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#MonitorDeVíctimas | A joven de 20 años lo sacaron de su casa presuntos funcionarios del Cicpc y lo mataron

Familiares del occiso, Jesús Fernando Hernández Flores, aseguraron que era trabajador y que le sembraron una pistola

 

Los familiares de Jesús Francisco Hernández Flores piden justicia. El suceso ocurrió en Macarao. Vecinos de la zona manifestaron en contra de lo ocurrido

 

@SandraGuerrero1

 

Justicia es lo que pide la madre de Jesús Francisco Hernández Flores, de 20 años de edad, muerto de tres disparos la madrugada del pasado martes 10 de noviembre cuando se encontraba en su casa, ubicada en la parroquia Macarao, municipio Libertador, en Caracas.

Los presuntos implicados en la muerte del joven, que laboraba en el área de seguridad, serían funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que llegaron a la vivienda, sacaron a varios familiares, incluyendo a un niño de 7 años de edad y luego dieron muerte a Hernández Flores.

La madre del fallecido, que era el menor de sus tres hijos, negó que este fuese malandro y matón como calificaron los policías. “Era trabajador y le sembraron una pistola. Es duro perder un hijo”, dijo.

Donis Hernández, padre del joven, también pidió que se haga justicia y anunció que denunciará el caso ante el Ministerio Público.

Vecinos manifestaron

Dos horas antes de la salida del cortejo fúnebre, los vecinos de la víctima realizaron una manifestación en la que exhibieron pancartas rechazando lo ocurrido y pidiendo justicia.

Cifras

En el área metropolitana un total de nueve personas han sido ejecutadas por integrantes del Cicpc este año.

En ese mismo lapso doce personas han sido asesinadas en Macarao: 9 de los homicidios ocurrieron en vía pública y los otros 3 se registraron al interior de alguna vivienda.

 

Crímenes sin Castigo: Sargentos en armas
El alzamiento de los sargentos de la Guardia Nacional, el lunes 21 de enero, es una señal más de la peligrosa descomposición de la Fuerza Armada Nacional

 

@javiermayorca

 

LA MADRUGADA DEL 21 DE ENERO OCURRIÓ un hecho inusitado en la historia militar de Venezuela: un grupo de por lo menos 27 sargentos de la Guardia Nacional, emplazados en unidades del Distrito Capital, se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Este hecho, se reitera, no tiene parangón. Ni siquiera los alzamientos frustrados de febrero y septiembre de 1992 se le pueden equiparar. En este caso, hubo dos aspectos fundamentales: 1) se trató de un movimiento ejecutado exclusivamente por efectivos de tropa, y 2) solamente participaron uniformados de la Guardia Nacional.

Lo ocurrido ese lunes, a partir de las 3 am, tomó por sorpresa al estamento castrense del país. En los días previos, aunque con mucha antelación, fueron emitidas algunas alertas ante la posibilidad de que factores externos a la FAN intentaran tomar por asalto alguna unidad desprotegida, especialmente en el interior del país. Pero no se esperaba que las irrupciones fuesen ejecutadas por gente de la propia institución, actuando además de forma independiente y en apariencia impulsiva.

El grupo liderado por el sargento mayor José Gregorio Bandres se adueñó de los parques de armas de despachos militares en Macarao y Petare. En este proceso, por lo tanto, logró cruzar toda la ciudad sin ninguna resistencia. Luego se hizo fuerte en la sede del Escuadrón Montado de la propia GN en Cotiza.

Desde allí, Bandres y su grupo emitieron por lo menos seis videos, que corrieron como pólvora a través de los sistemas de mensajería, y eventualmente tuvieron eco en la prensa independiente. Aun así, la gente veía estas acciones con escepticismo, lo que le restó apoyo popular al grupo militar en las primeras de cambio. Tuvo que salir la hermana del profesional de armas, Rosangel Bandres, en una declaración rebotada por la prensa internacional, a asegurar que lo ocurrido en Cotiza no era ningún “pote de humo”.

Según los primeros partes conocidos ese mismo día, Bandres formaba parte de la plantilla del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la GN en Macarao. Esta es la misma sede que se vio “tocada” por agentes de Contrainteligencia Militar durante las pesquisas sobre un supuesto complot en el que participaban efectivos de fuerzas especiales de tres componentes de la FAN, en mayo de 2018. De hecho, en Macarao fueron detenidos seis oficiales en aquella oportunidad.

Es posible, entonces, que estemos ante un capítulo más de un movimiento que se viene gestando al interior de la FAN desde hace meses, y que no ha crecido más debido a las detenciones y a la incomunicación entre las distintas fuerzas, lo que impide agrandar la magnitud de estas conspiraciones.

Una vez más, los llamados “planes de reacción” en las unidades militares tardaron tanto que el sargento Bandres y su grupo tuvieron tiempo suficiente para ir de un extremo a otro del valle caraqueño sin contratiempos. Su decisión de atrincherarse en el Escuadrón Montado de Cotiza e iniciar la emisión de videos no tiene otra explicación más allá del interés de visibilizar la fractura interna de la Fuerza Armada. En las negociaciones, otros efectivos de tropa alzados se quejaban por la falta de medicamentos y expresaban que ellos padecían los mismos males que el resto de la población venezolana.

Es claro que el sargento y sus 26 acompañantes no tenían la intención de hacer armas contra la jerarquía castrense que salió a negociar con ellos. El riesgo de bajas colaterales era muy alto en esa zona densamente poblada. Aun así, estaba latente la repetición de la solución aplicada por la FAES contra el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, hace apenas un año. De allí los reiterados llamados para que los pobladores de ese sector al norte de la ciudad salieran a manifestar en apoyo a los sublevados. Y lo hicieron, a pesar del riesgo que significaba expresar oposición al Gobierno en la antesala de uno de los colectivos más poderosos en la actualidad, el 5 de Marzo, que se adueñó de la antigua sede de la Policía Metropolitana.

A estas alturas, la Guardia Nacional es el componente que más presos tiene por razones políticas desde 2018. No solo los hubo en mayo, a propósito del complot de las unidades especiales, sino también en agosto con el caso de los drones en la avenida Bolívar. A estos dos episodios habrá que sumar otros 27 por la rebelión de los sargentos.

 

Breves

 

-¿Para qué ha servido la política de desarme aplicada por el Gobierno a partir de 2012? Esta iniciativa fue anunciada como una fórmula para disminuir la letalidad del delito. Para el momento en que fue lanzada por el extinto Hugo Chávez, se hablaba con preocupación de la alta frecuencia del uso de armas de fuego en homicidios, robos genéricos y robos de vehículos. La propaganda asegura que ha sido una política eficaz, puesto que según el ministro Reverol durante 2018 fueron destruidas más de 25000 armas. Sin embargo, este no es un indicador real sino un dato suelto, que se divulga para impresionar. Es necesario hacer una comparación entre la situación antes de iniciado el desarme, es decir, en 2011, y lo que ha sucedido después. Según el documento que dio origen a la Gran misión A Toda Vida Venezuela, en los años previos a la política de desarme eran usadas pistolas, revólveres, escopetas y afines en el 79% de los homicidios registrados en el país. En 2018, de acuerdo con datos conocidos extraoficialmente, fueron usadas armas de fuego en el 83,56% de los homicidios. Esto es 4,56 puntos porcentuales más que lo registrado hace siete años. Si se suma a esta cifra las muertes por “resistencia a la autoridad” –que también son homicidios-, el porcentaje de uso de armas de fuego sube a 88,6. Con estos datos, se puede evaluar si ha sido efectiva o no la política de desarme en Venezuela.

-La detención del diputado Juan Guaidó a manos de un grupo especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el domingo 13 de enero, revela hasta qué punto llega la disputa por los espacios de poder dentro del régimen. El presidente del Parlamento fue interceptado por tres vehículos sin rotulado policial y privado de libertad durante apenas una hora, lapso en el que los agentes encabezados por el comisario Hildemaro José Rodríguez (conocido en la policía política por la violencia de su proceder) lo trasladaron hasta la central de Plaza Venezuela con la aparente pretensión de encarcelarlo en La Tumba, tal y como hicieron con el ex ministro de la Defensa, Raúl Baduel. Pero esta orden no corrió por los canales regulares. En la policía política esto es habitual, tal y como lo han corroborado informes sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas presentados por organizaciones no gubernamentales ante la Corte Penal Internacional. Igual, hubiesen podido montar un expediente con posterioridad, basados en supuestos o datos de patriotas cooperantes, y avalados por un fiscal y un juez. El problema, en este caso, es que la orden no provino de Miraflores sino de la misma fracción radical del oficialismo que a finales de 2018 interceptó la caravana presidencial en el sector Boquerón. El comisario Rodríguez, además, aparece mencionado directamente en el expediente sobre la muerte del concejal Fernando Albán.  

5 claves para entender los sucesos ocurridos este #21Ene en Caracas
@rociosanmiguel 

1. POR AHORA PUEDE SER DESCRITO como una expresión de descontento, que no encontró respuesta en otras unidades militares.

2. Llama la atención el periplo geográfico que realizaron los presuntos alzados. Cómo una operación que comenzó en el oeste de Caracas, (Macarao), con sustracción de armas y detención de oficiales, continuó en el otro extremo de la ciudad, al este en Petare, sin ser detenida, sino cuando finalmente se expresa, en una unidad militar de la GNB ubicada al extremo norte de la Ciudad (Cotiza).

3. Por cierto, dos de las unidades de la GNB involucradas en los hechos (Macarao) y (Petare) ya habían sido el año pasado tomadas por la DGCIM, por acontecimientos de insubordinación allí ocurridos.

4. Finalmente, la unidad escogida para el pronunciamiento no posee poder de fuego. Está localizada en un lugar geográficamente controlable en sus entradas y salidas. Y no expresaron manifiesto alguno los sublevados, sino un exhorto a la población de salir a la calle.

5. Un pronunciamiento militar efectuado por un grupo reducido de efectivos de tropa profesional de la GNB, realizado en los términos que fue difundido, y por el medio escogido, es difícil catalogarlo como una “asonada militar” especialmente al no estar involucrado oficial de comando.

Sin dudas unos hechos que generan mas preguntas que respuestas a esta hora…

 

Por Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano 

Denuncian que hombre fue ajusticiado dentro de su vivienda en Macarao

Familiares de Raúl de Jesús Figuera, de 45 años, informaron que fue ajusticiado por funcionarios de las Faes el pasado 17 de enero. La víctima se encontraba solo en su vivienda, en Macarao, municipio Libertador, cuando una comisión ingresó y le disparó en el tórax.

La madre de Raúl, Vicenta Paula Figuera, relató desde la medicatura forense de Bello Monte que aproximadamente a las 6:10 am del jueves ella salió de su casa, pues debía realizarse un ecosonograma renal en San Martín. Tras su salida, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB se acercaron a su apartamento, ubicado en la planta baja del edificio Mara. Con la llegada de los efectivos, sonaron los primeros disparos. El ataque provocó que los vecinos del conjunto residencial escucharan lo que sucedía y también sus gritos.

Una moradora de la comunidad relató lo que uno de ellos dijo: “Agarren a sus menores, y los malos llévenselos a Colombia porque vamos a seguir matando”. La madre de la víctima denunció que los efectivos se llevaron de su casa prendas, dinero, alimentos de primera necesidad y el cilindro de una puerta. Se conoció que Raúl fue trasladado al Hospital Miguel Pérez Carreño, pero ingresó sin signos vitales.

Desde hace cinco años, Raúl se ganaba la vida como jardinero. Vecinos de la comunidad de Macarao lo identificaron como “un hombre que siempre estaba allí. Una mano amiga, y el que siempre arreglaba todo lo que se dañaba en el sector”. Además ejercía desde hace cuatro meses como vocero del consejo comunal «En Honor a Robert Serra».

La víctima dejó una hija de 24 años que vive actualmente en Trinidad y Tobago. Vecinos relataron que desde este jueves iniciaron una recolección de firmas para denunciar la presunta ejecución ante la Fiscalía.

Familiares de fallecidos en Macarao denunciarán el caso en Fiscalía Militar

La muerte de los cuatro hombres que estaban presos en el comando de la GNB en el sector La Gran Parada en Las Adjuntas, cerca de la estación del Metro, en la parroquia Macarao, por presunto intento de fuga el pasado miércoles, será denunciada antela Fiscalía Militar a fin de que se investigue lo ocurrido así como la violación de los derechos humanos que sufren quienes están detenidos en esa dependencia.

Los familiares de los fallecidos explicaron que en ese comando hay dos pabellones y que los presos que no caben en estos son ubicados debajo de las escaleras y duermen en el piso al igual que el resto de los detenidos.

Relataron que a diario los parientes tienen que llevarles las tres comidas pero que éstas son revisadas por los funcionarios de la GNB que les introducen las manos en los envases y se apropian de la carne o el pollo y le dejan a los reclusos el contorno.

Otra denuncia señala que los detenidos pasan hasta más de una semana sin bañarse por falta de agua y por eso, algunos padecen escabiosis (sarna). A todo esto se agrega los malos tratos que los uniformados les dan a los presos.

Las víctimas son Nelson Antonio Admaringh Velásquez, de 34 años de edad, que trabajaba en una finca de la carretera vieja Caracas – La Guaira y desde que estaba recluido en esa dependencia hacía manualidades origami.

Jorge Eliécer Castaño Fuentes, de 30 años de edad, era padre de dos niños, en enero cumpliría tres años detenido. Inicialmente estuvo internado en una dependencia de la GNB, en Plaza Venezuela, donde no veía la luz del sol. Era comerciante informal.

Jean Carlos Sánchez Bandres, de 37 años de edad, trabajaba como escolta de un funcionario del gobierno, también era taxista. Dejó 6 hijos, 3 adultos y 3 menores de edad además de 2 nietos. Fue detenido en una alcabala de la GNB que le quitó un carnet policial que portaba. Presumen que en enero lo llevarían a un tribunal y podría quedar en libertad. Murió debido a un disparo que recibió en un costado.

“Tenían la foto del que estaban buscando y terminaron matando a mi hijo”

Keiver Rafael Gómez Martínez, de 17 años, estudiante de bachillerato en el liceo Luis Eduardo Egui Arocha falleció, en horas de la mañana de este lunes en un supuesto enfrentamiento con comisiones del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector La California, de la parroquia Macarao, municipio Liberador.

Yuraima Martínez, madre del muchacho denunció que fue ejecutado por los detectives. “Tenían la foto del que estaban buscando y terminaron matando a mi hijo”, expresó entre lágrimas mientras esperaba que trasladaran su cuerpo desde el Hospital Miguel Pérez Carreño a la morgue de Bello Monte.

Martínez detalló que Keiver fue interceptado por los efectivos  cuando se dirigía a una bodega. “Cuando la policía se metía al barrio mi hijo no se escondía. Me decía mami yo no tengo nada que temer y no le debo nada a nadie”, refirió la mujer.

Dijo que los agentes lo requisaron y le pidieron que corriera, al momento que les dio la espalda le propinaron un disparo que lo hirió por un costado. “La gente les gritaban que lo dejaran en paz, que no era ningún melandro y que fueran tras los delincuentes. Le pusieron una pistola en la mano y ahora dicen que fue un enfrentamiento”.

Lea también: #MonitorDeVíctimas | Mataron a hombre en Petare para robarle 60$ que usaría para irse a Perú

“Cuando  llegué  lo traían de manos y pies. Les dije que él era mi hijo que lo dejaran en paz. Que era menor de edad y que me iría con él, pero no me dejaron. Uno de los funcionarios dijo que me quedara tranquila que solo estaba herido y que me fuera al hospital”, relató  Yuraima

Una amiga la acompañó al centro de salud, pero cuando llegaron el jovencito ya había muerto. Pese a que Keiver presentaba una herida, fuentes extraoficiales aseguran que llegó con más impactos de bala al hospital.

“Mi hijo se quería ir del país y aunque vivimos en una pobreza extrema estábamos reuniendo para que se fuera a Colombia. Se puso hasta a vender cigarros. Su hermana estaba allá y lo iba ayudar. Siempre me decía que me iba a comprar una casa y tendría una para él y su hermanita a quien ayudaría a estudiar”, añadió.

Deudos aseguraron que Keiver no tenía antecedentes penales ni estaba involucrado en hechos delictivos. “No fumaba, ni tomaba, no se trataba de ningún delincuente”, agregó una tía. La víctima era el tercero de sus cuatro hermanos

Vecinos del barrio llevan a cabo una recolección de firmas para denunciar el hecho ante la fiscalía. También hacen una colecta para cubrir los gastos funerarios.

 

Violencia aumentó cada día en el centro de validación en Macarao

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La validación del 1% de firmas no fue cosa sencilla en algunos centros de Distrito Capital, y el caso de Macarao marcó la pauta de las agresiones de simpatizantes del oficialismo hacia los firmantes.

Lunes y martes el proceso se realizó con normalidad, pero el miércoles iniciaron las agresiones. Robos de pertenencias, agresiones verbales, un ataque de colectivos con bombas lacrimógenas y varios tiros al aire marcaron la jornada de ese día.

Para el jueves la violencia verbal se acrecentó y al menos cuatro autobuses que trasladaban personas hasta el centro fueron robados por delincuentes. La activista Mirtha Pinto relató que al regresar de Macarao fueron abordados por un grupo de delincuentes que los despojaron de sus pertenencias. «En el autobús iban al menos 15 personas mayores que se asustaron, al chofer le pidieron dinero y les dio lo que tenía, pero los malandros al darse cuenta que trasladaban personas para validar le dieron un golpe en la cabeza con un arma de fuego».

La agresión no se detuvo allí. Pinto comentó que al reclamar la agresión al chofer, también recibió un » cachazo» en la frente. «Cuando nos dejaron partir, nos fuimos al centro de salud más cercano y era un CDI. No nos atendieron porque habíamos validado firmas contra el proceso».

Para hoy viernes, las agresiones verbales no cesaron. Un voluntario de la MUD indicó que desde tempranas horas el punto rojo ubicado frente a la jefatura se llenó de afectos al chavismo que proferían insultos contra las personas en espera para validar. Alrededor de las 11 de la mañana, las vías fueron cerradas y por seguridad, no se movilizaron más ciudadanos desde plaza Venezuela hasta ese sitio.

 

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Cintillo Pequeño

En Macarao validan firmas a pesar de la bomba lacrimógena y los robos

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El proceso de validación del 1% de firmas para convocar al referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro estuvo plagado este miércoles de retrasos en distintos centros de validación de Distrito Capital.
En Plaza Venezuela los voluntarios denunciaron «operación caracol» (porque son más lentos que el morrocoy, según explicaron). En Macarao dos desconocidos en moto lanzaron una bomba lacrimógena contra el centro de validación, mientras que en El Junquito un grupo de pobladores afectos al oficialismo trancó el kilómetro 10 desde las 10 de la mañana para impedir el paso de autobuses al centro de validación.
Plaza Venezuela es el comienzo y final de la travesía para muchos ciudadanos. En la Oficina Regional Electoral del CNE, un grupo de voluntarios moviliza en autobuses donados por transportistas a todos aquellos que deseen trasladarse a centros como Coche, Macarao, El Junquito o San Agustín. La gente no cesa de llegar y por segundo día consecutivo, las colas alcanzaron la avenida Libertador.

Robos y bombas en Macarao
Para llegar a Macarao hay que pasar de largo Las Adjuntas, y transitar por una estrecha vía hasta llegar a la Jefatura Civil de esa localidad que está enclavada entre edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
Mientras los ojos de Chávez observan, las personas en cola para validar cuidan sus pertenencias para evitar ser robados, como le pasó a una señora a la que no pudo defender la Guardia Nacional.

 

Antes de las 11 de la mañana, dos personas a bordo de una moto se acercaron a la parte posterior del centro de validación y lanzaron una bomba lacrimógena justo donde se encontraban situadas las máquinas captahuellas. Funcionarios de la GN llegaron corriendo pero tampoco pudieron detener a los agresores. Todas las personas dentro del centro fueron desalojadas, entre ellas varios adultos mayores que debieron ser atendidos por los Bomberos pues resultaron afectados con los gases. Una dama de la tercera edad tuvo que ser llevada a un centro asistencial, con la canción «Adelante Comandante» de fondo. Luego de 20 minutos, el proceso se reanudó. Nelly Belisario, de 82 años de edad, se fue a validar a Macarao: «para salir de este Gobierno, no sólo por mi, sino por los jóvenes que son el futuro y porque todos merecemos vivir mejor». Una madre que prefirió no identificarse también llegó hasta Macarao para validar. Tiene a su hijo hospitalizado en la clínica Méndez Gimón, y entre el recorrido por las farmacias para conseguir las medicinas decidió montarse en un bus para validar. «Esto lo hago principalmente por mi hijo que merece un país mejor, ya estamos cansados».

Tampoco faltó la presencia de los diputados Richard Blanco y Stalin Gonzalez, quienes se acercaron a demostrar su apoyo a los firmantes, al tiempo que eran llamados «ratas inmundas» por los chavistas apostados en un punto rojo.

 

El Junquito trancado Seguridad y calidad de vida para su hijo, ese es el deseo de Odrath Montero, quien debe trabajar con tan solo 20 años para darle seguridad a su bebé de dos años. Hoy miércoles debió faltar al trabajo, pero no le importa porque desea validar, por eso se fue a El Junquito para refrendar su firma en uno de los más de 30 autobuses que salieron hacia distintos puntos de Distrito Capital para validar. Unos puestos detrás, dos señoras comentaban la marcha de los trabajadores en apoyo a Maduro. «Como es posible que esa gente tenga que venir obligada, mira los autobuses, pero lo vamos a revocar», comentaba una compañera de viaje a otra. En el camino cambió todo. El autobús que ya se dirigía hasta El Junquito tuvo que retroceder y desviar su camino hasta Macarao, pues pobladores afectos al partido de Gobierno trancaron el kilómetro 10 para impedir el paso hasta el centro de validación de esa zona.