Malversación

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) denunció este martes 26 de noviembre la malversación y politización de los insumos recibidos a través de la ayuda humanitaria para la recuperación de niños desnutridos en Venezuela.

“Esta situación ha propiciado el mal uso, la venta ilegal y la pérdida de estos suplementos, llegando a grupos que no lo ameritan y la despilfarran. Existen muchas denuncias a lo largo y ancho del país que ratifican nuestro escrito, por lo cual hacemos un llamado para que se respeten los derechos de la población infantil que se encuentra afectada por la desnutrición y retardo del crecimiento, y no se sigan politizando la entregas, poniendo aún más en riesgo a los niños, niñas y adolescentes afectados”, señaló el comunicado.

La SVPP también afirmó que los productos alimenticios se entregan en mercados y mítines políticos en todo el país en nombre del Gobierno nacional, incumpliendo todas las normativas de la ayuda humanitaria y evadiendo los controles de monitoreo del paciente y su núcleo familiar.

 La organización hizo un llamado a las autoridades para que se respeten los derechos de la población infantil que se encuentra afectada por la desnutrición y el retardo del crecimiento.

 

 

Otro informe de la FAO en 2018 afirmó que al menos 6,8 millones de venezolanos padecen inseguridad alimentaria grave.

EL MINISTRO DE COMUNICACIÓN, Jorge Rodríguez, acusó este lunes 17 de enero al partido Voluntad Popular, y al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de “robar” los recursos asignados a sufragar los gastos de los militares refugiados en Cúcuta, que desconocieron a Nicolás Maduro.

“Voluntad Popular quiere robar solo, esa es la razón por la que la oposición está dividida, los militantes de ese grupo terrorista se están quedando con toda la plata de la supuesta ayuda humanitaria”, afirmó Rodríguez en una rueda de prensa.

Asimismo, dijo que Juan Guaidó “se robó 3 millones de dólares recaudados en el concierto Venezuela Aid Live”, celebrado el pasado 22 de febrero en Cúcuta. “Dejaron a todos los trabajadores sin paga”, añadió.

 

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El ministro develó que en el celular de Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó; capturado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), se hallaron evidencias en las que se comprueba la asociación del líder del Parlamento con Rossana Barrera y Kevin Rojas, acusados de malversación de los fondos destinados a la ayuda humanitaria.

Denunció además que Gaby Arellano y Manuel Olivares buscan sembrar violencia en la frontera de Cúcuta con Venezuela, y son los responsables de organizar actos terroristas desde el país vecino.

Jorge Rodríguez aseguró que quedó en evidencia “un gigantesca y podrida trama de corrupción para desviar el dinero que sirve para nuestros niños enfermos, para comprar comida, medicamentos y desviarlos para pagar alcohol, prostitutas y tiendas caras”.

 

*Con información de Panorama y TalCual

 

La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, el cual introduce al instrumento jurídico venezolano un importante conjunto de elementos normativos en materia de lucha contra la corrupción.

El Diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Freddy Guevara, explicó que el texto incorpora como sujetos de aplicación de la ley a los consejos comunales, comunas, cooperativas y demás instancias organizativas del denominado Poder Popular; así como a todas las personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualquiera de los órganos o entes del sector público, que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de bienes y recursos públicos.

Por otra parte, y atendiendo las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se establece la obligación de todo funcionario de presentar, junto a la declaración jurada de patrimonio, su declaración jurada de intereses, en la cual debe dejar constancia de las actividades económicas, financieras y profesionales que desarrolla al margen de la función pública, así como los vínculos familiares y cualquier circunstancia que pueda generar conflicto de intereses.

En este sentido, Guevara recalcó que se consagra el nepotismo en el ordenamiento jurídico venezolano, prohibiendo a todo funcionario público designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quien esté vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En caso de producirse esta irregularidad, la norma estipula la nulidad de todas las designaciones, nombramientos, selecciones o contrataciones realizadas por las máximas autoridades jerárquicas, de familiares o personas naturales o jurídicas con quienes tengan relaciones financieras o comerciales.

La Ley también dedica un capítulo destinado al fortalecimiento de la rendición de cuentas. Al respecto, Guevara indicó que se sanciona con responsabilidad administrativa y penal la omisión de demostrar el uso o destino de los fondos públicos cuya administración les ha sido confiada, en virtud de que a pesar de que la Constitución y diversas leyes establecen tal obligación, su incumplimiento no acarreaba ningún tipo de sanción.

Por otra parte, como aspecto novedoso se incorpora la obligación de que todo funcionario que reciba dinero para viáticos, pasajes y otros gastos deberá presentar informe de la gestión encomendada y la utilización de dichos recursos públicos.

Sobre el peculado de uso, la ley contempla la obligación de utilizar los vehículos pertenecientes al sector público únicamente para la realización de labores o prestación de servicios inherentes a las funciones y actividades propias del ente al que estén asignados, estableciendo que el incumplimiento de dicha obligación se sancionará con responsabilidad penal, con una agravante en aquellos casos en los que la utilización de los vehículos, naves o aeronaves del Estado se haga con fines políticos o electorales.

Guevara subrayó que la Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público incrementa todas las penas establecidas en los delitos previstos; establece que en casos de corrupción deberá restituirse el 100% del lucro o beneficio obtenido; mientras que para los delitos en los que se haya producido un lucro o beneficio para el funcionario público o particular, se determinar multas del cien por ciento (100%) del lucro o beneficio obtenido.

“Quien se robe el dinero debe devolverlo al 100%. Quien sea corrupto debe cumplir su pena frente al Estado. Ya basta de que se despilfarren los recursos de todos los venezolanos y no se castigue a ningún responsable. Una empresa que sea investigada por corrupción no puede seguir trabajando o contratando obras para el Gobierno”, enfatizó.

Para finalizar, Guevara destacó que el texto también introduce como elementos novedosos en la legislación venezolana el delito del blanqueo de bienes producto de la corrupción y la figura de la Cooperación Eficaz, como un mecanismo que permita a aquellos sujetos involucrados en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley disminuir la pena que sea aplicable, cuando suministren datos o información precisa, verídica y comprobable que conduzca al esclarecimiento de la comisión de delitos y la identificación de los presuntos responsables, la ubicación y destino de los recursos, bienes y demás activos extraídos de manera ilícita del patrimonio público.

“A aquel que sirva de testaferro y esté dispuesto a denunciar a sus jefes, el Estado venezolano le dará los beneficios para ponerse a derecho”, sentenció.

 

 

La crisis que padece Venezuela, no sólo es el resultado de la agravante acumulación de problemas que fueron dejándose a la deriva a sabiendas del riesgo que su incidencia inducía. O sea, sin importar lo que sus consecuencias incitaran. Cuando comenzaron a escasear las certezas, ya las confusiones habían ocupado un espacio significativo de la vida nacional. Asimismo sucedió, cuando el militarismo, abusando de posiciones de gobierno, y comprometido como estaba luego de la insurrección de la cual fue protagonista en Febrero 1992, se valió del egoísmo como recurso de poder político para vapulear la institucionalidad democrática mediante decisiones que despotricaban del civilismo sobre el cual se sustentaba la administración gubernamental que rigió hasta entrado el año 1999.

 

No hay duda de que el guión que siguió el gobierno a partir de entonces, describía en sus lineamientos propuestas dirigidas a agrietar la unidad nacional sobre la cual había logrado estructurarse el país político luego de Enero de 1958. A pesar de las diferencias que naturalmente determinaron el discurrir ideológico nacional que fungió de plataforma fáctica a la instauración de gobiernos alternativos, pluralistas y democráticos. Al menos, fue la tendencia que marcó la segunda mitad del Siglo XX. Pero entrado el siglo XXI, el ejercicio de la política se desvirtuó groseramente. Se estableció un proyecto que desafió derechos y libertades. Propuestas que giraban alrededor de acciones dirigidas a “mantener a los pobres en su pobreza”, “infundir terror”, “descalabrar la economía”, “atrofiar la renta petrolera”, entre otras igualmente tétricas que más tarde se radicalizaron con el propósito de acentuar sus efectos y convalidar la “revolución” como criterio, principio y estrategia.

 

Los tiempos que vinieron configurándose, se caracterizaron por el miedo y el silenció que sembró el régimen con la intención de forzar la reconstrucción de una nación a imagen del oscurantismo que identificó la época medieval. Es decir, al mejor estilo de sociedades donde predominaba el terror con el fin de moldear un talante político subordinado, sometido. Sobre todo, sumiso. Y para lograrlo, el alto gobierno optó por implantar circunstancias que justificaran un estado de provocada devastación. No sólo a partir de una falta de alimentos y medicamentos inducida, lo cual generaría la impresión de una “guerra económica” manipulada, desde luego, por agentes de la “revolución”, como en efecto se dio generando hambre, muerte y desolación. También, por la ausencia de servicios públicos teóricamente dirigidos a atender problemas relacionados con infraestructura, vialidad, materia prima, transporte, equipamiento y desarrollo. Es decir, se buscó desnaturalizar lo necesario para mellar objetivos democráticos trazados por la Constitución Nacional. Particularmente, en lo referente a derechos humanos, garantías y deberes.

 

Pero el afán gubernamental por desordenar el país, tuvo un efecto dual en paralelo por cuanto el miedo igualmente involucró a sus dirigentes, adeptos y aduladores de oficio. Miedo de saberse descubiertos ante tanta corrupción, malversación, traición, complicidad y argucia. Tanto que en lo que va del actual gobierno, sus altos funcionarios no han sido capaces ni de remediar lesiones cometidas contra el patrimonio público, o de indultar injusticias sancionadas. Así como tampoco, de afrontar los desafíos que plantean las nuevas realidades exigidas por los cambios necesarios demandados en materia política, económica, administrativa, financiera y social.

 

En medio de las borrascas estimuladas por la peor violencia posible que la ineptitud gubernamental ha podido provocar, el régimen se empeñó en arrogarse atribuciones que excedieron la norma constitucional. Tan atrevidas e ilegales decisiones, si bien han reflejado el desarreglo causado a fin de ocultar fechorías cometidas, también han dejado ver el miedo como razón implícita del incesante desbarajuste esbozado como objetivo revolucionario. ¿O acaso que el desgobierno en proceso no ha advertido qué tan reales o inminentes son las amenazas que se ciernen sobre la funcionalidad del país. Incluso, sobre la vida misma de quienes han actuado con tan siniestra alevosía contra el país?

 

De continuar por estas vías inundadas de incertidumbre, estarían abordándose posibilidades de confundir lo hipotético con lo tangible. Esto incitaría determinaciones cuyos errores darían al traste todo esfuerzo por evitar cualquier desgracia que pueda precipitarse sobre la ya difícil movilidad del país. Justamente, porque bajo los efectos del miedo que padece el gobernante y que lo mantiene atascado, resulta contraproducente elaborar y tomar decisiones sin el análisis razonable, consultado y ecuánime necesario y suficiente. Una gestión asumida con el miedo traumático que produce la agonía política, anima actitudes impulsivas envueltas en cruda rabia. Y es la afección que enganchó al régimen para adelantar su plan de detonar, desde todo resquicio que permita disimular el resentimiento que frena toda conciliación posible, la estructura donde se asienta la declaratoria constitucional de que “Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Así que todo a lo que alude el régimen en aras de “la construcción de una sociedad justa y amante de la paz” es, simplemente, una manera de comprar tiempo para luego dilapidarlo en fútil proselitismo. O acaso todo esto es un mero ¿alarde de patrioterismo?

 

@ajmonagas

 

Los diputados a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Abelardo Díaz y Homero Ruiz, de COPEI, acudieron este miércoles al Ministerio Público para consignar una solicitud de investigación al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, por la presunta comisión de los delitos de peculado de uso y malversación de fondos públicos, establecidos en la Ley Contra La Corrupción, al hacerse acompañar de familiares y allegados que no formaban parte de la comitiva presidencial.

Esa situación, a juicio de los parlamentarios, constituye delito, “ya que los mismos fueron a pasear” con los recursos de la nación, causaron erogaciones importantes al país en divisas y no realizaron ningún tipo de gestión o labor en representación de la República.

Al respecto, Díaz indicó: “esta gira presidencial estuvo marcada por la corrupción, la irresponsabilidad y el derroche. Una gira presidencial que terminó convertida en un gran tour familiar pago con el dinero de todos los venezolanos”, y agregó,  “lo que pensábamos que iba a ser una gira, terminó siendo unas lujosas vacaciones, lo cual nos obliga como parlamentarios que tenemos la facultad constitucional de ejercer funciones de control sobre el gasto público, a elevar esta denuncia para que la investigación determine la cuantía de lo malversado en este caso y determine las sanciones y responsabilidades de ley”.

Díaz señaló que permitir la utilización de bienes del Estado por particulares para fines distintos a los del Estado es delito, “señor presidente y se llama peculado, así como gastar recursos presupuestados para un fin y utilizarlos en otro también es delito y se llama malversación de fondos públicos, y en este caso encontramos que el avión que fungió como presidencial para la gira fue utilizado por personas ajenas y para fines distintos a los propósitos de la gira, así como también estos mismos ciudadanos en esa gira le representaron al país una serie de gastos que al Estado no le corresponde pagar”.

El parlamentario socialcristiano expresó que la situación, más allá de una ilegalidad, es una inmoralidad y una falta de respeto al venezolano, que sufre y padece, “ya que mientras la familia presidencial disfruta y pasea con los recursos del país, los venezolanos están en largas colas buscando comida en un país donde se destruyó el aparato productivo, estamos en crisis, pero la crisis es sólo para el ciudadano común, la crisis no le llega a los gobernantes, para ellos sólo hay disfrute y privilegios”.

El también diputado por el estado Táchira, Homero Ruiz, manifestó: “con esta solicitud que presentamos ante la Fiscalía General de la República, estamos estrenando la reforma que por vía habilitante realizara el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, pareciera que el Presidente solo la firmó, ya que si al menos la hubiese leído no la violaría de esta forma tan descarada”.

Estimó que alrededor de millón y  medio de dólares han sido despilfarrados en esta gira.

Ruiz afirmó: “creemos que esta es una excelente oportunidad tanto para la ratificada Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, como para el nuevo Contralor Manuel Galindo, para demostrar si de verdad van a actuar en defensa del estado de derecho o si simplemente están al servicio del PSUV, les recordamos a estos funcionarios que en este caso la omisión los convierte en cómplices y que de no actuar, los delitos de corrupción no prescriben tal y como está consagrado en el artículo 271 de la Constitución nacional”.

Al finalizar los parlamentarios dijeron que en los próximos días también solicitarán la investigación de estos hechos ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República.