Humberto Prado archivos - Runrun

Humberto Prado

OVP: Casas de paz en calabozos policiales violaría derechos de los detenidos
Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB están formados para la seguridad pública, no para cuidar y velar por los derechos humanos de los presos
Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de Tarek William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo
Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal

 

Entre el 17 y 19 de julio, 107 personas que se encontraban detenidas en el centro de detención preventiva de La Morita II del estado Aragua iniciaron un motín para denunciar el atropello y abusos que recibían por parte de las autoridades del calabozo policial, el retardo procesal en sus causas y supuestos hechos de corrupción en tribunales de Aragua.

Durante el hecho, cuatro funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron secuestrados por más de 24 horas en el centro de detención. Katerin Vargas, Rubén Rojas, Darwin Alvarado y el oficial Saulo Kiñones fueron liberados luego de que el conflicto culminara al trasladar a 38 privados de libertad al Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como Tocorón.

Un día después, y a raíz del hecho, el fiscal general Tarek William Saab, anunció la puesta en marcha de un plan para reducir el número de personas recluidas en las estaciones policiales, consideradas centros de detención preventiva, que actualmente albergan a 25.000 internos en todo el país, reseñó la Agencia EFE.

La Fiscalía, el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se comprometieron «a convertir los centros preventivos» en «casas de paz», de modo que puedan celebrarse en esos calabozos las audiencias de juicio para combatir el retardo procesal que mantiene a miles de detenidos durante años en estos lugares, originalmente concebidos para 48 horas de detención.

“¿Cómo traerás casas de paz cuando no hay espacio para calabozos?. Esto no se resuelve con buenas intenciones, se resuelve con experticia, gerencia y disposición para hacerlo”, opinó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en conversación con Runrun.es.

Para el director del OVP, en los calabozos policiales se excede el tiempo establecido por el artículo 44 de la Constitución venezolana y el Código Orgánico Procesal Penal al dejar más de 48 horas a personas detenidas en sus instalaciones. Adicionalmente, en un espacio diseñado para 20 personas, detienen a 100 o 200 detenidos. 

“Los funcionarios de cuerpos policiales no están formados para lo que les ponen a hacer. Los policías carecen de presupuesto para brindar desayuno, almuerzo y cena a los reclusos en sus calabozos”, aseguró Prado.

Según el director de OVP, el policía municipal, estadal y funcionario de la PNB son formados para la seguridad pública, no para cuidar presos. “No están formados para velar por los derechos humanos de los presos, o para registrar comida y personas que visitan a su ser querido que está detenido preventivamente.

“En ningún comando policial existe un área de atención médica para los detenidos, ni siquiera para los policías”, indicó Prado.

Coacción y presión a los reclusos

Una de las principales preocupaciones de Prado ante el anuncio de William Saab es la coacción y presión a la que puede exponerse un recluso si el plan de casas de paz se lleva a cabo. 

El director del Observatorio explicó que un detenido es trasladado al tribunal para que esté libre de coacción y presión. “No es que no esté de acuerdo en poner unos salones para algunas diligencias que se puedan hacer, pero esas diligencias no pueden estar vinculadas con el proceso”, afirmó.

“Si un muchacho fue detenido por policías, ¿cómo lo vas a poner dentro de la misma sede de la policía a declarar contra los policías?. No tiene sentido”, señaló Prado.

Según el director de OVP, el cambio de abogado de un detenido es una de las diligencias que se puede ejecutar, pero en el proceso no se puede hacer mucho porque el traslado al tribunal garantiza que la persona que esté presuntamente involucrado en determinado tema esté libre de presión y coacción, si no se cumple, se viola ese aspecto por saltar encima de la norma.

Prado explicó que las irregularidades que se han dado en el sector carcelario han intentado ser solventadas a través de actividades que son espasmódicas, pues no atacan el problema estructural. 

La reestructuración es la solución del problema

De acuerdo con Prado, la solución al problema de retardo procesal y todas las irregularidades que implica pasa por establecer un sistema gradual para otorgar medidas cautelares y medidas alternativas de cumplimiento de pena para que no haya impunidad. 

Una vez que se inicie esa reestructuración, el problema puede solucionarse en un año de trabajo continuo y sostenido. 

El director del OVP reiteró que, para ello, hay que tener una visión de cómo resolver el problema estructural a corto, mediano y largo plazo.  Sugirió las siguientes acciones:

Devolver la autonomía e independencia del Poder Judicial. “Cuando un juez dicta una medida preventiva y ordena el traslado de una persona al centro penitenciario, tiene que ser trasladado de inmediato, no tiene que estar un año en un calabozo policial”, dijo.

Se debe hacer inventario de personas procesadas, penadas, con medidas cautelares y que poseen medidas alternativas de cumplimiento de pena para sacar la cuenta de  cuánto personal se necesita para que el servicio a los detenidos no viole el debido proceso, ni caiga en el retardo procesal. 

Nombrar más jueces, fiscales y  defensores públicos, según el número de personas que se encuentren privadas de libertad y tengan sentencia firme o un proceso abierto. 

Hacer un concurso de credenciales, entrenarlos y después “soltarlos al ruedo”. “Independientemente de que es un proceso que tomará tiempo, estas personas solucionarán el problema estructural, porque van a nivelar la situación del proceso de cada persona”, señaló Prado.

Humberto Prado rechazó abstención del régimen de Maduro ante la ONU para investigar a Rusia
El también opositor Miguel Pizarro dijo que, con su abstención, el gobierno de Maduro «nuevamente comparte lugar con regímenes antidemocráticos que callan ante la violencia»

 


Humberto Prado
, designado por Juan Guaidó comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, consideró «una vergüenza» que el régimen de Nicolás Maduro se abstuviera en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que aprobó que se inicien investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos de Rusia, durante su invasión de Ucrania, a través de una comisión de expertos.

«El régimen de Maduro se abstuvo en la votación, una vergüenza en todas las instancias internacionales», escribió Prado en su cuenta de Twitter.

La ONU aprobó este 4 de marzo que se inicien investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos de Rusia durante su invasión de Ucrania a través de una comisión de expertos, la primera que el Consejo de Derechos Humanos aprueba para Europa y contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad.

La histórica decisión se tomó en una votación donde Rusia sufrió una nueva derrota en el plano diplomático, ya que de los 47 países miembros del Consejo sólo ella y Eritrea votaron en contra de la resolución con la que se crea esta comisión, e incluso países como Venezuela, Cuba o China se abstuvieron.

Por su parte, el también opositor Miguel Pizarro, designado por Guaidó comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dijo que, con su abstención, el gobierno de Maduro «nuevamente comparte lugar con regímenes antidemocráticos que callan ante la violencia».

Información de EFE

Denuncian que en Venezuela hay más de 300 presos políticos
Entre ellos, se encuentra el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, el dirigente del partido Voluntad Popular Roland Carreño y el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, quien inició una huelga de hambre el pasado 21 de diciembre

 

Humberto Prado, nombrado comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas por el dirigente Juan Guaidó, denunció este 1 de enero que hay más de 300 presos políticos en el país.

Así lo aseguró Prado en un mensaje de Twitter en el que recordó que, entre ellos, se encuentra el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, el dirigente del partido Voluntad Popular Roland Carreño y el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, quien inició una huelga de hambre el pasado 21 de diciembre.

«Seguiremos alzando la voz por los más débiles, seguiremos acompañando a las víctimas, seguiremos gritando libertad para todos los presos políticos y seguiremos luchando por los derechos humanos de todos», agregó Prado en esa red social.

Marín Chaparro comenzó una huelga de hambre para denunciar que sufre «tratos crueles inhumanos y degradantes» y solicitó que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el encargado de negocio de la Unión Europea y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten su centro de reclusión.

Según los datos difundidos por la organización Justicia Venezolana, en el país hay 252 militares procesados por razones políticas, de los que 180 están presos.

La ONG Foro Penal denunció en su último informe, difundido el pasado miércoles que en el país hay 244 personas detenidas a las que consideran presos políticos, de los que 112 son civiles y 132 militares.

Oposición entrega resumen sobre DDHH a entidades internacionales
La compilación, titulada «Relatos de Tortura: la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, Libertad de prensa bajo ataque y Letalidad e Impunidad de las acciones ilegales realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)», se elaboró a partir de datos de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos

 

Humberto Prado, representante para los derechos humanos del gobierno de Juan Guaidó, entregó a organizaciones internacionales un resumen sobre la materia, que destaca la «realidad» de los presos, la libertad de prensa «bajo ataque» y las acciones «ilegales» de cuerpos de seguridad del Estado.

Prado entregó el documento a Esmeralda Arosamena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch; Ángela Meyer, directora de la Fundación Robert Kennedy; y Geoff Ramsey, director de Washington Office on Latin America (WOLA), entre otros, informó la oposición en un comunicado.

El resumen, titulado «Relatos de Tortura: la realidad silenciosa de los militares privados de libertad, Libertad de prensa bajo ataque y Letalidad e Impunidad de las acciones ilegales realizado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)», se elaboró, según Prado, recopilando datos de la sociedad civil y de organismos internacionales en materia de derechos humanos.

Según la nota, «ante el aumento de denuncias de violaciones de derechos humanos y la ausencia de respuesta a las mismas, se ha trabajado en documentar y activar los mecanismos de protección de derechos humanos disponibles que permitan proteger y garantizar efectivamente los derechos de los venezolanos».

El extracto destaca los altos índices de pobreza, la inseguridad alimentaria, la escasez de agua y servicios básicos, la atención deficiente a la pandemia, la «desnutrición» de los presos, y los homicidios y feminicidios.

Con la información recabada, la oposición concluyó que «lo que se vive en Venezuela es la crisis más grave en los 25 años que se lleva trabajando el tema de derechos humanos y que la falta de un Estado de derecho y democrático ha abierto paso a actuaciones y omisiones que se evidencian en todo el territorio nacional».

Información de EFE

Crimen y violencia: los tumores sociales que han hecho metástasis en Venezuela
A juicio del abogado y criminalista, Fermín Mármol, Venezuela tiene lo peor de los dos mundos: el crimen y la violencia
«La falta de independencia del poder judicial es la causa principal de que en Venezuela no haya Estado de derecho ni justicia, tenemos jueces arrodillados ante el poder político», dijo Luis Izquiel.

La crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela desde hace varios años la han convertido en una de las naciones más violentas del mundo. Asesinatos, secuestros, violencia en zonas populares, bandas organizadas, falta de políticas públicas y las fallas de los cuerpos de seguridad, son algunas de las causas que hoy permiten afirmar que el sistema de seguridad ciudadana en Venezuela está muy lejos de cumplir sus funciones. 

Durante el foro Inseguridad ciudadana como problema, presentado por el portal Analítica.com, el cual contó con la participación de reconocidos expertos en materia de criminalística y violencia como Humberto Prado, Fermín Mármol, Yajaira Forero, Roberto Patiño, Luis Alberto Buttó y Luis Izquiel; se expusieron las fallas del sistema de justicia y su repercusión en los altos índices de violencia en el país. 

Sobre el índice de violencia, el ingeniero y experto en políticas públicas, Roberto Patiño, indicó que la tasa de homicidios en la ciudad de Caracas se estima en 120 por cada 100 mil habitantes. «Estamos hablando de una tasa de homicidios 6 veces mayor a la de México», dijo.

El también militante del partido Primero Justicia aseguró que en el país ha fracasado la política pública de la mano dura, debido a que constituye una violación a los derechos humanos, se militariza la seguridad ciudadana y se utilizan cuerpos de seguridad que, lejos de cumplir con sus funciones, atropellan y arremeten en contra de los ciudadanos. 

Patiño explicó que en Venezuela el crimen y la violencia tienen dos expresiones. «Está el crimen organizado que tiene como característica fundamental la búsqueda de resultados económicos (narcotráfico, extorsión, secuestro), también está el crimen expresivo o la violencia social, que es lo que está ocurriendo en las zonas populares, jóvenes que no han tenido mecanismos de inclusión y superación por lo que recurren al crimen como forma de obtener poder y ganar respeto».

La policía, parte del problema 

La abogada y defensora de derechos humanos, Yajaira Forero durante su intervención, afirmó que el tema de la inseguridad ciudadana es «preocupante» y que el aumento de la misma se está dando por varias razones, una de ellas es la actuación de los cuerpos policiales. 

«Hoy en día tenemos policías ineficaces, que no controlan el crimen ni los delitos que ocurren a diario. Tenemos policías violadores de derechos humanos y corruptas», dijo Forero.

La abogada aseguró que 97% de la población no confía en los cuerpos policiales porque no garantizan la integridad física de los ciudadanos. 

Sobre los 26 planes de seguridad que ha implementado el Estado venezolano para proteger a los ciudadanos, Forero comentó que todos han fallado. «Se han creado grupos especiales como las FAES que se han convertido en grupos de exterminio, en jueces y también en verdugos».

Yajaira Forero exhortó a que todos los cuerpos policiales sean reinstitucionalizados y despolitizados. «Hay que rescatar el verdadero espíritu y propósito de la función policial».

Tumores sociales 

A juicio del abogado y criminalista, Fermín Mármol, Venezuela tiene lo peor de los dos mundos: el crimen y la violencia.

«Tenemos una mezcla de dos tumores sociales que han hecho metástasis en el país, lo que ocasionó una trilogía primitivista de corte criminal, de corte social y de corte institucional, lo que ha generado la delincuencia organizada»

Mármol explicó que la tasa de embarazo precoz, la paternidad irresponsable, la deserción escolar y la ausencia de un sistema educativo robusto son temas que no ayudan a espantar el crimen y la violencia.

«La criminalidad en Venezuela ha llegado a un nivel superior que ha sido la delincuencia organizada tanto violenta como de astucia, tanto urbana como rural, tanto nacional como extranjera y trasnacional que demuestra el gran retroceso abismal en Latinoamérica», afirmó Mármol.

El abogado señaló que el gran problema que tenemos ante esta realidad es que las políticas públicas que se tienen que implementar para que la delincuencia retroceda serán muy costosas para la sociedad, tanto económico como en lo social y emocional. 

Independencia del poder judicial

Según el último análisis del sistema de justicia realizado por la Organización Proyecto Mundial de Justicia, Venezuela quedó en el foso, por detrás inclusive de países como Afganistán. 

En dicho estudio se evaluó la actuación de jueces y fiscales y la independencia del poder judicial, y sobre esto, el abogado Luis Izquiel afirmó que unos jueces designados a dedo no son eficaces para impartir justicia porque se han violado todas las normativas establecidas en la Constitución. 

«La falta de independencia del poder judicial es la causa principal de que en Venezuela no haya Estado de Derecho ni justicia, tenemos jueces arrodillados ante el poder político», dijo Izquiel.

Como soluciones a este problema, Izquiel señaló que la designación a dedos de jueces y magistrados tiene que cambiar, estos deben ser seleccionados de acuerdo a lo que indica la Carta Magna. Hacer una inversión en la infraestructura en las sedes del poder de justicia, por último, parar con la destrucción de las leyes como el Código Orgánico Procesal Penal que ha sido reformado siete veces. 

Mala operación del sistema militar

Otro de los actores que tiene responsabilidad directa en la incidencia del crimen y la violencia es el factor militar. Sobre el tema, Luis Alberto Buttó, profesor e investigador y magíster en conflictos armados,  afirmó que este elemento tiene responsabilidad directa en la existencia de grupos irregulares. 

«Históricamente, hemos tenido una mala operación del sistema militar, en Venezuela no hemos tenido una fuerza armada nacional profesional, pues el profesionalismo militar se da cuando el personal se dedica únicamente al operativo de la defensa y no participa en otra actividad que no sea esta», explicó Buttó.

El investigador en conflictos armados señaló que la Fuerza Armada ha perdido prestigio y credibilidad, pues los militares deben responder exclusivamente a las actividades operativas al sector defensa, pero que la estrategia tiene que estar en manos del sector civil.

Especializaciones del crimen

La responsabilidad del Estado en materia carcelaria es un problema que tiene más de 60 años que se ha venido deteriorando significativamente, según señala Humberto Prado, abogado y director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

A juicio de Prado, el Estado se excusa en que no tiene presupuesto ni el personal adecuado para ellos impulsar cambios en esa materia carcelaria, pero nunca asumen su responsabilidad. 

«El Estado no tiene la capacidad para crear un sistema de sistema de prisiones que preste la atención para reinsertar a una persona que cometió un delito. El hombre que entró a la cárcel por robarse una cartera, sale peor porque el gobierno le ha patrocinado un postgrado en delincuencia», dijo Prado.

Humberto Prado afirmó que en Venezuela no va a haber un sistema penitenciario digno hasta que no haya un cambio de gobierno.

«Si no hay un cambio de gobierno no puede haber un Poder judicial digno, un Ministerio Público digno, una policía digna y un sistema penitenciario que respete las condiciones de todos los privados de libertad», aseguró Prado.

Sobre la situación del sistema penitenciario el director del OVP señaló que hay altos niveles de hacinamiento, hambre y enfermedades como tuberculosis y sida. 

Prado finalizó su intervención exhortando a la descentralización del sistema penitenciario.

Orlando Viera-Blanco Jun 01, 2021 | Actualizado hace 1 mes
Por la justicia y por la piedad
Gracias por su amistad y humildad, comisionado Prado. Orgulloso de trabajar de su mano y su «pegada» por los DD. HH., por Venezuela. Por hacer justicia y obrar con piedad

 

@ovierablanco

Recientemente tuve el honor de entrevistar al Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, abogado Humberto Prado. Un venezolano íntegro, nacido, criado y vecino de La Pastora, que pasó de prisionero a coordinador de Deportes Penitenciarios, profesional del Derecho y primer recluso en convertirse en director de un penal: Yare I y II. Ya lo había soñado siendo recluso…

Si alguien ha demostrado que en la vida se puede salir adelante y superar las dificultades, es este caraqueño originario a quien muchos prisioneros le confiaron no solo su libertad, sino lograr una vida absuelta, readaptada y digna. Vale la pena contar un poco su historia, testimonio viviente de sujeción y entereza.

De preso a boxeador olímpico

Humberto Prado fue a la cárcel por un delito de propiedad que reconoció y se puso a derecho. Siendo apenas un joven de 22 años, enfrentó la dureza de vivir en varios centros penitenciarios de Venezuela. “En la cárcel, Orlando, conoces el miedo que no tuviste. Sobrevives cada día. Irte a dormir puede ser no despertar. Y duermes despierto…”. Prado es un hombre llano, sencillo pero fuerte a la vez. Reservado, de mirada fija, conducente, que registra un mundo interno que solo él ha sabido reposar e interpretar después de siete años de prisión. Por eso su misión es el prójimo. No le interesa lo material. Su corazón y su cabeza están dedicados a los olvidados, tanto víctimas como victimarios, en búsqueda de una vida… en paz. 

Fue el primer venezolano en ganar el galardón del gobierno de Canadá como ilustre defensor de los DD. HH. [2009]. “Con ese frío [de Canadá] fui a recibir mi reconocimiento porque el premio no era para mí sino para todos los héroes anónimos que en Venezuela -con muy poco-luchan por los DD. HH.”

Prado, desde prisión, lideró su programa de deporte penitenciario. Fue entrenador de béisbol, básquetbol, natación, fútbol, boxeo, atletismo. Juntó otras disciplinas. Modificó la rutina de los guardias y los presos. Logró el desarme de muchas prisiones, canjeando chuzos y pistolas por guantes, bates, pelotas y zapatos de deporte. Un proceso donde un convicto absorto de violencia y soledad pasó a ser un notorio y destacado atleta (…) Prado recuerda el día de unos de sus exámenes psicológicos en prisión. Cuenta que «lo rasparon». Al preguntarle a qué se dedicaría al salir de la cárcel, él respondió: “quiero ser director de prisiones”. La psicóloga lo aplazó por considerarlo un iluso. El tiempo demostró que “esa ilusión” fue luz eterna…

Prado desde la cárcel organizó 7 campeonatos nacionales de deportes penitenciarios en 14 disciplinas. Una de sus anécdotas más recordadas fue la del negro Guevara. Un prisionero con una pegada más pesada que la de “mano e’ piedra”. Ganaba todos los cotejos por knockout. Humberto pidió permiso a la jueza para llevar a Guevara a los nacionales de boxeo. Le concedieron licencia. Guevara los envió a todos a la lona. Entonces Prado gestionó con Beracasa -del Comité Olímpico venezolano- ir con Guevara a las preliminares olímpicas en Argentina.

Después de mucho lidiar con trámites judiciales para habilitar al fornido Guevara, logran viajar a los preolímpicos en BB. AA. Se enfrentó a un corpulento argentino que le llevaba una cabeza. Los locutores porteños presumían: “No impresiona, no luce el venezolano, no tiene estructura ni tamaño, ni alcance ni llegada”, pavoneándose de que Ocampo (el rival celeste) no tendría problemas para su pase a los juegos olímpicos de Atlanta… De pronto la voz del locutor: “Pegó el venezolano: ¡lo tumbó, lo noqueó, no se va a levantar Ocampo, llamen a los médicos!” (ver video desde minuto 21).

Aquel preso que algún día se vio inmerso en la desesperanza y la oscuridad se convirtió en el representante Olímpico superpesado de Venezuela, ¡Atlanta’96! Guevara no ganó medalla olímpica, pero sí la mejor distinción que puede ganar un ser humano: su reconocimiento e institucionalización ciudadana. Sigue siendo entrenador de boxeo haciendo patria con su buen ejemplo… Esa es la magia de una mirada que dice “creo en ti”. Por eso Prado afirma sin vacilar: “todo ser humano puede cambiar y tiene derecho a volver a comenzar. Desde que cometí mi error he dedicado mi vida a la justicia. Yo sé lo que significa el arrepentimiento y la necesidad de ser nuevamente aceptado por la sociedad”.

De La Pastora a La Haya

El comisionado presidencial Humberto Prado, tiene el récord -decíamos-de ser el único prisionero en la historia que llegó a director de prisiones. Pero también la virtud de albergar cero resentimiento. Además exhibe un extenso número de reportes realizados con su equipo por violación de DD. HH. y crímenes de lesa humanidad, más defensas penales, programas de readaptación criminal postinstitucional e investigaciones (reportes) de un peso metodológico impecable. Sus informes reposan en cortes y salas de justicia nacionales e internacionales de DD. HH., tanto en el sistema interamericano de DD. HH., como en la ONU, CPI, el Alto Comisionado de DD. HH., refugio, parlamentos y comisiones especiales de tutela de derechos civiles, políticos, tratos crueles y denigrantes, torturas, violencia de niños, de género y trata de personas.

Como expresó alguna vez el padre Olaso S.J., profesor y común mentor: «Hay que luchar por la verdad y la dignidad del hombre. Quizás muchos de sus actos no serán justificados, pero sí comprendidos. La justicia hará lo propio, nosotros obraremos con piedad».

Gracias por su amistad y humildad, comisionado Prado. Orgulloso de trabajar de su mano y su “pegada” por los DD. HH., por Venezuela; por hacer justicia y obrar con piedad…

*Embajador de Venezuela en Canadá

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Comisionado Prado pide a Bachelet evaluar reestructuración de cuerpos policiales
También, señala que las modificaciones efectuadas por el Gobierno están «fuera del orden jurídico del país»

Humberto Prado, comisionado de los Derechos Humanos designado por el gobierno interino, solicitó a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, evaluar la reestructuración hecha por el Gobierno de Nicolás Maduro en cuerpos policiales.

A través de un comunicado, Prado consideró que reestructuración forma parte de «meros formalismos».

«Son meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad y acatamiento de los lineamientos internacionales en materia de derechos humanos», señala el escrito.

Prado subrayó su preocupación y envió una carta a Bachelet para pedir la correspondiente revisión.

«Estas supuestas reestructuraciones no son más que meros formalismos revestidos de una apariencia de legalidad. Al indagar en el contenido de las medidas, emergen inconstitucionalidades evidentes que demuestran la falta de interés del régimen por adecuarse a los estándares de derechos humanos», sentenció.

 

También, señala que las modificaciones efectuadas por el Gobierno están «fuera del orden jurídico del país, claramente contrarias al texto de la Constitución Nacional y, por supuesto, desfasadas de la realidad social de Venezuela».

«Para que esta reestructuración tuviese algún valor práctico para la realidad política, social y jurídica del país, debería colocarse a la orden de una justicia autónoma e imparcial a los presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales», agregó Prado.

El Ejecutivo informó el pasado martes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre esta acción, tras los requerimientos solicitados por ese tribunal en octubre de 2020.

Con información de EFE

Humberto Prado: Venezuela sigue incumpliendo las recomendaciones de la Alta Comisionada de DD.HH.
El funcionario también expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de la escalada de enfrentamientos en el estado Apure

 

El comisionado para DD.HH. del líder opositor Juan Guaidó, Humberto Prado, aseguró que en Venezuela se continúan registrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, delitos sexuales, torturas y tratos crueles e inhumanos de manera sistemática, lo que contraviene las recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.

De hecho, señaló que se irrespeta el Memorándum de Entendimiento emitido por su oficina y firmado por la administración chavista en septiembre 2019.

En nota de prensa, Prado destaca que, el pasado 11 de marzo, Bachelet publicó una actualización de su informe sobre Venezuela, en el que asegura que en el país se mantienen las ejecuciones extrajudiciales, el deterioro en el acceso a los servicios básicos y los bajos salarios (por debajo de tres dólares al mes) que ha forzado a muchos de los connacionales a migrar.

El funcionario también expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de la escalada de enfrentamientos entre los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos armados no estatales en el estado Apure.

En este sentido, la oficina de Humberto Prado considera que, independientemente de las recomendaciones, ninguna ha sido cumplida. En materia judicial, señala que los jueces y los fiscales carecen de independencia, por cuanto están designados para ejecutar las órdenes del gobierno de Maduro.

Resalta, además, que la Fiscalía y los jueces, incluido el TSJ, se utilizan como mecanismo de persecución contra la sociedad y como mecanismo de impunidad frente al delito, especialmente en lo concerniente a las violaciones a los derechos humanos.

*Lea más en El Carabobeño