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Monitor de Víctimas

#MonitorDeVíctimas | Denunció que a su hijo se lo llevaron funcionarios de las Faes y lo asesinaron

A Luis Abraham Verde Ruiz, de 22 años de edad, se lo llevaron con una supuesta orden. Su padre indicó que el cadáver presentaba golpes en la cara

 

A la víctima, un joven de 22 años de edad, lo sacaron de su casa en la parroquia Altagracia, en Caracas. Así lo aseguró el padre del fallecido

 

@SandraGuerrero1

 

El cadáver de Luis Abraham Verde Ruiz, de 22 años, fue localizado el pasado sábado 17 de julio en el sector Los Nichos del Cementerio General del Sur.

Un día antes, una comisión de presuntos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) había sacado al joven de su casa en el edificio Simon de la Misión Vivienda, ubicado entre las esquinas de Muñoz y Miraflores, parroquia Altagracia del municipio Libertador, en Caracas.

Esta versión la ofreció Luis Abraham Verde, padre de la víctima, quien dijo que al llegar al apartamento los funcionarios mostraron a la madre de su hijo una orden de allanamiento relacionada con la Operación Cacique Guaicaipuro, presuntamente suscrita por la ministra del despacho del Interior Justicia y Paz, Carmen Meléndez.

Los funcionarios de las FAES le informaron a la madre de Verde Ruiz que se lo llevaban detenido para una averiguación. El padre del muchacho presume que a su hijo lo mataron el mismo día en que se lo llevaron detenido.

El joven era el tercero de cuatro hermanos. Trabajaba con su papá como ayudante de albañilería.

El familiar que declaró a la prensa explicó que al identificar el cadáver de su hijo en la morgue de Bello Monte observó que el cuerpo presentaba golpes en la cara. Dijo que el joven estuvo recluido en el Retén de Menores Primero de Mayo, en El Cementerio, cuando tenía 16 años de edad y salió de allí en 2019 a trabajar con él.

#MonitorDeVíctimas | Dos hombres murieron en presuntos enfrentamientos con el Cicpc en Lara en tres días
Las muertes ocurrieron en los municipios Iribarren y Morán. Ambos presentaron registros policiales. Parientes de las víctimas se negaron a dar declaraciones a la prensa 

 

Entre el 13 y el 16 de julio de este año dos hombres murieron en medio de presuntos enfrentamientos con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) del estado. Los hechos ocurrieron en diferentes municipios del estado Lara. Ambos presentaban registros policiales y fueron señalados por las autoridades como presuntos delincuentes.

Según información del Cicpc los dos individuos murieron tras enfrentarse a los funcionarios. Sin embargo, familiares de las víctimas se negaron a dar sus versiones por temor a represalias.

Llegaron de madrugada

Eran las 4:30 de la madrugada del 13 de julio cuando miembros del Cicpc llegaron hasta el sector Palo Verde de El Tocuyo. Se supo que buscaban a Keimert José Flores Gutiérrez, de 24 años de edad, quien supuestamente presentaba múltiples denuncias por el delito de abigeato.

Los uniformados, adscritos a la delegación municipal de El Tocuyo, irrumpieron en la vivienda de Flores y lo hirieron en el tórax, en un supuesto enfrentamiento.

Fuentes aseguraron que el cuerpo del hombre lo montaron en una patrulla del Cicpc y lo trasladaron hasta la emergencia del Hospital Dr. Egidio Montesinos, esto para brindarle los «auxilios», sin embargo, doctores del centro asistencial de forma anónima contaron que el hombre fue ingresado sin signos vitales.

Flores presentaba registros por los delitos de uso indebido de arma de fuego, aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Además lo investigaban por  delitos como hurto, robo, abigeato y lesiones.

Monitor de Víctimas trató de hacer contacto con familiares del fallecido en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda, para que dieran la versión de cómo ocurrieron los hechos. Un pariente explicó que preferían no dar  información por temor a represalias.

Dentro de un rancho

Tres días después de la muerte de Flores, funcionarios del Cicpc volvieron accionar, pero esta vez en una comunidad al oeste de Barquisimeto, específicamente en el municipio Iribarren.

Según el Cicpc, Ember Felipe Principal Marchán, de 30 años de edad, murió luego de resistirse a su detención. Supuestamente disparó contra los funcionarios, generándose un intercambio de disparos en el que resultó sin vida.

 

El hecho ocurrió el pasado 16 de julio dentro de una vivienda tipo rancho, en el barrio La Municipal, al oeste de Barquisimeto. Se rataba de la vivienda del individuo.

Los funcionarios lo señalaron como azote de barrio. Presentaba una solicitud por el delito de homicidio desde el año 2018. El cadáver presentaba un disparo en el tórax.

El pasado fin de semana los familiares de Principal estaban en la morgue del Hospital Central Dr. Antonio María Pineda de Barquisimeto, pero no quisieron aportar detalles sobre lo ocurrido.

Monitor de Víctimas – Cintillo
#MonitorDeVíctimas | Homicidio en la zona norte del Táchira asoma nueva posible autoría del ELN
La víctima, un joven de 20 años de edad, fue sacada de su casa y hallada muerta dos días después. Se presumen que al menos dos jóvenes más están desaparecidos

Foto: Getty Images

Un nuevo homicidio perpetrado en la norte del Táchira hace presumir que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular que opera en esa parte de la entidad, regresó para causar muerte y terror.     

En diálogo con allegados de Arquímides Maldonado Suárez, la víctima fatal en este caso, se supo que el hombre había sido secuestrado dos días antes de que hallaran su cadáver abaleado. El cuerpo había sido abandonado en un sector de Coloncito, municipio Panamericano.

De acuerdo con esta versión, a Maldonado lo sacaron de su casa, situada en la aldea Santa Cecilia. Se lo habría llevado un grupo de individuos armados que, aunque no se identificó como tal, eran presuntos integrantes del ELN.   

El secuestro del joven ocurrió la noche del pasado domingo 11 de julio. Tras ser sacado y llevado contra su voluntad con destino desconocido, sus familiares esperaron a que lo devolvieran, en lugar de formular la denuncia.

El 13 de julio, pasadas las 10:00 de la noche, el cuerpo del muchacho fue localizado en plena vía pública, en la calle 7 del sector El Embarcadero, Coloncito. No portaba documentos. Tardaron al menos 24 horas en identificarlo. La víctima laboraba como obrero en una finca.

Parientes de Maldonado aseguraron a las autoridades policiales que desconocían el posible motivo del crimen. Sin embargo, otra fuente indicó que a la víctima supuestamente la vinculaban con grupos paramilitares. Esto no ha sido confirmado por las autoridades.

El Cuerpo de Investigaciones Científcas, Penales y Criminalísticas – Táchira inició averiguaciones en la aldea Santa Cecilia. El objetivo es investigar sobre el secuestro de al menos otros dos jóvenes por parte del mismo grupo armado que al parecer se llevó a Maldonado.

De los otros posibles secuestros no existe una denuncia formal por parte de los familiares, lo que hace pensar que temen sufrir represalias.

Es más que conocida la guerra, a sangre y fuego, que desde hace años sostienen los grupos guerrilleros y paramilitares asentados en el Táchira. Se trata de una pugna por el control de territorio que ha cobrado decenas de muertes.

Fuentes policiales explicaron que cada cierto tiempo la guerrilla se dedica a una “limpieza social” en el municipio tachirense que controla, asesinando a personas de las cuales sospechan su supuesta colaboración con paramilitares. También ocurre que “eliminan” a individuos que son señalados como delincuentes.

Fotoleyenda: Arquímides Maldonado Suárez, la víctima, tenía 20 años de edad y trabajaba como obrero en una finca

#MonitorDeVíctimas | Familiares de mototaxista muerto denuncian que fue ajusticiado por el Cicpc en Petare

De las nueve personas que resultaron muertas en la toma efectuada por funcionarios del Cicpc en Petare el sábado pasado, sólo José David Carrasquel ha sido identificado

 

Que los policías se lo llevaron vivo, que tenían armas con silenciadores y que lo asesinaron. Eso es lo que aseguran los parientes de José David Carrasquel, uno de los nueve fallecidos en la toma que hizo la policía en Petare el pasado sábado

 

 @GloriFernandez

 

Familiares de José David Carrasquel, el hombre de 27 años de edad que resultó muerto en Petare el pasado sábado 17 de julio, denunciaron que fue ajusticiado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de que fuera detenido junto a otros hombres en el sector La Línea, en Petare.

El mencionado día, autoridades nacionales anunciaron un despliegue especial por parte de efectivos del Cicpc que irían tras un señalado delincuente conocido como ‘Wilexys’, así como de otros integrantes de su megabanda.

A través del canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión, se informó que durante enfrentamientos habían muerto nueve presuntos delincuentes, sobre quienes hasta la fecha no ofrecieron detalles. Sin embargo, vecinos del sector tomado por la policía no reportaron tiroteos.

«José David estaba en una esquina con unos amigos y vecinos, llegó la policía y se llevó a varios. Eso lo vimos todos desde nuestras ventanas, lo buscamos en todas las comisarías, pero lo encontramos el domingo en la morgue«, contó a Monitor de Víctimas un primo del fallecido.

La familia de Carrasquel dijo que los funcionarios llevaban silenciadores en sus armas, versión que fue respaldada por otros vecinos de diferentes sectores de Petare.

«José David era mototaxista y no pertenecía a ninguna banda. Si llevaba doble vida y no sabíamos que era malandro, la verdad fue que la policía lo asesinó porque se lo llevaron  detenido», constató el familiar.

#MonitorDeVíctimas | Desgarradores son los testimonios de los familiares de fallecidos en la Cota 905
“Es triste enterrar a mi hijo sin darle un último adiós”, dijo un pariente de una de las víctimas, que ni siquiera pueden ser veladas

 

“La orden es que ningún 62 salga a una funeraria o velorio. A esos muertos deben llevarlos directamente al cementerio donde los sepultarán, sin abrir el ataúd, sin muchedumbres, solo pueden ir la mamá o las personas que salgan con esos muertos desde la morgue”.

La información la suministró un funcionario que labora en la morgue de Bello Monte y confirmada por un funerario y por un oficial de la Policía Nacional Bolivariana.

El uniformado, quien pidió no ser identificado, señaló que 62 es la clave radial que se utiliza para describir un enfrentamiento. Los 62 a los que se refieren son los fallecidos en esos choques entre fuerzas policiales y presuntos delincuentes, particularmente a los provenientes de los hechos  ocurridos en la Cota 905.

Los funcionarios policiales salen en motos desde la morgue de Bello Monte, escoltando las carrozas fúnebres hasta los cementerios donde se vayan a realizar la sepultura. Una vez en el lugar verifican que el ataúd no sea abierto, que se coloque en el hueco y lo cubran de tierra. Deben tomar una fotografía de la operación y de la tumba cubierta, luego se retiran.

La medida no es nueva, desde inicios de año se ha venido implementando. Su objetivo es evitar que le rindan homenajes a los fallecidos en los enfrentamientos. Esta decisión  termina castigando a los familiares de las víctimas, que son quienes se encargan de los trámites, del retiro de los cuerpos de la morgue y de su sepultura.

No poder despedirme hace peor su muerte”

“Me siento muy mal, es muy triste perder a un hijo, sea como sea la forma de su muerte. Es un dolor muy grande. Pero no poder despedirme hace peor su muerte. No nos dejan decirle adiós. La última vez que lo vi fue tan horrible, estaba lleno de sangre y desnudo en el sótano de la morgue, no quisiera recordarlo así, pero esa es la última imagen que me queda de él”.

La que habla es Maura Gámez, madre de Edwin Gámez, de 24 años de edad. La mujer relató que a su hijo lo mataron delante de su nieta de 4 años. “Él era obrero, pero la policía lo vincula con la banda del Koki y con la Cota 905. Dicen que lo mataron en un 62, pero quién se va a enfrentar a tiros con su familia en la casa, lo mataron delante de su hija”, dijo.

Agregó que en ese enfrentamiento ocurrido el pasado lunes 12 de julio en El Valle y que fue detenida la pareja de él. “A los dos los implican en terrorismo, él tuvo sus problemas con la justicia, pero se había enderezado, ella está presa y está embarazada”, relató Gómez.

 Reconozco que se había ido por el mal camino

“A mi hijo, Luis Miguel Valdez Cova, lo mataron en la Cota 905. No sabemos cuándo fue. Nos enteramos cuando nos llamaron por teléfono para decirnos que uno de los muertos de la Cota se parecía mucho a él. Lo mataron junto a otro, iba en una moto en un camino de tierra cuando les dispararon. De verdad que no sé en qué parte de la Cota lo mataron”, indicó la madre del occiso.

Valdez Cova dejó cuatro hijos. “Él estaba en el mal camino. Hace dos años, el día de mi cumpleaños, el 16 de enero, había salido de la cárcel y se fue a ese mundo. Me siento muy mal porque no pude hacer nada por él, porque él escogió esa vida y no hubo manera de sacarlo de allí. A mis otros hijos les he dicho, les he dado consejos, esa de la delincuencia es una carrera fácil, pero es la más corta, acaba con tu vida: allí está mi hijo muerto”, se lamentó la mujer.

Él se vino para la Cota”

La mamá de Mauro Antonio Brazón Contreras, de 34 años de edad, también enfrentaba la realidad de enterrar a un hijo que en vida estuvo involucrado al mundo de la delincuencia.

“Él estaba preso en Carúpano y salió libre hace más de un año. Hace tres meses se desapareció, decidió irse de Carúpano y se vino para la Cota 905, quería unirse a esa banda que era como un imán para él. Allí está: terminó muerto. No hubo manera de que se enderezara, él sabía que en algún momento lo matarían”, contó.

Continuó su relato: “es muy doloroso no verlo, no poder llevarlo y enterrarlo allá en Carúpano. Que la policía no nos deje despedirnos, hace más de tres meses que no lo veía, y lo vi tan mal en la morgue, ese será el último recuerdo que tengo de él”.

Siguen retirando cadáveres

A una semana de los violentos enfrentamientos en la Cota 905, familiares de los fallecidos continúan retirando los cuerpos. A los de Gámez, Valdez Cova y Brazón Contreras se suman los parientes de Sarid López y los de un joven no identificado cuyos familiares se negaron a dar los datos de identidad, pero que reconocieron que el hombre era miembro de una banda y que murió en la Cota 905. Se suman a la lista los seres queridos de Dángelo Jesús Mendoza.

López era miembro de la banda del Koki. Fue retratado durante la toma que hizo esa organización del Club de la Policía Metropolitana. Estaba residenciado en San Agustín del Sur, de donde huyó el pasado sábado. Este martes murió en un supuesto enfrentamiento en Caucagüita con funcionarios de Polimiranda y del Cicpc.

Es inocente”

El recuento de las víctimas de la violencia capitalina cierra con el caso de Dángelo Jesús Mendoza Angulo, de 30 años. “Él tenía dos trabajos, laboraba en el Hipódromo en las mañanas y en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales de Coche. En los dos era obrero y no tenía problemas con la justicia”, contó un allegado.

La policía dice que él se enfrentó, pero sus familiares indican que lo mataron mientras dormía. “Dángelo llegó cansado a la casa, se puso sus audífonos y se acostó. Su hermana tuvo que salir a visitar a otro familiar y cuando no había nadie en la casa llegó la policía. No sabemos qué pasó, él era inocente, no hizo nada, tenía problemas mentales luego de una caída, era una persona sana, solo le importaba su música y sus trabajos. Al final lo mataron como a un perro”, dijo uno de sus parientes.

Monitor de Víctimas – Cintillo
#Monitordevictimas | A los muertos de la Cota 905 no los dejan velar, ni ver por sus familiares

A las puertas de la morgue de Bello Monte se aglomeran las familias de los muertos de la masacre de la Cota 905, así como funcionarios de organismos de seguridad del Estado, que les impiden ven los cuerpos de los parientes asesinados

 

 

Un soldado de la Guardia Nacional, un boxeador, un jardinero y dos primos figuran entre las víctimas del operativo Gran Cacique Indio Guaicaipuro
Cuatro de las víctimas dejan 10 niños y niñas huérfanos

 

Francisco Zambrano y Sandra Guerrero

 

Una carroza fúnebre emerge del sótano de la morgue de Bello Monte, a bordo va el cadáver de Pastor Olivares y algunos de sus familiares. Tres motocicletas con sus respectivos parrilleros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la escoltan, un funcionario de ese organismo la PNB le hace una fotografía con su celular antes de emprender el camino al Cementerio General del Sur.

En la morgue, custodiada por decenas de miembros de la PNB con escudos antimotines, la hermana de Olivares asegura que su hermano fue asesinado el pasado viernes 9 de julio por cuerpos de seguridad del Estado en la Cota 905 de Caracas.

La mujer, quien prefirió no revelar su nombre, sostuvo que Olivares, de 21 años de edad, prestaba servicio como integrante de la Guardia Nacional Bolivariana desde hace dos meses en Fuerte Tiuna.  El hombre era oriundo de San Francisco de Yare, estado Miranda, y antes de enlistarse trabajaba como ayudante de electricidad con su padre.

“No sabemos qué hacía en la Cota 905. En la comandancia solo nos dicen que había salido a comprar unos alimentos. Entiendo que él no conocía a nadie en ese sector, realmente no sabemos qué pasó ni quién lo mató”, dijo la hermana del occiso.

Dentro de la morgue una persona le pregunta a un funcionario por qué no dejan velar a los muertos que resultaron de la operación denominada por el gobierno como Gran Cacique Indio Guaicaipuro (OCIG), ocurrida en la Cota 905 y sus alrededores.

“Hermano, eso es una orden de arriba, de aquí salen directo al cementerio escoltados, le toman una foto al ataúd antes y después de enterrarlo, así lo han hecho con todos”, dijo la persona encargada de dar respuesta.

Cota 905

Estaba desaparecido

A José Pérez, de 28 años de edad, lo mataron en la parte alta de la Cota 905 el jueves 8 de julio. Así lo informó su hermana. El hombre era boxeador profesional y según sus familiares había asistido a varios torneos nacionales e internacionales.

Pérez estaba desaparecido desde el jueves y no fue sino hasta el sábado pasado cuando su familia se enteró de que su cuerpo estaba con impactos de bala en la morgue de Bello Monte. Dejó cuatro hijos.

Los mataron dentro de viviendas

A Roberto Díaz, de 26 años de edad, lo asesinaron ese mismo jueves en el sector Las Quintas. Su hermana, Leonela Trujillo, aseguró que se resguardó en una casa y funcionarios fueron a buscarlo para matarlo.

“Murió ahí mismo, desangrado”, indicó la mujer. Díaz era jardinero y no poseía antecedentes penales. Tenía cuatro hijos, uno de ellos viviendo en Colombia y el resto en Venezuela.

Un día después, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) mataron dentro de su residencia, en la Cota 905, a Daniel González, de 22 años de edad. La denuncia la hicieron sus  familiares. González era bachiller y trabajaba como comerciante informal. Dejó huérfana a una niña de 2 años.

“Ahí en ese operativo hicieron lo que les dio la gana, mataron a mujeres y también niños, se robaron de todo: teléfonos y comida. No es posible que esto ocurra y nadie pague”, sostuvo un familiar de González.

Morgue

Los dos primos

Yender José Rengifo, de 25 años de edad, integra la extensa lista de los hombres asesinados por presuntos funcionarios adscritos a organismos policiales, en esta masacre que tiene en conmoción al país desde la semana pasada.

El crimen ocurrió a las 10:30 de la mañana del viernes 9 de este mes, según relataron allegados a la víctima, que explicaron que junto con Rengifo los policías también se llevaron, de un sector de la Cota 905, a su primo Diosmieres Pérez, de 21 años de edad.

Posteriormente los parientes de ambos se enteraron que los captores les habían quitado la vida con disparos, en la subida  del sector Los Laureles de la Cota 905. Uno de ellos indico que ambos murieron por los disparos que presuntamente le propinaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Sacaron a su familia de la casa y lo mataron

Antes de retirar el cadáver de Edwin Gómez de la morgue de Bello Monte sus allegados ofrecieron una breve explicación de lo ocurrido al joven, que residía en el barrio 5 de Julio de la parroquia El Valle, municipio Libertador, Distrito Capital.

Parientes de la víctima refirieron que el hombre, de 24 años de edad, quedó solo en la vivienda con una comisión policial, mientras a la familia la obligaron a abandonar la casa.
Agregaron que luego de matar a tiros a Gómez los presuntos funcionarios se dedicaron a registrar la residencia y se apropiaron de algunas pertenencias.

Habló la mamá de la mujer que había llegada de Bolivia

En medio de sollozos, Magaly de Rangel relato en la morgue de Bello Monte el triste final de la vida de su hija, Yirbis Rangel, de 34 años de edad. Se trata de la mujer de la que ya se había tenido noticia que formaba parte de la lista de los asesinados en la Cota 905. Había llegado recientemente de Bolivia.

La víctima era modelo de ropa intima. De acuerdo con la versión de su mamá, la mataron durante los  hechos registrados en la Cota 905. Ella desconoce el sector donde se encontraba para ese momento.

La madre explico que el pasado viernes su hija salió de Guatire a encontrarse con la abuela de una de sus dos hijas.Dejó dos pequeñas de 6 y 13 años de edad,  en la Cota 905.
La abuela le habría dicho vía telefónica: » te voy a entregar la niña porque esto está muy feo.Vente para acá que yo la bajo».

Lo último que se supo sobre Rangel era que estaba frente a una panadería de  nombre Charlot. «De allí no se supo más de ella», comento su mamá, que luego se enteró de que la mujer estaba entre las víctimas de la Cota 905.

 

#MonitorDeVíctimas | 23 muertos en tiroteos de la Cota 905 han sido identificados
Hasta el momento solo cuatro personas presuntamente pertenecientes a la banda del “Koki” murieron en el operativo policial Gran Cacique Indio Guaicaipuro. Los casos recogidos e identificados por el equipo de Monitor de Víctimas incluyen a 19 civiles y cuatro uniformados
Otras 15 víctimas no tenían relación con la megabanda y murieron en ejecuciones extrajudiciales o al ser alcanzadas por balas perdidas

@loremelendez     

 

Una mujer sale a la plaza Auyantepui, en Colinas de Bello Monte, del brazo de un joven que viste una camisa negra con las siglas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf). Apenas puede sostenerse. Cuando ve a un familiar, se desploma sobre él. Le dice, mientras lo abraza, que acaba de reconocer el cuerpo de su hijo. Explota en gritos y llantos. Entre las palabras que se le entienden, hay una frase recurrente: “¿Por qué? Él no era malandro”.

“¿Cuántas madres estaremos así por todo esto?”, cuestiona una mujer que ve la escena en la pequeña plaza que está frente a la morgue de Bello Monte, hoy convertida en sala de espera porque el acceso al edificio gubernamental está cerrado por una alcabala de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) desde que comenzaron a llegar los muertos de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro (OCIG) en los barrios de la Cota 905 y sus alrededores, que ya suman 23 de acuerdo con Monitor de Víctimas. 

En el interior de la morgue solamente puede estar haciendo trámites un familiar por fallecido. La madre está a la espera de saber cuándo llegará el cadáver de su hijo. Proviene de La Vega. Es lunes 12 de julio y al joven, de 26 años, lo mataron hace días en medio de la operación policial que se desarrolló hasta el pasado viernes 9 de este mes. 

La mujer, que prefiere no revelar el nombre de su hijo por temor a represalias, supo de la muerte del joven de 26 años porque sus amigos vieron su foto en el servicio de mensajería Telegram. “Yo no sé cuántas cuentas revisé, que si la de David Glock, la de Román Camacho, todas… Pero en una lo encontré. Era la foto de él, muerto. No lo identificaban, solo decía ‘estos son más de la Cota’. Por eso sé que lo mataron”, dijo. 

En el depósito de cuerpos le informaron que pronto llegarían más cadáveres del mismo operativo, pero que no los entregarían de inmediato a los familiares. No les permitirán velorios. Los llevarán directamente al cementerio. Serán funerales “controlados”, tal como los que se practicaron tras la masacre de Óscar Pérez, en 2018, y la masacre de La Vega, en enero pasado. A varias familias le advirtieron lo mismo.

El muchacho trabajaba como colector en camionetas en distintas rutas de la parroquia Sucre. “Antes, laboraba como buhonero en Catia, pero los colectivos (grupos de paramilitares que apoyan al gobierno) le cobraban a cada rato una especie de impuesto para permitirle vender allí”, relató la mujer. Era Técnico Superior en Informática, pero nunca llegó a ejercer porque los salarios eran muy bajos. Tenía tres hijos. La menor apenas tiene 7 años. 

Cuenta la madre que a su hijo mayor lo mató la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB en 2020, igualmente en La Vega. Dejó tres huérfanos. El joven, también TSU en Informática, había trabajado en varias empresas hasta que terminó como buhonero en Catia junto a su hermano. Con esta segunda muerte, a esta mujer ya no le quedan hijos vivos, pero sí 6 nietos huérfanos. 

“Cuando uno va a un lugar y reclama, uno siempre va a ser el perdedor, porque es la palabra de uno contra la de ellos. Entonces, ¿a dónde acude uno?”, comenta indignada y en medio del dolor. Cuando ella denunció el primer asesinato ante el Ministerio Público, los uniformados la amenazaron.

«Uno por vivir en un barrio no es gente mala. Uno no está allí porque quiere. Uno estudia y empieza a trabajar en una empresa. Yo trabajaba en una empresa grande hasta que vino la pandemia, y aunque trabajé mucho nunca pude salir del barrio (…) ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos maten a todos los muchachos porque son del barrio?», sentencia la mujer.

Entre balas perdidas y ejecuciones extrajudiciales 

En la plaza Auyantepui también estaban los familiares de una mujer (su identidad se resguarda por solicitud de sus parientes), de 33 años, que murió en el operativo policial. Había llegado días atrás de Bolivia, en donde vive con casi toda su familia. Solo había regresado por sus hijas, a quienes no se había podido llevar porque faltaba el permiso de su padre. Ya los trámites estaban hechos, regresaría con las pequeñas a Bolivia el martes 13 de julio. Pero el viernes, en medio de la balacera, la abuela que cuidaba a una de las niñas la llamó diciéndole que la muchachita gritaba atormentada por los disparos. Entonces, ella fue a buscarla, pero no volvió.

Ahora, dicen sus allegados, quieren vincularla a la banda cuando ella ni siquiera vivía en el país. La mujer había salido de Guatire en un vehículo Aveo que no aparece. 

En los alrededores de la morgue también estaban los familiares de José Gregorio Vielma Clemente, un mototaxista de 30 años que el viernes, 9 de julio, estaba en la plaza Madariaga. Sus parientes aseguran que de allí se los llevó la FAES a las 9:00 am hasta el sector Las Quintas, de la Cota 905. Fue en ese lugar donde apareció baleado.

Entre las víctimas también está Kender José Chirinos, de 18 años, quien murió en su casa de Brisas del Paraíso, adyacente a la Cota 905, cuando lo alcanzó un bala perdida el jueves, 8 de julio, a las 2:00 pm. 

Un pariente suyo cuenta que estaba en el balcón cuando el tiro lo impactó por el costado izquierdo y se le alojó en el pulmón. El muchacho, que era obrero, se desangró en la sala. Su familia no pudo auxiliarlo porque la balacera no los dejó moverse de allí. La furgoneta de la morgue de Bello Monte lo buscó al día siguiente, pero cuatro días después, el cuerpo no había sido entregado a sus deudos. “Yo espero que sea hoy. Están diciendo que a los muertos de la Cota los van a entregar de seis en seis cada día”, dijo el familiar del joven. Chirinos era el mayor de tres hermanos.

La versión policial sobre el hecho es distinta. Según esta, Chirinos, apodado “Bocachico”, cayó cuando los miembros de la banda del “Koki” empezaron a disparar entre ellos. Él recibió un disparo en el pecho. El caso lo reseñan como un ajuste de cuentas porque, según el padre del joven, José Chirinos, él era parte del grupo delictivo. 

El domingo murió un niño de 11 años, en el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Albert López fue herido por una bala perdida el jueves 8 de julio, durante la operación policial. Ingresó al hospital  en horas de la tarde. 

Otro de los muertos de la operación es Pedro Díaz, de 18 años. Sus familiares, que no precisaron su profesión, contaron que murió entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Se enteraron porque la foto de su cadáver circuló en redes sociales. 

También, por  minutas policiales, se conocieron los casos de Luis Alberto Fernández Romero, de 59 años; y Luis Miguel Cuicas Lozano, de 19 años. Ambos presuntas víctimas de balas pérdidas.

Enfrentamientos y más balas perdidas

“Yo le voy a ser sincero. Nosotros vinimos aquí a buscar a un coñoemadre”, dice uno de los allegados de Luineiker Borges, de 28 años, uno de los presuntos delincuentes que murió en el OCIG. Su fotografía fue vista por su familia en redes sociales. Allí lo señalaban como miembro de una banda de La Vega.

“Sabemos que le causó daño a muchas familias, pero esas no son las que opinan sobre él hoy (…) A mí me gustaría que los medios, en vez de juzgar a estos muchachos, se pregunten por qué ellos terminaron en esa vida, por qué se hicieron malandros. Hágale llegar ese mensaje a las instituciones y al gobierno para ver si hacen algo”, reclama el hombre, quien no titubea al afirmar que el joven, que en redes sociales se llamaba a sí mismo “El chamo demente”, era un delincuente.

Según el pariente de Borges, el joven empezó su vida criminal a raíz del bullying y de la humillación que recibió por ser pobre. “Ahí hay malandros que ven eso y le dicen al chamo, ven pa’ acá que yo te apoyo, yo te ayudo. Así empezó él. Hay otros que empiezan desde chamitos haciéndole mandados a los malandros y después quieren ser como ellos. Así es el barrio”, comenta.

Días antes se supo de la muerte Maikel González, cuya familia confirmó a Monitor de Víctimas que era “garitero” de la banda de “Koki”. Fuentes policiales informaron que un hombre baleado en la avenida Victoria y a quien apodaban “el Bodega”, también era un delincuente. Sin embargo, su identidad ni su filiación con la banda se han confirmado. 

Entre las víctimas reportadas en días anteriores están Yelitza Carranza, Giovanny Jiménez, Giovanny Bracamonte, Pablo José Díaz Alfonso, Carlos (familiares pidieron resguardar la identidad de la víctima) y un motorizado que murió en la avenida Los Laureles, frente a residencias Villa Lorena. Todos cayeron por balas perdidas.

Otros de los muertos fueron Maikel Alexander Alvarado Márquez, Yohan Chamorro y Deivys Antonio Infante. A este último lo señalan como «garitero» del «Koki», pero su familia aseguró que todos vivían de recoger basura. 

Monitor de Víctimas conoció sobre otro hombre asesinado en el sector 21 de julio de la Cota 905, pero sus parientes se negaron a dar información. En ninguno de estos casos se conocieron las circunstancias ni los victimarios que les dispararon. 

El ICIG también terminó con cuatro funcionarios caídos: los oficiales de la PNB Fernando Rodríguez Agudelo, jefe de la Estación Policial de Antímano; Jade Cortez, oficial jefe adscrito a Maripérez; y Yonel Ascanio López, además  del guardia nacional Ernesto Carvajal Betancourt.

El lunes, familias de cinco víctimas del operativo de la Cota 905 evitaron dar detalles sobre estas muertes, mientras que el martes otras dos familias también de víctimas de la Cota 905 prefirieron no conversar con los periodistas. Ambos días la afluencia de parientes de víctimas en la principal Morgue de Caracas era mucho mayor a lo habitual.

Monitor de Víctimas actualmente verifica la información de minutas policiales que dan cuenta de la muerte de 13 personas durante la operación en la Cota 905.

*Yohanna Marra y Erick González aportaron información para esta nota. Se hicieron entrevistas a familiares y se usaron datos de minutas policiales.

Monitor de Víctimas – Cintillo
#MonitorDeVíctimas | El asesinato de Katiuska Tatiana y otros 8 homicidios marcaron al Táchira en junio
El homicidio de una menor de edad, tres personas asesinadas por cuerpos policiales y dos personas torturadas forman parte de esta lista de muertos

 

Nueve homicidios fueron perpetrados en Táchira durante el mes de junio. Esto representa un 50 % de incremento en la tasa de asesinatos en dicho mes, en comparación con las cifras de mayo.

En junio la entidad se vio marcada por el asesinato de la adolescente  Katiuska Tatiana Baltazar Gómez, ocurrido la primera semana del mes pasado. Este hecho causó conmoción y repudio. 

El cadáver de la menor, en avanzado estado de descomposición y con evidentes signos de violencia sexual, fue localizado seis días después de que la muchacha desapareciera, sin dejar rastro alguno.

Tras el hallazgo del cuerpo, el viernes 4 de junio, y tomada declaración a los acompañantes de la víctima, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) estableció que la última persona con la que se vio a Katiuska fue un vecino de 18 años, que siempre estuvo enamorado de ella. Éste se habría ofrecido a acompañarla hasta la casa.

Destacan también muertes por resistencia a la autoridad

Tres personas fueron ultimadas a manos de cuerpos policiales, en supuestos enfrentamientos en Táchira durante el mes pasado. En dos hechos policiales se vieron reflejadas la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), ahora conocidas como  DIE y en los tres  homicidios tuvo participación el Cicpc.

Miembros de la fuerza pública asesinó a dos amigos residentes del municipio Torbes, cuando, en lugares diferentes y con pocos minutos de diferencia, fallecieron luego de que supuestamente se enfrentaron a tiros con las comisiones mixtas  de las Faes y el Cicpc. Estas muertes ocurrieron entre las 7:30 y 7:40 a.m. del 4 de junio.

La primera de estas víctimas fue identificada como Kevin Didier Santiago Pernía, de 22 años, quien trabajaba con su padre, criando cerdos. El segundo fue Kennedy Jeanpierre Jaimes Gutiérrez, de 30 años, de quien dijeron, era obrero y residía en el sector Walter Márquez.

Dos hombres localizados con signos de tortura

En la segunda semana de junio también se registró un doble crimen. Las víctimas fueron halladas con las manos atadas con mecate, los ojos vendados con tela y con heridas ocasionadas por arma cortante y quemaduras. El hecho ocurrió la tarde del domingo 13 de junio, en el sector La Llovizna, en la vía al sector El Socorro, municipio García de Hevia.

Como David José Bello Ortega, de 26 años de edad fue identificado uno de los cuerpos. Se conoció que se desempeñaba como comerciante e iniciaba un emprendimiento de fábrica de pantalones. El cadáver de la otra persona asesinada no ha sido reclamada por sus familiares.

Seis municipios manchados de sangre

Las nueve muertes registradas el mes pasado en la entidad ocurrieron en seis municipios del Táchira: Samuel Darío Maldonado, García de Hevia, Torbes, Independencia, San Cristóbal.