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¿Por qué es importante que el Estado reconozca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?

La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales. 

Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces. 

En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos

Hay que hablar del tema. 

¿Por qué es importante que el Estado venezolano reconozca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?

“Porque si no, las mujeres van a seguir muriendo”, expresa Magdymar León. “Mientras el aborto siga penalizado, las mujeres no tenemos una ciudadanía total. Esto es un asunto de democracia, es cumplir con la ciudadanía, la igualdad de derechos. Eso es fundamental”. 

Venus Faddoul asegura que para las mujeres, ningún derecho les ha sido fácil. “Sabemos que el camino es largo, pero ya lo hemos empezado a transitar. Ahí la importancia: entender que de eso va a depender de que en el futuro las mujeres puedan tener un espacio en este país, puedan realmente acceder a todos los servicios de salud y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos”. 

Para la abogada de 100% Estrógeno, el caso de la activista y defensora de derechos humanos Vannesa Rosales representa un antes y un después en la discusión que hay que tener sobre el aborto, ya que distintas organizaciones internacionales se pronunciaron y “puso contra la pared” a funcionarios venezolanos a pronunciarse. 

Rosales es una docente universitaria que estuvo detenida nueve meses, desde octubre de 2020, por ayudar a abortar a una adolescente, de 13 años de edad víctima de abuso sexual.

La activista por los derechos humanos fue acusada por los presuntos delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros.

La audiencia preliminar de su caso fue diferida cuatro veces hasta que el Ministerio Público desestimó los cargos que ponían en riesgo la libertad de la defensora por casi 20 años. 


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La legalización del aborto debe acompañarse de educación sexual y garantías en el acceso a los métodos anticonceptivos

La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales. 

Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces. 

En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos

Hay que hablar del tema. 

¿Por qué es necesario que la legalización del aborto esté acompañada de educación sexual y garantías en el acceso a los métodos anticonceptivos? 

El aborto no es un tema aislado y tampoco debe ser visto de esa manera. Así como la escasez de métodos anticonceptivos y la falta de educación sexual incide en la cantidad de abortos clandestinos o inseguros, lo mismo pasa al contrario. 

Al formar parte de los derechos sexuales y reproductivos, la garantía de reconocimiento de unos derechos beneficia a otros. Pensar en lograr la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo sin tener en cuenta al resto y viceversa, es un despropósito. 

Aunque para Cristina Rosero el aborto se ha vuelto la conversación principal, precisamente por el activismo de los movimientos feministas y por ser uno de los puntos más álgidos y estigmatizados alrededor de la salud reproductiva, la defensa por los derechos sexuales y reproductivos es integral. 

“Quizá es la conversación que se siente más urgente por los impactos tan grandes que tiene sobre las mujeres y quizá es la que más sale en los medios de comunicación. Pero esto no forma parte de una conversación aislada, sino que siempre viene acompañada de la necesidad de pensar en educación sexual integral. Esto siempre se ha entendido como una parte de una conversación mucho más amplia, en la que el aborto es una parte de toda la gama de servicios que deberían estar disponibles”. 

La abogada del Centro de Derechos Reproductivos manifiesta que la criminalización del aborto genera un ambiente hostil para que esas otras conversaciones se lleven a cabo. 

“Si existe un tabú o un reproche a la manera en que las mujeres toman decisiones frente a sus cuerpos y frente a su propia autonomía para decidir el proyecto de vida, va a ser más difícil entender esa concepción que una mujer desea acceder a métodos anticonceptivos para planearlo o que una mujer, por ejemplo, quiera esterilizarse a una edad temprana porque no desea ese rol de madre”. 

Señala que la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo permitiría, a largo plazo, tener conversaciones más tranquilas, seguras y efectivas para que las personas tengan acceso a los demás servicios de salud reproductiva.


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¿Por qué se pide que el aborto sea gratuito?
A juicio de las expertas en la materia, El Estado debe destinar recursos para estos programas porque es un problema de salud pública y es un asunto de derechos humanos

 

La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales. 

Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces. 

En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos

Hay que hablar del tema. 

¿Por qué se pide que el aborto sea gratuito?

En las consignas de los movimientos feministas se habla de aborto legal, seguro y gratuito. ¿Por qué se incluye esta última condición a la petición? Porque hay que ver el problema desde una mirada interseccional y entender que no afecta a todas las mujeres de la misma manera. 

Madgymar León afirma que la vulneración de derechos es, sobre todo, para las más pobres. A quienes se les ha vulnerado el derecho a la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos. “Entonces, tampoco tengo para la interrupción del embarazo”. 

Para la feminista y activista, el aborto no debe ser solo despenalizado y legalizado, sino que debe venir acompañado de una serie de programas y servicios gratuitos. “El Estado debe destinar recursos para estos programas porque es un problema de salud pública y es un asunto de derechos humanos”. 

Cristina Rosero explica que las muertes asociadas a abortos inseguros o la criminalización afecta de manera más clara a las mujeres que se encuentran en estratos socioeconómicos más bajos, aquellas que enfrentan pobreza. Esto también se puede juntar con otros factores como la discriminación racial por ser negras o indígenas, tener alguna discapacidad o ser menores de edad. 

“Las mujeres vulnerables sufren doble. Por un lado, tienen menos información, menos acceso al sistema de salud, lo que puede llevarlas de una manera más fácil a una situación de embarazo no deseado y, por tanto, a un aborto inseguro. Y por el otro lado, son a las que más persigue el sistema penal”. 

Rosero señala que es importante que, al ser comprendido como un problema de salud pública, el sistema de salud cubra este procedimiento. Y visto desde un punto práctico, es más lo que se va en presupuesto por las consecuencias de un aborto clandestino e inseguro que aquellos que están legalizados. 

“Es necesario, en especial, para aquellas mujeres que menos recursos tienen. Desde el punto de vista de salud pública, ya hay un gasto exacerbado en la atención de las complicaciones resultantes de los abortos que se realizan en condiciones inseguras que teniendo un sistema en el que no se penaliza el aborto”. 

Que el aborto esté contemplado en el sistema de salud, considerado como un procedimiento más, se podría traducir en la realización de un aborto en condiciones seguras y una disminución del número de mujeres muertas.

Al debate que surge de por qué otras enfermedades o tratamientos no pueden ser gratuitos, como en el caso del cáncer o diabetes, Rosero plantea que no son excluyentes.

“La conversación no necesariamente tendría que ver sobre qué excluimos y qué incluimos. Sino cómo trabajamos para que los sistemas de salud realmente respondan para todo el rango de necesidades que las personas tienen en la sociedad. ¿Por qué tenemos internalizado que el sistema de salud solo debería responder a un cierto tipo de grupo cuando debería hacerlo más amplio y lo más cubierto posible? Estamos apuntando a los derechos humanos más mínimos y más necesarios para todas las personas”. 

 


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¿Por qué hablar sobre el aborto sigue siendo un tabú en la sociedad venezolana?
Magdymar León, psicóloga y directora de Avesa, opina que en la sociedad venezolana siguen prevaleciendo las ideas religiosas y sigue habiendo una imagen sobrevalorada de la maternidad

La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales. 

Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces. 

En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos

Hay que hablar del tema. 

¿Por qué hablar sobre el aborto sigue siendo un tabú en la sociedad venezolana?

A pesar de que la lucha feminista por la despenalización del aborto en Venezuela tiene más de cuarenta años, el tema no pasaba de activistas, defensoras o académicas. Aunque ha habido un avance y la discusión ha llegado a otros nuevos espacios, el aborto sigue siendo un tabú. 

Para Magdymar León, psicóloga y directora de Avesa, esto se debe a que en la sociedad venezolana siguen prevaleciendo las ideas religiosas y sigue habiendo una imagen sobrevalorada de la maternidad. 

“Aquí seguimos teniendo unas ideas muy arraigadas que se han ido flexibilizando, sobre todo en las más jóvenes, quienes lo han entendido no como un tema moral o religioso, sino como un asunto de derechos humanos que es a donde las feministas siempre hemos insistido en llevar el debate”. 

Para Cristina Rosero, Venezuela, y en general las sociedades latinoamericanas, están cargadas de prejuicios, estigmas y preconcepciones sobre las mujeres y su capacidad para tomar decisiones. 

Entre estos estigmas está el pensar que un embarazado no deseado o planificado es una irresponsabilidad, que no tomaron las precauciones para evitarlo (“interesante que este tipo de prejuicios nunca se sitúa el papel de los hombres en las relaciones sexuales y la procreación”), de ver a las mujeres como mentirosas, manipuladoras y que su testimonio tiene que ser puesto en duda. 

También, influye el rol de género atribuido a la mujer que sigue generando desigualdades. “Todo se remonta a una serie de creencias, muy cercanas a creencias religiosas, que sitúan a la mujer principalmente en una labor de cuidado y en una labor dedicada a la maternidad. La imagen de una mujer que no quiere quedarse en ese rol en cierto modo es transgresora y, desde ese punto de vista, es cuestionado”. 

Explica que es por esta razón que los movimientos de mujeres en todo el continente ha sido para que la discusión vaya más allá de la mujer en rol de cuidadora o de madre, sino que se tengan en cuenta las creencias, expectativas y necesidades de las mujeres dentro de la sociedad. 

La abogada plantea que la penalización del aborto, por ejemplo, hace que la discusión social se vuelva más difícil de tener.Si tenemos unas penalizaciones al aborto, por más que se trabaje desde muchos otros frentes para avanzar hacia una verdadera autonomía reproductiva de las mujeres, esta penalización va a seguir creando unos estigmas y va a seguir haciendo difícil que las mujeres verdaderamente tengan la posibilidad de decidir, en especial aquellas más vulnerables que quizás no tienen acceso a educación, no tienen acceso al sistema de salud y no tengan el acceso a la información que necesitan para tomar esas decisiones”. 

¿Qué pasa con el aborto en Venezuela?

¿La baja posibilidad de una planificación familiar, la inexistencia del deseo de un embarazo y un marco legal restrictivo en qué se traduce? En abortos inseguros y clandestinos

 

La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales. 

Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces. 

En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos

Hay que hablar del tema. 

¿Qué pasa con el aborto en Venezuela?

Magdymar León, de Avesa, señala que cuando existe un contexto que no da garantías de los derechos sexuales y reproductivos, como en el caso venezolano, un alto porcentaje de los embarazos no son planificados ni deseados. 

El más reciente informe publicado por la alianza “Salud para todas” para generar indicadores sobre la salud, acceso y calidad de los servicios para mujeres, indica que 9 de cada 10 mujeres entre 15 y 59 años de edad no pudieron planificar sus embarazos. 48,4% de las encuestadas dijo tener necesidades insatisfechas de planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos modernos.

Venezuela supera el promedio de embarazos adolescentes en América Latina: “La región tiene un promedio de 62 embarazos por cada mil adolescentes y Venezuela está por el orden de los 95 embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años”, declaró Jorge González Caro, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela.

En el informe del año 2019 de “Mujeres al límite”, el índice de escasez de métodos anticonceptivos orales osciló entre 74,7% y 82,9%, mientras que los dispositivos implantables, parches y aros vaginales llegó incluso al 100% en algunas ciudades del país. 

Aunque actualmente hay un mayor abastecimiento en farmacias, la mayoría son costosos, en un país con altos índices de pobreza, bajos sueldos y economía dolarizada. 

“Entonces, si no puedo controlar mi reproducción, me encuentro en el dilema de si continúo o no continúo (con el embarazo). En ocasiones, ellas no quisieran salir embarazadas, pero pasa porque la sexualidad es una necesidad humana”, afirma León. 

¿La baja posibilidad de una planificación familiar, la inexistencia del deseo de un embarazo y un marco legal restrictivo en qué se traduce? En abortos inseguros y clandestinos. 

Al estar penalizado, la obtención de datos es difícil. “Porque las mujeres no lo revelan, no siempre esto es registrado en las instituciones hospitalarias cuando las mujeres van a solicitar atención por aborto”. 

En el más reciente informe de la organización Faldas-R, que hace acompañamiento a las mujeres que desean abortar en Venezuela y trabajan por su legalización y despenalización, durante 2019 recibieron un total de 1.142 llamadas de mujeres pidiendo información, de las cuales el 56% aseguró no poder acceder a métodos anticonceptivos tradicionales por su alto precio, mientras que el 60% intentó abortar comprando pastillas en el mercado negro, lo que las llevó a ser víctimas de estafas.  

En un estudio realizado por Avesa en 2019, se documentó que por cada cuatro partos atendidos en Venezuela, uno es un aborto clandestino. El promedio es de 15 abortos por día, más de 2.200 en el año. 

Asimismo, por este informe, se pudo conocer que el aborto es la tercera causa de muerte materna en Venezuela. No se conocen cifras oficiales sobre la mortalidad materna desde 2016.

La penalización del aborto no disminuye su práctica. Lo que cambia es en cuáles circunstancias se realizan, lo que representa un riesgo para las mujeres. Tal es el caso de la activista y defensora de derechos humanos Vannesa Rosales, quien estuvo detenida ocho meses y enfrentaba una pena de 12 años por asistir en la interrupción del embarazo a una niña de 13 años de edad que fue violada en reiteradas ocasiones por un hombre de 52 años. Mientras ella estaba en prisión, el agresor estaba y sigue libre. 

Cepaz reporta 20 femicidios en Venezuela durante enero de 2022
En 5% de los casos de femicidios consumados, la relación entre víctima y ofensor estuvo dentro del marco de la misma familia

 

El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) informó que para el mes de enero de 2022 se registraron 20 femicidios en Venezuela. 

Según las cifras que maneja Cepaz, del 1 al 31 de enero hubo 20 femicidios consumados en el país y 6 femicidios en grado de frustración.

«El 20% de los femicidios ocurrieron en el estado Miranda, otro 20% en el estado Zulia y 10% en el Distrito Capital, 10% en Lara, 10% en Mérida y 10% en Sucre», señala el informe del Observatorio Digital de Femicidios.

El informe detalla que 10% de las mujeres tenían menos de 18 años. 55% tenia entre 19 y 36 años. Mientras en el 15% de los casos se registraron víctimas con edades comprendidas entre 55 y 66 años. En el 5% de los casos la víctima estaba embarazada.

Un dato importante que halló el Observatorio es que en el 10% de los casos, los agresores fueron funcionarios policiales, mientras que 8.8% de los casos se menciona que el agresor estaba vinculado a organizaciones criminales.

Celos y venganzas

Sobre los aparentes motivos de los agresores, el 10% de los casos el femicidio se debió a escenas de celos o alegatos de infidelidad. Otro 10% la víctima había decidido separarse. 5% por venganza de organizaciones criminales y en otro 5% la agresión sexual.

Sobre la acción dirigida a causar la muerte violenta de la víctima, 40% de los casos las víctimas fueron baleadas, 35% fueron acuchilladas y en un 10% estranguladas. 10% de los casos se trató de femicidios en el contexto de delincuencia organizada, 30% femicidios íntimos y 10% perpetrados por funcionarios del estado.

Muertes en el exterior

Los femicidios de venezolanas en el exterior no cesan. Cepaz registró que solo en el mes de enero ocurrieron 5 asesinatos en el exterior, una acción femicida cada 6 días. 

El 80% de los casos tuvo lugar en Colombia. En el 20% de los casos de muertes violentas de venezolanas en el exterior, existían vínculos de pareja o expareja.

Según el monitoreo del Observatorio, 60% de los agresores eran venezolanos; 20% eran de otra nacionalidad y en el 20% de los casos no fue posible establecer la nacionalidad del agresor.

«En el 20% de los casos la motivación estaba precedida de una aparente escena de infidelidad íntima; otro 20% estuvo vinculado a hechos de venganzas entre organizaciones criminales. En el 60% de los casos no pudo establecerse», se lee en el informe.


Puede ver el informe del mes de enero aquí 


 

Mujeres venezolanas analizan violaciones de derechos humanos en el país
Las activistas políticas exaltaron la necesidad de construir una unidad amplia que adopte a todos los que se encuentran en descontento

 

Profesionales, mujeres venezolanas y representantes de diversos sectores del país analizaron la sistemática violación de derechos humanos en el país, en el marco de los encuentros «Más Ideas de Todos», promovidos por el Frente Amplio Venezuela Libre.

En los estados Lara, Distrito Capital y Bolívar, los participantes aportaron sus opiniones en busca de una solución para la recuperación de la nación y la salvación de los venezolanos.

En las diferentes actividades, los asistentes destacaron el rol de la dirigencia política y la sociedad civil para dar paso a un nuevo país, donde se respeten los derechos humanos y básicos de cada ciudadano.

De igual manera, resaltaron la importancia de las mujeres en la lucha por un acuerdo nacional, aseverando que forman parte de la población más vulnerada en Venezuela.

El Frente Amplio de Mujeres, acompañadas de diferentes representantes gremiales, participó en el encuentro «Más Ideas de Todos», donde una vez más respaldaron las rutas pacíficas que lleven a la democracia y justicia de la nación.

En representación de las amas de casas venezolanas, Doris Escalante precisó que los temas expuestos durante los encuentros son de gran utilidad para todas las mujeres, para la cotidianidad y la formación de un mejor país.

Finalmente, activistas políticas exaltaron la necesidad de construir una unidad amplia que adopte a todos los que se encuentran en descontento, así como también ejecutar acciones que lleven a la libertad de Venezuela.

OVV reporta aumento de mujeres jóvenes, niñas y adolescentes víctimas de femicidios y violaciones
Según el OVV, las víctimas de estos delitos resultaron ser, en su mayoría, niñas y mujeres entre los 10 y los 24 años, siendo las jóvenes entre 11 y 15 años el grupo más vulnerable a una violación sexual

El boletín de Delitos Cometidos por la Sociedad del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en el primer semestre de 2021, registró un aumento del número de mujeres jóvenes, niñas y adolescentes víctimas tanto de femicidios como de violaciones sexuales y otro tipo de agresiones dentro del ámbito doméstico.

Según cifras del estudio realizado por el OVV, las víctimas de estos delitos resultaron ser, en su mayoría, niñas y mujeres entre los 10 y los 24 años, siendo las jóvenes entre 11 y 15 años el grupo más vulnerable a una violación sexual. 

«Casi 80 víctimas presentaron agresiones sexuales. En 20 casos, fueron víctimas de homicidio intencional y agresión», señala el boletín.

Un aspecto que estima el Observatorio Venezolano de Violencia que podría estar influyendo en el aumento de la violencia está asociado a las medidas de confinamiento, en particular, la agudización de los conflictos familiares en un entorno signado por fallas y deterioro de servicios básicos y escasez de alimentos, entre otras privaciones.

El OVV señala que la mayoría de los victimarios en estos casos de abuso sexual, femicidios y violencia de género han sido hombres que son pareja, padrastros, padres, abuelos, tíos que actúan al amparo de la impunidad, la exigencia de silencio y complicidad.

El boletín de la ONG afirma que hay razones para pensar que también los victimarios propiciaron el maltrato, agresiones sexuales, lesiones, filicidios, femicidios y otros delitos de violencia de género hacia los hijos.

Niños y adolescentes no escapan de la violencia

El OVV afirma que los niños y adolescentes no escapan de la violencia. Según el estudio, hay reportes de víctimas de violación sexual, tentativa de homicidio, secuestro y otras agresiones sexuales.

De acuerdo con el boletín del OVV, con esto se confirma la debilidad en los distintos grupos de edades también en el sexo masculino. Queda claro que las víctimas de homicidio intencional y agresión se evidencia en mayor cantidad en los grupos de otras edades superiores, pero los más pequeños son víctimas de violaciones y otras agresiones sexuales, lo que imprime un comportamiento sesgado de los delitos de acuerdo con el sexo.

EL OVV afirma en los datos reportados que las características de los victimarios de los niños, niñas y adolescentes que aparecen como responsables de estos delitos son personas adultas conocidas, mayoritariamente, parientes consanguíneos de sus víctimas, con acciones que la legislación tipifica como trato cruel, maltrato, abuso sexual y violaciones a la integridad personal.

«Cuando de la relación con el victimario se trata, se registra mucha más diversidad en el caso del sexo femenino, quienes además de resultar víctimas de otro miembro del hogar, también los son de agresores conocidos, vecinos y parejas o exparejas de sus progenitores. En tanto que, para el sexo masculino, en la cobertura mediática tienden a prevalecer los casos victimizados por otro agresor conocido, un vecino, y pocos casos por otro miembro del hogar o amigo», se lee en el informe.

*Lea el informe completo AQUÍ