Por años, Samark López Bello ha guardado silencio, aun cuando, como él mismo dice, ha visto cómo lo han ido convirtiendo en una grotesca “caricatura” de corrupción, compadrazgo y crimen en su Venezuela natal.

Como uno de los más importantes contratistas del gobierno, que alega haber manejado miles de millones de dólares en importaciones, López ha sido descrito por la prensa como un “enchufado”, uno de las personas con buenas conexiones políticas que se han hecho ricas en medio de una aplastante crisis económica.

López, quien tiene lazos de negocios en Miami, México, Barbados, etc., probó ser de cierta manera un blanco perfecto para la oposición. Su preferencia por mantenerse entre bambalinas significó que él permitió que las alegaciones en su contra se amontonaran sin que en ningún momento hiciera nada por refutarlas.

En febrero, las oscuras insinuaciones en su contra parecieron ganar en credibilidad cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a López como el “principal testaferro” del vicepresidente Tareck El Aissami, un hombre a quien Washington acusa de encabezar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero que le ha producido miles de millones de dólares.

La sanción presentada en contra de los dos hombres impuso un bloqueo sobre más de una docena de propiedades, entre ellas algunas en Miami, por un valor de decenas de millones de dólares. Esta fue además una de las primeras medidas tangibles del presidente Trump con respecto a América Latina.

El nombre de López empezó a salir en los titulares en el 2010, cuando los medios de prensa empezaron a cuestionar sus estrechos vínculos con El Aissami, una estrella en ascenso del partido gobernante PSUV que fue el ministro del Interior durante la presidencia de Chávez.

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