Desde hace más de dos décadas, los venezolanos hemos tenido un hábito muy triste pero acaso inevitable. A saber, compararnos con Cuba para entender cuán grave es nuestra situación en materia de derechos civiles y políticos. Dije que es «inevitable» porque el chavismo, una vez en el poder, no tardó mucho en hacer del régimen antillano su principal referente. Sin que ello negara en absoluto nuestra decadencia, por mucho tiempo pareció que estábamos en el lado favorable de la comparación. Incluso cuando la persecución de dirigentes opositores se agravó, a partir de 2014. Porque aunque el entorno político empeorara, la sociedad civil venezolana lucía en líneas generales mucho menos limitada por disposición de los poderosos que la cubana. Podíamos ver expresiones de disidencia y crítica, ajenas a la búsqueda del poder político, que son impensables en La Habana. Pues eso pudiera estar cambiando. Ante una dirigencia opositora en buena medida desarticulada, estratégicamente estancada y que, por tanto, no le representa un problema mayúsculo, el régimen puede dedicar sus esfuerzos a otros elementos que le son molestos. Así que es la sociedad civil la que ahora está en la mira.
Antes de proseguir, me permito un paréntesis teórico, para quienes no estén familiarizados con el concepto. Por «sociedad civil» entendemos al conjunto de individuos ajenos al Estado y a las organizaciones que aspiran a ejercer el poder del Estado (i.e. los partidos políticos). Hegel fue el primer pensador relevante en plantear esta distinción, al remarcar el carácter privado de la sociedad civil y caracterizarla como el dominio de las necesidades y relaciones económicas. Es una forma alterna de asociarse para el beneficio material mutuo. Siguiendo los pasos de Hegel, Tocqueville señala que la asociación privada (sociedad civil), tanto como la pública (sociedad política), es un blindaje contra la tiranía del egoísmo desmedido.
Aunque esta definición se concentre en la producción económica y material, la complejidad de las comunidades humanas ha obligado a expandir la idea de sociedad civil para incluir asociaciones religiosas y aquellas que aspiran a tener algún impacto público sin buscar el poder del Estado, ni algún propósito financiero o de culto. Son estas últimas las que conocemos como organizaciones no gubernamentales.
Vean nada más la situación del endeble mundo empresarial nacional. Pero las ONG, junto con los medios de comunicación, son las que están hoy en mayor peligro. Precisamente porque son la parte de la sociedad civil más próxima al ámbito público. Disculpen la tautología, pero se aclara en su denominación categórica que son «no gubernamentales» para aclarar que no son parte del gobierno, ni aspiran a serlo, aunque cumplan una función similar. Dicho coloquialmente, las ONG bailan más pegado al Estado que muchas otras partes de la sociedad civil. Ergo, tienden a ser más críticas del desempeño del Estado y a manifestarse con mayor activismo, lo que las hace más indeseables para los gobiernos. Y cuando los gobiernos no son democráticos, las ONG son más vulnerables a las represalias arbitrarias del poder público.
Las ONG venezolanas lo estás viviendo justo ahora. Ellas y sus líderes han sido el blanco de una retahíla de amenazas y acusaciones que pretenden criminalizarlas, asociándolas absurdamente con supuestos grupos delictivos cuya identidad, para variar, no es especificada ni mucho menos comprobada. De las arremetidas verbales se pasa a las físicas, como ocurrió a cinco miembros de la organización Azul Positivo, dedicada a la prevención del VIH y a asuntos de salud sexual relacionados. Los acusaron de varios crímenes, los mantuvieron un mes tras las rejas y luego los excarcelaron, pero con la obligación de presentarse cada 30 días ante un tribunal.
Lo más reciente en la campaña que pone a las ONG en jaque es una normativa, publicada en Gaceta Oficial, con el nombre pomposo de «Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo». Este dispositivo del régimen pretende obligar a las ONG a que reporten al Estado información sobre todas sus actividades y fuentes de financiamiento.
Si alguien a estas alturas pudiera tener dudas sobre lo que subyace en estas exigencias, solo tiene que prestar atención al aparato de propaganda de la elite gobernante, en el cual pululan las referidas acusaciones sobre vínculos con el mundo del crimen. Viendo en retrospectiva lo que el régimen ha entendido por «crimen», no hay que ser muy perspicaz para prever que cualquier fuente de financiamiento para las ONG que choque con los intereses de la elite gobernante pudiera ser tildada de «ilegítima», poniendo así en aprietos a los beneficiarios. Como en muchas otras instancias descritas con lujo de detalle en esta columna, el modelo a seguir es la Rusia de Vladimir Putin, donde las organizaciones no gubernamentales son sometidas a una vigilancia férrea para que no hagan nada que moleste al gobierno. En Moscú, el financiamiento es a menudo la excusa.
Pero la cosa no termina ahí. Como explicó Rafael Uzcátegui, coordinador general de la organización defensora de DD. HH. Provea, la norma también pretende que las ONG revelen los datos de sus beneficiarios. Es decir, de aquellas personas a las que les brindan algún bien o servicio. En el caso de Provea, que ha sido incansablemente diligente recibiendo denuncias de violaciones de Derechos Humanos por agentes del Estado, la revelación es una delación. La consecuencia obvia en un contexto de falta de Estado de Derecho es que las personas con denuncias se inhiban de hacerlas por miedo a represalias.
Discúlpenme si en mis artículos vuelvo a menudo al ensayo de los politólogos Juan Linz y Alfred Stepan sobre los rasgos de las sociedades democráticas, pero es que resulta una herramienta teórica muy conveniente para entender varios fenómenos de la Venezuela actual. Como he dicho antes, para estos dos expertos, una sociedad civil autónoma del Estado es una de las cinco «esferas» necesarias para considerar que dicho Estado es democrático. Al darle un rango igual al de los partidos políticos (otra de las «esferas»), los autores se atienen a la distinción hegeliana. Si las organizaciones de la sociedad civil no pueden actuar con independencia ni oponerse a los designios del gobierno, democracia no hay.
Seguro es más fácil apreciar la teoría cuando el blanco es una ONG como Provea. A partir de lo que su trabajo de denuncia supone para los poderosos, las motivaciones para atarle las manos son obvias. Pero, ¿qué hay de una ONG como Alimenta la Solidaridad, que se dedica a brindar comida a personas demasiado empobrecidas como para procurarse por sus medios una dieta completa y saludable, con foco en los niños en tal situación? En noviembre pasado denunciaron el congelamiento de sus cuentas bancarias por la Sudeban. Su director, Roberto Patiño, fue acosado por policías al punto de que tuvo que pasar un mes escondido. En fin, ¿quién pudiera objetar las labores humanitarias de Alimenta la Solidaridad o de Azul Positivo?
Marino Alvarado, coordinador de Investigación de Provea, explicó en una entrevista a Prodavinci que las ONG de este tipo entorpecen el control social del régimen sobre las masas al realizar una provisión alternativa de bienes de primera necesidad que no está condicionada a lealtades políticas de los receptores de la ayuda. Al distribuir esos bienes, también es posible que las ONG reduzcan la oportunidad de hacer negocios con sus equivalentes controlados por el Estado. Ello sería consistente con los postulados de Bruce Bueno de Mesquita y Alastair Smith, otro dúo de politólogos en el elenco habitual de esta columna, según los cuales los regímenes no democráticos no desaprovechan oportunidades de obtención de recursos para repartir entre su coalición ganadora (el conjunto de individuos que los mantiene en el poder al margen de los deseos de la mayoría de la ciudadanía) y así mantenerla satisfecha y fiel. Todo puedo ser usado con tales fines. Hasta los productos indispensables para la vida humana.
Desatender el llamado sería el colmo de la ingratitud. Esas ONG han estado al pie del cañón en la defensa de nuestros derechos. Piensen en las miles de personas que han comido gracias a Alimenta la Solidaridad, en las denuncias de Provea fuera del país o en el Foro Penal velando por los presos políticos. Yo no sé cuáles son los pasos específicos que debemos dar en este contexto tan complicado nuestro, agravado por la pandemia de covid-19. Pero me niego a abandonar a un componente importantísimo de la sociedad civil a su suerte. Como dice la consigna del momento: salvemos las ONG.
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