Entre 12 500 y 25 000 millones de dólares se requerirían para afrontar la reconstrucción de La Guaira y las otras regiones del país que sufrieron la devastación de los terremotos del 24 de junio. Es el cálculo al que llegaron el economista José Guerra y un equipo de profesionales que elaboraron un diagnóstico y un plan para el financiamiento de las obras de rehabilitación.
En una entrevista en Unión Radio, el economista José Guerra, coordinador de la propuesta elaborada con profesionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Cámara de la Construcción, explicó que el impacto económico en el sector exige activar planes financieros, ya que los recursos fiscales actuales resultan insuficientes para poder abordar la emergencia.
Recursos internos
Como una medida estratégica de reactivación, el plan propone reducir el número de reserva o encaje legal al sistema bancario y llevarlo al 50 %. Este permitiría inyectar directamente a la actividad económica una cantidad aproximada de 800 millones de dólares para crear un fondo especial o cartera destinado a la construcción.
“Entonces, esas viviendas las va a hacer el sector privado. ¿Con cuáles fondos? Con esos fondos que tienes allí, que va a ser la cartera de construcción, como estaba la cartera agrícola, con la que se financiaban el arroz, el maíz, el sorgo”, explicó Guerra.
El economista cuestionó las políticas crediticias al catalogar la tasa actual como una limitante para el desarrollo comercial: “El encaje es el enemigo del crédito; mientras mayor es el encaje, menos crédito se otorga”.
La propuesta de financiamiento del equipo de Guerra prevé la creación de fideicomisos administrados por la banca. El objetivo sería otorgar préstamos directos a las empresas y constructoras del sector privado, ya que estas poseen la capacidad y la maquinaria necesaria para realizar las obras de infraestructura.
El economista también planteó la idea de un mecanismo de financiamiento a menor escala llamado “Cashea de viviendas”. Este podría orientarse a respaldar a familias de bajos recursos mediante el otorgamiento de microcréditos de la banca pública destinados a la compra de materiales como cemento, cal y cabillas, necesarios para la reparación de las viviendas afectadas.
“Yo creo que hay que crear una Cashea de viviendas —Se lo he dicho a alguna gente cercana a la empresa—, con la cual tú puedas financiar obras menores; por ejemplo, 300 dólares, 500 dólares, para reparar”, expresó Guerra.
Fondos e instrumentos legales
En el panorama macroeconómico, el equipo de especialistas trabajó en un proyecto de ley de seis artículos para respaldar la creación de un fondo para las reconstrucciones.
Las proyecciones de estos gastos superan los 12 500 millones de dólares, para un lapso de 3 a 4 años, y puedan abarcar desde la remoción de escombros hasta la realización de estudios de suelos y la reconstrucción de escuelas, centros de salud y servicios de telecomunicaciones.
El plan no solo toma en cuenta el estado La Guaira, sino otras zonas del país que sufrieron daños por los sismos.
“Este esfuerzo financiero excede las capacidades actuales de Venezuela”, afirmó el experto.
Para lograr establecer el fondo, la estrategia se basa en apelar a fuentes de financiamiento externo, como el Fondo Monetario Internacional. Guerra recordó que Venezuela puede acceder a 5000 millones de dólares por concepto de Derechos Especiales de Giro asignados al país. Advirtió, en este sentido, que Venezuela va a recibir el doble de ingresos por petróleo sin que se tenga, hasta ahora, transparencia total de adónde está yendo el capital.
“Hay que exigir esos recursos; son de Venezuela y no de la directiva del Fondo”, expresó el economista.
A la estrategia internacional se sumaría la posibilidad de solicitar una línea de financiamiento rápido hasta de 5300 millones de dólares, gestionar el rescate de 2000 millones de dólares en oro depositados en el Banco de Inglaterra y canalizar 4500 millones de dólares correspondientes a utilidades acumuladas de la empresa Citgo.
Control y transparencia
Esta iniciativa busca corregir las fallas de planificación observadas en proyectos gubernamentales pasados, en los cuales la urgencia de construir derivó en el colapso de edificaciones por la falta de estudios de los suelos y por uso de materiales de baja calidad.
En la propuesta se explica que, con el fin de garantizar la seguridad de las nuevas edificaciones, los proyectos deben ser diseñados y evaluados por un equipo multidisciplinario que integre a los mejores profesionales y expertos de la arquitectura, la geología, la ingeniería civil y otros, graduados en reconocidas instituciones académicas nacionales y extranjeras.
Con el objetivo de prevenir irregularidades en el manejo de los capitales, cada obra pública será sometida a procesos de revisión pública nacional e internacional y el seguimiento se canalizará mediante páginas webs de acceso abierto donde la sociedad civil, las facultades universitarias y la Asamblea Nacional ejercerán evaluaciones de los presupuestos, los materiales y los tiempos de entregas.
La meta final de este plan de diseño urbano, que esperan presentar pronto al Gobierno, apunta a transformar La Guaira en un centro turístico competitivo en la región y aprovechar sus ventajas geográficas para la atracción de inversiones y la generación de empleos.
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