Samark Lopez archivos - Runrun

Samark Lopez

Juez de EEUU retira declaración de culpabilidad de empresario vinculado a El Aissami
Víctor Mones, un empresario con sede en Florida, se declaró culpable hace casi un año de organizar vuelos fletados a Rusia y otros lugares para El Aissami y el empresario venezolano Samark López

Traducción libre 

El enjuiciamiento del ministro Tareck El Aissami por violar las sanciones de Estados Unidos se ha topado con otro inconveniente después de que un juez federal permitió que uno de sus coacusados ​​retirara una declaración de culpabilidad por las acusaciones de que los fiscales estadounidenses retuvieron pruebas en el caso.

Los fiscales federales en Manhattan dijeron el 2 de noviembre que no se oponen a que Víctor Mones retire su declaración de culpabilidad, pero se negaron a admitir que violaron las reglas que les obligan a entregar todas las pruebas exculpatorias al acusado.

Mones, un empresario con sede en Florida, se declaró culpable hace casi un año de organizar vuelos fletados a Rusia y otros lugares para El Aissami y el empresario venezolano Samark López.

Pero un año después, los fiscales del caso aún no han terminado de entregar abundantes pruebas, algo que el juez Alvin Hellerstein dijo que «le preocupa».

«Obviamente, esta producción tardía del gobierno es una parte de la evidencia que no ha tenido la oportunidad de considerar», dijo Hellerstein en una audiencia la semana pasada. «Entonces, si desea retirar su petición, lo permitiré».

El raro movimiento de un juez federal que invita a un acusado a retirar su declaración de culpabilidad, algo que el abogado de Mones no había estado buscando pero que hizo después de la audiencia del 29 de octubre, sigue al arresto del informante clave contra El Aissami, Alejandro Marín, por mentirles a investigadores federales.

Al igual que Mones, Marín posee una empresa de vuelos chárter que supuestamente organizó vuelos para El Aissami y López. No fue acusado en el caso, pero fue arrestado en septiembre en Miami por supuestamente mentir a sus manejadores sobre el equivalente a $ 140.000 que desaparecieron de un paquete de 1.3 millones de euros que transportó en un jet privado a los EE. UU. en 2018.

La abogada de Mones, Christine Chung, dijo en los documentos judiciales que la presentación tardía de pruebas contra su cliente refleja los problemas detectados en el caso de sanciones de alto perfil contra Ali Sadr Hashemi Nejad.

En junio, los fiscales retiraron abruptamente los cargos contra el empresario iraní después de que fuera condenado, citando lo que describieron como «cuestiones relacionadas con la divulgación» que habrían alterado su defensa. En un caso, un fiscal sugirió a un colega que «enterraran» un documento que debería haber sido entregado a la defensa.

Al juzgar un caso, los fiscales deben entregar cualquier evidencia que pueda ayudar a los acusados ​​a probar su inocencia y pueden enfrentar acciones disciplinarias si no lo hacen.

Como resultado de las revelaciones, la jueza Alison Nathan ordenó a los fiscales y sus supervisores en la unidad de narcóticos y terrorismo internacional del Distrito Sur de Nueva York que proporcionaran una explicación por escrito de sus acciones.

La misma unidad está procesando a El Aissami, quien ha celebrado los reveses procesales.

«La red de difamaciones y pruebas falsas está colapsando», tuiteó Aissami en septiembre después de que The Associated Press informara sobre el arresto sorpresa de Marin. “Ni siquiera los medios al servicio del imperialismo pueden ocultar la gravedad de las acusaciones basadas en MENTIRAS, CRIMINALES y MERCENARIOS PROTEGIDOS”.

EEUU ofrece recompensa de 5 millones de dólares por Samark López
Samark López fue sancionado en 2017 por EEUU, debido a su presunta vinculación en lavado de dinero y narcotráfico

El gobierno de EEUU anunció este jueves, 8 de octubre, una recompensa de 5 millones de dólares por llevar ante la justicia al empresario venezolano Samark López Bello.

A través de Twitter, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, señaló que esta recompensa se ofrece para capturar a Samar López «por crimen organizado transnacional».

«Trabajaremos con el Departamento de Justicia para proteger a los ciudadanos estadounidenses del régimen ilegítimo de Maduro, mientras ayuda al pueblo venezolano a restaurar su democracia», añadió Pompeo.

 

En el año 2017, Samark López fue sancionado por EEUU, debido a su presunta vinculación en lavado de dinero y narcotráfico, reseñó Poderopedia.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el ministro de Petróleo, El Aissami, utilizó a López Bello para que usara su nombre en 13 empresas en Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Reino Unido .

Según el reporte del Tesoro, en todas las empresas hubo embarques de más de 1.000 kilos de drogas.

Además, López Bello está, desde el 2019, en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), donde aparece con el alias Samark López Delgado, de ocupación «facilitador financiero». 

 

Víctimas de las FARC buscan confiscar fortuna de Samark López, socio de El Aissami

UNA CUENTA BANCARIA CONGELADA DE 270 millones de dólares, yates, aviones y casas de lujo. Esos son algunos de los activos en EE. UU. que varias víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) esperan confiscar a un empresario venezolano que fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2017 por presuntamente lavar dinero de drogas para el ejército rebelde ilegal.

El empresario, Samark López, quien también fue agregado a fines del mes pasado a la lista de los traficantes de drogas ‘más buscados’ por el gobierno de los Estados Unidos, negó firmemente sus vínculos con el tráfico de drogas y ha reunido un impresionante equipo de defensa para limpiar su nombre.

Entre ellos: Dick Gregorie, un reconocido ex fiscal federal de Miami con un largo historial de poner a los narcotraficantes tras las rejas.

Gregorie se retiró el año pasado y le dijo a la corte en marzo que no había evidencia de vínculos entre López y las FARC.

«No hay evidencia, fuente o documento que demuestre que Samark José López Bello haya estado involucrado en transacciones de narcóticos o haya realizado alguna transacción con un miembro de las FARC», dijo Gregorie, quien ahora es director gerente de la oficina de Miami de la consultora global, Berkeley Research Group (BRG).

Hasta el momento, no se han presentado pruebas en el caso que vincule directamente a López con las FARC, aunque los demandantes contrataron a un ex agente experimentado de la DEA que afirmó que López está indirectamente vinculado a la guerrilla.

Los registros judiciales confirman que López no enfrenta cargos de tráfico de drogas o lavado de dinero en los Estados Unidos. La única acusación formal contra él es una denuncia penal de un tribunal federal de Nueva York, donde se le acusa de violar las sanciones que le prohibieron hacer negocios con empresas estadounidenses.

Continúa leyendo en Univisión Noticias.
A El Aissami aún no le llega la alerta roja

@franzambranor

Como si se tratase de los pistoleros del Lejano Oeste Jesse James o Wyatt Earp, el gobierno de los Estados Unidos incluyó al vicepresidente del área económica de Venezuela, Tareck El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 31 de julio por supuestos delitos de narcotráfico.

Por primera vez en la historia, un funcionario venezolano en ejercicio es solicitado por las autoridades norteamericanas por tráfico de drogas. Poner un pie en territorio estadounidense o en un país aliado podría significar la prisión para el actual miembro del gabinete de Nicolás Maduro y exvicepresidente Ejecutivo de Venezuela. 

“Es poco probable que este ciudadano vaya a viajar a un país al que considere que pueda correr peligro su libertad. Es decir, no va a correr el riesgo que lo detengan y lo entreguen a la justicia americana. De hacerlo, escogería a Turquía y Siria como ya lo hizo este año”, dijo el abogado especialista en derecho internacional, Mariano De Alba.

De Alba ve con escepticismo que Interpol genere una alerta roja para capturar a El Aissami. “Es posible que el gobierno de Estados Unidos solicite la inclusión de este funcionario en la lista de Interpol, pero usualmente ese organismo policial no se involucra con situaciones que pudiesen ser interpretadas de carácter político”, dijo De Alba. “Como Interpol es un organismo administrativo de policía, dependería del país que ese funcionario visite la posibilidad de apresarlo o no”.

Actualmente 11 venezolanos tienen alerta roja de Interpol. Ninguno de ellos con aparente afiliación política: tres por tráfico de drogas, tres por abuso sexual a menores de edad, dos por crimen organizado, uno por posesión de pornografía infantil, otro por trata de seres humanos y uno por asesinato.

Una fuente vinculada al Derecho Penal Internacional que prefirió no dar su nombre dijo que, efectivamente, Interpol evalúa las alertas cuando se trata de políticos y funcionarios de gobiernos, pero a veces emite órdenes de captura y no las hace públicas. Se las reserva en su intranet.

El especialista indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos posee más agentes que el Buró Federal de Investigaciones (FBI)​, y además es independiente de otros organismos como la Administración para el Control de Drogas​ (DEA), que probablemente lleve una investigación aparte del caso de El Aissami. 

Dijo también que la cobertura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se limita exclusivamente al territorio estadounidense, ya que cuando se emite una alerta trabajan en red con la mayoría de los países del mundo, constantemente monitorean el tráfico aéreo, marítimo y terrestre. 

Manifestó que Venezuela ha firmado todos los acuerdos internacionales para combatir la criminalidad y no los ha respetado, incluyendo el de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo, la cual entró en vigor en septiembre de 2003.

 En el radar desde hace dos años

En 2017, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos inició una investigación contra El Aissami por medio del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Ese mismo año, la Oficina de Controles de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de sancionados por eventuales violaciones vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas. 

“En sus cargos anteriores, él supervisó o parcialmente fue dueño de cargamentos de drogas de más de 1.000 kilogramos que salieron de Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos que tenían como destino final México y Estados Unidos”, dice la reseña del ICE. 

Con la represa de Guri como telón de fondo, El Aissami grabó un vídeo en el que acusa a la administración del presidente estadounidense Donald Trump de infame y aseguró que “no podrán con nuestra fuerza moral”. 

“Acúsennos  de lo que les dé la gana, nosotros seguiremos construyendo el sueño de Bolívar leales con Chávez y Maduro”, dijo el también exgobernador de Aragua y hombre muy cercano al entorno de Cilia Flores y Maduro.

El ICE también incluyó en su lista de los más buscados a Samark López Bello, acusado de ser el principal testaferro de El Aissami. 

“López brindó asistencia material y apoyo financiero a las actividades internacionales de narcotráfico de El Aissami y en representación de ella durante más de dos años”, señala la página web de la ICE.

Tanto El Aissami como López Bello podrían enfrentar una condena de hasta 30 años.

A través de un comunicado de prensa, López respondió a las acusaciones en su contra. “Samark López no esta acusado de narcotráfico ni de lavado de dinero por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El señor López ha sido acusado de supuesta violación técnica de la sanciones impuestas en febrero de 2017 por el Departamento del Tesoro”. 

Además de tener acusaciones de narcotráfico, a El Aissami se le vincula con redes de terrorismo. Según el fiscal del distrito de Nueva York, Robert Morgenthau, mientras era ministro de Interior y Justicia proporcionó pasaportes venezolanos a miembros de Hezbollah y Hamas. 

Además de estar en la lista negra de los Estados Unidos, El Aissami también está sancionado por la Unión Europea y el gobierno de Canadá. 

El Aissami -criminólogo y abogado de la Universidad de Los Andes-, ha acumulado cargos durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Maduro: fue diputado (2006-2007), viceministro de Prevención y Seguridad Ciudadana (2007-2008), ministro de Interior, Justicia y Paz (2008-2012), gobernador del estado Aragua (2012-2017) y vicepresidente ejecutivo de la República (2017’2018). Ahora suma uno nuevo al currículo: uno de los hombres más buscados del mundo por el gobierno de Estados Unidos.  

 

Allanaron casa en República Dominicana en búsqueda de Samark López

VECINOS DE UNA EXCLUSIVA ZONA de playa de República Dominicana, dijeron a Univision que fueron testigos de un allanamiento de la Policía a una lujosa casa de recreo ocupada por la familia del empresario venezolano Samark López Bello, acusado de cargos criminales en Estados Unidos.

“Hay gente de distintos cuerpos de la Policía con armas largas y pasamontañas y perros”, dijo una vecina del lugar.

Según la fuente, que pidió no ser identificada, en esa vivienda estaba alojada desde hace varios meses la esposa y dos hijos de López. Al empresario se le conoce en la zona, agregó, porque visitaba a su familia con cierta frecuencia.

El general Ney Aldrin Bautista, director de la Policía Nacional de República Dominicana, dijo a Univision que se trata de “una investigación en curso”, razón por la cual no puede brindar detalles.

La vecina sostuvo que no presenció ningún arresto durante la operación que se extendió hasta horas de la tarde. Otros vecinos comentaron que en el lugar había presencia de personal estadounidense.

La casa está situada frente a Playa Juanillo, uno de los sectores más exclusivos de Cap Cana al extremo occidental de la isla.

Univision intentó comunicarse con el director nacional de la Policía dominicana, general Ney Aldrin Bautista, pero no recibió respuesta.

En marzo la fiscalía del distrito sur de Nueva York formuló cargos criminales a López y al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami por violar la ley de Designación de Jefes Internacionales del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) al utilizar aviones privados suministrados por empresas establecidas en Estados Unidos. Las autoridades federales citaron como ejemplo un vuelo de Rusia a Venezuela el 23 de febrero de 2019.

Según el gobierno de Estados Unidos, López, de 44 años, es socio del ex vicepresidente venezolano.

El Nuevo Herald: Samark López se defiende de las acusaciones de corrupción

samarkLopez

 

Por años, Samark López Bello ha guardado silencio, aun cuando, como él mismo dice, ha visto cómo lo han ido convirtiendo en una grotesca “caricatura” de corrupción, compadrazgo y crimen en su Venezuela natal.

Como uno de los más importantes contratistas del gobierno, que alega haber manejado miles de millones de dólares en importaciones, López ha sido descrito por la prensa como un “enchufado”, uno de las personas con buenas conexiones políticas que se han hecho ricas en medio de una aplastante crisis económica.

López, quien tiene lazos de negocios en Miami, México, Barbados, etc., probó ser de cierta manera un blanco perfecto para la oposición. Su preferencia por mantenerse entre bambalinas significó que él permitió que las alegaciones en su contra se amontonaran sin que en ningún momento hiciera nada por refutarlas.

En febrero, las oscuras insinuaciones en su contra parecieron ganar en credibilidad cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a López como el “principal testaferro” del vicepresidente Tareck El Aissami, un hombre a quien Washington acusa de encabezar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero que le ha producido miles de millones de dólares.

La sanción presentada en contra de los dos hombres impuso un bloqueo sobre más de una docena de propiedades, entre ellas algunas en Miami, por un valor de decenas de millones de dólares. Esta fue además una de las primeras medidas tangibles del presidente Trump con respecto a América Latina.

El nombre de López empezó a salir en los titulares en el 2010, cuando los medios de prensa empezaron a cuestionar sus estrechos vínculos con El Aissami, una estrella en ascenso del partido gobernante PSUV que fue el ministro del Interior durante la presidencia de Chávez.

 

Vea la nota completa en El Nuevo Herald 

CASA habría pagó más de $206 millones en sobreprecio por CLAP mexicanas

CPaparoni

 

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional creada para investigar la corrupción en el programa de los CLAP, ha confirmado que Samark López, conocido testaferro del vice presidente Tareck El-Aissami, está detrás de un complejo y opaco esquema de corrupción basado en Barbados y México, que le ha costado al Estado venezolano más de $200 millones de dólares en pagos de sobreprecio por el ensamblaje y la exportación de las cajas CLAP. Estos son los primeros resultados arrojados por la investigación sobre irregularidades en el programa de alimentación CLAP.

“Este Gobierno es adicto a la corrupción; no perdona ni el hambre de los venezolanos para crear nuevas maneras de robar. Las cajas CLAP son simplemente una nueva manera de robar. Es vergonzoso que en un momento cuando millones de venezolanos sufren por la falta de alimentos y la desnutrición en nuestro país está aumentando, el Gobierno y sus cómplices sigan quitándole los recursos a los venezolanos que podrían haber sido invertidos en la producción nacional, que es el problema de raíz de la escasez”, afirmó Carlos Paparoni.

En una rueda de prensa realizada en la Asamblea Nacional, el diputado Paparoni, miembro de la Comisión de Contraloría, ofreció detalles sobre cómo el esquema de corrupción CLAP gira alrededor de la empresa de maletín Postar Intertrade con sede en Barbados, donde López es principal accionista, cobra un sobreprecio en cada fase de la producción y ensamblaje de las cajas CLAP, en una operación basada en Veracruz, México. La investigación del funcionamiento de este esquema de corrupción liderado por Samark, ha revelado en qué fases del mencionado ensamblaje y proceso de exportación, se encuentran los mecanismos de sobreprecio:

  • La Comisión documentó sobreprecio de hasta un 55% en la compra de productos para las cajas.
  • Los contenedores con cajas CLAP son embarcados a Venezuela llenos solo hasta a la mitad de su capacidad, según la documentación examinada por la Comisión. Esto aumenta innecesariamente el costo del flete que luego le es cobrado al Estado venezolano.
  • El uso de la empresa PYP, relacionada a Samark López vía socios comerciales, le permite asegurar los contenedores con las cajas CLAP embarcados a Venezuela a un valor muy por encima de su costo, lo que a su vez le facilita a Postar la justificación del alto precio que paga CASA por las cajas.

Como resultado, una caja CLAP que, al precio de mercado en México debería costar $12.44, le cuesta a Postar $22.22 y luego es vendida a la CASA por la exagerada cantidad de $42.00. La investigación estima que en el período entre enero y junio del 2017, se enviaron 7 millones de cajas CLAP al país, por las cuales la CASA pagó más de $206 millones en sobreprecio lo que le generó a Postar una exagerada ganancia ilícita de $138 millones. Esto, conforme a los registros de exportación mexicanos.

Adicionalmente, existe también una crítica situación de corrupción en la distribución de las cajas CLAP, una vez que estas llegan al país. Se han reportado desde hace varios meses, denuncias respecto a la existencia de una amplia red de corrupción que desvía las cajas CLAP hacia el mercado negro para continuar con su venta a precios exorbitantes.

“La evidencia de irregularidades que tenemos es más que suficiente para continuar avanzando con una investigación profunda sobre los CLAP. Es imposible que esta operación corrupta funcione sin la cooperación de altos funcionarios con responsabilidad sobre el área alimentaria, los puertos y otros puntos clave para la operación de este esquema. La Comisión Especial estará interpelando a ministros relacionados con los CLAP y a otros personajes atados al esquema dentro y fuera de Venezuela”, continuó el diputado.

El diputado indicó también que, como parte de la investigación, la Comisión estará solicitando ayuda de países involucrados en la corrupción de los CLAP como lo son México, Barbados, Suiza y otros. Adicionalmente, se estará procesando información de otras investigaciones que se están desarrollando en paralelo en medios de comunicación locales y extranjeros. Paparoni afirmó que la Comisión estará presentado un reporte final al hemiciclo de la Asamblea Nacional para su aprobación, el cual será eventualmente enviado a la Fiscal General.

 

*Con información de Prensa de la Asamblea Nacional

Diario Crítica: Vicepresidente Tareck El Aissami será investigado por lavado de dinero en Panamá

Tareck-El-Aissami

El abogado panameño y ex embajador de la Organización de Estados Americanos, Guillermo Cochez, denunció al Vicepresidente de Panamá ante la Procuraduría General de la Nación por blanqueo de capitales cometido por una de sus empresas que opera en Panamá, de acuerdo a las pruebas mostradas por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la lista OFAC.

El diario Critica de Panamá reseña que este martes Cochez solicitó a los Fiscales Anticorrupción de la Procuraduría la investigación del actual vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami y su socio Samark López por la posible comisión de delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, tipificado en el Código Penal de la República de Panamá.

La acción penal se enfocaría en la sociedad llamada “Yakima Trading, CORP.”, constituida bajo la legislación panameña, con domicilio en P.H. Ocean Business Plaza, mejor conocido como Edificio Banesco, Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-8, Calle Aquilino de la Guardia, y Calle 47, Ciudad de Panamá, la cual forma parte de las treces empresas incluidas en la lista de la Oficina de Control de Recursos Extranjeros (OFAC), también conocida como la Lista Clinton, que recopila las personas y empresas implicadas en narcotráfico y lavado de dinero.

El diario Crítica señala además que la denuncia del diplomático indica que El Aissami y López pudieron atentar contra la seguridad colectiva, infracción tipificada en las leyes panameñas bajo la categoría “Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo”. Más grave aún, el jurista cree que también es posible que ellos directamente o alguno de sus empleados estén “ofreciendo promesa de dinero o entregando beneficios a funcionarios panameños para evadir las alarmas financieras”. Por eso, la acción penal incluye la solicitud de investigar la posible comisión de delito contra la administración pública, bajo la categoría “Corrupción de Servidores Públicos”.

 

Puede leer más en Crítica.