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Monitor de Víctimas

#MonitorDeVíctimas | En Apure grupos armados no estatales monopolizan la violencia
El ELN, las disidencias de las FARC y el FBL son algunos de los grupos criminales que operan en este estado fronterizo, donde el narcotráfico y el contrabando de mercancías diversas son cotidianos. Aunque los homicidios han disminuido, dos episodios de violencia, poco común con víctimas mortales, marcaron 2020: la muerte de cuatro oficiales de la FANB en un enfrentamiento con la guerrilla y el asesinato de un ganadero a manos de indígenas

Apure

La violencia se ha instalado en las zonas productivas y apartadas del estado Apure, al suroeste de Venezuela y en la frontera con Colombia. Allí operan con libertad grupos armados colombianos y locales, indígenas que están al servicio de la guerrilla y hampa común. Amenazan, extorsionan y matan a los ganaderos, así como a personas dedicadas al robo de ganado en las fincas.

De acuerdo con reportes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en Apure, en 2019 se produjeron 130 homicidios, mientras que hasta el 31 de octubre de 2020, en la entidad fronteriza con el departamento colombiano de Arauca se habían registrado 40 asesinatos. 

Las cifras, que parecen ir en baja, por sí solas no son un reflejo de las particulares formas de violencia que se viven en esa región invadida por poderosas organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL o “boliches”).

En la mayoría de los homicidios reportados se involucraron algunos de estos grupos irregulares. En ocasiones se valen de indígenas para delinquir, tomar los territorios y desplazar a productores agropecuarios, quienes, ante amenazas y robos, se ven obligados a huir y abandonar sus propiedades.

3.000 cabezas de ganado robadas en 2020

A pesar de que en esta área geográfica el levantamiento de datos es difícil, según el último informe publicado por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), durante  el mes de octubre de este año en la zona del Capanaparo fueron atacados cinco hatos. La denuncia fue presentada por productores de la región ante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Apure, en San Fernando. Aún esperan respuesta.

 Esta institución gremial también reporta que 37 comunidades indígenas que hacen vida en el Capanaparo -distribuidas en las poblaciones de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo; y Elorza, municipio Rómulo Gallegos- han sido organizadas y entrenadas para delinquir, bajo la dirección de irregulares del ELN. 

Según Fedenaga, estos grupos amenazan y asaltan unidades de producción, cometiendo abigeato en grandes dimensiones, afectando entre 80 y 100 productores, a quienes les han hurtado y robado más de 3.000 cabezas de ganado bovino, sólo en 2020.

 

 

Aunque fuentes en materia criminalística resaltan que el índice de homicidios en el estado Apure ha bajado 70% durante 2020 en comparación con 2019, los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia. Aseguran que los entes de seguridad del Estado en lugar de resolver los casos, los engavetan. 

Los “ajustes de cuentas” entre delincuentes, el robo y la resistencia a la autoridad han sido los móviles más frecuentes en la entidad llanera, según los reportes oficiales.

 Los homicidios reportados en esta entidad durante los últimos años han sido perpetrados no solo por el hampa común y por grupo armados irregulares, sino también por indígenas y funcionarios de los organismos de seguridad del Estado como la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cicpc y la Policía Regional, que ejecutan a los presuntos delincuentes en sus propias casas. Pese a esta realidad, en las minutas policiales los funcionarios registran los hechos señalando que se trató de enfrentamientos por resistencia a la autoridad.

La mano de la guerilla colombiana

Aunque el Cicpc reporta 40 homicidios en Apure, la organización Fundaredes, dedicada al estudio de la violencia en los estados fronterizos de Venezuela, registra que solo en el primer trimestre del año 2020 ocurrieron 26 homicidios, incluyendo tres enfrentamientos de grupos armados.

Uno de estos choques, aún sin esclarecer, ocurrió en el sector Las Tres Esquinas del municipio Páez entre efectivos del Ejército y la Aviación venezolanos y presuntos guerrilleros de las disidencias de las FARC. Aunque algunas fuentes apuntan a que se trató de una emboscada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el ELN en contra de grupos disidentes de las FARC para apoderarse de esa población ubicada en El Nula, al oeste de Apure. Lo más escandaloso fue que en el incidente perdieron la vida cuatro militares venezolanos, pero nunca se produjo información oficial sobre el hecho y tampoco se reportó si hubo víctimas por parte del grupo armado colombiano. 

 Oswaldo Cáceres, gerente general de FundaRedes, denunció esta semana ante el Ministerio Público del estado Táchira la desaparición de cuatro personas en el estado Apure, cuyos cadáveres fueron abandonados posteriormente en la zona sur del Táchira.

 

El defensor de derechos humanos exigió abrir las investigaciones correspondientes sobre estos hechos, que parecieran obedecer a un patrón de actuación de grupos armados irregulares como el ELN, las disidencias de las FARC y las FBL. 

 Cáceres explicó que en solo 10 días fueron localizados en el estado Táchira los cadáveres de cuatro hombres identificados como Rubén Ortega Blanco (50 años de edad) en el sector El Piñalito, municipio Fernández Feo, y residente de La Ceiba, estado Apure; y también José Ángel Ferrer (24 años de edad) en  el sector Caño Tigre, municipio Fernández Feo, residente del estado Apure, y quien fuera desaparecido por la guerrilla según relatos de sus familiares.

Las otras víctimas fueron José Abenavide Jiménez Rojas (44 años de edad), hallado en el parcelamiento Irco en el municipio Fernández Feo, quien residía en San Camilo, El Nula, estado Apure; y un cuarto hombre que permanecía sin identificar para el momento del hallazgo, ocurrido en el sector Puerto Vivas del municipio Fernández Feo.

A un ganadero lo atacaron con flechas

Entre los crímenes más sonados de este año en Apure se encuentra el caso del ganadero y protector de animales Claudio Ramón Calzadilla Maleras, asesinado el pasado 14 de abril en una emboscada protagonizada por al menos 20 indígenas de la comunidad Pumé Vuelta Mala, en hechos ocurridos a orillas del río Capanaparo, en Achaguas.

 De acuerdo con los familiares del fallecido, el suceso se registró cuando este hombre de 31 años de edad trataba de recuperar seis de los 10 caballos que le habían hurtado en la zona.  

 Calzadilla fue atacado con flechas por los aborígenes cuando se encontraba cerca de una res de su propiedad. El ganadero resultó herido y quedó en el lugar, mientras que sus dos acompañantes lograron huir y notificar lo sucedido.

 El pasado 16 de abril, dos días después del hecho, una de las piernas del productor agropecuario fue encontrada a orillas del río Capanaparo por una comisión de funcionarios de la Guardia Nacional, el Cicpc y la policía regional.

El ganadero Claudio Ramón Calzadilla fue asesinado por indígenas al servicio de grupos criminales

Los familiares de la víctima reconocieron que se trataba de una de las extremidades de Calzadilla por una cicatriz que tenía en la rodilla. Un día antes del hallazgo, tanto parientes del hombre como funcionarios de organismos del Estado habían recorrido la zona. Los investigadores determinaron posteriormente que el ganadero fue asesinado y  arrastrado más de 100 metros hacia el río.

 En el Capanaparo, zona apartada donde está ubicada la finca La Fortaleza,  propiedad de la familia Calzadilla, se reporta escasez de gasolina y aseguran que no hay señal telefónica, lo que dificulta el traslado de las personas. En esta área geográfica se registran de manera indiscriminada hurtos y robos (que son hurtos perpetrados con violencia) de ganado, caballos mansos y queso.

 Elisa Daniuska Pérez, quien fue pareja sentimental de Calzadilla durante dos años, relata con mucha tristeza cómo fue su vida con un hombre preparado académicamente, de buenos sentimientos, buen hijo y excelente novio. Vivían alquilados en la zona urbana de Achaguas para mantenerse cerca de la finca.

 “Luego de congelar mis estudios comencé a trabajar, mientras Claudio se dedicaba a administrar la finca La Fortaleza. Luego decidimos vivir juntos, por lo cual renuncié al trabajo para ayudarlo en los asuntos de la finca. Permanecíamos 15 días en la finca y una semana en Achaguas”, cuenta la mujer en exclusiva para Monitor de Víctimas.

Pérez indica que el hombre se había convertido en parte de su familia. “No hubo persona con la que tuviera problemas. Incluso también formó parte del grupo juvenil de la Parroquia del Santuario Jesús Nazareno de Achaguas”, dice.

“Cuando pensamos en estabilizarnos como pareja hicimos el sacrificio de viajar hasta Cúcuta para comprar nuestras cosas, porque nuestro plan era emigrar para España, donde ambos pretendíamos casarnos y formar una familia”, relata la mujer. Al mismo tiempo confiesa que en el fondo los dos querían seguir dando lo mejor de sí en Venezuela, por lo cual decidieron posponer los planes de salir del país.

Una semana después del atroz crimen, la diputada Indígena Yesenia González y una comisión del Cicpc Apure acudieron a esta área rural para conversar con los indígenas y recabar evidencias. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para resolver el caso porque los culpables del asesinato de Calzadilla amenazan de muerte a los indígenas para que no revelen dónde se encuentran.

La madre del productor, Sonia Maleras de Calzadilla, reclama que los homicidas de su hijo están libres, mientras su familia clama por justicia.

Ejecuciones y la llegada de la FAES

De acuerdo con fuentes en materia de seguridad, durante este año en la entidad llanera se han reportado 38 muertes clasificadas como presuntas ejecuciones extrajudiciales, de las cuales seis fueron responsabilidad de funcionarios del Cicpc, las restantes se atribuyen a las FAES, policía estadal, Conas, Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército. Sin embargo, estos casos son registrados en las actas policiales como muertes por resistencia a la autoridad.

Defensores de derechos humanos en la región, que pidieron reservar su identidad por seguridad, explicaron a Monitor de Víctimas que los funcionarios de los entes de seguridad del Estado luego de las ejecuciones extrajudiciales llevan los cuerpos desde el lugar donde ocurrieron los hechos hasta la morgue del Hospital Pablo Acosta Ortíz (Hpao), sin identificar los cadáveres.

Los dos presuntos delincuentes muertos a manos de los cuerpos de seguridad en un presunto enfrentamientos

 

Al abordar casos de este tipo es imprescindible hacer mención a la  ejecución de Freddy Daniel Falcón Díaz, alias “Pelín”, y Frederys José Falcón Díaz, alias “Pelito”, supuestos integrantes de la banda El Pelín y El Pelito, dedicada a robar vehículos, extorsionar, secuestrar y matar.  

 El asesinato se registró el 2 de julio de 2020 por parte de una comisión mixta de funcionarios del Cicpc Apure y Miranda, que irrumpió en la casa de ambos hombres,  ubicada en el sector Chompresero, parroquia El Recreo, en el municipio San Fernando estado Apure.

 De acuerdo con el reporte oficial de los entes de seguridad del Estado, ambos hombres se encontraban solicitados por la supuesta comisión de los delitos de robo de vehículos, extorsión, homicidio y asociación para delinquir. Se escondían en el estado Apure.

 Según la minuta policial, ese día el Cicpc no solo mató a los dos delincuentes más buscados en Ocumare del Tuy, estado Miranda, sino también recolectar en la escena del crimen como evidencia tres armas de fuego, dos calibre 9mm y una calibre 22 mm, así como también siete conchas de balas calibre 7.62  mm, diez balas calibre 9 mm, cuatro balas calibre 22 mm, cinco balas calibre 9mm y una granada de humo.

 La mencionada banda delictiva operaba en los sectores La Mata y Las Tres Letras de la parroquia Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, así como en los sectores Santa Rosa, Santa Marta, Pueblo Nuevo, Piloncito, La Cabrera y Colonia Mendoza,  situados en la parroquia Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander de esa misma jurisdicción.

Alias “Pelín” estaba solicitado por el Tribunal Primero, Cuarto de Control de Valles del Tuy, estado Miranda por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, robo de vehículo automotor, extorsión, secuestro y asociación para delinquir. Así lo informaron las autoridades.

El hombre también era requerido por el Tribunal Primero de control de los Teques, estado Miranda, señalado por el delito de robo agravado de vehículo automotor, así como por el Tribunal Quinto de Control de San Juan de Los Morros, estado Guárico, por el delito de homicidio doloso.

Por su parte, alias “Pelito” tenía igualmente amplio prontuario policial y se encontraba prófugo de la justicia que planeaba procesarlo por la supuesta comisión de varios delitos: homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, asociación para delinquir, robo agravado de vehículo automotor, extorsión y secuestro, entre otros.

El abogado de las familias de las dos víctimas, que pidió mantener en reserva su nombre por temor a represalias, denuncia ante el equipo de Monitor de Víctimas que luego del doble asesinato los parientes de ambos fueron despojados de sus bienes materiales, sin tomar en cuenta de las necesidades de las respectivas esposa e hijos de los entonces occisos.

El jurista asegura que dicha actuación policial fue peligrosa y estuvo mal realizada, porque a su juicio los entes de seguridad del Estado convirtieron dos órdenes de captura en un homicidio y robo de bienes.

“Cuando llegó al lugar del hecho la comisión del Cicpc, las esposas de los asesinados a gritos piden a los funcionarios actuantes el cese el fuego porque en la casa estaban alojados unos cuatro niños. Ellos (Pelín y Pelito) se rinden ante las autoridades, nunca hubo un enfrentamiento. Salen de su casa y lo ajustician en otro lugar, no los mataron en el interior de la casa”, dice.

El día del asesinato los encargados de la operación policial, regresaron a la casa para trasladar todos los objetos de valor existentes en este espacio privado: neveras, aires acondicionados, camas, colchones, topes de cocina, ropa, ollas y platos. También se apoderaron de dos motos y una lancha. “Se llevaron hasta los zapatos de los niños ¡No dejaron nada! También se trasladaron a una finca en la vía que conduce a la población de Achaguas, donde sacaron 43 reses”, apunta.

Según este mismo relato, los efectivos de la policía estadal sacaron de la casa los objetos restantes y los ingresaron en el comando de Poliapure, situado en la parroquia El Recreo en San Fernando. Luego, funcionarios del Cicpc tomaron por asalto esta sede y obligaron mediante el uso de la fuerza al encargado de este recinto dónde se encontraban los referidos enseres. El jefe de la Policía de Apure, Adelso Yépez, intervino y ambos organismos llegaron a un acuerdo: toda la operación quedaba a cargo del Cicpc y se dejaba constancia en un acta policial de los enseres entregados.

“Toda actividad policial que transgreda los derechos fundamentales es nula. Una orden de captura se convirtió en un verdadero acto delictivo. Es hora de conminar a las autoridades a hacer justicia, los funcionarios desnaturalizan el acto policial y lo convierten en delitos. La orden de captura no tiene incidencia en los bienes”, explica el jurista.

Ante el abuso de poder, los familiares de los fallecidos exigen a los entes competentes justicia y esperan recuperar sus bienes, confiscados por los funcionarios del Cicpc.

En la práctica se verifica que por lo general los casos de muertes de personas solicitadas y asesinadas por los entes de seguridad del Estado no son investigados a fondo, porque los informes no son presentados ante el Ministerio Público y los familiares no toman acciones por miedo a represalias.

 

 

En Apure los homicidios por robo son frecuentes

En el estado Apure una de las circunstancias más frecuentes en las que han ocurrido los homicidios de este año ha sido el robo. Tal es el caso del asesinato del comerciante Werner Alexánder Beroes Suárez, de 51 años de edad, registrado en el sector Los Algarrobos, municipio Biruaca. El hecho se presentó el pasado 24 de octubre aproximadamente a las 3:00 p.m. cuando desconocidos le propinaron un tiro en el pecho y otro en la cabeza.

Se conoció que el crimen fue protagonizado por tres desconocidos que no han sido capturados, quienes le solicitaron al comerciante que se detuviera y saliera del camión en el que se trasladaba en compañía de una mujer y un trabajador.

Según datos suministrados por fuentes policiales, Beroes decidió acceder a dicha solicitud e inmediatamente los tres delincuentes golpearon a la mujer para obligar a las víctimas a entregar la suma de 2.000 dólares y dos teléfonos celulares que llevaban consigo. El comerciante, al ver lo ocurrido, trató de defender a la mujer y fue entonces cuando le dispararon. El trabajador recibió un tiro en la espalda.

Beroes se dedicaba a la venta de víveres al mayor, era dueño de un establecimiento comercial ubicado en las adyacencias del mercado municipal de San Fernando y deja huérfanos a dos menores de edad. Gozaba del cariño y el aprecio de la comunidad, por lo cual la noticia consternó a la población que pide justicia.

La violencia en el estado Apure no se detiene. En 2020 han surgido cambios en la operatividad de algunos grupos armados, a lo que se suma la llegada de de las FAES a finales de 2019. De esta manera, desde indígenas hasta grupos subversivos y cuerpos de seguridad del Estado se han convertido en los protagonistas de la violencia en este estado fronterizo, mientras que la impunidad se instaló en cada rincón de la entidad llanera.

#MonitorDeVíctimas | Hallaron muerta a una adolescente de 15 años dentro de un apartamento en Caricuao

Integrantes de la División de Homicidios del Cicpc indagarán en el entorno social de la joven y de su exnovio.

 

La muchacha fue estrangulada. Sus familiares indicaron que en el celular de la menor había un mensaje de su exnovio negándose a que terminaran la relación. Sospechan de él

 

@lysaurafuentes

 

Dentro de un apartamento situado en la UD2 de Caricuao, municipio Libertador de Caracas, fue encontrado el cadáver de una adolescente de 15 años de edad. El hallazgo fue efectuado en horas de la noche del pasado sábado 21 de noviembre. La menor fue identificada como María Colmenares.

La joven fue estrangulada. Sus familiares sospechan que el homicida pudiera ser el exnovio de la joven, debido a que en su teléfono encontraron un mensaje de él rechazando el fin de la relación.

Al parecer Colmenares había puesto fin al vínculo amoroso porque su novio era muy celoso. Al parecer le prohibía ir a fiestas, así fueran familiares.

Parientes de la muchacha presumen que se habría generado una discusión entre ambos, lo que llevó al asesinato de la joven.

Funcionarios de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) indagarán el entorno social de la adolescente, incluyendo las amistades que frecuentaba la pareja. Por el momento no se han registrado detenciones por este caso.

 

 

#MonitorDeVíctimas | Conas mató a dos expresidiarios en Lara
Testigos aseguraron que las víctimas fueron ejecutadas. Según la versión de las autoridades, ambos hombres murieron en un enfrentamiento. El hecho ocurrió en el municipio Jiménez

Wisley José Gutiérrez Flores, de 30 años de edad, y José Manuel Urdaneta Rodríguez, de 31, murieron a manos de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El hecho ocurrió en el caserío El Pozón, ubicado en el municipio Jiménez, estado Lara.

Ambos eran expresidiarios y tenían una meta: trabajar la agricultura para “regenerarse”, así lo señalaron familiares de las víctimas. Wisley y José Manuel se conocieron en uno de los penales en los que coincidieron e hicieron amistad porque eran de Quíbor. Tras salir de la cárcel se buscaron para trabajar juntos y el pasado 4 de noviembre decidieron ir a visitar las tierras donde laborarían.

monitor

Ese miércoles al mediodía los dos hombres salieron de la comunidad La Ceiba II en un camión 350, que era manejado por José Manuel y en el que llevaban unas semillas, un ventilador. Sus planes eran instalarse ese mismo día en las tierras que trabajarían.

“Cuando iban por La Tinaja de Quíbor fueron interceptados por una camioneta del Conas y los obligaron a irse hasta el caserío El Pozón. Ellos (los funcionarios del Conas) los bajaron frente a una vivienda, los arrodillaron y los asesinaron a tiros”, indicó un familiar de Wisley.

Minutos antes del crimen, los militares, fuertemente armados, amedrentaron a los vecinos del mencionado caserío y los obligaron a meterse en sus casas. Sin embargo, en el lugar hubo testigos que aseguraron haber visto cómo ocurrieron los hechos y desmintieron la versión del enfrentamiento que ofrecieron posteriormente las autoridades.

Según el reporte militar, los dos hombres eran miembros de la banda de Josué Ángel Santana, alias el “Santanita”, que se dedica a extorsionar y lanzar artefactos explosivos en negocios comerciales para que las víctimas paguen las llamadas vacunas, es decir, a entregar dinero a cambio de que no atenten contra sus vidas.

Los familiares de Wisley desmintieron esta versión, aseguraron que no pertenecía a ninguna banda y que no conocía a “Santanita”. Detallaron que había estado detenido desde 2013 y que para el día de su asesinato sólo llevaba 20 días en libertad.

De cola en cola

Wisley había recobrado su libertad a mediados del pasado mes de octubre. El último sitio de reclusión en el que estuvo fue la cárcel de El Dorado, ubicada en el estado Bolívar. Sus parientes contaron que el día que quedó fuera del penal decidió trasladarse a Lara, su tierra natal.

Como no contaba con dinero tuvo que pedir que lo llevaran gratis: unas 17 horas de trayecto, aproximadamente. Sus familiares detallaron que las ansias de estar en casa eran tantas que no le importó viajar de “cola en cola”.

“Llegó muy flaco, estaba desnutrido. Wisley estuvo en varios penales del país, pero el más fuerte fue El Dorado, por lo lejos, porque no podíamos visitarlo. Cuando llegó a Quíbor lo que quería hacer era trabajar para mantener a sus tres hijos de 10, 9 y 2 años de edad”, comentó uno de sus parientes, quien por temor a represalias no quiso identificarse.

Wisley había estado detenido por los delitos de porte ilícito de arma de fuego y homicidio, mientras que José Manuel estuvo preso por robo y porte ilícito de arma de fuego.

José Manuel tenía tres meses en libertad. Se supo que una vez que salió de la cárcel se fue del país, pero regresó a los pocos días porque tenía en mente trabajar en la siembra.

#MonitorDeVíctimas Secuestran y matan a una adolescente en Petare
La víctima fue identificada como Carlina Esmeralda Zambrano Díaz de 14 años de edad. Cuando salió de su casa por última vez dijo que iba para una fiesta

 

@franzambrano

 

La tarde del 24 de octubre fue la última vez que Carlina Esmeralda Zambrano Díaz, de 14 años de edad, fue vista por sus familiares.

La adolescente salió de su casa en el barrio San José de Petare, junto a unas amigas rumbo a una supuesta fiesta.

El cadáver de la menor de edad fue identificado por miembros de su familia en la morgue de Bello Monte, en Caracas, 15 días después. El cuerpo no tenía impactos de bala ni heridas de arma blanca. Sus parientes aseguran que fue estrangulada.

“No la golpearon ni la violaron, solo le cortaron el pelo como un varón”, dijo uno de los integrantes de la familia de Zambrano, quien indicó que el cuerpo de Carlina fue hallado en la carretera Petare-Guarenas.

Parientes de la víctima creen que grupos delictivos de Petare podrían haber sido responsables del asesinato. “En el barrio dicen que Carlina le informaba a la policía sobre las operaciones de los delincuentes”, sostuvo uno de ellos.

La menor de edad estudiaba segundo año de educación básica y era la mayor de tres hermanos.

Feminicidios

De acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas, en el área metropolitana de Caracas se habían cometido 41 feminicidios de enero a octubre de este año.

De ese total, 16 fueron cometidos con arma de fuego, 11 ocurrieron mediante asfixia o fuerza física, 9 fueron perpetrados mediante arma blanca y 5, con objetos contundentes.

De las 41 mujeres asesinadas, 4 eran menores de edad.

#MonitorDeVíctimas | A joven de 20 años lo sacaron de su casa presuntos funcionarios del Cicpc y lo mataron

Familiares del occiso, Jesús Fernando Hernández Flores, aseguraron que era trabajador y que le sembraron una pistola

 

Los familiares de Jesús Francisco Hernández Flores piden justicia. El suceso ocurrió en Macarao. Vecinos de la zona manifestaron en contra de lo ocurrido

 

@SandraGuerrero1

 

Justicia es lo que pide la madre de Jesús Francisco Hernández Flores, de 20 años de edad, muerto de tres disparos la madrugada del pasado martes 10 de noviembre cuando se encontraba en su casa, ubicada en la parroquia Macarao, municipio Libertador, en Caracas.

Los presuntos implicados en la muerte del joven, que laboraba en el área de seguridad, serían funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que llegaron a la vivienda, sacaron a varios familiares, incluyendo a un niño de 7 años de edad y luego dieron muerte a Hernández Flores.

La madre del fallecido, que era el menor de sus tres hijos, negó que este fuese malandro y matón como calificaron los policías. “Era trabajador y le sembraron una pistola. Es duro perder un hijo”, dijo.

Donis Hernández, padre del joven, también pidió que se haga justicia y anunció que denunciará el caso ante el Ministerio Público.

Vecinos manifestaron

Dos horas antes de la salida del cortejo fúnebre, los vecinos de la víctima realizaron una manifestación en la que exhibieron pancartas rechazando lo ocurrido y pidiendo justicia.

Cifras

En el área metropolitana un total de nueve personas han sido ejecutadas por integrantes del Cicpc este año.

En ese mismo lapso doce personas han sido asesinadas en Macarao: 9 de los homicidios ocurrieron en vía pública y los otros 3 se registraron al interior de alguna vivienda.

 

#MonitorDeVíctimas | Un hombre salió a buscar trabajo y terminó detenido y después muerto

A Heber Giovanny Escobar Garnica lo trasladaron al Hospital Dr. Domingo Luciani, adonde llegó

con una herida de arma blanca en la región cervical que fue mortal

 

A la madre de Heber Giovanny Escobar Garnica le dijeron que su hijo se quitó la vida, pero ella pide que se aclare lo sucedido y se haga justicia

 

@SandraGuerrero1

 

La última vez que Kiansy Garnica vio al mayor de sus siete hijos fue a las 6:30 de la mañana del pasado 26 de septiembre.

Ese día Heber Giovanny Escobar Garnica, de 34 años de edad, salió de su domicilio en Río Chico, estado Miranda, con destino a Petare. Llevaba consigo una carpeta contentiva de 15 currículos para repartirlos en diferentes empresas. Ofrecía sus servicios como chofer.

Entre las 9:00 y las 10:00 a.m. del mencionado día, la madre de Escobar Garnica recibió una llamada mediante la cual le informaban que su hijo había sido capturado por vecinos del barrio La Lucha, municipio Sucre. Le indicaron que lo habían atado a un poste y que lo señalaban de haberse robado un celular.

Más tarde la mujer se enteró que después de eso una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscrita al destacamento ubicado en Filas de Mariches, se lo había llevado. 

Garnica se trasladó al mencionado comando y le llevó comida a su hijo, pero allí no se la aceptaron y tampoco pudo verlo.

Más tarde una comisión de la GNB trasladó a Escobar Garnica al Hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito. El detenido presentó una herida de cuchillo en la región cervical que le ocasionó la muerte. A la madre le dijeron que el hombre se había quitado la vida, pero ella no cree que las cosas hubieran ocurrido de esa manera.

Versiones

De acuerdo con la mujer, en torno a la muerte de su hijo hay otras dos hipótesis. Una indica que al hombre lo hirieron en medio de una pelea en el lugar en el que lo tenían privado de libertad, pero ella manifestó que no había más detenidos en el sitio en el que lo tenían. 

La otra versión indica que el hecho ocurrió cuando el preso declaraba en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cuestión que Garnica también negó.

Escobar Garnica era padre de dos hijos. Mientras conseguía un trabajo fijo, se ganaba la vida pescando en Río Chico. Parte del producto de esa actividad lo llevaba a su casa y lo demás lo cambiaba por comestibles.

La madre de la víctima espera que se haga justicia en la muerte de su hijo. La Fiscalía 12 asumió las investigaciones.

 

#MonitorDeVíctimas | Se llevan a un hombre a la fuerza y lo matan de un disparo
La víctima tenía 28 años de edad y deja un niño de 5 años. El crimen ocurrió en el sector Bermúdez de Las Mayas, Coche

Foto: Carlos Ramírez

A Keiver Enderson Figueroa Plaza, de 28 años de edad, lo mataron a las 3:00 de la madrugada del pasado lunes 9 de noviembre, de un disparo de escopeta en el tórax.

La víctima se encontraba a esa hora en la calle El Bosque, escalera 2, sector Bermúdez de Las Mayas, parroquia Coche, en Caracas.

La versión de lo ocurrido indica que al sitio llegaron dos hombres, uno conocido como “el Cachorro” y otro apodado “el Benito”, ambos serían miembros de la banda que dirige un hombre a quien llaman “el Reinaldo”.

Según este relato, a Figueroa Plaza se lo llevaron a la fuerza del sitio donde estaba consumiendo licor con un grupo de conocidos y unos metros más adelante, junto a unas escaleras, le dieron el disparo.

Se supo que los señalados responsables del homicidio, junto a otros integrantes del referido grupo delincuencial, actúan en el sector Divino Niño de Las Mayas.

A Keiver Enderson Figueroa Plaza le dispararon en el tórax con una escopeta

Dejó un hijo

El hombre era padre de un niño de 5 años de edad. Se desempeñaba desde hace 8 años como director de línea del área de proyecto del Consejo Federal de Gobierno.

La cuarta más violenta

Este año han sido asesinadas 46 personas en Coche, la cuarta parroquia del área metropolitana con más homicidios, sólo por detrás de Petare, Sucre y El Valle.

#MonitorDeVíctimas | Matan a un hombre y lo lanzan desde la Cota 905 a un basurero

Al menos son tres los cadáveres que han sido lanzados este año desde la parte alta de la

Cota 905 y que van a dar a un costado de uno de los túneles de El Paraíso 

 

A la víctima la golpearon y luego le dispararon. No es la primera vez que lanzan un cadáver al vacío para que vaya a dar a las basuras ubicadas a un lado de uno de los túneles de El Paraíso 

 

@SandraGuerrero1

 

Un hombre apodado “el Zorrillo” es el quinto individuo asesinado y lanzado desde la parte alta de la Cota 905 a un basurero, ubicado a un lado de uno de los túneles de El Paraíso. 

El cadáver fue hallado a las 6:00 a.m. de hoy, jueves 19 de noviembre. Hasta ahora se desconoce su identidad.

La víctima, de piel blanca y mediana estatura, solo llevaba puesta ropa interior y medias. 

Se supo que a “el Zorrillo” lo golpearon y luego le dieron varios disparos, antes de lanzarlo al vacío.

No es el primero

A principios de este mes fueron localizados los dos primeros cadáveres que habían sido lanzados desde la Cota 905 al mencionado basurero.

En aquella ocasión se trató de los cuerpos de dos hombres, información que se conoció días después.

Van once

Un total de once personas han sido asesinadas este año en la Cota 905. Todos los crímenes fueron perpetrados en vía pública.