La iniciativa no cuenta con la participación de la policía regional pero sí de la Fuerza Armada. Plantea acciones especiales contra la extorsión y el secuestro, así como la construcción de un “corredor seguro” a lo largo de la Troncal 9
EL GOBIERNO, A TRAVÉS DE LOS MINISTERIOS de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de la Defensa avanza en la elaboración de un “plan especial” de seguridad ciudadana para el estado Miranda.
Este es uno de los ejes de acción más relevantes del llamado gabinete de gobierno para la región. Así como sucede en las áreas de educación, infraestructura, salud y alimentación, en materia de seguridad el Ejecutivo se plantea tomar todas las decisiones sin consultar ni coordinar las iniciativas con la policía estatal.
El plan pondrá énfasis en los municipios donde se considera que es más alta la criminalidad, tomando en cuenta las evaluaciones hechas por el Observatorio Venezolano de Seguridad, un despacho adscrito al MRI.
A estos municipios se les llama “priorizados”. En el eje Metropolitano son Sucre y Baruta. También están Plaza y Zamora, así como Acevedo y Brión en Barlovento, Guaicaipuro en los Altos Mirandinos y los seis municipios de los Valles del Tuy (Cristóbal Rojas, Urdaneta, Bolívar, Independencia, Lander y Paz Castillo).
Llama la atención que no se incluya en Barlovento al municipio Andrés Bello, cuya tasa de homicidios fue la más alta de todo el estado en 2016 y que actualmente figura tercero en cuanto al número de secuestros, solo superado por Sucre y Chacao.
La mayor criminalidad
En diversas ocasiones el titular del MRI Néstor Reverol ha declarado que Miranda es el estado con la mayor criminalidad de todo el país.
Una fuente de ese despacho explicó que el Gobierno diseñó un método especial para la medición de la criminalidad, que toma en cuenta nueve delitos: el homicidio, los robos y hurtos genéricos, los robos y hurtos de vehículos, las lesiones, resistencias a la autoridad (homicidios en enfrentamientos con policías o militares) así como los secuestros y las violaciones. Cada caso conocido por las policías representa un punto. Miranda acumuló 5064 puntos entre el 1 de enero y el 5 de marzo. Esto incluye los casos correspondientes a los municipios Sucre, Baruta, El Hatillo y Chacao. De manera que las estadísticas correspondientes a Distrito Capital en realidad solo toman en cuenta lo sucedido en Libertador.
Aún así, el municipio gobernado por Jorge Rodríguez está de segundo en cuanto a la criminalidad de todo el país.
En cuanto a los homicidios reportados en Miranda, según el MRI el 66% obedece a ajustes de cuenta. En este rubro de los móviles llama la atención que el 3% de los casos fuesen por linchamientos. Esto equivale a 11 muertes por acción colectiva durante los dos primeros meses del año, solamente en esta región.
El plan gubernamental plantea la necesidad de reforzar el pie de fuerza policial durante los fines de semana en las áreas donde se reporta más homicidios.
Para administrar la participación de los distintos cuerpos de seguridad, el Ejecutivo aplicará el concepto de los “cuadrantes de paz”. El proyecto indica que son áreas de 2 km cuadrados hasta 5 km cuadrados “demarcadas en las zonas de mayor incidencia delictiva”.
En número de cuadrantes varía para cada municipio. En Guaicaipuro (Los Teques), por ejemplo, fueron establecidos diez, mientras que en Sucre hay 24, en su mayoría en la parroquia Petare.
El 60% de la vigilancia en los cuadrantes del municipio Sucre y los Valles del Tuy será asumido por la Guardia Nacional. El resto será repartido entre la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos preventivos afines al oficialismo.
La supervisión y coordinación de las acciones entre los distintos cuadrantes se llevará a cabo a través del Sistema VEN911 con sede en Baruta.
En el caso de la Troncal 9, que atraviesa los municipios de Barlovento hacia oriente, se aplicará un plan de “corredores seguros”, que comprenderá la vía desde la salida del Distribuidor Metropolitano en Petare hasta el sector Playa Pintada, en los límites con Anzoátegui. Este aspecto del plan está escasamente detallado en el documento. Sin embargo, se indica que comenzará a ser aplicado a partir del lunes 13 de marzo. A tal efecto, ya la Guardia Nacional se encuentra emplazada en un refugio vial que antiguamente pertenecía a Seguros Progreso, en la referida carretera.
El plan contra el secuestro y la extorsión
Miranda se encuentra incorporada a un plan contra el secuestro y la extorsión que comenzó a ser aplicado en los estados de la región Centro-Norte-Costera del país. Las acciones fueron emprendidas aunque no se dispone de una estadística consolidada sobre el delito de extorsión.
En este aspecto participarán unidades especializadas de Cicpc, la Guardia Nacional, el Ministerio Público y otros organismos.
Durante los dos primeros meses del año han sido reportados 27 secuestros en Miranda. Siete de ellos en el municipio Sucre, 5 en Chacao y 3 en Andrés Bello. En dos tercios de los casos las víctimas fueron interceptadas los jueves y el resto durante los sábados, de acuerdo con la data evaluada por el MRI.
Una de las acciones iniciales fue la operación desarrollada por agentes de la policía judicial en Marizapa, durante la cual fue ultimado Daniel Capracio, de 33 años de edad, uno de los lugartenientes de la megabanda Los Capracio.
Inversión para “victorias tempranas”
El plan prevé desde su inicio un gasto de 54,15 millardos de bolívares en la ejecución de proyectos específicos para Miranda, así como otras cantidades para iniciativas de alcance nacional en las que esta región está incluida.
Por ejemplo, está previsto destinar más de 83 millones de bolívares a un proyecto que busca crear conciencia contra la “discriminación racial” entre grupos de niños y adolescentes, alumnos de escuelas. Otros 93 millones de bolívares irán a la constitución de “comités comunitarios contra la discriminación racial”. Este dinero será distribuido en 8800 consejos comunales.
Otros proyectos de infraestructura, como la activación de cuatro “casas de justicia penal” y el “fortalecimiento y adecuación” de la Medicatura Forense de Ocumare del Tuy no tienen cantidades especificadas en el documento. Pero sí se indican la necesidad de salvar algunos contratiempos para ejecutarlos plenamente. Por ejemplo, el inmueble donde operará la casa de justicia de Guarenas, en Ciudad Belén, carece de sistemas confiables de electricidad y agua potable, y es actualmente habitado por 40 efectivos de la Policía Nacional, los cuales tendrían que ser reubicados.
Los “cuadrantes de paz” deberán operar integrados a través del sistema VEN911, que tendrá una sede en Baruta. Allí, indica el documento, se “articulará mediante los mecanismos de cámaras georeferenciadas, GPS, botones de emergencia y la aplicación de los teléfonos inteligentes”, para lograr “una atención inmediata ante una denuncia durante las 24 horas del día”.
Sin embargo, las primeras evaluaciones efectuadas a este sistema en Caracas muestran una realidad diferente, en la que importantes porcentajes de llamadas de ciudadanos son descartadas por la carencia de recursos para acudir al sitio donde se desarrolla la situación denunciada, así como también porque los funcionarios simplemente se niegan a salir de sus comandos.
Sin coordinación
La Policía del Estado Miranda no ha sido convocada formalmente para participar en este “plan especial” de seguridad.
El subdirector de ese cuerpo, comisionado Francisco Escalona, dijo que hasta el momento no han tenido información sobre las características de esa iniciativa.
“Nos dejaron solo tres cuadrantes en área metropolitana, y solo nos invitan a los operativos de despliegue. Participamos allí concentrando efectivos policiales, militares, Cicpc. Hacen unas tomas de filmación, dicen que hacen el despliegue y todos van a sus lugares”, recordó.
Añadió que una política pública en materia de seguridad “para que sea eficiente debe contar con la participación de todos los órganos involucrados y que vaya a toda la población en determinado territorio”. De lo contrario, indicó, está destinada al fracaso.
La diputada por Miranda y ex secretaria de Gobierno del estado Adriana D’Elía sostuvo que el plan del Ejecutivo de desplazar a la Gobernación de sus funciones solamente podrá avanzar en la medida en que se acentúe el “control institucional”.
“Siempre han tenido esa obsesión con Miranda, sus mejores dirigentes han perdido allí. Crearon un mostruo llamado Corpomiranda y todo lo tienen a medio hacer, las obras abandonadas y nada lo terminan. Lo que les interesa son sus negocio”, señaló.
