Paola Martínez, autor en Runrun

Paola Martinez

Ataque de colectivos a marcha en San Cristóbal dejó dos muertos y más de 15 heridos

Crédito: @eli.maestro

EN LA CAPITAL DEL ESTADO TÁCHIRA, los ciudadanos se reunieron la mañana de este miércoles en cuatro puntos para marchar hasta la 7ma avenida, en el centro de la ciudad: los 1,36 kilómetros que componen una de las vías principales de la ciudad estaban repletos de punta a punta.

Aunque la manifestación fue pacífica durante toda la mañana y el recorrido hasta el punto central, de acuerdo a varios manifestantes consultados por Runrun.es, camiones con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estuvieron patrullando las calles todo el tiempo.

Sin embargo, la presencia de cuerpos de seguridad cesó cuando, cerca de la 1:30 pm., cuando los manifestantes esperaban para ver por la pantalla en la tarima al presidente de la Asamblea Nacional hablar ante miles de personas en la concentración de Caracas. En ese momento, un grupo de cerca de 20 miembros de colectivos en moto se aproximó al extremo de la concentración y empezó a disparar armas de fuego, según relató una manifestante.

“Yo estaba ahí cuando los colectivos llegaron. Empezaron a disparar al aire y todos empezamos a correr. Me salí de la Séptima avenida hacia el viaducto viejo. Luego, ellos cruzaron hacia el viaducto, se devolvieron, y empezaron a disparar a lo loco”, dijo a Runrun.es.

Videos difundidos por redes sociales muestran cómo un joven herido e inconsciente era arrastrado por los manifestantes y cómo lo subían a una moto para ser trasladado al Hospital Central de San Cristóbal.

Junto a él, otras cuatro personas arribaron al hospital antes de las tres de la tarde, todos con heridas de arma de fuego. Un sexto herido, un médico traumatólogo que se encontraba manifestando, fue llevado a la Clínica El Samán también por herida de bala.

Dos de los heridos ingresaron en condición crítica y fallecieron a los pocos minutos de su llegada al centro asistencial. La gobernadora de la entidad, Laidy Goméz, informó que uno de los asesinados fue Edwar José Marrero, de 21 años de edad. El joven presentaba heridas de bala a nivel de tórax y de la región axilar.

El segundo asesinado fue Luigi Ángel Guerrero Ovalles, un joven de 24 años que estudiaba 4to año de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes, informó la periodista Omaira Labrador.

Después del ataque, en las pequeñas calles que conforman el centro de San Cristóbal los colectivos continuaron persiguiendo, enfrentando y disparando a manifestantes, de acuerdo a reporte de medios locales y redes sociales.

#Hambrómetro: Canasta alimentaria triplicó su precio desde la reconversión monetaria

EL PRECIO DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA subió su costo 95,9 % entre septiembre y octubre, es decir, casi dos veces más en apenas 30 días y casi cuatro veces más que el precio de agosto.

El incremento de la canasta alimentaria se grafica de manera exponencial desde agosto, cuando fue puesta en marcha la reconversión monetaria y se anunció un paquete de medidas para resolver la crisis entre las que estaba un aumento que llevó al salario mínimo de 30 a 1.800 bolívares soberanos.

A pesar de que en septiembre los trabajadores devengaron el nuevo salario, este solo alcanzó para adquirir 38 % de la canasta alimentaria, que ese mes se ubicó en Bs. S. 4.651. Para octubre, con un precio de Bs. S. 9.115, el salario mínimo solo permitió comprar 18 % de la canasta, de acuerdo a las cifras del Hambrómetro provistas por una firma de análisis privado.

De agosto a octubre, la canasta alimentaria registró un incremento de 185%, mientras que entre octubre de 2017 -cuando costaba Bs.F.9,3- y octubre de 2018 aumentó 97.910,87%.

Sin embargo, el aumento podría haber sido mayor de no ser por el control de precios que impone el gobierno a 25 de los 50 productos que conforman la canasta, aseguró la economista junior de Econométrica, Albani Granados.

“Durante septiembre se observó un endurecimiento de los controles de precios en esos rubros, lo que ha hecho que se queden rezagados con respecto a los precios internacionales”, señaló la investigadora y acotó que los controles pueden contener los precios y la inflación por un corto tiempo, pero “no durarán en el mediano plazo porque los controles de precio fracasan”.

Luego de que fallen las regulaciones, se puede esperar que la inflación de los rubros se agudice, dijo la economista.

Las cifras de Econométrica, presentadas en el Hambrómetro, señalan que aunque en agosto el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 94,5%, en septiembre, bajo un nuevo salario, hubo una subida que alcanzó 255,8%, la más alta inflación mensual del año. Sin embargo, en octubre la cifra decreció a 101,7%.

La alta inflación de septiembre tuvo su raíz en el aumento de tarifas en el área de telecomunicaciones y educación, los grupos que reunieron la mayor inflación del mes que se lee como una inflación inorgánica, a diferencia de octubre, que aunque menor, representa un aumento considerable de la inflación.

La escasez de los productos de la canasta alimentaria también se agudizó especialmente en septiembre. Esta se mantiene por encima de 70% desde junio de este año, pero en el noveno mes llegó a estar en 79,8%, la más alta hasta el momento. En octubre bajó a 77,9%.

El pico observado en septiembre obedece a la implementación del control de precios del gobierno mencionado anteriormente. La firma económica privada citada por el Hambrómetro registró niveles de escasez entre 80 y 100 por ciento de los principales productos regulados de la canasta normativa, especialmente en las carnes, arroz, harina de maíz precocida, algunos granos, atún y sardinas enlatadas y frescas.

“No es negocio producir a esos precios, lo que hace que haya menos productos regulados ofertados”, dijo la economista.

El precio de la canasta básica alimentaria subió su costo 95,9 % entre septiembre y octubre, es decir, casi dos veces más en apenas 30 días y casi cuatro veces más que el precio de agosto.

El incremento de la canasta alimentaria se grafica de manera exponencial desde agosto, cuando fue puesta en marcha la reconversión monetaria y se anunció un paquete de medidas para resolver la crisis entre las que estaba un aumento que llevó al salario mínimo de 30 a 1.800 bolívares soberanos.

A pesar de que en septiembre los trabajadores devengaron el nuevo salario, este solo alcanzó para adquirir 38 % de la canasta alimentaria, que ese mes se ubicó en Bs. S. 4.651. Para octubre, con un precio de Bs. S. 9.115, el salario mínimo solo permitió comprar 18 % de la canasta, de acuerdo a las cifras del Hambrómetro provistas por una firma de análisis privado.

De agosto a octubre, la canasta alimentaria registró un incremento de 185%, mientras que entre octubre de 2017 -cuando costaba Bs.F.9,3- y octubre de 2018 aumentó 97.910,87%.

Sin embargo, el aumento podría haber sido mayor de no ser por el control de precios que impone el gobierno a 25 de los 50 productos que conforman la canasta, aseguró la economista junior de Econométrica, Albani Granados.

“Durante septiembre se observó un endurecimiento de los controles de precios en esos rubros, lo que ha hecho que se queden rezagados con respecto a los precios internacionales”, señaló la investigadora y acotó que los controles pueden contener los precios y la inflación por un corto tiempo, pero “no durarán en el mediano plazo porque los controles de precio fracasan”.

Luego de que fallen las regulaciones, se puede esperar que la inflación de los rubros se agudice, dijo la economista.

Las cifras de Econométrica, presentadas en el Hambrómetro, señalan que aunque en agosto el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 94,5%, en septiembre, bajo un nuevo salario, hubo una subida que alcanzó 255,8%, la más alta inflación mensual del año. Sin embargo, en octubre la cifra decreció a 101,7%.

La alta inflación de septiembre tuvo su raíz en el aumento de tarifas en el área de telecomunicaciones y educación, los grupos que reunieron la mayor inflación del mes que se lee como una inflación inorgánica, a diferencia de octubre, que aunque menor, representa un aumento considerable de la inflación.

La escasez de los productos de la canasta alimentaria también se agudizó especialmente en septiembre. Esta se mantiene por encima de 70% desde junio de este año, pero en el noveno mes llegó a estar en 79,8%, la más alta hasta el momento. En octubre bajó a 77,9%.

El pico observado en septiembre obedece a la implementación del control de precios del gobierno mencionado anteriormente. La firma económica privada citada por el Hambrómetro registró niveles de escasez entre 80 y 100 por ciento de los principales productos regulados de la canasta normativa, especialmente en las carnes, arroz, harina de maíz precocida, algunos granos, atún y sardinas enlatadas y frescas. 

Incendio forestal en norte de California aumenta y contabiliza 29 muertos

UN INCENDIO FORESTAL en el norte de California que arrasó con una localidad y provocó la muerte de por lo menos 29 personas aumentó su tamaño durante la noche y se prevé que para el lunes por la tarde haya fuertes ráfagas de viento que podrían avivar las llamas, informaron autoridades.

El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del estado indicó que el fuego que comenzó el jueves cerca de la localidad de Paradise creció de 8 kilómetros cuadrados (3 millas cuadradas) a 303 kilómetros cuadrados (177 millas cuadradas). Continúa contenido en un 25%.

El especialista en incendios del departamento, Jonathan Pangburn, dijo que el fuego estuvo activo durante toda la noche y saltó 90 metros (300 pies) a través de una porción del lago Oroville en por lo menos tres ocasiones.

Más de 4.500 bomberos están en el cuarto día de su combate contra las llamas, informaron las autoridades.

Tras haber pausado un poco, los vientos en una zona cerca de Paradise recuperarán fuerza con una velocidad de hasta 64 kilómetros por hora (40 millas por hora) para el lunes por la tarde, vaticinaron expertos.

Proiuris: Exhumación de Albán podría revelar si fue sometido a torturas

LAS DUDAS SOBRE LA POSIBILIDAD de que el concejal Fernando Albán haya sido sometido a torturas antes de su muerte podrían disiparse a través de una exhumación realizada con rigor técnico por expertos independientes.

Según la versión del gobierno, adelantada por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, la tarde del 8 de octubre, Albán solicitó permiso para ir al baño y, una vez allí, se lanzó al vacío, desde el piso 10 del edificio sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicado en Plaza Venezuela.

Los familiares del edil descartan la tesis oficial, pues aseguraron que Albán no demostraba señales de un estado emocional que lo condujera al suicidio. Joel García, representante legal del fallecido, llamó la atención sobre el apresuramiento con que se realizó la autopsia.

El acta de defunción del concejal Albán indica que murió por traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismos toraco-abdomino-pélvico cerrado por caída de altura.

La primera preocupación de políticos, familiares y amigos del concejal es que él, durante su estancia en el Sebin, pudo haber sido torturado y, posteriormente, asesinado.

“La solicitud de que se exhume el cuerpo será hecha ante los tribunales, para que se pueda determinar la causa y circunstancia de la muerte”, sostuvo el abogado Joel García, quien explicó que también solicitaran que expertos forenses independiente realicen los exámenes post morten para confirmar o desmentir la tesis del suicidio.

Ramón Alfredo Aguilar, otro de los abogados de Albán, quien tuvo la oportunidad de hablar con el edil un día antes de su muerte, enfatizó: “él hombre que yo vi ese domingo no se iba a matar”.

Diputados y miembros de la oposición venezolana también elevaron una denuncia ante las extrañas circunstancias de la muerte de Albán. Desde la Asamblea Nacional se exigió una investigación independiente de la muerte por parte del Ministerio Público. Además, solicitaron que se volviera a hacer una autopsia siguiendo el protocolo oficial.

Revisar el protocolo y volver hacer la autopsia

La exhumación del cuerpo para realizar autopsia médico –legal y exámenes criminalísticos podrían despegar dudas sobre la muerte o, si fuere el caso, determinar signos de tortura o violencia extrema al momento del fallecimiento.

Las normas internacionales sobre la materia están establecidas en los Protocolos de Minnesota y de Estambul, ambos manuales para la investigación en casos de muertes por ejecuciones extrajudiciales y documentación de tortura.

Uno de las primeras irregularidades sobre la autopsia de Albán fue que un médico comunitario, identificado como Arnoldo Pérez, fue quien firmó el acta de defunción, en vez de un médico patólogo, con la capacitación necesaria para realizar el examen forense. Esto viola uno de los primeros estándares establecidos en el protocolo de Minnesota, que señala que las evaluaciones forenses deben hacerlas médicos patólogos.

“La autopsia de un cadáver exhumado si puede determinar si una persona fue víctima de tortura, antes o durante su muerte, debido a que las evidencias de violencia aún están presentes en el cuerpo humano”, así lo explicó Christina Zoghbi de Valera, ex jefa de toxicología del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

El fiscal Saab enfatizó que Albán estaba vivo cuando supuestamente se suicidó. Y ha advertido que “quien diga lo contrario presentará consecuencias”.

En el acta de defunción presentada por los abogados del concejal no se determina si el edil pudo haber sido torturado. Sin embargo, sus familiares mantienen la duda, por las circunstancias de la muerte.

Zoghbi insistió en que mediante la autopsia médico-legal se puede encontrar indicios de ahogamiento, golpes, drogas o envenenamiento, y signos de tortura. “La autopsia la debe realizar un médico patólogo forense especializado”, agregó la toxicóloga.

Según el Protocolo de Minnesota, el médico forense designado para la evaluación de los restos debe tener las capacidades para detectar signos de tortura en los cuerpos humanos durante la evaluación. “Los médicos forenses están en una posición destacada para detectar casos de tortura, especialmente cuando llevan a cabo la autopsia de una persona que ha fallecido mientras estaba bajo la custodia del Estado”, se lee en el documento.

Fabio Henríquez, experto forense, explicó que “en el sitio de la exhumación suelen recogerse ciertas muestras, razón por la cual el médico forense debe hacer la primera evaluación. Allí se puede realizar los exámenes correspondientes”, sostuvo.

Según el protocolo internacional, el equipo que realiza la recuperación de los restos humanos deber estar bajo la supervisión del médico patólogo o de un antropólogo forense.

“La recuperación y la manipulación de los restos humanos —que son la prueba más importante en la escena de un delito— requieren especial atención y cuidado, incluido el respeto de la dignidad de la persona fallecida y el cumplimiento de las mejores prácticas forenses”, se lee en el protocolo.

Henríquez enfatizó en que la solicitud de exhumación debe ser exacta y justificada, según lo denunciado por los familiares que dudan de lo planteado en el acta de defunción entregada en la medicatura forense.

“Entre los exámenes que se deben realizar, en el caso de que todavía haya tejido blando, es uno toxicológico para descartar posibles envenenamiento o suministro de drogas”, señaló.

Una de las cuestiones que causó más revuelo fue la rápida actuación al hacer la autopsia forense y entregar el cadáver del concejal fallecido – en ese momento- hacía menos de cinco horas. El protocolo de Minnesota sostiene que: “El cadáver debe estar a disposición del médico forense durante un período mínimo razonable (por ejemplo, 12 horas) que baste para asegurar un examen adecuado y sin apremio”.

En el informe de la autopsia se debe determinar si el fallecido fue agredido, incluso si fue torturado o maltratado, y si las lesiones le causaron la muerte o contribuyeron a ella. El documento debe incluir no solo una lista de los resultados, y de las lesiones, sino también una interpretación de ellos. Todo esto elementos no están a la mano de los familiares.

“Si el médico forense cree que ciertas lesiones han sido infligidas por un mecanismo particular, como puede suceder durante la tortura, por ejemplo, será su obligación presentar esa opinión por escrito en el informe de la autopsia”, establece el protocolo de Minnesota.

Si durante la segunda evaluación forense del cadáver de Albán hay un grupo de lesiones que permiten inferir malos tratos, esto se debe constar en el informe. “Si el médico forense no establece la conexión entre las lesiones observadas y el mecanismo para causarlas, se perderá el valor principal que tiene proceder efectivamente a la autopsia, que es el de contribuir a descubrir la verdad sobre la muerte”, se lee en el protocolo.

En manos del juez

En Venezuela, las exhumaciones deben ser formalmente autorizadas por un juez, previa solicitud de un fiscal y notificación a los familiares o representantes legales del fallecido. Sin embargo, la postura adelantada por parte del fiscal general designado por la ANC emerge como un obstáculo.

“Las leyes venezolanas sobre la exhumación de los cadáveres son muy restrictivas, puesto que la solicitud la debe hacer el fiscal. Los representantes legales de la víctima pueden pedirle al funcionario encargado de la investigación que la haga, pero queda de parte del investigador”, explicó Andrea Santa Cruz, abogada defensora de los derechos humanos de la Universidad Metropolitana.

Santa Cruz explicó que la representación legal de la víctima, con previa autorización de los familiares, pudiera solicitar directamente al juez de control, a través de un escrito, que se le pida al fiscal que haga la diligencia. “Si el  petitorio hecho por los representantes de las víctimas es rechazado por el juez, se pudiera ir a la Corte de Apelaciones para que deroguen el auto”, agregó.

En el artículo 203 del Código Procesal Penal se estipula que: “Si el cadáver ha sido sepultado antes del examen o autopsia correspondiente, el Juez o Jueza, a petición del Ministerio Público, podrá ordenar la exhumación cuando las circunstancias permitan presumir la utilidad de la diligencia. En lo posible, se deberá informar con anterioridad a la exhumación, a algún familiar del difunto o difunta. Practicado el examen o autopsia, se procederá a la inmediata sepultura del cadáver”

Para Santa Cruz las posibilidades de que el Tribunal autorice una exhumación del cadáver son pocas, debido a la cooptación oficialista de los poderes públicos y la afinidad de los peritos con el oficialismo.

“En el caso del que el juez no responda a la solicitud hecha por los abogados de la víctimas, los representantes puede acudir a la Corte de Apelaciones”, sostuvo Santa Cruz.

Al momento de la exhumación, de ser aprobada, deben estar presentes el representante legal de la víctima, los peritos, expertos forenses, el encargado del cementerio, un familiar directo del fallecido, el médico patólogo, el antropólogo forense, el fotógrafo forense y el fiscal a cargo de la investigación.

Según los protocolos internaciones y nacionales, se debe dejar constancia por escrito sobre los hallazgos, la fecha en que se hicieron y las autoridades presentes. La evaluación se puede hacer en el sitio de la exhumación, dependiendo de la solicitud de los familiares que dudan de la causa de la muerto, o que el cadáver sea trasladado a la medicatura forense para hacer la evaluación.

El cuerpo humano no miente, así lo aseguran patólogos y criminólogos especialista en las ciencias forenses consultados. Para los representantes legales de la víctima, familiares y allegados, los elementos de posibles maltratos contra el concejal Albán los puede revelar su cuerpo.

Hepatitis desborda las búsquedas de Google en Caracas
Caracas encabeza las estadísticas de Google Trends en la búsqueda de “hepatitis” en lo que se sospecha es un brote en todo el área metropolitana
La herramienta ha servido anteriormente a médicos como un indicador de aumento de casos de otras enfermedades

 

@mpaolams

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN GHANA, NIGERIA, UGANDA Y VENEZUELA? Son los países donde más se ha buscado la palabra “hepatitis” en Google en los últimos tres meses. Pero mientras las búsquedas de los primeros países se han mantenido en los últimos doce meses, e incluso decrecido, las de Venezuela van en aumento.

Entre abril y junio de este año las consultas médicas de Caracas empezaron a recibir más pacientes con síntomas de Hepatitis A, una infección del hígado sumamente contagiosa causada por ingerir alimentos o agua contaminados con materia fecal.

Desde entonces, la cantidad de pacientes con hepatitis A no se ha detenido. De hecho, ha aumentado. El gastroenterólogo Jorge Landaeta afirmó que tan solo en la primera semana de septiembre recibió 30 pacientes con el virus. La anterior había recibido 20.

Junto a los casos, las búsquedas de “Hepatitis” y “Hepatitis A” en Google también aumentaron en el país los últimos meses. Específicamente, entre junio y octubre, Venezuela se posicionó como el cuarto país en interés por el término “hepatitis”,aumento de 50 de interes, superado por los países africanos Ghana, Nigeria y Uganda.

El análisis por ciudades de Google Trends indica que Caracas fue la que presentó mayor interés en la búsqueda de la enfermedad, con un tope de 100 entre junio y septiembre, seguido por Lagos, una ciudad portuaria de Nigeria que puntea 80. Guárico y Maracaibo también aparecen entre las primeras 10 ciudades en aumento de interés por el término al incluir las ciudades que registran menos búsquedas.

El incremento en el interés de los venezolanos por buscar información sobre el virus comenzó a inicios de 2018 tras haberse mantenido a niveles normales durante los últimos cinco años.

Tomar el nivel de búsquedas de una enfermedad como un indicador del comportamiento de una epidemia ya había sido hecho por médicos venezolanos con el término “dengue” entre 2004 y 2014, quienes determinaron que las búsquedas se correlacionaron con el volumen de casos reportados, según el estudio publicado en el International Journal of Medical Informatics.

En este caso, el modus operandi podría estarse repitiendo. “Los que atendemos pacientes con enfermedades infecciosas en el área metropolitana de Caracas hemos visto más pacientes con hepatitis A de lo que habíamos visto históricamente”, comentó el médico internista infectólogo Julio Castro. “Eso da un indicio de que algo está pasando”.

Sin embargo, conocer la cifra oficial de casos de hepatitis y declarar una epidemia, aunque en definitiva existe un brote, resulta difícil. En primer lugar porque al ser un virus común, no se cataloga como una enfermedad de anuncio obligatorio para el Ministerio de Salud, y en segundo porque el boletín epidemiológico no se publica de manera contínua desde finales de 2016.

Existe otro indicio de que la cantidad de casos es mayor a la normal para un país como Venezuela. Durante el primer semestre del año fallecieron dos personas en Caracas por hepatitis fulminante. El primer paciente fue registrado en mayo en la Policlínica Metropolitana de Caracas, y de acuerdo a Castro, no sufría de otras enfermedades. Semanas después, en junio, ocurrió la muerte del médico y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de la escuela Vargas, Dimas Hernández, quien tenía semanas con la enfermedad.

Estas dos muertes por hepatitis resultan “una cosa extremadamente rara” para Castro, ya que es un virus con una tasa de mortalidad muy baja, de uno por cada 150.000 afectados, por lo que considera que, según las probabilidades, en el área metropolitana podrían haber más de 300.000 personas con la enfermedad.

La multiplicación de los casos ha llevado a que el virus no solo sea algo común en las consultas, sino dentro de las mismas comunidades. Incluso el excandidato presidencial y pastor evangélico, Javier Bertucci, sufrió el virus.

 

La fuente de la hepatitis

“El riesgo de infección por el virus de la hepatitis A se asocia a la falta de agua salubre y a las malas condiciones higiénicas (manos sucias, por ejemplo) y de saneamiento”, es uno de los primeros indicadores que arroja la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el virus hepático.

En Venezuela, las fallas en el servicio de agua son el cuarto motivo de protestas a nivel nacional, con al menos 260 manifestaciones por agua registradas hasta agosto por el Termómetro de Calle que realiza Runrun.es junto a Tal Cual y El Pitazo.

Justamente los estados con los más altos números de protestas por agua durante el primer semestre fueron Miranda con 72, seguido del Distrito Capital con 37, y Lara con 30.

Tales fallas provocan que el suministro promedio de agua corriente para el 30% de la población del país haya sido de dos días según Prodavinci, razón por la cual los habitantes deben buscar vías alternas para acceder al servicio, lo que no asegura la salubridad del agua.

Como en la zona sur del municipio Bolívar del estado Táchira, fronterizo con Colombia, donde según el concejal Carlos Chacón ha denunciado que más de 50 personas padecieron de hepatitis A en julio por la falta de agua potable.

“Al no existir agua potable es fácil para cualquier virus expandirse, esa cifra de 50 personas puede hasta duplicarse. No tenemos una cifra exacta ya que no existe ni información oficial y varias de estas personas han sido atendidas en centros de salud privados”, declaró Chacón a El Nacional.

El sector no recibe el servicio de agua con normalidad desde el 22 de diciembre de 2017, cuando empezó a llegarles solo tres días a la semana, según el concejal.

Los cadáveres de presos políticos que ha acumulado el Sebin

FERNANDO ALBÁN ES EL TERCER PRESO POLÍTICO en morir bajo la custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero los relatos del gobierno sobre el supuesto suicidio son inconsistentes entre ellos.

La tarde del lunes 8 fue confirmada por el gobierno la muerte del concejal del municipio Libertador de Caracas, Fernando Albán, un militante del partido Primero Justicia (PJ), quien llevaba tres días detenido en la sede de Plaza Venezuela del Sebin.

Tanto el fiscal general Tarek William Saab como el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, calificaron la muerte como un suicidio, sin haber realizado una autopsia ni evaluado las pruebas. Sin embargo, ambos funcionarios difieren en el relato de los hechos: el fiscal asegura que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, mientras que Reverol dijo que sucedió desde la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales.

Mucho antes de la muerte de Albán, otro preso político falleció en el Sebin. Fue Rodolfo Pedro González Martínez, también conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil detenido en abril de 2014 por participar en las protestas antigobierno, calificado como un “articulador logístico” y acusado de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.

A poco de cumplir un año detenido, el 13 de marzo de 2015, el hombre de 63 años fue encontrado muerto en su celda de El Helicoide. El preso político fue informado un día antes que sería trasladado a la cárcel de Yare. Según sus familiares y la fundación Venezuela Awareness de la abogada Patricia Andrade, González había sufrido torturas psicológicas a manos de los funcionarios del Sebin.

El caso fue completamente basado en el testimonio anónimo de un “patriota cooperante”, sin haber encontrado prueba alguna de los delitos por los que lo acusaron, y con una serie de irregularidades cometidas en la investigación, detención y juicio, aseguraron sus familiares.

La siguiente muerte ocurrida en una sede del Sebin, específicamente en la de Guadualito, fue la de Carlos Andrés García, un concejal del municipio Páez de Apure, donde fue detenido por presuntamente tener billetes de Bs. 100 el 17 de diciembre de 2016, la semana en que Maduro sacó los billetes de circulación y provocó disturbios en varias partes del país, incluído Guasdualito. Los billetes sirvieron de excusa para acusar a García de instigación pública a delinquir, daño violento, incendio en grado de participación y hurto.

El concejal ya sufría de problemas de tensión cuando fue aprehendido, los cuales se agravaron en los calabozos del servicio de inteligencia en Guasdualito.

Sufrió crisis hipertensivas, aunado a un severo cuadro de depresión, condiciones que decantaron en un ACV en agosto de 2017. Los médicos recomendaron trasladarlo a un centro asistencial, procedimiento que los funcionarios de los cuerpos de seguridad ejecutaron 12 días después, cuando supuestamente este ni siquiera reconocía a sus allegados, y los médicos no pudieron hacer nada al respecto. 

Diputados opositores denunciaron al gobierno de Maduro por no acatar la orden a tiempo y consideraron que el concejal fue asesinado por el régimen, acotación que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la oposición no repetir por ser “opiniones irresponsables con informaciones falsas”.

 

Versiones encontradas

El especialista en Derechos Humanos y coordinador de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, consideró que “si el fiscal y el ministro del Interior dan declaraciones encontradas es porque uno de los dos está mintiendo”, por lo que es necesario realizar una investigación a fondo.

Nieto Palma aseguró que en cualquier caso, la responsabilidad absoluta de la muerte del concejal es del Estado, ya que así lo dice la Constitución en el art. 272, que garantiza un un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Lo mismo indican las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como las reglas Mandela.

El experto detalló que al Ministerio Público le corresponde investigar quienes eran los funcionarios a cargo, por qué no estaba custodiado y cómo se les escapó del Sebin, entre otras cosas. “Eso casi ni ventanas tiene. Además estaba recién detenido, incomunicado”, dijo Nieto a Runrun.es.

Además, la Defensoría del Pueblo debe actuar de oficio, pedir la investigación del caso y hacerle seguimiento para constatar su cumplimiento.

Resolución de la ONU sobre Venezuela reconoce oficialmente que existe una crisis humanitaria

LA RESOLUCIÓN SOBRE VENEZUELA que aprobó hoy el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es considerada por expertos como el primer paso histórico en la defensa del país: reconoce que Venezuela necesita asistencia humanitaria.

El jueves 27 de septiembre en Ginebra, 23 países miembros del Consejo de DDHH votaron a favor de que la ONU exhorte al gobierno de Venezuela a aceptar asistencia humanitaria y coopere con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos del Consejo. Además, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, deberá preparar un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.

Para el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, este es un logro enorme. “Es la primera vez que el Consejo de DDHH habla sobre Venezuela y declaró la crisis humanitaria. Ya no solo las ONG lo decimos, ahora es un órgano de la ONU que lo anuncia  y contraría al gobierno”.

El cambio es evidente. Daniels recordó que no hace mucho, otros órganos de la ONU premiaban a Venezuela por sus políticas, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2013 cuando dio a Maduro un premio por supuestamente lograr reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre.

El director de Human Rights Watch, John Fisher, también consideró como “histórica” la resolución de la ONU, ya que marca un punto de inflexión para el pueblo venezolano y pone el foco en la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país.

Mediante un comunicado, el director de HRW en Ginebra expresó que “la adopción, con amplio apoyo, de esta resolución permitirá que el Consejo de Derechos Humanos preste atención a la trágica situación en Venezuela y presione al gobierno de Maduro para que aborde la crisis humanitaria y los abusos de los que es responsable”.

Esto se consolida como el primer esfuerzo de un organismo internacional hacia la situación venezolana, un logro que no fue posible en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde las votaciones sobre temas venezolanos nunca fueron aceptadas, indicó Daniels.

El abogado fue el portavoz de 80 organizaciones no gubernamentales venezolanas que aportaron información y realizaron informes para las Naciones Unidas sobre la escasez de medicinas y alimentos, la violación de derechos humanos, entre otros hechos.

Es gracias a estas ONG que han dado información e insumos a los órganos de la ONU y a países de la región que fue aprobada la resolución sobre Venezuela, y esa misma información es usada frente a la Corte Penal Internacional, destacó el miembro de Acceso a la Justicia.

Francisco Valencia, director de Codevida, una de las ONG participantes, consideró que la resolución “es un mensaje muy claro, contundente y a nivel diplomático es un llamado de atención muy fuerte” para que el gobierno venezolano entienda el problema que causa la emergencia humanitaria y la violación de DDHH. Aclaró, sin embargo, que esto “no quiere decir que vaya a llegar las medicinas mañana al país”.

Valencia resaltó que por la falta de cooperación del régimen de Maduro, los países y los órganos internacionales han debido acudir a la sociedad civil para documentar la crisis. “Es un paso importante, es histórico porque no se había reconocido la crisis humanitaria, pero falta mucho por hacer. La ONG y la sociedad civil siguen documentando lo que pasa en Venezuela”, declaró.

Lucha con un obstáculo

Detrás de bambalinas, había un grupo de funcionarios  intentando en vano que la votación no ocurriera. Jorge Arreaza, el canciller venezolano, viajó la semana pasada a Ginebra a reunirse con Michelle Bachelet buscando evitar que se aprobara la resolución. A inicios de septiembre, también acudió a la toma de mando de la ex presidenta de Chile en Ginebra.

“Le exigimos al señor alto comisionado para los Derechos Humanos que cese la agresión contra Venezuela a través de informes que están plagados de mentiras, datos incomprobables, argumentos tergiversados y ofensa a nuestro país“, afirmó el canciller en la alocución ante el Consejo el 11 de septiembre.

Valencia conoció que funcionarios diplomáticos recogieron firmas en la ONU para evitar que el voto por la resolución sucediera, pero no lo lograron.

Tras la votación del jueves, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró “el comienzo de una escalada intervencionista” para conseguir la caída del gobierno y “establecer un mecanismo de tutela” foráneo sobre Venezuela.

Las expectativas hacia Bachelet

A Bachelet, como alta comisionada de la ONU, el mandato resultante le obliga a estar atenta a lo que sucede en Venezuela por al menos las dos próximas sesiones del Consejo, la 40 y la 42, pautadas para marzo de 2019 y marzo de 2020.

Para ello, las ONG esperan que Bachelet realice una visita al país para constatar la realidad de los venezolanos, una visita para la cual ella misma pidió cooperación al gobierno de Maduro.

Valencia consideró que Bachelet, quien también es médico, comprende lo que está pasando en el país y sabe que hay que trabajar cuanto antes para resolver la crisis.

“Seguiremos insistiendo con el comité de DDHH mandando informes sobre la situación, y seguiremos insistiendo en esta visita”, dijo el activista.