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Policarabobo

No importa cómo lo veamos, ni cómo comenzó. No incumbe que el rojo gobernador carabobeño haya regresado de su viaje rasgándose las vestiduras y despidiendo a unos funcionarios policiales, quizás no culpables, pero sin duda responsables. No concierne que el oportuno –pero no consecuente fiscal general nombrado por la cubana constituyentemente haya despertado de su letargo y con su cara permanente haya prometido investigaciones. Todo eso es necesario, pero no es lo importante.

 

Lo que demostró la carnicería en la sede de la Policía de Carabobo es otro ejemplo de la que se ha convertido en Venezuela una política revolucionaria de la violencia, balazo y fuego como políticas de Estado, tipicidades de un país que dejó de ser pueblo y civilización para transformarse en una revolución que ha hecho del derrame de sangre, la amenaza feroz e indiferencia ante la vida sus elementos de persuasión.

 

No es la primera vez que sucede, y con este concepto bolivariano no será la última lamentablemente. Comenzó, por ponerle una fecha de estreno, con los fusilamientos sin juicio ni preguntas, a dedo, ordenadas por ese imbécil mal concebido transformado en “héroe” de fotografía y verdugo ejecutor por gusto que se llamó Ernesto “Che” Guevara, que inició el régimen castrista asesinando a diario por decisión propia, un dios tropical de una justicia aberrante, aunque, sin la menor duda, con el respaldo y aprobación de esos otros asesinos, represores, violadores de los Derechos Humanos y torturadores que han sido los hermanos Castro Ruz y sus bandidos cómplices.

 

Se vió con pretextos abstractos de rebelión con el sandinismo nicaragüense, con los milicianos de Noriega en Panamá. Ni siquiera los implacables sinvergüenzas militares golpistas de Chile, Argentina y Uruguay han torturado y matado a tantos hombres y mujeres en América como el comunismo en el poder.

 

El chavismo, fiel y entregado discípulo en Venezuela, ni iba a ser ni ha sido menos.

 

Se estrenaron atacando con ametralladoras y granadas en mano una residencia presidencial donde no estaba el Presidente al cual se proponían liquidar, sino su esposa e hijas acompañadas por unos cuantos y desprevenidos guardianes civiles y militares. Derramaron sangre, atemorizaron a todo el vecindario, pero no fueron capaces de derrotar a aquella dama extraordinaria que supo defender su hogar, su casa.

 

Con tanques a disposición y soldados bien armados, derrochando balas y ferocidad, fueron incapaces de adueñarse del Palacio de Gobierno y el propio Presidente, objeto de todo ese feroz, ruidoso e inútil ataque, se les escapó por una puerta que los pedantes comandantes no supieron prever, y, sin una simple pistolita, los derrotó hablándole de madrugada al país.

 

Meses después lo intentaron de nuevo, esta vez con dos oficiales superiores al mando –uno de ellos después oculto empleado público ahora un desfachatado, oscuro y silencioso candidato presidencial- y con el control de la aviación militar, su gran triunfo fue unos cuantos ametrallamientos de pavimentos, bombardear su propia base y asesinar a mansalva en Venezolana de Televisión empezando por matar a tiros a un humilde e inofensivo portero. La gran hazaña de ese 27 de noviembre fue escaparse al Perú, largo vuelo con el rabo entre las patas.

 

Disparando mentiras, chapoteando sobre una dirigencia política desconcertada, desgastada y rotas sus relaciones con la ciudadanía, llegaron al poder para, a lo largo de ya casi 20 años, no haber cumplido nada de lo ofrecido para el bienestar popular, ejecutando por la fuerza y renovación semanal de las mentiras todo lo no prometido, lo escondido.

 

Han manejado al país entre asaltos a la propiedad privada, agresiones a la iniciativa, destrucción de la economía, persistencia en los errores. Insólito y absurdo que hoy, después de todo lo sucedido, ciertos politiqueros de la MUD/Frente Amplio conjuntamente con el Frente Amplio Legitimador Chavistas Oportunistas Nacionales, se presten apoyar la ignominia de una elección irrita y fraudulenta. ¡Qué vergüenza!

 

A Chávez lo mató un cáncer mal manejado por una medicina que hace tiempo ya, no es lo que afirma ser y en cambio constituye una enorme hipocresía científica reservada, además, para los poderosos seducidos por la falsedad; pero ese cáncer, lo salvó de los dolores de su propia agonía política que ya asomaba.

 

Angustia que heredó, porque a Chávez y los Castro les dio la gana, el hombre más sumiso, obediente pero menos capacitado para planificar y ejecutar terapias intensivas, ahora es su propia tribulación la que avanza entre criptotransfusiones y medicamentos económicos piratas que, en vez de mejorar, empeoran, como aquellos sangramientos y aplicaciones de sanguijuelas de la Edad Media.

 

Sólo en una política han sido persistentes. La de la violencia, disparo a quemarropa, granadas e incendio criminal como respuesta y solución para todos sus errores, sin comentar las violaciones permanentes a los Derechos Humanos y la Constitución de la República. Los muertos de la sede de la Policía de Carabobo son sólo otro brutal capítulo del libro maldito de la intimidación y fanatismo como remedio para todo.

 

@ArmandoMartini  

CIDH pide investigar a las autoridades responsables de la tragedia de PoliCarabobo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado condenando los hechos ocurridos en la Comandancia General de PoliCarabobo, en que fallecieron 68 personas por un incendio presuntamente iniciado tras un motín.

La instancia también urgió al estado venezolano «investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos similares».

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó este miércoles que cinco funcionarios de la Policía de Carabobo fueron imputados por la tragedia, que previamente habían sido detenidos y estaban siendo investigados por el Ministerio Público.

Sin embargo, la CIDH exhortó a la administración de Nicolás Maduro a que las investigaciones no solo estén orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.

Igualmente la CIDH instó al gobierno a respetar el derecho de las familias a conocer sobre lo ocurrido, así como a adoptar en este tipo de circunstancias, las medidas necesarias para evitar sufrimiento adicional a los familiares de las víctimas.

«La Comisión observa que estos hechos se presentan en un centro de detención policial, comúnmente llamados “calabozos”. La CIDH reitera su especial preocupación por la utilización de estos lugares de naturaleza transitoria como centros de detención permanente, y que se caracterizan por hacinamiento y por falta de infraestructura y servicios básicos que aseguren condiciones dignas de detención», añade el comunicado.

 

 

A continuación puede leer el comunicado:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las muertes de al menos 68 personas en la Comandancia General de la Policía Regional del estado de Carabobo (Comandancia de Carabobo), Venezuela. La CIDH urge al Estado a investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos similares.

De acuerdo con información de público conocimiento, el 28 de marzo de 2018 en la comandancia de Carabobo se produjo un incendio que habría resultado en que perdieran la vida al menos 68 personas privadas de libertad, incluyendo también, visitantes. A la fecha, hay un número indeterminado de heridos. Según el secretario general del gobierno de Carabobo, Jesús Santander, el incendio se produjo después de un intento de motín. A fin de sofocar y controlar el fuego, diversas entidades públicas acudieron a las instalaciones de la Comandancia.

Asimismo, familiares de las personas detenidas en la comandancia habrían acudido a sus instalaciones para solicitar información. Como respuesta, las fuerzas de seguridad habrían utilizado gases lacrimógenos para dispersarles. La CIDH lamenta estos hechos, y urge al Estado a respetar el derecho de las familias a conocer sobre lo ocurrido, así como a adoptar en este tipo de circunstancias, las medidas necesarias para evitar sufrimiento adicional a los familiares de las víctimas.

La CIDH advierte que estos graves hechos se enmarcan en un contexto de crisis penitenciaria que enfrentan las personas privadas de libertad en Venezuela, y que se caracteriza entre otras cuestiones, por altos niveles de hacinamiento, uso excesivo de prisión preventiva, corrupción de autoridades penitenciarias, deplorables condiciones de detención, y elevados niveles de violencia. Como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, el Estado venezolano tiene el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos. Asimismo, la Comisión observa que estos hechos se presentan en un centro de detención policial, comúnmente llamados “calabozos”. La CIDH reitera su especial preocupación por la utilización de estos lugares de naturaleza transitoria como centros de detención permanente, y que se caracterizan por hacinamiento y por falta de infraestructura y servicios básicos que aseguren condiciones dignas de detención.

De conformidad con información oficial, el Ministerio Público habría iniciado una investigación sobre los hechos ocurridos, y en particular, se detuvo a cinco funcionarios de la policía de Carabobo presuntamente responsables de los mismos. Al respecto, la Comisión Interamericana exhorta a que estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.

“Es fundamental evitar los riesgos existentes y garantizar los derechos, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad”, señalo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Joel Hernández. “Lo ocurrido en la comandancia de Carabobo ha cobrado la vida de decenas de personas bajo la custodia del Estado venezolano. Para evitar la repetición de estos trágicos hechos, es urgente que el Estado realice acciones inmediatas para salvaguardar los derechos de esta población”, agregó.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Imputados subdirector y cuatro efectivos por tragedia en Policarabobo

 

José Luis Rodríguez, subdirector de la Policía de Carabobo, y los efectivos José Antonio Loaiza, Aníbal Antonio Padrón Pacheco, José Rafael Colina Palencia y Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez fueron imputados este martes por su presunta vinculación con los hechos registrados el 28 de marzo en la comandancia general del citado cuerpo de seguridad, donde murieron 68 personas.

De acuerdo con una nota del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la audiencia de presentación de los cinco funcionarios se realizó en el Tribunal Cuarto en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal de la entidad carabobeña, instancia que les dictó medida privativa de libertad.

En el caso de Rodríguez y Loaiza , ambos fueron acusados de homicidio calificado a título de dolo eventual en grado de coautor y omisión de socorro, así como introducción de arma de fuego y municiones en retenes policiales, previsto en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.

A Rodríguez, reseña el boletín, también se le imputó por corrupción propia, tipificado en la Ley Contra la Corrupción, refiere el boletín.

Por el mismo delito fueron acusados además José Rafael Colina, Sergio Enrique Rodríguez y Aníbal Antonio Padrón Pacheco.

 

Hay continuidad visual entre la imagen del esqueleto de Simón Bolívar difundida por televisión el 15 de julio de 2010 y las terribles fotos de los cadáveres de las personas que murieron en la sede de la policía del Estado Carabobo. En el primer caso, Hugo Chávez quiso mostrar urbi et orbi la apertura del sarcófago que contenía los restos del Libertador, con la excusa de investigar las “verdaderas” causas de la muerte de Bolívar. En el caso más reciente, las imágenes documentan el horror de lo que se califica como la peor masacre carcelaria ocurrida en Venezuela. Aunque los dos eventos sean distintos en su génesis y motivaciones, ambos representan la degradación del estado de derecho, de las instituciones y de la sociedad. Y dicha degradación queda capturada en las grotescas imágenes de un esqueleto inerme y de unos cuerpos carbonizados, como si se tratara de un gran cuadro panorámico que resume el daño que el chavismo le ha hecho a la psiquis del venezolano.

El evento mediático que Chávez creó alrededor de la profanación de la tumba de Bolívar fue un síntoma de la enfermedad que carcomía las entrañas del país. Hay varias lecturas de ese momento singular en la historia política y mediática de Venezuela. Una dice que todo fue parte de un ritual de brujería que le habría salido mal al demiurgo Chávez, que quiso adquirir los “poderes” de Libertador, pero que terminó siendo víctima de una supuesta maldición que le costó la vida. Otra lectura se enfoca en la ambición revisionista del Comandante Eterno, quien quiso recrear digitalmente el rostro de Bolívar, hacerlo más zambo y menos blanco, y probablemente darle algún parecido con el mismo Chávez. Cualquiera sea la interpretación que se le dé al evento de julio de 2010, lo que sí queda claro es la impunidad con la que se hizo. A Chávez se le permitieron muchas barbaridades, entre otras cosas, porque el boom petrolero le sirvió para aceitar una maquinaria clientelar y corruptora.  Pero el daño que han causado el populismo y la corrupción no puede explicarse solamente a partir de variables materiales (i.e. la cantidad de dinero repartido y robado). Existe una variable simbólica, difícil de cuantificar, que tiene consecuencias más profundas en el entramado institucional, social y mental de Venezuela.

Ocho años después de la profanación de la tumba de Bolívar llegamos a la masacre de Policarabobo. Según las cuentas oficiales, 66 detenidos y dos mujeres murieron después que se produjera un motín durante la hora de visita de familiares. Esta masacre forma parte de una larga lista de matanzas en las cárceles venezolanas. Aunque antes del chavismo también se vivieron horrores en las cárceles (basta recordar la matanza en el Retén de Catia el 27 de noviembre de 1992, día del segundo intento de golpe militar contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez), es probablemente en estos últimos 18 años que se han producido las más grandes atrocidades en las penitenciarías. Y todas ellas tienen sus expresiones visuales grotescas, como aquélla en la que los presos jugaban al fútbol con la cabeza de un hombre que habían decapitado.

Las imágenes son, pues, representaciones de un mal profundo. Las cárceles en Venezuela están en manos de grupos criminales, gracias a la complicidad de la misma ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien por cierto no se ha pronunciado públicamente sobre la masacre de Policarabobo al momento de escribir estas líneas. La supuesta “pacificación” de las cárceles que habría logrado Varela, se hizo gracias a un acuerdo con los llamados “pranes” (líderes de bandas criminales). La ministra les dio el poder de controlar las cárceles, desde donde manejan sus operaciones (secuestros, tráfico de drogas, sicariato, etc.). Sin embargo, los problemas estructurales del sistema penitenciario venezolano se agravan. Los calabozos de las policías, como en el caso de Policarabobo, están sobrepoblados, llenos de personas que esperan ser procesadas judicialmente y eventualmente ser trasladadas a una cárcel, que también están a reventar. Las condiciones de vida de los presos se degradan por falta de comida y atención médica. Reportes recientes del Observatorio Venezolano de Prisiones señalan un incremento de tuberculosis, del VIH-Sida y de la desnutrición entre los que eufemísticamente el discurso oficial llama los “privados de libertad”.

El chavismo ha creado, por acción u omisión, una iconografía grotesca. Hugo Chávez, encantador de serpientes y maestro de lo esperpéntico, sentó las bases de una cultura de la muerte. Él adoptó el lema “Patria, Socialismo o Muerte” (variación del “Patria o Muerte” fidelista). Después la enfermedad lo obligó a cambiarlo por el “Viviremos y Venceremos”, reacción del llanero supersticioso que era. De todos modos, la muerte sigue siendo el destino del chavismo. Los partidarios de Chávez han creado un culto alrededor del fallecido presidente. Invocan a la parca constantemente en su retórica guerrerista. Y el país se muere debido a la incompetencia y corrupción del chavismo: mueren miles a manos de los criminales (criminales comunes o con uniforme), tantos otros por falta de medicamentos, muchos de hambre. Como en toda situación terapéutica, analizar esta cultura grotesca se hace necesario para ir exorcizando los males que el chavismo ha sembrado y profundizado en la sociedad venezolana. Desde la palabra hay que ir desmontando los mitos del chavismo.   

Isaac Nahón Serfaty

*Profesor en la Universidad de Ottawa (Canadá) y coautor, con Meir Magar, de la novela “La conjura del esplendor”

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Saab retó a Suiza y Panamá a que muestren cuentas a su nombre
Tarek William Saab, afirmó que las sanciones impuestas en contra funcionarios del gobierno por parte de Suiza y Panamá son un “fake news” (noticia falsa) y constituyen unas patrañas que, a su juicio, nadie cree. “Muestren las supuestas cuentas que yo tengo, porque yo tengo una cuenta es en el Banco Venezuela que todos pueden ver, una cuenta nómina”. Unión Radio
MP no descarta nuevas detenciones en caso de PoliCarabobo
El Fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que apenas sucedió el motín en la comandancia de la policía de Carabobo que cobró la vida de 68 personas, el Ministerio Público estableció que hubo negligencia por parte del subdirector de la policía. En el programa Al Instante que transmite Unión Radio, Saab reiteró que cinco funcionarios fueron imputados por estos hechos y que en 45 días esperan esclarecer si hubo o no más involucrados, por lo que no descarta nuevas detenciones. Unión Radio
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Al menos 16 muertos en ataque aéreo cerca del puerto de Hodeida en Yemen

Al menos 16 personas murieron este lunes en un ataque aéreo atribuido a la coalición árabe dirigida por Arabia Saudita contra un edificio ocupado por rebeldes hutíes cerca del puerto de Hodeida, oeste de Yemen, indicaron fuentes de los servicios de seguridad. El Nacional

 

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Miguel Matheus, informó este lunes que Primero Justicia (PJ) propondrá ante la plenaria del Parlamento que se inicie el proceso de voto censura para «destituir» a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, debido a su «silencio» frente a los acontecimientos ocurridos en la Comandancia General de la Policía de Carabobo el pasado miércoles, donde al menos 68 personas perdieron la vida.

“Primero Justicia propone que se haga una asistencia directa a los familiares de las víctimas, los cuales están siendo amenazados para que no digan la verdad. Asimismo, vamos a solicitar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que venga a Venezuela a hacer un evalúo del sistema penitenciario (…)», dijo.

Igualmente agregó que propondrán «la Ley de Reforma Integral del Sistema Penitenciario Venezolano, también la creación de una comisión mixta en la AN para que se investiguen los hechos y se esclarezca la situación y, por último, vamos a proponer que se inicie el proceso de voto de censura para destituir a Iris Varela”.

Alegó Matheus que no existe «información oficial» con respecto al número de fallecidos y heridos en Policarabobo, “pero tampoco de las autopsias (…) En Valencia no se pudieron realizar y una comisión de forenses fue desde Caracas hacia allá para hacer unas autopsias colectivas sin que los familiares tuvieran conocimiento de los datos. Todos murieron por asfixia, pero extraoficialmente, hay personas que presentan impactos de bala, pero eso no se ha podido corroborar”.

“Lo que ocurrió en Carabobo, puede volver a ocurrir en cualquier recinto donde haya hacinamiento y se puede derramar más sangre si esta situación continúa”, añadió el diputado.

OVP exige repetir autopsia a víctimas de la tragedia de Carabobo

El Observatorio de Prisiones criticó la premura en la realización de las necropsias

Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), instó a que se repitan las necropsias practicadas a las 68 personas, 66 presos y 2 mujeres que visitaban a reclusos, que murieron el miércoles 28 en la madrugada en el calabozo de la Comandancia de la Policía de Carabobo.

Las autopsias a los presos, realizadas por patólogos del Senamecf que se trasladaron desde Caracas a Valencia, determinaron que la causa de muerte, en todos los casos, fue asfixia por inhalación de gas, sofocación debida al confinamiento en espacios cerrados y quemaduras en las vías respiratorias, según el informe médico forense que se conoció extraoficialmente.

No obstante, argumentó a El Nacional, que es necesario descartar dudas y recordó el caso de la masacre de Vista Hermosa, en el que los protocolos de autopsia señalaban una causa, pero al repetir los procedimientos se reveló que los cadáveres presentaban tiros descendentes en la cabeza. “Cuando hay todo ese tipo de hechos, los únicos testigos son los policías y los presos que sobrevivieron”, dijo.

A cuatro días del incendio que cobró 68 vidas, aun no hay una versión oficial sobre los hechos, se desconocen las causas de la protesta que protagonizaron los presos y las causas del fuego que arrasó los calabozos.

Prado recordó que hay al menos muchas versiones sobre los hechos, desde el supuesto intento de fuga; el motín por el control de los calabozos en rechazo al retiro de las mujeres que pernoctaban en el centro penitenciario; el secuestro de un funcionario, el uso de una granada, el estallido de una bomba lacrimógena y un ataque con gasolina.

“En un país con cultura de respeto de los Derechos Humanos, hace tiempo se habría dado la versión oficial de los hechos, lo único que tenemos son conjeturas y muchas versiones”.

El activista por los derechos de los presos criticó que el gobierno ofreció declaraciones al respecto dos días después de lo ocurrido y que “durante el primer día, en vez de informar sobre la situación a los familiares, lo que hicieron fue reprimirlos con golpes y bombas lacrimógenas”.

Prado: «En vez de informar a los familiares lo que hicieron fue reprimirlos»

Prado indicó que en esos calabozos policiales había una población de 180 presos a pesar de que solo tenían capacidad para 30 personas, 600% de hacinamiento.

Prado recordó que en el país ha habido, incluido este último, cuatro casos de muertes de presos por incendio. El primero de ellos ocurrió en Sabaneta en 1993, en el que murieron 109 privados de libertad en un enfrentamiento entre bandas. En 1996 acaeció el de La Planta, en el que funcionarios de la GNB quemaron a los presos, y hubo también el que se propagó en la sede del Instituto Nacional de Menores en San Félix, estado Bolívar, en 2005, donde murieron siete menores de edad calcinados.

El OVP afirmó que en los calabozos policiales del país hay 32.600 detenidos y apenas cuentan con una capacidad para 8.000 personas.

Fiscalía emite órdenes de aprehensión por tragedia de Policarabobo

El Ministerio Público emitió cinco órdenes de aprehensión en contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo por la tragedia ocurrida el pasado miércoles en la que fallecieron 68 personas que se encontraban privadas de la libertad en los calabozos de la sede de la policía regional.

El anuncio lo hizo Tarek William Saab, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de dos tweets publicados en su cuenta de la red social Twitter.

Saab anunció la detención del sub director del organismo policial, José Luis Rodríguez, quien había sido detenido la víspera y prometió que se esclarecerán los trágicos hechos, sancionando a los responsables.