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#MonitorDeVíctimas | Cicpc mató a padre e hijo solicitados por robo de vehículos en San Agustín del Sur
La madre del joven admitió “eran ladrones de carro pero no mataban a nadie”

 

Hasta el pasado lunes 18, los cadáveres de Carlos Alberto Figueroa Pino, de 50 años de edad, y el de su hijo Carlos Alberto Figueroa Cedeño, de 26 años de edad, permanecían en la morgue de Bello Monte.

A ellos los mató una comisión de la División de Vehículos de la policía científica, el miércoles de la semana pasa, luego de hacerle seguimiento, desde Santa Rosalía, municipio Libertador. Se desplazaban en un Chevrolet Corsa rojo.

Beatriz Cedeño, ex esposa de Figueroa Pino y madre del joven, admitió que ambos estaban implicados en el robo de vehículos, “pero no mataban a nadie”, argumentó al llegar a la morgue. 

 

 

Explicó que testigos indicaron que el auto donde iban padre e hijo, volcó. Ambos fueron sacados del vehículo y colocados en el pavimento por los policías para luego darle un disparo a cada uno en el pecho. Después la policía dijo que se trató de un enfrentamiento.

Explicó que cuando el Cicpc inició el seguimiento del Corsa rojo, en Santa Rosalía, los Figueroa llevaban verduras, hortalizas y frutas para vender porque tenían tres meses que estaban dedicados a esa actividad. 

“No mataban a nadie. No eran asesinos. Un ser humano no merece morir así”, reiteró Beatriz Cedeño.

 

 

#MonitorDeVíctimas | Otra familia acudió a la morgue para descartar relación con hallazgos en La Bonanza
Nelson Ardila y su amigo Gerardo Galaviz están desaparecidos desde el 12 de septiembre cuando regresaban de Caracas hacia el pueblo Coloncito, en Táchira. Ambos hacían una entrega de carne en Petare. El último rastro que se tiene de ambos es en la vía de Charallave

Denis Ardila trata de encontrar noticias de su hermano Nelson Ramiro Ardila Núñez, quien desapareció el jueves 12 de septiembre. Tiene fe en que esté vivo, aunque teme que forme parte de las 11 osamentas halladas en el relleno sanitario de La Bonanza.

Acudió a la medicatura forense de Bello Monte, este jueves 14 de noviembre, para descartar que esté entre las víctimas. Le pidieron que llevara información de su hermano como placas dentales, que sirvan en los estudios que les practican.

La última persona que habló con Nelson, de 37 años, fue una de sus hermanas a las 5:30 p. m. Le avisó que estaba en el mercado de Mesuca, en Petare, repartiendo carne y que en pocos minutos retornaría a su casa en el pueblo de Coloncito, estado Táchira. Lo acompañaba Luis Gerardo Galaviz, de 67 años, un amigo de la familia a quien cariñosamente apodan “el Tigre”.
Los 11 cuerpos carbonizados fueron localizados en distintas zonas del relleno sanitario La Bonanza, el pasado lunes 4 de noviembre. Los trasladaron hasta la morgue de Bello Monte, donde les practican exámenes no rutinarios de odontología y antropología forense para su identificación.

Fuentes extraoficiales informaron que algunas víctimas tenían tiros en la nuca y que luego les arrojaron cauchos encima y les prendieron fuego.

Era la segunda vez que Nelson y Gerardo viajaban desde los Andes a hacer entrega de mercancía en Petare, precisamente en el mercado.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dijeron a la familia que la última triangulación de su celular fue aproximadamente a las 6:30 p. m. en la Autopista Regional del Centro, a la altura de Tazón.

Y la de su acompañante, Luis Gerardo, fue momentos después en la vía de Charallave. La antena repetidora que captó la señal fue la del Aeropuerto de Caracas.
Nelson trabaja en una finca en Coloncito con su hermana y su cuñado, se encarga de repartir la mercancía en los Andes a bordo del camión marca Chevrolet, modelo NPR, color blanco, placa A57BV5D, que hasta el momento tampoco aparece.

Vive en Coloncito con su esposa y dos hijos varones, de cuatro años y dos meses de nacido.

Parientes de 3 desaparecidos también buscan noticias
El viernes 8 de noviembre fueron a la morgue de Bello Monte los familiares de Jhonny Barquero, de 39 años, su hijo Josmel Barquero, de 16 años, y de un amigo de la familia Jowell Serven.

Los tres están desaparecidos desde el 22 de octubre cuando regresaban de Caracas hacia Mariara, en el estado Carabobo. Hacían una entrega de electrodomésticos en la capital.

En el último contacto que tuvieron con ellos avisaron que ya estaban de regreso. También iban a bordo de un camión que no se ha localizado.
A Alonso Barquero, hermano de Jhonny, le pidieron que se practicara un examen de ADN para ayudar a la identificación de las osamentas, que se practicó el lunes 11 de noviembre y aún espera los resultados.

Según fuentes extraoficiales, las víctimas localizadas en La Bonanza se encontraban enterradas en zonas distintas, distribuidos en grupos de tres, cinco y dos. Un solo cuerpo estaba cerca de un barranco.

El lunes 4 de noviembre los funcionarios también localizaron una camioneta marca Toyota, modelo Pick Up, color blanco; dos conchas de bala calibre .39, un cartucho de escopeta sin calibre visibles deformados y un manojo de cinco llaves en el relleno sanitario.

Cuando los uniformados estaban en la zona se escucharon detonaciones, presuntamente de las bandas que tomaron ese sector, pero la situación fue controlada por la Brigada de Acciones Especiales (BAE).

Fuentes internas de la medicatura dijeron que otros parientes han acudido tratando de descartar que sus seres queridos estén en la lista de 11 víctimas de La Bonanza.

#MonitorDeVictimas / Venezolano herido en Perú murió en Caracas
Un peruano lo atacó con un arma blanca cuando el joven ofreció el servicio de mototaxi a su esposa

Sandra Guerrero @SandraGuerrero1 / Fotografias Carlos Ramírez

DICK GREGORIO GALEA BRITO, de 20 años de edad, tomó la decisión de irse del país debido a la crisis que viven los venezolanos. Quería ayudar a sus padres desde el exterior.

En 2018, se fue a Ecuador y el pasado 22 de enero viajó a Perú donde vive un hermano. Allá comenzó a trabajar en seguridad en una empresa de construcción y al mes lo retiraron junto con cuatro venezolanos, quienes fueron sustituidos por personal peruano.

Al salir de esa empresa consiguió trabajo en una juguetería de donde se retiró para laborar como mototaxista desde enero pasado.

El 4 de este mes, en Puente Acho, cerca de la línea de mototaxis donde trabajaba, se detuvo para ofrecerle sus servicios a una joven. 

Lo que no sabía Dick Gregorio era que la pareja de la muchacha lo había visto y escuchado. El hombre reaccionó en forma violenta y lo acusó de haberle faltado el respeto a la joven. Lo insultó y lo llamó “veneco”.

El venezolano prendió la moto y rodó hasta la línea de mototaxis. Allí llego el peruano que continuó insultándolo, riñeron y el hombre lo hirió con un arma blanca en un hombro y el pecho.

Compañeros de la víctima lo llevaron a un médico quien no lo quiso atender por ser venezolano. Entonces, decidieron llevarlo al sitio donde vivía con otros venezolanos. A esa residencia se presentó el agresor y amenazó a Dick Gregorio  diciéndole que si no se iba del país lo mataría.

El 8 de este mes, el venezolano emprendió el regreso por carretera. El viaje culminó seis días después en el terminal de La Bandera.

Ese mismo día la familia, que reside en el barrio El Limón de la carretera vieja Caracas-La Guaira,  lo llevó a un CDI en Propatria y luego recorrieron diferentes centros asistenciales. En algunos no lo atendieron por falta de insumos y en otros solo lo dejaban unas horas para suministrarle oxígeno.

Así se fue deteriorando la salud de Dick Gregorio hasta que, el 21 de este mes, la familia lo trasladó al hospital Vargas donde los médicos decidieron intervenirlo, pero ya era tarde. Ese día murió a las 3:00 pm cuando lo operaban. Tenía un pedazo de metal en el pecho.

Así culminó la vida de un venezolano que creyó que migrando de su país conseguiría mejor calidad de vida para él y su familia. 

Mayellys Galea Brito, en la morgue de Bello Monte, narró lo ocurrido al cuarto de los cinco hijos que integraban su familia.

#MonitorDeVíctimas | Denuncian que “minero” del Guaire fue asesinado por las Faes cuando salió a trabajar
La víctima tenía 20 años de edad y diariamente buscaba joyas en el río Guaire. El jueves no llegó a dormir. El informe de la morgue asegura que se enfrentó con las Faes, pero su familia lo niega

 

@Daigalaviz | Fotografía: Carlos Ramírez

DIARIAMENTE SACABA COLLARES, anillos, monedas y residuos de metal de las riberas del río Guaire. Pero el pasado 4 de abril no regresó a dormir a su casa. Al día siguiente, Antoni Alfredo Patete Urbina fue identificado con una foto en la morgue de Bello Monte.

La madre del joven de 20 años de edad, quien se identificó como Brígida Yolanda Urbina, narró que ese jueves Antoni salió aproximadamente a las 6:30 am a lo que era su faena diaria desde hacía tres años: sumergirse en el Guaire, a la altura de Caño Amarillo, en busca de objetos de valor para canjearlos por efectivo en tiendas de negociación de oro y plata.

Antoni terminaba su trabajo en el río y entre 2:00 pm y 3:00 pm ya estaba en su casa, en el sector Las Quintas de la Cota 905, municipio Libertador. Como no llegó a dormir, la madre sospechó que algo le había pasado.

Al amanecer del 5 de abril, Brígida ya estaba buscando en comisarías y hospitales al cuarto de sus seis hijos, pero no lo encontró en ninguno de los sitios visitados. Entre un lugar y otro, recibió la llamada de una sobrina que le dijo que le ayudaría a localizarlo, pero que empezaría por la morgue “para descartar”.

En horas de la tarde del viernes, la sobrina de Brígida la llamó nuevamente y le dijo: “Ay, tía. Ya lo conseguí”. La mujer le respondió: “Ay, qué bueno que lo conseguiste”. La joven hizo silencio y luego le detalló: “Lo conseguí, pero muerto”.

A través de una fotografía, funcionarios de la medicatura forense le mostraron el rostro de Antoni a su prima. La joven identificó que era su primo el que se ganaba la vida de minero en el río Guaire. La víctima tenía un tiro en el pecho con el que le quitaron la vida.

Antoni fue fichado con el número 62, código usado para identificar los enfrentamientos con organismos policiales. El informe que le entregó la morgue a los familiares indica que murió tras enfrentarse con funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) –ente adscrito la Policía Nacional Bolivariana (PNB)-, en el sector Los Niches de El Cementerio. La madre niega la versión y asegura que “mi hijo no era ningún malandro, era un chamo trabajador”.

El cuerpo de Antoni llegó a la morgue sin identificación y sin vestimenta. Residía junto a su madre y no deja hijos.

 

#MonitorDeVíctimas | “A mi hijo lo mató la policía un día antes de su cumpleaños”

EL CUERPO DE LUIS ALBERTO DA CORTE REIS (35), fue encontrado este lunes por sus familiares en la morgue de Bello Monte. Tenía dos tiros en el pecho y presentaba múltiples golpes en la cara.  Estaba desaparecido desde la tarde del pasado 10 de noviembre, luego de salir del Bar-Restaurante Gallo de Oro, propiedad de sus padres, situado a media cuadra de la Plaza Capuchinos, parroquia San Juan,  municipio Libertador.

Según el libro de ingresos de la medicatura forense Da Corte Reis tenía como lugar de procedencia el Túnel de La Planicie en donde supuestamente se enfrentó con comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Su cadáver fue traído por los funcionarios del Senamecf a las 9:00 pm.

Familiares indicaron que ese día estaba animado pues al día siguiente estaría de cumpleaños. Hablaba de irse a afeitar. Una de las de las últimas personas en verlo con vida fue una empleada del establecimiento a quien ese día a eso de las 4:00 pm la víctima le pidió el favor que le sirviera una malta.

Su padre Agustín Da Corte relató que una hora después llegó una vecina advirtiendo que a Luis Alberto unos Polinacionales lo tenían esposado y se lo estaban llevando a la fuerza en una patrulla. “Nadie creyó que fuera cierto, no tenía mucho de haber estado en el negocio. Pidió la malta, pensamos que estaba en la parte de arriba”, dijo con voz baja.

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Otra hora pasó y al ver que no aparecía comenzaron a llamarlo a su celular, pero no atendía. Fue entonces cuando notaron que había dejado su cartera. “Recordamos lo que dijo aquella señora y fuimos hasta la comisaría de la PNB en San Juan. Allí nos dijeron que no tenían detenido a nadie con ese nombre y con sus características”.

Otros parientes, amigos y trabajadores del local se sumaron a la búsqueda de Luis Alberto. Se trasladaron hasta hospital Miguel Pérez Carreño. “Fuimos solo para allá porque jamás pensamos que podría estar muerto. Solo imaginamos que como salió sin sus documentos seria una simple detención”, expresó su novia Vanessa Caldera.

“Me decía papá quiero irme del país, pero no quiero dejarte solo ni a mi mamá.  A mi hijo lo mató la policía un día antes de su cumpleaños y ahora me lo quieren encochinar diciendo que se enfrentó  y ni un arma de fuego tenía”, señaló su papá quien recordó que hace 42 años se vino desde Portugal para trabajar en Venezuela.

Tras no hallarlo, la denuncia de la desaparición de Luis Alberto fue puesta el 15 de noviembre ante la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público en la Avenida Urdaneta. El caso esta reseñado ante la Fiscalía  126° de Caracas con el n°504675-2017 .

“El funcionario que nos atendió nos insistía que lo siguiéramos buscando en los comandos de la PNB porque a veces los policías realizaban aprehensiones y cuando los familiares acuden a buscarlos se los niegan. Fue por eso que también acudimos al Cicpc, Sebin y hasta el DIM”, acotó Caldera.

“La policía prácticamente lo secuestró, porque ese día fuimos hasta la barbería donde el va, casi que al frente del establecimiento y lo atendieron y luego se marchó. Entonces lo agarraron cuando ya venía de regreso para el bar”, expresó entre lágrimas Carmen Aguilera, empleada en el local desde hace más de 10 años.

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“Luisito era muy humanitario, gentil y bondadoso. Cuando la gente venía a pedir comida él se quitaba el bocado y se los daba. A quien necesitara, siempre estaba dispuesto ayudarlo. Lo que hacía ese muchacho era trabajar. Se quedaba hasta la madrugada ayudando a su mamá”, añadió Aguilera.

Deudos de  Da Corte Reis aseguran que jamás había estado detenido y tampoco presenta registros policiales. “Él era deportista, lo que le gustaba era hacer ejercicio, no tenía vicios. Casi que tiene un gimnasio en la casa”.

El fallecido era el único varón y el mayor de dos hermanos. Laboraba junto a sus padres en el negocio desde la adolescencia. Deja en estado de orfandad a una hija de 15 años que vive en Colombia.

El dato

Según datos de Monitor de Víctimas, entre mayo y octubre 40 personas han sido asesinadas en la parroquia San Juan, municipio Libertador (DC). Entre las que destacan 10 en presuntos casos de resistencias a la autoridad con oficiales de la PNB, ocho para ser despojadas de sus pertenencias, seis por causas a determinar, dos durante peleas o riñas, una producto de un secuestro, una por violencia de género, una por arrollamiento, una por bala perdida, una por enfrentamientos entre bandas, dos  por  ajuste de cuentas, dos por ejecuciones y una por hechos relacionado con droga.

 

 

#MonitorDeVíctimas | Apertura de nuevas morgues bloquea acceso a la información de homicidios en Caracas
Cobro de vacuna para el retiro de cadáveres, confusión de cadáveres, ruleteo de familiares, tardanza en la entrega de cuerpos y limitaciones en el acceso a la información son algunas de las irregularidades que se han registrado con la apertura de cuatro nuevas morgues en Caracas. El objetivo de descongestionar con eficiencia la antigua morgue de Bello Monte sigue siendo un reto

 

@nmatamoros

EN JULIO DE 2017 SE CONCRETÓ LA APERTURA de cuatro nuevas morgues para Caracas, anunciada en octubre de 2016 por el Ministro para las Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La primera en abrir sus puertas fue la morgue de Coche, que funciona en un anexo del hospital Leopoldo Manrique Terrero, ubicado en la calle La Zea de esa parroquia. Le siguió la medicatura de El Llanito, instalada cerca del hospital Domingo Luciani y usada para la práctica exclusiva de exámenes forenses. Paralelamente se activó el servicio de medicina forense en una sede adjunta al hospital Ana Pérez de León II, que recibe los fallecidos en circunstancias violentas, provenientes del este de la ciudad. Recientemente inició operaciones la de Caricuao y solo ofrece exámenes forenses. Aunque la morgue de Bello Monte continúa en funcionamiento, los patólogos que allí laboran solo practican autopsias a los muertos por enfrentamientos.

A los pocos días de haberse concretado este nuevo sistema de distribución de los cadáveres “para mejorar la calidad del servicio”, algunas irregularidades han surgido. Una de ellas ha sido la exigencia de pagos por la entrega de cadáveres. Cobran hasta un millón de bolívares para agilizar la entrega de los cuerpos a sus familiares. El pasado 7 de julio, los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) que laboran en Bello Monte, identificados como Katherine Castro y Gustavo Espejo, fueron capturados por agentes de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, cuando pedían dinero a un deudo a cambio de la entrega de un cadáver.

El familiar de la víctima, indignado denunció el caso al Ministerio Público. En las investigaciones se determinó que a través de mensajes de texto, ellos negociaban pagos con familiares de otras víctimas, a pesar de que en las instalaciones de esta dependencia, adscrita al Viceministerio de Investigación Penal, fueron colocados afiches que indican que está “prohibido cobrar por tramitar la entrega de un cadáver”. Espejo, uno de los implicados, es hijastro del actual director del Senamecf, Coronel retirado de la Guardia Nacional, Carlos Enrique Fernández.

Un funcionario del Senamecf, quien prefirió mantener su nombre en reserva indicó que este tipo de prácticas ilícitas no se han detenido. “No hay supervisión. Los empleados extorsionan y los parientes de las víctimas no se atreven a denunciar por miedo. Los amenazan. Si se atreven a delatarlos ante la Fiscalía, a los medios de comunicación o a los cuerpos de seguridad, no entregan los cadáveres”, dijo.

Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que hay formas de hacer una denuncia pública sin necesidad de que los nombres de quienes la formulen queden al descubierto. “A través de Provea pueden canalizarse. Ellos visibilizan los casos y hacen acompañamientos jurídicos para que las autoridades tomen acciones. Las irregularidades deben ser reclamadas sin miedo. Es la única forma de que este tipo de delitos no queden impunes”, dice el activista de derechos humanos.  

Desinformación deriva en ruleteo

El cobro ilegal es solo una de las fallas derivadas de la activación de las nuevas morgues. El ruleteo de cadáveres y familiares también se ha vuelto una práctica común. A los deudos de Yeison Urbano, quien el pasado 2 de agosto fue asesinado de varios disparos para robarlo en el sector Las Dos Bodegas de Mariche, les dijeron que su cuerpo había sido llevado a la morgue de Bello Monte. Allí los funcionarios informaron que el cadáver no fue trasladado a esa dependencia. No aparecía en la base de datos. Durante la mañana del 3 de agosto Pedro Urbano, padre de Yeison hizo un periplo por otras dos morgues. “Estaba desesperado porque necesitaba saber dónde estaba el cuerpo de mi hijo.

En Coche me dijeron que no lo habían llevado. De allí me fui hasta el Pérez de León, en Petare. Un funcionario que está en la puerta me atendió. Tenía una lista con las identidades de 10 cuerpos, entre ellos figuraba el de mi hijo. No fue sino hasta el día 4 de agosto en la tarde, cuando lo entregaron”, reseña el allegado.

A los parientes los controlan con canales de información restringidos en todas las instancias. Esto los convierte, según el vocero de la ONG, en víctimas por partida doble. Ellos no solo tienen que lidiar con el dolor de haber perdido un familiar en circunstancias violentas, sino también deben peregrinar por varias morgues para ubicar los cuerpos.

“El Senamecf debe habilitar en la página web una pestaña que muestre los números de cédula de los cadáveres que fueron ingresados a esas dependencias para que los allegados ubiquen a sus deudos de forma rápida”, propone Daniels.

Según el comisario, Luis Godoy, ex jefe de Homicidios del Cicpc y hasta ex coordinador nacional del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses, en la morgue de Bello Monte se ofrecía todos los domingos ruedas de prensa sobre el número de cadáveres que eran ingresados durante la semana. “Precisaba cuántos eran trasladados por homicidios, suicidios y por accidentes de tránsito. También notificaban de aquellos que no habían podido identificar y daban información sobre algunas características físicas para que sus allegados los localizaran. Bajo este mecanismo, se establecía un control y no había cabida a ruleteos, ni a confusiones como las que se registran actualmente”, recuerda Godoy.

Tres semanas antes del incidente reportado con Yeison, los familiares de Juan Ernesto Calofré, víctima de la violencia, tuvieron que hacer varios recorridos para localizarlo. A Juan Ernesto lo habían asesinado la mañana del 10 de julio, a pocos metros de la estación Capuchinos del Metro de Caracas. Lo mataron para quitarle un celular que había comprado un mes antes del crimen. Tras enterarse de lo ocurrido por un conocido que avistó el cadáver en la vía pública, su padre Manuel

Calofré, acudió a Bello Monte. Allí a través de un celular, dos funcionarios les mostraron las imágenes de los muertos que fueron trasladados ese día. Su hijo no estaba allí. Se trasladó a Coche y le dijeron que tampoco había sido llevado a esa dependencia. Visitó el Pérez de León y nuevamente regresó a Bello Monte y no había noticias sobre el paradero del cuerpo de su hijo de 25 años de edad. La mañana del 12 de julio acudió a Coche y le confirmaron que el cadáver sí estaba allí. “Pague varias carreras de taxi en recorridos infructuosos. Estaba angustiado, me imaginaba que mi hijo fuese enterrado en una fosa común como un perro sin amo. Este tipo de errores, no tiene nombre. Juegan con la paciencia y el dolor de los deudos”, dijo.

Calofré no piensa formular la denuncia ante el Ministerio Público porque no cree en la justicia. “Planteó el caso y qué. ¿Van a destituir a los funcionarios que negaron que mi hijo se encontraba en la morgue de Coche?. No creo, en este país estos casos quedan así. No hay quién repare el daño causado”, expresa el afectado.

El día 13 de julio el cuerpo de Calofré fue entregado. Sus parientes no pudieron velarlo porque estaba en proceso de descomposición. La cava donde lo habían depositado, mientras tramitaban su retiro, se dañó. No pudo conservarse. “No lo pude velar. Hasta eso me fue negado. No sé quiénes lo mataron, ni lo sabré porque estos homicidios quedan impunes. Y,  por estar de un lado a otro, no tuve tiempo de darle un funeral digno, de despedirlo como quería”, dice Calofré, invadido por un sentimiento de impotencia.   

Morgue El Llanito

Morgue en El Llanito. Foto: AVN

Confusión de cadáveres

El caso de la familia Arriechi Ramírez rebasó las irregularidades en la entrega de cuerpos. Los padres del niño Luis Arriechi estuvieron a punto de enterrar un cadáver que no era el de su hijo. Diana Ramírez, madre del pequeño relató que la mañana del 2 de junio de 2017, el pequeño se encontraba con su tía haciendo la cola para comprar pan, frente a un establecimiento, ubicado en El Cementerio. Cuando la tía dio la vuelta, el niño que se había alejado para orinar, no regresó. Lo buscó entre las personas de la fila y no lo halló. Fue reportado como desaparecido. El 7 de julio, su madre recibió una llamada de parte de funcionarios del Cicpc. Le notificaron del hallazgo del cuerpo de un niño en Caucaguita. El cuerpo fue tiroteado y quemado. El cadáver tenía una cicatriz en la mejilla y una cortada en la pierna.

El hijo de Diana Ramírez reunía características similares. Eran muchas coincidencias. La desaparición del niño había sido denunciado ante los medios de comunicación, un representante del Idena había visto la noticia y al ver la fotografía del pequeño, se dio cuenta que el niño estaba vivo y recluido en una institución de protección en Los Chorros. Se comunicó con el esposo de Diana, quien acudió para verificar la noticia. “Faltaban dos horas para enterrar a un cuerpo que no era el de mi hijo”, relata la mujer.

Solo una disculpa recibieron los padres de Luis por parte del Senamecf sobre lo ocurrido. “No investigaciones, ni culpables. No hicimos presión para ello porque la alegría de saber que nuestro hijo estaba vivo, ocupó nuestra atención”, manifiesta Diana Ramírez. La gravedad de lo sucedido, en la opinión del Daniels, ameritaba que el personal a cargo de la autopsia fuese destituido y sometido a un proceso de averiguación. “Un hecho de este tipo es pagado con cárcel en una sociedad donde los derechos humanos son respetados”, dice el especialista.

Para José Monque, patólogo y ex director de la Morgue de Bello Monte, este tipo de casos son un ejemplo de desorganización y falta de información del personal. En las morgues habilitadas, a su juicio, debe haber unas oficinas de atención que manejen una base de datos detallada sobre los cadáveres. “quiénes son, su edad, el móvil del crimen, en caso de que sea un homicidio o la presunta causa de muerte, si está en investigación, o por identificar. “El personal debe recibir un adiestramiento para manejar esa información y tratar con los dolientes, de lo contrario las fallas persistirán”, advierte.

Ocultamiento de cifras

El plan de descongestionamiento y descentralización de la morgue de Bello Monte, si bien puede ser positivo, podría llevar implícito un objetivo que dista de optimizar el servicio forense: el ocultamiento de las cifras de homicidios. Entre el 1ro de mayo y el 31 de agosto de 2017 Monitor de Víctimas registró 637 homicidios en el Distrito Capital (municipios Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre), mientras que en 2016 esa dependencia tuvo una tasa 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 3.065 casos.  

Para el comisario Godoy, ocultar cifras forma parte de una política de Estado del actual gobierno. La distribución de los cadáveres es una barrera que impide llevar un conteo preciso de los cadáveres. “No hay interés en que se conozca el número de homicidios porque el gobierno es objeto de críticas sobre su gestión en materia de seguridad, y en lugar de buscar soluciones, opta por cerrar el acceso a la información”. Los jefes de las diversas divisiones del Cicpc ofrecían periódicamente una data sobre los homicidios, robos y secuestros. A final de año, en lo que respecta a los homicidios, se entregaba un informe estadístico de los casos policialmente resueltos, de aquellos que estaban en proceso de investigación y de algunos que por su complejidad, no se habían esclarecido”, refiere el ex jefe policial al añadir que estos datos permitían hacer un diagnóstico de la situación en materia de seguridad para luego proponer planes destinados a reducir la cifra con la ayuda de las comunidades y de expertos.

El cierre de la oficina de prensa del Cicpc a mediados del año 2001, según Godoy, constituyó la primera piedra para la edificación de una muralla para evitar que la comunidad obtenga por la vía oficial cifras de la criminalidad. “La apertura de nuevas morgues es la excusa para impedir que se conozcan esos datos, es un muro impuesto para censurar”, asegura el comisario. Desde ese entonces y hasta la fecha, las ONG que defienden el acceso a la información y la libertad de prensa han iniciado una cruenta lucha para que los periodistas y la población tengan datos. No solo en materia de seguridad, sino en salud, educación y otros sectores.

Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, ha documentado cerca de 300 denuncias sobre atropellos contra los periodistas que cubren la fuente de sucesos. “Cuando llegan a entrevistar a los familiares, los funcionarios le dicen que no pueden pasar a la sala de espera. Han llegado al extremo de amenazar a los deudos con retrasar la entrega de cadáveres si se atrevan a declarar a la prensa. Fue creado un cerco metálico para impedir que los periodistas ingresen a hacer entrevistas”, indica el representante de la ONG.

Correa junto con miembros de otras organizaciones ha acompañado manifestaciones, protagonizadas a las puertas de la morgue de Bello Monte para exigir el derecho de informar. La más reciente se produjo el 3 de agosto de 2016, a causa de la cerca que fue instalada en las afueras de esa dependencia. Los periodistas fijaron carteles con frases como: “Informar no es delito”, “La cerca no tapa los crímenes”. Pese a la contundente protesta, el cercado no fue demolido y en los accesos fueron colocados dos funcionarios del Senamecf que se paran cual perros guardianes para frenar la entrada de los periodistas. El caso, explicó Correa, fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, esta instancia le pidió al gobierno venezolano referencias sobre la tasa de criminalidad y le fue negada.

Destituyen al jefe de seguridad de la morgue de Bello Monte por entregar evidencias al MP

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El jefe de Seguridad Integral de la morgue de Bello Monte, oficialmente el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, fue despedido por presuntamente entregar al Ministerio Público evidencias del caso de David Vallenilla, asesinado por un oficial de la FANB el 22 de junio.

El despido de César Moreno se produjo el 3 de julio, según la información reseñada por El NacionalEl funcionario también había laborado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A pesar de que comentarios hecho al diario señalaban que otros dos funcionarios serían sancionados por la misma causa, hasta el momento no se han presentado nuevas decisiones.

Enero de 2017 tiene récord de muertes violentas en Caracas, con 504 víctimas

SEGÚN CIFRAS EXTRAOFICIALES, EN ENERO DE  2017 se registraron 504 muertes violentas en el Distrito Capital, un incremento considerable respecto al mismo mes de 2016, cuando se contabilizaron 474 ingresos de víctimas de la violencia a la Morgue de Bello Monte. Durante el mismo período de 2015 se registraron 447 homicidios.

Esto convierte a enero de 2017 en el más violento desde el año 2010, según las estadísticas manejadas por los periodistas de la fuente de sucesos.

De acuerdo a un informe del Observatorio Venezolano de Violencia, el 2016 cerró con una cifra estimada de 28.479 muertes violentas, frente a unos 27.875 homicidios documentados durante el 2015.

En el caso del Distrito Capital, 2016 cerró con 5.741 muertes violentas.

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Según el OVV, la tasa de homicidios fue de 91,8 por cada 100.000 habitantes, lo que ubicó al país como “el segundo más violento del mundo”.

Las cifras de muertes violentas en algunos estados del país son las siguientes: Lara 67 homicidios y 18 casos de resistencia a la autoridad, Carabobo 136, Monagas 56, Zulia 134, Vargas 8, Falcón 33 homicidios y 7 casos de resistencia a la autoridad.

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Desde el año 2014 pocos meses superaron la trágica barrera de las 500 muertes violentas. Aquí una infografía que detalla cuáles fueron y la cantidad:

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