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La generación que perdió el sueño: los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela

Venezuela es el país con la tasa de letalidad policial más alta de América Latina y, quizás, del mundo. Monitor de Víctimas, una plataforma periodística que lleva un registro de los homicidios en cinco estados del país, documentó 2.033 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2017 y 2022. Estas personas dejaron huérfanos, al menos, a 1.520 niños, niñas y adolescentes
Esta investigación busca visibilizar las historias ocultas de 26 huérfanos de la letalidad policial en Caracas, Lara, Táchira, Zulia y Sucre. A través de tres podcast se revelan los efectos de estas ausencias trágicas en sus vidas. Cada capítulo explora un aspecto de la cotidianidad de estas familias y sus traumas: su salud mental, las secuelas de sus privaciones económicas y la deserción escolar

Por Monitor de Víctimas

Hay madrugadas en las que Jennifer Blanco*, de 14 años, se despierta aterrada. No hay pesadillas, ruidos bruscos, ni nada repentino que aliente el temor. “Empiezo a mirar, toco a mis hermanos para ver si están respirando, no sé por qué tengo eso. Después, cuando veo que todo está bien, me acuesto otra vez”, confiesa. 

Aunque no puede predecir estos episodios, sí sabe cuál es su origen: empezaron poco después del asesinato de su padre, Amilcar Blanco*, quien fue presuntamente ejecutado por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, luego de participar en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2019. Una comisión policial entró a su casa en un pueblo del estado Lara, a 470 kilómetros de Caracas, sacó a sus hijos y a otros familiares y se quedó solo con él. La víctima dejó cinco niños huérfanos. Jennifer es la mayor.

De acuerdo con datos recabados por Monitor de Víctimas —una plataforma de periodismo que realiza un registro minucioso de los homicidios y los casos de letalidad policial en Caracas y otros cuatro estados de Venezuela— entre 2017 y 2022, 1.328 niños y adolescentes quedaron huérfanos producto de las muertes ocurridas por presuntas ejecuciones extrajudiciales o resistencia a la autoridad solo en Caracas. En el estado Lara —donde vive Jennifer y sus cuatro hermanos—, estas mismas causas dejaron huérfanos a 143 menores de edad, entre 2020 y 2022 (periodo del que se tiene registros). En Táchira fueron 14, entre 2021 y 2022; en Zulia, 27 solo durante 2022 y, en Sucre, 17 en el mismo año. 

Entre enero de 2016 y octubre de 2019, se reportaron 19.801 casos de resistencia a la autoridad en Venezuela, según una filtración de datos oficiales del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz a la que se tuvo acceso. 

Esta investigación, basada en datos recabados por Monitor de Víctimas y con el apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región (CAPIR), revela a través de tres podcast cómo los niños, niñas y adolescentes terminan siendo el eslabón más frágil y vulnerable de la cadena de dolientes que deja la letalidad policial en Venezuela. 

Para este reportaje especial se seleccionaron casos de víctimas de letalidad policial ocurridos entre 2017 y 2022 en Caracas y los estados Lara, Táchira, Zulia y Sucre, y dejaron huérfanos a menores de 18 años. Luego, se realizaron más de 30 entrevistas en persona a los niños, niñas, adolescentes y a sus madres y cuidadores por medio de dos formularios que indagaron sobre el estado físico y nutricional, la escolaridad, la salud mental, la carga familiar, la recreación y el afecto que reciben los pequeños. 

A través de las historias de nueve víctimas de la violencia policial, que dejaron 26 huérfanos en cinco estados del país, un equipo periodístico identificó cómo las familias —y, en particular, los más pequeños— se transformaron y comenzaron a experimentar una serie de consecuencias psicológicas, como los terrores nocturnos de Jennifer, además de carencias alimenticias, educativas, materiales y afectivas, luego de las presuntas ejecuciones de sus progenitores. 

Los relatos, acompañados de las opiniones de psicólogos, sociólogos y antropólogos consultados para este trabajo, se presentan en esta serie de podcast que explora tres aristas del problema: salud mental, privaciones económicas y educación.

Escucha el especial “La generación que perdió el sueño. Los huérfanos de la letalidad policial en Venezuela” haciendo clic en esta imagen:

Pensionados de la CVG en huelga de hambre luchan contra la indiferencia del Estado y organismos internacionales

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Entre otras cosas piden prestaciones sociales justas y atención a problemas de salud

 

Cinco días en huelga de hambre llevan un grupo de pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), quienes se apuestan frente a la entrada de la empresa para exigir sus derechos laborales tras ser ignorados por todas las instancias administrativas disponibles, tanto nacionales como internacionales.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Bolívar, Hugo Medina, explicó a TalCual que esta decisión de protesta extrema se tomó después de meses de intentos de comunicarse con autoridades de la estatal, funcionarios de instituciones nacionales y organismos internacionales.

«Lo que nos indujo a la huelga es que agotamos todas las vías administrativas que permite el ordenamiento jurídico venezolano y los pactos internacionales. Elevamos denuncias a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero nunca recibimos respuesta», alertó.

Su insistencia le condujo a ser atendido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, el pasado 26 de enero. El funcionario prometió denunciar la situación e interpelar al Gobierno, pero ocho meses más tarde, no hay pronunciamiento sobre la situación que padecen cientos de pensionados de la CVG.

Los mecanismos nacionales tampoco han sido capaces de ofrecer intermediación o respuesta alguna, habiendo acudido ya a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República e incluso a la Vicepresidencia Ejecutiva, para recibir como respuesta el silencio administrativo que no es atípico en la administración de Nicolás Maduro.

La huelga, finalmente, recibió como respuesta un acercamiento por parte de las autoridades de la CVG. El mismo miércoles 16 de agosto, día en el que inició la protesta, el vicepresidente de la CVG, Alexis Rodríguez Cabello, pidió que levantaran la huelga y se comprometió a concederles una reunión una semana más tarde, pero se negó a firmar un acta que dejara documentado este pacto, por lo que los manifestantes decidieron continuar.

Medina afirma que no es la primera vez que creen en la palabra de la directiva de la compañía para luego ser ignorados, pues en abril sostuvieron un encuentro con el presidente Héctor Silva, quien no cumplió con la palabra prometida en aquel momento.

«El 5 de abril nos reunimos con el presidente Héctor Silva. Tras hacer los planteamientos quedó en que, 15 días después, él nos daría respuesta. No ha habido tal respuesta ¿Cómo confías en la palabra del vicepresidente si el presidente no cumplió con su palabra?», cuestionó.

El petitorio de los pensionados de la CVG

Las denuncias que ha elevado la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados de Bolívar desde hace meses se centra simplemente en el respeto de los derechos laborales que ya poseen estas personas, que han sido ignoradas por las autoridades pese a las décadas de servicio y trabajo para la compañía.

En primer lugar, solicitan una medida humanitaria que permita la habilitación de clínicas en las ciudades de Upata, San Félix, Puerto Órdaz y Ciudad Bolívar, para que los pensionados puedan atender sus problemas de salud.

La segunda solicitud consiste en alcanzar un acuerdo y una fórmula coherente para recalcular las prestaciones sociales que reciben los pensionados jubilados entre 2016 y 2023, destruidas por la devaluación del bolívar y el incumplimiento de compromisos laborales por parte de la CVG.

Una de las trabas para este recálculo recae en la CVG, que dejó de entregar recibos de pagos a sus trabajadores desde hace cinco años, por lo que los empleados de la compañía desconocen cuáles son sus deducciones, bonos nocturnos, horas extra y todos los datos relativos a sus remuneraciones, sin los cuales es imposible hacer un cálculo adecuado.

«Necesitamos sentarnos en una mesa a hacer revisiones exhaustivas para hacer el ajuste para cada pensionado. La remuneración debe corresponder a lo que gana su homólogo activo dentro de la planta», señaló Medina.

Por otra parte, se exige una actualización en lo que respecta a las acciones clase B de Sidor que poseen más de 5.8000 trabajadores. Pese a que la mayoría desea venderlas, no tienen ninguna información sobre el estado de la empresa ni el valor de cada activo, por lo que es imposible colocarlas en el mercado, contraviniendo las responsabilidades de una empresa con sus accionistas.

«No se les permite saber cuánto produjo la empresa al año. Discutimos con Rodríguez Cabello y nos preguntaba cuál es el valor de las acciones, pero esa información la tiene la CVG. Solicitamos que se instale una mesa conciliatoria para dilucidar lo que tiene que ver con la venta de las acciones», propuso.

La estatal se escuda con que también desconoce la información relativa a las acciones, pues la gerente de recursos humanos de la compañía notificó a los trabajadores que ese «material» fue decomisado por la Policía Nacional contra la Corrupción como parte de la investigación a la empresa en el marco de la trama de corrupción «Pdvsa Cripto».

Finalmente, Medina destacó que también piden el respeto de la pensión de sobreviviente, una compensación que se otorga a familiares de un trabajador fallecido, según contempla la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat).

«Producto de la desnutrición, los trabajadores vienen feneciendo y las empresas no reconocen la pensión de sobreviviente a viudas y viudos», explicó.

 

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¿Qué sí es la primaria y qué no es? El Guachimán Electoral responde de voz de tres expertos

No es vinculante y conlleva desafíos, pero es un mecanismo de concertación con un efecto moral entre quienes adversan al gobierno de Nicolás Maduro. Su éxito o no dependerá del volumen de participación que pueda lograr

 

Ibrahim López Piñero

 

De acuerdo con la Real Academia Española una elección primaria es un sistema de selección que puede ser usado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a determinados cargos de elección popular y cuyos resultados son vinculantes para esas organizaciones y quienes participan en ellas. En Venezuela este tipo de proceso adquiere una resignificación debido al complejo contexto del país. 

Para la consultora en Estrategia y Comunicación Política, Mayra Contreras la polarización y la dinámica de la vida política de los últimos años ha convertido al mecanismo de elección primaria en una referencia para unificar fuerzas en contra de un adversario común. Subraya que esa estrategia es de uso obligatorio en otras latitudes.

“No es vinculante legalmente porque no hay ley que exija a coaliciones, partidos, organizaciones o movimientos que deben definir un candidato por una elección primaria. En este caso es por voluntad propia, el que no desea participar no tiene consecuencias más allá de perder o no el reconocimiento y apoyo de algún sector pero no es vinculante legalmente”, indica la también docente de la Universidad Central de Venezuela y Universidad Santa María.

Contreras considera que, por ejemplo, la elección primaria del año 2012, donde Henrique Capriles resultó ganador, demostró que cuando la oposición logra aglutinarse, moviliza mayor cantidad de electores y obtiene victorias. “Eso se pudo observar en el año 2015, cuando la oposición con la campaña de unidad logró mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Si van unidos logran mayor apoyo. No es vinculante de manera legal, pero sí moralmente porque representa a ese sector de la oposición”, apunta.

Mecanismo de concertación 

Raniero Cassoni, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos (Aveconpol), explica que para este 2023 se busca además alcanzar una concertación entre los diferentes sectores de la oposición en función de las dificultades que representa la realización de la primaria y los acuerdos que deben derivar de ella, que a su juicio, no deben ser únicamente de la dinámica electoral.

“Considero que es un evento vinculante en lo político porque toda decisión, toda consulta ciudadana es vinculante. Todo evento político que implique una consulta genera una vinculación de tipo auctoritas moral a lo político. Ahora, desde el punto de vista legal, no hay nada legal más allá del artículo 70 de la Constitución que indica que toda consulta ciudadana es vinculante”, detalla Cassoni.

Resalta el director ejecutivo de la firma de consultoría Poliestrategia y miembro de la American Association of Political Consultans (AAPC), Luis “Toty” Medina que los partidos políticos venezolanos tenían más disposición para una negociación y acuerdo pero la opinión pública impuso a las organizaciones la elección primaria. “Ninguna de las organizaciones partidistas tenía la fuerza para imponer un candidato que concitara ese consenso y generase una unificación. Tampoco había un liderazgo capaz de hacerlo, de generar consenso unánime o mayoritario en torno a su figura”, señala.

Medina coincide con Cassoni en que toda elección es vinculante para quienes participan como organizadores, candidatos, organizaciones postulantes o electores. No obstante, advierte que el nivel de efecto vinculante sobre el resto de la sociedad es relativo. “Todo dependerá del nivel de participación que consiga alcanzar la elección primaria. Con una participación elevada de 3 millones o más, su legitimidad será incuestionable y su efecto vinculante sobre otros espectros políticos será muy amplio. Una participación media, de 2 millones a 2 millones y medio de electores, le dará legitimidad más no así un efecto vinculante más allá de lo interno”, indica Medina.

Desafíos de la primaria

Ambos analistas, también consideran que el primer desafío que se presenta ante la elección primaria es el organizativo, y el segundo es el de lograr la concertación política en caso de que el proceso no se lleve a cabo. Para Luis “Toty” Medina, el reto logístico prepara para los demás que le sucederán, como el de lograr el reconocimiento de los resultados por parte de las fuerzas postulantes y las agrupadas en la oposición.

“Y por último, pero no menos importante, conseguir una participación considerable de la sociedad venezolana. Este tipo de procesos electorales de suyo concitan poco interés, dada su naturaleza interna. De manera que una alta participación en ese evento sería el máximo reto a vencer, pero también el mayor éxito alcanzado sí se lograse ese objetivo”, apunta Medina.

Para la consultora en Estrategia y Comunicación Política, Mayra Contreras existen también otros obstáculos que sortear: la Asamblea Nacional de 2020; la nueva directiva del CNE -aún sin designar- y el mecanismo político conocido como inhabilitaciones. “Esto se le escapa de las manos a todos los actores de la oposición. Los que participen de las primarias y los que no participen de las primarias”. 

Por denuncias de abuso sexual, Fiscalía investigará a activista LGBTIQ Michelle Artiles

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Presuntamente abusó de varias personas e igualmente estafó con dinero a las fundaciones para las que trabajaba

 

Este viernes 18 de agosto, el fiscal general de la República impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, informó por medio de su cuenta en X que designó a la Fiscalía 98 Nacional en materia de Derechos Humanos (DD. HH.) para investigar los hechos denunciados públicamente contra la mujer trans Michelle Artiles, activista de la comunidad LGBTIQ.

Artiles, también conocida como “Migurtcita” en redes sociales, fue blanco de denuncias de supuestas víctimas que señalan que fueron abusadas y acosadas.

De acuerdo con denuncias en X, la activista transgénero abusó presuntamente de varias personas, aunado a supuestamente manipular y estafar con dinero de las fundaciones para las que trabajaba.

Por esta causa, Artiles cerró sus cuentas en redes sociales.

Algunas mujeres declararon que habían sido víctimas de abusos sexuales y psicológicos por parte de Artiles y otras denunciaron situaciones de robo y estafa.

La organización Girl Up Venezuela emitió un comunicado en el que asegura que ninguno de sus miembros tenía conocimiento de las acusaciones y testimonios que se han hecho públicos contra Michelle Artiles y que por respeto a las víctimas fue expulsada del club.

“Expresamos y extendemos nuestro apoyo y solidaridad a todas las víctimas que se vieron afectadas por la persona antes mencionada. Seguiremos luchando para asegurarnos de que nuestro entorno sea inclusivo, respetuoso y enriquecedor para todos”, es parte del texto publicado.

 

Vecinos rechazaron visita de Maduro a La Vega

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Habitantes del sector dijeron que lo pasearon por el sector “que está bonito”

 

Con rechazo, así reaccionaron algunos habitantes de La Vega ante la visita de Nicolás Maduro al sector para entregar un ambulatorio que fue reacondicionado y celebrar el 10º aniversario del Sistema de Misiones y Grandes Misiones. Los vecinos cuestionaron su recorrido puesto que solo fue a una de las zonas que integran este sector popular y no se ofrecieron soluciones a los problemas que enfrentan sus residentes.

“El día anterior había llovido horrible y toda La Vega era un desastre, será por eso que lo metieron por la vereda y no por la calle principal ”, dijo a El Pitazo la residente de la parte alta de este sector, Yahimi Pacheco.

La joven aseguró que esta visita fue diferente a otras que han realizado algunos dirigentes gubernamentales porque en está ocasión no pintaron ni arreglaron la zona por donde iban a pasar. 

“Lo metieron por una de las zonas más bonitas porque incluso si te metes más arriba llegas a la plaza que está bien, pero como yo le digo a los dirigentes políticos métanse para el barrio, barrio adentro”, dijo habitante de La Vega.

Pacheco aseguró que la visita de Maduro fue recibida con descontento entre los vecinos, según lo que pudo observar en sus estados de WhatsApp, quienes compartieron los videos de su visita para quejarse. 

“¿Qué es esto? ¿Qué hace este señor aquí? ¿Por qué lo subieron por la ladera y no por la principal para que viera los problemas que hay sobre todo en la vialidad?”, dijo la residente de La Vega. 

 

Recalcó que los problemas viales son algunos de los que más aquejan a la comunidad, porque reparan las fallas pero a los días caen precipitaciones y se levanta el asfalto. A esta situación le siguen las demoras en la recolección de basura, en la distribución de bombonas de gas doméstico y con el surtido del agua potable. 

“Todo sigue igual, los huecos siguen allí, el problema de la vialidad sigue igual. Yo que transito todo porque vivo en la parte alta veo cómo el transporte sufre para llegar a ciertos lugares por los huecos, por el tema de la basura. Pero él (Maduro) visitó un sector muy pequeño de La Vega porque esta parroquia es grandísima”, dijo Pacheco.

Reacción en las redes ante visita de Maduro

La visita de Maduro y su tren ministerial a La Vega también causó rechazo en las redes sociales, donde los internautas aprovecharon los comentarios para cuestionar la cantidad de escoltas que lo acompañaron y que limitaron el acercamiento de los residentes para manifestar sus demandas.

“¿Cuál es el miedo, por qué militarizar toda la zona a donde llegan? ¿Cuál es el miedo? ¿Les tienen miedo a un pueblo que los ama y están locos por reelegirlos?”, escribió Othoniel Olivo en uno de los vídeos que se ha viralizado en las redes sociales.

Por su parte, Rosalba Arellano señaló: “Cilia conoce muy bien La Vega, puro escolta y los pocos arrastrados que quedan, que tristeza”. 

CLAVES I  Gobierno de Maduro sigue llenando de piedras el camino de la CPI

Denuncian aislamiento de dos presos políticos en El Helicoide

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De acuerdo con el abogado Zair Mundaray se trata de el capitán Juan Caguaripano y el sargento Juan Carlos Monasterios

 

El abogado Zair Mundaray comunicó a través de la red social X (antes Twitter) que a dos presos políticos, el capitán Juan Caguaripano y el sargento Juan Carlos Monasterios, los sometieron a aislamiento en la prisión de El Helicoide.

La medida, que tuvo lugar en la madrugada del jueves 17 de agosto de 2023, se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por la integridad de los detenidos en el recinto.

“Nueva arremetida contra los presos políticos en El Helicoide. Desde la madrugada de hoy (jueves) encerraron aislados al capitán Caguaripano y a Juan Carlos Monasterios (cuya madre se encuentra en desaparición forzada en manos del Estado desde hace dos días). Hay otros presos políticos a quienes han aplicado esta medida”, indicó el abogado Mundaray.

El aislamiento se considera un nuevo ataque contra los detenidos por razones políticas en El Helicoide. Esto se suma a la creciente inquietud por el bienestar de los detenidos, quienes en ocasiones anteriores ya han sufrido por esta medida punitiva.

El abogado Mundaray destacó la relevancia de la intervención de la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Esto, con el fin de asegurar la integridad y el respeto a los derechos fundamentales de los presos políticos que permanecen en custodia del Estado.

 

LEA  ONG y defensores denuncian detención de madre del sargento y preso político Juan Carlos Monasterios

Tamara Adrián: “La juventud debe ser prioridad para el cambio político y económico”

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La precandidata invitó a los opositores a sumar esfuerzos para impulsar la participación de la población joven en la política venezolana, y pidió “no despreciarlos”

 

La precandidata presidencial Tamara Adrián considera que la juventud es “fundamental” para alcanzar el cambio político en el país. Asimismo, instó a la oposición a “sumar esfuerzos” para impulsar la integración de la población joven en política.

“La juventud venezolana debe ser prioridad para el cambio político y económico, como piedra fundamental para garantizar el futuro de la nueva Venezuela que desea con urgencia la transformación del Estado para lograr plenas libertades en materia de inclusión, educativa, científica, de empleo y verdaderas oportunidades”, afirmó Adrián a través de una nota de prensa.

La precandidata invitó a los opositores a sumar esfuerzos para impulsar la participación de la población joven en la política venezolana, y pidió “no despreciarlos”.

Plataforma Unitaria alerta de supuesto plan contra las primarias

La oposición aglutinada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) alertó este lunes de un supuesto plan contra las primarias del 22 de octubre, en las que se definirá al candidato que enfrentará al chavismo en las presidenciales de 2024.

“Queremos denunciar el plan que Nicolás Maduro, a través de sus distintos voceros, ha emprendido en contra del derecho del pueblo venezolano de escoger a su candidato unitario por medio de una elección democrática”, dice un comunicado de la coalición antichavista.

Advirtieron que “desde hace semanas”, representantes del chavismo “han desarrollado una línea comunicacional que vincula a la primaria con la violencia”, luego de que Maduro denunciara que la oposición busca desestabilizar el país.

“Han sido ellos (el chavismo) los que sistemáticamente han ejercido violencia sobre candidatos, en los distintos recorridos que están realizando por el país”, prosigue la PUD en alusión a las agresiones y amenazas sufridas por varios de los 13 candidatos a las primarias en las últimas semanas.

La oposición reiteró su compromiso “de alcanzar el cambio en 2024, a través del camino constitucional, pacífico, electoral y democrático del voto”.

Con información de EFE

Algunos también quieren sacrificar la sociedad civil

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Ni siquiera cuando el chavismo mete las narices en la sociedad civil, los opinadores políticos de “oposición” dicen “basta”. Lo vemos con la intervención de la Cruz Roja Venezolana por orden del TSJ

 

@AAAD25

No es ningún secreto para nadie que un sector de la opinión pública que se identifica como “opositor” está haciendo un esfuerzo deliberado por racionalizar la sumisión al statu quo oprobioso que el chavismo dicta. Es un fenómeno al que llamo “adaptación disfrazada oposición”. A sus promotores, “traficantes de conformismo”. Ignoran los reportes de torturas y violaciones de derechos humanos, así como a los presos políticos (o solo los tienen en cuenta como fichas de canje en los intentos estériles de diálogo con el gobierno). Restan importancia al malestar económico y social alegando que lo peor de la crisis quedó atrás y omitiendo que seguimos en un foso de miseria. Rechazan, sobre todo, cualquier acción que incomode al gobierno, en nombre de una supuesta “convivencia” entre grupos que no es otra cosa que la opresión de uno por el otro.

Pudiera uno pensar que si la persecución de dirigentes opositores, activistas de derechos humanos o hasta ciudadanos comunes que protestaron pacíficamente en la calle no los conmueve, pues entonces una arremetida contra entes de la sociedad civil totalmente apolíticos sí. Después de todo, parte de su ethos consiste en repudiar el “radicalismo” que guio al liderazgo opositor entre 2015 y 2021 e intentar una aproximación a la elite chavista que no le exija cambios en el orden político y que más bien se centre en “atender las necesidades de la gente”.

En otras palabras, plantean una especie de postergación por tiempo indefinido del reclamo por democracia y Estado de derecho a cambio de que el chavismo permita a la población desempeñar sus actividades privadas de manera tal que haya cierto grado de prosperidad material. Entonces, lo que al parecer pretenden es que el país entero se resigne a aceptar el estrangulamiento de la “sociedad política” con tal de que se deje en paz a la sociedad civil.

Pero resulta que no. Ni siquiera cuando el chavismo mete las narices en la sociedad civil, estos señores dicen “basta”. Es lo que podemos ver con la intervención de la Cruz Roja Venezolana por orden del Tribunal Supremo de Justicia. Muchos de ellos no se dignaron a comentar el hecho. Otros tuvieron el descaro de celebrarlo y de señalar a quienes expresaron preocupación o molestia de ser “extremistas” y de carecer de talante democrático. Su argumento es que los seleccionados para la junta interventora no son militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y que por lo tanto se debe confiar plenamente en ellos (omitiendo que uno de los integrantes es el esgrimista olímpico Rubén Limardo, quien fuera diputado suplente por voto lista del PSUV en la Asamblea Nacional electa en 2015; ignoro si Limardo es un militante activo del partido, pero, como diría Cantinflas, ahí está el detalle).

De buenas a primeras, no tengo nada personal contra el roster de la junta interventora, aunque sí pienso que en algunos casos sus posturas sobre cómo lidiar con un régimen autoritario son cuanto menos terriblemente inocentes. Pero ese no es el punto. El punto es que el proceso de entrada constituye una injerencia indebida del Estado en la sociedad civil. Para colmo, hablamos de un Estado condicionado a los caprichos de la elite gobernante.

Su proceder en esta oportunidad es bastante parecido al que tuvo con varios partidos de oposición. A saber, aprovecharse de un problema interno para decapitar el liderazgo de una organización y designar a dedo uno nuevo. Un asalto al derecho de asociación. Todos sabemos lo que pasó después con los partidos intervenidos: cooptación y alineación con los intereses del chavismo. Ergo, es razonable considerar la posibilidad de que con la Cruz Roja suceda algo parecido, incluso si las intenciones de los miembros de la junta interventora no son esas (en cuyo caso, si empiezan a incomodar, el TSJ los puede apartar en un dos por tres).

Téngase en cuenta además el contexto en el que opera la Cruz Roja intervenida. Venezuela sigue en emergencia humanitaria. Si hay una situación en la que la Cruz Roja puede tener una actividad atípicamente alta, pues esta es. Mucha actividad significa muchos recursos. Dinero. Y mientras tanto, nos estamos acercando al primer cumpleaños de un acuerdo social negociado entre el chavismo y la oposición, único resultado hasta ahora del accidentado y mórbidamente lento ciclo último de diálogo entre las partes. Aunque en teoría los fondos serían manejados por la Organización de Naciones Unidas, el gobierno ha dado en todo momento señales que no van en esa dirección. Pareciera que quiere ejercer un control único sobre los recursos. De ahí su exigencia de que se le entreguen todos los activos de la República en el extranjero, confiscados por gobiernos como forma de presión. Activos cuyo valor pudiera financiar el acuerdo social. Aten cabos.

Puede que la pretensión de controlar la sociedad civil haya sido cuestión de tiempo. Si bien el chavismo, al menos temporalmente, desistió de su objetivo totalitario de absorber a toda la sociedad y moldearla de acuerdo con un dogma ideológico inflexible, es evidente que aún aspira a tener dicha sociedad subordinada a sus intereses, así sean estos más banalmente crematísticos que dogmáticos. Claro, una sociedad civil autónoma es en esencia un hervidero no solo de ideas plurales, sino de intereses diversos. Ideas e intereses que pueden contravenir los de la cúpula gobernante. De ella surge un impulso, un espíritu si se quiere, cívico. De resolución ordenada y civilizada de problemas. En su estudio de la entonces joven república norteamericana, Tocqueville señaló que la tendencia centenaria de sus habitantes a formar asociaciones civiles fue uno de los factores detrás del éxito de la democracia en Estados Unidos.

Naturalmente, el chavismo no quiere saber nada de eso. Y los traficantes de conformismo en el mejor de los casos no vieron la relación inmanente entre una sociedad civil autónoma y un Estado democrático. Son cosas distintas, pero van siempre de la mano, como cónyuges. Si ahora lo están notando, por lo visto no les importa. Otro sacrificio más para, volviendo al principio de este artículo, racionalizar el sometimiento.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es