Los seis tiros que la tarde del sábado le propinaron  a Andry Moisés Farías, de 24 años de edad no eran para él. Él pagó las consecuencias de una vieja rencilla entre dos delincuentes del sector Nueva Esparta del barrio Las Cumbres en Antímano. Andry no sobrevivió al atentado y murió al llegar al hospital Pérez Carreño.

Cuenta Endrick Farías, hermano de la víctima, que era mecánico de motos y ese día se encontraba frente a su residencia reparando el vehículo de un hombre que tenía registros policiales por robo y homicidio. A él no le importó quién era su cliente. Se limitó a hacer su trabajo: arreglar el tubo de escape de esa motocicleta que había dejado varado al presunto delincuente.

Mientras desarmaba el vehículo llegaron cinco hombres que dispararon a mansalva contra los que transitaban a esa hora por el lugar. Los tiros estaban dirigidos al cliente de Andry, pero logró evadirlos. El joven tenía una discapacidad en la pierna producto de un accidente de tránsito que sufrió hace cinco años y no tuvo chance de correr. Intentó escapar, pero fue alcanzado por los proyectiles. En esa zona un transeúnte resultó herido.

Vecinos y familiares que se encontraban en la casa de Andry escucharon las detonaciones. Cuando cesaron salieron a investigar y se percataron de que el joven resultó herido. “No pensamos detuvimos a una moto para que lo llevara al hospital. A mitad de camino el conductor de un jeep ofreció trasladarlo al centro de salud. No hubo tiempo de que lo intervinieran”, reseñó el pariente.

Como muchos venezolanos que se ven en la obligación de buscar varias opciones de empleo para sobrevivir a la crisis, el mecánico también trabajaba como mototaxista durante la mañana en la línea La Bombita. “Con los ingresos que percibía por las carreras mantenía a su bebé de año y medio”, comentó su hermano.

Una banda temida 

Según fuentes policiales, los involucrados en el homicidio del mecánico forman parte de una banda delictiva, dedicada al robo de vehículos y de secuestros que operan en el sector La Montaña de Antímano. Uno de sus miembros tenía problemas con el cliente de la víctima por el control de la zona. Cerca de cinco miembros de esa organización han caído en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, pero aún sobreviven 7.

Una vecina del casco central de la parroquia, quien prefirió mantener su nombre en reserva, fue víctima del supuesto grupo criminal. A ella le robaron su vehículo Aveo, de color gris. “Tres de ellos me interceptaron cuando transitaba por la Intercomunal de Antímano. Me obligaron a detener la marcha. Me dijeron: bájate si no quieres que te vuele la cabeza. Lo hice y le entregué la llave”. Ellos arrancaron. “Logré reconocer a uno que se mudó de la zona porque la policía lo estaba buscando”, dijo la mujer.  Su carro no lo recuperó.

@nmatamoros

Un olor putrefacto que provenía del anexo donde vivía desde hace cinco meses José Ignacio Terán, de 68 años de edad, alertó a una vecina del sector Puerta Caracas de La Pastora. Extrañada por el hedor se comunicó con la propietaria de la vivienda. Ella tenía llave, pero no se atrevía a entrar a la casa que le había arrendado a José Ignacio. Llamó la tarde del jueves a funcionarios de la policía científica y en una de las habitaciones hallaron el cuerpo golpeado. Fue asfixiado.

Uno de los vecinos observó que el día sábado 16 de septiembre, unos hombres habían ingresado a la vivienda de José Ignacio. Hicieron una mudanza. Se llevaron electrodomésticos y hasta parte del mobiliario. En la noche observaron que José Ignacio ingresó. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Ellos presumen que los asaltantes entraron temprano a robar y en la noche cometieron el homicidio. No se escucharon escándalos. La puerta del inmueble no fue violentada. La víctima conocía a sus agresores.

José Ignacio durante los últimos seis meses vivía solo, luego de que se separara de su esposa. Él mantenía contacto permanente con su hermano, Rufo Terán, quien le pareció extraño que en los últimos días, no se había comunicado con él. “Me dirigí a la zona donde vivía y los vecinos me contaron lo ocurrido. La última vez que compartí con él fue la mañana del 11 de septiembre. Ese día nos encontramos en la avenida Baralt para que me llevara una comida y otros paquetes”, relató el pariente, quien agregó que el crimen fue una acción planificada. Los involucrados le tenían seguimiento. Sabían que vivía solo y los horarios de salida y llegada.

La víctima era jardinero. A él lo contrataban empresas constructoras para hacer trabajos de ornato, una vez culminadas las obras de levantamiento de conjuntos residenciales.  Según el conteo de Monitor de Víctimas, desde el mes de mayo hasta lo que va del mes de septiembre del año en curso, un total de 13 personas mayores de 60 años han sido asesinadas durante el robo de viviendas.

@nmatamoros

DOS HORAS Y MEDIA DESPUÉS DE HABER SIDO TIROTEADO, Elía Kassabgi fue atendido en el hospital Pérez Carreño. Había que esperar que llegara el cirujano para extraerle el proyectil que se alojó en un costado. No sobrevivió al ataque perpetrado por un grupo de asaltantes que intentaron despojarlo de su vehículo la madrugada de este viernes.

Un familiar que acudió a la morgue de Bello Monte a retirar el cuerpo relató que el homre de 31 años de edad trabajaba de día en una tienda de ropa y de objetos de quincallería en Catia. El negocio era de su cuñado. En las noches trabajaba como taxista. Aunque no estaba afiliado a la línea del Centro Comercial El Recreo, tenía amigos allí y recogía pasajeros. A las 12:40 a.m. del viernes se dirigió a una estación de servicio de Plaza Venezuela a llenar el tanque combustible y de allí partió a cargar pasajeros a las afueras del centro comercial.

Más sobre este tema:

#MonitorDeVíctimas | A golpes asesinaron a sexagenario en La Pastora

Leer más

A los pocos minutos de haberse estacionado a esperar clientes, dos parejas se acercaron a la ventanilla del automóvil, un Fiat Palio, de color azul oscuro y le pidieron que les hiciera una carrera a Caricuao. En el trayecto, antes de ingresar a los bloques, uno de los hombres sacó un arma, le pidió que se detuviera y se bajara del vehículo. Elía se negó y forcejeó con uno de ellos. Las dos mujeres que acompañaban a los asaltantes se pusieron nerviosas y les dijeron: “mátenlo”, “mátenlo”. Le dispararon y huyeron.

El taxista como pudo manejó hasta el hospital Miguel Pérez Carreño. La atención no fue oportuna. Tuvo que esperar en la emergencia, mientras llegaba el médico. No hubo tiempo de intervenirlo. Murió.

El hombre tenía planeado irse del país. “Estaba reuniendo dinero para viajar a Panamá con su pareja y sus dos hijos. Por eso trabajaba en las noches. Le aconsejábamos que era peligroso, que evitara prestar servicio en la madrugada, pero él decía que era la única forma de ahorrar para brindarle un mejor porvenir a su familia. La vida no vale nada. No hay autoridad que le ponga freno al hampa, ni que asista a los hospitales. Él pudo haberse salvado si lo hubiesen intervenido a tiempo. Pero qué podemos pedirle a un país que no tiene nada que ofrecer, excepto pobreza, inseguridad y desidia”, expresó el pariente.

Acosados por el hampa

En la última semana se han cometido cinco robos contra los taxistas de línea y piratas que operan cerca del Centro Comercial El Recreo. “Presumimos que se trata de una banda”, dice un conductor.

La semana pasada, relata el hombre, a uno de los choferes lo sometieron y se llevaron su carro. Su única fuente de sustento familiar. Se le acercaron dos hombres y una mujer. Le pidieron que los llevara a la entrada del barrio 5 de Julio de Petare. El conductor no estaba convencido de hacer la carrera. No le gustaba transitar por esa zona, pero en virtud de que el día estaba pesado por la falta de clientes, aceptó llevarlos y antes de llegar a su destino. El hombre lo apuntó con el arma en la cabeza, le dijo que se desviara hacia una zona boscosa, poco transitada del municipio Sucre. Le ordenó que se bajara, lo golpeó con la cacha de la pistola y se llevaron el carro.

Cuando despertó, un poco desorientado luego del fuerte golpe, caminó a pedir ayuda. Denunció el robo ante el Cicpc, pero aún no tiene respuesta sobre el paradero del carro. No tiene esperanzas de comprar otro. Lo que ganaba, apenas le alcanzaba para alimentar a su esposa y dos hijos. “Casos como este son cotidianos. Lo único que podemos hacer como medida de prevención es evitar que se monten grupos de personas. Limitar el servicio solo a clientes exclusivos”, manifiesta el taxista.

@nmatamoros

“A mi hermano lo confundieron. Pensaban que era un malandro y creo que por eso lo masacraron, pero era un hombre que se paraba temprano a trabajar para llevar el pan para la casa”. Estas fueron las palabras de Gabriela Rodríguez, hermana de Henry Javier Campos Hernández, de 25 años de edad. A él lo asesinaron, luego de ser testigo de un asalto, cuando se dirigía a su trabajo.

Él era vigilante en el hospital José María Vargas. Su hermana relata que todos los días a las 10:30 am salía del trabajo a buscar el almuerzo a casa de su tía que vive en La Florida. El miércoles como ya era una costumbre, fue a buscar la comida. “Mi mamá a veces no tenía comida para prepararle y por eso mi tía lo ayudaba. Cuando regresaba con su vianda, a pocos metros de la Iglesia Chiquinquirá de La Florida, observó cuando un par de hombres armados asaltó a un funcionario de la Guardia Nacional. El agente no portaba uniforme y tras ser víctima del robo. Persiguió a los ladrones. Se produjo un tiroteo. Henry corrió, pero fue alcanzado por los proyectiles. Recibió ocho disparos.»

Un grupo de transeúntes lo auxilió y lo trasladó al hospital José María Vargas. Sus compañeros de labores lo reconocieron e hicieron las gestiones para que lo atendieran de forma inmediata. Así fue, pese a las carencias de insumos y de personal lo asistieron. A su hermana Gabriela, que también trabaja en ese centro de salud, en el departamento de nutrición, le avisaron: “epa tu hermano está mal herido, baja a la emergencia cuanto antes”. Ella se encontraba elaborando un cronograma de citas médicas y acudió a averiguar lo que pasaba.

Al llegar a la emergencia vio a su hermano agonizando. El logró contarle lo sucedido y a los pocos minutos murió. No se sabe si él recibió los disparos del militar o de los asaltantes. «Lo único que se es que perdió la vida un inocente y en este tipo de hechos siempre paga el que no tiene que la culpa, el que estuvo en el momento y en el lugar equivocado», expresó la mujer.

La víctima no solo trabajaba como funcionario de seguridad, también laboraba como camillero. “Él buscaba la forma de obtener más ingresos porque estaba consciente de que la situación es difícil. Ayudaba a mi mamá con los gastos de la casa. No era azote. En lugar de delinquir y ganarse la vida fácil, él prefería trabajar. Se levantaba temprano a cumplir su turno y al terminar también hacía guardias de camillero, a veces de redoblaba para llevar más dinero”.    

@nmatamoros

La mañana del miércoles 06 de septiembre se respiraba dolor y tristeza entre los habitantes de las Terrazas 30 de Caricuao, una zona rural, enclavada en el barrio Los Cotorros, donde sus lugareños se dedican a la siembra. Ese día no se levantaron para regar los cultivos, sino para llorar la muerte de un niño de 2 años, que había sido localizado sepultado en el patio de una vivienda. Cuando las comisiones del Cicpc desenterraron su cadáver, algunos rompieron en llanto y exclamaban “Dios solo era un niño, un inocente”, mientras que otros no podían disimular las expresiones de horror por el hallazgo, se tapaban las caras, asombrados. No podían creer que en una comunidad tranquila de pequeños productores agrícolas ocurriera un crimen tan dantesco.

El pequeño David Jivan Mendoza no vivía en esa comunidad, sino en el barrio Chapellín de La Florida con su madre, Iráida Mendoza en casa de unas primas que la habían albergado para ayudarla porque no tenía empleo. La mujer de 19 años conoció hace un mes a Daniel Mendoza, habitante del barrio Los Cotorros e inició una relación sentimental. Todos los fines de semana él la invitaba a su casa, donde operaba los fines de semana un centro de apuestas y remate de caballos. También vendía licor. El sábado la mujer con su hijo asistió a la comunidad para compartir con la familia de su pareja. El domingo se levantó después de las 10:00 am a prepararle el desayuno al niño que se encontraba jugando con la perra en el patio de la vivienda.

Cuando lo llamó para decirle que la comida estaba servida el pequeño no contestó. Salió al patio y no estaba. Lo buscó en las habitaciones de la casa y no tampoco lo halló. En un principio pensó que se había ido con otros niños de la zona a jugar. Las horas pasaron y el niño no aparecía. No fue sino hasta las 7:00pm del domingo, cuando se comunicó con las primas que viven con ella en el barrio Chapellín. Ellas tienen contactos con funcionarios del Cicpc y de inmediato se comunicaron con ellos para notificarles la desaparición del menor. El día lunes 04 de septiembre los vecinos se activaron a pegar afiches en el barrio con el rostro del pequeño. “Nunca vi al pequeño correteando por la barriada. A la madre si la vi un par de veces”, dijo una vecina.

Pran de una banda

Los pesquisas llamaron a declarar a los allegados de la víctima. A la madre del pequeño la dejaron detenida por averiguaciones, mientras que el padrastro, Daniel Mendoza quien también había sido citado no acudió y su actitud evasiva levantó sospechas. Luego él se comunicó vía telefónica con los investigadores para confesarles que había asesinado y posteriormente había enterrado al pequeño en un terreno, ubicado en la parte posterior del inmueble, donde solía jugar con la perra. Hasta ese sector se dirigieron las comisiones de la División Contra Homicidios. El pequeño fue apuñalado y lo introdujo en una bolsa plástica. Horas más tarde el responsable fue capturado.

“Ese hombre nunca me dio buena espina”, comenta una allegada de la madre del niño. “Un día lo llevó a la casa y tenía mal aspecto. Era de poco hablar y cada vez que el niño se le acercaba para que le hiciera cariño, él lo rechazaba. Él tenía planes de llevársela a Panamá sin el pequeño”, dice.  Esto fue ratificado por el director del Cicpc, Douglas Rico, quien aseguró que la madre y el padrastro de David decidieron asesinarlo para irse al país centroamericano, sin que tuvieran que pedirle una autorización al padre biológico del infante para llevárselo del país. El agresor había viajado a Panamá, donde había cometido varios delitos. No descartó que la madre, Iráida Mendoza, presenció el crimen.

Una vecina de Caricuao, quien prefirió mantener su nombre en reserva, agrega que el homicida estuvo hasta hace tres meses recluido en el Internado Judicial de Yare II por los delitos de secuestro, robo y extorsión y que actualmente era líder de la banda La Palomera que mantiene azotada las barriadas de la parroquia. “La noche anterior a la desaparición del niño, su madre y Daniel habían tomado. Ella se levantó tarde para atender al pequeño. No dudo que ese hombre actuó bajo los efectos del alcohol y de otras sustancias. Nunca lo vi trabajando, se la pasaba en la calle con malas juntas”, refiere la lugareña.

Otras víctimas

Hace dos semanas también un niño fue víctima de la violencia familiar. Se trata de William López. Su padre lo ultrajó y posteriormente lo asesinó a golpes dentro de su vivienda en el sector El Tamarindo de El Valle. El padre, William Gabriel López, intentó suicidarse ingiriendo veneno de ratas, tras cometer el crimen. Fue detenido por los cuerpos de seguridad.

En julio fue asesinado en el sector Negro Primero de Caucaguita, fue apuñalado, quemado y arrojado a una zona boscosa. El autor del hecho fue su hermano, quien también mató a su madre. Seis meses antes, el 3 de enero, el cadáver de una pequeña de nombre Yara Solórzano, de 10 años fue localizado con signos de tortura y dentro de una bolsa plástica por unos vecinos de la zona VI del barrio José Félix Ribas de Petare. Pese a que los padres de la menor protagonizaron manifestaciones frente a la estación Palo Verde del Metro de Caracas para exigir celeridad en el proceso de investigación. El crimen continúa impune.

@nmatamoros |

En julio de 2017 se concretó la apertura de cuatro nuevas morgues para Caracas, anunciada en octubre de 2016 por el Ministro para las Relaciones, Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol. La primera en abrir sus puertas fue la morgue de Coche, que funciona en un anexo del hospital Leopoldo Manrique Terrero, ubicado en la calle La Zea de esa parroquia. Le siguió la medicatura de El Llanito, instalada cerca del hospital Domingo Luciani y usada para la práctica exclusiva de exámenes forenses. Paralelamente se activó el servicio de medicina forense en una sede adjunta al hospital Ana Pérez de León II, que recibe los fallecidos en circunstancias violentas, provenientes del este de la ciudad. Recientemente inició operaciones la de Caricuao y solo ofrece exámenes forenses. Aunque la morgue de Bello Monte continúa en funcionamiento, los patólogos que allí laboran solo practican autopsias a los muertos por enfrentamientos.

A los pocos días de haberse concretado este nuevo sistema de distribución de los cadáveres “para mejorar la calidad del servicio”, algunas irregularidades han surgido. Una de ellas ha sido la exigencia de pagos por la entrega de cadáveres. Cobran hasta un millón de bolívares para agilizar la entrega de los cuerpos a sus familiares. El pasado 7 de julio, los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) que laboran en Bello Monte, identificados como Katherine Castro y Gustavo Espejo, fueron capturados por agentes de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, cuando pedían dinero a un deudo a cambio de la entrega de un cadáver.

El familiar de la víctima, indignado denunció el caso al Ministerio Público. En las investigaciones se determinó que a través de mensajes de texto, ellos negociaban pagos con familiares de otras víctimas, a pesar de que en las instalaciones de esta dependencia, adscrita al Viceministerio de Investigación Penal, fueron colocados afiches que indican que está “prohibido cobrar por tramitar la entrega de un cadáver”. Espejo, uno de los implicados, es hijastro del actual director del Senamecf, Coronel retirado de la Guardia Nacional, Carlos Enrique Fernández.

Un funcionario del Senamecf, quien prefirió mantener su nombre en reserva indicó que este tipo de prácticas ilícitas no se han detenido. “No hay supervisión. Los empleados extorsionan y los parientes de las víctimas no se atreven a denunciar por miedo. Los amenazan. Si se atreven a delatarlos ante la Fiscalía, a los medios de comunicación o a los cuerpos de seguridad, no entregan los cadáveres”, dijo.

Alí Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que hay formas de hacer una denuncia pública sin necesidad de que los nombres de quienes la formulen queden al descubierto. “A través de Provea pueden canalizarse. Ellos visibilizan los casos y hacen acompañamientos jurídicos para que las autoridades tomen acciones. Las irregularidades deben ser reclamadas sin miedo. Es la única forma de que este tipo de delitos no queden impunes”, dice el activista de derechos humanos.  

Desinformación deriva en ruleteo

El cobro ilegal es solo una de las fallas derivadas de la activación de las nuevas morgues. El ruleteo de cadáveres y familiares también se ha vuelto una práctica común. A los deudos de Yeison Urbano, quien el pasado 2 de agosto fue asesinado de varios disparos para robarlo en el sector Las Dos Bodegas de Mariche, les dijeron que su cuerpo había sido llevado a la morgue de Bello Monte. Allí los funcionarios informaron que el cadáver no fue trasladado a esa dependencia. No aparecía en la base de datos. Durante la mañana del 3 de agosto Pedro Urbano, padre de Yeison hizo un periplo por otras dos morgues. “Estaba desesperado porque necesitaba saber dónde estaba el cuerpo de mi hijo.

En Coche me dijeron que no lo habían llevado. De allí me fui hasta el Pérez de León, en Petare. Un funcionario que está en la puerta me atendió. Tenía una lista con las identidades de 10 cuerpos, entre ellos figuraba el de mi hijo. No fue sino hasta el día 4 de agosto en la tarde, cuando lo entregaron”, reseña el allegado.

A los parientes los controlan con canales de información restringidos en todas las instancias. Esto los convierte, según el vocero de la ONG, en víctimas por partida doble. Ellos no solo tienen que lidiar con el dolor de haber perdido un familiar en circunstancias violentas, sino también deben peregrinar por varias morgues para ubicar los cuerpos.

“El Senamecf debe habilitar en la página web una pestaña que muestre los números de cédula de los cadáveres que fueron ingresados a esas dependencias para que los allegados ubiquen a sus deudos de forma rápida”, propone Daniels.

Según el comisario, Luis Godoy, ex jefe de Homicidios del Cicpc y hasta ex coordinador nacional del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses, en la morgue de Bello Monte se ofrecía todos los domingos ruedas de prensa sobre el número de cadáveres que eran ingresados durante la semana. “Precisaba cuántos eran trasladados por homicidios, suicidios y por accidentes de tránsito. También notificaban de aquellos que no habían podido identificar y daban información sobre algunas características físicas para que sus allegados los localizaran. Bajo este mecanismo, se establecía un control y no había cabida a ruleteos, ni a confusiones como las que se registran actualmente”, recuerda Godoy.

Tres semanas antes del incidente reportado con Yeison, los familiares de Juan Ernesto Calofré, víctima de la violencia, tuvieron que hacer varios recorridos para localizarlo. A Juan Ernesto lo habían asesinado la mañana del 10 de julio, a pocos metros de la estación Capuchinos del Metro de Caracas. Lo mataron para quitarle un celular que había comprado un mes antes del crimen. Tras enterarse de lo ocurrido por un conocido que avistó el cadáver en la vía pública, su padre Manuel

Calofré, acudió a Bello Monte. Allí a través de un celular, dos funcionarios les mostraron las imágenes de los muertos que fueron trasladados ese día. Su hijo no estaba allí. Se trasladó a Coche y le dijeron que tampoco había sido llevado a esa dependencia. Visitó el Pérez de León y nuevamente regresó a Bello Monte y no había noticias sobre el paradero del cuerpo de su hijo de 25 años de edad. La mañana del 12 de julio acudió a Coche y le confirmaron que el cadáver sí estaba allí. “Pague varias carreras de taxi en recorridos infructuosos. Estaba angustiado, me imaginaba que mi hijo fuese enterrado en una fosa común como un perro sin amo. Este tipo de errores, no tiene nombre. Juegan con la paciencia y el dolor de los deudos”, dijo.

Calofré no piensa formular la denuncia ante el Ministerio Público porque no cree en la justicia. “Planteó el caso y qué. ¿Van a destituir a los funcionarios que negaron que mi hijo se encontraba en la morgue de Coche?. No creo, en este país estos casos quedan así. No hay quién repare el daño causado”, expresa el afectado.

El día 13 de julio el cuerpo de Calofré fue entregado. Sus parientes no pudieron velarlo porque estaba en proceso de descomposición. La cava donde lo habían depositado, mientras tramitaban su retiro, se dañó. No pudo conservarse. “No lo pude velar. Hasta eso me fue negado. No sé quiénes lo mataron, ni lo sabré porque estos homicidios quedan impunes. Y,  por estar de un lado a otro, no tuve tiempo de darle un funeral digno, de despedirlo como quería”, dice Calofré, invadido por un sentimiento de impotencia.   

Morgue en El Llanito. Foto: AVN

Confusión de cadáveres

El caso de la familia Arriechi Ramírez rebasó las irregularidades en la entrega de cuerpos. Los padres del niño Luis Arriechi estuvieron a punto de enterrar un cadáver que no era el de su hijo. Diana Ramírez, madre del pequeño relató que la mañana del 2 de junio de 2017, el pequeño se encontraba con su tía haciendo la cola para comprar pan, frente a un establecimiento, ubicado en El Cementerio. Cuando la tía dio la vuelta, el niño que se había alejado para orinar, no regresó. Lo buscó entre las personas de la fila y no lo halló. Fue reportado como desaparecido. El 7 de julio, su madre recibió una llamada de parte de funcionarios del Cicpc. Le notificaron del hallazgo del cuerpo de un niño en Caucaguita. El cuerpo fue tiroteado y quemado. El cadáver tenía una cicatriz en la mejilla y una cortada en la pierna.

El hijo de Diana Ramírez reunía características similares. Eran muchas coincidencias. La desaparición del niño había sido denunciado ante los medios de comunicación, un representante del Idena había visto la noticia y al ver la fotografía del pequeño, se dio cuenta que el niño estaba vivo y recluido en una institución de protección en Los Chorros. Se comunicó con el esposo de Diana, quien acudió para verificar la noticia. “Faltaban dos horas para enterrar a un cuerpo que no era el de mi hijo”, relata la mujer.

Solo una disculpa recibieron los padres de Luis por parte del Senamecf sobre lo ocurrido. “No investigaciones, ni culpables. No hicimos presión para ello porque la alegría de saber que nuestro hijo estaba vivo, ocupó nuestra atención”, manifiesta Diana Ramírez. La gravedad de lo sucedido, en la opinión del Daniels, ameritaba que el personal a cargo de la autopsia fuese destituido y sometido a un proceso de averiguación. “Un hecho de este tipo es pagado con cárcel en una sociedad donde los derechos humanos son respetados”, dice el especialista.

Para José Monque, patólogo y ex director de la Morgue de Bello Monte, este tipo de casos son un ejemplo de desorganización y falta de información del personal. En las morgues habilitadas, a su juicio, debe haber unas oficinas de atención que manejen una base de datos detallada sobre los cadáveres. “quiénes son, su edad, el móvil del crimen, en caso de que sea un homicidio o la presunta causa de muerte, si está en investigación, o por identificar. “El personal debe recibir un adiestramiento para manejar esa información y tratar con los dolientes, de lo contrario las fallas persistirán”, advierte.

Ocultamiento de cifras

El plan de descongestionamiento y descentralización de la morgue de Bello Monte, si bien puede ser positivo, podría llevar implícito un objetivo que dista de optimizar el servicio forense: el ocultamiento de las cifras de homicidios. Entre el 1ro de mayo y el 31 de agosto de 2017 Monitor de Víctimas registró 637 homicidios en el Distrito Capital (municipios Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre), mientras que en 2016 esa dependencia tuvo una tasa 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 3.065 casos.  

Para el comisario Godoy, ocultar cifras forma parte de una política de Estado del actual gobierno. La distribución de los cadáveres es una barrera que impide llevar un conteo preciso de los cadáveres. “No hay interés en que se conozca el número de homicidios porque el gobierno es objeto de críticas sobre su gestión en materia de seguridad, y en lugar de buscar soluciones, opta por cerrar el acceso a la información». Los jefes de las diversas divisiones del Cicpc ofrecían periódicamente una data sobre los homicidios, robos y secuestros. A final de año, en lo que respecta a los homicidios, se entregaba un informe estadístico de los casos policialmente resueltos, de aquellos que estaban en proceso de investigación y de algunos que por su complejidad, no se habían esclarecido”, refiere el ex jefe policial al añadir que estos datos permitían hacer un diagnóstico de la situación en materia de seguridad para luego proponer planes destinados a reducir la cifra con la ayuda de las comunidades y de expertos.

El cierre de la oficina de prensa del Cicpc a mediados del año 2001, según Godoy, constituyó la primera piedra para la edificación de una muralla para evitar que la comunidad obtenga por la vía oficial cifras de la criminalidad. “La apertura de nuevas morgues es la excusa para impedir que se conozcan esos datos, es un muro impuesto para censurar”, asegura el comisario. Desde ese entonces y hasta la fecha, las ONG que defienden el acceso a la información y la libertad de prensa han iniciado una cruenta lucha para que los periodistas y la población tengan datos. No solo en materia de seguridad, sino en salud, educación y otros sectores.

Carlos Correa, coordinador de Espacio Público, ha documentado cerca de 300 denuncias sobre atropellos contra los periodistas que cubren la fuente de sucesos. “Cuando llegan a entrevistar a los familiares, los funcionarios le dicen que no pueden pasar a la sala de espera. Han llegado al extremo de amenazar a los deudos con retrasar la entrega de cadáveres si se atrevan a declarar a la prensa. Fue creado un cerco metálico para impedir que los periodistas ingresen a hacer entrevistas”, indica el representante de la ONG.

Correa junto con miembros de otras organizaciones ha acompañado manifestaciones, protagonizadas a las puertas de la morgue de Bello Monte para exigir el derecho de informar. La más reciente se produjo el 3 de agosto de 2016, a causa de la cerca que fue instalada en las afueras de esa dependencia. Los periodistas fijaron carteles con frases como: “Informar no es delito”, “La cerca no tapa los crímenes”. Pese a la contundente protesta, el cercado no fue demolido y en los accesos fueron colocados dos funcionarios del Senamecf que se paran cual perros guardianes para frenar la entrada de los periodistas. El caso, explicó Correa, fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, esta instancia le pidió al gobierno venezolano referencias sobre la tasa de criminalidad y le fue negada.

@nmatamoros

Foto: @DarvinsonRojas

El homicida, identificado como Williams Gabriel López, de 23 años intentó suicidarse después de haber cometido el crimen. También hirió a su hijo menor, un bebé de un año de nacido.

Natalia Matamoros

@nmatamoros

Un niño de tres años fue ultrajado y asesinado a golpes por su padre en el interior de su residencia ubicada en la escalera 8 del sector El Tamarindo de El Valle. A la víctima la identificaron como William López.

Una vecina de la comunidad relató que a las 8:30 a.m escucharon gritos y llamaron a la sede de la Policía Nacional, destacada en la parroquia. Los funcionarios llegaron a las 10:00 a.m y encontraron el cadáver del pequeño a un lado de la cama. Tenía golpes en el tórax y en el rostro. En el piso su padre, William Gabriel López, autor del crimen estaba convulsionando porque intentó suicidarse ingiriendo veneno de ratas. Los funcionarios trasladaron al homicida al hospital Periférico de Coche. De allí lo refirieron al hospital Los Magallanes de Catia. En ese centro tampoco fue asistido por falta de reactivos en el servicio de toxicología hasta que finalmente fue recluido en el centro de salud Miguel Pérez Carreño. Se encuentra estable.

Esta no era la primera vez que William atentaba contra su hijo, según la habitante del sector El Tamarindo, quien prefirió mantener su nombre en reserva, cada vez que llegaba a la casa tomado o drogado golpeaba al pequeño y a su esposa. La mujer no lo acusó ante Fiscalía por miedo. Temía que tomaría represalias en su contra. “Los conflictos eran permanentes. Cuando ella le reclamaba porque no conseguía trabajo, el hombre la cacheteaba y le daba puñetazos en la cara. En varias oportunidades la vi demacrada, con los ojos morados y el rostro hinchado. Le aconsejábamos que lo denunciara antes de que ocurriera una tragedia, pero ella no se atrevió”, comenta la mujer.

Harta de los maltratos constantes la mujer se marchó de la casa hace dos meses y dejó a su hijo William y a su hermano de un año, a cargo del padre. El abandono llenó de ira a su esposo que se ensañó con el hijo mayor. Cuando lloraba porque tenía hambre, era un motivo suficiente para golpearlo. Los vecinos que fueron testigos de la violencia que se registraba en el inmueble no se atrevían a denunciarlo por miedo. Hasta la mañana del lunes, cuando la situación se escapó de control. El hombre en medio de una crisis de ira también había agredido al bebé de un año, pero lograron salvarlo. Fue sometido a unos exámenes forenses.

Él quedará bajo la custodia de su abuela materna, quien vive a pocas cuadras de la casa donde se cometió el asesinato.

La abuela de los pequeños tenía conocimiento del comportamiento violento de William Gabriel, pero se abstuvo a enfrentarlo por temor. “El hombre vivía amargado porque no conseguía trabajo y celaba a la mujer. Ella no quería inmiscuirse porque decía que eso eran conflictos de pareja. Pero las peleas continuas terminaron en tragedia”, dijo la vecina.

Cinco presuntos delincuentes resultaron muertos al enfrentarse a comisiones mixtas integradas a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) en la parte alta del barrio San Antonio de El Valle. Las autoridades no suministraron los nombres de las víctimas, sin embargo aseguraron que eran conocidos con los apodos de “El Bemba”, “El Danielito” y “La Machito”. Los dos restantes no habían sido identificados. Supuestamente estaban implicados en el secuestro de la esposa del Coronel de la GNB Alirio Cruz Ortega, quien fue rescatada ilesa.

A las 8:30 pm de este lunes la mujer se desplazaba en su camioneta Ford Escape de color blanco por El Cementerio, cuando fue interceptada por la banda de secuestradores. A la dama la trasladaron a una vivienda ubicada en la calle Los Postes que colinda con El Cementerio. Allí la mantuvieron cautiva durante varias horas. Su esposo intentó contactarla a su celular, pero había sido apagado. Dos horas más tarde, los delincuentes llamaron a Cruz Ortega para notificarle que su cónyuge había sido secuestrada y le exigieron una alta suma de dinero en moneda extranjera por el rescate.

Cruz Ortega es presidente de la empresa Logística Casa, encargada de la distribución de productos alimenticios del Estado. Fue designado en marzo de 2016.

Se activó un operativo integrado por más de un centenar de funcionarios del FAES y de la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional en la parroquia. “El tiroteo fue incesante. Hombres subían y bajaban. No fui a trabajar, cerré las ventanas de la casa y me resguardé en una de las habitaciones. A mi hijo de 10 años le dije que se metiera debajo de la cama”, dijo una vecina de la zona.

Otro residente comentó que no pudo dormir. Desde la madrugada escuchaba las detonaciones. El tampoco salió y temía que de nuevo se metieran a su casa a allanar. Este año los funcionarios sin orden judicial han irrumpido en su residencia en cuatro oportunidades. “En las últimas visitas se han llevado celulares, laptops y los paquetes de harina y azúcar de los gabinetes de la cocina. Estoy harto de estas incursiones. Solo dejan estela de dolor en la población”, refiere el habitante.

Al término del tiroteo la esposa del militar había sido rescatada. “Solo me asomé a la ventana cuando las ráfagas cesaron. Vi cuando la policía bajaba a los malandros envueltos en sábanas”, comentaba otro lugareño. En el sitio fueron incautadas tres armas de fuego y una granada fragmentaria. El despliegue continuó hasta después del mediodía para capturar a otros tres miembros de la banda que están evadidos.  

Según fuentes policiales este grupo delictivo está presuntamente dedicado al robo de vehículos, extorsión y secuestro. Opera en El Valle y El Cementerio.

@nmatamoros