¿La baja posibilidad de una planificación familiar, la inexistencia del deseo de un embarazo y un marco legal restrictivo en qué se traduce? En abortos inseguros y clandestinos
La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales.
Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces.
En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos.
Hay que hablar del tema.
¿Qué pasa con el aborto en Venezuela?
Magdymar León, de Avesa, señala que cuando existe un contexto que no da garantías de los derechos sexuales y reproductivos, como en el caso venezolano, un alto porcentaje de los embarazos no son planificados ni deseados.
El más reciente informe publicado por la alianza “Salud para todas” para generar indicadores sobre la salud, acceso y calidad de los servicios para mujeres, indica que 9 de cada 10 mujeres entre 15 y 59 años de edad no pudieron planificar sus embarazos. 48,4% de las encuestadas dijo tener necesidades insatisfechas de planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos modernos.
Venezuela supera el promedio de embarazos adolescentes en América Latina: “La región tiene un promedio de 62 embarazos por cada mil adolescentes y Venezuela está por el orden de los 95 embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años”, declaró Jorge González Caro, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Venezuela.
En el informe del año 2019 de “Mujeres al límite”, el índice de escasez de métodos anticonceptivos orales osciló entre 74,7% y 82,9%, mientras que los dispositivos implantables, parches y aros vaginales llegó incluso al 100% en algunas ciudades del país.
Aunque actualmente hay un mayor abastecimiento en farmacias, la mayoría son costosos, en un país con altos índices de pobreza, bajos sueldos y economía dolarizada.
¿La baja posibilidad de una planificación familiar, la inexistencia del deseo de un embarazo y un marco legal restrictivo en qué se traduce? En abortos inseguros y clandestinos.
Al estar penalizado, la obtención de datos es difícil. “Porque las mujeres no lo revelan, no siempre esto es registrado en las instituciones hospitalarias cuando las mujeres van a solicitar atención por aborto”.
En el más reciente informe de la organización Faldas-R, que hace acompañamiento a las mujeres que desean abortar en Venezuela y trabajan por su legalización y despenalización, durante 2019 recibieron un total de 1.142 llamadas de mujeres pidiendo información, de las cuales el 56% aseguró no poder acceder a métodos anticonceptivos tradicionales por su alto precio, mientras que el 60% intentó abortar comprando pastillas en el mercado negro, lo que las llevó a ser víctimas de estafas.
En un estudio realizado por Avesa en 2019, se documentó que por cada cuatro partos atendidos en Venezuela, uno es un aborto clandestino. El promedio es de 15 abortos por día, más de 2.200 en el año.
Asimismo, por este informe, se pudo conocer que el aborto es la tercera causa de muerte materna en Venezuela. No se conocen cifras oficiales sobre la mortalidad materna desde 2016.
La penalización del aborto no disminuye su práctica. Lo que cambia es en cuáles circunstancias se realizan, lo que representa un riesgo para las mujeres. Tal es el caso de la activista y defensora de derechos humanos Vannesa Rosales, quien estuvo detenida ocho meses y enfrentaba una pena de 12 años por asistir en la interrupción del embarazo a una niña de 13 años de edad que fue violada en reiteradas ocasiones por un hombre de 52 años. Mientras ella estaba en prisión, el agresor estaba y sigue libre.
