos políticos, no siempre son abiertas para que voten todos los electores, aunque no sean militantes de ningún partido. Nunca se hacen de manera simultánea en una misma fecha, y tampoco son obligatorias. Vota el que quiere. 

La última elección primaria presidencial se realizó el 12 de febrero de 2012, cuando la coalición de partidos opositores agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) escogió al candidato que postularía a las presidenciales convocadas para el 7 de octubre de 2012. Aquellas fueron las primeras primarias presidenciales abiertas en la historia de Venezuela en las que pudo votar cualquier venezolano mayor de edad, sin importar su militancia en los partidos políticos que conformaban la MUD. La convocatoria abierta también permitió que políticos no afiliados a la MUD se pudieran postular, con los únicos requisitos de consignar un porcentaje de firmas de apoyo y el depósito de un monto de dinero para pagar el 45 % de los gastos que el CNE exigió para organizar las primarias. El resto fue pagado por los partidos políticos de la MUD. Por orden de inscripción, se postularon:

  • Leopoldo López
  • María Corina Machado
  • Henrique Capriles Radonski
  • Pablo Pérez
  • Pablo Medina
  • Diego Arria

Leopoldo López declinó su candidatura para apoyar a Henrique Capriles. En unas primarias sin participación obligatoria –como sí es el caso de Argentina que acabamos de explicar–, la experiencia histórica indica que con una participación voluntaria del 10% del Registro Electoral, el proceso se puede considerar un éxito. En la primaria de 2012, la MUD reportó una participación de 3.059.024 electores, equivalente a un 16.5% del padrón electoral, superior al 10 % estimado como referencia de éxito.

Henrique Capriles ganó con 1.911.648 votos, equivalente al 64,2 % de los votos escrutados. En segundo lugar llegó el exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, con 896.070 votos, equivalente al 30,3 %. María Corina Machado llegó en tercer lugar con 110.420 votos, equivalente al 3,7 %. Diego Arria sacó 37.834 votos, equivalente a 1,3 % y Pablo Medina obtuvo 14.561 votos, equivalente al 0,5 % del total de los votos contados.

Aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había declarado que los datos de los cuadernos electorales eran confidenciales, hubo denuncias de fraude. En un intento por impugnar la elección, el TSJ ordenó a la MUD que entregara los cuadernos de votación para verificar si el número de votantes había sido inflado. Pero los cuadernos fueron destruidos y esa verificación no pudo realizarse.

¿Cuántos votarán en la Primaria de la Plataforma Unitaria?

Son muchas las cuentas que se sacan para calcular cuántos electores votarán para escoger y darle legitimidad al candidato de la Plataforma Unitaria. Redondeando los números veamos lo siguiente:

  • El registro electoral venezolano tiene aproximadamente 21 millones de electores.
  • A este número hay que restarle 4 millones de electores que migraron y 1 millón que siguen en Venezuela, pero cambiaron de residencia y no actualizaron sus datos.
  • Quedan 16 millones a los que hay que restarle un 25 % esperado de abstención, lo cual deja el número de potenciales votantes en 12 millones.
  • Si voluntariamente se moviliza a votar al menos el 10 % –equivalente a 1.200.000 electores– la primaria convocada por la Plataforma Unitaria se puede considerar un éxito.

Justamente, 1.200.000 electores es el número mínimo que la Comisión Nacional de Primaria espera recibir en los 3106 centros electorales y 5000 mesas que estarán abiertas entre 8 a. m. a 4 p. m.; es decir, durante 8 horas equivalentes a 480 minutos.

Si se mantiene un flujo continuo de electores y cada uno demora dos minutos recorriendo la herradura de la mesa de votación –desde que se identifica con su cédula, marca y deposita la boleta, y firma y deja su huella–, cada mesa podrá atender al menos 240 electores.

Este número puede aumentar en mesas con mucha afluencia de electores en los que simultáneamente un elector puede estar firmando y marcando su huella, mientras otro está depositando la boleta, y a otro lo están verificando en el cuaderno electoral.

Si este número de 240 electores por mesa se multiplica por las 5000 mesas, el total es justamente de 1.200.000 electores, y equivale al 10 % que –como mínimo– deben votar para que la primaria de la Plataforma Unitaria pueda ser considerada un éxito y su candidato tenga la legitimidad necesaria.

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Podcast |  Extorsiones de la PNB en la Cota 905, medicamentos indios de dudosa procedencia y la historia de Raúl Andrés Orozco

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En el episodio 228  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo “Policías extorsionan en la Cota 905 tras la muerte del “Koki”. La investigación Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota 905 revela cómo algunos policías en Venezuela toman el lugar de los grupos criminales con prácticas delictivas como las extorsiones e identifica el patrón criminal utilizado por los uniformados, que han instalado ocho alcabalas en el barrio y recurren a la vieja práctica de sembrar droga a los jóvenes para exigir dinero a cambio de no enviarlos a prisión. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Venezuela importa de laboratorios sospechosos de India y se hace el loco con la calidad”. La Federación Farmacéutica Venezolana ha solicitado en varias comunicaciones al Ministerio de Salud conocer el proceso de importación y revisión de medicamentos de otros países, especialmente de la India e Irán. En julio, el Gobierno indio informó que tomará medidas contra 105 farmacéuticas que no han pasado los controles de calidad y salubridad.

“Raúl Andrés Orozco: el escurridizo comerciante del oro volador y las vacas navegantes” es la nota que presenta Runrun.es en este episodio. Un complejo entramado de empresas, socios, direcciones y países dificulta seguir los pasos de un comerciante del oro venezolano devenido ganadero en Colombia. Se libró de la redada emprendida por el gobierno de Nicolás Maduro contra las mafias mineras, pero otros escándalos que han salpicado sus negocios, incluyendo el reciente asesinato a manos de sicarios de dos de sus empleados

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. 

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Hijos, poder y desvergüenza

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La conducta polémica y desvergonzada de ciertos hijos de personajes políticos arroja una luz cruda sobre la simbiosis entre poder y desvergüenza

 

@ArmandoMartini

De una manera u otra los padres desean que sus hijos –en especial, ese que en secreto distinguen– sigan sus pasos. Una herencia es el capital que se deja y otra el legado, manera de pensar que se transmite a hijos, nietos, biznietos.

El bienestar de la familia es pretexto para luchar en la vida. Un grupo familiar exitoso es síntoma –piensan muchos– de triunfo, sea en condiciones de casi esclavitud como en el pasado occidental y la persistencia actual de los musulmanes, o en la más compleja circunstancia de la sociedad en estos días. De ahí el empeño, desde las cavernas hasta tiempos actuales, de patriarcas en decidir sobre el futuro de los hijos. De meterse y creer que resuelven mejor que ellos.

A veces el éxito es la política, entonces demasiados se interesan. En la encrucijada de la política y el poder, a menudo se teje una narrativa que involucra a los hijos de líderes y figuras influyentes. Estos jóvenes, criados en un ambiente de privilegio y exposición mediática, a veces protagonizan situaciones que avergüenzan. Su conducta, polémica y desvergonzada, arroja una luz cruda sobre la intersección entre el poder y la responsabilidad.

¿Por qué ocurre? ¿Por qué algunos desafían la ética asociada con su posición? En parte, se debe a la presión de vivir bajo la sombra de progenitores poderosos. La búsqueda de identidad propia lleva a comportamientos extremos como una forma de rebelión. La desconexión de la realidad, debido a la riqueza y poder, produce una falta de conciencia sobre las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, existen los que, con culpa o sin ella, cargan con los actos de sus críos.

Históricamente, hemos sido testigos de casos notorios donde los hijos de políticos han caído en la polémica. De los ejemplos emblemáticos Marie Antoinette, hija de María Teresa I de Austria y esposa de Luis XVI de Francia. Su vida despreocupada y gasto extravagante en medio de la pobreza del pueblo contribuyeron a la imagen decadente de la monarquía y avivaron el fuego de la Revolución francesa. Aquí, la desvergüenza de una heredera real resonó profundamente en la conciencia colectiva.

El hijo de Néstor y Cristina Kirchner, en Argentina, físicamente parecido a su padre –menos alto y más rechoncho– que no puede hacer algún negocito sin que salgan a criticarlo, aunque el chico no tenga mayor notoriedad.

En Colombia, un joven más bien apagado y sin buscar pública relevancia parece metido en un lío de adulterio que lo ha dejado con el hijo propio en una mujer, y la pública denuncia de sus retorcidos negocios en otra, y por ser hijo de quien es. La noticia no es solo lo que haga entre faldas y robos, sino la circunstancia. A quien no se le ha ocurrido otra disculpa que confesar su propio comportamiento paternal, “yo no lo críe”, advierte, no se sabe si para explicar que el joven no salió ladrón por él mismo o si por no haberlo guiado.

En Estados Unidos, el cuestionado es hijo del hombre más poderoso del mundo, y para peor, se llama “cazador” (Hunter) y no es ningún muchacho. Lo que más se critica a su padre presidente no es apoyarlo, que ya molesta, sino que el Gobierno acusador y el sistema de defensa judicial estén actuando con amor y cariño por el cincuentón bandido y corruptor de jovencitas.

Sin embargo, no solo en la historia encontramos ejemplos. En la era moderna, el impacto de los hijos de líderes políticos es igualmente palpable. Los hijos de figuras públicas a menudo se ven envueltos en escándalos que capturan la atención y generan controversia. Desde conductas imprudentes hasta involucramiento en actividades ilegales, la desvergüenza de estos jóvenes puede eclipsar los logros y el legado de sus padres.

¿Cómo evitar que caigan en desvergüenza y controversia? Educación, comunicación y establecimiento de valores sólidos. Inculcar un sentido de responsabilidad, empatía y comprensión de las ramificaciones de sus acciones. La exposición mediática e influencia no son pretexto para eludir el adeudo personal.

La relación entre hijos, política, poder y desvergüenza es compleja y multifacética. Los hijos de líderes políticos tienen la oportunidad de aprovechar su posición para hacer el bien y marcar una diferencia positiva. Sin embargo, deben reconocer la importancia de su papel público, la necesidad de actuar con integridad y compromiso. El desafío radica en encontrar el equilibrio entre la libertad de expresión individual y la responsabilidad inherente a su posición privilegiada.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

ASI Venezuela exige la libertad plena de líderes sindicales condenados a 16 años de prisión

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Esta protesta se replicó en simultáneo ante varias sedes del Ministerio Público en varios estados del país

Miembros de la Central de Trabajadores/as ASI Venezuela exigieron este viernes, 18 de agosto, la libertad plena de los líderes sindicales condenados a 16 años de prisión el pasado 1 del mes en curso.

Desde la Fiscalía General, la presidenta de la organización, Marcela León, señaló que con dicha acción “se está criminalizando la actividad sindical en el país y nos pone en alerta al movimiento sindical nacional, organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado sobre la injusta condena y detención de los detenidos”.

Además, León indicó que el Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general impuesto por la ANC, Tarek William Saab, y los tribunales superiores deben “revertir esa sentencia indigna”.

La protesta también contó con la participación de dirigentes sindicales de varios estados del país y reafirmó. “Tenemos pruebas de que no hay razón para que sean condenados los seis luchadores sociales entre los que se encuentra nuestro compañero de ASI Gabriel Blanco, la sentencia no ha sido publicada al 11 de agosto, motivo por el cual seguiremos ejerciendo presión en todo el país para que haya justicia y rectificación”.

 

León entregó un documento a funcionarios de la Fiscalía, en el cual la central exige la revisión y anulación de la acusación fiscal y de la sentencia.

También, la presidenta de ASI Venezuela argumentó que durante el desarrollo del juicio “no hubo pruebas que comprobaran supuestos actos contra el Estado venezolano”.

“Estamos preparando las apelaciones correspondientes a estos casos, seguiremos en la calle y no vamos a parar. Hoy consignamos un documento ante el Fiscal General y cumplimos con el canal regular de denuncia; nos informaron que debemos regresar en 15 días para una respuesta pero nosotros vamos a seguir exigiendo justicia y libertad plena lo antes posible para nuestros hermanos trabajadores y dirigentes sindicales. La sentencia a 16 años de presión debe ser anulada”, sentenció.

Esta protesta se replicó en simultáneo ante varias sedes del Ministerio Público en varios estados del país.

*Nota de prensa

Participación de vicerrectores de la UCV en junta ad-hoc de la Cruz Roja debió aprobarla el Consejo Universitario

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La vicerrectora académica de la UCV, Fátima Garcés,  forma parte de la junta directiva ad-hoc de la Cruz Roja de Venezuela tras ser intervenida por el TSJ,. Mientras que el vicerrector administrativo, José Balbino León, figuró en una imagen con dicho grupo
Cuatro representantes profesorales ante el CU de la UCV alertan que la participación de vicerrectores en la junta interventora de la Cruz Roja debió ser autorizada en consejo universitario extraordinario
“Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho y  al debido proceso”, alertaron

 

Cuatro representantes profesorales ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fijaron posición en una carta pública sobre la participación de la vicerrectora académica Fátima Garcés en la nueva directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, que se constituyó tras intervención del Tribunal Supremo de Justicia. 

“Nosotros los abajo firmantes, miembros del Consejo Universitario de la UCV, queremos dejar constancia de nuestra preocupación por la participación de la vicerrectora académica y, de manera no oficial, el vicerrector administrativo, en la junta interventora de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Dicha participación no puede ser asumida como una decisión personal sin afectar la imagen de la Universidad Central de Venezuela”, se lee en el texto.

Afirman que en las reseñas curriculares de los miembros de la junta interventora hacen referencia a “su condición de autoridades de la UCV”.

El vicerrector administrativo al que hacen referencia es José Balbino León. Aunque no fue mencionado oficialmente como parte de la directiva provisional de la Cruz Roja tras la intervención (como sí pasó con Garcés), apareció en una imagen junto a miembros de esa directiva durante su instalación. 

León, además, salvó hace unos días su voto en el comunicado del Consejo Universitario donde se expresaba la inconformidad del cuerpo colegiado sobre el bono vacacional.

Participación debió ser aprobada en Consejo Universitario

Recuerdan, además, que la Ley de Universidades es clara al señalar que “las autoridades deben ser autorizadas por el Consejo Universitario para realizar cualquier actividad remunerada o voluntaria que asuman durante el ejercicio de su cargo”, según estipula en su artículo 162.

“Los cargos de rector, vicerrector, secretario, decano y directores de Escuela e institutos universitarios son de tiempo completo Dictes funciones y las de profesor de tiempo comploto son incompatibles con actividades profesionales o cargos remunerados que, por su índole o por su coincidencia de horario, menoscaben la eficiencia en el desempeño de las obligaciones universitarias”, reza dicho artículo. 

A juicio de los profesores que firmaron la misiva,  la importancia del asunto “obligaba a las dos autoridades rectorales a solicitar al rector que se convocase un consejo universitario extraordinario para autorizar su participación en esa junta interventora”. Pero, contrario a lo que dictaba la ley, “nada de eso ha ocurrido”.

“La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interviene una persona jurídica de derecho privado, destituye a su directiva sin siquiera escucharlos y designa a una persona externa, sin ninguna vinculación con la institución, para constituir una junta interventora. Participar en esa junta interventora es avalar una grave violación al derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho, al debido proceso y hacerse parte de una política estatal sistemática de cierre de los espacios democráticos en el país”, remarcan los miembros del Consejo Universitario en la carta,  profesores Félix J. Tapia, Jacqueline Richter, Eva Núñez y Mercedes Castro.

 

En la misiva, concluyen que la participación de dos de las autoridades rectorales de la UCV en dicha junta interventora “es un tema que escapa a una decisión personal de ellas”.

“Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por las consecuencias de este tipo de decisiones para el arduo trabajo que nos debe convocar a todos para el rescate de nuestra universidad y para cumplir nuestra función de afianzar los valores democráticos en el país”, advirtieron finalmente los firmantes. 

 

DDHH Olvidados | Alcides Bracho, el profesor sentenciado por pedir mejores salarios

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Alcides Bracho se encuentra recluido en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Antes de eso, estuvo en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, conocido como “Zona 7”
Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, ya tenía el presentimiento de que él sería condenado, puesto que previamente hubo advertencias por parte del juez Mascimino Márquez, quien le pidió que se declarara culpable porque esta sería una “sentencia ejemplarizante”

 

@Andrea_GP21

 

A eso de las 9:00 de la mañana del día lunes 4 de julio de 2022, cuando se encontraba en su casa cuidando de sus dos hijos y un sobrino, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la vivienda de Alcides Bracho, en El Junquito, y se lo llevaron detenido de forma arbitraria.

“Más de 15 hombres con armas largas entraron sin orden de allanamiento, sin orden de detención. Revisaron la casa, amenazaron a mis hijos, nos robaron dinero, equipos electrónicos y relojes. Yo puse la denuncia en el Ministerio Público pero nada de eso fue tomado en cuenta”, denuncia Yorbelis Oropeza, esposa de Bracho.

 

Alcides Bracho fue acusado de “terrorismo” por su participación en las protestas antigubernamentales y por manifestarse contra los bajos salarios. Recientemente, el 1 de agosto de 2023, fue condenado a 16 años de prisión por  “conspiración” y “asociación para delinquir” junto a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín.

 

Profesor, artista plástico y padre de familia

Alcides Bracho tiene 47 años. Es profesor de química y artista plástico. Además, desarrollaba activismo sindical en el magisterio venezolano a través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

Su esposa, Yorbelis Oropeza, contó en entrevista con Runrun.es que Bracho dejó de trabajar en el sector formal en el año 2018, tanto en la educación pública como privada. Después de eso, comenzó a trabajar de forma independiente pintando y restaurando cuadros. También impartía clases de química a estudiantes de media general. Incluso, Bracho hacía  decoraciones para fechas especiales como San Valentín y el Día de las Madres.

“Si tenía que trabajar de taxista, trabajaba de taxista. Si tenía que picar carne y vender carne, picaba y vendía (…) Lo que saliera en ese momento era el trabajo en el que mi esposo podía hacer un mejor dinero y poder mantener a la familia de cinco personas, ya que el sueldo para ese momento estaba en cinco dólares”, señaló Yorbelis.

Alcides Bracho vivía junto a su esposa, dos hijos y una sobrina que criaron desde pequeña. Su esposa cuenta que siempre han sido una familia muy unida. Viven alquilados, puesto que tuvieron que paralizar la construcción de su casa porque el dinero no les alcanzaba.

“Mi familia, a raíz de la prisión de mi esposo, está fragmentada (…) Yo me quedo en mi casa y mis hijos viven de lunes a viernes con su tía porque no tengo el dinero suficiente para pagar el pasaje, ya que yo vivo en una zona montañosa y mínimo el pasaje por persona, entre ir y venir, son dos dólares”,detalló Oropeza. 

 

Cuando fue detenido, cuenta su esposa, Bracho fue víctima de amenazas. Los funcionarios le indicaron que si no entregaban el teléfono celular, ya ellos sabían dónde vive su familia, lo que le genera temor actualmente. Es una constante la preocupación por su esposa y sus hijos.

Una amenaza previa por el juez Mascimino Márquez

Yorbelis Oropeza señala que sabía que su esposo sería condenado, pero no pensó que fuese por 16 años. Cuando supo de la condena, cuenta, se sorprendió y no supo qué decir, porque pensaba que la misma sería de unos seis años y podrían buscar, por lo menos, alguna medida cautelar como casa por cárcel.

La familia ya tenía el presentimiento de que Alcides sería condenado, puesto que previamente hubo advertencias por parte del juez José Mascimino Márquez, quien le pidió que se declarara culpable porque esta sería una “sentencia ejemplarizante”.

“Ejemplarizante. Esa fue la palabra que usó Mascimino Márquez. ¿Un ejemplo para qué? Para que cese la protesta, no hables o no digas nada. Y dijo que era mejor que se declarara culpable y así poder cambiar los delitos”, reveló Oropeza.

 

Mascimino Márquez, juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al Terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, es conocido por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. Márquez fue detenido en marzo de 2023 en medio del operativo emprendido por la administración de Nicolás Maduro contra funcionarios públicos y empresarios por presunta corrupción.

 

“No hubo una prueba física”

Yorbelis Oropeza sostiene que no existe ni una sola prueba que pueda indicar que su esposo conspiraba o planificaba una acción en contra del gobierno. Además, señala, en una de las actas queda constancia de que, desde que inició la investigación en 2020 contra Bracho y los otros detenidos, “no han materializado nada contra el gobierno”.

“No hay ninguna foto ni ninguna prueba de que ellos hayan tenido armas, pancartas (…) ni nada de lo que dijo el patriota cooperante, que es el que hace la denuncia”, declara Yorbelis Oropeza.

Además, a Bracho y a los otros detenidos por la causa se les señaló de supuestamente querer perpetrar un “secuestro” de los abuelos de Tareck El Aissami, exministro de Petróleo, algo que supuestamente pasaría el 5 de julio de 2022.  Alcides fue detenido un día antes.

“Fue detenido en su casa y las otras personas en distintos lugares. Era humanamente imposible poder reunir por lo menos a 120 hombres, o por lo menos la mitad, que pudieran trasladar las 120 armas y trasladarlas a Caracas (…) Es una parodia que no se sustenta ni siquiera en una película de ficción”, dijo Yorbelis.

 

Además, la esposa del preso político rechaza el accionar de la jueza Grendy Duque, quien emitió la sentencia contra Bracho. “Uno no puede creer que exista un ser humano tan falaz, tan mentiroso y que pueda dirigirse a los presos y familiares de una manera tan descarada”, señala.

El Estado no le provee alimentación

Durante unas 72 horas, cuenta su esposa, Alcides estuvo esposado a un poste sin poder ir al baño ni recibir alimentos. Después, fue trasladado a una celda donde duró varios días y los funcionarios corrieron el rumor de que era un policía y, por esta razón, fue “maltratado por los presos”, hasta que pudo explicar quién era y la población carcelaria lo acogió por su condición de profesor y de preso político.

Actualmente, Bracho se encuentra recluido en el centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Antes de eso, estuvo en el Centro de Control y Resguardo del Detenido de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleita, conocido como “Zona 7”.

“Hay que llevar la comida todos los días. El Estado no provee ningún alimento a los presos”, cuenta su esposa, Yorbelis Oropeza.

Bracho, según revela Yorbelis, ha padecido problemas respiratorios continuos y afecciones en la piel causadas por el calor. Y en el centro de detención cobran a los presos por afeitarse, pero ella no siempre tiene recursos económicos suficientes porque es quien se encarga de toda la familia y, como es profesora, no alcanza el dinero que puede generar.

 

“He recibido algunas ayudas de exalumnos y de familiares que están fuera del país. Sin embargo, mantener un preso en una cárcel de Venezuela, por ejemplo en el caso de mi esposo, ronda entre los 400 y 500 dólares. Es un alto costo mantenerlos ahí porque el Estado no proporciona absolutamente nada”, dice Yorbelis.

El preso político también sufre de hernias discales y daño a uno de los nervios, lo que ha empeorado con este proceso, porque debe dormir en el suelo. También ha perdido masa muscular.

“Mi esposo es un preso de algún funcionario del gobierno”

Yorbelis Oropeza señala que próximamente harán una apelación por la condena de su esposo, aunque dice que la hará no porque crean en el sistema de justicia venezolano, sino para demostrar a nivel internacional “que en Venezuela las leyes están sesgadas y que responden solo a intereses del gobierno”.

Oropeza señala que el juez Mascimino Márquez le hizo saber que su esposo es “un preso de algún funcionario del gobierno”, pero no saben cuál.

“Mi esposo ha podido comprobar cómo cuando ellos están en una audiencia llaman a la jueza ​​o llaman al fiscal y se detiene. Reciben órdenes”, revela Yorbelis Oropeza.

También, rechazó las declaraciones del fiscal general impuesto por la extinta ANC, Tarek William Saab, porque considera que ha tratado de “vilipendiar y dañar la imagen” de su esposo “como profesor, trabajador y sindicalista, en unas declaraciones que se alejan totalmente de la verdad”.

Lluvias, calor y almacenamiento de agua favorecen proliferación de mosquito transmisor del dengue

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El dengue es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos, que causa fiebre alta, dolor en músculos y articulaciones y erupción
Los agentes transmisores del virus, los zancudos Aedes aegypti se reproducen con más facilidad, por el aumento de las lluvias y la falta de suministro de agua, que implica el almacenamiento del líquido en recipientes por varios días

 

El dengue está repuntando en Sudamérica y en Venezuela. Los agentes transmisores del virus, los zancudos llamados Aedes aegypti, se reproducen con más facilidad por el aumento de las lluvias y la temperatura cálida que genera el evento climático de El Niño.

Está enfermedad viral de prevalencia en las áreas tropicales y subtropicales origina síntomas como fiebre alta que suele durar entre 5 y 7 días que se acompaña de sarpullido, dolor de cabeza, principalmente detrás de los ojos, y dolor en los músculos y las articulaciones.

Al ceder la fiebre, aparece una erupción muy rojiza que se acompaña de mucha sensación de picazón, sobre todo en palmas de las manos y plantas de los pies.

La especialista en Infectología del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), doctora Tatiana Drummond, aseguró que los nuevos casos de dengue se han presentado en Sudamérica desde finales del año pasado comenzaron en Brasil, pero que es en Perú donde se está registrando una de las “peores epidemias de esta enfermedad de los últimos 10 años”.

Explicó que el incremento de los casos es una situación cíclica que se produce cada 5 años. La última vez en Venezuela sucedió en 2015.

La importancia de acudir al médico

Drummond destacó que no existen datos exactos que indiquen la cantidad de personas infectadas por dengue en el país, aunque en todos los estados se observan aumento de consultas por dengue: “Igualmente, se presentan otras arbovirosis cíclicas como la fiebre amarilla y el zika”.

La especialista de Grupo Médico Santa Paula dijo que ante un malestar con cuadro febril, se debe acudir al pediatra si el paciente es un niño, y al internista, si se trata de los adultos.  Estos especialistas deben hacer el diagnóstico y aplicar el tratamiento adecuado, y si el estado del paciente se complica, es necesario involucrar a un infectólogo.

Dengue y falta de agua

Por otra parte, la infectólogo mencionó que en Venezuela el dengue tiene que ver también con la falta de suministro continuo de agua. 

Ante este problema, las personas se ven en la necesidad de almacenar el líquido en recipientes que, por lo general, permanecen destapados, lo que facilita la proliferación de los zancudos y el contagio del virus, ya que estos insectos no son de agua sucia. 

Mencionó que para evitar la proliferación de zancudos debe haber un control a nivel gubernamental, que ayude a prevenir el desbordamiento de las quebradas en períodos de lluvia y la formación de pozos de agua.

Asimismo, es necesario que las personas en sus hogares eviten la reproducción de estos insectos al cubrir depósitos de agua de cualquier tamaño y cambiar diariamente el agua de los floreros si los tienen, entre otros.

Una persona se puede infectar cuatro veces

El dengue posee cuatro serotipos, por lo que una persona puede infectarse con el virus esa misma cantidad de veces, de las cuales la segunda es la más fuerte para el organismo, pero no porque la afección sea más grave, sino porque el cuerpo reacciona con mayor agresividad, señaló la infectólogo del GMSP, tras aclarar que ninguno de los serotipos del dengue posee un nivel de gravedad mayor.

Indicó que luego de infectarse de dengue por primera vez, es importante tomar medidas de cuidado, debido a que la segunda ocasión en la que se padece el virus el cuerpo sufre un daño mayor.

En esta segunda ocasión puede deshidratarse más que en la primera oportunidad y presentar una fiebre muy alta, plaquetas bajas y sangramientos, que pueden llevar a una hemorragia profusa y shock.

Recordó también que en caso de fiebre, está desaconsejado el empleo de ibuprofeno y diclofenaco en pacientes con dengue, porque ocasionan sangrado con mayor facilidad. Por eso, los únicos medicamentos que se deben consumir para la fiebre son acetaminofén o paracetamol, con intervalos de cada 6 horas, según la dosis que indique el médico.

Para tratar el dengue es necesario consumir abundante agua, porque el paciente se deshidrata, lo cual complica su estado de salud. La  infectólogo tambié dijo que la persona infectada no debe ingerir bebidas azucaradas porque aumentan la necesidad de orinar, lo cual contribuye con la deshidratación.

Por otra parte, mencionó que el agua de coco puede ser un buen hidratante para pacientes con dengue, ya que posee una baja cantidad de azúcar.

 

Autoridades reaccionan ante reportaje que revela red de extorsión policial en la Cota 905

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Durante la semana en la que se difundió el reportaje, funcionarios de la GNB que custodiaban parte de la Cota 905 recibieron la orden desde la Comandancia General de retirarse del lugar 

 

La investigación Extorsión uniformada: los policías que someten a la Cota 905, publicada el pasado 8 de agosto por la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual, generó reacciones en autoridades del Gobierno nacional.

Durante la semana en la que se difundió el reportaje, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodiaban parte de la Cota 905 recibieron la orden desde la Comandancia General de retirarse del lugar. Una fuente aseguró a El Pitazo que al solicitar su retirada, se mencionó el trabajo periodístico y un oficial les aseguró a los funcionarios que “la GNB no fue mencionada en el escrito”.

Ahora el resguardo de la comunidad sólo depende de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), organismo señalado por los habitantes de gestionar una red de extorsión contra la comunidad, tal y como se reseñó en la investigación.

Las ocho alcabalas que usan policías para cometer las extorsiones, según denunciaron habitantes de la Cota 905, se mantenían en los mismos puntos hasta l jueves 17 de agosto. Un vecino, quien pidió el resguardo de su identidad, aseguró que tres días después de la publicación ingresó al sector Las Cumbres un contingente de motorizados de la PNB que repartieron juguetes a niños y compartieron en un plan vacacional.

Esta actividad a la que se refirió el habitante fue encabezada por el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, Endes Palencia, quien llegó al lugar junto a Rubén Santiago, director de la PNB.

El viceministro aseguró que en dicho evento “300 funcionarios de este cuerpo de seguridad se desplegaron para realizar actividades formativas, culturales y deportivas”. En las fotografías difundidas se observan a uniformados de la PNB preparando perros calientes, coloreando y jugando con niños de la comunidad. Esta actividad fue replicada en las cuentas de Twitter de la PNB, del Cicpc y de policías estatales y municipales.

La Cota 905 fue tendencia en Venezuela a través de las redes sociales debido a la difusión del trabajo que evidenció el patrón extorsivo que aplican uniformados de la policía contra vecinos y visitantes. El reportaje fue replicado por medios de comunicación nacionales e internacionales.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, republicó desde su cuenta de Twitter un comentario escrito por un periodista de Venezolana de Televisión (VTV), que aseguró que la investigación se trataba de un “fake”. “Cada vez que hay una campaña electoral, la oposición busca desempolvar el libreto de la Cota 905”, escribió.

Luego de que el ministro republicara esta crítica al reportaje en sus redes sociales, le siguieron autoridades como Mercy Bracho, secretaria general del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); Richard López Vargas, superintendente nacional antidrogas y varias cuentas oficiales de diferentes cuerpos policiales.

El 13 de agosto, otra periodista del canal del Estado, conductora del programa 360 en directo, colgó en su Twitter un video mientras iba de parrillera en una moto conducida por un funcionario de la PBN. Estaban en un recorrido por el sector y anunció que próximamente difundirá un trabajo especial desde la Cota 905.