EL 28 DE MARZO UN INCENDIO en la Comandancia General de la Policía de Carabobo ubicada en la calle Navas Spinola, de Valencia, dejó como saldo 69 personas muertas, 67 reos y 2 mujeres que visitaban a los reclusos.

Dos meses han transcurrido de dicha masacre y los entes Gubernamentales no han dado una respuesta contundente a las causas que originaron el incendio. A través de una nota de prensa del Ministerio Público indican que el fuego se originó “durante un supuesto motín que protagonizaron los privados de libertad, en protesta a una requisa organizada por los funcionarios policiales desde tempranas horas de la mañana”

Por los hechos acaecidos fueron acusados el subdirector de la Policía del estado Carabobo comisionado José Luis Rodríguez Ramírez (49) por homicidio calificado por medio de incendio en grado de complicidad, a cuatro policías como coautores del delito y a tres de ellos por corrupción propia, debido a que cobraban a los privados de libertad para permitir la pernocta de personas en el recinto.

Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se rechaza que el Ministerio Público maneja las causas bajo la palabra “supuesto”, sobre todo cuando se presentó una acusación formal, se deben hablar de hechos ciertos y reales.

Humberto Prado, director del Observatorio Nacional de Prisiones (OVP) manifestó que esperan las condenas para los responsables luego de un proceso debido y la reparación integral a las víctimas y sus familiares, señala que los cinco policías acusados no son los únicos responsables de estos hechos, “también existe responsabilidad en autoridades superiores que deben ser investigadas y procesadas”.

Recordó Prado que para el momento en los calabozos existía una población penal de 180 privados de libertad y la capacidad era para 30, presentando en el momento el 600 % de hacinamiento. Aclara que no son traslado a penales porque desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no se dan los cupos.

Aseguró que, desde el primer momento del hecho, las causas del incendio no están claras, pues según relatos de familiares y sobrevivientes indicaban que además de que los funcionarios policiales los encerraron cuando comenzó el fuego y no prestaron el referido auxilio, serían los causantes de rociar la gasolina para que se originara el mismo, “esos son hechos que deben ser investigados”

Así mismo en el momento el OVP exigió que las autopsias de los reos, las cuales fueron realizadas en condiciones infrahumanas fueran repetidas. Humberto Prado explica que era necesario descartar dudas, mismas que hoy siguen presentes, porque esas autopsias no fueron realizadas nuevamente; recordó el caso de la masacre del Internado Judicial de Ciudad Bolivar, mejor conocido como “Vista Hermosa”, en el que los protocolos de autopsia señalaban una causa, pero al repetir los procedimientos se reveló que los cadáveres presentaban tiros descendentes en la cabeza. “Cuando hay todo ese tipo de hechos, los únicos testigos son los policías y los presos que sobrevivieron”, dijo.

Los protocolos de autopsia entregados a los familiares en el caso de PoliCarabobo indicaban que los reos murieron por asfixia mecánica y sofocación, aun cuando los propios dolientes indicaron que algunos de sus seres queridos presentaban orificios por los pasos de proyectiles provenientes de armas de fuego.

Prado criticó que autoridades venezolanas se pronunciaron ante estos hechos dos días después de lo sucedido, cuando debió hacerse de forma inmediata, también se denuncia que los familiares no fueron atendidos de forma adecuada, porque fueron reprimidos el mismo día de los hechos irregulares en los calabozos, cuando tan solo querían obtener algún tipo de información.

Son muchas irregularidades que existieron durante el procedimiento y que desde el OVP se insta a que continúen las investigaciones sobre el caso y reitera el director de OVP que cinco PoliCarabobo no son los únicos responsables de la muerte de 69 personas.

 

Este martes 12 de junio fueron puestos en libertad los hermanos Eudín y José León Ramírez, ambos jóvenes presentan un severo cuadro de desnutrición. Estaban detenidos en la comandancia de la policía de Carabobo ubicada en la parroquia Urbana San Blas de esa entidad, por haber cometido delitos comunes.

Al salir del módulo policial los jóvenes tuvieron que ser auxiliados por sus familiares, quienes al percatarse que los hermanos no se podían mantener de pie por su estado de salud corrieron de inmediato para brindarles ayuda.

Digno de los campos de exterminio nazis! Liberados los jóvenes Eudin León Ramírez y José León Ramírez, tenían varios meses detenidos en la comandancia de la Policía de Carabobo en la Parroquia San Blas, presentando un cuadro de desnutrición severo. Torturados! Hasta cuándo?????? pic.twitter.com/HWWwqxbETI

— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) 12 de junio de 2018

Eudín León denunció que en el centro de detención preventiva hay un preso al que apodan el “Oso” que es quien lleva el control del lugar.

Detalló que los policías del lugar están a merced de este sujeto, a quien acusó de mandar a golpear y torturar a los reclusos, “nos ponen cucharillas calientes, nos ponen corriente y nos golpean en las costillas”.

Dijo que desde febrero todos los reclusos del lugar comían una sola vez al día, porque era lo que alías el “Oso” había ordenado. Decisión que fue revocada el 8 de junio cuando de nuevo les permitieron ingerir más alimentos.

León subrayó que mientras todos los demás reclusos pasan trabajo y viven en condiciones inhumanas, este sujeto vive y come bien.

#CaraotaEnCarabobo Eudín León, exprivado de libertad, aseguró que existe un preso llamado "El Oso" que tortura a otros por medio de la policía / Reportó: @dayriblanco07 pic.twitter.com/xQoX2inpXh

— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 12 de junio de 2018

La noche del miércoles 28 de marzo en una de las Comandancia de PoliCarabobo se registró un incendio en el que murieron 68 reclusos, cinco funcionarios fueron detenidos por este caso.

 

Este 28 de abril de 2018 se cumple un mes de la tragedia en los calabozos de la Comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, donde murieron 69 personas. Ante la escasa la información oficial sobre lo sucedido en la sede policial,  le pidió al gobierno dar a conocer el resultado de las investigaciones en este caso.

“Desde Una Ventana a la Libertad exigimos se investigue a profundidad lo ocurrido el pasado 28 de marzo en la sede de la policía del estado Carabobo. Este evento es catalogado como el segundo más grave en Venezuela desde el incendio en la cárcel de Sabaneta en 1997, donde fallecieron 127 personas, y debe ser investigado y sancionados sus responsables, sean quienes sean”, afirmó Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad.

Nieto Palma además recalcó que es obligación del estado venezolano velar por los derechos humanos de los privados de libertad e investigar a fondo cuando se cometen este  tipo de atropellos. “El mundo entero que se hizo eco de lo que ocurrió en los calabozos policiales de la comisaría en la ciudad de Valencia, espera una respuesta oficial por parte del estado venezolano y aún no la tenemos”.

Nieto Palma destacó que transcurrido un mes de los trágicos hechos, ya debería haber información clara y precisa sobre lo sucedido y quiénes son los responsables. “Desde que ocurrió lo de PoliCarabobo, Una Ventana a la Libertad responsabilizó de manera directa al Ministerio para el Servicio Penitenciario por ser éste, según establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación del referido ministerio, el encargado de velar por los derechos humanos y condiciones de vida de los privados de libertad en Venezuela, independientemente de donde se encuentren”, resaltó.

Igualmente solicitó que se investigue a la ministra Iris Varela y a las demás autoridades del ministerio, pues considera que ellos también “son responsables de esta tragedia y no pueden quedar impunes”, porque debido a la “negligencia” han convertido a Venezuela en un país con un caos penitenciario.

Una Ventana a la Libertad espera que el gobierno informe sobre las detenciones que se han producido. En el primer momento, Tarek William Saab informó sobre la aprehensión de cinco funcionarios policiales, entre ellos el subdirector del cuerpo de seguridad donde hubo el incendio. Después, de manera extraoficial, se supo sobre la detención de otros cuatro funcionarios de PoliCarabobo.

“Con el silencio del Ministerio Público y demás autoridades lo que se pretende es que se olvide esta tragedia ocurrida en Valencia, como ha sucedido otras veces y de esta manera sigamos en este terrible régimen de impunidad en  que vivimos en Venezuela”, concluyó el director de Una Ventana a la Libertad.

Como se recordará, el incendio que se desató –aún por causas desconocidas- el día 28 de marzo, Miércoles Santo, en PoliCarabobo acabó con la vida de 69 personas, 66 detenidos y dos mujeres que pernoctaban en el recinto, según informó el Fiscal de la República, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.

Unos días después se produjo el deceso del herido Yorman Trejo, de 28 años de edad, que había estado recluido en la Emergencia de la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera de Valencia, a causa de las complicaciones sufrió un paro respiratorio. Trejo tuvo también quemaduras en zonas de su cuerpo. Con la muerte de Trejo ascendió a 69 el número de víctimas mortales de la tragedia en PoliCarabobo.

Familiares de las víctimas esperan que se haga justicia                              Foto Miguel Gutiérrez EFE

Con la muerte de Yorman Alexander Trejo Morales, se elevan a 69 las víctimas que dejó el incendio que el pasado 28 de marzo arrasó los calabozos de la sede de la Policía del estado Carabobo, ubicada en avenida Navas Spinola de la ciudad de Valencia.

Con esta muerte ascienden a 67 los presos muertos en el siniestro, en el que además perecieron dos mujeres que se encontraban pernoctando junto a los reclusos.

Trejo Morales habría muerto la mañana del pasado viernes 6 de abril en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) de Valencia donde permaneció recluido durante diez días luego de haber sufrido quemaduras graves en la cara, un hombro, brazo, costado y pierna.

En la tragedia de Policarabobo además unos 100 reclusos presentaron quemaduras y reseñó la agencia ACN.

Por el caso el Ministerio Público dictó cinco órdenes de captura contra igual número de funcionarios de la Policía del Estado Carabobo, aun cuando la fiscalía no descartó que pudiesen dictarse otras medidas.

Los detenidos son el subdirector del organismo, el comisionado José Luis Rodríguez Ramírez, el jefe del Reten, el comisionado agregado José Antonio Carrera Loaiza, el supervisor jefe Aníbal Antonio Padrón Pacheco, el oficial José Rafael Colina Palencia y el oficial Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez.

Por su parte la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, se deslindó de la tragedia, al señalar la semana pasada que su despacho no tenía nada que ver con la muerte de prisioneros en calabozos de policías, que eran competencia de las gobernaciones, alcaldías y organismos policiales nacionales.

FOTO: Carlos Garcia Rawlins / REUTERS

La primera vez que esta columna de opinión fue publicada hace poco menos de dos años y medio, su contenido fue a propósito de otra celebración más por parte del intento fracasado de golpe de Estado del 27 de noviembre de 1992. Hoy será abordada de nuevo esa fecha, pero con miras a revisar otro acontecimiento que conmocionó a Caracas y a todo el país, a pesar de que pareciera que no muchos lo siguen recordando. Mientras el terror llovía en forma de bombas desde el cielo capitalino, los barrotes de un presidio en el noroeste de la ciudad se teñían de carmesí.

En circunstancias que quedaron poco claras, agentes de seguridad asesinaron a un número grotescamente elevado de proscritos en el infame Internado Judicial de los Flores de Catia, mejor conocido como el Retén de Catia. Se presume que hubo un intento de fuga masiva aprovechando el caos que los golpistas habían desatado en Caracas. La cifra exacta de muertos es un asunto polémico. La versión oficial, emanada del Ministerio de Justicia (en aquel entonces no se acostumbraba a recargar de pomposidad los nombres de los despachos públicos) fue de 63. Pero otras fuentes, incluyendo a algunas autoridades, presentaron números mayores.

Una nota de El País de Madrid sobre los hechos siniestros recoge las declaraciones del gobernardor de Caracas de la época, Antonio Ledezma. El hoy dirigente opositor exiliado recordó que ya había advertido antes sobre la “bomba de tiempo” que era aquella cárcel. En efecto, el hacinamiento era un problema mayor: para el momento de la matanza, unos 3.000 reos superaban por amplio margen la capacidad del penal.

Pero además, las denuncias sobre violencia, corrupción y condiciones inhumanas dentro de la cárcel llevaban más de una década en el aire. En los años 70 apareció el libro Retén de Catia, una novela de Gustavo Santander (bajo el pseudónimo de Juan Sebastián Aldana) sobre los horrores vividos tras esas rejas. Sus páginas fueron llevadas a la pantalla grande en 1984 por el director Clemente de la Cerda.

En fin, a la masacre siguió el Vía Crucis de los familiares de las víctimas. Días y días peregrinando los alrededores de la cárcel, recorriendo hospitales y yendo a la morgue.

Mucho tiempo después, en 2006, el Estado venezolano reconoció su responsabilidad en los hechos durante una audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacerlo era políticamente fácil para la autoproclamada Revolución Bolivariana. Después de todo, los dedos acusadores podían dirigirse hacia la “perversa cuarta repúlica”. De hecho, el estado de las prisiones durante esas cuatro décadas es un argumento recurrente en el aparato de propaganda oficialista para imponer la noción de que durante el período democrático las violaciones de los Derechos Humanos eran un patrón sistemático que opacó las tropelías de Pérez Jiménez y que solo encuentra parecido regional en las dictaduras del Cono Sur. Aquellos desmanes, nos gritan desde el Ministerio de Comnucación e Información, siempre quedaban impunes. O solo pagaban por ellos los ejecutores directos, agentes de poca monta, sin que los miembros de la “oligarquía” que movía los hilos sufrieran las consecuencias, como dicen que ocurrió con el cruento asesinato de Jorge Rodríguez padre.

Pues bien, cuando por enorme desgracia se acerca el vigésimo aniversario de una revolución que tomó el poder con la promesa de dar al traste con absolutamente todos los defectos de la “cuarta”, la efectividad en el cumplimiento del juramento es muy clara. Para muestra tenemos el horripilante desenlace de lo que comenzó con una riña entre carceleros y reos en un calabozo de la Policía de Carabobo. El incendió que a raíz del pleito se desató terminó cobrando las vidas de al menos 68 personas. Es una cifra espantosa, mayor a la que quedó registrada en Catia aquel noviembre. Las imágenes desgarradoras de los familiares de las víctimas llorando de dolor e impotencia conmocionaron a personas en todo el mundo y hasta llegaron a ocupar la primera página de un diario de reputación global como The New York Times. En la propia Venezuela, mientras periodistas se esforzaban por aclarar el proceso que desembocó en tanto horror, la televisora que se financia con dinero público no decía ni una palabra sobre la tragedia, pues estaba muy ocupada transmitiendo mensajes de propaganda oficialista con el espírito pascual como excusa.

Tuvieron que pasar no una, ni dos, sino ocho horas tras la catástrofe para que el gobernador de Carabobo se pronunciara al respecto. Unas palabras expresadas con el rostro de frente al país eran de rigor, pero el mandatario regional optó por un mensaje escueto en sus redes sociales. Unos policías señalados como responsables del enfrentamiento dentro de la mazmorra fueron detenidos, y miembros de la dirección del organismo de seguridad estadal, destituidos. No obstante, los ciudadanos se preguntan con estupefacción cómo es posible que los señalamientos y las penalidades solo lleguen hasta ahí.

Sería inadmisible omitir que, no conforme con que la matanza de la semana pasada haya probablemente superado en número de muertos a la del Retén de Catia, la misma debe añadirse a otras calamidades de naturaleza similar acaecidas en la última década: masacres en El Rodeo, en Uribana, en la Penitenciaría General de Venezuela y en Puerto Ayacucho. Todas ellas suman centenares de cadáveres, personas con Derechos Humanos a pesar de sus delitos.

Que hoy haya que hacer un recuento tan nefasto es algo que no pudo ser evitado por el detalle de que Venezuela cuenta con un Ministerio de Sistema Penitenciario, un cargo con nivel de gabinete dedicado exclusivamente a las cárceles. Este despacho fue creado por Hugo Chávez luego de que la cartera de Relaciones Interiores, Justicia y Paz perdiera el control sobre las prisiones (hecho injustificable en sí mismo). No tiene ningún sentido preguntar si desde entonces ha habido mejoras. La realidad nos ha gritado la cruel respuesta incontables veces. Llama la atención que un gobierno muy dado a rotar ministros entre diferentes cargos haya eximido de tal suerte a quien le encargó recuperar las penitenciarías. En cuanto a la última hecatombe, la sempiterna funcionaria se limitó a lamentar los hechos, aclarando que no le competen.  De todas formas, con la elegancia en el léxico que la caracteriza, la ministra ya ha dejado claro que solo le esperan insultos a quien ose cuestionar su gestión.

Desde el Ministerio Público hubo un reconocimiento de que en las celdas de Policarabobo había un “hacinamiento exacerbado” que habría desatado la calamidad. Esta situación se repite en los centros de detención a lo largo y ancho del país y las expectativas de progreso son nulas.

Igualmente priva el escepticismo con respecto a lo que debería ser una obligación moral por parte de las autoridades venezolanas y sus seguidores. A saber, dejar de usar la masacre del Retén de Catia como argumento propagandístico, dada la situación penitenciaria actual. De vuelta a este hecho, lo peor es que al parecer el interés por aquella aberración se restringe a campañas mediáticas. En noviembre pasado, Cofavic recordó que el Estado venezolano “no ha cumplido todas las obligaciones” de la sentencia de la CIDH. “No se ha identificado los restos de las personas desaparecidas ni se ha entregado esos restos a los familiares. Nadie ha sido enjuiciado ni condenado por este caso”, reportó la ONG en un texto difundido por este portal.

 

@AAAD25

 

Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la Policía de Carabobo

 

Javier I. Mayorca

@javiermayorca

 

 

               1. El oro a escondidas

 

Mucho revuelo ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados- acudieron a los tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles adicionales.

En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el transporte del metal se hizo de madrugada.

En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal, que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte), de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29 de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el domingo siguiente, 1 de marzo, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80 millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las rampas del sector este del aeropuerto.

En este jet sale el oro

El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos. Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15 de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco Central de Venezuela.

 

             2. Los muertos que no quieren contar

 

Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo. El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.

Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como iniciador de las llamas.

La presencia de mujeres en el lugar formaba parte de un sistema de sobornos a los funcionarios policiales, que fue denunciado por los familiares de los reclusos. Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.

La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia Nacional.

Por otra parte, el claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto, según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo, hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres murieron a cuchilladas.

De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que no es responsable.  

No importa cómo lo veamos, ni cómo comenzó. No incumbe que el rojo gobernador carabobeño haya regresado de su viaje rasgándose las vestiduras y despidiendo a unos funcionarios policiales, quizás no culpables, pero sin duda responsables. No concierne que el oportuno –pero no consecuente fiscal general nombrado por la cubana constituyentemente haya despertado de su letargo y con su cara permanente haya prometido investigaciones. Todo eso es necesario, pero no es lo importante.

 

Lo que demostró la carnicería en la sede de la Policía de Carabobo es otro ejemplo de la que se ha convertido en Venezuela una política revolucionaria de la violencia, balazo y fuego como políticas de Estado, tipicidades de un país que dejó de ser pueblo y civilización para transformarse en una revolución que ha hecho del derrame de sangre, la amenaza feroz e indiferencia ante la vida sus elementos de persuasión.

 

No es la primera vez que sucede, y con este concepto bolivariano no será la última lamentablemente. Comenzó, por ponerle una fecha de estreno, con los fusilamientos sin juicio ni preguntas, a dedo, ordenadas por ese imbécil mal concebido transformado en “héroe” de fotografía y verdugo ejecutor por gusto que se llamó Ernesto “Che” Guevara, que inició el régimen castrista asesinando a diario por decisión propia, un dios tropical de una justicia aberrante, aunque, sin la menor duda, con el respaldo y aprobación de esos otros asesinos, represores, violadores de los Derechos Humanos y torturadores que han sido los hermanos Castro Ruz y sus bandidos cómplices.

 

Se vió con pretextos abstractos de rebelión con el sandinismo nicaragüense, con los milicianos de Noriega en Panamá. Ni siquiera los implacables sinvergüenzas militares golpistas de Chile, Argentina y Uruguay han torturado y matado a tantos hombres y mujeres en América como el comunismo en el poder.

 

El chavismo, fiel y entregado discípulo en Venezuela, ni iba a ser ni ha sido menos.

 

Se estrenaron atacando con ametralladoras y granadas en mano una residencia presidencial donde no estaba el Presidente al cual se proponían liquidar, sino su esposa e hijas acompañadas por unos cuantos y desprevenidos guardianes civiles y militares. Derramaron sangre, atemorizaron a todo el vecindario, pero no fueron capaces de derrotar a aquella dama extraordinaria que supo defender su hogar, su casa.

 

Con tanques a disposición y soldados bien armados, derrochando balas y ferocidad, fueron incapaces de adueñarse del Palacio de Gobierno y el propio Presidente, objeto de todo ese feroz, ruidoso e inútil ataque, se les escapó por una puerta que los pedantes comandantes no supieron prever, y, sin una simple pistolita, los derrotó hablándole de madrugada al país.

 

Meses después lo intentaron de nuevo, esta vez con dos oficiales superiores al mando –uno de ellos después oculto empleado público ahora un desfachatado, oscuro y silencioso candidato presidencial- y con el control de la aviación militar, su gran triunfo fue unos cuantos ametrallamientos de pavimentos, bombardear su propia base y asesinar a mansalva en Venezolana de Televisión empezando por matar a tiros a un humilde e inofensivo portero. La gran hazaña de ese 27 de noviembre fue escaparse al Perú, largo vuelo con el rabo entre las patas.

 

Disparando mentiras, chapoteando sobre una dirigencia política desconcertada, desgastada y rotas sus relaciones con la ciudadanía, llegaron al poder para, a lo largo de ya casi 20 años, no haber cumplido nada de lo ofrecido para el bienestar popular, ejecutando por la fuerza y renovación semanal de las mentiras todo lo no prometido, lo escondido.

 

Han manejado al país entre asaltos a la propiedad privada, agresiones a la iniciativa, destrucción de la economía, persistencia en los errores. Insólito y absurdo que hoy, después de todo lo sucedido, ciertos politiqueros de la MUD/Frente Amplio conjuntamente con el Frente Amplio Legitimador Chavistas Oportunistas Nacionales, se presten apoyar la ignominia de una elección irrita y fraudulenta. ¡Qué vergüenza!

 

A Chávez lo mató un cáncer mal manejado por una medicina que hace tiempo ya, no es lo que afirma ser y en cambio constituye una enorme hipocresía científica reservada, además, para los poderosos seducidos por la falsedad; pero ese cáncer, lo salvó de los dolores de su propia agonía política que ya asomaba.

 

Angustia que heredó, porque a Chávez y los Castro les dio la gana, el hombre más sumiso, obediente pero menos capacitado para planificar y ejecutar terapias intensivas, ahora es su propia tribulación la que avanza entre criptotransfusiones y medicamentos económicos piratas que, en vez de mejorar, empeoran, como aquellos sangramientos y aplicaciones de sanguijuelas de la Edad Media.

 

Sólo en una política han sido persistentes. La de la violencia, disparo a quemarropa, granadas e incendio criminal como respuesta y solución para todos sus errores, sin comentar las violaciones permanentes a los Derechos Humanos y la Constitución de la República. Los muertos de la sede de la Policía de Carabobo son sólo otro brutal capítulo del libro maldito de la intimidación y fanatismo como remedio para todo.

 

@ArmandoMartini  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado condenando los hechos ocurridos en la Comandancia General de PoliCarabobo, en que fallecieron 68 personas por un incendio presuntamente iniciado tras un motín.

La instancia también urgió al estado venezolano “investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos similares”.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó este miércoles que cinco funcionarios de la Policía de Carabobo fueron imputados por la tragedia, que previamente habían sido detenidos y estaban siendo investigados por el Ministerio Público.

Sin embargo, la CIDH exhortó a la administración de Nicolás Maduro a que las investigaciones no solo estén orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.

Igualmente la CIDH instó al gobierno a respetar el derecho de las familias a conocer sobre lo ocurrido, así como a adoptar en este tipo de circunstancias, las medidas necesarias para evitar sufrimiento adicional a los familiares de las víctimas.

“La Comisión observa que estos hechos se presentan en un centro de detención policial, comúnmente llamados “calabozos”. La CIDH reitera su especial preocupación por la utilización de estos lugares de naturaleza transitoria como centros de detención permanente, y que se caracterizan por hacinamiento y por falta de infraestructura y servicios básicos que aseguren condiciones dignas de detención”, añade el comunicado.

 

 

A continuación puede leer el comunicado:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena las muertes de al menos 68 personas en la Comandancia General de la Policía Regional del estado de Carabobo (Comandancia de Carabobo), Venezuela. La CIDH urge al Estado a investigar con debida diligencia, identificar y sancionar a los responsables, así como a adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de hechos similares.

De acuerdo con información de público conocimiento, el 28 de marzo de 2018 en la comandancia de Carabobo se produjo un incendio que habría resultado en que perdieran la vida al menos 68 personas privadas de libertad, incluyendo también, visitantes. A la fecha, hay un número indeterminado de heridos. Según el secretario general del gobierno de Carabobo, Jesús Santander, el incendio se produjo después de un intento de motín. A fin de sofocar y controlar el fuego, diversas entidades públicas acudieron a las instalaciones de la Comandancia.

Asimismo, familiares de las personas detenidas en la comandancia habrían acudido a sus instalaciones para solicitar información. Como respuesta, las fuerzas de seguridad habrían utilizado gases lacrimógenos para dispersarles. La CIDH lamenta estos hechos, y urge al Estado a respetar el derecho de las familias a conocer sobre lo ocurrido, así como a adoptar en este tipo de circunstancias, las medidas necesarias para evitar sufrimiento adicional a los familiares de las víctimas.

La CIDH advierte que estos graves hechos se enmarcan en un contexto de crisis penitenciaria que enfrentan las personas privadas de libertad en Venezuela, y que se caracteriza entre otras cuestiones, por altos niveles de hacinamiento, uso excesivo de prisión preventiva, corrupción de autoridades penitenciarias, deplorables condiciones de detención, y elevados niveles de violencia. Como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, el Estado venezolano tiene el deber jurídico ineludible de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos. Asimismo, la Comisión observa que estos hechos se presentan en un centro de detención policial, comúnmente llamados “calabozos”. La CIDH reitera su especial preocupación por la utilización de estos lugares de naturaleza transitoria como centros de detención permanente, y que se caracterizan por hacinamiento y por falta de infraestructura y servicios básicos que aseguren condiciones dignas de detención.

De conformidad con información oficial, el Ministerio Público habría iniciado una investigación sobre los hechos ocurridos, y en particular, se detuvo a cinco funcionarios de la policía de Carabobo presuntamente responsables de los mismos. Al respecto, la Comisión Interamericana exhorta a que estas investigaciones no sólo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que pudieran ser responsables por acción u omisión.

“Es fundamental evitar los riesgos existentes y garantizar los derechos, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad”, señalo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Joel Hernández. “Lo ocurrido en la comandancia de Carabobo ha cobrado la vida de decenas de personas bajo la custodia del Estado venezolano. Para evitar la repetición de estos trágicos hechos, es urgente que el Estado realice acciones inmediatas para salvaguardar los derechos de esta población”, agregó.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.