violación de DDHH

ESTE MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO, se repetirá la audiencia preliminar de los ocho funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana acusados de violación y tratos crueles en contra de un joven estudiante detenido en el contexto de las manifestaciones del 20 de julio de 2017 en Maracaibo en el Juzgado 10 de Control del Estado Zulia.

La repetición de la audiencia obedece a la falta de eficiencia del Ministerio Público durante la fase de investigación del proceso. De acuerdo al criterio del tribunal, la fiscalía no ha sido diligente en la recaudación de pruebas y el señalamiento de los responsables. Además, la jueza solicitó investigar la existencia de otras víctimas.

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), registró este caso desde julio del 2017 y desde entonces, la organización funge como representante en la defensa legal de la víctima.

Más víctimas

Una menor de edad denunció haber sido sometida a actos lascivos durante la detención de la que fue víctima, al igual que el joven defendido por Codhez, el 20 de julio de 2017 en el contexto de las manifestaciones que ocurrían en las inmediaciones de la sede de Corpoelec en el sector Amparo de la capital zuliana. Esta denuncia fue ignorada por la Fiscalía a pesar de que, de acuerdo a los estándares internacionales, califica como tortura sexual.

Aparte de esta denuncia, existen otras víctimas que también padecieron de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante las detenciones producidas en esta zona durante el 20 de julio de 2017. Reiteramos al Ministerio Público que estas víctimas deben incorporarse como partes del proceso.

Múltiples violaciones a derechos humanos

Alrededor de este caso, las irregularidades han sido constantes. En primer lugar, la audiencia fue diferida siete veces, lo que derivó en retardo procesal y resultó contrario al debido proceso. Asimismo, se obstaculizó la defensa de la víctima y su papel como parte del proceso, un hecho evidenciado en la negación de las copias certificadas del expediente al equipo de defensa de Codhez, que posteriormente fueron otorgadas por el Tribunal.

Si bien los funcionarios fueron acusados del delito de violación y trato cruel, existen elementos de convicción para un juzgamiento por el delito de tortura. Por tal motivo, se exhorta al Ministerio Público a realizar una investigación transparente acorde con su deber constitucional de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

Este es un hecho en el que ocurrieron múltiples violaciones a los derechos humanos y por ello el sistema judicial venezolano debe actuar con más celeridad en la restitución de los derechos y la justicia para las víctimas.

EL CENTRO INTERNACIONAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS, Justicia y Libertad ONG Internacional (CEIN) asegura que las declaraciones del ex preso político Lorent Saleh confirman que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) violó al menos 22 pactos, tratados y protocolos internacionales de derechos humanos.

La organización, que tiene sede en 12 países, alega que “el testimonio vivencial del activista de los DDHH y ex preso político Lorent Saleh conforma evidencia tangible, palpable y demostrable de las aberraciones que perpetran los cuerpos represivos del régimen dictatorial Venezolano con total indemnidad del íntegramente corrompido del sistema judicial”.

Las declaraciones fueron dadas por el director de la organización internacional, Miguel Méndez Fabbiani.

“La gráfica descripción emitida por el compañero de lucha Lorent Saleh nos aproxima a una experiencia infernal y monstruosa de crueles aislamientos, inimaginables tratos degradantes de la condición humana, extorsión financiera de prisioneros inocentes, insoportable hacinamiento e insalubridad de los calabozos, convivencia diaria con presos criminales de alta peligrosidad y la cruel y brutal tortura sistemática que le propinan a jóvenes estudiantes, líderes sociales y dirigentes comunitarios constituye evidencia incontrastable de que las autoridades de la Policía Política y de la Alta Cúpula Gubernamental deben responder ante la Corte Penal Internacional por graves crimines de lesa humanidad”, remarcó Fabbiani.

El Sebin atraviesa semanas controversiales tras la muerte del concejal Fernando Albán mientras estaba detenido en la sede de Plaza Venezuela, lo que la oposición denuncia como un asesinato mientras el gobierno asegura fue un suicidio. Días después del suceso, fue liberado y desterrado a España el preso político Lorent Saleh, quien el pasado domingo declaró en dos entrevistas las torturas que había sufrido en dos sedes del servicio de inteligencia.

El activista internacional de Derechos Humanos tipificó la extensa lista de los Pactos, Tratados y Protocolos Internacionales que viola evidentemente la dictadura Venezolana con absoluta impunidad:

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) París 1948.

2. Derechos Humanos y Prisiones. Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones Naciones Unidas. Nueva York y Ginebra, 2005.

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI) 1966.

4. La Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes entrada en vigor el 26 de junio de 1987, adaptada y abierta la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984.

5. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) Resolución aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015 [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/70/490)] 70/175.

6. Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Tratado. Adoptada y abierta a la firma.

7. Ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968.

8. Declaración de Kampala sobre las condiciones penitenciarias en África 1996.

9. Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/457)] 65/229.

10. Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional) Adoptado en la Ciudad de Roma Italia en 1998.

11. Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

12. La Carta Democrática Interamericana aprobada por la asamblea extraordinaria de la OEA. Lima-Perú 2001.

13. Convención Americana sobre DDHH suscrita en la conferencia especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) (B-32) 1969.

14. Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal, Nueva York.

15. Principios y directrices de las Naciones Unidas sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal New York 2013. 67/187.

16. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura año 2006.

17. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (entrada en vigor el 3 de enero de 1976 adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 de 16 de diciembre de 1976).

18. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 de 16 de diciembre de 1976).

19. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. (Aprobado y proclamado en Asamblea General de la ONU en su resolución 44/128 del 15 de diciembre de 1989).

20. La Cláusula democrática del Mercosur (Protocolo de Ushuaía) 1998.

21. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la ONU en su resolución 2200 de 16 de diciembre de 1976.

22. Protocolo adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas. Estrasburgo, 18/12/1997 – Tratado abierto a la firma de los Estados miembros y de los demás Estados signatarios del Tratado ETS 112 y de adhesión de los Estados no miembros que se han adherido al tratado ETS 112.

ALEMANIA PODRÍA SUMARSE A LAS DENUNCIAS REALIZADAS por ocho países contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), luego de una petición del presidente chileno Sebastián Piñera.

Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, indicó que sería una buena noticia, y lamentó que España no se sume a la solicitud de apertura de investigaciones contra el gobierno venezolano.

«Gran noticia. ¡La esperaba! Por visión y coherencia, tras Francia, Alemania tenía que apoyar la apertura de la investigación de la CPI por crímenes contra la humanidad. Desgraciadamente, España está lastrada por las hipotecas ideológicas del gobierno interino de Pedro Sánchez», indicó la eurodiputada en Twitter.

El periodista venezolano John Müller aseguró que Angela Merkel, canciller alemana, luego de haber sostenido bilaterales con Piñera, apoyará las denuncias ante la instancia jurídica internacional.

Tamara Suju, abogada defensora de los derechos humanos, aseguró que espera un comunicado oficial sobre la información.

«Con Alemania, serían nueve los países que se suman a la solicitud de apertura de procesos contra altos funcionarios del gobierno nacional por abusos de los derechos humanos. Entre los países que han apoyado la investigación están Chile, Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, Costa Rica, además de Canadá y Francia.

La denuncia realizada por los Estados supone un evento jurídico internacional inédito, debido a que es la primera vez que varios gobiernos solicitan la apertura de un caso en contra de otro gobierno.

LA CRISIS EN VENEZUELA, la violencia de las protestas en Nicaragua y la lucha contra la corrupción en Guatemala centrarán las audiencias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebra a partir de este lunes primero de octubre en el municipio estadounidense de Boulder, en Colorado.

LA RESOLUCIÓN SOBRE VENEZUELA que aprobó hoy el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es considerada por expertos como el primer paso histórico en la defensa del país: reconoce que Venezuela necesita asistencia humanitaria.

El jueves 27 de septiembre en Ginebra, 23 países miembros del Consejo de DDHH votaron a favor de que la ONU exhorte al gobierno de Venezuela a aceptar asistencia humanitaria y coopere con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo. Además, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, deberá preparar un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.

Para el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, este es un logro enorme. “Es la primera vez que el Consejo de DDHH habla sobre Venezuela y declaró la crisis humanitaria. Ya no solo las ONG lo decimos, ahora es un órgano de la ONU que lo anuncia  y contraría al gobierno”.

El cambio es evidente. Daniels recordó que no hace mucho, otros órganos de la ONU premiaban a Venezuela por sus políticas, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2013 cuando dio a Maduro un premio por supuestamente lograr reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre.

El director de Human Rights Watch, John Fisher, también consideró como “histórica” la resolución de la ONU, ya que marca un punto de inflexión para el pueblo venezolano y pone el foco en la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.

Mediante un comunicado, el director de HRW en Ginebra expresó que “la adopción, con amplio apoyo, de esta resolución permitirá que el Consejo de Derechos Humanos preste atención a la trágica situación en Venezuela y presione al gobierno de Maduro para que aborde la crisis humanitaria y los abusos de los que es responsable”.

Esto se consolida como el primer esfuerzo de un organismo internacional hacia la situación venezolana, un logro que no fue posible en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde las votaciones sobre temas venezolanos nunca fueron aceptadas, indicó Daniels.

El abogado fue el portavoz de 80 organizaciones no gubernamentales venezolanas que aportaron información y realizaron informes para las Naciones Unidas sobre la escasez de medicinas y alimentos, la violación de derechos humanos, entre otros hechos.

Es gracias a estas ONG que han dado información e insumos a los órganos de la ONU y a países de la región que fue aprobada la resolución sobre Venezuela, y esa misma información es usada frente a la Corte Penal Internacional, destacó el miembro de Acceso a la Justicia.

Francisco Valencia, director de Codevida, una de las ONG participantes, consideró que la resolución “es un mensaje muy claro, contundente y a nivel diplomático es un llamado de atención muy fuerte” para que el gobierno venezolano entienda el problema que causa la emergencia humanitaria y la violación de DDHH. Aclaró, sin embargo, que esto “no quiere decir que vaya a llegar las medicinas mañana al país”.

Valencia resaltó que por la falta de cooperación del régimen de Maduro, los países y los órganos internacionales han debido acudir a la sociedad civil para documentar la crisis. “Es un paso importante, es histórico porque no se había reconocido la crisis humanitaria, pero falta mucho por hacer. La ONG y la sociedad civil siguen documentando lo que pasa en Venezuela”, declaró.

Lucha con un obstáculo

Detrás de bambalinas, había un grupo de funcionarios  intentando en vano que la votación no ocurriera. Jorge Arreaza, el canciller venezolano, viajó la semana pasada a Ginebra a reunirse con Michelle Bachelet buscando evitar que se aprobara la resolución. A inicios de septiembre, también acudió a la toma de mando de la ex presidenta de Chile en Ginebra.

“Le exigimos al señor alto comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensa a nuestro país“, afirmó el canciller en la alocución ante el Consejo el 11 de septiembre.

En Ginebra sostuvimos una cordial y productiva reunión de de trabajo con @mbachelet , Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Acordamos comenzar una nueva etapa de cooperación, con nuevos métodos de intercambio y coordinación entre Venezuela y su Oficina. pic.twitter.com/wcpBqEsPJA

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 10 de septiembre de 2018

Valencia conoció que funcionarios diplomáticos recogieron firmas en la ONU para evitar que el voto por la resolución sucediera, pero no lo lograron.

Tras la votación del jueves, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró «el comienzo de una escalada intervencionista» para conseguir la caída del gobierno y «establecer un mecanismo de tutela» foráneo sobre Venezuela.

Las expectativas hacia Bachelet

A Bachelet, como alta comisionada de la ONU, el mandato resultante le obliga a estar atenta a lo que sucede en Venezuela por al menos las dos próximas sesiones del Consejo, la 40 y la 42, pautadas para marzo de 2019 y marzo de 2020.

Para ello, las ONG esperan que Bachelet realice una visita al país para constatar la realidad de los venezolanos, una visita para la cual ella misma pidió cooperación al gobierno de Maduro.

Michelle Bachelet @mbachelet pide a #Venezuela que deje entrar al país a los investigadores de @UNHumanRights, tras la resolución del Consejo de Derechos Humanos. https://t.co/ziUGz97LXn pic.twitter.com/rj0fly9nPi

— Noticias ONU (@NoticiasONU) 27 de septiembre de 2018

Valencia consideró que Bachelet, quien también es médico, comprende lo que está pasando en el país y sabe que hay que trabajar cuanto antes para resolver la crisis.

“Seguiremos insistiendo con el comité de DDHH mandando informes sobre la situación, y seguiremos insistiendo en esta visita”, dijo el activista.

LA FISCALIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) confirmó hoy que ha recibido la petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, recordó en un comunicado que la solicitud “no conduce automáticamente a la apertura de una investigación” y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país en febrero de este año.

En el documento enviado a La Haya se pide que se investiguen los supuestos crímenes “con vistas a determinar si una o más personas deberían ser acusadas”, apuntó Bensouda.

Además, la fiscal resalta que esta es la novena remisión recibida por esta Fiscalía desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la primera remisión realizada por un grupo de Estados Partes respecto de una situación en el territorio de otro Estado Parte.

El examen preliminar no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecerse una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.

A continuación el comunicado:

Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la remisión por parte de un grupo de seis Estados Partes en relación con la situación en Venezuela

En 27 de septiembre de 2018, recibí una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma (el «Estatuto»), a saber, la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú (los «Estados remitentes»), en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela («Venezuela»), a partir de 12 de febrero de 2014.

Con arreglo al artículo 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional («la CPI» o «la Corte»), los Estados remitentes solicitan a la Fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde 12 de febrero de 2014,
a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas. Por consiguiente, de conformidad con la Norma 45 del Reglamento de la Corte, he informado a la Presidencia de la CPI de esta remisión.

Esta es la novena remisión recibida por esta Fiscalía desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 1º de julio de 2002, y la primera remisión realizada por un grupo de Estados Partes respecto de una situación en el territorio de otro Estado Parte. Con anterioridad, los gobiernos de Uganda (2004), la República Democrática del Congo (2004), la República Centroafricana (2004 y 2014), Malí (2012), la Unión de Comoras (2013), la República Gabonesa (2016), y el Estado de Palestina (2018) han remitido, cada uno de ellos, una situación a esta Fiscalía de conformidad con las prerrogativas de los Estados Partes del Estatuto.

En 8 de febrero de 2018, tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de una cantidad de comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la CPI, decidí abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, para analizar los crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y de la inestabilidad política conexa. Desde ese momento, la Fiscalía ha estado analizando la información disponible a los efectos de llevar a cabo una determinación plenamente informada acerca de si existe fundamento suficiente para proceder a una investigación. Este examen preliminar continuará su curso normal, guiado estrictamente por los requisitos del Estatuto de Roma.

Específicamente, con arreglo al párrafo 1) del artículo 53 del Estatuto, yo, en mi calidad de Fiscal, debo considerar cuestiones relacionadas con la jurisdicción, la admisibilidad y el interés de la justicia para tomar esa determinación. Como se señalara en el Documento de política general sobre exámenes preliminares, estos factores se aplican a todas las situaciones, con independencia de si el examen preliminar se inició sobre la base de información sobre crímenes remitida con arreglo al artículo 15 del Estatuto, por una remisión de un Estado Parte (o un grupo de Estados Partes) o del Consejo de Seguridad da las Naciones Unidas, o por una declaración de consentimiento del ejercicio de la competencia de la Corte, de conformidad con el párrafo 3) del artículo 12 del Estatuto. En todas estas circunstancias, esta Fiscalía evalúa y analiza la información disponible de manera independiente.

Una remisión o una declaración con arreglo al párrafo 3) del artículo 12 no conllevan automáticamente a la apertura de una investigación. Sin embargo, si yo en última instancia determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, el Estatuto no requiere que la Fiscalía procure la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación. De manera  general, la recepción de una remisión puede acelerar el procedimiento de apertura de una investigación sólo en la medida en que la revisión judicial de mi decisión no sería necesaria con arreglo al Estatuto.

A lo largo del ejercicio independiente e imparcial de su mandato, la Fiscalía también tomará en cuenta toda comunicación y punto de vista que se le presente durante el transcurso de cada examen preliminar, incluyendo toda observación de las autoridades nacionales competentes respecto de investigaciones y enjuiciamientos relevantes a nivel nacional.

Remisión de la situación en Venezuela con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma realizada por la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú.

Para información de contexto, véase el Documento de política general sobre exámenes preliminares (noviembre de 2013) de la Fiscalía, especialmente el parág. 27; y la Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la apertura de exámenes preliminares en Filipinas y Venezuela.

La Fiscalía de la CPI realiza exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales de los crímenes de genocidio y lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Desde 2003, la Fiscalía ha llevado a cabo investigaciones en varias situaciones que son de la competencia de la CPI, a saber, en Uganda; la República Democrática del Congo; Darfur (Sudán); la República Centroafricana (dos investigaciones distintas); Kenya; Libia; Côte d´Ivoire; Malí; Georgia; y Burundi. La Sala de Cuestiones Preliminares II tiene ante sí la solicitud de la Fiscal de autorización para iniciar una investigación de la situación en la República Islámica de Afganistán. La Fiscalía también está llevando a cabo exámenes preliminares sobre las situaciones en Bangladesh/Myanmar; Colombia; Filipinas; Guinea; Iraq/Reino Unido; Nigeria; Palestina; Ucrania; y Venezuela.

Ver la declaración de la #Fiscal de la #CPI, #FatouBensouda, sobre la remisión por parte de un grupo de seis Estados Partes en relación con la situación en Venezuela: https://t.co/35JflDvdd0

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) September 27, 2018

La Asamblea Nacional aprobó en la sesión de este martes el envío de informes y documentos que demuestren las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela por parte del Gobierno de Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional (CPI).

Además, los parlamentarios aprobaron solicitar a la misma instancia internacional constatar presencialmente la crisis humanitaria, así como fijar acciones para apoyar la apertura de un canal para la entrada de ayuda humanitaria.

“La Asamblea Nacional ha remitido a la CPI documentos donde se evidencia la violencia en Venezuela durante el año 2017, vamos a remitir a la corte las probanzas de las violaciones a los Derechos Humanos. Solicitar que venga la fiscal la CPI a Venezuela a constatar, y evidenciar el estatus en el que se encuentra hoy la grave crisis humanitaria que atraviesa el país, y nos permita que venga la ayuda humanitaria a Venezuela”, afirmó la diputada Delsa Solórzano.

La decisión, junto a la petición de remitir las probanzas necesarias y la falta de justicia plena y absoluta que reina en el país, fue tomada en el marco de la aprobación del Acuerdo con Motivo de Cumplirse 20 Años de la Firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La diputada Dennis Fernández dijo que en Venezuela vemos cómo el Gobierno “en lugar de proteger el desarrollo de los niños y los jóvenes causa es hambre, violencia, tratos inhumanos”.

“Nos tratan de apátridas por defender al pueblo, tenemos una Constitución que nos ofrece garantías pero también tenemos un Gobierno que no vela por el cumplimiento de los DDHH”, expresó.

El grupo de parlamentarios también rechazó la persecución política a la que ha estado sujeto el diputado Tomás Guanipa, quien denunció la mañana de este martes que su residencia estaba rodeada de funcionarios adscritos al Sebin.

La @AsambleaVe aprobó un Acuerdo con Motivo de Cumplirse 20 Años de la Firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Será remitida a la CIP todos los documentos que demuestren las violaciones a los DDHH que comete el Gobierno Nacional contra los venezolanos. pic.twitter.com/oUHV2CaPA1

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 17, 2018

Amenazas de revocatorio sin importancia

Parlamentarios opositores restaron importancia este martes a los planes del oficialismo venezolano de despojarlos de sus escaños mediante un referendo revocatorio, y aseguraron que quien debe ser sustituido es el presidente Nicolás Maduro.

“En Venezuela están dadas todas las condiciones para un ‘revolcatorio’ a Maduro, bien sea convocando una presidencial de verdad antes de que termine este período, o bien porque el pueblo, en un país que se está cayendo a pedazos, tome las calles y produzca una transición política”, dijo a periodistas el presidente del Legislativo, Omar Barboza.

El lunes, Diosdado Cabello, presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país y en la práctica sustituyó al Parlamento de mayoría opositora, dijo que el chavismo evalúa someter a varios diputados a un referendo revocatorio. Cabello no precisó el motivo que justificaría la consulta ni a cuántos legisladores podría involucrar.

“El papel de Diosdado ‘segundón’ Cabello no ha sido otro que hablar tonterías y tratar de distraer a los venezolanos”, reaccionó este martes el vicepresidente del Parlamento, Alfonso Marquina.

*Con información de El Nacional y AFP

La vulneración durante el año pasado de las libertades básicas consagradas en la Constitución hizo que Venezuela registrara los «peores» indicadores en materia de derechos humanos desde 1989, aseguró hoy la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Provea, que presentó ante los medios su informe anual, señaló que hay un retroceso en derechos humanos desde 1989, año en que el estallido social de El Caracazo dejó al menos 250 muertos según cifras oficiales y centró la mira en los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.

«En Venezuela formalmente no hay un conflicto armado ni una guerra, pero hay tantas víctimas como si lo hubiera», señaló el documento de la ONG.

El informe indica que los derechos económicos -que incluyen adecuada alimentación y sanidad- y civiles y políticos de los venezolanos se vieron vulnerados durante 2017 en el país suramericano, al tiempo que instó al Gobierno de Nicolás Maduro a «garantizar» los derechos constitucionales.

El documento hizo énfasis en la «criminalización» de las protestas que sacudieron el país entre abril y julio del año pasado, en las que murieron más de 120 personas de acuerdo con cifras oficiales.

Provea señaló en el informe que 46 de las muertes durante las protestas pueden «ser atribuidas a las fuerzas de seguridad y 27 a los colectivos», en referencia a las redes de apoyo al chavismo gobernante, que la oposición describe como grupos de choque.

«Durante este ciclo de protesta más de 5.000 personas fueron arrestadas arbitrariamente, incluyendo numerosas detenciones colectivas. Igualmente, durante este período de protestas, fueron recibidas más de 101 denuncias de tortura», añade el informe, titulado «De la rebelión popular al fraude electoral».

El informe destaca además la vulneración de los derechos políticos de los venezolanos al profundizarse en 2017 «el sectarismo» y la «cooptación de los modelos de gestión comunitaria», lo que, asegura, «ha agravado la crisis institucional» en el país.

El trabajo deja constancia de la cada vez más deteriorada situación de Venezuela al recoger que 16,2 % de los niños del país padeció durante el 2017 algún tipo de desnutrición, en el marco de la grave crisis económica que azota a la nación caribeña.

El dato supone el incremento del 100 % con respecto a la cifra que había presentado la propia Provea en 2016, cuando informó del 8 % de casos.

Además, de acuerdo con el informe, el 56 % de los niños en Venezuela sufrió el año pasado de «déficit nutricional», que se traduce en el insuficiente consumo de alimentos para su normal desarrollo.

La nutricionista y experta en seguridad alimentaria Susana Raffalli dijo en la presentación del informe que estos datos, que obtuvo por su trabajo en Caritas Venezuela, suponen «delitos alimentarios» que cursaron durante el 2017 y que dejan constancia de la «situación nutricional de emergencia» que atraviesa el país.

Indicó que «incluso los (niños) que se recuperan» de un cuadro de desnutrición «ya tienen un retardo de crecimiento» que afectará su talla y peso durante todas las etapas de su vida.

«Las cifras son el resultado. Detrás de eso hay toda una vulneración», añadió al asegurar que el Gobierno venezolano usa el hambre y los alimentos como un «instrumento de dominación» política.

El informe también reveló que 9 de cada 10 venezolanos no puede costear sus propios a alimentos y que 8 de cada 10 redujo su ingesta.

Asimismo, Provea denunció «el desplome de las capacidades sanitarias a nivel nacional», tras una «larga y sistemática destrucción» del sistema de salud.

Este fenómeno, sumado a los «altos niveles de pobreza, hambre, desnutrición y colapso de los servicios básicos» aumentaron «de forma exponencial los problemas de salud, causando daños irreparables a la integridad física y mental de las personas y la pérdida de vidas humanas», sumó el informe.

Provea también recogió datos de diversas investigaciones independientes, como la encuesta Encovi, de las principales universidades del país, o los trabajos de campo de Caritas Venezuela ante la «ausencia total de información pública».

«(Presentan) declaraciones que no tienen nada que ver con la realidad, con cifras irreales de diferentes (supuestos) logros de las políticas públicas», añadió.

Venezuela sufre una crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas así como en hiperinflación.

El Gobierno venezolano achaca la crisis a una supuesta guerra económica por parte de Estados Unidos y niega que el país esté atravesando una crisis humanitaria, como denuncia la oposición y diversas ONG.