magistrados del TSJ

El diputado José Gregorio Correa indicó que con este tipo de iniciativas «se ratifica la confianza del ciudadano» en la Asamblea Nacional.

La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro anunció este sábado, 19 de febrero, la extensión hasta el lunes 21 la recepción de aspiraciones para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Así lo anunció Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, desde el Palacio Federal Legislativo.

Alessandrello indicó que esta nueva prórroga, que estará activa hasta las 5:00 pm del lunes, se debe a la «extraordinaria y masiva concurrencia» para presentar postulaciones.

También, recordó que el viernes 18 era la fecha tope pero recibieron hasta aproximadamente las 9:00 pm muchas solicitudes.

En tal sentido, el proceso del Comité de Postulaciones Judiciales atenderá durante el fin de semana a las personas que quieran postularse en el proceso para la elección de magistrados.

Por otra parte, indicó que quienes ya iniciaron el proceso deben estar atentos a recibir llamadas o mensajes en los próximos días para ser citados a las entrevistas, que iniciarán el 21 de febrero y continuarán hasta el viernes 25.

Además, explicó que las citas se van a organizar en un horario comprendido de 8:00 am a 5:00 pm en el Museo Boliviano, a una cuadra del Palacio Federal Legislativo.

#19Febrero Extendido hasta el lunes a las 5 de la tarde el plazo para el proceso de postulaciones de los candidatos a magistrad@s, inspector (a) general de tribunales y Director (a) de la Escuela de la Magistratura, informó el diputado @Alessandrellove pic.twitter.com/2aTfLVTsVI

— Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) February 19, 2022

Por su parte, el vicepresidente del Comité de Postulaciones Judiciales, José Gregorio Correa, indicó que con este tipo de iniciativas «se ratifica la confianza del ciudadano» en la Asamblea Nacional.

Asimismo, el diputado Correa afirmó que se cree en una «salida democrática» para la justicia, ya que necesita que se imparta en los tiempos adecuados tanto para quien la recibe como para quien la emana.

El anuncio del Comité de Postulaciones hecho este sábado 19 de febrero viene a ratificar lo informado en la víspera.

Se extiende la recepción de Postulaciónes hasta el día lunes 21/02/2022 hora 5:00 con el fin de permitir la mayor participación de la ciudadanía en este proceso.@Asamblea_Ven pic.twitter.com/Qw5KpfBb6u

— Comité Postulaciones Judiciales (@CP_Judicial) February 19, 2022

*Con información de TalCual

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Cada una de las salas tendrá un secretario y un alguacil, según la reforma de la ley leída y aprobada en la plenaria

La Asamblea Nacional de Nicolás Maduro aprobó este 18 de enero en el segundo y definitivo debate una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reduce de 32 a 20 el número de magistrados que componen el órgano.

La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados, reza el proyecto de reforma de ley aprobado, frente a los siete y cinco que tienen actualmente.

Cada una de las salas tendrá un secretario y un alguacil, según la reforma de la ley leída y aprobada en la plenaria.

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El proyecto partió del presidente del TSJ, Maikel Moreno, quien propuso a la AN promover dicha reforma, según anunció el 22 de diciembre el presidente del Parlamento oficialista, Jorge Rodríguez.

Según dijo entonces Rodríguez, el objetivo es que «pueda darse un mejor manejo de las salas» del Supremo.

En aquel momento también dijo que esta reforma activaría «los procedimientos necesarios para la escogencia del número de magistrados principales y suplentes que sean establecidos en esa ley».

De ese modo esta reforma debe «arrancar el proceso que le corresponde a la AN de la escogencia del comité de postulaciones» para que los magistrados sean elegidos.

Actualmente, el periodo de los magistrados se extiende por doce años por mandato constitucional. El último nombramiento se produjo en diciembre de 2015 en un proceso exprés y días antes de que tomara posesión la anterior AN de clara mayoría opositora.

Información de EFE

Consideran que esta reforma podría estar relacionada con un punto de negociación con representantes de los partidos de oposición con miras a un nuevo ciclo de reuniones en México

La Asamblea Nacional de 2020 de mayoría oficialista llevará a cabo este jueves 30 de diciembre una sesión extraordinaria para iniciar la discusión de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de disminuir el número de magistrados que integran las diferentes salas del organismo.

Aunque no se informaron los detalles de la modificación a la normativa legal, para varios analistas consultados, esta reforma no implica un cambio significativo sobre el organismo para que retome su independencia y autonomía. No obstante, consideran que muy posiblemente se trate de algún punto de negociación con representantes de los partidos de oposición con miras a un nuevo ciclo de reuniones en México.

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó que la Constitución venezolana se limita a señalar cuáles son las salas que constituyen el TSJ, pero no establece el número de magistrados que la conforman. Esto ha quedado al criterio del legislador y por ello es que han ocurrido los cambios en el número de integrantes. En consecuencia, dijo, no habría que modificar la carta magna para ello y basta solo con reformar la ley del máximo tribunal.

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Recalcó, sin embargo, que con este instrumento jurídico ocurre lo mismo que con las anteriores leyes que han sido modificadas por esta AN, es decir, no ha sido consultada por los diferentes actores de la sociedad civil.

«Ya, a partir de este punto, observamos un vicio de procedimiento. La AN está convocando a sesiones para la reforma de la ley, pero sin la consulta debida a universidades, colegio de abogados y sociedad civil, ya es una violación a los procedimientos, pues la Constitución exige que las leyes se aprueben luego de una discusión pública sobre su contenido», afirmó.

Sigue leyendo esta nota de Ahiana Figueroa en TalCual

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encargará de decidir sobre el caso del magistrado Ángel Zerpa, quien hasta el momento había sido presentado ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Función de Control con sede en Caracas, donde fue imputado por la comisión de los delitos de traición a la patria y usurpación de funciones, tipificados en los artículos 464, numeral 25, del Código Orgánico de Justicia Militar y 213 del Código Penal, respectivamente.

La sentencia N° 363, con ponencia de la magistrada Francia Coello González, ordena además la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realización de cualquier clase de actuación del tribunal militar.

Antes de ser designado como magistrado por la Asamblea Nacional, que el TSJ declaró en «desacato» pese a que tal figura no existe en las leyes venezolanas, Zerpa era el abogado de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien durante las protestas ocurridas entre abril y agosto de este año criticó duramente al gobierno de Nicolás Maduro y, posteriormente, fue destituida por la asamblea nacional constituyente afecta al oficialismo.

Un grupo de diputados a la Asamblea Nacional denunció en contra de distintos funcionarios del Gobierno ante el Ministerio Público, a quienes señalaron por haber violado derechos humanos y falsificado documentos, entre otros delitos.

El diputado Juan Miguel Matheus, acompañado del parlamentario José Guerra, acusó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y al Contralor General de la República, Manuel Galindo, por el delito de falsedad documental a propósito del procedimiento de designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en diciembre de 2015.

Matheus señaló que «Tarek William Saab y Manuel Galindo incurrieron en el delito de falsificación documental tipificado en el artículo 317 del Código Penal. Tarek William Saab confesó públicamente que el acta del Consejo Moral Republicano del 16 de diciembre de 2015 carece de la firma de la Fiscal General de la República y de la Secretaria. Esto constituye el delito de Falsedad Documental y podría implicar de 3 a 6 años de presidio».

El diputado de Carabobo aclaró que «nunca hubo el proceso de preselección de candidatos por el Poder Ciudadano. Se designó a los magistrados con base en un documento falso con la firma -reconocida públicamente- de Tarek William Saab y Manuel Galindo».

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, reconoció en rueda de prensa la ausencia de la firma de la Fiscal y de la Secretaria del Consejo Moral Republicano en el acta del 16 de diciembre e indicó que el error fue subsanado en enero. Ante esta declaración, el diputado Matheus indicó que «a confesión de parte, relevo de prueba. Un error de esa naturaleza no puede ser subsanado a destiempo porque la designación fraudulenta de los magistrados exprés ocurrió el 23 de diciembre, sin que se diera la preselección que de acuerdo a la Ley debía hacer el Consejo Moral Republicano».

A cada uno de ellos, así como a quienes les cumplen órdenes: "Sabemos quienes son y no nos vamos a callar, estos son los rostros del terror" pic.twitter.com/uCtDfqxw6c

— Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) June 16, 2017

Por otra parte, la parlamentaria Gaby Arellano denunció a ocho jefes de las Regiones Estratégicas del Desarrollo Integral (Redi) en todo el territorio nacional.

Durante una rueda de prensa, la parlamentaria aseguró que estos generales son responsables de las “atrocidades” de las que ha sido testigo el pueblo venezolano en las últimas horas.

“Señores, lo que está establecido en el plan Zamora no se encuentra en la Constitución, por lo que cuando a ustedes los mandan a disparar o atacar ciudadanos en la calle no están defendiendo la Carta Magna ni al Gobierno, sino a una narcodictadura que con este plan lo único que ha desatado son atrocidades”, sentenció.

La dirigente de Voluntad Popular señaló que se presentaron en la Fiscalía para denunciarlos con nombre y apellido. “Esperamos las diligencias pertinentes del Ministerio Público sobre estas atrocidades”.

Diputados de la AN continuamos denunciando en la Fiscalía de las violaciones de derechos humanos por parte del REDI https://t.co/Yu87bSebkQ

— Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) June 16, 2017

La fracción parlamentaria de Primero Justicia denunciaron por la violación del art. 143 del Código Penal al presidente de la República, Nicolás Maduro; a las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante el Ministerio Público.

El diputado Tomás Guanipa informó que en dicho artículo está claramente establecida la prisión de 12 a 24 años para “los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Artículo 143. Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años:

1. Los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.
2. Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En la mitad de la pena referida incurrirán los que cometen los actos a que se refieren los números anteriores, con respecto a los Gobernadores de los Estados, los Consejos Legislativos de los Estados y las Constituciones de los Estados; y en la tercera parte de dicha pena, los que se cometieren contra los Alcaldes de los Municipios.

3. Los que promuevan la guerra civil entre la República y los Estados o entre éstos.

Para Guanipa este supuesto “es exactamente lo que hoy venimos a denunciar, con lo que ocurre con el fraude constituyente, porque no hay una forma más violenta de querer cambiar nuestra forma republicana y la constitución que usurpar la voluntad del pueblo venezolano, que es quien tiene la decisión sobre cómo puede ser cambiada la Constitución y cómo puede ser convocada una Asamblea Nacional Constituyente”.

El parlamentario pidió que se abra una investigación y un proceso penal contra el presidente de la República, los magistrados de la Sala Constitucional y las rectoras del Consejo Nacional Electoral, “que hoy se han asumido el poder del Pueblo y que han querido bajo un mecanismo absolutamente fraudulento cambiar una Constitución que se dio el pueblo”.

Hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional, a la Defensoría del Pueblo y a las instituciones públicas para que entiendan que “la Constitución es de todos y no le pertenece a nadie, que modificarla no es potestad de una persona, ni de un grupo político, debe ser la voluntad de todo el pueblo venezolano”.

El parlamentario cuestionó las acciones del Gobierno Nacional e indicó que el golpe de Estado continuado que viene ejecutando desde hace dos meses tiene como colofón la convocatoria de un proceso constituyente sin la aprobación del pueblo.

Urgente Grave denuncia ante Fiscalía 9:45am #9jun https://t.co/sEyheys2OZ

— Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 9 de junio de 2017

“Hoy hay un secuestro institucional en Venezuela, además un golpe de Estado gravísimo que tiene responsabilidades penales, porque así lo establece el código Penal, y de esta forma queremos sumar nuestro esfuerzo para evitar que un fraude constitucional se pueda dar en Venezuela”, sentenció Guanipa.

El Secretario General Nacional de Primero Justicia Tomás Guanipa reiteró su reto “al gobierno nacional para que se someta a un proceso electoral libre, para que sea el pueblo venezolano el que decida el futuro de la nación”.

*Con información de nota de prensa

La tradicional «Quema de Judas» del domingo de resurrección de la Semana Santa, en Venezuela tomó un tinte político con la quema de muñecos con la cara del presidente Nicolás Maduro y otras figura de su Gobierno en todo el territorio.

En Caracas, específicamente en La Candelaria, un Judas con cuatro rostros y vestido como un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue quemado al frente de la Escuela de Derecho de la Defensoría del Pueblo. El muñeco llevaba la cara de Maduro, del defensor del pueblo, Tarek William Saab; del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

En otros estados del país, la quema de Judas llevó rostros del oficialismo, desde Diosdado Cabello hasta los demás magistrados que firmaron las sentencias del golpe de Estado que dejó a la Asamblea Nacional sin poderes, hasta que las sentencias fueron «corregidas». Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) también estuvieron entre las más populares figuras a ser incendiadas.

Foto: @Dayidayi

Diputados de la oposición llegaron este miércoles 5 de abril muy temprano a la Asamblea Nacional para realizar la sesión en la que propondrán iniciar el proceso de destitución de los magistrados.

La sesión se iba a llevar a cabo el martes 4 de abril, después de una movilización que salió de Plaza Venezuela con rumbo hacia la sede del Poder Legislativo, pero efectivos de la PNB y GNB impidieron el paso de los parlamentarios y los manifestantes hacia el lugar y reprimieron la marcha.

Ya en la @AsambleaVE . Aquí estamos los diputados para defender la Constitución y el futuro de nuestro país. ¡Seguimos Adelante! pic.twitter.com/B780l2s1cs

— Stalin González (@stalin_gonzalez) April 5, 2017

Los diputados madrugaron y ya están en la AN para la sesión de hoy. Buscaron evadir cualquier percance pic.twitter.com/cb7J9eZUam

— Dayimar Ayala Altuve (@Dayidayi) April 5, 2017