CNP denuncia que se cumple un año de la detención arbitraria del periodista Ramón Centeno
La madre del periodista enfatizó que todo lo que ha vivido el comunicador “es un sinrazón que debe esclarecerse inmediatamente otorgándole la libertad”
Este jueves, 2 de febrero, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) informó que el periodista Ramón Centeno cumplió un año detenido en una celda ubicada en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) en Caracas.
Omaira Navas, madre del periodista, aseveró en un comunicado que a su hijo «no se le ha permitido atención médica pese a los múltiples esfuerzos y llamados que hemos hecho a los organismos correspondientes».
«Sin importar el grave estado de salud de mi hijo. Allí lo vieron en silla de ruedas, con dolor y esperando durante más de seis horas. El trato que le han dado a Ramón ha sido inhumano y las razones las desconocemos porque durante todo este tiempo se han promovido todas las pruebas que demuestran su inocencia», dijo Navas.
La madre del periodista enfatizó que todo lo que ha vivido el comunicador “es un sinrazón que debe esclarecerse inmediatamente otorgándole la libertad”
«En estos 365 días hemos visto cómo la salud se ha ido deteriorando. Un año sin moverse de una cama y sin siquiera poder ver el sol. Es demasiado injusto».
Ramón Centeno es un paciente con cardiopatía. También convalece de una cirugía por reconstrucción de cadera. En la primera audiencia de presentación del periodista se suspendió por sufrir parálisis facial en pleno tribunal.
Corrección. #2Feb Un año llevan detenidos arbitrariamente el periodista Ramón Centeno @elboligrafo2 y @gabrielgvzla , siendo sometidos a un proceso injusto y violatorio de los derechos humanos. #JusticiaParaGabrielYRamon https://t.co/MzncPWCRzY
— CNP Caracas (@CNPCaracas) February 2, 2023
La detención
En enero de 2022, Ramón Centeno hizo una entrevista a unos ciudadanos detenidos por narcotráfico y, dos semanas después, funcionarios de la GNB ingresaron a su casa y se lo llevaron a la fuerza.
Tal acción fue ejecutada sin una orden judicial, lo que implica una clara violación de los derechos humanos y procesales, según Nava.
