Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes y la Fundación El Amparo denunciarán al Estado venezolano por graves violaciones de derechos humanos cometidos en contra de profesores activos y jubilados

Ante los bajos salarios que percibe el personal docente, administrativo y obrero de las diversidad universidades venezolanas, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) y la Fundación El Amparo están coordinando un plan de trabajo conjunto para a corto plazo denunciar al Estado venezolano por graves violaciones de derechos humanos cometidos en contra de profesores activos y jubilados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Washington, y por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.

En reunión realizada el pasado viernes 14 de octubre en la sede del rectorado de la ULA en Mérida entre el rector, Mario Bonucci; el presidente de la Fundación El Amparo, director General del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), y docente jubilado de dicha casa de estudios, Walter Márquez, y representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, acordaron recopilar casos puntuales para elevar esta situación ante los organismos internacionales, por ser un hecho sistemático y repetitivo de crimen de exterminio tipificado en el Estatuto de Roma por la privación de alimentos y medicinas.

“Estamos diseñando un plan de trabajo para investigar y documentar casos concretos de vulnerabilidad de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El hecho de que los profesores universitarios activos y jubilados no ganen ni siquiera un salario mínimo que cubra las necesidades y la dieta básica, es un crimen de lesa humanidad por la privación al acceso de alimentos y medicinas”, expresó Márquez.

Explicó el defensor de derechos humanos que existe doble responsabilidad, la del Estado, que hay que solicitarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y la responsabilidad penal individual de los altos funcionarios públicos que en su cadena de mando han intervenido para negarle los derechos a un salario digno, a una seguridad social, y también al respeto integral de la autonomía universitaria y sus integrantes.

“La universidad es un espacio democrático, cuando se ataca a la universidad, se ataca a la democracia y tenemos que luchar por rescatar los valores constitucionales, democráticos y civilistas. Fueron los espacios de la Universidad Central de Venezuela en que se formaron los próceres de la independencia, y la universidad sigue resistiendo frente a un régimen totalitario y antidemocrático”, resaltó Márquez.

Visibilizar los atropellos

Sobre esta nueva ruta de trabajo el rector de la ULA, Mario Bonucci, indicó que la sinergia con la Fundación El Amparo va a producir resultados positivos porque visibilizará los atropellos cometidos en contra del personal universitario, y permitirá crear una cultura de defensa de los derechos humanos.

“El Observatorio de Derechos Humanos no solo sirve para defender a la universidad, nos sirve para visibilizar todos estos atropellos y cosas que están ocurriendo. Nuestro observatorio que fue creado a partir de unas protestas en 2014 busca visibilizar y empoderar a la ciudadanía, y es lo que hace Walter Márquez… Creo que lo más importante es que independientemente de que usted haga o no haga una denuncia, usted pueda tener un pueblo empoderado en sus derechos, que diga yo tengo derecho a la protesta, yo tengo derecho a hablar. La esperanza se construye es de esa manera”, expresó Bonucci.

Al menos 225 violaciones a derechos humanos cometidas contra universitarios registró el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en alianza con la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, Aula Abierta y el Centro para la Paz y Derechos Humanos “Padre Luis María Olaso” de la Universidad Central de Venezuela, quienes revelaron su último informe sobre la situación de las universidades y los universitarios en el país.

En este trabajo de investigación en conjunto por distintos organismos, se evidenciaron 50 violaciones a derechos humanos en el contexto universitario durante el mes de enero. En febrero, la cifra descendió a 47. En marzo se registraron 27 y en abril 14. En mayo hubo un repunte, sumando 40 en total, y en junio se contabilizaron 47.

Cabe resaltar que en esta evaluación se denunció violaciones a la autonomía universitaria, asfixia presupuestaria y control de la educación superior, donde “ejecutan acciones que violan de distintas formas la autonomía de las universidades”. 

Dentro de las violaciones a la autonomía universitaria que documentan el ODH-ULA y sus organizaciones aliadas, está la intervención de espacios universitarios por parte de agentes externos, la imposición de normas ilegales y ataques contra académicos, trabajadores y estudiantes. Estos tipos de violaciones son las más reiteradas en el registro que se hace mensualmente para los informes.

Es este documento se detalla que desde el 2019, cuando se creó el Plan Universidad Bella la administración de Nicolás Maduro, ha intervenido espacios universitarios “con la excusa de recuperarlos, hacerles mantenimiento o rehabilitarlos, siendo que el deterioro de la infraestructura universitaria es consecuencia de la asfixia presupuestaria aplicada por el mismo régimen”. 

A inicio del mes de junio el vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo (UC), José Angel Ferreira, denunció que el gobierno debe el equivalente a 1.661.995,43 dólares a los fondos de pensiones de los profesores y del personal administrativo de esta institución, al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), al seguro social, las pensiones alimentarias, las contribuciones a la Asociación de Empleados, a la Asociación de Profesores y al Consejo de Profesores Jubilados, además de los sindicatos.

Aunado a esto, Mario Bonucci, rector de la ULA, informó el pasado 6 de junio que en Consejo Universitario se había discutido el impago de las retenciones de impuestos por parte del Ministerio de Educación Universitaria, cuya deuda asciende a 1.000.000 de dólares.

A pesar de que durante las semanas de flexibilización se estableció que todos los tribunales trabajarían, eso no ha ocurrido en la práctica

Tras prácticamente siete meses cerrados por la pandemia de COVID-19, se reactivaron los distintos juzgados del país . Sin embargo, transcurrido casi un mes de la medida, los resultados no han sido los esperados, por lo menos no en todos los tribunales.

La puesta en marcha del sistema híbrido (presencial y virtual) ha venido acompañada de confusión, por ello se ha creado un sistema de comunicación con los tribunales bajo un horario restringido, que en muchos casos va de 9:00 a. m. a 12:00 o 1:00 p. m. en un esquema de 7 x 7.

Pese a que durante la semana de flexibilización se estableció que todos los tribunales laborarían, eso no ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin personal o en inventario, a la vez que en la semana de no flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos actos en materia penal.

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De hecho, según la información aparecida en los medios de comunicación y los reportes de otras organizaciones de la sociedad civil, se puede concluir que no ha habido un desarrollo de actividades de forma uniforme en los juzgados, pues dependiendo de la zona, el circuito judicial y la materia, algunos despachos han retomado sus actividades y otros no.

En el estado Mérida, por ejemplo, ya se celebraron algunas audiencias preliminares y de juicio, pero en las mismas se habrían cometido irregularidades como la notificación de las partes, con lo cual su desarrollo se ha visto truncado, como denunció el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA). Este además reportó que a los abogados y a los familiares de víctimas se les ha impedido al acceso al Palacio de Justicia para presenciar los juicios orales y públicos, bajo la excusa del distanciamiento social.

En Caracas, durante la primera semana, los juzgados penales solo recibieron solicitudes de particulares, pero no adoptaron ninguna decisión, por cuanto los jueces se estaban poniendo al día con los asuntos pendientes.

La realidad descrita contrasta con la presentada por el TSJ, cuyo presidente, magistrado Maikel Moreno, aseguró el 6 de octubre que todo marchaba sobre ruedas, sin hacer excepciones. Para reforzar esta optimista visión, el máximo juzgado aseveró horas después que la justicia jamás ha estado detenida. Y que desde que se decretó el estado de alarma los jueces de guardia en materia penal han celebrado 54.656 audiencias y se dictaron 4.751 sentencias, al tiempo que se acordaron 1.252 libertades plenas.

El virus, un problema más

El coronavirus no es más que uno de los tantos obstáculos que los jueces, fiscales, abogados y usuarios del Poder Judicial deben enfrentar en la Venezuela actual. La escasez de gasolina, por ejemplo, complica los traslados a las sedes judiciales tanto de los funcionarios como de los ciudadanos en busca de justicia.

Como si esto no fuera suficiente, las constantes fallas en el servicio de energía eléctrica impiden las labores de los tribunales durante los horarios especiales fijados por las distintas circunscripciones. Las interrupciones complican aún más la posibilidad de que los jueces puedan recurrir a medios informáticos para decidir asuntos, tal y como lo ordena el artículo primero de la resolución n.° 2020-0008 antes mencionada.

La norma en cuestión establece:

«Durante la semana de restricción decretada por el Ejecutivo Nacional, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19, permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos;  salvo para aquellas que puedan decidirse a través de los medios telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) disponibles».

A lo anterior se añade otro elemento: el ausentismo laboral. Muchos trabajadores no se han presentado a sus labores debido a los míseros salarios que devengan, los cuales no les permiten cubrir el costo del pasaje. En la actualidad los salarios del personal de apoyo a los jueces están entre los 3 y 10 dólares.

Finalmente, la precariedad del servicio de internet en el país y su intermitencia también son otro obstáculo para el ejercicio adecuado de labores judiciales por vía telemática.

La nueva normalidad judicial

El TSJ parece haber retomado sus actividades con mayor normalidad. Así la Sala Político Administrativa publicó doce sentencias el 22 de octubre, las primeras desde marzo; mientras que la Sala Electoral desde el día 7 del mes, ya ha dictado once. En cuanto a las labores presenciales, las instancias mencionadas junto con la Civil, Penal y Social solo están despachando los días lunes, martes y miércoles de la semana de flexibilización.

Por su parte, el acceso está restringido a las dependencias de la Sala Constitucional y desde esa instancia se pide a los usuarios y abogados remitirles por correo electrónico sus peticiones. La práctica de solicitar a los peticionarios que hagan llegar por vía de correo electrónico sus escritos, diligencias o peticiones se ha vuelto común también en los distintos juzgados del país. Sin embargo, lo más significativo ha sido la novedad de poder mantener una audiencia, por ejemplo para un divorcio de mutuo acuerdo, a través de un grupo de Whatsapp.

Respecto al uso de las nuevas tecnologías, el abogado Gustavo Amoni, en la videoconferencia Soluciones de justicia digital a partir de la covid-19, realizada el 23 de octubre, dejó en claro que la aplicación de la resolución n.° 2020-0008 del TSJ, mediante la cual se reactivó el Poder Judicial, será de difícil aplicación. ¿La razón? 52% de los juzgados no tienen acceso a Internet y 39% de los jueces no tienen computadora o Internet en sus hogares. Afirma el jurista que estos los obtuvo tras encuestar a sesenta y cuatro funcionarios judiciales sobre los pasos adoptados por el máximo juzgado.

A lo anterior Acceso a la Justicia agrega otro elemento: la brecha tecnológica existente, sobre todo entre los abogados de mayor edad y aquellos no familiarizados con la tecnología, las redes sociales y los teléfonos inteligentes.

Así, por ejemplo, en algunos tribunales para poder revisar un expediente en el archivo, el mismo debe ser solicitado por correo electrónico y el solicitante debe esperar a que se le informe cuándo puede pasar a revisarlo. Además, para determinadas actuaciones los juzgados están requiriendo que las mismas sean redactadas y escaneadas a través de la aplicación CamScanner para que se adjunte y envíe al correo del juzgado bajo el formato PDF, un proceso que puede resultar engorroso para algunos profesionales del Derecho.

51 organizaciones de derechos humanos venezolanas, así como federaciones y asociaciones de profesores universitarios, suscribieron un comunicado realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) en el que se le solicita al gobierno el sobreseimiento de la causa por la cual los bomberos del estado Mérida, Carlos Varón y Ricardo Prieto, están detenidos desde hace ya un mes.

Transcurridos 33 días de la detención, las organizaciones de derechos humanos hacen la solicitud por considerar que los bomberos no cometieron delito alguno.

Además del sobreseimiento de la causa, las organizaciones y las federaciones y asociaciones de profesores universitarios, piden al Estado que les garantice a Varón y Prieto su integridad física y mental y consideran que la detención y procesamiento de los bomberos vulnera el derecho a la libertad personal, los principios del debido proceso, la libertad de expresión, criminaliza la protesta pacífica, y transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 7 de la Constitución Nacional.

El pasado 12 de septiembre de 2018 en horas de la noche, Carlos Varón y Ricardo Prieto, fueron detenidos sin orden judicial y sin flagrancia, mientras realizaban labores en la sede del Cuerpo de Bomberos en la población de Apartaderos, municipio Rangel del estado Mérida.

El motivo de la detención fue la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se  puede ver a un burro que se pasea por las instalaciones de la sede del Cuerpo de Bomberos de la población de Apartaderos, refiriéndose los bomberos a este animal como si se tratara del presidente Nicolás Maduro, al que se le están informando de la situación de carencia de la sede de bomberos.

Por la sátira, el gobierno privó de libertad a Varón y Prieto y les aplicó la Ley contra el Odio, promulgada por la asamblea Nncional constituyente y rechazada por las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, por ser violatoria de los derechos humanos y un mecanismo para criminalizar la libertad de expresión y el derecho a disentir.

*Con información de Prensa ODH-ULA

EL JUEZ CARLOS MÁRQUEZ, QUIEN IMPUTÓ A LOS BOMBEROS DE MÉRIDA, Carlos Varón y Ricardo Prieto por el delito de odio agravado por difundir un video satírico, se define comunista, filosofa sobre la construcción del Estado comunista, alaba al expresidente Hugo Chávez y además es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), según una investigación realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.

Márquez, de 52 años de edad, estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Los Andes y se desempeña como juez provisorio desde marzo del año 2017. Anteriormente fungía como secretario de Sala de Audiencias del Circuito Judicial Penal del estado Mérida.

En investigación realizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), se conoció que el juez Carlos Márquez se define como comunista en sus redes sociales y además muestra su afecto al Gobierno, como lo demuestran las fotografías que acompañan este texto.

Además, en un artículo publicado en el portal www.aporrea.org el primero de junio de 2017, el juez alaba al ex presidente Hugo Chávez y señala ser pueblo que no acepta que lo dirijan “desde los palacios del Countrie Club (sic) y que aun cuando no tenemos casas lujosas tenemos un comandante decidido en el palacio de Miraflores”.

En su cuenta de Facebook carlos.m.vielma, el juez Carlos Márquez muestra simpatía con el partido de gobierno y hace proselitismo político en sus redes sociales, lo que para el ODH-ULA viola la Constitución, el Código de Ética del juez venezolano y los principios internacionales sobre la independencia judicial.

Para el ODH-ULA resulta paradójico que el juez Carlos Márquez impute a los bomberos de Mérida el delito de odio agravado y en sus redes sociales hace apología de la violencia, fotografiándose con armas y frente a una sede de los colectivos (grupos pro gobierno armados ilegalmente), ubicada en el sector de Santa Juana, de la ciudad de Mérida.

Procesó a los manifestantes del 2017

Según conoció el ODH-ULA, el juez Carlos Márquez saltó a la palestra judicial en el año 2017 porque como juez de control 3 se encargó de imputar, sin que hubiera elementos de convicción, a cerca de 200 ciudadanos, jóvenes y profesores universitarios detenidos durante las protestas del 2017 en Mérida.

Los patrones de actuación del juez Márquez incluyeron diferimientos de audiencias para prolongar la detención y solicitud de medidas de fiadores con la misma intención.

Asimismo, ignoró a la Fiscalía cuando solicitó libertad plena dado que las actas policiales no contenían elementos de convicción para configurar delito.

También se dedicó a amenazar a la Fiscalía por no imputar delito a los detenidos que protestaron contra el gobierno de Nicolás Maduro durante la primera mitad del año 2017.

En ese sentido, el ODH-ULA recordó que el 6 de julio del 2017 los profesores universitarios denunciaron el ensañamiento del juez Carlos Márquez en contra del profesor de la ULA, Rafael Cuevas, detenido el 26 de junio de 2017 por protestar pacíficamente por la crisis económica y política en Venezuela.

Mientras transcurren estos 45 días de la fase de investigación del proceso penal, y en todas sus fases subsiguientes, el ODH-ULA hace un llamado al poder judicial para que no politice la justicia, no criminalice la libertad de expresión y la crítica, e imparta justicia de manera objetiva, imparcial e independiente, como se lo exige la ley venezolana y los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

Preocupado por la violación sistemática de la libertad académica y la autonomía universitaria, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), realizó un primer informe en el que se visibilizan las amenazas, ataques y violaciones de derechos que hace el gobierno venezolano en el ámbito del sistema de Educación Universitaria.

El informe intitulado “El pensamiento bajo amenaza”, documenta desde el año 2011 al 2017 las políticas, prácticas e imposición de normativas que restringen la libertad académica desde el año 2003, con la creación de la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Venezuela como sistema paralelo a las universidades, no sometido a principios de autonomía universitaria y libertad académica.

Mayda Hocevar, directora del ODH-ULA, resaltó la metodología de investigación aplicada para el informe, el cual deja claro la política de erosión y ataque a las universidades, y en el que que se definieron los elementos que se refieren al disfrute del derecho a la educación.

Dijo que el Estado incumple las obligaciones que tiene con respecto al derecho a la educación desde la perspectiva de la autonomía universitaria y la libertad académica, vinculado a los derechos de libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho de asociación y de manifestación.

Las políticas de acoso a las universidades y agresiones a esos derechos, así como contra la comunidad universitaria se reflejan en el informe, el cual expone el caso de la privación de libertad del estudiante Carlos Ramírez, llevado ilegalmente ante la justicia militar, así como la detención  de profesores y otros estudiantes.

También refiere especial atención al cierre de medios de comunicación universitarios y agresiones a periodistas que trabajan en dichos medios.

Política regresiva

En un tercer capítulo el informe visibiliza la represión indiscriminada, desproporcionada y el uso de la fuerza contra universitarios, lo que para el ODH-ULA es criminalización, hostigamiento, censura y actos de intimidación hacia actores de la comunidad universitaria.

La directora del ODH-ULA, Mayda Hocevar, refirió que el informe concluye que existe realmente una política y una práctica estatal de erosión y ataques a las universidades con la creación de sistemas paralelos de institucionalidad, normas regresivas impuestas a través de legislaciones que restan competencias propias de la universidades y se las atribuyen a los ministerios.

Hocevar resaltó que el informe, único en el país y que abarca a todo el sistema universitario, fue producto del trabajo de una coalición de cátedras de derechos humanos de seis universidades venezolanas a las que les preocupa la degradación del disfrute del derecho a la educación.

El rector de la ULA, Mario Bonucci, resaltó el carácter científico del informe del cual destacó deja claro que existe una política oficial que busca la destrucción de las universidades.

Bonucci  celebró el trabajo del ODH-ULA y exhortó al resto de las universidades del país a tener un observatorio de Derechos Humanos para que estudien y visibilicen las violaciones

El informe “El pensamiento bajo amenaza” será presentando en la audiencia que tiene Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la próxima semana en Uruguay.