Zair Mundaray

Para Zair Mundaray, con las acciones de Tarek William Saab y el Ministerio Público, se está ante la comisión del crimen de «persecución por razones políticas».

La tarde de este viernes, 27 de octubre, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta ANC, publicó las circulares de citación para miembros de la Comisión Nacional de Primaria «en calidad de investigados».

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Saab informó la citación de Jesús María Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul-Hadi Casanova.

Según Zair Mundaray, abogado penalista y exfiscal del Ministerio Público, las circulares que publicó Saab presentan varios errores, comenzando por la figura en la cual se le pide acudir a estas personas.

Durante una entrevista concedida a EVTV, Mundaray señaló: «Esa es una abominación desde la perspectiva jurídica. Las boletas son carentes de todo lo que el ordenamiento jurídico establece».

«Desde el 2008 existe una circular de obligatorio cumplimiento en el Ministerio Público, que debe decir si es imputado, testigo, víctima o experto. Eso es obligatorio para brindar seguridad jurídica», añadió.

Asimismo, indicó que si una persona es imputada, la circular debe decir que el citado «debe ir acompañado de abogados de su confianza previamente juramentado».

«Aquí no ha habido investigación. Debe haber una injerencia lógica de responsabilidad. La única forma de que yo te diga que tú eres partícipe de un delito es que haya una investigación previa», dijo..

(2da parte) DELITOS COMETIDOS CONTRA LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRIMARIAS. (Opinión del ex-Fiscal Zair Mundaray por EVTV) pic.twitter.com/nZVF0ZE5S1

— victor garrido (@vgarrido20) October 28, 2023

Persecución política

Para Zair Mundaray, con las acciones de Tarek William Saab y el Ministerio Público, se está ante la comisión del crimen de «persecución por razones políticas».

El abogado recordó que para cometer este delito, se han utilizado mecanismos «persecutorios» del Estado, destacando el sistema penal como principal, «para impedir el ejercicio de derecho de un grupo determinado».

«La persecución va contra personas que participaron en un evento amplificador de un derecho político. Los fiscales que están citando para imputar y procesar penalmente, pasan a la cola de la cadena de mando del crimen de persecución», señaló Mundaray.

También cuestionó que, durante una rueda de prensa, la cabeza institucional de la persecución penal (Tarek William Saab), precalificara y dijera «que se han cometido estos ilícitos», al recordar que «los fiscales no se inmiscuyen en eso de manera directa».

«Si el fiscal dice que tú has cometido delitos o que eres delincuente, ya no puedes tener un juicio justo. El crimen se ha cometido ya solamente con el señalamiento público», advirtió..

(3ra parte) DELITO DE PERSECUSIÓN POLÍTICA contra José María Casal y su equipo de Las Primarias. Oigan al ex Fiscal Mundaray por EVTV con Miguel Ángel Rodríguez. pic.twitter.com/ChscODjA3E

— victor garrido (@vgarrido20) October 28, 2023

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Mundaray destaca que ningún elemento de las primarias es un factor vinculante. En ese contexto, no hay cabida para la participación del Estado, como lo solicita Ratti al presentar un recurso de amparo ante el TSJ

Zair Mundaray, abogado y exfiscal del Ministerio Público, criticó el recurso que impuso el político Luis Ratti contra la primaria opositora, pero además, cuestionó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo recibiera.

En una entrevista concedida a El Pitazo, Mundaray calificó de «improponible» la acción de Ratti, pues la primaria es un evento no vinculante, de ejercicio soberano de la ciudadanía, que ampara el artículo 70 de la Constitución.

«Una vez la Sala Constitucional acuñó el término improponible, a propósito de una sentencia. Lo que plantea Ratti es eso: algo improponible», señaló Mundaray.

El abogado explicó que la Constitución establece, en el artículo 70, «los medios de participación y protagonismo de la sociedad en ejercicio de su soberanía en lo político».

«La gente tiene unas capacidades de autodeterminación, de la búsqueda de soluciones políticas a sus problemas, esto es un ejercicio cívico, de modo que no puede ser contrario a la Constitución y ningún poder público puede tener injerencia», añadió.

Actuación de poderes

Mundaray destaca que ningún elemento de las primarias es un factor vinculante. En ese contexto, no hay cabida para la participación del Estado, como lo solicita Ratti al presentar un recurso de amparo ante el TSJ.

«Esto es un evento de carácter privado. ¿Las decisiones que se tomen en el marco de la Comisión Nacional de Primaria o el resultado de la primaria a quién vinculan? Por ninguna parte implica una obligación -de hacer o dejar de hacer- por parte del Estado, salvo respetar la autodeterminación de las personas, como lo plantea el artículo 70 de la Constitución. En la elección de un tema que le compete a los ciudadanos que son de un signo político particular, el Estado no tiene porqué participar en eso», añadió Mundaray.

Asimismo, puntualizó que en un Estado democrático, con independencia de poderes, la solicitud de Ratti no merecería ningún trámite por parte de ninguna de las instancias del TSJ.

«Eso es un derecho humano fundamental, que es el de la participación política. El TSJ es la última instancia cuando se trata de amparos contra particulares, incluso algunos ni siquiera llegan al TSJ, así que la primera aberración es que lo haya recibido el TSJ, cuando se trata de un amparo contra particulares y no contra un ente púbico; es un despropósito», advirtió Mundaray.

*Puede leer el artículo completo en El Pitazo

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La Fiscalía de la CPI confirmó que ha habido «inacción de las autoridades venezolanas en investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela»

Foto: EFE/Cristian Hernández

Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta ANC, tildó de «acusaciones sin valor», las conclusiones de la exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, sobre el caso  Venezuela.

A través de su cuenta de Twitter, Saab aseguró que Bensouda, de forma «irresponsable», habría «ignorado» la «colaboración presentada por el Ministerio Público».

Mediante un comunicado, señaló que Venezuela «rechaza de manera absoluta y contundente las acusaciones de la exfiscal Bensouda».

«Las actuaciones de la exfiscal se llevaron a cabo de manera unilateral y sin tener en cuenta la colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades ni la documentación presentada, demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial». dice parte del comunicado.

En tal sentido, a juicio de Saab, las conclusiones emitidas por Bensouda «carecen de valor alguno», añadiendo que están dispuestos a demostrar «con hechos» la «actuación y acción del Estado en esta materia».

Asimismo, Saab afirma que lo planteado en el informe por Bensouda será demostrado como errado una vez el nuevo fiscal, Karim Khan, visite Venezuela «y compruebe los esfuerzos realizados por todas las instituciones venezolanas».

El fiscal designado también aseguró que, desde octubre de 2020, Venezuela ha presentado cinco informes «con datos fehacientes de los avances» con más de 700 procedimientos penales que están en curso y que en el período de Bensouda no habrían tenido respuesta.

#COMUNICADO Venezuela rechaza las “acusaciones” sin valor de la exfiscal Bensouda, quien irresponsablemente ignoró la colaboración presentada por el @MinpublicoVE.. Trabajamos estrechamente con el nuevo Fiscal de la @IntlCrimCourt Karim Khan para asegurar la complementariedad pic.twitter.com/Cjgu7ZAa6o

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 12, 2021

Inacción por parte del Estado

La Fiscalía de la CPI confirmó que ha habido «inacción de las autoridades venezolanas en investigar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela».

«Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción», señala parte del texto.

Además, el informe señala que, tras evaluar la autenticidad de las investigaciones adelantadas por la Justicia venezolana, la Fiscalía de la CPI concluyó “que las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos”.

Lo anterior significa, según el documento, «que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con un intención de llevar al interesado ante la justicia”.

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Maniobras «inocuas»

Zair Mundaray, exdirector de actuación procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, se refirió a la información emanada de la Fiscalía de la CPI.

A través de Twitter, Mundaray señaló: «Siguen los avances en el caso judicial Venezuela I por los crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por la dictadura venezolana».

También, consideró que los pronunciamientos de la Fiscalía de la CPI «dejan claro que las maniobras procesales del régimen son inocuas, las pruebas respaldan los hechos, habrá justicia».

Siguen los avances en el caso judicial Venezuela I por los crímenes de Lesa Humanidad perpetrados por la dictadura venezolana. Los pronunciamientos de la fiscalía, dejan claro que las maniobras procesales del régimen son inocuas, las pruebas respaldan los hechos, habrá justicia. https://t.co/aSoCHiHSH4

— Zair Mundaray (@MundarayZair) August 12, 2021

-Las investigaciones sobre lavado de dinero en el país están marcadas por la impunidad. La dolarización de la economía nacional genera peligrosos vacíos de vigilancia

@javiermayorca

Las primeras investigaciones sobre lavado de dinero en Venezuela datan de la última década del siglo pasado. Eran expedientes muy complejos y voluminosos, que a menudo se iniciaban gracias al dato de un informante, o dando continuidad a investigaciones previas que generalmente se relacionaban con bandas de traficantes de drogas.

Era la época del sistema inquisitivo de justicia, en el que jueces como Mildred Camero –luego presidenta de la Conacuid- encabezaban la instrucción de los expedientes, no los fiscales del Ministerio Público. Junto a la Guardia Nacional, que poseía un servicio especializado en la materia, indagaron sobre las inversiones de capitales de grupos guajiros, el uso de las casas de cambio en San Antonio del Táchira, los casinos del Cartel de Cali y las inversiones inmobiliarias en Margarita, que servían para blanquear recursos de la Camorra napolitana.

Pero los casos generalmente tropezaban con el escollo de demostrar el origen ilícito del dinero, es decir, el delito primario que había generado los capitales legitimados.

Posteriormente, en resoluciones de la Superintendencia de Bancos se invirtió la carga de la prueba con respecto al dinero y los activos presumiblemente derivados de los actos ilegales. Esto implicaba que, durante una investigación penal por tráfico de drogas, el propio implicado era obligado a demostrar la legalidad de los recursos financieros y de los activos que manejaba, pues de lo contrario serían confiscados. Estas normas fueron ampliamente criticadas, pues iban contra el principio general de presunción de inocencia. Sin embargo, se mantuvieron vigentes, entre otras razones porque había un respaldo internacional, que se blindó años después luego de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Con la entrada en vigencia de la primera norma penal venezolana contra la delincuencia organizada, en 2005, se abrió la posibilidad de imputar lavado de dinero a quienes manejaran recursos provenientes de actividades distintas al tráfico de drogas. Pero siempre este delito era subsidiario. Hasta que se implantó una reforma a la ley orgánica contra la delincuencia organizada, en 2012. A partir de ese momento, se iniciaron imputaciones por lavado de dinero sin que se hubiese comprobado debidamente la existencia del delito primario. Lo importante, según el ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía, Zair Mundaray, era la inserción en el sistema financiero de recursos derivados de una “actividad ilícita”.

Al manejarse el tema con esta amplitud, era lógico esperar que las investigaciones por lavado de dinero en Venezuela florecieran por doquier, y se multiplicaran. Pero eso no fue así. Una de las razones es que las pesquisas sobre el lavado de dinero –las de verdad- apuntan a quienes manejan los capitales. Se trata de personas que generalmente no se involucran en el día a día de las redes de delito organizado. En el cartel de Cali, por ejemplo, el ocultamiento de los recursos producidos por el tráfico de drogas no era labor de los hermanos Rodríguez Orejuela sino de expertos contadores como el chileno Guillermo Pallomari.

Por otra parte, la acumulación de capitales, lícitos o ilícitos, trae poder, y con ello se abre la posibilidad de que los esqueletos queden en el clóset, a buen resguardo. Cuando comenzó el escándalo internacional sobre las actividades de Walid Makled, ya la Superintendencia de Bancos procesaba por lo menos tres informes sobre operaciones sospechosas que involucraban el manejo de cientos de millones de bolívares a través de testaferros, que eran los cuentahabientes en la banca nacional.

Existen, sin embargo, algunas pistas que se puede seguir para orientar la búsqueda sobre las áreas donde podría intensificarse el lavado de dinero. Una de ellas la constituyen los llamados reportes de actividad sospechosa (RAS). Estos son informes que levantan los llamados oficiales de cumplimiento de la banca y los otros “sujetos obligados” por la legislación, como pueden ser las firmas aseguradoras, las administradoras, los notarios, los registradores, las operadoras turísticas e, incluso, los vendedores de vehículos. La lista es bastante larga.

Todos esos informes son recibidos y procesados periódicamente por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), una oficina que anteriormente estaba inserta en la Superintendencia de Bancos y que ahora depende de la Vicepresidencia Ejecutiva -por si quedaba alguna duda de la relación entre capitales y poder-. En la UNIF convergen técnicos en informática con agentes del Sebin y Dgcim, especializados en análisis financieros.

En 2018, según la UNIF, los “sujetos obligados” emitieron 1.961 reportes de actividades sospechosas, es decir, relativos a movimientos financieros que podrían indicar operaciones de lavado de dinero. La cifra más elevada de reportes acumulados durante los últimos años fue de 2.741. Esto sucedió en 2015. Desde entonces, los totales han ido en descenso. Este año la tendencia ha continuado igual, pues en el primer semestre de 2019 hubo solo 645 reportes.

La merma de 28,4% en los informes sobre actividades sospechosas no necesariamente indica que los bancos se ablandaron con respecto al tema. Cuando se hace una revisión detallada, prácticamente el 90% de los RAS fue elaborado por entidades bancarias. En cambio, los registros y notarías, las aseguradoras y empresas de corretaje y casas de cambio casi no emitieron alertas.

Según la UNIF, en la actualidad los sectores que ocasionan más sospechas en cuanto al lavado de dinero son el comercio al por menor y los servicios, que acumulan respectivamente el 51,6% y el 14,8% de los reportes. Y estas son, precisamente, las áreas de la economía que más se han dolarizado en el país, de acuerdo con el último sondeo de Consultores 21. En la actualidad, ya las cosas son pagadas directamente en dólares, de manera que pronto tales transacciones no estarán al alcance del ojo escrutador de la UNIF. Pero, hasta hace apenas unos meses, se llevaban a cabo operaciones de cambio de divisas, que levantaban las alarmas cuando se hacían las transferencias de bolívares entre los bancos.

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Para este despacho, actividades como la construcción y la agricultura en este momento no acumulan más del 5,2% de las alertas. Como se sabe, ambos rubros están de capa caída.

Ahora bien, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente de fuentes policiales, durante la primera mitad de 2019 se iniciaron 82 averiguaciones por lavado de dinero. Esto equivale solo al 12% de los reportes de operaciones sospechosas. De ellas, 80 son instruidas por agentes de la División contra Delitos Financieros de la policía judicial. Solo hubo detenidos en uno de los expedientes, iniciado el 27 de junio, en el que además fue incautada una avioneta.

Por lo tanto, a pesar de los cambios en los criterios para investigar el lavado de dinero en Venezuela, las cifras indican que sigue siendo un delito con altos porcentajes de impunidad.

Esta situación en lo interno contrasta con la ola de investigaciones desarrolladas en el plano internacional contra redes de lavado de dinero que involucran a empresarios y a funcionarios venezolanos. Una explicación, que no pretende ser definitiva, es que tales delincuentes (aunque abrazaban públicamente la ideología de la revolución chavista) siempre tuvieron en su horizonte mental la noción de que tarde o temprano marcarían distancia del régimen para disfrutar de sus haberes en un “exilio dorado”. Esta idea sigue marcando a los operadores del régimen, quienes en privado y en público exigen el levantamiento de las sanciones, como requisito para negociar una salida a la terrible crisis humanitaria que viven los venezolanos.

Breves

-A partir de noviembre, el ministerio de Relaciones Interiores cesó la diseminación de los datos sobre muertes por enfrentamientos con efectivos policiales o militares, tradicionalmente conocidas como “resistencia a la autoridad”. El despacho del general Néstor Reverol suministraba a los jefes policiales de las alcaldías, las gobernaciones y de algunas unidades de la Policía Nacional un resumen semanal con la evolución de los nueve delitos “marcadores”, entre los cuales figuraba hasta octubre lo referido a las acciones en las que participaban los uniformados. Fuentes policiales indicaron que, para la última semana del décimo mes del año, se acumulaban 3.794 muertes a manos de agentes de policías o de la FANB. Si esta cifra es evaluada junto a los 5.781 casos de homicidio, el resultado es que la violencia impartida a través de los cuerpos de seguridad representa el 39.6% del total.

-A juzgar por lo señalado en diversos informes de la ONU, las perspectivas para Venezuela en 2020 no son auspiciosas. Por ejemplo, en el documento llamado Panorama Humanitario Global este organismo solicita triplicar el presupuesto destinado a la atención a la población necesitada en el país. La petición de recursos asciende a 750 millones de dólares para 2020. Pero esto no asegura que la atención llegará a tales sectores, que se calcula suman ya siete millones de personas. La crisis venezolana, de acuerdo con el documento, llega ya a niveles similares a las de Etiopía, Sudán del Sur, Bangladesh y Nigeria.

Los efectos se sentirán en toda la subregión, en términos de una creciente migración, que ya supera los 4,5 millones de personas durante los últimos dos años. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales han establecido un protocolo de actuación ante la situación del país. El documento, denominado Principios operativos conjuntos indica que los miembros de estas instituciones tendrán que tratar con grupos armados no gubernamentales, por considerarlos “actores relevantes” de la realidad nacional.

CORRUPCIÓN MIL MILLONARIA

El trabajo de investigación  periodística de la Agencia Bloomberg firmado por Charlie Devereux y Michel Smith con la colaboración de Blake Schmidt, Fabiola Zerpa, Hugo Miller, Patrick Winters, Joao Lima, Ben Bartenstein y Alex Vasquez arroja más luces, muy contundentes, sobre el esquema de la corrupción de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Esta vez la pesquisa se orientó desde un banco suizo con sede en Ginebra, ya mencionado en los últimos años en otras corruptelas de alto monto, el CBH, Compagnie Bancaire Helevetique. Para la investigación fueron claves los aportes de Zair Mundaray, ex asistente de la Fiscal General Ortega Díaz, quien tuvo a su cargo investigaciones de delitos financieros desde la Fiscalía General hasta mediados de 2017.

Extraigo segmentos: “Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante (en Petare) que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno socialista, decidió compartir la riqueza. Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del Ministro de Alimentación venezolano, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según muestran los registros bancarios. Los legisladores venezolanos calificaron esta serie de pagos de 2012 y 2013 como «transacciones sospechosas» en un informe oficial. «Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción», dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

El injerto gobierno-banca global es casi común en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos $ 385 mil millones en fondos públicos de 2003 a 2015.

Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias de $ 5.9 millones de Wakil: solo un banco estuvo involucrado. Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, un banco familiar que se ha multiplicado por ocho desde 2006.

Los clientes venezolanos, específicamente aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su gobierno, han sido parte del negocio del banco, dijo Mundaray… Los fiscales estadounidenses están investigando al menos a cinco venezolanos que ingresaron a CBH y son sospechosos de corrupción, dijeron dos personas familiarizadas con las averiguaciones…

Wakil no respondió a los mensajes que se dejaron en la oficina de una empresa familiar, con un socio comercial y con un abogado que figura como el agente registrado de varias empresas que Wakil ha establecido en Florida. Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Osorio no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas al Ministerio de Información de Venezuela ni a la empresa estatal que dirige…

Servir a los titulares de cuentas en ambos lados de las transferencias de dinero, como lo hizo CBH para el vendedor de carne, Wakil, no era una práctica aislada, según tres personas con conocimiento de las actividades del banco. Los banqueros instaron a los clientes venezolanos a que sus asociados también abrieran cuentas con CBH, dijeron las personas. Los clientes que usan transferencias internas pueden evitar cables externos que son monitoreados por sistemas reguladores diseñados para detectar transacciones sospechosas…

Wakil, de 58 años, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivió en Caracas en Petare, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza. Según el informe de los legisladores venezolanos, tenía una estrecha relación con Osorio, un importante general del ejército de Venezuela que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentación…

Osorio ha ocupado una serie de poderosos puestos bajo Maduro, y en junio fue puesto a cargo de una compañía minera estatal. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela (M/G Hugo Carvajal Barrios) describe a Osorio como el asesor espiritual clave de Maduro, un hombre que aviva la fascinación del presidente con la santería y otras religiones que fusionan aspectos de las religiones africanas, indígenas y cristianas… 

En 2017, Osorio ganó la demanda por difamación contra un ex diputado y dos legisladores en ejercicio, argumentando que sus acusaciones de corrupción no eran ciertas. Un juez ordenó a los legisladores pagar 900 millones de bolívares (en ese momento, alrededor de $ 447,461 al tipo de cambio oficial y $ 129,571 al tipo del mercado negro) y dejar de publicar información sobre Osorio.

Cinco meses después, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a Osorio en relación con los mismos alegatos, y concluyó que Osorio «fue cómplice de estafar al Estado de hasta $ 573 millones a través de la corrupción en el programa de alimentos de Venezuela»…

La especialidad de Wakil era comprar carne y aves de corral baratas, algunas de ellas cerca de su fecha de vencimiento, en Brasil, y luego venderlas a los programas alimentarios venezolanos con recargos en sus precios, según los resultados de la investigación de la Asamblea Nacional.

En solo unos años, aseguró cientos de millones de dólares en contratos estatales, demostrado por los investigadores…

(El consorcio internacional de periodistas de investigación publicó ese caché de millones de documentos filtrados de una firma de abogados panameña en 2016)… gran parte de las ganancias de Wakil llegaron a los EE. UU., donde compraron juguetes llamativos.

Él y su familia poseen al menos 11 propiedades en Miami, la mayoría a través de compañías que controlan. Eso incluye un apartamento de lujo cerca de la Bahía de Biscayne en Coconut Grove que Wakil compró por $ 3.2 millones en 2011… Wakil condujo BMW y Range Rovers, según múltiples multas de tráfico que acumuló en el sur de Florida. A fines de 2016, compró un condominio de $ 5.6 millones en Porsche Design Tower, un edificio de 60 pisos frente al mar que fue diseñado conjuntamente por el fabricante de automóviles alemán…

Durante siete meses a partir de diciembre de 2012, Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas, de acuerdo con documentos bancarios en el centro de una investigación que los fiscales venezolanos abrieron sobre las acusaciones de corrupción de los legisladores en 2016 …

No está claro qué sucedió con el caso oficial después de que Mundaray y sus colegas abandonaron Venezuela. La oficina del Fiscal General suizo le dijo a Bloomberg este mes que ha estado investigando acusaciones de lavado de dinero en bancos suizos por parte de venezolanos, pero se negó a hacer más comentarios…”. 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó solicitar al Reino de España la extradición del anterior ministro y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, así como solicitar a Colombia la extradición de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz y uno de los fiscales de su administración, Zair Mundaray.

A través de la Sala de Casación Penal, el máximo tribunal venezolano declaró procedente la solicitud de extradición a Ramírez, acusado de los presuntos delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.

Por su parte, a Ortega Díaz le acusan por su presunta participación en los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones; uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención; falsa denuncia o acusación y asociación. A Mundaray también le adjudican la presunta participación en el delito de traición de la patria y usurpación de funciones públicas.

La ruptura de Ramírez con la administración de Nicolás Maduro se concretó cuando fue forzado a dejar su puesto como embajador ante las Nacionas Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el noviembre del año pasado. En ese momento, en lugar de regresar a Venezuela, partió al exilio sin dar a conocer el país a donde se dirigía.

Desde entonces, Ramírez se convirtió en un crítico del gobierno de Maduro y del estado en que se encuentra la petrolera estatal que manejaba.

Luisa Ortega Díaz fue destituida de su cargo como Fiscal general de la República en agosto de 2017 por la impuesta Asamblea Constituyente por estar presuntamente incursa en varios delitos de corrupción dentro del Ministerio Público.

Por ello, se le embargaron sus cuentas y propiedades, y se declaró al MP en emergencia  para hacer una renovación de la institución y “luchar contra la impunidad”. Desde entonces, el puesto de fiscal es ocupado por Tarek William Saab, antiguo Defensor del Pueblo.

El 31 de marzo de 2017 declaró que las sentencias  155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaban a la Asamblea Nacional de sus competencias y anulaban la inmunidad parlamentaria constituían “una ruptura del orden constitucional”. Desde entonces, empezó a criticar la actuación represiva del Gobierno contra las protestas antigubernamentales que surgieron desde esa fecha y desmontó versiones que se pretendían instaurar desde el Ejecutivo sobre la muerte de algunos manifestantes, como Juan Pablo Pernalete.

Luego de ser destituida por la ANC, Ortega Díaz se vio obligada a salir del país, y desde entonces ha llevado denuncias a organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, acusando a Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios como responsables en la violación de derechos humanos.

*Con información de Tal Cual

SIETE DÍAS LE TOMÓ A YOLANGEL CASTILLO llegar a España desde Caracas en agosto de 2017. Imposibilitada de tomar un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetia porque su pasaporte estaba anulado, la ex Fiscal 17 Nacional contra la corrupción, recorrió 1365 kilómetros desde Puerto Páez en el estado Apure a Bogotá, Colombia. Cruzó en chalana el paso entre los ríos Meta y Orinoco. Abordó otra lancha que tardó 20 horas en llegar a un puerto del que no recuerda nombre porque se accidentó en reiteradas ocasiones y carecía de reflectores para transitar de noche. Cogió un autobús hasta la capital neogranadina y luego de un par de días un vuelo a Madrid.

El periplo de Castillo se parece al de decenas de funcionarios del Ministerio Público que debieron abandonar el país luego que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunciara la ruptura del hilo constitucional en mayo de 2017 a propósito de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que dejaban sin funciones a la Asamblea Nacional. Disposiciones que luego fueron echadas hacia atrás por el propio poder judicial con las escuetas y todavía no disponibles sentencias 157 y 158.

Castillo ya sabía que su pasaporte había sido anulado, así como el del ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien a mediados de julio del año pasado no pudo representar a Ortega Díaz en una reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en Argentina y hoy en día vive exiliado en Colombia.

A mediados de agosto de 2017, Ortega Díaz denunció que a 64 funcionarios del Ministerio Público se les había dictado prohibición de salida del país sin fórmula procesal alguna. “Muchos fueron desalojados de sus puestos de trabajo. A fiscales especializados en corrupción se les impide salir de Venezuela por capricho del gobierno”, dijo entonces.

A juicio de Mundaray, más 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del MP desde que la asamblea nacional constituyente nombró a Tarek William Saab como Fiscal General de la República y destituyó a Ortega Díaz. Obligando además a esta última a huir hacia la vecina nación colombiana.

Exiliados, despedidos, reubicados u obligados a renunciar, los fiscales de la administración Ortega Díaz dejaron sobre el tapete casos de corrupción en PDVSA y Odebrecht, aunado a decenas vinculados con los asesinatos de las protestas antigubernamentales en 2017.

“El interés de Tarek y toda su camarilla fue ir detrás de esos casos y destruirlos porque ellos sabían que nosotros íbamos por la cadena de mando que ordenó los hechos. Cadena que va desde el presidente de la República, pasando por el Ministro de la Defensa. Ordenaron disparar a los manifestantes con armas de fuego y con proyectiles modificados, me refiero a esferas de vidrio o metal disparadas con carabinas para gases lacrimógenos o perdigones”, acotó Mundaray.

José Antonio López, fiscal 28 del estado Carabobo, optó por marcharse de Venezuela y dejó los casos de Daniel Queliz y Hecder Lugo.

Queliz fue asesinado el 10 de abril de 2017 en Valencia por un supuesto efectivo de la Policía de Carabobo, mientras que Lugo corrió con la misma suerte a manos de presuntos  efectivos de la Guardia Nacional el 4 de mayo en San Diego.

Por la muerte de Queliz están imputados los oficiales Marcos Antonio Ojeda Arias, quien aparentemente tiró del gatillo y Edien Romero.

Alexander Queliz, padre de Daniel, dijo que el Fiscal López le manifestó un día que se iba del país por razones personales, pero está claro que desde la salida de Ortega Díaz los empleados del Ministerio Público están sometidos a múltiples presiones.

“Me imagino que allí hubo un poco de eso (presión), los fiscales que no siguieron la línea fueron sacados”, dijo Queliz.

Queliz asegura que en su caso, la Fiscalía no es el problema. “El inconveniente lo representan los tribunales, el Ministerio Público siempre ha hecho acto de presencia en las audiencias, esto ha sido diferimiento tras diferimiento, un retardo procesal constante. Mi peor enemigo es el tiempo, porque el tiempo pasa y el Código Orgánico Procesal es bien claro, cuando tu estas encerrado 24 meses y no se hace juicio, vienen los beneficios”.

A Daysi Pérez, madre de Hecder Lugo, no le sorprendió la partida del fiscal que llevaba el caso de su hijo. “No se si se fue por amenaza o por la situación del país, lo cierto es que esto es político, todos saben quién mató a mi hijo, ya ellos tiene todas las evidencias, pero si el culpable pertenece al gobierno, no van a resolver nada”.

Por el asesinato de Lugo no hay persona alguna imputada. Hecder es uno de los 19 muertos durante las manifestaciones en el estado Carabobo y uno de los 31 que cayeron en medio de la represión de la Guardia Nacional.

A juicio de Manuel Virgüez, de la ONG Movimiento Vinotinto, la impunidad fue la principal protagonista en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de 2017.

“En el estado Lara por ejemplo, dónde Movimiento Vinotinto contabilizó 22 asesinatos, el índice de impunidad es de 91%”.

Virguez indicó que con la llegada de Saab al Ministerio Público la opacidad se ha acentuado, hay expedientes que se pierden y fiscales que no aparecen.

En una nota de El Impulso, escrita por Karina Peraza, se hace referencia a la remoción de 16 fiscales. Carlos Muñoz, Fiscal 21 del estado Lara en Derechos Fundamentales, no fue despedido, pero renunció luego que llevara los casos de Tony Canelón, Brayan Principal, Manuel Sosa, Eyker Daniel Rojas Gil, Nelson Daniel Arevalo Avendaño, Ruben Alexander Morillo, José Gregorio Mendoza Duran, Yanet Angulo Parra, José Miguel Pestano y Luis Beltrán Zambrano. Todos víctimas de la violencia y represión en las manifestaciones.

Muñoz había logrado órdenes de aprehensión para los presuntos responsables de las muertes de Canelón, Rojas y Sosa, pero ninguna se hizo efectiva. Hay un solo preso por el asesinato de Brayan Principal, un miembro de un colectivo de nombre Hector Yohan Zapata, quien fue detenido por orden de la Fiscal 20, Cristina Coronado, también removida de su cargo. “17 años después, a mi y a los míos se nos ‘enlista’ por haber actuado conforme a la lealtad que esta investidura amerita”, declaró en ese entonces Coronado.

Estampida fiscal

Una vez juramentado Tarek William Saab ante la anc de manera supuestamente provisional, el constituyentista Diosdado Cabello asomo un cambio de línea radical en la Fiscalía. “Propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público para que se proceda a su reestructuración desde el primer funcionario hasta el último”.

Para Zair Mundaray, el gobierno tenía muy claro su objetivo. “Los primeros fiscales contra los que arremetieron fueron los de corrupción y los de derechos fundamentales, la meta era cercenar la línea investigativa, especialmente casos como el de Odebrecht”.

Antes de ser destituida, Ortega Díaz envió al Fiscal 55 Nacional, Pedro Lupera y a la Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, Raiza Sifontes a Brasil con la finalidad de entrevistar personalmente al empresario Joao Santana y a su esposa Mónica Moura en procura de conseguir evidencias sobre aparentes sobornos que la constructora brasileña pago a funcionarios venezolanos a cambio de millonarios contratos de obras públicas.

En vista de la persecución de la que ya eran objeto, ambos fiscales fueron por tierra hasta Colombia y de allí tomaron un vuelo a Brasil. Se supone que regresarían después de recabar los testimonios de Santana, creador de los “Ojos de Chávez” y cerebro de la última campaña electoral del fallecido presidente, pero eso nunca pasó.

En la frontera colombo-venezolana, Sifontes llegó a pensar que iba a perder su libertad. “Cuando los funcionarios del Saime se dieron cuenta de quienes éramos nos retuvieron los pasaportes, hasta el Sebin se presentó. De alguna forma pudimos recuperar nuestros documentos, pero nunca conseguimos el sello de salida. Una vez en Colombia pedimos protección especial y pudimos volar a Brasil”, recuerda.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, organismo dependiente de la Dirección de Actuación procesal del MP, también temió por su seguridad cuando le preguntaron a qué se dedicaba en Maiquetia el pasado 13 de agosto de 2017.

“Trabajo por mi cuenta”, se limitó a decir Prada al oficial de inmigración a horas de abordar el vuelo que lo llevó a Estados Unidos.

Prada trabajaba conjuntamente con Sifontes en la investigación de Odebrecht y venía de formar parte de la Contraloría General, donde estuvo encargado de casos como el del ex alcalde de Maturín, Numa Rojas, condenado a seis años, siete meses y 22 días de prisión por enriquecimiento ilícito y el de Luis Salvador Velásquez, ex director de Comercialización de Sidor apodado “El Rey de la Cabilla”, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y por el que Prada considera que fue obligado a renunciar del órgano que dirige Manuel Galindo.

“Cuando sucedio lo de Lupera y Sifontes supe que debía irme, porque el próximo en la lista iba a ser yo”, advirtió Prada.

Prada, quien es contador público con una maestría en finanzas, sostuvo que la indagación a Odebrecht comprendió un amplio espectro, pero hicieron hincapié en los proyectos de la Línea 5 y la conexión Guarenas-Guatire de la compañía Metro de Caracas.

“Estuve dos noches en el Ministerio Público ayudando a escanear toda la documentación sobre Odebrecht que afortunadamente la fiscal Luisa Ortega pudo consignar en la Corte Penal Internacional”, añadió Prada.

Pero no todo se pudo digitalizar, expuso el fiscal 50 Nacional, Marcos Palacios, actualmente radicado en Colombia.

“No pudimos hacerlo todo, un expediente puede tener hasta 200 folios, es algo engorroso”, aseveró Palacios, cuyo pasaporte fue anulado y debió salir de incógnito por vía terrestre a finales de agosto del año pasado.

Palacios llevaba casos de corrupción en Pdvsa. Fue el que citó al actor Manuel “Coco” Sosa a comparecer por irregularidades en el otorgamiento de órdenes de compra con sobreprecios en los bienes adquiridos por Petropiar S.A. Sosa fue condenado posteriormente en la gestión de Saab a cuatro años de arresto domiciliario, el pago de 40% del daño patrimonial causado y la inhabilitación para ejercer cargo público por un lustro.

Palacios imputó a la hija del Contralor General de la República, Mayra Galindo, por su aparente responsabilidad en hechos de corrupción al frente de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría.

“Para que el oficial de seguridad en la Contraloría me pudiera recibir el documento de imputación dije que era una comunicación que estaba llevando. A raíz de eso, el director de seguridad de la Contraloría fue destituido y yo citado por Katherine Harrington (actual Vicefiscal), quien me pidió los expedientes de todos los casos que estaba manejando. No se los di. Por supuesto la hija del contralor no fue al acto de imputación”.

Posterior a la destitución de Ortega Diaz, Palacios asegura que recibió recomendaciones de allegados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de marcharse de Venezuela.

“No tenía tres días en la Fiscalía y uno hace amigos, ellos mismos me dijeron que me fuera porque venían por mi”.

A Luis Sánchez, auxiliar de Pedro Lupera en la Fiscalía 55, no le alcanzó la pericia o la suerte para quedar en libertad. Fue aprehendido a mediados de agosto de 2017 y acusado por el constituyentista Cabello de formar parte de una red de extorsión junto al esposo de Ortega Diaz y diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer y la asistente del despacho del Ministerio Público, Gioconda González.

“Este ciudadano está involucrado por haber abierto cuentas en millones de dólares. Él actuaba como enlace con tribunales, el propio MP y con empresas que eran víctimas de extorsión. Era el operador experto dentro de la red”, sentenció en ese entonces Saab.

Sánchez, junto a Lupera, fueron los encargados de citar a los directivos de la Constructora Conkor, Alejandro Jose Ruiz Mazzeo y Elias Ramon Koury Guevara, a mediados de julio del año pasado por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Pdvsa.

“Apresaron a Sánchez con unos cargos falsos y lo tienen allí en el Sebin con unos alegatos totalmente inverosímiles”, dijo el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Los destinos

Colombia, Ecuador, Francia, Canadá, Estados Unidos, España y Perú son los países donde, según Mundaray, se encuentran los fiscales que debieron salir de manera abrupta del país antes, y especialmente luego, de la destitución de Luisa Ortega Díaz.

“Con algunos tenemos contacto discreto porque aún su estatus migratorio es incierto, esperan por asilos y no se sienten del todo seguros”, advirtió Mundaray.

“Habíamos logrado bastante independencia de los demás organismos de la investigación penal, teníamos equipos de primer orden, una serie de expertos formados en los mejores institutos de Europa y Latinoamérica”, se ufana quien acompañó a Ortega Díaz en la Corte Penal Internacional a denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. “Nuestro mejor talento está en otros países”, lamentó.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público

Raiza Sifontes, Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, sigue trabajando con el equipo de Ortega Díaz en Bogotá. “Hice una reválida aquí en Colombia con la ayuda de una universidad y afortunadamente sigo con la doctora (Ortega Díaz). Nos trajimos toda la información en lo que se refiere a Odebrecht”.

Mundaray aseguró que aunque estén fuera siguen laborando en pro de hacer justicia en Venezuela algún día. “Hay una fiscalía en el exilio que es legítima y sigue trabajando con toda la anomalía que eso implica”.

A diferencia de Sifontes, Yolangel Castillo, fiscal 17 contra la corrupción no ha podido seguir con su carrera. Castillo está en Tenerife haciendo un curso en gestión comercial de ventas con la meta de insertarse en un futuro en el mercado laboral.

“No tengo títulos, no tengo nada que me avale como abogado”, apuntó. Antes de huir de Venezuela, Castillo estaba abocada a investigar a fiscales y jueces militares de Carabobo y Falcón que abrieron procedimientos a civiles en tribunales castrenses.

“A los acusados ni siquiera les daban derecho a escoger defensores”, indicó.

Quien fue también fiscal contra la corrupción en Vargas salió sola del país. Una fuente vinculada al gobierno le advirtió que le querían imputar delitos como traición a la patria y la iban juzgar precisamente en tribunales militares. “No solamente tenía una función en el Ministerio Público, también daba clases de postgrado en el área de argumentación jurídica en la Escuela Nacional de Fiscales”.

Marcos Palacios, fiscal 50 Nacional, está en Colombia, pero no trabaja directamente con Ortega Díaz. “Estoy haciendo asesorías y eventualmente podría plantearme laborar en áreas distintas. Me pasó esto solo por el hecho de trabajar, de ejercer mis funciones”.

Con la certeza de tener el pasaporte anulado, Palacios estaba imposibilitado de abandonar Venezuela por los canales regulares. “Tuve que salir por tierra y fueron muchas paradas para llegar hasta acá; salí solo porque era muy arriesgado hacerlo con mi familia, afortunadamente ya estoy con los míos”.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, igualmente está con su esposa e hijos en Estados Unidos. A diferencia de Palacios salieron todos juntos por Maiquetía.

“La vida del inmigrante aquí es muy dura, por suerte hemos contado con la ayuda de amigos y de una iglesia que nos ha dado alimentos y enseres. Todavía no puedo trabajar porque estoy esperando el asilo político”, manifestó. No descarta retomar su profesión en un futuro, pero cuando reciba luz verde para laborar planea hacerlo “en lo que salga”.

Los tropiezos de Luisa

Entre las manchas más notables en la gestión de una década de Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General de la República están la pasividad para imputar a responsables en el desfalco a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y su disposición al encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, luego de las protestas de 2014.

El propio presidente Maduro admitió la responsabilidad de empleados públicos en hechos de corrupción en Cadivi desde 2011 y según el exministro de Planificación, Jorge Giordani, 25 mil millones de dólares fueron a parar a empresas de maletín.

Durante la estadía de Ortega Díaz en el MP solo se imputó al teniente coronel Francisco Navas Lugo y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo por delitos de corrupción en Cadivi, instancia en la que estuvo como directivo el capitán en condición de retiro, Humberto Ortega Díaz, quien en una entrevista concedida al Correo del Orinoco en 2011 aseguró que no era familia de la Fiscal.

Luisa Ortega Díaz incluso formó parte de la Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por parte del Estado Venezolano y su Uso Correcto creada por Maduro en 2013. Allí trabajó con los diputados Ricardo Sanguino y Jesús Faría (ambos designados presidentes del BCV posteriormente), además del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Se desconocen los alcances de dicha comisión.

Después de ser nombrado por la anc, Tarek William Saab, dijo que 80% de las empresas involucradas en irregularidades con Cadivi y también Cencoex (Centro de Comercio Exterior) fueron sobreseídas por Ortega Díaz. “La ex Fiscal lo tenía escondido y engavetado, es la principal responsable. Parte del drama que vive nuestro país se debe a este tema”, manifestó.

Saab aseguró en octubre de 2017 que por el caso Cadivi-Cencoex habían sido aprehendidas 11 personas y cerca de 900 empresas estaban involucradas en delitos de sobreprecios en divisas.

Instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir fueron los cargos que le imputó la Fiscalía a Leopoldo López. El Fiscal 41 con competencia nacional, Franklin Nieves y la 47 de Area Metropolitana, Narda Sanabria promovieron la pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas para el líder de VP, sentencia que ejecutó la juez Susana Barreiros en septiembre de 2015. Un mes después de que López fuese condenado y habiendo solicitado asilo político en Estados Unidos, Nieves aseguró que había recibido presiones de “sus superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas que inculparon a López”.

También una vez fuera de Venezuela, Ortega Díaz manifestó que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, la había coaccionado para encarcelar al ex alcalde de Chacao.

“Me presionaron para que yo dijera que la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya había sido culpa de Leopoldo”.

Pese a la sentencia que conminó a López a la cárcel de Ramo Verde y luego a su domicilio, Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, indicó que probaron la culpabilidad de los victimarios de los sucesos del 12 de febrero de 2014 en las inmediaciones de la Fiscalía en La Candelaria.

“Unas investigaciones independientes llevadas por expertos del Ministerio Público determinaron que el Sebin mató a Da Costa y que a Montoya lo asesinó un miembro del colectivo al que pertenecía”.

Mundaray confesó que cada vez que el MP investigaba a alguien vinculado al alto gobierno, los tribunales torpedeaban el procedimiento.

“Pedimos orden de aprehensión contra la ex ministra de salud, Eugenia Sader y el Tribunal Supremo de Justicia la mandó a levantar. Pasó igual con el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, pero el Tribunal 37 de control y la Corte de Apelaciones dejaron sin efecto la medida de privativa de libertad. Asimismo con Claudia Díaz, ex tesorera nacional, vinculada a los Panama Papers, el tribunal también echó para atrás la orden. Los fiscales son procuradores de la justicia y simplemente en Venezuela no tienen donde procurarla”.

Sobre Villalobos, Tarek William Saab se quejó de que la justicia española, que le aprehendió en octubre de 2017, no haya aprobado una orden de extradición a Venezuela en vez de a Estados Unidos por el caso de la Banca de Andorra. Mientras que acerca de Díaz dijo que había sido detenida también en el país ibérico junto a su esposo, Andrés Velasquez Figueroa, pero las autoridades europeas le desmintieron pocas horas después.

Un año con el fiscal provisional

Tarek William Saab cumplió el pasado domingo 5 de agosto un año como Fiscal General designado provisionalmente por la anc. El otrora Defensor del Pueblo aseguró que desde entonces 616 personas han sido condenadas por corrupción de un total de 3598 imputaciones y 989 acusaciones.

Por Pdvsa dijo que han sido procesados penalmente 90 funcionarios, entre los cuales se encuentran 23 gerentes, dos ex ministros y un presidente de la petrolera.

“En la anterior gestión se llegaba a imputar para luego extorsionar, no se lograba alcanzar la fase de la acusación y mucho menos la condena final”.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, sostuvo que con estas supuestas acciones, Saab solo persigue reconocimiento dentro y fuera de las fronteras venezolanas.

“Organismos internacionales siguen reconociendo a Luisa Ortega Díaz como la Fiscal, porque la designación de Saab proviene de una institución nula como la anc. Por eso se han hecho asambleas de la Asociación Iberoamericana de Fiscales y la invitada es Ortega Díaz”.

Para Mundaray es inaudito que Saab pretenda que se le reconozca internacionalmente cuando forma parte de una lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea, Suiza, Canadá, Panamá y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Cómo puedes ejercer la función de Fiscal General si tienes prohibida la entrada a varios países”, se preguntó Mundaray.

Sentenció que desde la llegada de Saab al MP, el organismo se ha centralizado y hay dependencias que inclusive fueron desarticuladas.

“Los casos de investigación se los dieron al Sebin y eliminaron departamentos, ahora el venezolano tiene menos instancias a las que acudir”.

“La dirección contra la corrupción, se quedó sin director y sub directores, por más de nueve meses y han estado nombrando fiscales sin experiencia en el área”, aseguro Raiza Sifontes.

Mundaray aseveró que pese a la reestructuración que hizo el fiscal designado por la anc, el MP no está totalmente perdido.

“En Venezuela quedan muchos funcionarios con valía, pero no los dejan trabajar, están anulados”.

Para los fiscales que están en el exilio, retornar a Venezuela a continuar con su trabajo es una posibilidad que pasa obligatoriamente por la salida del poder de Maduro y su gabinete.

“Yo seguiré siempre a la orden para liberar a Venezuela”, salió al paso el ex miembro de la Contraloría y la Fiscalía, Alejandro Prada.

“La vida me cambió enormemente, pero no arrepiento de lo que hice. Venezuela va a estar destruida en el momento que salga la actual administración. Si las cosas cambian no dudaría en regresar”, apuntó Marcos Palacios.

@franzambranor

MEDIO

LA NUEVA LOCURA: 

Cuando Maduro anunció que el Dicom comenzaría a operar con una “canasta de monedas” que podría incluir la moneda china, el yuan, la rupia de India y el rublo ruso, busqué la cantidad de transacciones que globalmente se hacen con éstas y otras monedas para demostrar el veloz avance en el retroceso financiero rojo rojito. Con el Yuan se transa el 1,68% mientras que en Rupee y Rublos no se llega al 1% según el Fondo Monetario Internacional. Por su lado, en las monedas que odian Maduro, el español Serrano, el cubano Borrego y los genios económicos de la ANC estas son las cifras: Dólar 40,72%, Euro 32,87% y Libra Esterlina 7,49%. En menor cantidad el Franco Suizo 1,53%, el Dólar Canadiense 1,87% y el Yen 3,06%. ¿De analfabetas económicos? Mientras la ideología de la fenecida URSS prive sobre la racionalidad del mercado, de la oferta y la demanda ahondamos en el caos inflacionario aumentado con los aumentos de salarios que se hacen agua cada día que pasa……

DENUNCIAS CON PRUEBAS:

El director de Actuación Procesal del Ministerio Público venezolano, Zair Mundaray, aseguró en Ginebra que el gobierno de Venezuela premia a aquellos funcionarios cuya responsabilidad ha sido comprobada en sistemáticas violaciones a los derechos humanos.Lo hizo en el 36º período de reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza, donde explicó que luego que el Ministerio Público intentó imputar a diversos funcionarios militares de altos rangos, éstos fueron condecorados y promovidos a otros cargos de mayor relevancia y desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fueron protegidos con decisiones violatorias de la Constitución. Enfatizó en el del ex-comandante general de la GNB, M/G Antonio Benavides Torres, quien fue citado en calidad de imputado por los fiscales, pero no asistió debido a que fue promovido a Jefe de Gobierno del Distrito Capital y desde el TSJ decidieron que tenía prerrogativas constitucionales para protegerlo de la acción de la justicia y dejar impune su conducta. Mundaray llevó documentos que se integrarán a la presentación que allí tiene prevista próximamente la Fiscal Luisa Ortega Díaz.