El juez federal Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, fijó formalmente el 1 de junio de 2027 como la fecha de inicio para el juicio por cargos de narcoterrorismo contra el exgobernante Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La decisión fue anunciada este miércoles, 22 de julio, durante la tercera audiencia preliminar de la pareja en Manhattan, en la cual fue ratificado el calendario de trabajo acordado entre la Fiscalía del Distrito Sur y la representación legal de la defensa.
Durante la breve audiencia, encabezada por el abogado penalista Barry Pollack como defensor principal de Maduro y Flores, se acordó un esquema procedimental que dará prioridad a la discusión de mociones constitucionales y de jurisdicción antes de dar paso al debate probatorio masivo.
Según el reporte de la periodista Maibor Petit, Maduro y Flores ingresaron vistiendo uniformes de prisión color caqui y zapatillas deportivas, sin esposas. Maduro saludó de mano y de forma afable a sus abogados y a otras personas. Por su parte, el abogado Nizar El Fakih indicó que tanto Maduro como Flores están “notablemente más delgados”.
Saliendo de la audiencia en NY del caso Maduro-Flores.
1. Se discutió sobre el cronograma para lo que sigue: Noviembre 17 de 2026 quedó fijada la audiencia para escuchar argumentos sobre moción relacionada con jurisdicción, incluyendo inmunidad. Fase de juicio quedó fijada…
Mientras se desarrollaba la vista judicial, en las afueras del tribunal neoyorquino, un grupo de simpatizantes de izquierda se concentró con pancartas y proclamó consignas bajo el lema “free Maduro”.
Es insólito ver a personas en Nueva York gritando "Free Maduro" en la puerta de la Corte del Distrito Sur durante su 3.ª audiencia. Pero lo más conmovedor de hoy fue escuchar a un venezolano levantando la voz frente a ellos con una sola palabra: JUSTICIA. Mientras unos… pic.twitter.com/Zacj5bIZma
De acuerdo con declaraciones ofrecidas por el abogado Nizar El Fakih al medio aliado TalCual, la situación procesal para Nicolás Maduro y Cilia Flores resulta técnicamente más compleja en esta tercera audiencia, en comparación con las comparecencias previas.
El Fakih explicó que la estrategia de la defensa ha tenido que acotarse a las mociones constitucionales estrictas, luego de que en la audiencia de marzo la representación legal tropezara con la imposibilidad de utilizar fondos públicos bloqueados por las sanciones de EE. UU. para financiar a su equipo jurídico privado.
El abogado sostuvo que, una vez superados los debates preliminares sobre la representación y estructurado el calendario formal por parte del tribunal neoyorquino, las probabilidades de desestimar el caso antes de ir a juicio son sumamente bajas. Esto se debe a que la jurisprudencia de las cortes federales estadounidenses suele ser muy pragmática y no entra a valorar la forma o legalidad de la captura en el extranjero, una vez que un Gran Jurado ha emitido una acusación formal y un juez ha validado la orden de aprehensión.
Estrategia de la defensa y tiempos de la Fiscalía
El eje central de las mociones que la defensa formalizará en septiembre próximo será la solicitud de “inmunidad soberana y personal” para Nicolás Maduro y Cilia Flores, bajo el argumento de que el exgobernante se desempeña como jefe de Estado en ejercicio y, por ende, goza de protección bajo el derecho internacional.
El abogado Pollack cuestionará la jurisdicción del tribunal neoyorquino al calificar como “irregular e inconstitucional” la captura ejecutada en suelo venezolano. No obstante, el Gobierno de Estados Unidos se opone a estos argumentos, al respaldarse en la falta de reconocimiento diplomático hacia Maduro, postura que se ha mantenido de forma continua en los últimos años.
La Fiscalía señaló que la entrega formal del grueso de las pruebas reservadas e información clasificada no comenzará sino hasta el 11 de marzo de 2027. La postura institucional responde a que resulta ineficiente revelar evidencias sensibles antes de que el juez Hellerstein resuelva de manera definitiva los recursos de inmunidad y jurisdicción.
Las partes volverán a comparecer en sala el próximo 17 de noviembre de 2026. Las fechas fijadas conservan un carácter tentativo, dado que cualquier fallo adverso sobre la inmunidad podrá ser apelado por la defensa ante instancias superiores, lo que podría dilatar los lapsos previstos.
La extracción en Caracas y el historial de audiencias
Este proceso judicial se inició luego de la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una operación especial en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, para capturar a la que era la pareja presidencial venezolana.
Tras su traslado inmediato a Nueva York para ser imputados por narcoterrorismo e importación de cocaína, ambos quedaron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Dos días después, el 5 de enero de 2026, se celebró la primera audiencia formal ante el juez Hellerstein, instancia en la que Maduro se declaró “prisionero de guerra” y ratificó ser el legítimo presidente de Venezuela, al tiempo que ambos acusados se declararon “no culpables”.
Posteriormente, a mediados de marzo de 2026, se llevó a cabo la segunda audiencia preliminar para revisar el estatus del expediente, oportunidad en la que Barry Pollack adelantó la estrategia de desestimación por inmunidad diplomática y se comenzaron a trazar los primeros consensos sobre el cronograma de intercambio de pruebas.
El único doliente
En vísperas de esta tercera comparecencia, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, ofreció un mensaje público al cumplirse 200 días de la captura. “Nicolasito” insistió en calificar la prisión de su padre y su madrastra como un “secuestro” que ha representado un duro golpe familiar.
En una publicación difundida en redes sociales, Maduro Guerra apostó por la vía diplomática para resolver el conflicto, y afirmó: “Tengo la fe, el corazón me lo dice, que a través de la diplomacia voy a abrazar a mi padre y a Cilia nuevamente”.
Asimismo, compartió una dedicatoria que, supuestamente, su padre le leyó desde prisión, del libro La ciencia de la mente, de Ernest Holmes: “Esto es una historia de amor entre Nicolás y Cilia, una historia de amor entre Nicolás y la patria (…) que más temprano que tarde vamos a superar todas estas dificultades y dolor para convertirlos en fuerza”.
Maduro Guerra se mantiene prácticamente como el único vocero de la cúpula chavista que se pronuncia activamente en favor del exgobernante. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez —quien asumió el mando del país bajo la tutela de Washington tras la intervención militar—, no hizo menciones ni comentarios públicos respecto al desarrollo de esta nueva audiencia en Nueva York.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Entre 12 500 y 25 000 millones de dólares se requerirían para afrontar la reconstrucción de La Guaira y las otras regiones del país que sufrieron la devastación de los terremotos del 24 de junio. Es el cálculo al que llegaron el economista José Guerra y un equipo de profesionales que elaboraron un diagnóstico y un plan para el financiamiento de las obras de rehabilitación.
En una entrevista en Unión Radio, el economista José Guerra, coordinador de la propuesta elaborada con profesionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Cámara de la Construcción, explicó que el impacto económico en el sector exige activar planes financieros, ya que los recursos fiscales actuales resultan insuficientes para poder abordar la emergencia.
Recursos internos
Como una medida estratégica de reactivación, el plan propone reducir el número de reserva o encaje legal al sistema bancario y llevarlo al 50 %. Este permitiría inyectar directamente a la actividad económica una cantidad aproximada de 800 millones de dólares para crear un fondo especial o cartera destinado a la construcción.
“Entonces, esas viviendas las va a hacer el sector privado. ¿Con cuáles fondos? Con esos fondos que tienes allí, que va a ser la cartera de construcción, como estaba la cartera agrícola, con la que se financiaban el arroz, el maíz, el sorgo”, explicó Guerra.
El economista cuestionó las políticas crediticias al catalogar la tasa actual como una limitante para el desarrollo comercial: “El encaje es el enemigo del crédito; mientras mayor es el encaje, menos crédito se otorga”.
La propuesta de financiamiento del equipo de Guerra prevé la creación de fideicomisos administrados por la banca. El objetivo sería otorgar préstamos directos a las empresas y constructoras del sector privado, ya que estas poseen la capacidad y la maquinaria necesaria para realizar las obras de infraestructura.
El economista también planteó la idea de un mecanismo de financiamiento a menor escala llamado “Cashea de viviendas”. Este podría orientarse a respaldar a familias de bajos recursos mediante el otorgamiento de microcréditos de la banca pública destinados a la compra de materiales como cemento, cal y cabillas, necesarios para la reparación de las viviendas afectadas.
“Yo creo que hay que crear una Cashea de viviendas —Se lo he dicho a alguna gente cercana a la empresa—, con la cual tú puedas financiar obras menores; por ejemplo, 300 dólares, 500 dólares, para reparar”, expresó Guerra.
Fondos e instrumentos legales
En el panorama macroeconómico, el equipo de especialistas trabajó en un proyecto de ley de seis artículos para respaldar la creación de un fondo para las reconstrucciones.
Las proyecciones de estos gastos superan los 12 500 millones de dólares, para un lapso de 3 a 4 años, y puedan abarcar desde la remoción de escombros hasta la realización de estudios de suelos y la reconstrucción de escuelas, centros de salud y servicios de telecomunicaciones.
El plan no solo toma en cuenta el estado La Guaira, sino otras zonas del país que sufrieron daños por los sismos.
“Este esfuerzo financiero excede las capacidades actuales de Venezuela”, afirmó el experto.
Para lograr establecer el fondo, la estrategia se basa en apelar a fuentes de financiamiento externo, como el Fondo Monetario Internacional. Guerra recordó que Venezuela puede acceder a 5000 millones de dólares por concepto de Derechos Especiales de Giro asignados al país. Advirtió, en este sentido, que Venezuela va a recibir el doble de ingresos por petróleo sin que se tenga, hasta ahora, transparencia total de adónde está yendo el capital.
“Hay que exigir esos recursos; son de Venezuela y no de la directiva del Fondo”, expresó el economista.
A la estrategia internacional se sumaría la posibilidad de solicitar una línea de financiamiento rápido hasta de 5300 millones de dólares, gestionar el rescate de 2000 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra y canalizar 4500 millones de dólares correspondientes a utilidades acumuladas de la empresa Citgo.
Control y transparencia
Esta iniciativa busca corregir las fallas de planificación observadas en proyectos gubernamentales pasados, en los cuales la urgencia de construir derivó en el colapso de edificaciones por la falta de estudios de los suelos y por uso de materiales de baja calidad.
En la propuesta se explica que, con el fin de garantizar la seguridad de las nuevas edificaciones, los proyectos deben ser diseñados y evaluados por un equipo multidisciplinario que integre a los mejores profesionales y expertos de la arquitectura, la geología, la ingeniería civil y otros, graduados en reconocidas instituciones académicas nacionales y extranjeras.
Con el objetivo de prevenir irregularidades en el manejo de los capitales, cada obra pública será sometida a procesos de revisión pública nacional e internacional y el seguimiento se canalizará mediante páginas webs de acceso abierto donde la sociedad civil, las facultades universitarias y la Asamblea Nacional ejercerán evaluaciones de los presupuestos, los materiales y los tiempos de entregas.
La meta final de este plan de diseño urbano, que esperan presentar pronto al Gobierno, apunta a transformar La Guaira en un centro turístico competitivo en la región y aprovechar sus ventajas geográficas para la atracción de inversiones y la generación de empleos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Acaba de finalizar el máximo evento del deporte más popular del planeta. Como decía un periodista, efectivamente el Mundial no resuelve los problemas de la humanidad, pero, al menos durante los 40 días de duración, configuró un alivio temporal a las tribulaciones que ahogan a los pueblos en los cinco continentes. Y eso ya es bastante.
Las imágenes lo dicen todo: habitantes de Gaza viendo entre escombros los partidos de fútbol; en Bangladés, donde existe una entrañable devoción por Argentina, muchedumbres festejando el buen andar de la albiceleste; en Kiev, a pesar de los cruentos bombardeos rusos, en cafés y tiendas se compartía la animosidad de los partidos; y hasta en Venezuela, a pesar del castigo de la naturaleza con los espantosos sismos, en más de una tasca festejaron triunfos de sus favoritos. Esta realidad se esparce por todo el planeta.
Ello obliga a que, siendo el deporte más practicado —con aproximadamente entre 3500 y 4000 millones de aficionados de los 8000 millones de habitantes del planeta—, deba ser revisado para corregir y despejar dudas sobre los resultados de la reciente edición del evento en 2026, la número 23 desde que se iniciara hace casi un siglo, en 1930, en Uruguay.
Lo bueno
En torno a la evaluación del evento, solo destacaré algunos casos puntuales. Comencemos con lo positivo.
Analistas critican la convocatoria para 2026 de 48 selecciones por considerar exagerado el número. Debo opinar al respecto: si bien es cierto que en el primer Mundial, en 1930, asistieron 13 selecciones, el desarrollo de este deporte justifica el número de selecciones para 2026. Por ejemplo, ¿cómo se explica que de África, con 9 selecciones, clasificaran de la fase de 12 grupos 8 representantes a la fase eliminatoria, a tal punto que Cabo Verde eliminara a Uruguay (bicampeón mundial), Congo casi le ganara a Portugal y Ghana empatara con Inglaterra?
Así también, la expansión del fútbol en países que no son tradicionales en este deporte, como es el caso de Canadá y EE. UU., se observa en la asistencia masiva a los partidos y en el impulso que la actuación de Lionel Messi, desde que llegó a la Liga MLS en 2023, ha dado para competir con el béisbol, el básquet y el fútbol americano.
Lo malo
En cuanto a lo malo, asociándolo con las dificultades, creo que la amplia distancia entre las sedes, repartidas entre los tres países —México, Canadá y EE. UU.—, agotó el físico de numerosos jugadores por la extensa geografía de estos países y el corto tiempo de recuperación.
En este ámbito de lo negativo del evento, debo resaltar la intromisión del poder en las decisiones arbitrales. Como relatamos al inicio del evento, la injerencia de Mussolini, que quiso convertir el Mundial de 1934 en propaganda del Estado fascista, al igual que la dictadura argentina en 1978, que pretendió esconder la cruenta represión, perjudica a este deporte.
Si bien no fue el caso en este Mundial de 2026, ningún presidente de un país puede estar autorizado para exigirle a la FIFA que le retire una tarjeta roja al jugador de su selección.
Lo feo
A mi criterio, lo feo ha sido la feroz campaña desatada en las redes sociales contra la selección argentina y su capitán, Leo Messi, difundiendo a mansalva teorías conspirativas. Como dijera Cafú, futbolista y leyenda brasileña: «Dejen de culpar a Argentina, dejen de culpar a culpables. A veces el rival merece estar ahí; la única respuesta de un verdadero campeón es el respeto. Todo lo demás es amargura disfrazada de orgullo». Esta actitud se vio reflejada en jugadores y directores técnicos que no aceptaban la derrota.
Una final con sabor a revancha pendiente
Finalmente, el Mundial nos dejó a los latinoamericanos una nota triste con el meritorio triunfo de España sobre Argentina en el partido final. Ello no desmerece las hazañas de la albiceleste ni las de su capitán, el rosarino Leo Messi, quien ratificó con su actuación en el evento ser el mejor jugador de la historia.
A España la felicitamos por su victoria y su segunda estrella. El resultado abre la espera para el próximo Mundial, en 2030, cuya convocatoria se extenderá a 64 países, donde esperamos que nuestra Vinotinto esté presente en una época próxima, con una Venezuela sin dictadura, en plena democracia y en proceso de reconstrucción económica, social y moral.
Cuando el Estado se convierte en el verdugo de quienes debía proteger, es un Estado ausente. En ese momento cesa la obediencia a las instituciones, la violencia se legitima cuando un gobierno se vuelve destructivo de los derechos inalienables y la justicia deja de ser un instrumento de paz para ser un peligroso instrumento de criminalización (Thomas Jefferson dixit).
Esa es la importancia de la justicia penal internacional. Cuando los Estados no cumplen el deber de prevenir y proteger a sus ciudadanos de graves crímenes contra la humanidad y violación de los DDFHH, la única instancia que queda para amparar a víctimas indefensas, son las jurisdicciones de práctica universal. Eliminarlas, debilitarlas o desmantelarlas es un grave error. Es dejar más indefensos a los “que no pueden defenderse’.
Sin embargo, que las cortes responsables de hacer justicia internacional como la Corte Penal Internacional [CPI] no lo hagan, no es tolerable. El problema no es el continente [la ley] sino el contenido [los hombres y sus perversiones].
Denuncias ante la CPI: justicia vs. impunidad
La civilización no se mide por la grandeza de sus ejércitos ni por la riqueza de sus naciones, sino por la forma como trata a quienes no pueden defenderse. “Como trata a quienes están en el amanecer de la vida (los niños); en el ocaso de la vida (los ancianos) o en las sombras de ella (los enfermos, los necesitados, los incapacitados)” (Hubert Humphrey).
Es lapidario lo que nos aporta Fiódor Dostoyevski: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a sus prisioneros”. Humillar a un prisionero toca la fibra más profunda de la dignidad y devela la miseria más ruin de un gobierno. Mandela decía que, si realmente quieres conocer una nación, visita sus cárceles.
Pocas expresiones del poder resultan tan degradantes como la muerte de una persona bajo custodia del Estado. Cuando un ciudadano pierde la libertad, el Estado asume íntegramente el deber jurídico y moral de preservar su vida, garantizar su integridad física, proteger su salud y asegurarle un debido proceso. Desde ese instante desaparece cualquier excusa.
El detenido no dispone de su autonomía ni puede procurarse alimentos, medicinas o asistencia médica. Todo depende de la autoridad que lo tiene recluido. Cuando un preso muere en una cárcel, un calabozo policial o un centro de inteligencia, no se trata únicamente de una tragedia individual: constituye el fracaso absoluto del Estado de derecho y en determinadas circunstancias puede configurar un crimen de lesa humanidad.
La acumulación de estos hechos no debe interpretarse como la suma de episodios aislados. Revela la existencia de una política de abandono institucional que por sistemática o generalizada, trasciende la esfera de las violaciones de DD. HH. y se convierte en crimen contra la humanidad.
Con ese propósito presentamos recientemente ante la Corte Penal Internacional [CPI / ver incidencias-julio 2026] una denuncia complementaria dentro de la investigación Situación Venezuela I, solicitando que las muertes bajo custodia del Estado se incorporen expresamente al expediente y que se emitan órdenes de arresto contra quienes —conforme al principio de responsabilidad de mando— habrían ordenado, permitido o tolerado esos hechos.
La denuncia sostiene que las muertes en centros de reclusión, unidas a la negativa sistemática de atención médica, la persecución política y las condiciones inhumanas de detención, configuran un ataque dirigido contra la población civil y por tanto, deben examinarse a la luz del artículo 7 del Estatuto de Roma [ER].
El informe incorpora [actualiza], una lista de personas fallecidas entre abril y junio de 2026 [11] en distintos establecimientos penitenciarios y centros de detención, señalando que muchas de esas muertes estuvieron precedidas por enfermedades no tratadas, ausencia de medicamentos, retrasos en traslados hospitalarios, tuberculosis, afecciones respiratorias, patologías cardiovasculares y condiciones de insalubridad incompatibles con la dignidad humana.
El reporte [conforme al artículo 15 del ER] sostiene que este patrón refleja el progresivo colapso del sistema penitenciario venezolano y reclama que la Fiscalía de la Corte investigue esos hechos dentro del caso Venezuela I.
Impunidad como política pública
No es casual que el derecho internacional considere especialmente grave la muerte bajo custodia. A diferencia de un homicidio común, aquí la víctima se encuentra completamente sometida al control del Estado. El monopolio legítimo de la fuerza lleva aparejada una obligación correlativa: proteger la vida. Cuando quien tiene el deber de proteger se convierte en autor, cómplice o indiferente frente a la muerte del detenido, el contrato social se rompe desde sus cimientos.
La historia demuestra que la humanidad tardó siglos en comprender este principio. Durante buena parte de la Edad Media la prisión constituía simplemente un espacio de espera para el castigo. La tortura era un mecanismo legítimo de investigación; la confesión obtenida bajo tormento era considerada prueba suficiente y la vida del prisionero pertenecía, en gran medida, al soberano, que era representante de Dios en la tierra.
Fue con la lenta construcción del Estado moderno, alimentada por el pensamiento humanista, la filosofía ilustrada y el nacimiento del derecho consuetudinario o derecho de gentes, que se comenzó a limitar el poder absoluto de los gobernantes.
Francisco de Vitoria sostuvo en el siglo XVI que incluso en la guerra existían límites morales derivados de la dignidad inherente de toda persona. Hugo Grocio desarrolló posteriormente la idea de que las naciones estaban sujetas a un derecho común superior a la voluntad de los príncipes. Cesare Beccaria denunciaría en el siglo XVIII la barbarie de la tortura y proclamaría que el castigo jamás podía confundirse con la venganza.
Montesquieu, por su parte, recordaría que toda concentración absoluta del poder desemboca inevitablemente en el abuso. Esos principios sembraron la semilla de lo que hoy denominamos responsabilidad internacional del Estado [consagrada en el deber de prevenir y proteger de los estados en la Carta de las NNUU] y la responsabilidad penal individual [prevista tanto en las leyes criminales de los Estados como en el Estatuto de Roma].
Sin embargo, el siglo XX demostraría que la civilización aún estaba lejos de haber domesticado la violencia del poder. Auschwitz, Treblinka, Katyn, Nankín, los experimentos médicos japoneses, las deportaciones masivas y el exterminio sistemático de millones de personas [el Holocausto], revelaron que la soberanía estatal no podía seguir siendo un refugio para la impunidad. De aquellas ruinas surgiría la convicción que algunos crímenes ofenden a la humanidad por lo que la comunidad internacional posee el derecho—y el deber—de castigarlos cuando los Estados son incapaces o carecen de voluntad para hacerlo.
Los Juicios de Núremberg y Tokio inauguraron una nueva época. Por primera vez gobernantes, generales y altos funcionarios fueron juzgados no simplemente porque perdieron una guerra, sino porque habían violado normas fundamentales de la humanidad. Allí nació el principio que los crímenes internacionales son cometidos por personas, no por abstracciones estatales; que la obediencia debida no exonera automáticamente de responsabilidad y que ninguna investidura oficial puede servir de escudo frente a la justicia.
Ese legado constituye la razón de ser de la CPI. No fue creada para sustituir jurisdicciones nacionales o intervenir en controversias políticas ordinarias. Fue concebida como el último recurso de las víctimas cuando el aparato judicial de un Estado ha dejado de existir como garantía real de justicia. Latinos y latinoamericanos
¿Hoy la CPI cumple con este deber histórico? De cara a los resultados, no. Pero cuidado, el hecho que una institución no cumpla con el deber encomendado, no quiere decir que los principios que la fundamentan [continente] puedan ser desconocidos o desmantelados por omisión de quienes deben darle contenido.
Cada muerte ocurrida bajo custodia estatal interpela directamente la credibilidad del sistema internacional. Si quienes tienen el deber de investigar no investigan, si quienes deben juzgar se abstienen de hacerlo y si quienes pueden actuar internacionalmente permanecen inmóviles, entonces la impunidad deja de ser una anomalía para convertirse en una peligrosa ‘licencia’ de política pública del opresor.
De Núremberg a Roma y de Roma a Venezuela
Cinco siglos de construcción de la justicia penal internacional no pueden terminar en la anomia del escrutinio. Más de 500 años de evolución humanista son más que suficientes para que la CPI no se permita fracasar. Cuando la muerte bajo custodia desafía a la justicia universal ella [la justicia] no puede quedar ignorada.
Si el siglo XX dejó una lección imborrable, fue que ningún Estado puede invocar su soberanía para disponer arbitrariamente de la libertad y menos de la vida humana. Esa convicción no nació de un tratado ni de una declaración solemne. Surgió de los campos de exterminio nazis, de las ejecuciones masivas del ejército imperial japonés, de los gulags soviéticos, de las desapariciones forzadas en América Latina y de las limpiezas étnicas que devastaron los Balcanes o África meridional.
Robert H. Jackson— fiscal jefe estadounidense en los Juicios de Núremberg— pronunció una frase que aún define el espíritu de la justicia penal internacional: “Los crímenes que buscamos condenar y castigar han sido tan calculados, tan malignos y tan devastadores, que la civilización no puede tolerar que sean ignorados”. Esta afirmación dio origen a un principio elemental: la soberanía deja de ser un valor tutelado cuando el propio Estado se convierte en el principal agresor de sus ciudadanos.
Antonio Cassese —primer presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia— sostuvo que el verdadero propósito del derecho penal internacional consiste en “humanizar el poder”. Cherif Bassiouni —uno de los arquitectos del Estatuto de Roma— afirmó que “la impunidad constituye la mayor invitación a la repetición del crimen”. William Schabas recuerda que la CPI no se creó para sustituir a los tribunales nacionales, sino para intervenir precisamente cuando estos han dejado de funcionar como instrumentos de justicia.
La muerte en custodia es la muerte de la ciudadanía
No basta explicar la causa clínica del fallecimiento. Corresponde demostrar que el Estado cumplió su obligación de proteger la vida.
Venezuela acumula una larga y penosa lista de ciudadanos muertos en custodia, además de muchos privados de libertad por razones políticas. La Corte Interamericana de DDHH ha reiterado que el Estado es garante de la vida e integridad de toda persona privada de libertad. El Comité de DDHH de NNUU ha sostenido el mismo criterio. Las Reglas Mandela establecen estándares mínimos sobre salud, alimentación, higiene y atención médica, cuya violación sistemática puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado.
La historia de la humanidad también puede escribirse desde sus cárceles. Cuando esas muertes obedecen a torturas, desapariciones forzadas, negación deliberada de asistencia médica o condiciones inhumanas de reclusión pasan de ser violaciones de DD. HH. a convertirse en crímenes de lesa humanidad [Art.7 ER].
Existen nombres que transformaron para siempre la percepción mundial sobre las muertes bajo custodia. Anne Frank, fallecida en Bergen-Belsen [1945], simboliza la responsabilidad estatal sobre quienes permanecen privados de libertad; Steve Biko, líder sudafricano, murió [1977] tras brutales torturas bajo custodia del régimen del Apartheid; Bobby Sands y otros huelguistas del IRA fallecieron [1981] bajo custodia británica después de prolongadas huelgas de hambre, abriendo un intenso debate internacional sobre las obligaciones estatales frente a personas detenidas.
Sergei Magnitsky, abogado ruso, murió en una prisión de Moscú en 2009 tras denunciar una trama de corrupción estatal. Su muerte dio origen a las denominadas Leyes Magnitsky, hoy adoptadas por numerosas democracias para sancionar violaciones graves de derechos humanos.
Alexei Navalny principal opositor ruso, falleció en una colonia penal del ártico [febrero 2024]. Las circunstancias de su muerte generaron una condena internacional y renovaron el debate sobre la responsabilidad estatal frente a presos políticos. En todos estos casos existe un denominador común: el Estado tenía el deber jurídico de mantenerlos con vida.
La lista de muertos en custodia en Venezuela es larga y dolorosa. A muchas de esas muertes las precedieron graves torturas, desatención médica, tratos crueles y degradantes. Heridas y sufrimientos evidenciados en la propia audiencia frente al juez. Una grave situación de flagrancia, de impunidad, que la CPI no puede ignorar so pena de legítimo escrutinio no sólo de la opinión pública, sino de las víctimas y de los ciudadanos que se sienten a merced de la impunidad, como política pública.
En nuestra próxima entrega, la lista y los casos graves de muerte en custodia en Venezuela. Cómo la ley debe sustituir la guerra, los jueces a los verdugos y la dama ciega, a la amenaza.
Al cumplirse casi un mes de los sismos del 24 de junio, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) hizo público un mensaje pastoral en sus redes sociales, titulado “Samaritanos, testigos de la esperanza”. En esta publicación los obispos del país expresan su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia que impactó La Guaira, así como zonas de Caracas, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón, en una situación que agravó las de por sí complejas condiciones socioeconómicas del país.
Frente a las pérdidas de vidas y bienes materiales, la Iglesia católica exhorta a la población a no interpretar el desastre natural como una venganza o castigo divino. La CEV aclara que los movimientos sísmicos responden a procesos naturales y que la fe debe orientarse hacia el consuelo, la bondad y la compasión.
En el comunicado episcopal se destaca la respuesta inmediata de la comunidad venezolana ante la emergencia. Valoran el compromiso del pueblo al que califican como el principal protagonista de la ayuda humanitaria en medio de esta situación.
La CEV también reconoce y se manifiesta conmovida por la actitud de las personas afectadas por la situación económica del país que, a pesar de sus circunstancias, compartieron lo que tenían. También destacan a las madres que sostuvieron la vida de sus familiares durante momentos angustiosos. El episcopado elogia en el texto la labor de los equipos de rescate y voluntarios, tanto nacionales como extranjeros que arriesgaron sus vidas para remover escombros y rescatar sobrevivientes sin reparar en creencias o ideologías.
Denuncia y prevención
Los obispos se hacen eco de la indignación manifestada por las víctimas que quedaron damnificadas y desatendidas por los organismos públicos tras los terremotos. Reclaman que el Estado tiene la obligación indispensable de contar con planes de preparación y respuesta efectivas para afrontar estas complicaciones.
La Conferencia Episcopal Venezolana advierte que la población debe mantenerse vigilante para evitar que durante los procesos de reconstrucción se repitan las mismas fallas del pasado. Exigen que los sectores afectados no vuelvan a sufrir las consecuencias de la corrupción y la indolencia del Estado en la asignación y ejecución de las nuevas obras.
Una reconstrucción integral
La Iglesia venezolana exhorta a una reconstrucción oportuna y profunda que trascienda la ayuda humanitaria de emergencia. Los obispos rechazan las dinámicas de dependencia del Estado e instan a crear las condiciones necesarias para que las familias damnificadas dispongan de viviendas y empleos dignos.
La propuesta de la CEV enfatiza que la recuperación no debe limitarse al aspecto material, sino que debe incluir la sanación de las heridas emocionales, espirituales y psicológicas de la población. Piden no apartar la atención de otros sectores vulnerables del país, como los trabajadores con salarios tan bajos, los pensionados, los enfermos y los presos políticos.
Por último, expresan su preocupación por la restauración de los templos y monumentos religiosos dañados, que forman parte de la identidad cultural e historia nacional del país, como el Cristo de la Salud en La Guaira y el Nazareno de San Pablo en Caracas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A casi un mes del doble sismo que sacudió al país el pasado 24 de junio, el balance oficialevidencia variaciones en el número de víctimas mortales, el registro de réplicas y el suministro de asistencia, al tiempo que mantiene patrones de estancamiento e información omitida en áreas críticas de derechos humanos.
El reporte del 21 de julio, difundido casi a las 10:00 p. m. en la cuenta en Instagram de Jorge Rodríguez, sitúa el total de personas fallecidas en 5346, lo que representa un incremento de 68 víctimas mortales en comparación con las 5278 contabilizadas en el informe presentado el día previo por el presidente de la Asamblea Nacional.
Pese al aumento en el registro de decesos, el nuevo balance oficial vuelve a dejar en la penumbra un dato neurálgico para las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos: la cantidad de personas desaparecidas. Transcurridas cuatro semanas de la tragedia, las vocerías del Estado continúan omitiendo este indicador en sus partes diarios, lo que imposibilita la contraloría ciudadana y la verificación independiente del alcance real del desastre.
Inconsistencias y estancamiento en los datos de rescate
Una revisión comparativa entre los partes del 20 y el 21 de julio revela que varias de las cifras fundamentales del operativo de respuesta se mantuvieron completamente congeladas. La cantidad de heridos continuó fijada en 16 740 personas, dato que permanece inamovible desde el pasado 13 de julio. Una situación idéntica ocurre con el despliegue del personal en el terreno, que repite exactamente los mismos números de la jornada anterior: 2278 rescatistas internacionales, 30 989 efectivos nacionales y 31 745 voluntarios, para un total de 65 012 funcionarios y colaboradores.
En el renglón de personas rescatadas con vida, el boletín del 21 de julio presenta una discordancia respecto al reporte previo. La lámina oficial registra 6462 rescatados, lo que supone una reducción de 30 personas frente a los 6492 reportados el 20 de julio, sin que las autoridades hayan ofrecido explicaciones públicas sobre si responde a una corrección técnica o a un ajuste metodológico. Por otra parte, la infografía gubernamental incorporó una nueva cifra global: la atención a 39 567 pacientes.
Ajustes en refugios y distribución de insumos
Con relación al impacto poblacional y la infraestructura, el reporte del 21 de julio señala variaciones a la baja en el registro de refugiados y damnificados. Aunque el número de campamentos transitorios se sostuvo en 107 y el total de familias atendidas se mantuvo en 128 324, la cifra de personas en refugios descendió de 23 587 a 23 122 (465 personas menos). Asimismo, la cifra total de damnificados bajó de 17 907 a 17 265. La evaluación de daños físicos no reportó cambios: se mantuvo la cifra de 190 edificios colapsados y 856 inmuebles con afectaciones estructurales.
En el área de logística humanitaria, la entrega de comida se mantuvo estancada en 10 964,97 toneladas de alimentos. El avance más significativo de la jornada se registró en el suministro de agua potable, que pasó de 37 885 128 a 40 648 988 litros distribuidos, lo que equivale a 2 763 860 litros adicionales entregados a las comunidades. Finalmente, el número acumulado de réplicas no registró nuevos eventos entre ambos balances y se mantuvo en 1405 movimientos telúricos secundarios.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Nicolás Maduro y Cilia Flores volverán este miércoles 22 de julio ante el juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en lo que será la tercera audiencia del proceso judicial que Estados Unidos sigue contra ambos por delitos federales, entre ellos, el cargo de narcoterrorismo contra Maduro y otros de conspiración.
La cita, pautada para las 12:00 del mediodía hora de Nueva York (la misma de Caracas), había sido reprogramada. Estaba prevista originalmente para el 30 de junio, pero fue movida para este 22 de julio. El abogado venezolano Nizar El Fakih, quien ha hecho seguimiento jurídico al caso y ha estado presente en las audiencias anteriores, conversó con TalCual en el programa NocheD sobre lo que puede esperarse de la comparecencia de este miércoles.
Según El Fakih, el proceso se encuentra en la fase pretrial o etapa preliminar, previa al juicio propiamente dicho, en la que aún no se constituye un jurado ni se abre el debate oral y público sobre las pruebas. El componente central de esta etapa es el discovery process, la revelación de pruebas que la fiscalía está obligada a entregar a la defensa, en curso desde el 15 de abril de forma confidencial entre ambas partes. «Eso es muy determinante porque va a permitir a los acusados trazar su línea de defensa y tomar decisiones cruciales, que incluso pueden incidir en si van a decidir ir a juicio o si por el contrario prefieren explorar alguna alternativa que les ofrece la ley para evitar ir a juicio», indicó El Fakih.
Al respecto, el abogado agregó: «El tiempo que ha transcurrido es muy sustancial porque el discovery process sí toma tiempo y va a tomar más meses, de hecho. Falta mucha tela que cortar sobre ese material probatorio. Los abogados pueden ejercer muchos recursos para tratar de separar parte de ese material probatorio, y sobre cada una de esas pruebas que ellos quieran separar tienen que formular una moción argumentando por qué. La fiscalía tiene que tener un lapso para poder examinar esa moción y responderla».
En siete meses, la defensa de Maduro y Flores, no obstante, solo ha presentado dos mociones: una para solicitar el pago de honorarios con recursos del Estado venezolano y otra para pedir la desestimación del caso. Tampoco han solicitado la libertad de los acusados ni una fianza.
El 2 de septiembre de 2026 debería culminar una primera ronda de mociones previas al juicio.
El 22 de septiembre de 2026, la fiscalía prevé finalizar la entrega de pruebas no clasificadas.
El 15 de noviembre de 2026 se estima el cierre de la producción de evidencia clasificada.
Una segunda ronda de mociones previas al juicio se extendería hasta el 11 de enero de 2027.
Los últimos requerimientos antes del juicio deberían quedar resueltos para el 11 de marzo de 2027.
La fase de juicio comenzaría en junio de 2027, casi once meses después de esta audiencia.
El Fakih subrayó que se trata de una propuesta que las partes formulan a la corte, y que corresponde ahora al juez evaluarla y pronunciarse, sin descartar que más adelante se soliciten prórrogas adicionales.
Maduro, en peor posición judicial
Consultado sobre si la situación judicial de Maduro es hoy peor que en enero o en marzo, cuando se realizaron las audiencias anteriores, El Fakih fue categórico: «Completamente, completamente». Su explicación se centra en el reconocimiento que hizo Estados Unidos de Delcy Rodríguez como encargada del Ejecutivo venezolano, formalizado mediante una declaración de interés del Departamento de Estado.
De acuerdo con El Fakih, en enero y marzo existía todavía un vacío sobre a quién reconocía Washington como representante legítimo de Venezuela, lo que abría una ventana de oportunidad para que la defensa planteara ante la corte dilemas sobre la condición de Maduro y Flores como jefe de Estado y primera dama. Esa ventana, dijo, se cerró: al Estados Unidos reconocer a Rodríguez como encargada del Ejecutivo, no puede reconocer simultáneamente a Maduro como presidente, lo cual lo deja en una posición argumentativa más precaria ante el tribunal.
Una de las piezas centrales de la defensa, la moción por inmunidad como jefe de Estado, fue mencionada por Maduro desde su primera comparecencia y, siete meses después, aún no ha sido formalmente introducida. ¿A qué atribuye El Fakih esa demora? A que ningún componente institucional venezolano ha respaldado ese argumento: ni el Estado venezolano ni las autoridades que hoy ejercen en torno al caso han solicitado la liberación de Maduro ni se han hecho parte del proceso. Para El Fakih, ese silencio institucional debilita el argumento de inmunidad, porque si el Estado presuntamente afectado no reclama, el reconocimiento de su jefe de Estado como tal pierde fuerza ante la corte.
El abogado también señaló como llamativo el cambio de firma de abogados de Maduro, ocurrido justo después de resuelto el tema del pago de honorarios, y el distanciamiento que ha observado entre Maduro y Flores durante las audiencias, sin contacto visual ni gestos de apoyo entre ambos pese a compartir la misma mesa. «Es muy llamativo que haya habido un cambio de abogado justo luego de que se zanjó el asunto de los pagos. Una vez que se logra el acuerdo de pago, hay un cambio de firma de abogados. Eso es algo que es raro de ver en esta etapa del proceso».
Barry Pollack sigue siendo el abogado principal de Maduro, luego de cambiarse de escritorio jurídico, pero ahora estará acompañado por otra litigante.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde las primeras horas después del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio, voluntarios de la Universidad Metropolitana activaron un despliegue multidisciplinario para atender algunas de las zonas más afectadas.
Esta iniciativa tuvo la participación de más de mil voluntarios coordinados con la Federación de Centros de Estudiantes de la Unimet y autoridades académicas, y orientaron sus acciones a la búsqueda de supervivientes, soporte logístico, evaluación de edificaciones y acompañamiento emocional a la población.
Al frente de este movimiento se encuentran la agrupación de Rescate Unimet y la Fundación Motores por la Paz. Ambas organizaciones establecieron su base de operaciones en el estado La Guaira, con un despliegue diario de 30 a 40 personas entre rescatistas y personal logístico. Hasta la fecha, la iniciativa ha ayudado a salvar aproximadamente a 28 personas y ha colaborado en la recuperación y localización de unos 50 fallecidos.
“Más de mil voluntarios se han sumado a las distintas iniciativas. Los estudiantes y la Federación de Centros de Estudiantes de la UNIMET han sido fundamentales para la organización de esta respuesta, participando activamente en la conformación de equipos y definición de líneas de acción. Hemos ido fortaleciendo nuestro trabajo para responder de manera más eficiente”, explicó Santiago Perera, secretario general de la Universidad Metropolitana.
Acopio y ayuda humanitaria
La respuesta social de los estudiantes y del personal administrativo se centralizó en la Capellanía de la universidad, que se convirtió en un centro de acopio bajo la gestión de la Dirección del Centro de Desarrollo Sustentable, la representación estudiantil y autoridades pastorales.
A través de este plan, más de 600 voluntarios han canalizado y distribuido recursos a 23 hospitales, 11 centros de acopio regionales, 41 médicos y diversas organizaciones humanitarias. Para lograrlo, más de 20 vehículos partían diariamente de la universidad para repartir los insumos.
Los balances de este centro registran la entrega de 12 000 kilogramos de alimentos no perecederos, 20 000 litros de agua y soluciones electrolíticas, 15 000 insumos médicos y 750 bolsas con ropa y lencería.
“Cuando entregamos algo, no estamos entregando solamente una medicina o una botella de agua. Detrás de cada aporte está la bondad y la generosidad de muchas personas que hicieron posible que llegara hasta allí”, añadió el padre Isidro Ramírez, capellán de la universidad.
Conocimiento de la comunidad
Desde el punto de vista técnico, la Facultad de Ingeniería desplegó a 107 profesores, estudiantes de Ingeniería Civil y egresados para realizar más de 500 inspecciones a infraestructuras de la Gran Caracas y La Guaira. El equipo, que estuvo guiado por especialistas en geotecnia, trabajó en alianza con la Unión Europea, la Alcaldía de Chacao, el Ministerio de Educación Universitaria y gremios del sector de la construcción para tomar las decisiones sobre la habitabilidad de los inmuebles.
Al mismo tiempo que las evaluaciones en los terrenos, en los laboratorios de la universidad se desarrollaron soluciones tecnológicas, como la producción mediante impresión 3D de unas 100 férulas médicas para la inmovilización de lesionados.
Asimismo, integrantes de la agrupación estudiantil Fórmula SAE brindaron apoyo técnico en el mantenimiento de las plantas eléctricas utilizadas en las zonas afectadas. Por su parte, estudiantes de Idiomas Modernos sirvieron como intérpretes de inglés, francés y alemán para coordinar las misiones de apoyo internacional con la Embajada de Estados Unidos, el Hospital Indio y rescatistas extranjeros.
Atención psicológica
La ayuda emocional se estructuró a través del servicio gratuito de Primeros Auxilios Psicológicos con modalidad presencial y remota. Este esfuerzo estuvo liderado por la Escuela de Psicología junto con las direcciones de Bienestar Estudiantil y Capital Humano. La iniciativa contó con un equipo de 249 voluntarios, entre docentes, especialistas de la Federación de Psicólogos de Venezuela y alumnos de últimos semestres que brindaron atención a aproximadamente 320 personas. En alianza con la organización Voces de Género, también se abordaron 41 casos en jornadas especializadas.
La universidad también monitorea el impacto de los sismos en sus propias instalaciones, además de las pérdidas humanas, lesiones físicas y daños materiales en las viviendas de estudiantes y trabajadores. Frente a estas realidades, las autoridades evalúan formas de apoyo dirigidas a garantizar la continuidad académica de los alumnos afectados y ofrecer orientación legal a quienes lo necesiten.
Con información de Nota de Prensa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
![La muerte bajo custodia [I]](https://runrun.es/wp-content/uploads/2026/07/La-muerte-bajo-custodia-I-por-Orlando-Viera-Blanco-@ovierablanco-1024x768.jpg "La muerte bajo custodia [I]")
