Al menos 44 presos políticos son afectados por el cambio de facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo
Al menos 18 presos políticos, cuyos casos están bajo las decisiones de la jueza Alejandra Romero, piden atención médica urgente por padecer enfermedades crónicas o tener un estado de salud crítico
Por Joshua De Freitas y Carla Espinosa | Infografías: Mayerlin Perdomo
«A un mes y diez días de que cambiaran las facultades del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, ningún abogado defensor ha recibido notificación oficial que diga cuándo se reiniciarán las audiencias para los presos políticos», denunció el abogado Joel García, uno de los especialistas en derecho penal que defiende al periodista y preso político Roland Carreño.
El 15 de julio del 2023 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó la transferencia de las facultades de la mencionada instancia para evaluar los casos de más de 40 presos políticos acusados de terrorismo por el gobierno madurista.
Aunque el Poder Judicial venezolano dio la orden, no ha salido una declaración pública. Fueron los abogados Alonso Medina Roa, Gonzalo Himiob y Martha Tineo quienes confirmaron la orden judicial e informaron por redes sociales.
«Si el TSJ no publicó la resolución respectiva, no queda clara la razón de esa decisión. Esto denota falta de transparencia y no deja la posibilidad de defenderse a quien esta decisión le afecte», afirmó Laura Louza, abogada y directora de la ONG Acceso a la Justicia.
La jueza Alejandra Romero, perteneciente al Tribunal N° 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, llevará las audiencias de los casos que arrastra el Tribunal Tercero con competencia en terrorismo desde hace 6 años.
«Es decir, se vuelven a iniciar estos juicios que ya estaban por concluir», explicó Louza. «Se extiende aún más el caso de cada una de las personas afectadas por ello, lo que vulnera su derecho al debido proceso en toda su extensión. Se trata, sin duda, de una medida perversa y arbitraria. Es una forma de denegación de justicia, violación al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, así como la vulneración de los derechos de los familiares al seguir bajo la persecución, las amenazas y la presión económica para que los detenidos puedan subsistir porque el Estado no los protege».
44 presos políticos deberán reiniciar sus audiencias por tercera vez consecutiva. De ese grupo, 7 personas son militares o militares retirados. Al menos 17 de esas personas están detenidas desde el año 2017 y tuvieron su primera audiencia de juicio con el tribunal en el año 2021. Otras 2 personas que estuvieron presas por temas políticos y ahora tienen medidas cautelares frente al tribunal también deben reiniciar su régimen de presentaciones, obligándolos a mantenerse en el país.
También, dentro del grupo de afectados, se encuentran los casos del militar Jhon Wladimir Jaimes García, de 37 años de edad, quien fue detenido arbitrariamente en 2019 y hasta la fecha no se ha presentado a su primera audiencia de juicio.
Los «jueces-tribunales» a la medida
Para García, la jurisdicción o competencia para sentenciar las imputaciones de terrorismo en Venezuela no están ligadas a una institución, sino a las personas que designa el TSJ.
«Cuando se le imputa a alguien por terrorismo en Venezuela debería estar estipulado bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (publicada en el año 2012). Pero esa norma, a diferencia de otras —como la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia—, no establece la creación de una competencia especial para el juzgamiento de los delitos y las personas que en ella se contempla», explicó.
Según Acceso a la Justicia, los tribunales con competencia en terrorismo se crearon en 2013 bajo una sentencia del TSJ en la Gaceta Oficial N° 40.092. Desde allí se estableció que los foros con competencia en terrorismo no serían instituciones fijas en distintas regiones del país, sino jueces designados por el Poder Judicial que vivan y trabajen en Caracas.
Hasta ahora, los jueces designados comparten tanto la jurisdicción de su tribunal de origen como la jurisdicción de casos de terrorismo. Por eso, la jueza Alejandra Romero tendrá las facultades del Tribunal N° 29 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas y del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo al mismo tiempo.
«Esa resolución promueve que el gabinete madurista busque la fidelidad de las personas para atender estos casos de forma parcializada», advirtió García. «En este momento hay cuatro jueces de control con competencia en terrorismo, tres jueces en los tribunales de juicio y seis juristas en las salas de apelaciones. Todos están en Caracas».
Un reinicio constante
No es la primera vez que más de 40 privados de libertad en Venezuela reinician sus audiencias para lograr un veredicto. El caso de José Javier Tarazona Sánchez, activista de la ONG FundaRedes y uno de los presos políticos más recientes bajo el Tribunal Tercero, ha repetido más de dos veces sus audiencias.
«Existe el principio de inmediación, que está previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, donde establece que el juez que presencia el debate, que presencia las pruebas, es el mismo que debe dictar sentencia. Un tribunal que no haya visto el debate no puede, ni debe, dictar sentencia. Cuando suspendes el juicio por un tiempo determinado se rompe con ese principio de inmediación, y cuando cambias las competencias de un tribunal para atribuirlo a otro también rompes con ese principio», explicó Gonzalo Himiob, abogado de la ONG Foro Penal.
De acuerdo con la más reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del 2021, un juicio no debería suspenderse por más de 10 días. Si se pasa de ese periodo, las audiencias y el proceso deben reiniciarse.
Al demorarse el proceso, los privados de libertad se quedarán en un estatus de «detención preventiva» por parte de las autoridades venezolanas, situación que mantienen 17 personas desde el 2017 bajo ese tribunal.
«¿Qué es lo que debería ocurrir en justa ley? Visto que esta es una demora del proceso que no es atribuible a la defensa ni a los acusados, se les debería afrontar el juicio en libertad. Ellos están amparados por la presunción de inocencia: ellos no han sido condenados todavía. Pero, lamentablemente, todo indica a que esa medida no se va a tomar», agregó Himiob.
El abogado de Foro Penal recuerda otros casos relevantes donde el Poder Judicial venezolano ha reiniciado procesos para demorar las sentencias: el caso de 11 jóvenes en 2014 que protestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro que, presuntamente, tenían campamentos en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas.
«Justo cuando se iban a terminar el juicio, el juez finalizó una audiencia y dejó pasar el plazo para romper el principio de inmediación. Allí no hubo cambio de facultades de un juez, pero el daño es el mismo: se tuvo que volver a comenzar el proceso», dijo Himiob. «Estas son unas maniobras claras dirigidas a demostrar, en mi criterio, que en Venezuela el proceso penal no está al servicio de la justicia, como una herramienta para la determinación de la verdad, sino como una herramienta para el castigo anticipado».
También son privados de salud
Los privados de libertad no se enfrentan solo a un retardo procesal, también sufren de un desamparo humanitario. 18 personas afectadas por el cambio del tribunal denuncian una atención médica urgente por enfermedades crónicas —como diabetes o hipertensión— o estados de salud críticos durante su reclusión —cuadros depresivos o hernias inguinales e inflamación en los genitales—.
El Observatorio Venezolano de Prisiones destaca en su informe más reciente que el servicio de agua y salud es casi inexistente en los centros penitenciarios venezolanos.
«De acuerdo con los testimonios de reclusos del Internado Judicial Región Capital “Rodeo III” (donde están 7 de los 42 privados de libertad afectados por el cambio de juez), en mayo del 2022, ya tenían varios meses sin contar con el servicio (de agua), por lo que debían pagar entre 30 y 50 dólares por una cisterna», resalta la ONG. «La situación ha llegado al punto que algunos reclusos deciden vender el agua que logran almacenar al precio de un dólar por tobo».
En el caso de la atención sanitaria, el Observatorio analizó que no existe un personal dentro de las instalaciones, «lo que representa un mayor peligro para su salud».
Casos afectados
Larry Enrique Briceño Hinestroza
Uno de los civiles detenidos desde 2017 por presuntamente estar involucrado en la «Operación David», un presunto ataque militar al fuerte Paramacay en Valencia, estado Carabobo. Briceño, junto a otros 16 civiles y un militar, quedó bajo la jurisdicción del Tribunal Tercero de Juicio mientras los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, los acusaban de terroristas y afirmaban que debían «cumplir con la máxima condena».
Su primera audiencia de juicio ocurrió dos años y nueve meses después de su detención y se ha reiniciado al menos tres veces desde el 2021. Aunque es un civil, estuvo recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde. En 2022 lo trasladaron al Internado Judicial Región Capital “Rodeo II” sin ninguna órden judicial.
Briceño es uno de los presos políticos que requiere una asistencia médica urgente. Según las denuncias de sus familiares, padece de diabetes tipo 2 y el Estado no brinda ningún tipo de apoyo.
Guillermo Jose Zárraga Lázaro
Exsindicalista de Petróleos de Venezuela de 59 años de edad. Fue detenido arbitrariamente en noviembre del 2020 por estar presuntamente involucrado en una trama de espionaje de Estados Unidos y conocer a Mathew Heat, el principal acusado del caso por parte del gobierno madurista.
Según declaraciones de su hijo, Diego Zárraga, Guillermo fue víctima de extorsiones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado: le decían que aceptara los cargos que lo imputaban si quería su libertad.
La primera audiencia de juicio ocurrió nueve meses después de su detención, luego tuvo al menos tres reseteos judiciales. De acuerdo con la abogada de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, la semana en la que cambiaron las facultades del tribunal del juez Aquiles Vera coincidió con la audiencia que le daría el veredicto final a Guillermo Zárraga.
En octubre del 2022, Nicolás Maduro intercambió a Mathew Heat por los sobrinos de su esposa Cilia Flores, quienes estaban detenidos y acusados de narcotráfico en Norteamérica.
En mayo del 2023 Amnistía Internacional le exigió al Estado venezolano medidas humanitarias para Guillermo Zárraga: sufrió un síncope cardíaco en marzo del 2023 y presenta un cuadro de desnutrición y de anemia. El 16 de mayo de 2023, el Tribunal Octavo de Juicio del Área Metropolitana de Caracas ordenó su traslado a un centro médico, pero fue el 14 de agosto, casi tres meses después, que al fin tuvo su traslado, según informan sus familiares.
Darío Pastor Estrada Perozo
Detenido en diciembre del 2022 por presuntamente estar involucrado en un atentado contra la Asamblea Nacional vigente de mayoría chavista. Lo detuvieron junto a otros 4 civiles y quedó bajo la jurisprudencia del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo.
Según declaró su madre a Foro Penal, estaba de reposo por un contagio por covid-19 el mismo día que lo detuvieron, y en ningún momento se ha confirmado si recibió asistencia médica al respecto. Tampoco tiene atención médica para tratar su síndrome de Asperger. Su familia es quién maneja los costos de su tratamiento.
Franklin Alfredo Caldera Martínez
Aunque el militar retirado estaba fuera de Venezuela, lo apresaron y lo imputaron por estar presuntamente involucrado en una sublevación militar en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar en diciembre del 2019.
Estuvo sin juicio hasta el año 2021. Aún así, el primer juez que atendió su caso, José Mascimino Márquez García, amenazó con que «se iba a pudrir en la cárcel», según denuncia Franklin Caldera (padre). En febrero del 2023, Márquez fue acusado por el Estado venezolano de mantener una trama de corrupción y hoy se encuentra detenido.
Mientras estaba privado de libertad, le agregaron un nuevo cargo imputado relacionado con la «Operación Gedeón», una supuesta intervención militar ocurrida en las costas de Macuto (estado Vargas o La Guaira) en mayo del 2020. Con el reciente despojo de facultades del tribunal, este sería el tercer juez que atiende su caso antes de dar un veredicto.
Franklin Caldera hijo mantiene una herida de bala en su pierna izquierda, debajo de la rótula, y una herida en su pierna derecha debido a una puñalada que obtuvo durante su detención y se agravaron con las torturas que sufrió. Expresa calambres y dolores al caminar o levantarse. Sus familiares también denuncian que sufre de ansiedad. Debido al mal servicio de agua potable y aguas residuales, él sufre también de vómitos, diarrea y deshidratación.
