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Protestas 2017

Sebin confirma detención de periodista Luis Carlos Díaz en sede de El Helicoide

El Sebin allanó la residencia de Díaz. Su esposa, Naky Soto, también tiene orden de aprehensión que no fue ejecutada por su convalecencia

Varias horas después de su desaparición, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) habrían confirmado la detención del comunicador y experto en redes sociales Luis Carlos Díaz, quien habría sido secuestrado la tarde de este lunes 11 de marzo cuando salía de las oficinas de la estación Unión Radio rumbo a su vivienda.

“El Sebin confirma la detención del periodista y activista por los derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Fue trasladado a la sede de El Helicoide”, informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en su cuenta de twitter.
La detención de Díaz ya había sido comunicada solapadamente por Nicolás Maduro, quien en horas de la noche aseguró desde el Palacio de Miraflores que habían sido detenidas dos personas acusadas de ser los autores intelectuales de supuesto sabotaje a la central hidroeléctrica de Guri, una avería que por inpericia de las autoridades mantiene a parte de Venezuela sin servicio eléctrico desde el pasado jueves 7 de marzo.
No conforme con la detención del comunicador, el Sebin allanó su residencia, donde además fueron amenazados su esposa, la también periodista Naky Soto, quien aun se recupera de una enfermedad que la ha mantenido un tanto retirada del quehacer periodístico.
Según información de Provea, los efectivos de del Sebin presentaron una orden de allanamiento y dos testigos, además de trasladar esposado a Díaz para que presenciara el procedimiento, en el cual requisaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops y 1 disco duro, según quedó constado en el acta, como corroboró uno de los testigos. Díaz también aseguró que los funcionarios se habrían apoderado de dinero en efectivo, del cual posteriormente no habría quedado constancia oficial.
Soto pudo conversar brevemente con Díaz, quien le relató que habría sido detenido cuando se desplazaba cerca de la embajada de Corea, en el Country Club. Asimismo, le confirmó que habría sido víctima de tratos crueles y degradantes durante su detención.
La información suministrada por los funcionarios durante el allanamiento es que Díaz, supuestamente, habría cometido “delitos informáticos”. En las próximas horas debería ser trasladado a un tribunal para ser presentado al Ministerio Público, quien debería formalizar los cargos contra el defensor de DDHH o dejarlo en libertad.
El pasado 08 de marzo el comunicador fue criminalizado por Diosdado Cabello, quien aseguró en un video que video que era parte de la conspiración que supuestamente era responsable de la avería de la represa del Guri, que originó la interrupción del suministro eléctrico en Venezuela durante varios días.

Según el testimonio, los funcionarios habrían informado que Soto también se encontraba en la orden de aprehensión, pero que debido a su condición (paciente oncológico) no iban a proceder en los momentos. Sin embargo, aseguraron que “si denunciaba, la vendrían a buscar”.
En el suceso también fueron amenazados y apuntados con armas por funcionarios del represivo cuerpo de seguridad los periodistas Marco Ruiz, secretario general del Sntp; Luz Mely Reyes, directora de la web Efecto Cocuyo; Lina Vanorio (Unión Radio) y el abogado Federico Black, quienes se encontraban en la residencia de Díaz intentado conocer su paradero.
Tanto su esposa Naky Soto como el Sntp, Provea, Espacio Público y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, darán una rueda de prensa este martes a las 11 am en la sede de la Fiscalía General de la República, para exigir la liberación del comunicador social.
También ha solicitado al equipo técnico de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en DDHH, actualmente en Caracas, que lo visite en su sitio de reclusión para constatar su integridad física y psicológica.

Ministro colombiano: Red que se lucra del hambre en Venezuela opera desde Europa

 

La red criminal trasnacional que se lucra de la venta y distribución de alimentos esenciales para la población en Venezuela, conocida como las CLAP, causando hambre en este país, tiene vínculos con personas y empresas que operan desde naciones de la Unión Europea (UE), según el ministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

La información recopilada y compartida por las autoridades de inteligencia financiera de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos está sirviendo para que “quede evidente al mundo que el hambre que hay en Venezuela es un hambre inducida”, provocada por la “corrupción”, explicó Cárdenas durante una entrevista con Efe en Madrid.

El ministro, que participó en la capital española en un seminario sobre infraestructuras organizado por la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, es uno de los integrantes del grupo de trabajo creado por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Estados Unidos para detectar y luchar contra los entramados corruptos vinculados al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El grupo se reunió la semana pasada en Cartagena (Colombia) para abordar el caso específico de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) venezolanos, promovidos por el Gobierno de Maduro y encargados de distribuir alimentos de primera necesidad.

Cárdenas detalló que existe un entramado que vende esos alimentos a un sobreprecio y desvía fondos “que se mantienen en cuentas de funcionarios o testaferros del régimen de Maduro”.

Algunas de las personas y empresas de ese entramado corrupto operan desde países de la UE y, por ello, se ha invitado a la próxima reunión del grupo, fijada para septiembre en Washington, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) e Infracciones Monetarias de España.

Según Cárdenas, también “se va a involucrar a las fiscalías” de los cuatro países del grupo de trabajo, dado que “el caso está ya para pasar a la etapa de imputaciones”.

La labor de las unidades de inteligencia financiera “será un insumo determinante para decisiones” frente a la crisis en Venezuela “que se puedan tomar en el escenario no solo judicial, sino también político”, aseguró el ministro.

Por otro lado, Cárdenas resaltó durante la entrevista “el momento extraordinariamente positivo” que, a su juicio, está viviendo Colombia, aunque lamentó que en la reciente campaña electoral se usara “el desprestigio” del país “como instrumento político sin ningún tipo de sustento”.

“Ha habido muchas ‘fake news’ (noticias falsas) sobre la situación en Colombia”, según Cárdenas, que entregará la cartera de Hacienda a Alberto Carrasquilla en agosto, cuando asumirá el nuevo Gobierno del presidente electo, Iván Duque.

Las reuniones de transición que ya ha mantenido con su sucesor han sido “muy cordiales, muy fluidas y con un espíritu muy constructivo”, añadió.

En su opinión, “el Gobierno que llega va a encontrar una economía en proceso de recuperación, con un crecimiento que se está acelerando”, tras un “ajuste difícil” a la nueva realidad de “convivir con menores ingresos petroleros” y a cambios “estructurales” como los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

Durante los procesos electorales “se tiende a descontextualizar y plantear un panorama que no es real”, puesto que “la economía colombiana está en uno de sus momentos más sólidos y fuertes”, señaló Cárdenas al destacar, entre otros, los buenos indicadores de inversión extranjera, acceso a financiación y llegada de turistas.

“El país está en una muy buena senda, el próximo Gobierno va a poder cosechar muchísimo de lo sembrado por este Gobierno”, insistió.

La conferencia “Infraestructura para la integración de América Latina”, celebrada en la Casa de América, ha reunido este lunes a ministros y responsables de Economía, Finanzas y Planificación de Bolivia, Brasil, Colombia, España, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otras personalidades.

Se trata de la primera conferencia anual de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina en España, con objeto de ser un espacio permanente de dialogo donde representantes políticos y del sector privado compartieron experiencias y propuestas para las alianzas público-privadas.

Protestas 2017 | Padre de Daniel Queliz:
Aunque el caso del joven que fue asesinado por Policarabobo en abril de año pasado fue esclarecido poco después de su muerte, el juicio contra los funcionarios implicados no ha iniciado. La audiencia de apertura ha sido diferida cinco veces

 

@ashfloresm

DANIEL QUELIZ ARACA CUMPLIÓ 20 AÑOS DE EDAD el 5 de abril de 2017. Días más tarde, el 10 de abril, fue asesinado por un policía durante una protesta en el estado Carabobo. El 1º de mayo del año siguiente, a su madre, Gleniz Araca, la hallaron muerta después de haberse suicidado.

Después de un año sin justicia en el caso de su hijo y del fallecimiento de su esposa, a ambos les sobrevive el padre, Alexander Queliz. “Destruyeron a mi familia directa, mi continuidad, apagaron los sueños de Daniel. Acabaron con mi hogar, con lo que mi esposa y yo construimos. Éramos una familia feliz, con nuestras carencias como cualquier familia venezolana, pero ese momento marcó un antes y un después. No es fácil. Me quedé sin mi único hijo y un poco después sin mi esposa. Los pedazos de mi vida han quedado esparcidos en el piso y tengo que ver qué hago con ellos”, dice vía telefónica el papá de Daniel y viudo de Gleniz.

A Daniel Queliz lo mataron en la urbanización Los Parques del sector Los Caobos, en Valencia, estado Carabobo. Fue la primera víctima en las protestas en este estado, donde cayeron 19 personas en cuatro meses de conflicto, y el segundo en todo el país de una cifra que, según registros de Rurun.es, llegó a 158 muertes. Por el caso de Queliz están imputados los oficiales Marcos Antonio Ojeda Arias (tirador), detenido en la Comandancia General de PoliCarabobo y Edien Romero, recluido en el eje contra homicidios del CICPC en la base Miguel Peña de la entidad. Ojeda Arias disparó un proyectil 9mm al cuello de Daniel, que quedó alojado en la cuarta vértebra de la columna.

“Según la criminalista y abogada del caso de mi hijo, Grace Rodríguez, ese tipo de lesión es mortal. Daniel falleció en el acto y dentro del urbanismo. Una persona con una herida de esa magnitud puede resistir a lo sumo 8 o 10 minutos, no lo digo yo, lo dicen los médicos”, asegura el padre de la víctima.

Daniel fue uno de los 38 estudiantes que murió en medio de las manifestaciones del año pasado y una de las tres víctimas de Policarabobo en los meses de protesta. El cuerpo de seguridad regional también participó en los homicidios de Christian Humberto Ochoa, el 25 de abril de 2017, y Luis Eloy Pacheco, el 4 de mayo del mismo año. El joven pertenece a la franja que edad –entre los 18 y 30 años– en la cual se registró la más alta cantidad de muertes: 83 víctimas.

El 9 de abril de ese año fue la última vez que los padres de Daniel lo vieron con vida. Era Semana Santa y planeaban viajar a Chichiriviche para disfrutar de los días de descanso, pero Daniel tuvo que quedarse en su casa por obligaciones laborales y estudiantiles, ya que cursaba tercer año de Derecho en la Universidad Arturo Michelena. La idea era alcanzarlos tres días más tarde. La despedida fue la usual de unos papás venezolanos: “Dios te bendiga, hijo”.

Aquel lunes 10 de abril

A pesar del asueto, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), continuaba con su agenda de calle. Hizo un llamado a los caraqueños para marchar hasta la Defensoría del Pueblo para pedir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Domingo de Ramos, el presidente Nicolás Maduro animó a los venezolanos a celebrar la Semana Mayor desde su programa de televisión.

“Estoy ansioso que se convoquen elecciones de gobernadores y alcaldes para darle una pela a esta gente con votos y terminen con su guarimbeo y violencia”, expresó el primer mandatario.

Tanto en Caracas como en Valencia, los manifestantes comenzaron a llenar las calles al mismo tiempo que los cuerpos de seguridad del Estado se prepararon y dieron inicio a la represión que signó toda la oleada de protestas. Se reportan los primeros heridos a nivel nacional.

En la capital del estado Carabobo la situación recrudeció hasta altas horas de la noche. En la urbanización Los Parques, al suroeste de la ciudad, amas de casa, jóvenes y ancianos resistieron a la acción de los policías que desde las 8:00pm lanzaban bombas lacrimógenas. Ese día, a las 11: 30pm, Daniel decidió apoyar a sus vecinos, pero una patrulla salió del comando contiguo y los efectivos comenzaron a disparar en contra de los manifestantes. Él trató de resguardarse, pero fue alcanzado indefenso por dos proyectiles: uno que impactó en su mano izquierda y el otro en la nuca.

“A las 12 de la noche me llamó un vecino para decirme que mi hijo había sufrido un accidente y que se encontraba en el Hospital Central de Valencia Doctor Enrique Tejera. Nos devolvimos, mi esposa tenía una crisis de nervios. En el trayecto pedí hablar con mi hermano y le exigí que me dijera lo que estaba pasando. Él me dijo la verdad. Mi hijo estaba muerto. Mantuve la calma sin decirle nada a mi esposa hasta que llegamos directamente a la morgue del hospital”, rememora Queliz.

Se aleja la justicia

La ciudad estaba enardecida. Queliz fue el primer muerto del estado Carabobo y la Fiscalía, todavía a cargo de Luisa Ortega Díaz, actúo de forma inmediata.

“Debo admitir que la respuesta del Ministerio Público y del CICPC al momento del asesinato de Daniel fue rápida. Fue un trabajo profesional dirigido para ese momento, porque ya se fue del país, por el Fiscal 28° del estado Carabobo, José Antonio López y por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz que inmediatamente designó tanto al López como a la Fiscal Nacional 34° para que se abocaran de lleno con el caso del asesinato de mi hijo. Fue tanto así que el asesinato de Daniel se esclareció en menos de 48 horas”, dice Alexander Queliz.

Ante las acusaciones del Ministerio Público, el para entonces gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, reconoció que el manifestante Daniel Queliz recibió un disparo de un arma de un oficial de la Policía de Carabobo.

El 25 de abril de 2017, durante una rueda de prensa para dar un balance de las muertes durante las protestas, la Fiscal Ortega Díaz aseguró que “por el caso de Daniel Queliz se encuentran aprehendidos dos funcionarios de la policía del estado Carabobo: Marcos Ojeda y Edwin Romero”. La Fiscal también lamentó la muerte de 26 venezolanos durante esos primeros 25 días de manifestaciones.

“Quiero informar al país que el Ministerio Público apenas tuvo conocimiento de estos homicidios, de forma inmediata designó fiscales, pero no solamente fiscales, sino también a directores, subdirectores, coordinadores y especialmente a nuestros laboratorios. Quiero que sepa el país que nuestro equipo de médicos y expertos fueron quienes practicaron las autopsias para determinar las causas de las muertes. Nosotros seguimos trabajando porque hay muchas cosas que investigar en estos homicidios, entre ayer y la madrugada de hoy tenemos cuatro personas fallecidas más. Apenas estamos comenzando las investigaciones, estamos trabajando para que se sancione a los responsables para que no haya impunidad, para que haya respuesta y justicia”, expresó Ortega Díaz.

La justicia, que ya se veía cercana, se alejó con la llegada de Tarek William Saab al Ministerio Público:

“Debo decir responsablemente que una vez que el señor Tarek William Saab asumió el mando como Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente el caso de Daniel comenzó a tener retardos. No solo el caso de Daniel, yo me atrevo a decir que todos los casos de los asesinados durante las protestas, han tenido de una u otra forma un retardo”, dice el padre de la víctima.

Según Alexander Queliz, la abogada le aseguró que la primera fase de investigación y control avanzó de manera muy rápida. Los imputados se acogieron a la ley. Sin embargo, el retardo es cada vez mayor. El juicio por el caso de Daniel debió haber comenzado en el mismo año 2017, en el mes de diciembre. A la fecha han diferido 5 audiencias para la apertura del juicio. La última fue diferida el pasado 3 de julio y quedó para el 26 del mes en curso.

“Al momento de la autopsia a Daniel tuvieron que hacerle rayos X porque el proyectil estaba en una zona muy complicada para extraerlo, pero cuando hacen la comparación balística comprueban que efectivamente salió de un armamento asignado al supervisor jefe Marco Ojeda, que es el autor material de la muerte de mi hijo. A pesar de las pruebas, siguen retardando el juicio”, afirma Queliz.

En medio del dolor, Alexander Queliz dice que “la procesión va por dentro” y que seguirá en la lucha por la memoria de su hijo y de su esposa. “A lo último que nosotros debemos renunciar en cualquier parte del mundo es a nuestros derechos. El día que renunciemos a nuestros derechos como ciudadanos, ese día estamos perdidos”, manifiesta el padre de Daniel Queliz.

Protestas 2017 | Mamá de Hecder Lugo: “El fiscal que lleva el caso de mi hijo se fue del país”
El joven fue una de las 31 personas que murió en manos de la Guardia Nacional durante las manifestaciones del año pasado. Aunque existen videos y testigos del asesinato, ocurrido el 4 de mayo de 2017 en San Diego, estado Carabobo, los padres de la víctima desconocen si existen órdenes de detención o imputaciones contra los uniformados que le dispararon en la frente al muchacho

 

@ashfloresm

DESDE EL 4 DE MAYO DE 2017, EN HORAS DE LA TARDE, la vida de la familia Lugo Pérez nunca volvió a ser la misma. Todo se vino abajo cuando su hijo Hecder, de 20 años de edad, ingresó mortalmente herido –sin actividad cerebral– a la emergencia del Centro Médico Valle de San Diego, luego de que el joven cayera en el pavimento caliente durante una protesta en el sector Tulipán tras el impacto de un perdigón de plomo disparado por un Guardia Nacional.

“Yo estaba haciendo unos helados y recibí la llamada del amigo que lo fue a buscar temprano y me dijo: ‘Señora Daysi, a Hecder le dieron un tiro ’. Yo me quería morir, quedé en shock y ni siquiera pude salir de la casa a buscarlo. La que salió fue mi hija. Yo no quería decirle a mi esposo porque él es diabético y está delicado, pero no aguanté y en medio de la desesperación  tuve que hacerlo”, dijo la madre del joven.

Hecder es una de las 19 personas que murió en Carabobo durante las manifestaciones del año pasado. Este, por cierto, fue el quinto estado en donde sucedió la mayor cantidad de homicidios en medio del conflicto, después de Distrito Capital, Miranda, Lara y Táchira. El nombre del joven también está entre las 31 personas caídas por ataques de la Guardia Nacional contra quienes protestaban.

El muchacho pertenece a la franja que edad en la cual se registró la más alta cantidad de muertes: 83 personas (de un total de 158), entre los 18 y 30 años de edad, perdieron la vida en las protestas de 2017.

La muerte de Hecder Lugo, al igual que los casos de Fabián Urbina y David Vallenilla, causó una gran impresión en las redes sociales. Todo quedó registrado. Dirigentes políticos y estudiantiles y medios de comunicación hicieron eco de la noticia en minutos. Pero la justicia ha sido esquiva a su caso, así como al de más de 150 personas que cayeron durante las manifestaciones del año pasado.

“¡Que te puedo decir! La Fiscalía a nosotros no nos ha dicho nada. De hecho, el Fiscal 28º del estado Carabobo, que lleva el caso de mi hijo, se fue del país. Cuando estaba Luisa Ortega nos garantizaron que se haría justicia, pero con su salida todo quedó en el limbo”, declara desde su casa, ubicada en  San Diego, Carabobo, Daysi Pérez, la madre de Hecder Lugo.

Una investigación de Runrun.es –hecha con datos recabados a través abogados, ONG, monitoreo de prensa y allegados de las víctimas– accedió a la información de 87 de los 158 procesos judiciales abiertos por los homicidios ocurridos en las protestas. Hasta marzo pasado, del total de los casos, sólo tres habían llegado a juicio. Otros 23, en los cuales ya había acusados, esperaban por la realización de la audiencia preliminar que había sido diferida en reiteradas ocasiones.

Día 34 de protesta. Aquel 4 de mayo de 2017, los estudiantes lideraban una marcha para exigir justicia por los jóvenes caídos. Un día antes había muerto en Caracas Armando Cañizales, el joven violista del Sistema de Orquestas que murió en manos de uniformados. En buena parte del país, las calles se habían llenado de gente bajo un lema: “ni un muerto más”.

Daniel Ascanio, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, hizo la convocatoria con el respaldo de más de 12 casas de estudio en todo el país. “Nuestros muertos tienen que dolernos, tienen que dejar de ser cifras y para todos tiene que ser un recordatorio de por qué estamos en las calles. Venezuela está en la calle y seguirá en la calle hasta lograr su libertad”, aseguró el dirigente estudiantil.

Valencia. Los estudiantes de la Universidad de Carabobo habían tomado el distribuidor El Trigal para que se impartiera una clase magistral abierta en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Otros recintos universitarios del estado se habían unido a la protesta y exigían respuesta al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y paz, Néstor Reverol, por los muertos, heridos y detenidos durante la represión que los cuerpos de seguridad habían ejercido en los últimos días.

Locales destrozados por saqueos en La Isabelica y Flor Amarillo hicieron que la urbe se sintiera en llamas. Los estudiantes repitían en el sector Tulipán el denominado “trancazo” y entre ellos se hbaía colado Hecder Lugo. Salió de su casa a protestar sin decirle palabra a su madre. Ella temía por su vida.

No era habitual verlo manifestar, pero ese día algo había impulsado a Hecder a ponerse en primera fila. Se escucharon detonaciones y un grito: “¡Malditos cobardes!… Hay un muerto. Vamos a recogerlo…”. Sus compañeros habían visto cuando un uniformado lo hirió en el abdomen y lo hizo caer. Luego, se acercó hasta donde estaba tendido y, poniendo su arma en la frente de Hecder, lo remató.

Los jóvenes trasladaron a Hecder a una clínica. Los médicos confirmaron heridas en el abdomen, además del tiro en la frente con orificio de entrada y salida. El muchacho luchó durante 15 horas por su vida.

El viernes 5 de mayo, los padres recibieron la noticia: Hecder murió y junto con él, ellos sintieron que también se les había ido la vida.

“Yo siempre le tenía las llaves escondidas para que no saliera. Cuando los amigos lo iban a buscar yo los corría y les decía: ‘No me vengan a buscar a Hecder que yo no quiero que esté en la calle con todos estos problemas ’, pero ese día salió y no pude hacer nada”, afirma hoy Daysi Pérez.

El 6 de mayo, los padres del joven amanecieron aferrados al ataúd de su hijo que ahora reposa en el cementerio Jardines del Recuerdo, en Valencia. El Ministerio Público designó al Fiscal 34º nacional y el 28º del estado Carabobo para llevar el caso. Fue este último quien les confirmó a los familiares que los cartuchos del arma con que mataron al joven habían sido manipulados con materiales metálicos. La autopsia reveló presencia de metal en el cerebro.

“Cuando sale Luisa Ortega y entra Tarek William Saab nos pusieron unos abogados del gobierno, pero yo no quiero saber nada de este gobierno no quiero nada de ellos porque no sé con qué propósito lo hacen y ellos son los culpables de que mi hijo no esté vivo”, asegura la madre de Hecder.

Hasta el momento, los padres de Lugo no tienen conocimiento alguno de órdenes de detención, imputaciones o algún avance con respecto al caso de su hijo. Lo único que tienen claro es el dolor que día tras día sienten por esta pérdida:

“Hoy le estaba comentando a la hija mía que mi hijo me hace mucha falta. Que extraño mucho a mi hijo. Ya ha pasado un año y un mes y eso para mí es como si fuera hoy. Lo que hago es pedirle fortaleza a Dios para que se me pase esto y haya justicia, pero no es fácil” dice, en medio del llanto, Daisy Pérez, la mamá de Hecder Lugo.

Protestas 2017 | La verdad sobre la muerte de Nelson Arévalo no tiene quien la investigue
Aunque las pesquisas del Cicpc y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señalan que el joven larense murió por la detonación de un artefacto explosivo, sus familiares y algunos testigos aseguran que le dispararon al cuello con un arma de fuego desde una sede del Saime en Barquisimeto

 

@KaryPerazaR

“AUNQUE PAREZCA QUE NO VA HABER JUSTICIA, la esperanza sigue porque la verdad está ahí, la verdad de lo que pasó. Solamente hay que demostrarla legalmente como se tiene que hacer con los procedimientos. La  verdad es que a Nelson lo mataron y eso tiene que aflorar”.

Yeraxi Arévalo cuenta que después de que su hermano, Nelson Daniel Arévalo Avendaño, de 22 años, murió en medio de una protesta en 2017, la vida de su familia dio un vuelco. En su casa hoy hay un padre que exige justicia, una madre que llora a su muchacho ausente y unos hermanos que no saben qué hacer tras haber perdido al más chiquito del hogar. Ninguno ha podido asimilar la forma en la que cayó el joven aquel 16 de junio en la avenida Hernán Garmendia del este de Barquisimeto, estado Lara, cuando participaba en una manifestación junto a sus compañeros de “La Resistencia” y fue impactado en el cuello por un objeto que todavía hoy se desconoce. Pero tienen fe en que el caso será esclarecido tarde o temprano. Y tienen, además, una certeza: “a Nelson lo mataron”.

Nelson –a quien habían apodado “Dominic” en “La Resistencia”– se convirtió en la décima persona que cayó en Lara en el contexto de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro durante el 2017. Pertenece al grupo de 38 estudiantes que murieron en ese período en todo el país. En aquellos días cursaba el primer año de Derecho en la Universidad Fermín Toro (UFT) de Barquisimeto, luego de haberse mudado, meses antes, del pueblo agrícola en donde todavía reside su familia: Guárico, al suroeste de la entidad.

Sus parientes lo describen como un muchacho que quería un mejor futuro. Deseaba cambiar el país porque, para él, se caía a pedazos. A pesar de saber que en las manifestaciones antigobierno cada vez morían más personas y de que su madre había intentado persuadirlo para que dejara las calles, él le aseguraba a los suyos que era por ellos que salía a protestar, así como por quienes estaban sin medicina, o no tenían cómo comprar comida. No era la primera vez que marchaba. En 2014 también asistió a las manifestaciones y, cuando lo mataron, ya tenía dos meses frecuentando Las Trinitarias, uno de los puntos de concentración habituales de las protestas, la zona donde murió y donde se ubica su alma mater.

Yeraxi, la hermana de Nelson, reprocha que un año después del suceso no hayan tenido una respuesta sobre el caso. Afirma que su padre ha ido constantemente al Ministerio Público, donde pasa horas sentado mientras espera que lo atiendan. Siempre vuelve a su casa sin novedad alguna. Su madre, en medio del dolor, entendió que no podía quedarse encerrada llorando al muchacho. Por eso se le ha visto varias veces en ruedas de prensa y eventos públicos para recordar lo que le pasó a su hijo.

Pese a que la Comisión de la Verdad, instalada por la asamblea nacional constituyente (ANC) se comunicó con la familia de Nelson en dos o tres ocasiones –vía telefónica– con el fin de “buscar la verdad”, los padres desconfiaron de la oferta por considerar que la institución no era imparcial. Asegura Yeraxi que desde allí nunca se han acelerado los procesos judiciales, ni tampoco se ha ejercido presión para que los organismos encargados de la investigación cumplan con su trabajo.  

Cae en manifestación

Dominic, como era conocido entre los manifestantes, cayó a las 3:30 pm del viernes 16 de junio del 2017 en la avenida Hernán Garmendia, en las adyacencias del Saime de El Ujano, en la zona este de Barquisimeto. Una herida en el lado izquierdo del cuello lo había derrumbado. Era un orificio de gran dimensión y lo que lo impactó le salió por la parte de atrás de la clavícula del lado derecho.

Los miembros de la auto denominada “Resistencia de Las Trinitarias”, quienes no quisieron revelar sus identidades porque se sentían perseguidos, declararon ese día que al momento del suceso Dominic tan solo cargaba consigo una bandera de Venezuela que quedó impregnada con su sangre, un guante y un escudo que tenía la imagen de Neomar Lander. Relataron que entre 35 y 40 jóvenes se enfrentaban a funcionarios de la Guardia Nacional, mientras que estos se resguardaban en la sede del Saime y desde allí le disparaban. “Lo que sonaban eran balas”, detallaron los de la Resistencia. Nelson Daniel se había separado de la línea que habían formado los “escuderos” y, al asomarse, los militares dispararon.

Al verlo caer y soltar su escudo, sus compañeros lo agarraron y lo arrastraron a unos 20 metros del lugar. Un médico lo vio en el terreno, pero la lesión era grave y dio la orden de sacarlo a un centro asistencial. Los jóvenes detuvieron un vehículo que transitaba por la zona y este los trasladó hasta la clínica Razzeti, ubicada en el centro de Barquisimeto. Los médicos de guardia recibieron al paciente, pero no pudieron hacer nada. Había llegado sin signos vitales.

Yeraxi estaba trabajando cuando todo pasó. Era la única de la familia que se encontraba en Barquisimeto. La joven recibió una llamada de su madre quien le dijo que a Nelson le había pasado algo y que otro de sus hermanos, a través de la red social Twitter, vio que estaba herido. La madre no hacía más que llorar.

La hermana de Nelson comenzó a buscarlo. Cuando llegó a la clínica no reconoció a nadie, pero se enteró que el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, había tuiteado que la muerte de Nelson Daniel ocurrió por la manipulación de un mortero que le había explotado encima. Sin embargo, personal de la clínica le dijo que se trataba de una herida por arma de fuego.

Cuando Yeraxi vio el cadáver de Nelson, lo primero que observó fue sus manos sin quemadura alguna. La dimensión de la herida era menor a la que se había visto en una fotografía divulgada por redes sociales y, aparentemente, el tamaño había sido un efecto de la cercanía.

En medio de las versiones sobre el homicidio, los miembros de la Resistencia mostraron una fotografía donde estaba la bandera llena de sangre y el escudo, pero sobre ella aparecía un mortero que otros jóvenes después confesaron que Dominic sí cargaba, pues él era el encargado de esa tarea.

Al llegar al lugar del suceso, funcionarios del Eje de Homicidios del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Lara, trataron de hablar con algunos testigos pero estos no dieron la cara. Tan solo colectaron el mortero que llevaba Dominic, unos guantes y otras evidencias de interés criminalístico.

“Como familia hemos indagado y los muchachos me dicen que el disparo vino del Saime”, dice Yarexi, quien además asegura que cuando acudió a la sede del Cicpc, el mismo día de la muerte de su hermano, se sintió incómoda. En lugar de atenderla para que denunciara el homicidio, sintió que a ella la investigaban por el acontecimiento.

Controversia en el caso

Para la hermana de Nelson Daniel, las afirmaciones de Reverol sobre el mortero provocaron una estela de hermetismo sobre el caso.

El día de los hechos, los funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc solo le hicieron una inspección ocular al cadáver del joven.

Según el registro de ingresos del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, el cuerpo fue trasladado a la morgue a las 6:00 pm de ese 16 de junio y celosamente fue cubierto, pues se acordó que no se le practicaría la autopsia.

La mañana del sábado 17 de junio, amaneció la morgue tomada por funcionarios del Ministerio Público y del Cicpc. Se designó a Luz Marina Araujo, fiscal 6ta con competencia en delitos comunes, para la investigación. Posteriormente se sumó al caso Carlos Muñoz, fiscal 21 con competencia en Derechos Fundamentales, además de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público que haría la autopsia.

A las 11:41 am del sábado 17 de junio, todo los expertos y funcionarios ingresaron a la morgue para comenzar con el examen médico legal que tardó más de tres horas. Se le tomaron muestras para hacer pruebas toxicológicas, en su hombro tenía rastros de quemaduras, pero en sus manos no. Detallaron algunas esquirlas de piedras en el cuello y rostro, así como quemaduras. En la herida, que era irregular, consiguieron rastros de pólvora, así como de tela, las cuales fueron colectadas para determinar si eran parte de su vestimenta.

Una fuente ligada al Ministerio Público dijo en ese momento que era bastante difícil indicar qué había causado la herida. “Necesitamos el resultado de todos los estudios para blindar la investigación y detallar las verdaderas causas de la muerte”.

A las 4:30 pm, el cuerpo de Dominic ya estaba listo para ser entregado a sus familiares, pero eso no ocurrió. Cuando preguntaban por él, no había respuesta. La situación los angustió y los allegados rumoraban que había intenciones de cambiar el informe forense.

Otra situación inquietó a quienes estaban en la morgue: el fiscal 21 fue sacado de la investigación y la fiscal 6ta quedó al frente del caso. Tres horas y media después de haber finalizado, el cadáver fue dado a los parientes para que lo sepultaran.

Yarexi, todavía hoy, no entiende cómo Reverol declaró sobre la muerte de su hermano sin tener pruebas y sin que los funcionarios hubieran visto el cuerpo de la víctima. “Si ese es el mismo Estado que va a buscar la verdad, que va a hacer justicia, que me va a garantizar las investigaciones, es difícil creerles. Pero eso no quiere decir que no sigamos buscando porque la justicia es un derecho, no un deber”, sentenció.

Un arma de fuego

El domingo 18 de junio, mientras era velado en la funeraria Metropolitana de Barquisimeto, se filtró el acta de defunción de Nelson Daniel, en la cual se indicaba que había presentado un “traumatismo raquimedular severo” y que tenía una herida por disparo de arma de fuego. También se apuntaba que tenía un “blasting pulmonar”.

Sin embargo, una fuente ligada al cuerpo detectivesco agregó que la hipótesis que se maneja dentro de la institución es similar: “traumatismo raquimedular severo y blasting pulmonar ocasionado por onda expansiva”. En sus expedientes, aparentemente, no figura la herida por arma de fuego. Los policías aseguran que la muerte fue por la explosión de un mortero y explican que dicho artefacto, al utilizar pólvora, se convierte en un arma de fuego. Por eso figura ese término en el acta de defunción.

Los detectives ligados al caso advierten que no puede haber detenidos, ni siquiera los compañeros que estaban con él, porque se trató de un accidente. Sin embargo, desde el Ministerio Público no existió una versión oficial  y el caso se engavetó.

El fiscal 21 fue sacado de la investigación porque supuestamente se comprobó que no habían funcionarios involucrados. Desde la Fiscalía 6ta todo quedó en silencio, no se hicieron más diligencias al respecto.

Sin embargo, la familia de Nelson Daniel no cree en la versión oficial. Para ellos, alguien lo mató y por eso insistirán en buscar la verdad. Mientras tanto, recuerdan al muchacho cada día y lamentan que la tradicional foto familiar haya quedado incompleta en la Navidad pasada. La tristeza les quitó el ánimo para poner los adornos y el arbolito.

Protestas 2017 | Padre de David Vallenilla: “El sargento Méndez nunca se ha presentado en tribunales”
A un año de este suceso, se han diferido las 4 audiencias preliminares del caso del asesinato de David Vallenilla por parte de un efectivo de la aviación militar. El pasado 11 de junio se aplazó la última y todavía no se sabe cuándo será la próxima

 

@ashfloresm

“UNA DE LAS COSAS QUE MÁS ME IMPRESIONA de todo lo que ha pasado es ver a los ciudadanos caminando tranquilos por las calles, como si no hubiera pasado y digo: ‘Dios mío ¿valía la pena que mi hijo luchara de la forma en la que luchó hasta el punto de perder su vida?’. Me entristece mucho que no se haga justicia, pero más me entristece ver a una sociedad de memoria corta.  Resignada a que pasen las cosas y dejarlas en el olvido”, dice desde los Valles del Tuy, donde reside, David Vallenilla, padre del joven David, asesinado frente a las cámaras hace un año.

Jueves 22 de junio de 2017. Transcurre el día 83 de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En la ciudad de Caracas se realiza  una movilización para defender la institucionalidad de la Fiscalía General de la República. El propósito de la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática era llegar hasta el Ministerio Público, no solo en la sede de la ciudad capital, también en el resto del país.

El anuncio lo hizo el para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien pidió a la ciudadanía activar el artículo 333 y 350 de la Constitución que establecen restituir el orden constitucional y la desobediencia civil, ya que el 20 de junio la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia consideró que existían méritos para enjuiciar a la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, por la presunta comisión de faltas graves cometidas durante su gestión. A finales de marzo Ortega Díaz se había manifestado en contra de los decretos del TSJ que desmantelaban la Asamblea Nacional, hecho que la distanciaron del Ejecutivo y dio inicio a la ola de protestas que duró 4 meses.  

10 de la mañana. Avenida Francisco de Miranda. Un mar de gente desborda las calles del municipio Chacao. Minutos más tarde comienza la represión. La Policía Nacional Bolivariana lanza bombas lacrimógenas, se escuchan detonaciones; sin embargo, las personas se mantienen en las calles.

Horas de enfrentamiento. Los jóvenes persisten en la autopista Francisco Fajardo, arriba y debajo del Distribuidor Altamira, a la altura de la base aérea La Carlota. Entre ellos se encuentra David José Vallenilla, un técnico de enfermería de 22 años de edad. Había estado en las primeras manifestaciones, pero una fractura en su pie derecho le impidió asistir durante dos meses.. Hasta ese jueves.

“David luchaba por una mejor Venezuela. En su experiencia como enfermero detectó tantas carencias  en el sector salud. Inclusive, en una oportunidad, me dijo: ‘No sé qué haría yo si ustedes necesitan ayuda y yo no puedo ayudarlos’. Él solo quiso protestar pacíficamente”, señala su padre.

4 de la tarde. Los jóvenes responden con piedras la represión por parte de los militares ubicados adentro de la base aérea  La Carlota. Solo una reja separa al pelotón de uniformados de la aviación militar y a David, que se encuentra a pocos metros de donde lo apuntan con armas largas.  En una escena que quedó grabada como evidencia, se ve a David caer después de recibir tres impactos que atraviesan su morral y acaban con su corazón, hígado y pulmón.

“Yo estaba en mi casa cuando me llamó su mamá y me dijo que se había ido a una marcha y que lo habían detenido. Después se cayó la llamada. Volví a llamar y ella estaba gritando. Yo no entendía nada, salí a la calle buscando apoyo de unos vecinos y alguien se acercó con un teléfono y me enseñó la foto del muchacho que habían matado. Era David José”, relata su padre.

Las fotos y los videos sobre el asesinato de David inundaron en pocos minutos las redes sociales. Todo quedó registrado. Fue una muerte que se transmitió en directo por los canales de televisión digital que cubrían el hecho.


6 de la tarde. Clínica Ávila, municipio Chacao. Diputados, periodistas y manifestantes se encuentran en el lugar tras conocerse el fallecimiento del joven enfermero.

“David era una persona con una expectativa de vida increíble. Soñaba con irse del país porque no veía posibilidades de tener una mejor vida aquí. Yo siempre le decía: ‘Hijo,  Venezuela no era así’ y supongo que eso despertó su deseo de luchar”, afirma su progenitor.

Pronunciamiento oficial

6:15 de la tarde. Las pruebas del abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad existían; sin embargo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificó como un “asedio” los enfrentamientos ocurridos en el Distribuidor Altamira entre manifestantes y la Guardia Nacional Bolivariana.

23 de junio. Funeraria El Rosal, Chacaíto. Velorio de David José Vallenilla. Esa noche, el Vicepresidente de la República Tareck El Aissami se comunica con el padre de la víctima.

“Yo trabajé en el Metro de Caracas con Nicolás Maduro. Y el día del velatorio un compañero me dijo que Nicolás quería comunicarse conmigo vía telefónica y en ese momento me pasa la llamada. Quien se identificó fue Tareck El Aissami. Él me indicó que se iba a llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a las responsabilidades del asesinato de David José y, bueno, no tiene nada que ver con la realidad de lo que ha sucedido hasta ahora. A un año del asesinato de mi hijo todavía no se ha hecho justicia. Adicionalmente, me dijo que el Presidente me iba a llamar y nunca lo hizo”, dijo Vallenilla (padre).

El homicida

29 de agosto. Tarek William Saab, Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente sostiene una reunión con el padre del asesinado y asegura que el Ministerio Público tramita ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas la detención del presunto homicida, el efectivo de la Aviación Arli Cleiwi Méndez Terán.

Para ese encuentro Vallenilla fue contactado por  la presidente de la asamblea nacional constituyente y ahora vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez.

“Me llamaron para preguntarme cómo iba el caso de mi hijo, cosa que me llamó muchísimo la atención, puesto que se supone que si a mí me llama el Gobierno no es para pedirme información, sino para darme un reporte del caso y al parecer ellos ni siquiera tenían  conocimiento”, afirma Vallenilla.

02 de septiembre. El Ministerio Público anuncia que el sargento Arli Méndez, fue presentado ante el tribunal 21 de Control, quedando detenido por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles y uso indebido de arma orgánica. Según informó el tribunal, el sitio de reclusión es la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar ubicada en Boleíta, en Caracas.

“El referido tribunal no tiene un juez titular de ese despacho sino rotativo, por lo que solicitamos a las autoridades competentes efectuar de dicho nombramiento a los fines de evitar dilaciones indebidas en la tramitación de la causa”, dijo María Alejandra Poleo, abogada del caso.

Pese a esta información emitida por el ente oficial, el padre de la víctima no tiene la plena certeza de que el victimario de su hijo se encuentre realmente tras las rejas.

“No me consta que el sargento Arli Méndez esté privado de libertad, puesto que nunca ha hecho acto de presencia en los tribunales, en el Palacio de Justicia, para ninguna de las audiencias que se han programado”, afirma el padre de la víctima.

A un año de este suceso, se han diferido las 4 audiencias preliminares pautadas. El pasado 11 de junio se aplazó la última y todavía no se tiene fecha de cuándo será la próxima. El padre de David José solo pide justicia:

“No es fácil, no puedo decir que lo haya superado, porque jamás lo superaré. Todos los días lo lloro”.

David Vallenilla con su padre

ESPECIAL | Protestas 2017: Memorias de calle, furia e impunidad

EL 1 DE ABRIL DE 2017 INICIÓ UNA OLEADA DE PROTESTAS en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera dos sentencias que dejaron sin poderes a la Asamblea Nacional y otorgaron nuevas licencias a la máxima corte y al presidente Nicolás Maduro. La acción, que constituyó un golpe de Estado según los expertos, propició una serie de manifestaciones para exigir la liberación de todos los presos políticos, la apertura del canal humanitario, un cronograma electoral para realizar los comicios vencidos y el restablecimiento de los poderes del Parlamento.

Pero con el conflicto llegó la muerte. La acción represiva de los cuerpos de seguridad del Estado, la participación de los paramilitares o colectivos armados y los episodios de violencia registrados en medio de las movilizaciones, trajeron consigo una serie de homicidios.

Runrun.es comenzó a llevar un registro de las personas que murieron desde el 6 de abril de 2017, cuando se reportó la primera víctima, hasta el 12 de febrero de 2018, cuando falleció en Mérida uno de los jóvenes heridos en estos hechos. En total, fueron 158 caídos.

Este especial muestra toda la información recopilada sobre cada uno de los muertos y la situación de impunidad en la que está cada caso cuando se cumple un año de haberse iniciado el período de protestas. Además, presenta un balance sobre lo que sucedió en las calles en esos cuatro meses; los personajes que protagonizaron las movilizaciones y aquellos que intentaron contenerlas a través de las armas, y la lectura sobre lo que los días por venir que hacen la sociedad civil organizada y los políticos jóvenes que estuvieron más activos en esas jornadas de lacrimógenas, detonaciones, terror y más de un centenar de víctimas fatales.

Haz clic en este enlace o en la imagen siguiente para acceder al especial.

 

 

 

Protestas 2017 | Manuel Sosa, Dany Subero y el victimario que Maduro ascendió a capitán
“La madre de quien le quitó la vida a Manuel sufre más que yo, sabe que tiene un hijo asesino”, dice Maritza, la mamá del hombre de 43 años que mataron el 25 de mayo del año pasado en medio de una manifestación en Cabudare

 

@KaryPerazaR

EL CUARTO DE MANUEL ALEJANDRO SOSA APONTE, de 33 años, está casi como lo dejó aquel 25 de mayo de 2017. La habitación, que está entre la de su hermana mayor y la de sus padres, tiene colgada en la puerta una corbata de plástico de una hora loca y una medalla. Sobre su cama matrimonial está la imagen de un Divino Niño y también la de un ángel que puso su madre para coronar el lecho bien tendido. En su closet hay trofeos y preseas que ganó jugando fútbol y también las 60 camisetas de sus equipos favoritos de balompié. Además, están perfectamente acomodadas sus camisas manga larga, sus pantalones y algunos balones en el suelo del armario. Su desodorante y hasta los jabones que usaba para lavar la ropa están sobre un estante, el mismo lugar que tenían hace un año antes de que al joven lo mataran durante una protesta antigobierno ocurrida en el distribuidor Valle Hondo de Cabudare, municipio Palavecino de Lara.

En el contexto de las manifestaciones de 2017, Manu, como le decían cariñosamente, fue la sexta víctima fatal en el estado. El proyectil que causó su muerte, proveniente del arma de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), impactó por debajo de su clavícula derecha y le salió por la espalda.

Maritza Aponte, su madre, comenta que no toca el cuarto de su hijo salvo para limpiarlo. Está como lo dejó, salvo por los escritos que se ven en una pizarra colgada de lado izquierdo de la habitación: “hermano, te amo” e “hijo mío, siempre te voy a amar”. De resto, todo sigue igual. Hasta la sábana sigue como él la acomodó, y ella no la cambia “ni de broma” porque no quiere que se vaya “ese olor que dejó cuando se levantó”.

A Maritza se le quiebra la voz cuando habla de Manu, porque para ella el tiempo no ha pasado: “Es muy difícil todo esto”. A diario se le repiten en la mente, como una película, las palabras que pronunció Manuel aquel 25 de mayo y todo lo que pasó después. Se pregunta si habría podido evitar lo que sucedió. “Si yo lo hubiese buscado seguro se venía conmigo”, dice.

Manu era un joven que salía a la calle por convicción porque quería cambiar el país, lo quería libre; aseguraba, según sus allegados, que luchaba por su hijo, su familia y por todos los venezolanos. En 2014 había participado en las protestas junto a Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo, conocido como Tony, quien fue la tercera víctima en caer en Lara en 2017. Cuando Manu supo de su asesinato, se indignó, estuvo presente en su funeral y hasta sostuvo la bandera de Venezuela. Expresaba que ahora era cuando se tenía que estar en la calle. Casi un mes después lo mataron.

Lee más: Protestas 2017 | Tony Canelón, la víctima que relató su propia tortura

Manu, al igual que Tony, fue asesinado por un Guardia Nacional. Aunque su familia lo denunció en el momento y su madre pensó que nunca se sabría quién había sido porque hubo muchos uniformados durante el suceso, 22 días después de su muerte salió a relucir el nombre del militar. Se trataba del Primer Teniente de la GNB, Johnnuar José Pastor Arenas Castillo, de 30 años, adscrito al Destacamento 123 de Cabudare, a quien le libraron orden de captura luego de que la Fiscalía 21 con competencia en Derechos Fundamentales, de la mano de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, logró identificar a través de testimonios y evidencias físicas que él fue el responsable de disparar el arma que le quitó la vida al joven.

Todavía hoy no se ha hecho justicia. Sigue libre y hasta fue “premiado” por su actuación. En un documento del Ministerio de la Defensa, del 29 de junio del 2017, y según resolución 019647, se indica que el presidente de la República lo ascendió al grado de Capitán.

Arena Castillo cursó sus estudios en el Colegio La Salle de Barquisimeto, el mismo lugar donde Manuel estuvo desde preescolar hasta bachillerato y recinto en el que Maritza, su madre, fue educadora por 19 años.

Maritza, con los ojos tristes, habla de lo difícil que fue para ella el último Día de las Madres. “Quizás fue por haber perdido un hijo que lo daba todo por los venezolanos. Ahora, el que le quitó la vida a Manuel… Su mamá debe sufrir al saber que su hijo es un asesino”, señala.

“Estoy seguro, espero que más temprano que tarde, que habrá un giro en la dirección del país y en ese momento todos aquellos que hayan cometido  desmanes, burlado la ley, violentado el estado de derecho, tendrán que pagar; inclusive esa persona que le arrebató la vida no solamente a Manuel, que le cambió la vida a mi tía Maritza, a mi prima Melissa, a su hijo Mauricio y a todos los que estábamos a su lado”, comenta su primo Arturo Bello Aponte, quien emigró recientemente por la situación del país.

Alejandro Sosa, padre de Manuel, no entiende cómo es que los cuerpos de seguridad investigan unos casos y otros no. Asegura que es responsabilidad del Estado dar una respuesta.

Este hombre delgado y moreno era quien todas las noches, cuando su hijo llegaba del trabajo, cumplía un ritual. Esperaba que el muchacho llegara a su cuarto y lo invitara para irse, juntos, hacia la parte de atrás de la casa. “Uno de los dos se acostaba en esa hamaca, donde hablábamos todas las noches de cómo había sido el día y de la situación del país”, recuerda.

A Alejandro le arrebataron esas charlas nocturnas de padre e hijo. Ahora, cuando siente la necesidad de hacerlo, lo hace frente a una tumba. Acude entre dos y tres veces por semana, va solo porque su esposa no lo ha superado, ella nunca ha podido visitar el lugar donde enterraron a Manuel.  

La relación de Manuel con su hijo de 5 años estaba siendo cultivada al igual como era con su padre: hablaban mucho. Hoy el niño dice que su padre le sigue diciendo qué hacer y se siente muy orgulloso de él.

Los padres de Manuel indican que, después de su muerte, conocieron la nobleza de su hijo, porque supieron que ayudaba a muchas personas y que tenía una gran cantidad de amigos. En la pared de la sala están tres cuadros con el rostro de Manu. Dos fueron hechos por amigos y vecinos y otro, que ha dado la vuelta al mundo, es uno de los retratos del ilustrador Oscar Olivares, quien lo envió a la familia con un certificado de originalidad.

Manu se despidió

Manu, que también era conocido por muchos como Sosa, se convirtió en un objetivo a raíz de un video difundido en abril de 2017, en el que se le veía hablando con un coronel de la GNB. “Allí lo marcaron”, dicen los jóvenes de la Resistencia. Sabían que era uno de los líderes.

Relatan que Manuel era un “guerrero” desde 2014. Conocía las estrategias y, aunque sabía que en 2017 la lucha no era igual a la que vivieron años atrás, que tenía nuevos compañeros y que muchos se acercaban solo por la comida –algo que a él le molestaba– quería guiarlos. Trabajaba en un puesto de comida rápida, por lo que asistía menos a las manifestaciones, pero los miércoles y jueves estaba libre.

El 24 de mayo de 2017, se reunió con todos. “Mañana será un día muy bonito, mañana será el día”, fueron algunas de sus palabras. Hacía hincapié en que la Guardia iba a venir con todo. “Lo que no sabía era que ese era el día que le tocaba irse, se estaba despidiendo”, dijo uno de sus amigos.

Al día siguiente, el jueves 25 de mayo, Manu y su padre se fueron a llevar a su hermana mayor al trabajo. Al regresar a casa, ambos desayunaron junto con la mamá. Manuel les advirtió que estuvieran alertas en Barquisimeto, pues sabía que ellos tenían que salir a cobrar su pensión.

“Como madre, uno siente algo. Y yo le decía a Alejandro que nos fuéramos, que yo tenía que hacer la comida”. Poco después, los padres de Manu llegaron a su residencia en la Etapa I de Valle Hondo. Maritza mandó a su esposo a buscar a Manu, quien ya tenía rato en el distribuidor de la zona y donde había un pelotón de la GNB. Eran como las 3:30 de la tarde cuando Alejandro, el padre, le mandó un recado a su hijo. Él le contestó que pronto iría a su casa. Todo estaba tranquilo.

“Ya viene Maritza. Él está en la esquina y yo voy a salir a buscar a Melissa que me está esperando”, dijo Alejandro.

En las adyacencias del distribuidor estaba Yicsney Rodríguez, prima de Tony, que abrazó a Manu cuando lo vio. Le pidió que se cuidara y que recordará lo que le había pasado a su primo. Él le respondió que se quedara tranquila.

Cuando Alejandro salió, se topó con su hijo nuevamente. “Cuídate”, le dijo Manuel. Y mientras el padre comenzó a caminar hacia Cabudare, Manu se fue hacia el distribuidor.

Alejandro había caminado unos 50 metros cuando escuchó una detonación seca. Calcula que estaba a unos 100 metros de su hijo. Se refugió de las balas pegándose a la pared. Volteó, pero no podía ver qué pasaba en el elevado. Oyó otra detonación y siguió caminando. En casa, Maritza tapó la comida porque Manuel no llegaba. En su lugar, vecinos arribaron corriendo para decirle que su hijo se estaba desangrando. Ella corrió hacia el lugar, pero en la esquina, a 50 metros de su hijo, se paralizó. No caminó.

Paralelamente, Alejandro recibió una llamada en la que le informaron que habían herido a Manu. Lo primero que hizo fue correr hasta llegar a una zona del distribuidor en donde pedían auxilio para un muchacho. Pero ese no era Manu, sino un joven de 18 años. A su hijo ya se lo habían llevado.

Ninguno de sus padres pudo ver el sitio en el que lo hirieron, pero sí supieron que Manuel ya iba camino a su casa cuando escuchó la primera detonación y, al ver caer a un muchacho, se devolvió al distribuidor para sacarlo de allí. En ese momento, el guardia disparó por segunda vez y lo impactó. Baleado, Manuel saltó el elevado y, al llegar a la urbanización, preguntó por su padre. La sangre le brotaba por la herida abierta bajo su cuello. Pedía que no lo dejaran morir porque tenía un hijo. Los vecinos lo sacaron hacia una clínica al este de la ciudad, pero cuando arrancó el vehículo los guardias dispararon de nuevo. En Santa Rosa estaba todo trancado, pero cuando el propio Manuel dijo que iba herido le abrieron paso.

De inmediato fue ingresado a quirófano. Había perdido mucha sangre. A la anestesióloga, que era madre de un amigo de él, le pidió que le dijera a su padre que cuidara de Mauricio, el pequeño  de 5 años de edad que era todo para él. Alejandro asegura que en el momento en el que dispararon no había enfrentamiento, ni molotov, ni piedras, ni cohetes. Solo salieron las balas de parte de los guardias.

Fueron horas de angustia en la clínica. Maritza no quiso aparecer, pero Alejandro estuvo acompañado por mucha gente que conocía a Manuel. Hoy no los recuerda porque estaba en shock. Alrededor de las 10 de la noche le informaron que murió. Maritza fue el sábado 27 de mayo a la funeraria y pidió verlo a pesar de que las puertas de la sala no se habían abierto. Frente al cadáver, la madre le reprochó a su hijo el tener que verlo en ese cajón. Fue allí también que, rememora, lo vio con una sonrisa hermosa, como la que él tenía.

Una canción para Manuel

Arturo, el primo, escribió una canción para Manuel que Maritza y sus hermanas no dejan de escuchar. En esta melodía resume cómo la muerte del joven les cambió la vida, cómo quisiera arrancar la página del calendario con el día en el que lo mataron para poder volverlo a ver.

“No creo que todo está igual, yo creo que todo está peor, pero siento que los muchachos fueron utilizados por actores políticos que luego traicionaron la buena voluntad de la Resistencia. Se luchó a más no poder, con las uñas, sin herramientas, contra un poder armado. Fue una lucha totalmente desigual”, asegura Arturo.

Mientras Maritza dice no creer en políticos ni de un lado, ni de otro, recuerda cómo a Manuel lo invitaban a irse de Venezuela. “Él decía que el país no se le podía dejar a esta gente, había que luchar. Muchas veces le decía: ‘hijo, solamente sales tú, los demás muchachos de la cuadra no salen. Y él contestaba: “mamá, esto no es un partido político, esto sale del corazón, el país se quiere con el corazón”.

La muerte de un “infiltrado”

Pasado mediodía del sábado 27 de mayo, el cuerpo de Manuel Sosa fue sacado de la funeraria. Su féretro fue detenido en el Distribuidor de Valle Hondo porque sus amigos, vecinos y familiares querían rendirle un homenaje, despedirlo.

En medio del improvisado acto, un grupo de personas observó a un sujeto, a quien no conocían, que grababa el funeral y a los presentes. Para ellos se trataba de un infiltrado y lo atraparon, comenzaron a interrogarlo. Le pidieron la cédula y le sacaron un carnet que indicaba que era teniente de la Guardia Nacional. Su nombre: Danny José Subero, de 34 años.

Los ánimos se caldearon. Lo rodearon cuando el cortejo fúnebre ya había arrancado. El hombre explicó que tenía dos años de haberse dado de baja, pero no decía por qué estaba en el lugar. Muchos lo golpearon, aunque hubo quienes lo defendieron. Trató de irse en la moto que tenía, pero se la quitaron y la quemaron debajo del distribuidor. Luego un grupo de al menos ocho personas se lo llevó hasta la estación de servicio cercana. En ese momento muchos pensaron que todo iba a empeorar y decidieron retirarse.

Subero fue golpeado por encapuchados que lo mantuvieron cautivo durante una hora. Lo desnudaron y fue a eso de las 2:30 de la tarde que una comisión de la Policía del estado Lara intervino. A ellos se lo entregaron, estaba desmayado y sangrando. Fue trasladado al ambulatorio cercano donde lo remitieron de inmediato a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, donde murió. Los médicos le vieron tres impactos de bala, en el brazo derecho, la espalda y el cuello. De inmediato se corrió la noticia de que habían linchado a un funcionario.

Hasta el presidente Nicolás Maduro se pronunció y lamentó la muerte de Subero, pero nunca dijo nada de los manifestantes caídos en el estado Lara.

Comenzó la cacería

Las fotos del homenaje a Manu salieron a través de distintas redes sociales. Una  imagen en la que se ve a Subero rodeado por quienes lo querían agredir y por quienes lo defendían también circuló. Todos fueron ubicados por funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Lara, a quienes les ordenaron dedicarse completamente a ese caso. Douglas Rico, director nacional del Cicpc, estuvo al mando de la investigación.

Residentes de Valle Hondo no quieren identificarse, pero aún recuerdan cómo en los días posteriores a los hechos, los funcionarios del cuerpo detectivesco llegaban a la urbanización entre las 4 y 5 de la mañana y se quedaban hasta la tarde para allanar las residencias de todos. “Buscaban que alguien hablara. Se llevaron prácticamente a todos los que salían en esa foto que no era prueba de nada”, comentó un vecino.

Cinco días después de haberse ejecutado el linchamiento de Subero, el caso ya estaba resuelto. El 1 de junio de 2017, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, lo oficializó a través de una cadena nacional.

Destacó que al menos 20 personas estarían presuntamente involucradas en el hecho y apuntó que cuatro habrían participaron de forma directa. Para ese momento había siete detenidos, pero solo dos eran responsables materiales de lo sucedido: Jonathan Javier Sandoval Navas, de 23 años, y Jesús Alberto Alejos, de 18, fueron imputados por el delito de homicidio calificado en grado de cooperadores inmediatos. Posteriormente fueron arrestados Antony Jesús Pérez Torres, de 25 años, conocido como “El Cuina”, a quien apresaron días después en Valencia, estado Carabobo. También encarcelaron a un adolescente de 14 años apodado “El Cachorro”. Según las investigaciones del Cicpc, ellos dos serían los responsables de disparar a Subero.

Por este crimen también fueron detenidos Ronny Raúl Granado, de 37 años; Uvaldo Martínez González, de 43; Milarys Josefina Saavedra Rea, de 42; así como Rómulo Antonio Marín, Jonathan Eduardo Riera Oropeza y un adolescente de 17 años. Todos fueron imputados por homicidio calificado en grado de  facilitadores. Los abogados del Foro Penal Capítulo Lara que llevaron este caso alegaron que todos eran inocentes y que los investigadores se guiaban por fotos sin tener certeza de que los señalados sí estaban allí.

Ante los insuficientes elementos de convicción presentados en contra de Granados, Martínez González, Marín y Riera Oropez, la fiscal pidió una medida de presentación semanal, pero fue negada. Este año, ocho de los detenidos salieron en libertad. Tan solo están arrestados “El Cuina” y el adolescente apodado “El Cachorro”.

La abogada del caso, Mariuska Padilla, aseguró que no podría emitir declaraciones del caso. Todos los familiares se lo habían prohibido, pues temen por la vida de los suyos y de los que aún están tras las rejas, pues afirman que son inocentes.