UNA CUENTA BANCARIA CONGELADA DE 270 millones de dólares, yates, aviones y casas de lujo. Esos son algunos de los activos en EE. UU. que varias víctimas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) esperan confiscar a un empresario venezolano que fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2017 por presuntamente lavar dinero de drogas para el ejército rebelde ilegal.

El empresario, Samark López, quien también fue agregado a fines del mes pasado a la lista de los traficantes de drogas ‘más buscados’ por el gobierno de los Estados Unidos, negó firmemente sus vínculos con el tráfico de drogas y ha reunido un impresionante equipo de defensa para limpiar su nombre.

Entre ellos: Dick Gregorie, un reconocido ex fiscal federal de Miami con un largo historial de poner a los narcotraficantes tras las rejas.

Gregorie se retiró el año pasado y le dijo a la corte en marzo que no había evidencia de vínculos entre López y las FARC.

«No hay evidencia, fuente o documento que demuestre que Samark José López Bello haya estado involucrado en transacciones de narcóticos o haya realizado alguna transacción con un miembro de las FARC», dijo Gregorie, quien ahora es director gerente de la oficina de Miami de la consultora global, Berkeley Research Group (BRG).

Hasta el momento, no se han presentado pruebas en el caso que vincule directamente a López con las FARC, aunque los demandantes contrataron a un ex agente experimentado de la DEA que afirmó que López está indirectamente vinculado a la guerrilla.

Los registros judiciales confirman que López no enfrenta cargos de tráfico de drogas o lavado de dinero en los Estados Unidos. La única acusación formal contra él es una denuncia penal de un tribunal federal de Nueva York, donde se le acusa de violar las sanciones que le prohibieron hacer negocios con empresas estadounidenses.

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