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DDHH Olvidados | Al estudiante Jhon Álvarez lo torturaron y acusan de conspiración

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Denuncias de tratos crueles pesan sobre los captores del estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela

 

 

Al estudiante de 23 años del primer semestre de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jhon Kelvin Álvarez Peña, lo detuvieron el 30 de agosto de este año cuando iba transitando en su moto por la avenida Bolívar de Caracas.

De acuerdo a declaraciones emitidas por el propio Jhon, fueron miembros sin identificación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes lo capturaron.

Según el abogado Joel García, a Jhon lo llevaron a Los Chaguaramos y luego a su actual centro de reclusión en la sede de la PNB en La Yaguara.

“Le robaron la moto y otras pertenencias personales”, dijo García.

El también abogado y activista sindical, Eduardo Torres, afirmó que luego de detenerlo arbitrariamente, a Jhon lo “ruleteraron” por toda Caracas y después lo torturaron. 

“El nos dijo en la audiencia de presentación que lo habían encapuchado y pegado con un bate en las costillas y extremidades, lo envolvieron en un colchón para que no se le notaran las heridas”.

García ratificó la denuncia.

“Le pegaron con tablas, le pusieron electricidad en la espalda, costados y testículos, además de eso, lo pusieron a grabar un video incriminando al dirigente sindical Carlos Salazar y al periodista y dirigente vecinal Carlos Julio Rojas”. 

“Mientras estaban grabando el video, un funcionario le dijo que si se movía se le disparaba el fusil”, agregó Torres. 

A Jhon le están imputando los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

“Lo están relacionando con el caso de los 6 sindicalistas condenados recientemente a 16 años de prisión, según la Fiscalía, Jhon estaba solicitado desde el 6 de julio de 2022”, informó García. 

Los líderes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron sentenciados a más de tres lustros de cárcel por supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Los sindicalistas fueron aprehendidos entre el 4 y 7 de julio del año pasado después de encabezar protestas callejeras exigiendo sueldos dignos y mejoras laborales.

Golpeada, pero entera

Wendelin Peña, madre de Jhon, declaró que toda la familia está destrozada. 

“Estamos destruidos, pero en pie de lucha. Jhon es una persona maravillosa y extraordinaria. Estoy segura que voy a recuperar a mi hijo porque él es inocente”.  

Acompañada de familiares, amigos y abogados, Peña entregó un documento en la Defensoría del Pueblo para que averiguen las denuncias sobre torturas.

“El tiene una condición especial porque fue operado y me preocupa su salud”, indicó Peña.  

Torres exigió la apertura de una investigación imparcial y remitir el caso de Jhon a un tribunal de derechos fundamentales.

García informó que el expediente de Jhon está en manos del tribunal 4to con competencia en terrorismo y la fiscalía 76 Nacional. 

“Estamos a la espera que nos entreguen el acta de detención para apelar por la privativa de libertad”.

Piden esclarecer hechos 

Diversos organismos dentro y fuera de Venezuela han solicitado el esclarecimiento de la detención del estudiante universitario y las posteriores denuncias de tortura.

“Las circunstancias que rodean el hecho distan de estar claras”, reza un comunicado firmado por el rector de la UCV, Víctor Rago.

“Todo esto configura un estado de cosas que suscita serias dudas acerca de las actuaciones de los órganos del Estado y sobre el respeto al debido proceso”, prosigue el documento.

“Demandamos que se giren las instrucciones necesarias para que se investiguen y sancionen las denuncias de torturas y vejaciones a las que fue sometido durante los días siguientes a su detención”, se desprende de otro comunicado rubricado por el director de la escuela de Antropología de la UCV, Angel Reyes.

Además de la UCV se han pronunciado contra la detención organismos como Provea, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, la Federación de Centros Universitarios y Amnistía Internacional. 

Como pollos sin cabeza

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La Corte Penal Internacional, CPI, está a punto de dictar sus primeras sentencias sobre el caso Venezuela. Y aquí corren como pollos sin cabeza

 

@ajmonagas

Quizás, la frase “como pollos sin cabeza” no dice nada que coincida con la normalidad de la vida. Pero dice mucho en el contexto de gobiernos cuyos descarriados ejercicios de política suelen evidenciar crisis de todo género y magnitud.

La frase que sirve de titular a esta disertación, no está completa. La expresión acabada refiere el problema que se suscita cuando por apuros que suceden en ciertos momentos, hay que “correr como pollos sin cabeza”. En España dicha frase es de uso coloquial, fundamentalmente para dar cuenta de cuando, ante un caos sin parangón, en un escenario político, los acusados e implicados en delitos sensibles de ser encauzados por las correspondientes leyes, tienen que “correr como pollos sin cabeza”. De lo contrario, la justicia actuará supeditada a sus competencias de rigor.

Es el mismo caso de quienes asumen decisiones aventuradas e influidas por circunstancias inducidas por la incertidumbre o trazadas por corruptos, codiciosos e improvisados. En consecuencia, ellos son quienes se ven arrastrados por determinaciones erráticas y desquiciadas. En el fragor de tan peligrosa situación, estos actores, a decir del folklorismo político local, “o corren o se encaraman”.

En el centro del caos

Es precisamente lo que está ocurriendo en Venezuela toda vez que entre las revelaciones del desconcierto en que se halla el país, gracias al fantaseado “socialismo del siglo XXI”, los gobierneros y quienes forman parte de la caterva de aduladores, hacedores de desastres, ladrones en servicio activo y politiqueros de oficio, han comenzado a correr “como pollos sin cabeza”.

La Corte Penal Internacional, CPI, está a punto de dictar sus primeras sentencias sobre el caso Venezuela. Ya tiene sus primeros libelos preparados en torno a los delitos de lesa humanidad cometidos por la cadena de mando a cuyas órdenes se pliega un ejército de asesinos, torturadores, violadores e impúdicos. Asimismo, bajo su mando se ha dispuesto “dar de baja” a quienes hablan desde la ventana de la democracia. A quienes han apostado por la defensa de los derechos humanos.

El Estado venezolano, deshonrado por un militarismo cuestionado que ha concentrado todas las variedades imaginables de poder en la sociedad. Convirtieron a Venezuela en un trágico y bochornoso juego de poder, al extremo de repartirse trozos de la geografía venezolana y de instituciones públicas entre facciosos, politiqueros y zalameros de profesión. De esa manera, el país se cundió de la pestilencia propia de quienes, por una cuota de poder, entregaron su dignidad. Si acaso la tuvieron alguna vez.

Sin embargo, es curioso advertir el discurso de cada uno de esos personajes de marras, en cuyas manos reposa la posesión y el destino de esas secciones de Venezuela. Las mismas, cedidas a cambio de nada que pudieran ser de utilidad al desarrollo nacional. Aunque el problema de dichos delitos se ha potenciado, se ve en lo que expresan estos desvergonzados cuando deben aparentar el “sacrificio” que hacen. Hablan con hipocresía en nombre de la libertad, del progreso, de la “revolución”, la democracia y el bienestar. Presumen hacerlo todo por la causa del desarrollo. Pero ninguno conoce ni su concepto ni su sentido.

Correr o desaparecer

Cabría preguntarse, ¿cuándo pudo Venezuela comenzar a ser la forma de perversión social y desenfreno político que ha terminado siendo? Porque ahora el país es toda una realidad donde sobran los exabruptos, las improvisaciones, los desaguisados, las confusiones, las imprecisiones, las carencias, la inmoralidad, las mentiras, los secretos, los conflictos y los enredos.

Y tantos otros males que han hecho que Venezuela esté a punto de desaparecer del mapa de la geopolítica internacional. Y peor aun, con un régimen incapaz de ajustar las situaciones en virtud de los emplazamientos pautados constitucionalmente (Véase artículos 333 y 350) toda vez que el país se encuentre al borde del abismo.

O ya cayendo por el despeñadero, como pareciera estar en este momento. Ello, con un régimen que solo ha sabido desbaratar todo lo que está ante sí. Y en la vorágine de tan insidiosa crisis, ¿qué podrían hacer los gobierneros, adláteres, furibundos y acólitos, si no es huir por la tangente de la revolución bolivariana? Pues lo más inmediato, es lo que está viéndose. O sea, correr como “pollos sin cabeza”.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Estudiantes y familiares de Jhon Álvarez exigen su liberación

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Junto a un grupo de activistas, los familiares del estudiante reiteraron las denuncias de torturas verbalizadas durante su audiencia de presentación

 

En horas de la mañana de este viernes 8 de septiembre, un grupo de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y familiares del estudiante de Antropología, John Álvarez, se concentraron en Plaza Venezuela para exigir su liberación.

«Liberen a John», corearon los presentes mientras levantaron imágenes con la misma consigna y una foto del joven detenido de forma arbitraria y acusado de presunto terrorismo.

Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV), se unió a las denuncias por el arresto de Álvarez y alertó que al bachiller no se le respetan sus derechos humanos y donde además se hace énfasis en las irregularidades en el debido proceso.

En ese sentido, Mendoza expresó que están preocupados por el estado de John Álvarez porque «es un estudiante más, un ucevista más, que está preocupado por la situación de su país (…) que lo único que quiere es tener una Venezuela mejor».

En ese sentido, reveló que visitarán varios organismos internacionales para buscar salvaguardar la salud del joven y que salga de prisión.

Por su parte, el secretario general de la FCU-UCV, Sebastián Horesok, hizo un llamado al alto comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, Volker Türk, «Que se apersone en el caso y le den las garantías necesarias». Además, pide que se esclarezcan los hechos ocurridos la semana pasada.

Familiares exigen la liberación de Jhon 

El día 6 de septiembre, los familiares y abogados del estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez exigieron al defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, investigar las denuncias de torturas a las que fue sometido el joven durante su detención por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en días pasados.

Junto a un grupo de activistas, los familiares del estudiante reiteraron las denuncias de torturas verbalizadas durante su audiencia de presentación ante un tribunal con competencia en terrorismo, que dictó su privativa de libertad el pasado 4 de septiembre. «Si él está acá (el Defensor) es para respaldar que no haya tortura contra nosotros los ciudadanos», sentenció su madre, Wendelin Peña.

«Me confesó, la segunda vez que logré verlo fuera del sitio donde lo tenían, que sí lo habían torturado con golpes muy inteligentes y le habían colocado electricidad», señaló su madre.

Los microempesarios van a la escuela

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Durante el primer semestre de 2023,  Banesco estableció 37 nuevas alianzas con organizaciones educativas, sociales y empresariales, y certificó a 3.277 microempresarios. Este programa es una referencia en educación financiera para emprendedores venezolanos.

 

Más de 3.277 participantes fueron certificados en el primer semestre de 2023 por el Programa de Formación de Microempresarios que adelanta Banesco en todo el país . Durante este lapso, se establecieron 37 alianzas con organizaciones y se concretó el aval de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para todos aquellos que culminen el proceso de formación.

Entre los nuevos aliados que se suman a esta iniciativa se encuentran la Alcaldía de Chacao, Techo Venezuela, Centro Venezolano Americano, FUNDANA, Olimpiadas Especiales Venezuela, CECODAP, Fundadown Venezuela, entre otros. Las alianzas entre el programa y las organizaciones promueven la participación de los colaboradores y demás públicos de interés de esas instituciones. El desarrollo de estas alianzas forma parte del ánimo de Banesco por contribuir con el Objetivo 17 de Desarrollo Sostenible: “Alianzas para lograr los objetivos”.

De los 3.277 microempresarios certificados  65 % tenían un negocio, 26 % querían desarrollar una idea y 9 % querían conocer el programa. Adicionalmente, la participación de mujeres se ubicó en 71 %, lo que reafirma el compromiso de la institución bancaria por la equidad y la construcción de puentes que contribuyan a cerrar brechas de género, tal como lo indican los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de ONU Mujeres, de los que Banesco forma parte.

“El Programa de Formación de Microempresarios es una gran iniciativa. Me impulsó a poner en marcha mi plan como emprendedora al darme las herramientas necesarias para crecer económicamente. Además, ser una mujer independiente y tener una calidad de vida acorde a mis expectativas. También me enseñó un buen manejo de las finanzas para administrar adecuadamente el capital y lograr mis metas a corto, mediano y largo plazo”, dijo Mariangel Viña, emprendedora y participante de este año.

 

15 años formando microempresarios

Para celebrar el décimo quinto aniversario del Progama de Formación de Microempresarios, este lunes 11 de septiembre, Banesco realizará el evento “La ruta del microempresario: tendencias y realidad”, donde los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar conferencias sobre el contexto académico del emprendimiento, el uso de la persuasión, de la inteligencia artificial así como historias de casos de microempresarios exitosos. 

 

La actividad podrá ser seguida por el canal de Youtube de Banesco

Grupo de Acción Financiera Internacional califica de deficientes acciones de Venezuela contra el lavado de dinero y terrorismo

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También expone que el Estado venezolano impone medidas de supervisión desproporcionadas a la organizaciones sin fines de lucro 

 

El más reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) calificó como deficientes las acciones que realiza el Gobierno venezolano en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

La ONG Acceso a la Justicia hizo un análisis en el documento Resultados de la evaluación del GAFI ¿Se protege a la sociedad civil en Venezuela? en el que expone que el Estado venezolano impone medidas de supervisión desproporcionadas a la organizaciones sin fines de lucro (OSFL), entre las que destacan las ONG.

El informe del GAFIC fue realizado por un equipo formado por representantes de España, El Salvador, la Federación Rusa, las Islas Turcas y Caicos y Nicaragua  y contó con la revisión de representantes de San Martín, Curazao, el Consejo de Europa (Moneyval) y Estados Unidos. 

Segun los investigadores, Venezuela no solo presenta deficiencias en cuanto a la evaluación y mitigación de riesgos de estos delitos a nivel institucional, sino que no ha conseguido demostrar que cuenta con políticas antilavado o contra financiamiento al terrorismo.

Recomendaciones sobre lavado de dinero no atendidas

El informe del GAFI hace 40 recomendaciones al Estado venezolano.

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones, de 11 indicadores, el Gobierno venezolano obtuvo la peor calificación posible en 10 de ellos. No existe un solo indicador en el que el país haya sido calificado positivamente.

Lo anterior se traduce en que las 40 recomendaciones tienen el peor grado de efectividad posible.

El GAFIC determinó que Venezuela no tuvo pleno cumplimiento de ninguna de las 40 indicaciones, dado que 9 fueron mayormente cumplidas, 26 parcialmente cumplidas y 5 se consideraron no cumplidas.

Entre los señalamientos de la evaluación figuran las graves deficiencias por parte del Estado venezolano en el cumplimiento de elementos básicos contra el lavado de capitales y financiamiento del terrorismo. 

“El alcance de estas políticas contra el lavado de capitales y financiamiento del terrorismo es general y no se basan en los riesgos identificados. El país no ha podido demostrar que estos grandes objetivos se reflejen en acciones concretas”, reza el informe.

Raspados 

Entre las 40 recomendaciones destaca las obligaciones de los Estados con las OSFL y cómo debe regularse su relación con ellas. La sugerencia del grupo internacional busca evitar que organizaciones legítimas sean utilizadas como medios para el financiamiento del terrorismo, evadir medidas como el congelamiento de activos o esconder el desvío de fondos.

El seguimiento excesivo hacia las organizaciones de la sociedad civil impide el pleno desarrollo de sus actividades, expone el documento. 

El GAFIC condena que todas las OSFL sean supervisadas por el Estado venezolano

El informe revela que, según información de Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) existen 9.960 OSFL de las cuales solo 44 fueron calificadas de alto riesgo (0.44 %) y 84 de riesgo moderado (0.84 %) por lo que el 98,72 % son consideradas de bajo riesgo. 

A partir de esto, luce desproporcionada la política estatal de vigilancia y control al que están sometidas la mayoría de las organizaciones en el país.

 

ONG alerta existencia de minería ilegal en el parque nacional Yapacana

Adaptarse para sobrevivir… ¿O perecer?

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Mientras más se prolongue el statu quo, más se harán sentir los efectos de la adaptación forzosa en las universidades. Sobre todo, las públicas

 

@AAAD25

Sigo pasando revista a las formas en que la sociedad civil venezolana está asimilando el orden político chavista, así sea solo para seguir existiendo, mientras la dirigencia opositora no presenta una estrategia convincente sobre cómo lograr un cambio político en el país. De nuevo, con el propósito de evaluar las consideraciones éticas de dicha adaptación. Si usted que lee el presente artículo no hizo otro tanto con su predecesor de la semana pasada, pues repito entonces la premisa sobre la que también descansa lo que ahora tiene ante usted. Entre más “grande” o influyente sea un ente de la sociedad civil, el chavismo más lo verá como una fuente de poder que pudiera competir con el propio, por lo que procederá a intentar someterlo con su característico uso despiadado de la coerción. De manera que para estas entidades es especialmente difícil evitar mantener un trato, aunque sea mínimamente cordial con el gobierno. Tarde o temprano les tocan la puerta para forzarlos a decidir entre la adaptación o la aniquilación.

Con todo esto mente, señalé por qué a mi juicio los grandes empresarios del país últimamente no han tenido reparo en dar apretones de mano a Nicolás Maduro, haciendo la salvedad de que no tienen carta blanca ética, pues tan pronto como empiezan a repetir los sofismas de Miraflores (e.g. sobre las sanciones), hacen algo moralmente inexcusable.

Hoy quiero hacer un ejercicio similar, pero con otro segmento de la sociedad civil destacado: las universidades. Me parece que ellas, también, han hecho su propio proceso de adaptación. Incluso de alianzas con la elite gobernante para recuperar una infraestructura en estado deplorable, en el caso de las casas de estudio públicas. Un primer asomo lo hemos visto en las acciones conjuntas de la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, y el gobernador de ese estado, Rafael Lacava.

Como en el caso de Fedecámaras y otros gremios empresariales, el donaire protocolar de esas reuniones desató la furia de algunos conciudadanos, para quienes representa un olvido de los desmanes del chavismo y hasta un intento de lavarle la cara. Y, de nuevo como en aquel caso, mi reacción remite a la triste realidad de la urgencia por sobrevivir.

Pero de todas formas surgen inquietudes dilemáticas. ¿Cuán lejos se está dispuesto a ir para aplacar la furia chavista, o incluso para obtener recursos económicos, aunque se desdibuje la propia esencia de la institución, que es otra forma de morir? Para el empresariado este problema es de resolución más fácil, sobre todo luego del discreto abandono del socialismo marxistoide por la elite gobernante. Su función en la sociedad, consistente en brindar productos y servicios desde un punto de vista utilitario, no exige mucho bagaje filosófico (ojo, sí existe una filosofía empresarial y de la gerencia, pero no es lo que ocupa el quehacer cotidiano de hombres y mujeres de negocios).

Con las universidades es distinto. El debate y la pluralidad de ideas les son medulares. Y para que eso se dé, tiene que haber un entorno de libertad. Precisamente lo que a gobiernos como este les da urticaria. Mientras haya ese ambiente liberal y plural en las universidades, las mismas serán hervideros potenciales o fácticos de activismo opositor, por varias razones.

En primer lugar, porque el cultivo de humanidades como la ciencia política, la economía y la sociología es una fuente inagotable de críticas teóricamente fundamentadas a todo lo que está mal con el país bajo el chavismo. Son las universidades, mediante proyectos como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, las que le han puesto cifras a la crisis. Las mismas cifras que el Estado está obligado a proveer, pero no lo hace, porque dejan mal parado al gobierno.

En segundo lugar, porque el estudio de las ciencias humanísticas, y en menor medida las ciencias naturales, conlleva reflexiones filosóficas que suelen activar el juicio ético. Fomentan el pensamiento crítico e individual, que es el mayor antídoto a la mentalidad de rebaño, pasiva y perezosa, sustento a su vez del concepto arendtiano de banalidad del mal.

¿Cómo podrán entonces florecer las humanidades en las academias del país, sobre todo las públicas? ¿El gobierno proveerá recursos para cátedras en las que muy probablemente la discusión lo haga quedar mal? Son preguntas que vale la pena hacerse. No es para nada descabellado contemplar la posibilidad de que, aprovechándose de la catástrofe económica y la pauperización material del país (“producidas por el bloqueo”), el gobierno exija a las universidades concentrar todos los esfuerzos en la formación de profesionales que sirvan para la recuperación de la infraestructura nacional y que casualmente son menos, digamos, problemáticos, por tender menos a “meterse en política”. A los regímenes autoritarios por tal razón no hay nada que les guste más que un ingeniero. Se ocupa de levantar puentes y no está llenando a la gente de ideas “peligrosas” (i.e. críticas del statu quo). Esta es, por supuesto, una caracterización prejuiciosa y ridícula de los profesionales de la ingeniería, pero muy propia de la tosquedad de la mentalidad autoritaria.

En fin, las señas sobre el destino de las universidades públicas en proceso de adaptación al orden político chavista no son las más aterradoras, pero tampoco las más esperanzadoras. Apuntan a cierto grado de sumisión y apaciguamiento que, insisto, puede ser lesivo para la raison d’être de una universidad. Probablemente lo que sigue es una opinión muy impopular, considerando el entusiasmo producido por las recientes elecciones internas de la Universidad Central de Venezuela y las comprensibles expectativas elevadas que se tiene sobre su nueva conducción (aunque, claro, en medio de una sociedad que en buena parte decidió ella misma tirar la toalla, pero sin reconocerlo para sentirse bien consigo misma, cualquier opinión de este tenor va a ser impopular).

En una entrevista para Prodavinci, luego de concretarse su triunfo en los referidos comicios académicos, el nuevo rector, Víctor Rago, habló de la necesidad de dialogar con el gobierno para llegar a acuerdos en “asuntos específicos que conciernen al interés nacional”. Entre ellos, que “la universidad le proponga al gobierno nuevas visiones y nuevas prácticas de ejercicio democrático”, puesto que “el gobierno ha dado demostraciones inequívocas de que entiende la democracia de una forma particular y que esa idea, difícilmente, concuerda con la idea habitual de lo que debe ser la democracia y, sobre todo, la forma en que la democracia se debe adoptar en una institución como la universidad”. Todo esto es un gigantesco eufemismo. No es que el chavismo tenga un concepto alternativo y heterodoxo de democracia que se pueda comparar con definiciones típicas. Es que no tiene vocación democrática alguna. De ahí que, aunque suene encantador el diálogo planteado por Rago en buena fe, sepamos de antemano que será desatendido por el chavismo.

Lo que les queda a las universidades públicas ante el sinfín de despropósitos y desmanes del orden al que se están adaptando, entonces, parece ser una pasividad de la que solo saldrán para emitir cuestionamientos tímidos sobre aquellos atropellos que las involucran. Es lo que ocurrió con el pronunciamiento de las autoridades de la UCV pidiendo un trato justo para John Álvarez, estudiante de esa casa de estudios que acaba de engrosar la lista de presos políticos venezolanos. Obviamente, no hubo nada del trato justo solicitado. Más bien, según relatan abogados y familiares, una breve desaparición forzada, torturas y una audiencia de presentación con las irregularidades de rigor para complacer a la elite gobernante. He ahí para lo que sirve el “diálogo” entre gobierno y universidad.

Mientras más se prolongue el statu quo, más se harán sentir los efectos de la adaptación forzosa en las universidades. Sobre todo, las públicas, que dependen financieramente de los caprichos de Miraflores. Pero las privadas no están libres de peligro. Porque en última instancia la fuente de poder del chavismo no es el dinero, sino las armas. Volviendo a la raíz del problema, que es la falta de una estrategia para el cambio político, lo que nos toca como sociedad, repito, es presionar a quienes dicen ser nuestros líderes opositores para que cumplan con el deber de desarrollar un plan adecuado. Mañana ya es tarde.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y  no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Transparencia Venezuela: Economías ilícitas obtuvieron más de $9000 millones en 2022

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Según la investigación, el narcotráfico se mantiene como la actividad más lucrativa para los grupos criminales que operan en Venezuela

 

En su informe Economías ilícitas en Venezuela:  Una creciente repartida entre aliados, la ONG Transparencia Venezuela actualiza la estimación de las rentas generadas por el contrabando de minerales, drogas, combustible y la extorsión en puertos nacionales.

De acuerdo con el estudio, los ilícitos reportaron ganancias por 9402 millones de dólares.

El informe, en alianza con la consultora Econoalítica, establece que, comparadas con otras variables macroeconómicas, las economías ilícitas analizadas equivalen a 56,4 % de la exportación de bienes, 56,3 % de los ingresos totales del Gobierno venezolano para el año pasado y 77,8 % de las importaciones totales, lo que evidencia el impacto que tienen estas prácticas.

De acuerdo con la investigación, los ingresos de organizaciones criminales que participan en el narcotráfico, contrabando de combustible, extorsión en puertos y la extracción ilegal de minerales,  equivale a 15,67 % del PIB del país y a 77,8 % de las importaciones totales. 

Los cálculos del informe se hicieron con base en la revisión de fuentes documentales secundarias, nacionales e internacionales, así como visitas y entrevistas presenciales con habitantes de las regiones del país donde más se registran estos ilícitos, aunado a la consulta a personas que trabajan para el Estado.

Según el documento, el narcotráfico se mantiene como la actividad más lucrativa para los grupos criminales que operan en Venezuela, considerado país de tránsito o enlace para colocar en el mercado final la producción proveniente de Colombia. 

De acuerdo con reportes oficiales, en 2022 las incautaciones de sustancias ilícitas como cocaína y marihuana aumentaron 2,76 % y 89,6 %, respectivamente.

Oro tambien forma parte de economías ilícitas

Los hallazgos de la investigación evidencian que la producción de oro aumentó 20 %, para situarse entre 37,5 y 45 toneladas al año, con ganancias que oscilan entre $2250 y 2700 millones. 

De este monto, solo 25 % ingresó al Banco Central de Venezuela (BCV) y 9 % al Tesoro Nacional, en tanto que 36 % se destinó a las llamadas “alianzas estratégicas” entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y actores privados.

El 30 % iría a manos de redes criminales que participan en la explotación ilegal de oro.

La investigación evidenció que, entre finales de 2022 y el primer trimestre de 2023, el Gobierno incrementó el control sobre el Arco Minero del Orinoco y que las alianzas estratégicas en la zona se han fortalecido. 

El estudio de los ilícitos en el sector minero también incluyó al coltán, que podría reportar al menos $750 000 anuales. 

Un nuevo elemento considerado en el análisis es el rodio, uno de los metales más caros del mundo. Teniendo en cuenta que es un mineral de producción reducida debido a la complejidad de la tecnología que requiere para su extracción, y a la volatilidad de los precios en el mercado, se estima que el contrabando de rodio podría generar $350 millones.

El estudio determinó que si bien el contrabando de combustible ha disminuido debido a la escasez de gasolina en Venezuela, 70 % de la gasolina subsidiada para el mercado interno se destina a las actividades ilegales, con ganancias que rondarían los 760 millones de dólares anuales.

La extorsión en los puertos nacionales fue otra actividad que sufrió variaciones, básicamente por la disminución de los envíos “puerta a puerta” que reportaban ingresos netos de 16 % por concepto de legalización. Según los cálculos, la actividad produjo en 2022 ganancias por $1394 millones.

Con información de Transparencia Venezuela

Utopix contabiliza 121 femicidios en lo que va de 2023

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Aimee Zambrano denunció la escasez de las campañas de prevención, la falta de atención en sistemas de denuncias

 

 

El informe correspondiente al mes de julio del Monitor de Femicidios de Utopix reveló que en lo que va de 2023, se han contabilizado 121 femicidios en el país. 

En entrevista transmitida por Onda la Superestación, la fundadora del Monitor de Femicidios, Aimee Zambrano, señaló que solo en el mes de julio, asesinaron a 22 mujeres venezolanas. 

Zambrano destacó que se observó una disminución con relación a las cifras de 2020 y 2021, a pesar de superar la centena de casos. 

Aimee Zambrano también señaló que la delincuencia y las actividades de organizaciones criminales pueden acentuar el índice, sin embargo, aclara que la mayoría de los casos corresponden a patrones íntimos, por motivos sentimentales ejecutados por parejas o exparejas.

Informó que se tiene registro de 155 femicidas, de los cuales 11 se suicidaron, 70 están apresados, 22 se mantienen en fuga y de 47 no hay información.

La fundadora del Monitor y también antropóloga, denuncia la escasez de las campañas de prevención, la falta de atención en sistemas de denuncias y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género antes de que ocurra el femicidio.

Aimee Zambrano recomienda organizaciones como Inamujer, Tinta Violeta y el Fondo de Poblaciones de la Naciones Unidas (UNPFA) que brindan acompañamiento preventivo y asesoría en situaciones de violencia que vulneran los derechos de las mujeres.