La crisis que padece Venezuela, no sólo es el resultado de la agravante acumulación de problemas que fueron dejándose a la deriva a sabiendas del riesgo que su incidencia inducía. O sea, sin importar lo que sus consecuencias incitaran. Cuando comenzaron a escasear las certezas, ya las confusiones habían ocupado un espacio significativo de la vida nacional. Asimismo sucedió, cuando el militarismo, abusando de posiciones de gobierno, y comprometido como estaba luego de la insurrección de la cual fue protagonista en Febrero 1992, se valió del egoísmo como recurso de poder político para vapulear la institucionalidad democrática mediante decisiones que despotricaban del civilismo sobre el cual se sustentaba la administración gubernamental que rigió hasta entrado el año 1999.
No hay duda de que el guión que siguió el gobierno a partir de entonces, describía en sus lineamientos propuestas dirigidas a agrietar la unidad nacional sobre la cual había logrado estructurarse el país político luego de Enero de 1958. A pesar de las diferencias que naturalmente determinaron el discurrir ideológico nacional que fungió de plataforma fáctica a la instauración de gobiernos alternativos, pluralistas y democráticos. Al menos, fue la tendencia que marcó la segunda mitad del Siglo XX. Pero entrado el siglo XXI, el ejercicio de la política se desvirtuó groseramente. Se estableció un proyecto que desafió derechos y libertades. Propuestas que giraban alrededor de acciones dirigidas a “mantener a los pobres en su pobreza”, “infundir terror”, “descalabrar la economía”, “atrofiar la renta petrolera”, entre otras igualmente tétricas que más tarde se radicalizaron con el propósito de acentuar sus efectos y convalidar la “revolución” como criterio, principio y estrategia.
Los tiempos que vinieron configurándose, se caracterizaron por el miedo y el silenció que sembró el régimen con la intención de forzar la reconstrucción de una nación a imagen del oscurantismo que identificó la época medieval. Es decir, al mejor estilo de sociedades donde predominaba el terror con el fin de moldear un talante político subordinado, sometido. Sobre todo, sumiso. Y para lograrlo, el alto gobierno optó por implantar circunstancias que justificaran un estado de provocada devastación. No sólo a partir de una falta de alimentos y medicamentos inducida, lo cual generaría la impresión de una “guerra económica” manipulada, desde luego, por agentes de la “revolución”, como en efecto se dio generando hambre, muerte y desolación. También, por la ausencia de servicios públicos teóricamente dirigidos a atender problemas relacionados con infraestructura, vialidad, materia prima, transporte, equipamiento y desarrollo. Es decir, se buscó desnaturalizar lo necesario para mellar objetivos democráticos trazados por la Constitución Nacional. Particularmente, en lo referente a derechos humanos, garantías y deberes.
Pero el afán gubernamental por desordenar el país, tuvo un efecto dual en paralelo por cuanto el miedo igualmente involucró a sus dirigentes, adeptos y aduladores de oficio. Miedo de saberse descubiertos ante tanta corrupción, malversación, traición, complicidad y argucia. Tanto que en lo que va del actual gobierno, sus altos funcionarios no han sido capaces ni de remediar lesiones cometidas contra el patrimonio público, o de indultar injusticias sancionadas. Así como tampoco, de afrontar los desafíos que plantean las nuevas realidades exigidas por los cambios necesarios demandados en materia política, económica, administrativa, financiera y social.
En medio de las borrascas estimuladas por la peor violencia posible que la ineptitud gubernamental ha podido provocar, el régimen se empeñó en arrogarse atribuciones que excedieron la norma constitucional. Tan atrevidas e ilegales decisiones, si bien han reflejado el desarreglo causado a fin de ocultar fechorías cometidas, también han dejado ver el miedo como razón implícita del incesante desbarajuste esbozado como objetivo revolucionario. ¿O acaso que el desgobierno en proceso no ha advertido qué tan reales o inminentes son las amenazas que se ciernen sobre la funcionalidad del país. Incluso, sobre la vida misma de quienes han actuado con tan siniestra alevosía contra el país?
De continuar por estas vías inundadas de incertidumbre, estarían abordándose posibilidades de confundir lo hipotético con lo tangible. Esto incitaría determinaciones cuyos errores darían al traste todo esfuerzo por evitar cualquier desgracia que pueda precipitarse sobre la ya difícil movilidad del país. Justamente, porque bajo los efectos del miedo que padece el gobernante y que lo mantiene atascado, resulta contraproducente elaborar y tomar decisiones sin el análisis razonable, consultado y ecuánime necesario y suficiente. Una gestión asumida con el miedo traumático que produce la agonía política, anima actitudes impulsivas envueltas en cruda rabia. Y es la afección que enganchó al régimen para adelantar su plan de detonar, desde todo resquicio que permita disimular el resentimiento que frena toda conciliación posible, la estructura donde se asienta la declaratoria constitucional de que “Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”. Así que todo a lo que alude el régimen en aras de “la construcción de una sociedad justa y amante de la paz” es, simplemente, una manera de comprar tiempo para luego dilapidarlo en fútil proselitismo. O acaso todo esto es un mero ¿alarde de patrioterismo?
@ajmonagas
