El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes y la Fundación El Amparo denunciarán al Estado venezolano por graves violaciones de derechos humanos cometidos en contra de profesores activos y jubilados
Ante los bajos salarios que percibe el personal docente, administrativo y obrero de las diversidad universidades venezolanas, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA) y la Fundación El Amparo están coordinando un plan de trabajo conjunto para a corto plazo denunciar al Estado venezolano por graves violaciones de derechos humanos cometidos en contra de profesores activos y jubilados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Washington, y por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
En reunión realizada el pasado viernes 14 de octubre en la sede del rectorado de la ULA en Mérida entre el rector, Mario Bonucci; el presidente de la Fundación El Amparo, director General del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), y docente jubilado de dicha casa de estudios, Walter Márquez, y representantes del Observatorio de Derechos Humanos de la universidad, acordaron recopilar casos puntuales para elevar esta situación ante los organismos internacionales, por ser un hecho sistemático y repetitivo de crimen de exterminio tipificado en el Estatuto de Roma por la privación de alimentos y medicinas.
“Estamos diseñando un plan de trabajo para investigar y documentar casos concretos de vulnerabilidad de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El hecho de que los profesores universitarios activos y jubilados no ganen ni siquiera un salario mínimo que cubra las necesidades y la dieta básica, es un crimen de lesa humanidad por la privación al acceso de alimentos y medicinas”, expresó Márquez.
Explicó el defensor de derechos humanos que existe doble responsabilidad, la del Estado, que hay que solicitarla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y la responsabilidad penal individual de los altos funcionarios públicos que en su cadena de mando han intervenido para negarle los derechos a un salario digno, a una seguridad social, y también al respeto integral de la autonomía universitaria y sus integrantes.
“La universidad es un espacio democrático, cuando se ataca a la universidad, se ataca a la democracia y tenemos que luchar por rescatar los valores constitucionales, democráticos y civilistas. Fueron los espacios de la Universidad Central de Venezuela en que se formaron los próceres de la independencia, y la universidad sigue resistiendo frente a un régimen totalitario y antidemocrático”, resaltó Márquez.
Visibilizar los atropellos
Sobre esta nueva ruta de trabajo el rector de la ULA, Mario Bonucci, indicó que la sinergia con la Fundación El Amparo va a producir resultados positivos porque visibilizará los atropellos cometidos en contra del personal universitario, y permitirá crear una cultura de defensa de los derechos humanos.
“El Observatorio de Derechos Humanos no solo sirve para defender a la universidad, nos sirve para visibilizar todos estos atropellos y cosas que están ocurriendo. Nuestro observatorio que fue creado a partir de unas protestas en 2014 busca visibilizar y empoderar a la ciudadanía, y es lo que hace Walter Márquez… Creo que lo más importante es que independientemente de que usted haga o no haga una denuncia, usted pueda tener un pueblo empoderado en sus derechos, que diga yo tengo derecho a la protesta, yo tengo derecho a hablar. La esperanza se construye es de esa manera”, expresó Bonucci.
