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Monitor de Víctimas

#MonitorDeVíctimas | Asesinan a mujer de un disparo en la cabeza
De acuerdo con versiones de testigos, la mujer fue abordada por un hombre quien sin mediar palabras la fulminó

Carlos D’Hoy @carlos_dhoy / Fotografía: Carlos Ramírez

Una mujer identificada como Sara Daniela Sequera, de 28 años de edad, fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el área de despacho de mercancía del Mercado mayorista de Coche, municipio Libertador.

De acuerdo con versiones de testigos, la mujer fue abordada por un hombre quien sin mediar palabras le disparó. El hecho ocurrió a las 10:00 pm del domingo 29 de marzo.

La víctima residía con una pareja en el barrio Germán Rodríguez de Antímano, municipio Libertador, pero se desconoce si el hombre tuvo que ver con el hecho.

Sequera quien trabajaba como comerciante independiente, deja un hijo de 11 años de edad quien se encuentra bajo la tutela de su abuela. Era la menor de siete hermanos.

Una comisión del Cicpc Sub Delegación El Paraíso investiga el caso.

Antes habían asesinado a un hombre

Otro homicidio se registró el día anterior en las inmediaciones del mercado. Se trataba de un caletero a quien ajusticiaron con varios tiros en el abdomen.

La víctima fue identificada como Darwin José Belisario Díaz, de 27 años de edad.

Según familiares, el hombre fue abordado por sujetos desconocidos que, sin mediar palabras, le dispararon dejándolo herido en el lugar.

Fue trasladado al hospital Clínico Universitario donde no fue recibido por falta de insumos. Debía ser llevado a otro centro asistencial, pero murió a las 6:32 pm.

La víctima era padre de un niño de un año y el menor de 4 hermanos.

#MonitorDeVíctimas | Mataron un comerciante del mercado de Catia
Estuvo desaparecido por 12 horas hasta que sus familiares encontraron su cadáver en la morgue

Francisco Zambrano @franzambranor / Fotografias Carlos Ramírez

Alex Rodríguez, de 30 años de edad, salió de su trabajo en el mercado de Catia el pasado lunes 23 de marzo y nunca llegó a su casa.

Rodríguez, quien vivía en Catia, estuvo desaparecido por doce horas y posteriormente fue localizado por sus familiares en la morgue de Bello Monte.

Los parientes manifestaron que desconocen si Rodríguez fue asesinado con arma de fuego o algún otro objeto. Tampoco presumen quien pudo haber cometido el crimen. Solo tienen certeza de que el suceso se produjo en los Magallanes de Catia

Rodríguez se desempeñaba como vendedor de ropa para damas en el mercado de Catia. Tenía una hija de 10 años de edad y era el mayor de dos hermanos.

Redes y activismo, el duro camino para lograr justicia en el femicidio de Ángela Aguirre
Se cumple un año del femicidio de Ángela Aguirre, el caso que conmocionó a la opinión pública en Ciudad Guayana y que, hasta ahora, continúa sin sentencia final

 

Hace un año que no se la escucha reír, no se la ve bailar, no se la ve bromear, que no está con su familia, que no se pinta las cejas “hasta para salir a la bodega”, como dice su madre, mientras recuerda los días de vacaciones en los que Ángela Aguirre se quedaba ayudándola en la peluquería, el negocio familiar.

Hace un año que ya no se arregla el cabello y las uñas los domingos para ir toda la semana arreglada para el Colegio Adventista Maranatha, en el que estudiaba. Ya no sueña con ser médico, cirujano plástico, estético o psicóloga porque ya no está. “Como toda joven, toda estudiante, tenía sus anhelos, sus proyectos, sus sueños. Ella siempre decía que tenía el anhelo de arreglar al ser humano”, dice Yerlis, su madre.

Su uniforme escolar cuelga intacto en el closet, los libros siguen en su bolso. Pero ella ya no se levanta a desayunar, o se despierta tarde los domingos, o juega con Ángel, su hermano de 6 años que aún se pregunta por qué, de repente, ya no la vio más. “Ha pasado un año, pero para nosotros esto acaba de suceder. No hemos tenido ni siquiera el tiempo como familia para procesar nuestro duelo”.

Yerlis de Aguirre aún no procesa el duelo, la pérdida de su hija, ¿cómo podría?, cuestiona. “Nadie se prepara para despedirse de un hijo de esa manera. Nos tocó recibir el cuerpo de nuestra hija y llevarlo a la sepultura inmediatamente, este es un daño irreparable para mí familia”. Ángela Aguirre fue violada y asesinada en marzo del 2019, su caso continúa en juicio.

 

Caso Aguirre: siete imputados

Son siete los imputados y privados de libertad por el femicidio de la adolescente de 16 años: Joselyn Barreto, Dayana Nicieza, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla y José Zorrilla, por los delitos de cómplices necesarios en femicidio y omisión al socorro.

A José Cedeño, primero su amigo y ahora acusado de su asesinato, le fueron imputados los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias. Los imputados están recluidos en los centros penitenciarios Rodeo II y III (los 5 hombres) y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), las mujeres.

El juicio comenzó en octubre de 2019 en el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, pero hasta ahora no hay sentencia. Desde entonces, todos los lunes -antes de la cuarentena- un grupo de oenegés y mujeres feministas defensoras de los derechos humanos se plantan para exigir justicia.

La movilización del caso ha costado protestas, inéditas campañas de difusión en redes sociales, una recusación, denuncias, y bastante dolor. Fueron las redes sociales y la indignación de la opinión pública la que posicionó el caso. “El día de la audiencia preliminar, un grupo de mujeres feministas de Caracas estuvo frente al Palacio de Justicia. Todos los lunes hacen eso, les agradezco infinitamente su apoyo”, manifestó Yerlis Aguirre.

El nombre de Ángela Aguirre sobresalió entre los carteles púrpuras que fueron el mejor atavío de una marcha silente emprendida en Guayana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Una representación de la lucha contra un flagelo social que ha cobrado la vida de muchas mujeres en Guayana, y en todo el territorio nacional.

Luego de cuatro diferimientos de las audiencias en Puerto Ordaz, de que los tribunales en el estado Bolívar se hayan declarado incompetentes y luego de reiteradas dilaciones, el caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y este decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se hizo la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio, en el que se está exponiendo una prueba por semana. La madre de Ángela ha solicitado que pudieran exponerse 2 o 3 pruebas por semana para acelerar el proceso. “Hasta ahora no se han suspendido ninguna de las audiencias desde que el caso llegó a Caracas, el proceso va con toda normalidad”, dijo Yerlis Aguirre.

Lo sucedido

La joven de 16 años desapareció la madrugada del 23 de marzo de 2019 en aguas del río Caroní, en el Club Ítalo Venezolano de Puerto Ordaz. Fue la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la que inició su búsqueda cuando aún no se había determinado que estaba muerta, -primera irregularidad identificada por el periodista Germán Dam.

Su cuerpo fue hallado 3 días después, el 26 de marzo, flotando en las adyacencias del balneario El Rey. Desde entonces inició el turbio proceso de investigación. La primera autopsia reveló que Ángela Aguirre había muerto por asfixia mecánica por inmersión, y presentaba signos de abuso sexual, pues tenía magulladuras en su cuerpo y lesiones tanto en sus partes íntimas como en sus manos. “Tenemos una foto que tomaron justo cuando hallaron el cuerpo de la niña, se puede ver que está amarrada por los brazos” – argumenta Yerlis Aguirre, con un hilo de voz-, “amarrada con un cable negro en los brazos y donde se puede ver que la tuvieron amarrada hasta el día en que la soltaron”.

Este fue el desenlace funesto de la fiesta de cumpleaños de José Cedeño, a quien le fueron imputados los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias.

Con él son siete los imputados y privados de libertad por el crimen. Todos ellos habían zarpado con Ángela Aguirre, la noche del 22 de marzo en la embarcación La Kaki hacia la isla La Terecaya, del Club Ítalo Venezolano a las 6:00 de la tarde. Todo esto infringiendo las normas náuticas del lugar en las que se estipula que está prohibido el tránsito a esa hora.

“Hubo una gran violencia en lo que le hicieron a ella, estamos luchando para alcanzar justicia por lo que le hicieron a la niña porque sí, hubo violencia, hubo un asesinato”, reiteró su madre.

Iniciaron las averiguaciones, y con estas, las irregularidades y el choque entre versiones. La fiscal designada por el Ministerio Público para investigar los hechos, Emily Hernández, solicitó una segunda autopsia cuyo resultado contradijo -a favor de los detenidos- los resultados de la primera autopsia, esta vez, revelaba que Ángela no había sido violada. Además, solicitó al tribunal que el caso fuese procesado en un tribunal ordinario, desestimando que este fuese un caso de violencia contra la mujer. La abogada defensora de la familia Aguirre, Yamileth Carvajal y la opinión pública, acusaron a la fiscal de corrupción y soborno durante las pesquisas.

Justo antes de la audiencia de presentación, a mediados de abril, se filtró un audio en el que Ángela llorando aseguraba que José Cedeño la había violado. Ese mismo mes también se les dictó privativa de libertad después de cuatro diferimientos. La audiencia preliminar se realizó a mediados de julio de 2019 (4 meses después del hecho).

Por petición de la familia de Ángela, Hernández fue removida del caso. La causa fue tomada por Joselin Mata, fiscal 47 y Renny Amundarain, fiscal 66, ambos nacionales. Y Scarlett Alcalá, fiscal décimo sexto en materia de defensa para la mujer y Danielys Martínez, fiscal décimo tercero en pena ordinaria de víctima, niños, niñas y adolescentes, ambas regionales.

Pero la madre de Ángela desconfía de Amundarain, uno de los fiscales nacionales que lleva la causa. “Amundarain actuó en complicidad con ella (Emily Hernández) para favorecer a estas siete personas acusadas por el femicidio de mi hija. Vimos la manipulación de todos los elementos de prueba, las telas de arañas que han tejido los fiscales”, sostiene.

Los tribunales en el estado Bolívar se declararon incompetentes. El caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se realizó la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio.

Polémica, revictimización y justificación

El caso de Ángela sacudió a la opinión pública y generó polémicas. El homicidio cometido contra ella se diluía ante la sociedad entre los cuestionamientos de la moralidad o prudencia de Ángela, o las acusaciones a sus padres. Para algunos, eran ellos, y no los imputados, los culpables del femicidio: revictimización y justificación del delito. “Como si ellos fueran los padres perfectos, como si tuvieran a sus hijos metidos en una burbuja donde nadie los va a sacar”, reprocha su madre.

“En el fondo el problema no era ese, el problema era que se había cometido un asesinato, que hubo dilación en el proceso, que hubo una transgresión de las normas del debido proceso en varias de las instancias de investigaciones y de juicio, y eso pasó inadvertido por la sociedad y muy pocas personas le hicieron caso frente a la connotación que tenía la dedicación o no de esta persona a actividades de prostitución”, expresó la abogada y experta en violencia basada en género, Eumelis Moya.

Durante el 2019 la tasa de femicidios aumentó en un 18,89%, es decir, hubo 107 mujeres asesinadas por razones de género, en comparación a las 90 que murieron en el 2018, según la plataforma comunicacional Cotejo. Uno de los casos más emblemáticos del 2019 fue el femicidio de esta joven, en el estado Bolívar, entidad en el que se registró un aumento del 57,14% de femicidios para ese año.

El flagelo parece no disminuir: hasta el 22 de enero de 2020 se registraron 14 femicidios en el país, dos de las víctimas eran menores de edad. Todos los casos envueltos en un espiral de violencia desmedida: disparos a traición, quemaduras, apuñalamientos con saña, tortura y ahorcamientos.

En Venezuela hay 21 tipos de violencia contra la mujer tipificados en la ley. El femicidio es la manifestación más extrema. La violencia basada en género es un problema de salud pública que parece no disminuir en el país, la inacción estatal solo refuerza los patrones de violencia y la reincidencia de los mismos.

“No hablamos de cualquier problema, estamos hablando de un flagelo que arroja unas cifras de ocurrencia elevadas y hasta ahora no han logrado implementarse medidas eficaces para su erradicación”, informó Moya.

Para la abogada experta en violencia basada en género, la clave para mitigar este problema de salud pública es la educación, una socialización de información que le permita al colectivo conocer qué es la violencia, qué implica, cómo se previene, ante quién se denuncia o ante quién acudir en caso de que se produzca. “Es la educación el pilar que soporta el proceso de prevención y la no ocurrencia del problema”, destacó.

“Hay que iniciar por explicar qué es el género y su diferencia con el sexo, cómo el género se traduce en roles sociales soportados en estereotipos o preconcepciones que vulneran a la mujer en su condición de tal”, añadió Moya. Solo inculcando este enfoque se podría impedir la cosificación de la mujer y la revictimización. “En la medida de que se entiende que la violencia no es solo la agresión física o verbal o psicológica de la persona, sino que hay acciones pasivas u omisivas incluso que también son violencia, en esa medida se irá minimizando la ocurrencia del problema”, concluyó la abogada.

Mairis Balza, directora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), resaltó la importancia de que la violencia contra la mujer en todas sus formas no se trate como un tema doméstico, para que no decante en femicidio. “Es un tema de protección y garantía de derechos. Ignorar esta perspectiva deja en el desamparo, desprotección e impunidad a la mujer, frente a la forma más extrema de violencia contra la mujer, reafirmando la concepción machista y patriarcal de las relaciones de poder”.

Además, afirmó que, ante un problema estructural y multifactorial, la respuesta debe ser del mismo modo, es imperativo que “todos los sectores se comprometan en eliminar la tolerancia de la violencia contra las mujeres y en dar mejor apoyo a las mujeres que la experimentan” –y a los familiares de las que murieron producto de ella-.

 

Monitor de Víctimas rechaza detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas

Desde el observatorio Monitor de Víctimas, un proyecto periodístico del medio digital Runrun.es y el movimiento social Caracas Mi Convive, rechazamos la detención arbitraria de uno de los miembros de nuestro equipo: el periodista Darvinson Rojas.

El pasado 21 de marzo de 2020 Darvison fue sacado de su residencia por la fuerza y violentando todos los procedimientos de ley, por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

El mencionado cuerpo de seguridad ha sido denunciado por innumerables casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno de Nicolás Maduro a eliminar este cuerpo de seguridad y viene haciendo seguimiento de los abusos y excesos conferidos por sus funcionarios.

El periodista Darvinson Rojas, que forma parte del equipo de Monitor de Víctimas desde el inicio del proyecto hace tres años, fue detenido por informar en sus redes sociales sobre casos de COVID-19 no reportados por el gobierno de Nicolás Maduro.

Exigimos su inmediata liberación y garantías para la libertad de expresión de Darvinson así como la de todos los periodistas en Venezuela para mantener a la población debidamente informada ya que es un elemento esencial para frenar la pandemia del Covid-19.

Monitor de Víctimas es un observatorio de homicidios en Caracas que combina periodismo de investigación, periodismo de datos y periodismo colaborativo.

Monitor de Víctimas funciona como una alianza entre cinco medios de comunicación digital y la sociedad civil, y promueve la defensa de los derechos humanos.

#InformarNoEsDelito

#LiberenADarvinson

#MonitorDeVictimas / Roban y matan a odontólogo en la avenida Fuerzas Armadas
El crimen ocurrió en el apartamento de la víctima que se encontraba cerrado y con la llave colocada en la cerradura
Carlos D´Hoy @carlos_dhoy / Fotografía: cortesía

El cadáver de un hombre identificado como Freddy Rafael González Farías fue localizado amordazado y en un charco de sangre en horas de la tarde del pasado jueves 12 de marzo en su residencia ubicada en la avenida Fuerzas Armadas, municipio Libertador, de Caracas.

Según informaciones suministradas por familiares de González Farías, la búsqueda comenzó porque a la familia le extrañó que éste no respondiera las llamadas, ni mensajes que le enviaban, sobre todo cuando se trataba de una persona que siempre estaba en contacto con ellos.

En vista de esa conducta irregular, se acercaron hasta el edificio Maracaibo, apartamento 72, que estaba cerrado y con la llave puesta en el interior de la cerradura de la puerta. Al ingresar encontraron el inmueble desordenado y en una de las habitaciones estaba el cadáver amordazado y con varias heridas provocadas por arma blanca.

Freddy Rafael González Farías era un conocido odontólogo, tenía su consultorio en el centro comercial Tanino, ubicado en el centro de Caracas. Agregaron que era soltero y no deja hijos.

Al lugar del homicidio acudieron comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas que iniciaron las pesquisas para esclarecer el asesinato.

Leyenda: El Cicpc inició las investigaciones para esclarecer el crimen.

#MonitorDeVíctimas | Una comisión del Cicpc lo mató en Mariches en presunto enfrentamiento
El hecho ocurrió cuando con vecinos organizaba la llegada de cajas CLAP

Sandra Guerrero @SandraGuerrero1 / Fotografias Carlos Ramírez

A las 7:30 pm del lunes pasado, Cristian Gerardo Osorio se encontraba en el sector Filas de Mariches en el kilómetro 15 de la carretera Petare Santa Lucía, junto con otros vecinos de la zona organizando la entrega de las cajas Clap.

Allegados a Osorio relataron que al sitio llegó una comisión del Cicpc que le disparó y lo hirió en el tórax. Fue llevado al centro de diagnóstico integral de La Dolorita donde falleció.

Osorio era padre de 8 hijos, cuatro vivían con él y su actual esposa. Laboraba vendiendo artículos usados en Petare.

Un allegado a la víctima manifestó que nunca estuvo detenido ni tenía en su poder armas de fuego. Negó que se hubiese enfrentado a la comisión policial porque estaba organizando la entrega de las cajas Clap con otros vecinos

Cuando uno de los familiares acudió a la policía científica a declarar en torno a la muerte de Osorio un funcionario le manifestó que el fallecido era un delincuente que estaba solicitado.

Ejecutan a un hombre en situación de calle

Allegados a Ricardo José Pérez Serna, de 31 años de edad, denunciarán en el Ministerio Público la forma en que el hombre murió y que se quiere hacer creer que se trató de un enfrentamiento.

Un familiar explicó que Pérez Serna, aunque estaba en situación de calle, laboraba como obrero en Inmerca y también vendía mercancía para mantener a su bebé de cinco meses de nacido y a su esposa.

De acuerdo a lo relatado por testigos, el jueves de la semana pasada, Pérez Serna se encontraba trabajando cerca del hospital Periférico de Coche cuando llegó un auto conducido por un funcionario del Cicpc en compañía de una mujer quien se bajó del auto y le propinó una cachetada. Posteriormente el policía lo subió al vehículo y se lo llevó.

El viernes a las 5:00 pm la familia de Pérez Serna supo que su cadáver estaba en la morgue con un disparo en el abdomen. 

Se enteraron porque a una hermana del  fallecido, que se encuentra detenida en el Cicpc de Pro Patria por el delito de homicidio, un funcionario le manifestó: “Puedes ir a buscar a tu hermano que está muerto en la morgue”. También les dijeron que había muerto en un enfrentamiento y que había sido trasladado al hospital Miguel Pérez Carreño, ubicado en La Yaguara, a donde llegó muerto.

Familiares que acudieron a la medicatura forense a realizar los trámites para retirar el cadáver explicaron que a Pérez Serna lo querían implicar en el crimen por el que está presa su hermana, pero aseguraron que él no tenía nada que ver con ese caso.

#MonitorDeVíctimas | Seis personas participaron en el asesinato de un hombre en Maca
La víctima trabajaba con organizaciones de derechos humanos y ayudaba a rescatar a jóvenes que vivían en la calle y consumían drogas

Lorena Meléndez G. @loremelendez / Fotografías: Carlos Ramírez

Marlín Barreto presenció cómo mataron a su hermano menor el pasado sábado 7 de marzo, a las 3:00 am, en la puerta de su casa. Tenía a su hijo de 8 años de edad en sus brazos y ni siquiera por esto logró persuadir a los seis atacantes que lo golpearon con puños, con la cacha de un revólver, lo apuntaron con un escopetín y, finalmente, le dispararon con el arma corta varias veces hasta que le impactaron un brazo y el pecho. Su nombre era Carlos Andrés Barreto Maldonado y tenía 39 años de edad.

Cuenta Marlín que todo comenzó cuando su hermano saludó al dueño de una licorería de la calle Los Mangos en Las Colinas de Maca, en Petare, con quienes los victimarios habían tenido varias discusiones y peleas en el pasado. Ese gesto enfureció tanto a los atacantes, que estaban ebrios al momento del suceso, que de inmediato reclamaron a Barreto Maldonado por el acercamiento.

Todos se conocían desde hace años porque eran vecinos. En medio de la discusión, uno de los hombres le rompió una botella en la cabeza a Barreto Maldonado. El agredido entró a su casa para limpiarse la sangre, se bañó y al rato salió nuevamente a la calle. Fue allí cuando entre los seis, entre ellos una mujer, comenzaron a golpearlo.

“A mi hermano lo lincharon, prácticamente. Un ser humano no puede matar a otro como si fuera un perro, ni porque sea un delincuente”, dijo Marlín, quien acotó que luego de haber denunciado el homicidio, las autoridades arrestaron a dos de los implicados, pero estos fueron liberados. El resto de los participantes está en fuga.

 

La víctima dictaba talleres en la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos y también ayudaba a muchachos que vivían en la calle y que consumían drogas. Él mismo había cruzado hace años ese camino y fue su hermana Marlín quien lo ayudó a dejar su adicción. Las organizaciones con las que laboraba le permitieron reinsertarse en la sociedad.

 Asesinado en Maca

Barreto Maldonado era el menor de siete hermanos y padre de una joven de 18 años de edad. Trabajaba como cocinero en un restaurante. Su hermana afirma que él llevaba meses ahorrando para pagar una operación que ella necesita por ser paciente crónico renal: un cateterismo en cada riñón.

De acuerdo con datos recogidos por Monitor de Víctimas, durante 2019 ocurrieron al menos 58 homicidios motivados por riñas o peleas en el sitio. La mayoría de esas muertes, doce en total, sucedieron en la parroquia Petare del municipio Sucre del estado Miranda, donde también mataron a Barreto Maldonado.

#MonitorDeVíctimas | Aumento de femicidios en Caracas deja huellas en huérfanos y familias

Katherine Pennacchio y Gabriela Henríquez / @KathyPennacchio y @GCHenriquez1 

 

La mañana del 7 de mayo de 2018, como todos los días, Maribel del Carmen Cornieles Carrillo llegó temprano a la farmacia San Roque, en el sector Longaray en la parroquia caraqueña El Valle, a buscar las verduras y hortalizas que vendía en un puesto informal en la calle. Su cuñado, Fernando Sayago le permitía guardar la mercancía en ese establecimiento.

Pero ese día a los pocos minutos de haber entrado a la droguería, apareció en el lugar Leidys Giovanny Gil Muñoz, de 44 años de edad, quien tras sostener una discusión con Cornieles Carrillo, le disparó en la cabeza y luego se quitó la vida. 

Gil, había sido pareja de Maribel Cornieles por escasos tres meses. La víctima tenía 37 años de edad y era madre de dos hijos, de 13 y 9 años.

 

 

Este fue uno de los seis femicidios que ocurrieron en la parroquia El Valle entre 2017 y 2019 y uno de los 46 acaecidos en los cinco municipios de la Gran Caracas y el estado Miranda, en el mismo periodo: Municipio Libertador, Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre. 

“Femicidio es definido como “la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser tales” o “asesinato de mujeres por razones asociadas a su género”. Así, “el femicidio surge a partir de la insuficiencia de repercusión que tendría el femicidio para dar cuenta tanto de la misoginia presente en esos crímenes y la responsabilidad estatal al favorecer la impunidad de éstos”, explica en su sitio web el colectivo feminista latinoamericano, Cotidiano Mujer. Agrega además que ambos términos tienen un elemento en común: la impunidad. 

Las cifras obtenidas de Monitor de Víctimas en los últimos tres años indican que los femicidios han aumentado en 46%, mientras que los homicidios a mujeres en la capital del país han disminuido en 27%. Se totalizan 207 homicidios a mujeres, de los cuales 46 son femicidios, es decir, representan un 22%. 

Magdymar León, psicóloga clínica y coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA), explica que la violencia contra la mujer ha aumentado, por un lado, por razones vinculadas a la crisis humanitaria en el sentido de que las mujeres están cada vez más vulnerables económicamente frente a los hombres, pero también por razones culturales. 

Argumenta que en el caso de que un grupo familiar tenga dificultades de transporte y los ingresos que obtiene son muy pocos, las mujeres suelen tomar la decisión de quedarse en casa ya que se mantiene la visión de que el hombre es el que sale a trabajar. Esto, explica León, hace más vulnerable económicamente a la mujer frente a su pareja y además restringe un poco los vínculos sociales y amistades, por lo que aísla más a la mujer y se va generando una brecha de género. 

“En otras condiciones, ambos saldrían a trabajar o incluso la mujer, estando en casa, tenía mayor acceso a trabajos informales que le generaban algún tipo de ingreso económico. Esto con la crisis ya no es posible”, dijo la coordinadora de Avesa.

Patrones de asesinatos a las mujeres

Los datos de Monitor de Víctimas también reflejan que la mayoría de los casos de femicidios son perpetrados por conocidos, como fue el caso de Maribel Cornieles. 

De los 46 casos, entre 2017 y 2019, sólo siete fueron a manos de desconocidos. El 80%, 37 de los femicidios en Caracas ocurrieron a manos de cónyuges, familiares o amigos. 

 

Para la coordinadora de Avesa, los patrones que surgen de los datos de Monitor de Víctimas concuerdan con la explicación de las diferencias económicas entre los géneros y las creencias culturales. “Ante este control del hombre sobre la mujer, se van generando situaciones de violencia que pueden llegar a esta máxima expresión que es el femicidio”, comentó. 

Añade que, al analizar los casos de femicidios, se observa que son el resultado de una serie de agresiones, que en algunos casos no fueron denunciadas, en otros sí lo fueron, pero no se les prestó la debida atención, casos en los que la mujer no recibió apoyo y el contexto la criminalizó, por lo que terminó a merced del agresor. 

Las estadísticas de Monitor de Víctimas también arrojan que 30 de los 46 femicidios sucedieron dentro de las viviendas de las víctimas; y 17 de los 46 femicidios reportados en Caracas fueron perpetrados con armas de fuego, cortas mientras que 12 de estos 46 casos fueron perpetrados con armas blancas. 

 

Femicidios

 

En referencia al tipo de armas utilizadas en los femicidios, León explica que el hecho de que las armas de fuego encabecen la lista da cuenta de la existencia del poco control en el uso de las armas, así como la facilidad que puede tener una persona para acceder a una. “Esto también nos va mostrando que tenemos un gran número de personas armadas en el país y en las comunidades”, agregó. 

“El uso de armas blancas en los femicidios suelen ser utensilios de hogar, lo que evidencia que son delitos que ocurren en el propio hogar y comunidad. Es lamentable que en tu propio hogar es en donde incluso puedes correr más riesgos”, dijo. 

Luis Izquiel, Investigador sobre crimen organizado y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela explica que existen diversas estimaciones sobre el número de armas en manos de la población venezolana. 

La última realizada por el Observatorio Venezolano de violencia indica que podrían existir en el país 3 millones 500 mil armas de fuego (…) Adicionalmente, la última versión oficial sobre el porte de armas emitida por la Dirección Antiextorsión y Secuestro (D.A.E.S), el organismo encargado de dar los permisos, señaló que  había un poco más de 20 mil portes de armas. Si contrastamos estas cifras, prácticamente el 99% de las armas están ilegales”, aseguró Izquiel. 

 

El profesor de Criminología añade que el en Venezuela no existe la compra libre de armas y solo el Estado las transporta y suministra a través de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (CAVIM). Sin embargo, argumenta en la realidad hay muchas armas en circulación en el país que provienen de la posesión de ellas, anterior a la prohibición; del extravío de armas de los cuerpos de seguridad, incluyendo los cuerpos castrenses; y del contrabando a través de la frontera. 

Huérfanos por la violencia 

Luisaelena Echarry Rojas tenía 36 años cuando fue asesinada por su esposo, el 18 de enero de 2018, con quien estaba llevando a cabo un proceso de separación. 36 puñaladas con un cuchillo de cocina acabaron con su vida. 

Con su muerte, tres hijos menores de edad quedaron huérfanos. Dos de ellos de su primer matrimonio y, el más pequeño, de cinco años en ese momento, del segundo matrimonio con el hombre que la asesinó. 

El más pequeño de los hijos de Luisaelena, ahora con ocho años de edad, se encuentra bajo la custodia de su abuela. Maira, hermana de la víctima, asegura que el asesinato de Luisaelena fue muy duro para el niño, quien acudió a un psicólogo para entender qué había pasado con sus dos padres. 

Los familiares de Echarry piden justicia y, aunque aseguran que un proceso judicial no va a devolverles a Luisaelena, van a conseguir paz. 

Los datos de Monitor de Víctimas registran que entre 2017 y 2019 se han quedado huérfanos 151 niñas, niños y adolescentes. De esa cifra, 48 son a causa de femicidios, lo cual representa 31,7% de los casos. 

Femicidios

 

Para Abel Saraiba, psicólogo y psicoanalista, coordinador del Programa Creciendo Sin Violencia de Cecodap, la muerte de la madre de un niño es una experiencia que puede ser catalogada como traumática, incluso desestructural para un niño, teniendo presente que la sociedad venezolana es matricentrada. “Es decir, es una sociedad en donde la madre ocupa un lugar fundamental dentro de la crianza, en la gestión de los afectos y en un conjunto de procesos vitales para un niño y, en consecuencia, el hecho de que ella sea asesinada genera un efecto de orfandad muy grande”, explicó. 

Asimismo, para el psicólogo e investigador de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), Francisco Sánchez, el asesinato de una madre tiene tres tipos de repercusiones en un niño. La primera de ellas es la emocional o psicológica ya que se trata de una experiencia en la que los niños se sienten desprotegidos porque ya no está su cuidadora y se quedan en manos de un familiar.

“Más aún si el asesinato lo cometió el padre o el cónyuge de la mamá. Eso somete a los niños a una experiencia de mucha ambivalencia y ambigüedad que va a perdurar”, dijo Sánchez. En segundo lugar, está la repercusión a nivel familiar ya que esto genera mucho estrés y angustia. Señala además que tener que contarle al niño lo sucedido y contener la situación perfila el desamparo en el que se encuentra la población porque estos niños y estas familias no encuentran unas vías institucionales con las que poder trabajar este sufrimiento. 

En tercer lugar, la afectación de un menor de edad se presenta a nivel escolar como fallas a nivel académico, problemas de conducta y emocionales, propios de la experiencia que están viviendo. 

El niño puede tener un aislamiento profundo, problemas de conducta, convertirse en oposicionista o rebelde, problemas de agresividad, cambios en el rendimiento escolar, falta de atención o incluso dejar de hacer las cosas que antes le gustaban; por ejemplo, si antes iba con su mamá al fútbol, puede que le deje de gustar porque es un recordatorio constante de lo que fue su experiencia”, explicó Sánchez. 

En opinión de ambos psicólogos es fundamental buscar ayuda para poder conseguir y brindar apoyo emocional  al niño, y así procesar la experiencia de dolor. Indican que este apoyo puede ser terapéutico, psicológico, de un trabajador social, o incluso de una comunidad religiosa a la que se pertenezca. 

Asimismo, señalan que el proceso para superar la muerte puede estar entre seis meses, pudiéndose extender hasta los dos, o incluso hasta los 15 años; todo dependerá de los recursos con los que cuente el niño para sobrellevar el duelo. 

El Valle en números rojos 

En los últimos tres años los índices de violencia contra la mujer en la Parroquia El Valle han estado en números rojos. De la totalidad de 46 femicidios, seis han sido en la zona, lo cual representa 13% de los casos. Esto es un alto número en comparación con otras parroquias que tienen entre cuatro y cero casos.

Las otras parroquias con más asesinatos de mujeres son Macarao, Sucre y El Hatillo, con tres casos cada una. 

Adriana Desiret Rivero Ozorio, Maribel del Carmen Cornieles Carrillo, Yesenia Carolina Franklin Chaparro, Andrea Yulimar Quintero Santiago, Sheila Yarivette Silva Jiménez y Melissa Arcila Ruiz  fueron las víctimas en El Valle. 

 

En El Valle, el hogar de estas mujeres, predominan edificios residenciales que bordean la avenida principal y grandes barrios populares hacia las zonas más elevadas. En esta parroquia viven 155 mil personas, según el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz. En El Valle también están las principales entradas del complejo militar Fuerte Tiuna, cuenta con la línea 3 del metro de Caracas y el principal terminal de transporte de la ciudad. Sin embargo, esto no proporciona seguridad. 

Jacqueline Gómez, líder comunal del sector San Andrés en El Valle, explica que ha sentido en los últimos años un aumento de la violencia en la zona. “En mi sector no se escuchan muchos casos de violencia de género, se oye más hacia Los Jardines y Longaray. Pero no hay respeto para nadie. No importa su condición, si es mujer o adulto mayor”, dijo Gómez. 

Por su parte, Maribel Escalante, líder comunal del sector Longaray en la parroquia explica que “se ven muchos robos en las estaciones del metro y en las camioneticas. Hay poca presencia policial en la parroquia. Las mayores afectadas son mujeres”.

Escalante no considera que en su sector sea un lugar foco de femicidios. No obstante, en la misma zona donde vive, en los últimos años han ocurrido varios casos que han impactado a la comunidad. Un caso muy sonado ocurrió la noche del domingo 22 de octubre de 2017. Sheila Yarivette Silva Jiménez, de 38 años de edad, fue lanzada desde el piso 11 por su pareja de un urbanismo de Misión Vivienda.

Silva era empleada de la Alcaldía de Libertador, coordinaba el programa Madres de la Patria en la zona y ayudaba a agilizar los carnets de la Patria que el gobierno de Nicolás Maduro implementó desde mediados 2017. Allegados señalaron que, debido a su posición, tenía buena relación con el alcalde Jorge Rodríguez.

 

 

Según reportara Runrun.es en su momento, de acuerdo con testigos, Silva Jiménez había sostenido una fuerte discusión con su novio, identificado como Ángel José Mosqueda, de 28 años de edad, el sábado 21 de octubre de 2017. Él se había marchado de la casa a raíz del conflicto, pero en horas de la noche del domingo, regresó para cometer el asesinato. Intentó fugarse pero los vecinos lo impidieron. 

Días después de lo ocurrido, movimientos feministas se concentraron en la sede del Consejo Municipal cercano al Palacio Legislativo para repudiar el asesinato de Silva Jiménez, y el aumento de femicidios en la capital, y a su vez exigir celeridad en las investigaciones que den con las penas de estos individuos.

 

 

Casos sin resolver y poca impartición de justicia 

El pasado lunes 20 de mayo de 2019 Melissa Sidney Arcila Ruiz dejó a sus hijos en el transporte escolar y regresó a su apartamento en el edificio Unep de Los Jardines de El Valle. En la entrada fue sorprendida por su exnovio, José Gregorio Pérez, quien la sometió y apuñaló con una tijera.

Sus familiares aseguran que Arcila Ruiz había acudido con anterioridad a la Fiscalía y al Cicpc para reportar que el hombre la había golpeado. Sin embargo, las autoridades no actuaron. 

Katherine Andreína González León fue asesinada por su cónyuge, con quien compartía diez años de relación y tres hijos. Tenía 24 años de edad. En el pasado Katherine había hecho tres denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Ministerio Público, por comportamientos agresivos y abusivos en su contra, pero esta instancia no le dio respuestas oportunas. 

Diosanel Gómez, prima de Katherine, cuenta que el día de las madres del año 2017, luego de cuatro meses de acoso y amenazas a través de la red social Instagram, el cónyuge de Katherine le envió un mensaje indicándole que debía acercarse a casa de su madre porque sino mataría a sus tres hijos, a su familia y a ella. Luego de una discusión y de un forcejeo en el carro de su esposo, éste le disparó cinco veces a Katherine, intentó dispararle al padre de ella, y luego acabó con su vida. 

A pesar de las numerosas denuncias en contra de su cónyuge ante la Fiscalía, no se obtuvo ninguna respuesta. “De hecho, una vez la tuvo secuestrada y Katherine logró escaparse. Ese mismo día ella lo denunció ante la fiscalía y él montó una denuncia en contra de ella, por abandono de hogar”, dijo Gómez. 

Aunque el Cicpc tiene un programa de prevención social destinado a la disminución de los homicidios a mujeres y que su director Douglas Rico publica constantemente en sus redes sociales los logros en la materia, son pocos los casos que en realidad llegan a resolverse. Gran parte de los que son reseñados como satisfactorios es porque los agresores se quedaron en la escena del crimen o intentaron suicidarse pero no por una acción propia de investigación de los funcionarios.

 

La organización no gubernamental Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) afirma que todas las mujeres víctimas de violencia merecen justicia y que la opacidad en la información y ausencia de datos oficiales dejan a cientos de mujeres víctimas de delitos sin la opción de lograr el cumplimiento de la ley. Ponen como ejemplo el caso de Angela Aguirre, joven asesinada el 23 de marzo de 2019 en el río Caroní, en Guayana, donde la familia ha denunciado que mediante sobornos el caso se estaba enfriando.

Esta debilidad en la impartición de justicia, según expertos, pone aún en más riesgo a las mujeres. “La mujer está siendo victimizada no sólo por la situación país que afecta a todos por igual, sino también por la falta de justicia”, dijo la psicóloga Magaly Huggins, psicóloga y experta en género y violencia. 

Asimismo, Madgymar León explica que a medida que las inequidades de género se van profundizando, hay más probabilidades de que ocurran situaciones de violencia contra la mujer. 

“Cada vez hay una visión más desvalorizada hacia la mujer y a esto se le suma toda la impunidad en torno a la violencia contra la mujer. Te puedo decir que en el informe de Mujeres al Límite de 2017, en el que participó Avesa, vemos una altísima tasa de impunidad en los casos de impunidad. Menos del 1% llega a juicio”, aseguró León. 

Explicó también que este porcentaje indica que ante la denuncia, las mujeres no están obteniendo la debida respuesta de protección y de acceso a la justicia, por lo que los delitos quedan impunes y tienden a repetirse; y, por ende, va aumentando su frecuencia e intensidad. 

“Todos esos elementos están ahí generando una mayor vulnerabilidad en las mujeres venezolanas a la violencia y esto explica el mayor número de femicidios. Por eso vemos como mes a mes el número de femicidios reportados en la prensa va aumentando significativamente”, sentenció la coordinadora de Avesa. 

La experta en estudios de la mujer agregó que ante la situación de crisis en el país hay otros casos de mujeres que quedan vulnerables a situaciones de extorsión sexual o sexo por supervivencia. “Esto lo vemos con frecuencia en muchos mercados populares, en donde lamentablemente cada vez hay más casos de mujeres, adolescentes y niñas que mantienen algún tipo de contacto sexual con hombres que ahí laboran”, aseguró. 

 

Concluye que todos estos elementos generan un conjunto de situaciones en donde las inequidades de género se van profundizando y, ante relaciones de género inequitativas, existen más probabilidades de que ocurran situaciones de violencia contra la mujer, lo cual explica el aumento en el número de femicidios. 

Venezuela se enfrenta a una falta de estadísticas oficiales sobre los femicidios. La última data oficial publicada corresponde al 2015, cuando el Ministerio Público confirmó 121 femicidios consumados en todo el país. Luego de eso, en agosto de 2019, el fiscal general Tarek William Saab indicó en una declaración que el Ministerio Público había registrado 554 causas de femicidios en los últimos dos años.

Es por esta razón que los casos de de femicidios en Venezuela son registrados por organizaciones no gubernamentales o proyectos como Monitor de Víctimas, que recoge las estadísticas de Caracas y Miranda. 

A continuación presentamos a las víctimas restantes, entre 2017 y 2019, en el área metropolitana de Caracas.