El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó solicitar al Reino de España la extradición del anterior ministro y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, así como solicitar a Colombia la extradición de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz y uno de los fiscales de su administración, Zair Mundaray.
A través de la Sala de Casación Penal, el máximo tribunal venezolano declaró procedente la solicitud de extradición a Ramírez, acusado de los presuntos delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.
Por su parte, a Ortega Díaz le acusan por su presunta participación en los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones; uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención; falsa denuncia o acusación y asociación. A Mundaray también le adjudican la presunta participación en el delito de traición de la patria y usurpación de funciones públicas.
La ruptura de Ramírez con la administración de Nicolás Maduro se concretó cuando fue forzado a dejar su puesto como embajador ante las Nacionas Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el noviembre del año pasado. En ese momento, en lugar de regresar a Venezuela, partió al exilio sin dar a conocer el país a donde se dirigía.
Desde entonces, Ramírez se convirtió en un crítico del gobierno de Maduro y del estado en que se encuentra la petrolera estatal que manejaba.
Luisa Ortega Díaz fue destituida de su cargo como Fiscal general de la República en agosto de 2017 por la impuesta Asamblea Constituyente por estar presuntamente incursa en varios delitos de corrupción dentro del Ministerio Público.
Por ello, se le embargaron sus cuentas y propiedades, y se declaró al MP en emergencia para hacer una renovación de la institución y “luchar contra la impunidad”. Desde entonces, el puesto de fiscal es ocupado por Tarek William Saab, antiguo Defensor del Pueblo.
El 31 de marzo de 2017 declaró que las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaban a la Asamblea Nacional de sus competencias y anulaban la inmunidad parlamentaria constituían “una ruptura del orden constitucional”. Desde entonces, empezó a criticar la actuación represiva del Gobierno contra las protestas antigubernamentales que surgieron desde esa fecha y desmontó versiones que se pretendían instaurar desde el Ejecutivo sobre la muerte de algunos manifestantes, como Juan Pablo Pernalete.
Luego de ser destituida por la ANC, Ortega Díaz se vio obligada a salir del país, y desde entonces ha llevado denuncias a organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, acusando a Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios como responsables en la violación de derechos humanos.
*Con información de Tal Cual
