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Samark Lopez

Víctimas de las FARC buscan confiscar fortuna de Samark López, socio de El Aissami

UNA CUENTA BANCARIA CONGELADA DE 270 millones de dólares, yates, aviones y casas de lujo. Esos son algunos de los activos en EE. UU. que varias víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) esperan confiscar a un empresario venezolano que fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2017 por presuntamente lavar dinero de drogas para el ejército rebelde ilegal.

El empresario, Samark López, quien también fue agregado a fines del mes pasado a la lista de los traficantes de drogas ‘más buscados’ por el gobierno de los Estados Unidos, negó firmemente sus vínculos con el tráfico de drogas y ha reunido un impresionante equipo de defensa para limpiar su nombre.

Entre ellos: Dick Gregorie, un reconocido ex fiscal federal de Miami con un largo historial de poner a los narcotraficantes tras las rejas.

Gregorie se retiró el año pasado y le dijo a la corte en marzo que no había evidencia de vínculos entre López y las FARC.

“No hay evidencia, fuente o documento que demuestre que Samark José López Bello haya estado involucrado en transacciones de narcóticos o haya realizado alguna transacción con un miembro de las FARC”, dijo Gregorie, quien ahora es director gerente de la oficina de Miami de la consultora global, Berkeley Research Group (BRG).

Hasta el momento, no se han presentado pruebas en el caso que vincule directamente a López con las FARC, aunque los demandantes contrataron a un ex agente experimentado de la DEA que afirmó que López está indirectamente vinculado a la guerrilla.

Los registros judiciales confirman que López no enfrenta cargos de tráfico de drogas o lavado de dinero en los Estados Unidos. La única acusación formal contra él es una denuncia penal de un tribunal federal de Nueva York, donde se le acusa de violar las sanciones que le prohibieron hacer negocios con empresas estadounidenses.

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A El Aissami aún no le llega la alerta roja
Expertos en derecho penal internacional dudan que Interpol emita una orden de captura contra el vicepresidente del área económica 
Alegan que la policía internacional se mantiene al margen de conflictos que puedan considerarse como políticos
Coinciden en que la movilidad del funcionario es casi nula porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee conexiones en casi todo el mundo 

 

@franzambranor

COMO SI SE TRATASE DE LOS PISTOLEROS del Lejano Oeste Jesse James o Wyatt Earp, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 31 de julio por supuestos delitos de narcotráfico.

Por primera vez en la historia, un funcionario venezolano en ejercicio es solicitado por las autoridades norteamericanas por tráfico de drogas. Poner un pie en territorio estadounidense o en un país aliado podría significar la prisión para el actual miembro del gabinete de Nicolás Maduro y exvicepresidente Ejecutivo de Venezuela. 

“Es poco probable que este ciudadano vaya a viajar a un país al que considere que pueda correr peligro su libertad. Es decir, no va a correr el riesgo que lo detengan y lo entreguen a la justicia americana. De hacerlo, escogería a Turquía y Siria como ya lo hizo este año”, dijo el abogado especialista en derecho internacional, Mariano De Alba.

De Alba ve con escepticismo que Interpol genere una alerta roja para capturar a El Aissami. “Es posible que el gobierno de Estados Unidos solicite la inclusión de este funcionario en la lista de Interpol, pero usualmente ese organismo policial no se involucra con situaciones que pudiesen ser interpretadas de carácter político”, dijo De Alba. “Como Interpol es un organismo administrativo de policía, dependería del país que ese funcionario visite la posibilidad de apresarlo o no”.

Actualmente 11 venezolanos tienen alerta roja de Interpol. Ninguno de ellos con aparente afiliación política: tres por tráfico de drogas, tres por abuso sexual a menores de edad, dos por crimen organizado, uno por posesión de pornografía infantil, otro por trata de seres humanos y uno por asesinato.

Una fuente vinculada al Derecho Penal Internacional que prefirió no dar su nombre dijo que, efectivamente, Interpol evalúa las alertas cuando se trata de políticos y funcionarios de gobiernos, pero a veces emite órdenes de captura y no las hace públicas. Se las reserva en su intranet.

El especialista indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee más agentes que el Buró Federal de Investigaciones (FBI)​, y además es independiente de otros organismos como la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), que probablemente lleve una investigación aparte del caso de El Aissami. 

Dijo también que la cobertura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se limita exclusivamente al territorio estadounidense, ya que cuando se emite una alerta trabajan en red con la mayoría de los países del mundo, constantemente monitorean el tráfico aéreo, marítimo y terrestre. 

Manifestó que Venezuela ha firmado todos los acuerdos internacionales para combatir la criminalidad y no los ha respetado, incluyendo el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo, la cual entró en vigor en septiembre de 2003.

 

 En el radar desde hace dos años

 

En 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inició una investigación contra El Aissami por medio del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Ese mismo año, la Oficina de Controles de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de sancionados por eventuales violaciones vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas. 

“En sus cargos anteriores, él supervisó o parcialmente fue dueño de cargamentos de drogas de más de 1.000 kilogramos que salieron de Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos que tenían como destino final México y Estados Unidos”, dice la reseña del ICE. 

Con la represa de Guri como telón de fondo, El Aissami grabó un vídeo en el que acusa a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de infame y aseguró que “no podrán con nuestra fuerza moral”. 

“Acúsennos  de lo que les dé la gana, nosotros seguiremos construyendo el sueño de Bolívar leales con Chávez y Maduro”, dijo el también exgobernador de Aragua y hombre muy cercano al entorno de Cilia Flores y Maduro.

El ICE también incluyó en su lista de los más buscados a Samark López Bello, acusado de ser el principal testaferro de El Aissami. 

“López brindó asistencia material y apoyo financiero a las actividades internacionales de narcotráfico de El Aissami y en representación de ella durante más de dos años”, señala la página web de la ICE.

Tanto El Aissami como López Bello podrían enfrentar una condena de hasta 30 años.

A través de un comunicado de prensa, López respondió a las acusaciones en su contra. “Samark López no esta acusado de narcotráfico ni de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El señor López ha sido acusado de supuesta violación técnica de la sanciones impuestas en febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro”. 

Además de tener acusaciones de narcotráfico, a El Aissami se le vincula con redes de terrorismo. Según el fiscal del distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, mientras era ministro de Interior y Justicia proporcionó pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah y Hamas. 

Además de estar en la lista negra de los Estados Unidos, El Aissami también está sancionado por la Unión Europea y el gobierno de Canadá. 

El Aissami -criminólogo y abogado de la Universidad de Los Andes-, ha acumulado cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro: fue diputado (2006-2007), viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana (2007-2008), ministro de Interior, Justicia y Paz (2008-2012), gobernador del estado Aragua (2012-2017) y vicepresidente ejecutivo de la República (2017’2018). Ahora suma uno nuevo al currículo: uno de los hombres más buscados del mundo por el gobierno de Estados Unidos.  

 

Allanaron casa en República Dominicana en búsqueda de Samark López

VECINOS DE UNA EXCLUSIVA ZONA de playa de República Dominicana, dijeron a Univision que fueron testigos de un allanamiento de la Policía a una lujosa casa de recreo ocupada por la familia del empresario venezolano Samark López Bello, acusado de cargos criminales en Estados Unidos.

“Hay gente de distintos cuerpos de la Policía con armas largas y pasamontañas y perros”, dijo una vecina del lugar.

Según la fuente, que pidió no ser identificada, en esa vivienda estaba alojada desde hace varios meses la esposa y dos hijos de López. Al empresario se le conoce en la zona, agregó, porque visitaba a su familia con cierta frecuencia.

El general Ney Aldrin Bautista, director de la Policía Nacional de República Dominicana, dijo a Univision que se trata de “una investigación en curso”, razón por la cual no puede brindar detalles.

La vecina sostuvo que no presenció ningún arresto durante la operación que se extendió hasta horas de la tarde. Otros vecinos comentaron que en el lugar había presencia de personal estadounidense.

La casa está situada frente a Playa Juanillo, uno de los sectores más exclusivos de Cap Cana al extremo occidental de la isla.

Univision intentó comunicarse con el director nacional de la Policía dominicana, general Ney Aldrin Bautista, pero no recibió respuesta.

En marzo la fiscalía del distrito sur de Nueva York formuló cargos criminales a López y al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami por violar la ley de Designación de Jefes Internacionales del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) al utilizar aviones privados suministrados por empresas establecidas en Estados Unidos. Las autoridades federales citaron como ejemplo un vuelo de Rusia a Venezuela el 23 de febrero de 2019.

Según el gobierno de Estados Unidos, López, de 44 años, es socio del ex vicepresidente venezolano.

El Nuevo Herald: Samark López se defiende de las acusaciones de corrupción

samarkLopez

 

Por años, Samark López Bello ha guardado silencio, aun cuando, como él mismo dice, ha visto cómo lo han ido convirtiendo en una grotesca “caricatura” de corrupción, compadrazgo y crimen en su Venezuela natal.

Como uno de los más importantes contratistas del gobierno, que alega haber manejado miles de millones de dólares en importaciones, López ha sido descrito por la prensa como un “enchufado”, uno de las personas con buenas conexiones políticas que se han hecho ricas en medio de una aplastante crisis económica.

López, quien tiene lazos de negocios en Miami, México, Barbados, etc., probó ser de cierta manera un blanco perfecto para la oposición. Su preferencia por mantenerse entre bambalinas significó que él permitió que las alegaciones en su contra se amontonaran sin que en ningún momento hiciera nada por refutarlas.

En febrero, las oscuras insinuaciones en su contra parecieron ganar en credibilidad cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a López como el “principal testaferro” del vicepresidente Tareck El Aissami, un hombre a quien Washington acusa de encabezar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero que le ha producido miles de millones de dólares.

La sanción presentada en contra de los dos hombres impuso un bloqueo sobre más de una docena de propiedades, entre ellas algunas en Miami, por un valor de decenas de millones de dólares. Esta fue además una de las primeras medidas tangibles del presidente Trump con respecto a América Latina.

El nombre de López empezó a salir en los titulares en el 2010, cuando los medios de prensa empezaron a cuestionar sus estrechos vínculos con El Aissami, una estrella en ascenso del partido gobernante PSUV que fue el ministro del Interior durante la presidencia de Chávez.

 

Vea la nota completa en El Nuevo Herald 

CASA habría pagó más de $206 millones en sobreprecio por CLAP mexicanas

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La Comisión Especial de la Asamblea Nacional creada para investigar la corrupción en el programa de los CLAP, ha confirmado que Samark López, conocido testaferro del vice presidente Tareck El-Aissami, está detrás de un complejo y opaco esquema de corrupción basado en Barbados y México, que le ha costado al Estado venezolano más de $200 millones de dólares en pagos de sobreprecio por el ensamblaje y la exportación de las cajas CLAP. Estos son los primeros resultados arrojados por la investigación sobre irregularidades en el programa de alimentación CLAP.

“Este Gobierno es adicto a la corrupción; no perdona ni el hambre de los venezolanos para crear nuevas maneras de robar. Las cajas CLAP son simplemente una nueva manera de robar. Es vergonzoso que en un momento cuando millones de venezolanos sufren por la falta de alimentos y la desnutrición en nuestro país está aumentando, el Gobierno y sus cómplices sigan quitándole los recursos a los venezolanos que podrían haber sido invertidos en la producción nacional, que es el problema de raíz de la escasez”, afirmó Carlos Paparoni.

En una rueda de prensa realizada en la Asamblea Nacional, el diputado Paparoni, miembro de la Comisión de Contraloría, ofreció detalles sobre cómo el esquema de corrupción CLAP gira alrededor de la empresa de maletín Postar Intertrade con sede en Barbados, donde López es principal accionista, cobra un sobreprecio en cada fase de la producción y ensamblaje de las cajas CLAP, en una operación basada en Veracruz, México. La investigación del funcionamiento de este esquema de corrupción liderado por Samark, ha revelado en qué fases del mencionado ensamblaje y proceso de exportación, se encuentran los mecanismos de sobreprecio:

  • La Comisión documentó sobreprecio de hasta un 55% en la compra de productos para las cajas.
  • Los contenedores con cajas CLAP son embarcados a Venezuela llenos solo hasta a la mitad de su capacidad, según la documentación examinada por la Comisión. Esto aumenta innecesariamente el costo del flete que luego le es cobrado al Estado venezolano.
  • El uso de la empresa PYP, relacionada a Samark López vía socios comerciales, le permite asegurar los contenedores con las cajas CLAP embarcados a Venezuela a un valor muy por encima de su costo, lo que a su vez le facilita a Postar la justificación del alto precio que paga CASA por las cajas.

Como resultado, una caja CLAP que, al precio de mercado en México debería costar $12.44, le cuesta a Postar $22.22 y luego es vendida a la CASA por la exagerada cantidad de $42.00. La investigación estima que en el período entre enero y junio del 2017, se enviaron 7 millones de cajas CLAP al país, por las cuales la CASA pagó más de $206 millones en sobreprecio lo que le generó a Postar una exagerada ganancia ilícita de $138 millones. Esto, conforme a los registros de exportación mexicanos.

Adicionalmente, existe también una crítica situación de corrupción en la distribución de las cajas CLAP, una vez que estas llegan al país. Se han reportado desde hace varios meses, denuncias respecto a la existencia de una amplia red de corrupción que desvía las cajas CLAP hacia el mercado negro para continuar con su venta a precios exorbitantes.

“La evidencia de irregularidades que tenemos es más que suficiente para continuar avanzando con una investigación profunda sobre los CLAP. Es imposible que esta operación corrupta funcione sin la cooperación de altos funcionarios con responsabilidad sobre el área alimentaria, los puertos y otros puntos clave para la operación de este esquema. La Comisión Especial estará interpelando a ministros relacionados con los CLAP y a otros personajes atados al esquema dentro y fuera de Venezuela”, continuó el diputado.

El diputado indicó también que, como parte de la investigación, la Comisión estará solicitando ayuda de países involucrados en la corrupción de los CLAP como lo son México, Barbados, Suiza y otros. Adicionalmente, se estará procesando información de otras investigaciones que se están desarrollando en paralelo en medios de comunicación locales y extranjeros. Paparoni afirmó que la Comisión estará presentado un reporte final al hemiciclo de la Asamblea Nacional para su aprobación, el cual será eventualmente enviado a la Fiscal General.

 

*Con información de Prensa de la Asamblea Nacional

Diario Crítica: Vicepresidente Tareck El Aissami será investigado por lavado de dinero en Panamá

Tareck-El-Aissami

El abogado panameño y ex embajador de la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez, denunció al Vicepresidente de Panamá ante la Procuraduría General de la Nación por blanqueo de capitales cometido por una de sus empresas que opera en Panamá, de acuerdo a las pruebas mostradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la lista OFAC.

El diario Critica de Panamá reseña que este martes Cochez solicitó a los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría la investigación del actual vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami y su socio Samark López por la posible comisión de delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Código Penal de la República de Panamá.

La acción penal se enfocaría en la sociedad llamada “Yakima Trading, CORP.”, constituida bajo la legislación panameña, con domicilio en P.H. Ocean Business Plaza, mejor conocido como Edificio Banesco, Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-8, Calle Aquilino de la Guardia, y Calle 47, Ciudad de Panamá, la cual forma parte de las treces empresas incluidas en la lista de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC), también conocida como la Lista Clinton, que recopila las personas y empresas implicadas en narcotráfico y lavado de dinero.

El diario Crítica señala además que la denuncia del diplomático indica que El Aissami y López pudieron atentar contra la seguridad colectiva, infracción tipificada en las leyes panameñas bajo la categoría “Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo”. Más grave aún, el jurista cree que también es posible que ellos directamente o alguno de sus empleados estén “ofreciendo promesa de dinero o entregando beneficios a funcionarios panameños para evadir las alarmas financieras”. Por eso, la acción penal incluye la solicitud de investigar la posible comisión de delito contra la administración pública, bajo la categoría “Corrupción de Servidores Públicos”.

 

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Los Runrunes de Bocaranda de hoy 14.03.2017: BAJO: Cadena Capriles
LA ROJA BOLSA:

Las investigaciones sobre el empresario Samark López -quien por cierto contrató un especializado bufete estadounidense para apelar las sanciones de la OFAC de forma presencial en EE.UU.- han servido para demostrar la falsedad de aquel rumor en 2013, sembrado por los propios rojitos para disimular, de que López había sido el financista de la compra de la . Lo que desde ese entonces afirmamos se comprueba: de un fondo milmillonario del régimen de Chávez destinado a comprar medios de comunicación, locales y nacionales, fue de donde salieron esos reales…

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Crímenes sin Castigo: Un vicepresidente en la lista Clinton

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Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami y el empresaro Samark López, aunque son de carácter individual, tienen ingredientes políticos que comprometen al Gobierno en Venezuela y en el exterior

 

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la incorporación del vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami en la lista de supuestos jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Esta es definitivamente una decisión de alto calibre. Otros funcionarios del régimen habían sido colocados en esta lista, por diversas razones. Entre ellos están, por ejemplo, Freddy Bernal, coordinador nacional de los Clap, y el actual gobernador de Trujillo y exministro de la Defensa  general en jefe Henry Rangel Silva, ambos por una supuesta cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Antes señalaron a ministros y funcionarios de jerarquía. Ahora, a la segunda figura del Ejecutivo. Eso no había ocurrido en ningún país de las américas.

Las sanciones del Tesoro no son el producto de acusaciones judiciales. Por eso no están sometidas a los requisitos de la justicia penal estadounidense. No requieren pruebas avaladas por un fiscal y sometidas a la consideración de un gran jurado. Aún así son apelables. El Aissami y López podrían solicitar visas especiales para ir a EEUU y exigir una reconsideración.

No creo que lo hagan. Posiblemente actuarán a través de abogados, que suelen ser personas egresadas de las propias instituciones que imponen las medidas, y cobran jugosos honorarios por ese conocimiento.

Hay además algunos detalles a tomar en cuenta. La medida fue impuesta en forma simultánea contra El Aissami y López, puesto que según el Tesoro el empresario actuaría como “hombre de fachada” del actual vicepresidente. Entonces, en lo atinente a estas sanciones, ambos son vistos como una sola entidad. En otras palabras, desde la lógica del Tesoro, a Samark López le congelan sus cuentas, apartamentos y demás bienes en EEUU porque de esa forma afectan los intereses de El Aissami.

El Aissami responde a las características de una persona “políticamente expuesta”, o PEP. Por ende los bancos nacionales y extranjeros están obligados a vigilar muy de cerca todos sus movimientos financieros, así como los de quienes estén en su círculo íntimo, y los de las personas que se relacionan con él desde el punto de vista económico. De lo contrario, estos bancos correrán el riesgo de sanciones por omisión. Y ahora mucho más pues El Aissami y López han sido mencionados en forma explícita.

En este sentido, está por verse cómo afectará esta sanción del Tesoro el ejercicio de la atribución recientemente conferida a El Aissami por el presidente Nicolás Maduro, en el sentido de “ aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta (…) para la solicitud de adquisición de divisas relacionadas con operaciones del sector público ante el Banco Central de Venezuela”. La pregunta en este caso es cómo reaccionarán los bancos que poseen cuentas en divisas del estado venezolano cuando vean que las operaciones fueron autorizadas con la firma de un funcionario que figura en la famosa lista Clinton.

Está claro que esta decisión, así como la divulgación que se dio de ella a través de los canales del Departamento de Estado, constituyen un mensaje directo a El Aissami y, más allá, al régimen de Nicolás Maduro. EEUU, ahora con el republicano Donald Trump a la cabeza, no sólo ha mantenido en vigencia el famoso decreto de Obama, que declara “amenaza para la seguridad” de ese país al régimen venezolano, sino que ahora parece profundizar en sus argumentos. Cabe destacar que la decisión del Tesoro no invocó el tema de los pasaportes vendidos a extremistas sino la supuesta relación con traficantes de drogas. Pero no se puede descartar que en un futuro el punto del terrorismo salga a relucir como sustento de una nueva sanción.

Breves

*Hay grupos de delincuencia organizada que están intentando reinsertar en la economía el país los billetes que anteriormente habían sacado, y que llegaron a acumular en pilas de hasta 30 toneladas, tal y como se vio en el caso del comerciante paraguayo Leandro da Costa y su familia. El 20 de febrero a las 7 pm, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al brasileño Ubiraja Moura de Oliveira, cuando se detectó que tenía cinco millones de bolívares en efectivo guardados en sus dos maletas. El hombre había salido desde Sao Paulo en un vuelo de Avianca que hizo escala en Lima. Esta cantidad estaba conformada en su totalidad por billetes de cien bolívares. Fue puesto a las órdenes del fiscal 12 del Ministerio Público en Vargas. Pero las cosas no son tan sencillas como parece. El problema con esto es que semejante cantidad no equivale ni siquiera a mil dólares americanos si hacemos la conversión al cambio libre, y a la tasa Dicom tampoco rebasa una cantidad equivalente a diez mil dólares. De haber sido más alta hubiese tenido la obligación de declarar lo que llevaba. Por otro lado, el traslado de moneda no es un delito. Incluso, de acuerdo con abogados que han estudiado el tema como Fernando Fernández, el envío a otros países de papel moneda venezolano tampoco infringe ninguna norma.

*El 16 de febrero, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada envió una comunicación a las grandes unidades militares del centro y de los llanos para recordar el “estricto cumplimiento” de una directiva emitida en 2015, relacionada con las “Normas y procedimientos para el control y la seguridad del armamento, las municiones, explosivos, el material de guerra y orden público, almacenados en parques, almacenes (sic) y depósitos”. Según esta directiva, todas las unidades castrenses deben tener al día 16 libros con informaciones relativas a los distintos tipos de armas manipuladas en esas instalaciones, sus usos, traslados e igualmente quiénes son las personas que los efectúan. Los arsenales militares se han convertido en un botín codiciado por criminales de todo tipo. El fin de semana pasado, cuatro fusiles AK103 fueron robados durante el asalto a una unidad fronteriza de la Guardia Nacional en Amazonas. Los primeros partes indicaron que los perpetradores pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque hay dudas al respecto. En Vargas y Apure se han reportado deserciones de soldados que se llevan los fusiles con el supuesto propósito de venderlos en el mercado negro. En Guárico, han simulado hurtos.

*Hay en los cuerpos policiales la convicción de que las bandas criminales han dado un paso más en el ejercicio de la violencia. “Ahora van por las familias”, advirtió un funcionario de la Policía de Miranda. El oficial hizo alusión al caso del agente de la Policía del Municipio Sucre Carlos Martínez, quien murió el martes 20 de febrero al recibir cinco disparos mientras estaba con su hermana y sobrinas en la Cota 905. Los antisociales supuestamente habían advertido a la familia de Martínez que no admitirían su permanencia en el barrio. Este crimen ocurrió una semana después de la muerte de dos adolescentes, hijos de una oficial de la Policía del municipio Zamora (Guatire), aunque en este caso no está claro si los asesinatos se produjeron debido a la profesión de la mujer. Aún así, este se está convirtiendo en un elemento adicional en la violencia venezolana.

*Extraño cruce de informaciones a propósito del episodio sobre el atentado en Margarita contra Wilmer Brizuela, mejor conocido com Wilmito, sentenciado por una cadena de delitos que van dede el robo de blindados hasta el sicariato. A Brizuela se le atribuye haber ordenado en 2010 la muerte de la presidenta del circuito judicial de Bolívar, Mariela Casado. Pero los ejecutores del contrato se equivocaron y mataron a la hermana Maria Gabriela Casado. Por este caso el hombre fue condenado en agosto de 2012 a 16 años 20 días de prisión. En diciembre de 2016 el ministerio para Servicio Penitenciario le otorgó un beneficio denominado “confianza tutelada”, que no existía hasta la implantación del Código Orgánico Penitenciario. Se establecen allí un conjunto de requisitos para ser elegible, como haber sido condenado por un delito con pena menor que ocho años de prisión. Además, este régimen debe aplicarse en locales del mismo internado judicial donde se encuentra el penado. Para ese momento, Brizuela estaba en Tocorón, estado Aragua. Pero la titular de Servicio Penitenciario ordenó su traslado a un centro erigido donde anteriormente estaba el retén La Planta, en El Paraíso. El atentado en Margarita, entonces, puso en evidencia un conjunto de irregularidades que nuevamente hacen pensar sobre la veracidad de denuncias previas, como por ejemplo, las supuestas salidas intempestivas de Johnny Bolívar, el homicida de Adriana Urquiola, y de otros presos de renombre.