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Monitor de Víctimas

La historia de nunca acabar para los vecinos de las zonas aledañas a la Cota 905. Este martes se registró un enfrentamiento entre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales y miembros de la megabanda del Coqui. De manera extraoficial, se conoció que supuestamente los efectivos rescataban a dos compañeros sometidos en la zona

Nuevamente la niña corrió a la cocina asustada por el sonido de los tiros. A sus cuatro años desconoce qué son unas detonaciones, algunas de armas largas; pero su mamá, Pame*, sí sabe muy bien de qué se trata: otra vez un tiroteo en la Cota 905.

Esta vez se escucharon con más intensidad que el 25 de agosto de 2020, cuando hubo otro enfrentamiento entre funcionarios de Policaracas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y miembros de la megabanda del Coqui. En esa oportunidad la pequeña también corrió despavorida y su mamá tuvo que cocinar con ella cargada, porque no lograba calmarse.

Pame vive en El Paraíso, su panorama más cercano es la Cota 905. Cada vez que oye detonaciones y lee por las redes sociales que hay enfrentamientos en esta zona comienza a temblar, principalmente por su hija.

Aproximadamente a las 11:30 a. m. de este martes 22 de septiembre de 2020 se originó un enfrentamiento entre las FAES y la megabanda del Coqui. Extraoficialmente, se habló de un supuesto rescate de dos funcionarios en esa zona, pero la información no está confirmada por otras fuentes oficiales.

Cuando las detonaciones se hicieron más frecuentes Pame tuvo que lanzarse al suelo de la cocina con su niña. Mientras esto sucedía, la hermana de Pame también le contaba a través de WhatsApp que estaba encerrada con sus dos hijas, de siete y tres años.

La niña, la menor, se hizo pipí del susto por el tiroteo”, contó Pame acerca de su sobrina de tres años.

El tránsito se paralizó hacia los lados de El Peaje, El Cementerio, la avenida Victoria, Roca Tarpeya y a la altura de Quinta Crespo, por la autopista Francisco Fajardo. Los vecinos de estas zonas relataron que escucharon una guerra por las detonaciones de alto calibre y con tanta frecuencia.

Al empeorar las detonaciones, Pame metió a su hija al baño. Sacó su celular, abrió Netflix y le puso Barbie, la serie. Con esto distrajo a la niña algunos minutos, mientras reforzaba la excusa de que las detonaciones eran fuegos artificiales, «porque ya viene Navidad y están practicando».

Ya sé que esta noche ella se va a despertar al menos dos veces llorando. Así pasa cada vez que hay un tiroteo en la Cota”, agregó.

Extraoficialmente, se habla de dos supuestos delincuentes asesinados, aunque no está confirmado por minuta policial. Rumores de vecinos de la Cota 905, al contrario, indican que un adolescente fue asesinado. Pero no hay certeza de lo que realmente pasó.

Como se vivió el tiroteo Cota arriba y otras zonas

En el sector Villa Zoila, en la parte alta de la Cota 905, María* vivió más de dos horas de zozobra. En su casa se lanzaron al piso por el temor de que una bala perdida penetrara el techo de zinc.

Con su hija, de cuatro años, se metió en una de las habitaciones de la casa y le pidió a su esposo que las tapara con ropa vieja. “Hasta se me bajó la tensión”, dijo.

En Puente Hierro una vecina relató, a través de su cuenta en Twitter, que algunas balas entraron a su vivienda. Como consecuencia su mascota, un perrito, resultó herido en la oreja y la perdió.

“Estamos bien físicamente. Niñito perdió su oreja, está estable, recuperándose”, escribió en su red social.

Vecinos de El Pinar también comentaron que las detonaciones eran muy fuertes y frecuentes, al igual que en Roca Tarpeya. Incluso en Montalbán III se escucharon las ráfagas a lo lejos.

Megabanda del Coqui y las balaceras

Frecuentemente, los vecinos deben convivir con los tiroteos que se generan entre policías y miembros de la megabanda del Coqui. El enfrentamiento más reciente fue hace casi un mes, el 25 de agosto de 2020, en el cual fue asesinado el oficial de las FAES, Jesús Veitía.

Información extraoficial señaló que un grupo de delincuentes intentó ingresar al comando de Policaracas que se encuentra en la avenida principal de la Cota 905. Y funcionarios de este cuerpo policial, al percatarse, pidieron apoyo a las FAES y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sin embargo, por órdenes superiores tuvieron que retirar a las tropas del sector.

El abogado criminólogo, Luis Izquiel, ha declarado para Crónica.Uno que las zonas de paz favorecieron la consolidación de las megabandas al oeste de Caracas.

Las zonas de paz surgieron en 2013 en el marco del Plan Patria Segura y del Movimiento por la Paz y la Vida. Tenían la finalidad de que las bandas delictivas entregaran sus armas a cambio de líneas de crédito, estudios y otros beneficios. No fue así.

El Valle, El Cementerio y la Cota 905 están dominados por estos grupos armados, que entre sus líderes tienen a tres de los 10 delincuentes más buscados del país, según el Ministerio de Interior, Justicia y Paz: Carlos Alfredo Calderón Martínez, apodado el Vampi; Carlos Luis Revette, apodado el Coqui, y Garbis Ochoa Ruíz, conocido como el Galvis. Juntos conforman la megabanda que se extiende por más de 20 kilómetros entre estas tres barriadas.

Según el ministerio, tienen solicitudes por homicidio, secuestro, robo de vehículos y tráfico de drogas.

Izquiel comentó que la megabanda del Coqui tiene entre sus filas entre 200 y 300 miembros. Poseen arsenal de guerra, tienen dominio del territorio y control social, estas, además, son parte de las características de las megabandas.

Investigaciones del Observatorio Venezolano de Violencia consideran que el municipio Libertador es el más violento del Área Metropolitana de Caracas, pues se registraron 60 % de las muertes violentas en 2019.

(*) Se modificaron los nombres, por medidas de protección a las personas que ofrecieron su testimonio.

#MonitorDeVíctimas | Hombre asesinó a joven en El Valle en disputa por una mujer
Yeiquer Cabrera, de 21 años, recibió un impacto de bala en la cara. Sus familiares contaron que el presunto homicida estaba enamorado de la novia de la víctima

@Yohanamarra /Foto Carlos Ramírez

Yeiquer Jesús Cabrera López, de 19 años, fue asesinado el domingo 13 de septiembre a las 6:00 am, luego de salir de una fiesta cerca de su casa, en el sector La Ceibita de El Valle.

Sus familiares, quienes por medidas de seguridad no quisieron revelar sus nombres, comentaron que el presunto asesino es un hombre de la comunidad, quien acosaba a la novia del joven, de 21 años de edad.

La víctima acudió a la fiesta con su pareja, con quien tenía un año y medio de relación, y en el lugar se encontraba el hombre involucrado. Sin embargo, ellos decidieron quedarse en la celebración y pasarla bien. Al salir la pareja no se percató de que el presunto homicida los iba siguiendo.

Al darse cuenta de que el hombre estaba detrás de ellos, el homicida sacó un arma y le disparó en el rostro a Yeiquer Cabrera.

Los parientes aseguraron que desconocen el nombre del presunto asesino, aunque indicaron que es un azote de la comunidad.

El joven había comenzado en un empleo nuevo hace 15 días, en un comercio de telas en Prados del Este, como ayudante. Dejó a otra mujer embarazada, con siete meses.

#MonitorDeVíctimas| Vecino asesinó a funcionario de la PNB por venganza en Los Teques
La madrugada del sábado 12 de septiembre le dieron tres tiros al oficial agregado Leyder Duarte, de 21 años de edad, cuando llegaba a su casa en el barrio Los Unidos, parroquia Macarao 

 

@Yohanamarra

 

Leyder Yonaiker Duarte González, de 21 años, fue asesinado la madrugada del sábado 12 de septiembre por un hombre que vivía en el mismo sector, con quien tuvo un inconveniente.

Duarte era oficial agregado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sus familiares, quienes por medidas de seguridad no quisieron revelar sus nombres, contaron que el crimen ocurrió a las 2:20 am, cuando la víctima regresaba a su casa, en el barrio Los Unidos de la carretera vieja de Los Teques. Había estado en una reunión en Antímano. 

El funcionario fue interceptado por un vecino que lo había amenzado de muerte cinco meses antes. Le propinó tres disparos: uno en la cabeza, uno en el tórax y otro en el abdomen. Fue trasladado hasta el hospital Miguel Pérez Carreño, donde falleció a las 5:30 a. m. 

Los parientes añadieron que Duarte tenía un año y medio de servicio en la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB, destacado en el comando que está ubicado en Maripérez. Este lunes se encontraban en la medicatura forense, culminando los trámites para realizar el entierro en el cementerio de El Junquito.

 

#MonitorDeVíctimas | Mataron a un mototaxista al salir de una fiesta en El Junquito
Delincuentes quisieron atracarlo y le dieron un tiro en el abdomen

Foto: Carlos Ramírez

De dos disparos fue asesinado un mototaxista identificado como Alexis Martínez, cuando salía de una fiesta en el kilómetro 5 de El Junquito, municipio Libertador de Caracas.

El joven salió de la fiesta en casa de unos amigos y cuando se dirigía a su casa fue sometido por varios delincuentes que pretendían robarle sus pertenencias.

Los delincuentes le hicieron un disparo en el abdomen y otro en la pierna, luego huyeron del lugar.

La víctima fue trasladada hasta el hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, donde estuvo recluido por seis horas, pero presentó un paro respiratorio y falleció.

Alexis Martínez trabajaba de mototaxista por su cuenta, vivía con sus padres, era el menor de seis hermanos y deja dos hijos. El caso se investiga bajo la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas.

#MonitordeVíctimas | PNB mató a mototaxista en La Pastora al confundirlo con delincuente

@carlos_dhoy

 

A las siete de la mañana de este miércoles 9 de septiembre un disparo impactó en el pecho del motorizado Alfonso Lugo Parra, de 57 años de edad y acabó con su vida. El tiro fue efectuado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes supuestamente perseguían a un asaltante y terminaron matando a un inocente.

Alfonso Lugo era uno de esos mototaxistas que se convierten en tradicionales en Caracas, con 57 años era calificado por sus vecinos como hombre sin vicios ni problemas de ningún tipo. Era un trabajador confiable que diariamente comenzaba su jornada laboral a las 5:30 de la madrugada y seguía hasta las 6:00 pm. Durante los últimos años se había dedicado a trasladar pasajeros desde La Pastora hacia distintos sectores de Caracas. Sus clientes, vecinos y amigos lo conocían como “Pelusa”.

A Pelusa lo mataron a escasas cuadras de Miraflores, a pocos metros de la zona más custodiada del país.  La calle estaba comenzando a retomar su ajetreo habitual, minutos antes en el casco colonial de La Pastora habría ocurrido un robo y el asaltante huyó a pie seguido por unos funcionarios de la PNB, el ladrón huyó en dirección hacia la avenida Sucre.

Mientras eso ocurría, Lugo Parra esperaba su turno sentado en su moto en la parada de la línea, ubicada en el sector Tinajitas, cuando sonaron los disparos no tuvo tiempo de reaccionar, en medio de la confusión cayó agonizante con un disparo en el pecho. Se le acercaron los funcionarios policiales que habían disparado. “Los policías habrían tocado su pecho como buscando algo”, dijo un vecino y luego lo llevaron al hospital Vargas, donde se confirmó su deceso.

El trabajador del volante vivía en la misma zona donde fue asesinado, deja a su esposa y una nieta menor de edad, su única hija había fallecido recientemente.

Protesta exigiendo justicia

En protesta por el asesinato de Alfonso Lugo, vecinos del sector cerraron el paso por la avenida Sucre de Catia y exigieron la presencia de un fiscal del Ministerio Público para que los asesinos sean castigados con todo el peso de la ley.

“A plena luz del día dispararon a pesar de que había gente inocente en la calle, mataron a un hombre trabajador y honesto”, comentó una vecina.

“Igual que como hicieron en el caso de los muchachos que mataron en el estado Zulia, queremos justicia, queremos que el Ministerio Público investigue este crimen y los funcionarios actuantes sean sancionados”, dijo otro vecino consultado.

En los primeros siete meses de 2020, 152 caraqueños han muerto a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, en medio de presuntas ejecuciones extrajudiciales y casos de supuesta resistencia a la autoridad. 

 

#MonitordeVíctimas | Matan a comerciante informal para robarlo en Petare
La víctima fue atacada por desconocidos cuando se dirigía a su puesto de ropa. Le quitaron bolívares y dólares en efectivo

 

 

Moisés Antonio Arechedera Barrios, de 23 años de edad, fue asesinado el sábado 5 de septiembre para robarlo cuando salía de su casa ubicada en el barrio Unión, en Petare, municipio Sucre. 

De acuerdo con familiares de Arechedera, quién se ganaba la vida como comerciante informal, la víctima caminaba hacia el puesto dónde vendía mercancía cuando fue sometido por unos desconocidos, quienes le quitaron su bolso, donde llevaba el teléfono celular y dinero en bolívares y en dólares.

Luego de despojarlo de sus pertenencias, los ladrones le dieron un disparo en la cabeza. Arechedera cayó al suelo y murió en el sitio.

Familiares indicaron que la víctima se dedicaba al comercio desde hace cuatro años: vendía cholas playeras y para la casa, y también comercializaba franelas. No dejó hijos y vivía con su madre y sus hermanos en el sector La Planada de Petare.

 

#MonitorDeVíctimas | Verónica Zubillaga: “Con la actuación de las FAES hay una maquinaria de la atrocidad”
Detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.

 

@MonitorVictimas

La socióloga Verónica Zubillaga afirma que detrás de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana, se percibe “una maquinaria de la atrocidad”.

El asesinato de dos comunicadores comunitarios en el estado Zulia “no puede verse de forma aislada, señala la investigadora. Identifica un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes, en los operativos policiales mientras los subordinados obedecen órdenes.

En entrevista para TalCual, Zubillaga, también profesora de la Universidad Simón Bolívar (USB) e integrante de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin), puntualiza que en Venezuela hay un avance del Estado penal y del Estado punitivo, en medio de una situación muy inestable.

Usted ha señalado que, desde el año 2010, y sobre todo desde 2015, se registra un proceso de militarización de la seguridad ciudadana en el que los militares tienen un rol fundamental. ¿Qué consecuencias ha tenido esta política?

– Hay una tradicional impronta militarizada en nuestras fuerzas policiales. Desde la década de los 80 del siglo pasado, los trabajos de Tosca Hernández denunciaban el patrón de actuación militarizado de la policía. Concretamente, con la serie de redadas que se practicaban en los barrios y el abuso de la fuerza. ¿Qué ha sucedido en estas dos décadas? Durante la revolución bolivariana, el problema de la policía ha sido complejo porque estuvo tomado por la politización y la polarización. Hubo un serio esfuerzo en el proceso de reforma de la policía, en tratar de transformar una policía con esta impronta militarizada, en una policía de orientación civil. Se intentó estandarizar los reglamentos policiales y, notablemente, hubo un esfuerzo muy importante en la regulación del uso progresivo de la fuerza.

Terror con mano izquierda

Pero, paralelamente a los esfuerzos de la reforma policial, también se registró una avanzada importante de la militarización. Digamos que, para usar una metáfora que nos encanta a los científicos sociales, por un lado, con la mano izquierda, se desarrolló la reforma policial; y con la mano derecha, al mismo tiempo, se comienzan a desplegar operativos militarizados como el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), en el año 2010. A este siguió otro operativo terrible, como fue Madrugonazo al Hampa, luego el Plan Patria Segura. Durante todos estos años las tasas de homicidios no hicieron sino aumentar.

– ¿Ocurrió igual con las Operación para la Liberación del Pueblo (OLP)?

– En el marco de esta serie de operativos militarizados, en lugar de producirse un descenso en las tasas de crímenes, y notablemente en las tasas de homicidios, se produjo un aumento. Además, se generó una reorganización del mundo criminal.

Los criminales no se sintieron disuadidos, sino que, por el contrario, se armaron más; decidieron responder a la declaración de guerra.

Solo en su primera actuación en la Cota 905, la OLP tuvo como resultado al menos 14 muertos, porque los vecinos cuentan que son más. Este evento inauguró dos años de operativos sistemáticos bajo la OLP. La exfiscal Luisa Ortega declaró que el número de homicidios superaba las 21.000 muertes violentas para el año 2016, y denunció que al menos 4667 muertes fueron ocasionadas por las diferentes fuerzas policiales. Imagínese la letalidad de estos operativos.

Maquinaria de muerte

– El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que los comunicadores comunitarios Andrés Eloy Zacarías Nieves y Víctor Manuel Torres, en el estado Zulia, “podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales”. Han sido detenidos varios funcionarios de las FAES. El hecho se suma a los atropellos y excesos con los que se asocia a esta fuerza de seguridad. ¿Evidencia esto un patrón sin control por parte del Estado?

– Por supuesto. Sí. Justamente con los asesinatos de los muchachos de Guacamaya TV, las autoridades están respondiendo como si fuesen casos aislados. Y tenemos al fiscal declarando que ya se tienen señalados a los responsables. Pero, cuando uno mira en conjunto la actuación de la OLP y de las FAES, se puede percibir una ‘maquinaria de la atrocidad’, como nos apunta la antropóloga brasilera Martha Huggins. Es decir, no son casos aislados, sino un patrón de actuación sistemática en el que los jefes y responsables estimulan y aúpan, incluso, exigen las muertes en los operativos policiales y los subordinados también obedecen órdenes. Esta maquinaria genera dinámicas en donde las actuaciones individuales de las policías comienzan a salirse de control.

La pauta letal del Estado

Pareciera existir un patrón bajo la mirada del Estado

– Sí y tanto es así que hay un patrón. Uno va a las comunidades y registra sistemáticamente esta pauta de actuación. Es decir, durante las OLP, por ejemplo, entraban masivamente los funcionarios con pasamontañas, tomaban por asalto las viviendas, sacaban a los hombres y dejaban a las mujeres en las viviendas. A las mujeres por supuesto las insultaban de “alcahuetas”, “chismosas” por defender a sus familiares varones. Además, robaban en las viviendas alimentos, enseres, teléfonos celulares, tabletas. Y tenemos, así como también lo tienen otras organizaciones, el registro de muchachos que fueron asesinados impunemente.

Ya en el año 2017, la fiscal Ortega Díaz denunciaba que el 21 % de las muertes violentas estaban perpetradas por la Policía: ¡Esa proporción es enorme!

El hecho de que en un país la Policía sea responsable de la cuarta parte de las muertes violentas, varios años seguidos, significa que constituye un actor letal de importancia.

En el año 2018, de acuerdo con los trabajos de Keymer Ávila, 26 % de las muertes violentas fueron perpetradas por las fuerzas policiales. Es decir, no solo no disminuyen, sino que hay un aumento. También se verifica en el registro de las muertes violentas que ocurren en Caracas, realizado por Monitor de Víctimas. Hay parroquias como El Paraíso, Santa Rosalía, Altagracia, San Agustín, donde más de la mitad de las muertes violentas son perpetradas por funcionarios policiales.

El paraguas de la impunidad

En el caso de los comunicadores comunitarios asesinados, el fiscal dijo que nunca van a estar de acuerdo con que funcionarios usen uniformes, insignias, armas y vehículos otorgados por el Estado para robar y matar.

– En nuestra experiencia cuando hacemos trabajo de terreno, lo más duro es que, de inmediato, no tienes ni siquiera que investigar largo tiempo; tienes los relatos de las madres cuyos hijos fueron asesinados, y que estos asesinatos están en completa impunidad.

Se trata, como decía antes, de una maquinaria de la atrocidad, donde además en las instancias oficiales como la Fiscalía no las atienden debidamente; y se experimenta una nueva victimización institucional, entre los familiares sobrevivientes que están buscando justicia.

¿En el caso de las FAES, qué es lo que ustedes han observado? ¿Hay un patrón de actuación?

– Ocurre que luego de tantas denuncias por la OLP, la actuación de las FAES, es una “actuación”, y lo coloco entre comillas, más profesionalizada. Quiere decir que ya no son invasiones masivas en territorios, sino que son acciones mucho más dirigidas, específicas, pero con la misma orden de eliminar.

“La orden es matar”

El comisario de las FAES, Miguel Domínguez, tras el reciente enfrentamiento que hubo en la Cota 905, dijo que “las zonas de paz promovidas por el gobierno, es una figura que no existe dentro de la revolución”. ¿Esta afirmación pudiera corroborar los patrones con los que ellos actúan?

– Esta declaración es indicador, al mismo tiempo, de la profunda fragmentación en el Estado venezolano. Porque, en efecto, la Cota 905 fue declarada como zona de paz; notablemente salió en la prensa, se conocieron los acuerdos a los que llegaron las autoridades y los líderes de las bandas; se acordó una tregua. ¿Qué es lo que pasa? Otra de las grandes causas del descontrol, de la impunidad y de esta violencia letal es esta fragmentación y luchas internas desatadas en el seno del Estado. Por ejemplo, un indicador: hace meses hubo enfrentamientos en la Autopista Prados del Este entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de las FAES. Esto sencillamente es un indicador trágico de esas luchas intestinas que hay en el seno del Estado.

¿En ese contexto las FAES se pueden considerar como la fuerza más letal?

– Sin duda. Actúan con impunidad. Incluso en discursos públicos de autoridades y en conversaciones con algunos agentes policiales se evidencia que la orden es matar. Ese tipo de lineamientos se ve también reflejada en las experiencias de los vecinos en estas comunidades, cuando te dicen: “es que antes se los llevaban presos, ahora los asesinan y arman el show del enfrentamiento”, hablando de sus hijos.

¿Entonces, también se habla de ajusticiamiento?

– Sí. En ese sentido, trágicamente, comenzamos a ver en nuestro país organizaciones de madres, cuyos hijos fueron asesinados por agentes policiales. Allí tienes a las mujeres de la  Organización de Familiares de Víctimas de Derechos Humanos, que reúne madres cuyos hijos fueron asesinados por las fuerzas policiales.

La dimensión del problema es tan serio, que comenzamos a tener asociaciones, grupos de víctimas que se aglutinan por estas tragedias, por estas atrocidades sistemáticas.

La guerra la pierden los pobres

El Estado ha ignorado las recomendaciones de la alta comisionada por los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la eliminación de las FAES.

– Eso es lo que sucede cuando hay una militarización extensiva; la situación de criminalidad se plantea como de guerra y de enemigos. Bajo esta lógica se justifica todo este tipo de atropellos. Bajo esta lógica se utilizan palabras, digamos, hiperbólicas, como que las FAES están destinadas a luchar contra los grupos paramilitares, terroristas. En realidad, lo que tenemos es una población hambrienta; tenemos una población masculina joven que, al hallarse la economía devastada, se inserta en redes de economías ilícitas que son las que, digamos, pueden garantizar cierta inserción para la sobrevivencia económica.

Entonces, es como este dicho que tenemos los científicos sociales: “se culpa a la víctima”. Quiero decir, los jóvenes en los sectores populares vulnerables, en lugar de tener apoyos en términos de oportunidades económicas, inclusión social, se hallan sumamente desamparados. Por supuesto buscan canalizar sus necesidades a través de las únicas redes que los pueden absorber, que son las redes de las economías ilícitas y luego, en consecuencia, son los culpables y las víctimas de todas estas políticas de mano dura que generan ese abuso de la fuerza y descontrol policial; el sufrimiento de la población. Y ahora tenemos un nuevo drama social, los miles de víctimas y familiares sobrevivientes de la violencia policial.

El pavor como control social

¿El hecho de que no se acatan esas recomendaciones de disolución de estos organismos, tiene que ver con un patrón del que quizás el Estado no se puede deslastrar?

– Digamos que, a partir del año 2014, cuando se verifica el colapso de los precios petroleros y hay mucho menos dinero que repartir, y además Nicolás Maduro ya no tiene el carisma que tenía el presidente Hugo Chávez para aglutinar y pacificar, viene el avance de este tipo de políticas de control de la población ante la conflictividad esperable por la situación económica y social. Es el avance del Estado penal, el Estado punitivo, frente a una situación muy inestable. Porque se tiene hambre, se tiene escasez, se tiene inflación.Es decir, una situación potencialmente muy explosiva se responde con la bota militar.

¿Las FAES se están empleando no solamente para estos operativos de seguridad en algunas zonas, sino también para perseguir a la disidencia?

– Hay algunos eventos e indicadores de que, en efecto, las FAES se están utilizando como forma de control frente al descontento social y político. Una evidencia fue en enero del año 2019. Cuando comenzaron las protestas en los sectores populares, fueron las FAES quienes respondieron. Entre enero y febrero del año 2019 se tuvo que al menos 40 personas fueron asesinadas en los sectores populares por las FAES y diferentes grupos armados. Fue en los barrios populares donde comenzaron las protestas. Allí hay una clara actuación de las FAES como grupo de control.

Organización civil contra la opacidad estatal

Además de vulnerabilidad e impunidad, también hay opacidad sobre la actuación de las FAES.

– Sin duda. Desde el año 2009, al menos, se suspendió el otorgamiento de información pública. De paso, el acceso a la información es un derecho que está consagrado en la Constitución de 1999. Se tiene todos los años la declaración del Ministro de Interior y Justicia otorgando cifras generales, pero no hay publicación de cifras detalladas.

Si uno como investigador quisiera acceder a información para establecer relaciones, tendencias, establecer dinámicas locales de violencia letal, e incluso tener una relación de interlocución con las autoridades, no es posible porque no hay acceso a la información. No se tienen menos aun cifras oficiales sobre la actuación de las FAES. Pero hay registros de victimización alternativos. Por ejemplo, Monitor de Victimas, que tiene un trabajo sistemático de recolección de información en la morgue. La sociedad organizada lleva registros paralelos.

Disciplina militar

¿Hay algunas medidas que pudieran asumirse sobre las cuales el Estado no ha hecho absolutamente nada de forma concreta?

– Por supuesto que sí. La violencia no es un destino fatal; se puede incidir con grandes acuerdos sociales e institucionales y con políticas públicas destinadas a preservar la vida de los habitantes. Sin ir tan lejos, todo el trabajo que se llevó a cabo en el marco de la Comisión Nacional para la Reforma Policial; en la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme y en la Misión a Toda Vida. En todas estas iniciativas se hizo una inversión importantísima en producir los debates necesarios; en elaborar conocimiento e investigaciones; en traer a consultores internacionales. Es decir, que el conocimiento de receta se tiene.

La Comisión Nacional para la Reforma Policial, por ejemplo, elaboró los reglamentos para el uso progresivo de la fuerza. Se forjó un conocimiento muy especializado en torno a la policía deseable. De hecho, cuando se comenzó a organizar y se instauró la Policía Nacional, la verdad, al inicio podría decir que nos sentíamos en confianza. Tristemente duró muy poco, porque muy rápidamente los salarios de los agentes policiales comenzaron a degradarse; se desplegaron los operativos militarizados, como apunté antes, e incluso ya para el año 2015, Nicolás Maduro afirmó que la Policía Nacional tenía que desarrollar disciplina militar.

#MonitorDeVíctimas | Te invito a un café y hablamos de la Policía, por Andrew Quintero
Un café por Caracas es una iniciativa de investigación que busca entender la percepción de las comunidades populares con respecto a la violencia y el accionar de la policía.

 

@miconvive

El último informe de la comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (Bachelet), registra que entre enero y mayo de 2020 ocurrieron 1324 ejecuciones extrajudiciales en el país. Dichas muertes son producto de políticas de seguridad fundamentadas en la fuerza y la aplicación de una “mano dura” contra el crimen y el delito.

Esto es un problema histórico en Venezuela, que se ha agravado seriamente en los últimos años con el desarrollo de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en el 2015, y el surgimiento de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) en el 2016.

Sabiendo esto, en el 2018 me pregunté: ¿Cuál es la percepción en las comunidades populares sobre este tipo de políticas? y ¿qué solución le ven ellos a la delincuencia? En esa fecha ya me encontraba trabajando en Caracas Mi Convive, una organización que desarrolla proyectos de prevención de violencia en las comunidades populares del municipio Libertador, Caracas.

Así que le propuse al equipo que buscáramos responder esas preguntas. Mi idea era sentarme con miembros de diferentes comunidades populares y, tomándonos un café, realizar grupos focales donde habláramos del tema.

Es así como surge “Un café por Caracas”, una iniciativa de investigación que busca entender la percepción de las comunidades populares con respecto a la violencia y el accionar de la policía.

En estas reuniones, las personas hablan sobre las experiencias de abuso que han tenido en operativos policiales. La idea es que también propongan soluciones alternativas al problema de la violencia.

Participar en estos grupos focales fue una experiencia enriquecedora, pero dura. Me acuerdo de las palabras de María, residente de El Valle: “Mi evaluación para los cuerpos policiales es negativa; a mi hijo me lo mataron en la puerta de la casa, y yo lo tuve que entregar”. En su voz, sentía el dolor y la rabia de haber perdido un hijo en manos de los funcionarios que deberían protegernos. Pero curiosamente, al hablar de posibles políticas para enfrentar la violencia, su respuesta fue sumamente humana. No habló de venganza. Habló de educar y humanizar a los cuerpos policiales para “trabajar en conjunto, por esos jóvenes en riesgo, como mi hijo”.

En estos grupos nos dimos cuenta de que nuestra gente sabe que la violencia genera más violencia. Cuando le das un espacio, y la escuchas, adviertes que en estas comunidades existen muchas personas que han sufrido las consecuencias de la violencia urbana y policial. Pero que a pesar del miedo que genera el vivir esto, están dispuestas a colaborar en acciones que promuevan la paz y la convivencia.

Después de participar, muchos de ellos mostraban interés en el resto de las actividades que organiza Caracas Mi Convive. Y se ponían a la orden para colaborar en ellas.

En lo personal, los “Cafés por Caracas” me permitieron ver que el primer paso del activismo comunitario es escuchar. Las comunidades saben cuáles son sus necesidades y ya tienen propuestas para abordarlas. Cuando las escuchas, no solo obtienes una idea clara de cómo podrías promover el desarrollo, sino que los mismos vecinos se muestran más dispuestos a trabajar contigo.

Lastimosamente, en lugar de esto las instituciones de seguridad elevan las armas contra las personas vulnerables. En los cafés por Caracas, una pregunta era: ¿Cómo debe ser ese policía que promueve comunidades seguras?

Lo que hemos escuchado, en los más de diez grupos focales, es que las comunidades quieren una policía cercana, que en lugar de planes correctivos, realice planes preventivos.

Esto, en nuestra experiencia, es una petición casi unánime de los habitantes que más han sufrido la violencia policial en nuestros sectores populares.

Sin duda, muchos se preguntarán cómo bajo un contexto tan violento y represivo las personas pueden proponer planes que se basen en la educación y cercanía con los cuerpos policiales. Yo creo que es en parte producto del trabajo que realizan mis compañeros de Caracas Mi Convive, un trabajo fundamentado en el acompañamiento y promoción de la convivencia como oportunidad para cambiar y mejorar nuestras comunidades.

En lo personal, estos testimonios me llevan a trabajar cada día más para seguir transformando nuestra ciudad. Ejecutar y acompañar cada idea que surge es fundamental, como nos dijo Kati en unos de los cafés en Catia: “Cada quien puede dar su grano de arena; si ustedes pueden venir y conversar, nosotros podemos salir y trabajar por nuestro barrio”. Sin duda eso es lo que hacemos con un café cada vez que salimos a escuchar, proponer y actuar.

¡Amigos, esto es nuestro!