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Colombia considera un «suicidio» reabrir frontera con Venezuela
Más de 3.000 migrantes venezolanos han decidido regresar a su país, por lo que desde Colombia se han dispuesto canales humanitarios para acercar a estas personas hasta la frontera

 

Este viernes 24 de abril la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que en medio de la pandemia por covid-19 y bajo un intento por evitar la propagación de esta enfermedad, el revocar la decisión de mantener cerrada la frontera con Venezuela sería una mala idea.

En declaraciones para VOA Noticias, Ramírez señaló que «abrir en este momento el espacio a la llegada de nuevos venezolanos es prácticamente un suicidio” y aclaró que como país “no podemos hacerlo».

Desde el pasado 17 de marzo y hasta el próximo 30 de mayo estarán cerradas todas las fronteras terrestres, marítimas y fluviales de Colombia, esto como una medida de prevención para evitar un mayor número de contagiados por este virus. Hasta este 24 de abril el país registraba 4.5651 casos de covid-19, 215 personas habían muerto a causa de esta enfermedad y 927 se habrían recuperado.

La vicepresidenta colombiana explicó que su país está ayudando con fondos propios a los casi dos millones de migrantes venezolanos que están establecidos en la nación, sin embargo, aprovechó la oportunidad para catalogar como «mucho blablablá» la solidaridad expresada por la comunidad internacional a estas personas, y consideró que no han hecho tanto como habían prometido.

A su juicio, su nación ha dado un «ejemplo de solidaridad» con los venezolanos, al asumir con fondos propios el 90% de la atención humanitaria ofrecida a los migrantes.

Resaltó, además, que Colombia ha destinado «una cifra muy superior a los 200 millones de dólares» de fondos propios para aliviar la situación de los refugiados venezolanos y aclaró que estas medidas de ayuda no se detendrán a pesar del nuevo reto que enfrenta el país con el brote de coronavirus.

Pero muy a pesar de estos esfuerzos para la diáspora venezolana, más de 3.000 personas han decidido, en medio de la pandemia, regresar a su país, por lo que desde Colombia se han dispuesto canales humanitarios para acercar a estas personas hasta la frontera.

«Los que quieran volver voluntariamente a su país los apoyamos, pero Colombia no los está expulsando como han hecho otros, ni les ha cerrado los espacios como han hecho otros», aclaró.

Según cifras oficiales, el 90% de los venezolanos en Colombia trabajan en la economía informal. Según la representante del gobierno, la ayuda a este segmento de la población se mantendrá durante la pandemia, pero recomendó que, por muy humilde que sean sus operaciones, busquen cómo formalizarse.

Con información de VOA Noticias

Néstor Reverol: No pueden entrar ni salir personas por fronteras terrestres sin tapabocas

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó este viernes 13 de marzo que activaron grupos especiales de la Policía Migratoria y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en 74 puntos fronterizos para que se “comiencen a instalar las medidas efectivas” para prevenir que aumenten los casos de coronavirus en el país.

Asimismo, indicó que la principal medida es que “no pueden entrar ni salir personas por las fronteras terrestres sin tapabocas”. En los puntos de control migratorio habilitaron termómetros infrarrojos, 90 trajes, 10 mil guantes quirúrgicos, más de 45 mil mascarillas como medidas preventivas, entre otros materiales de bioseguridad para la prevención del COVID-19.

“Todos los organismos de seguridad, los cuerpos de policía pasan al control operacional de la Fuerza Armada Nacional”, fue otro de los anuncios del ministro, luego de confirmarse dos casos de coronavirus en el estado Miranda. También se puso a disposición de la ciudadanía la línea informativa 911.

Reverol anunció que los organismos de seguridad pasarán al control de la Fuerza Armada Nacional debido a la emergencia suscitada por el coronavirus.

“Desde este viernes 13 de marzo, todos los organismos de seguridad y los cuerpos de policía pasan al control operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para atender en conjunto esta emergencia nacional”, dijo.

Este viernes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó dos casos de coronavirus en el estado Miranda. Los casos que dieron positivos son de una mujer de 41 años, que viajó por EEUU e Italia y un hombre de 52 años, que estuvo en España.

ENTREVISTA | Desde chigüire hasta 1000 dólares: las “cuotas” que pagan en las alcabalas fronterizas
El dirigente político del estado Apure, Juan Francisco García Escalona, denuncia los atropellos que sufren los venezolanos que viven y cruzan la zona limítrofe, y afirma que los grandes contrabandistas son los civiles y militares conectados con el régimen chavista

 

@pppenaloza

 

Juan Francisco García Escalona cuenta lo que ve y padece. Antiguo diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por el estado Apure en el periodo 2010-2015, describe el caos que sacude la zona limítrofe venezolana, terreno tomado por la violencia y la corrupción.

“La situación en la frontera es de terror”, alerta García Escalona, quien rompió con el chavismo y actualmente es el coordinador de organización del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI).

¿Cómo evalúa la situación de la frontera?

Puedo afirmar que no hay una política de atención integral para los pobladores de la frontera, ni una política de desarrollo del territorio venezolano. Imagínate vivir en una zona sin hospital, sin un módulo de asistencia social, sin agua potable, sin energía eléctrica por meses. Muchos de los pueblos de la frontera sobreviven por los países vecinos. Te daré un ejemplo: la comunidad de Puerto Páez, parroquia Codazzi del estado Apure, la más pobre de Venezuela según las estadísticas que conocemos, debe estar conformada por alrededor de 2 mil personas. Esos venezolanos se ven obligados a buscar atención en Puerto Carreño, departamento colombiano del Vichada, cruzando los ríos Apure y Orinoco, a unos 30 minutos, mientras el Estado venezolano ni siquiera los visita.

¿Qué oportunidades tienen los residentes de la frontera para enfrentar la crisis?

Los habitantes de los pueblos de la frontera, sean de Apure, Amazonas, Bolívar, Táchira, Zulia o Falcón, tienen mucho tiempo abandonados y puede decirse que experimentan una especie de desconexión importante con respecto al resto del país. Para sobrevivir, conseguir atención integral a sus familias, vacunas, educación y alimentación, dependen totalmente del país vecino, llámese Brasil, Colombia o las islas Aruba y Curazao. Los habitantes de la frontera no saben cómo calcular el precio de un refresco en bolívares, sus monedas de transacción habitual son pesos, reales, dólares y, en menor frecuencia, el euro. Viven de lo que llevan de Venezuela y venden en Colombia: carne, pollo, pescado, queso, leche y, por su puesto, gasolina. Luego, traen productos que escasean en Venezuela para vender aquí y así se mantienen, en un negocio que ahora ya no solo es llevado a cabo por los pobladores de la frontera, sino que también se ha convertido en una fuente de ingreso para innumerables personas de la región central del país.

¿Las medidas ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro han servido para controlar el contrabando de combustible en la frontera?

Ninguna medida del régimen ha funcionado, por el contrario, han empeorado la situación. Todos los controles implementados han ocasionada el aumento del contrabando, con una gran diferencia: hoy el mayor contrabandista es el propio Estado, representado en gobernadores, alcaldes y militares del Ejército, la Guardia Nacional y la Armada. El contrabando sin duda es un mal terrible, que afecta la economía. Los organismos de seguridad arremeten contra el venezolano de a pie, que desde diferentes lugares del país se traslada en buses y llega a la frontera a vender y a comprar cualquier cosa. Sin ánimos de justificar, debe señalarse que el gran problema no es la pimpina de gasolina, sino los camiones llenos de tambores de 200 litros y las cisternas de gasolina que se llevan los militares y los políticos del PSUV.

Constantemente se señala que distintos grupos irregulares actúan en la frontera con Colombia. ¿Cuáles son los grupos más influyentes en este momento y a qué actividades se dedican?

Son kilómetros de frontera con Colombia, un territorio extenso y desguarnecido, y esta debilidad ha sido aprovechada por estos grupos irregulares que se han arraigado profundamente, lo que significa un peligro para todo el pueblo venezolano. Las denuncias que recibimos de los pobladores señalan a las guerrillas colombianas FARC y ELN por hechos como narcotráfico, secuestro, extorsión y contrabando de alimentos, pescado, ganado en pie, oro, diamantes, bauxita, coltán y combustible. Recientemente hemos recibido denuncias de trata de blancas, menores de edad, por 100 dólares.

El llamado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, dice que él garantiza una frontera de paz, donde no pasará “el enemigo”. ¿Bernal está cumpliendo su palabra?

Lo de Bernal es realmente inaudito. Primero, no se protege ni él mismo, menos tiene cómo proteger a ninguna población en específico. Es realmente deplorable que el Estado tenga que impulsar y estimular a delincuentes para crear sensaciones de apoyo al régimen, esto es una muestra del Estado criminal que se ha instaurado en Venezuela. Ojalá el General de la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral) asuma realmente su condición y trace las líneas correctas para la seguridad y defensa integral de la nación, y no se deje tutelar por quien organiza y promueve bandas y colectivos. El régimen impulsa y trata de hacer ver que los enemigos son las demás naciones, pero el país tiene claro que el enemigo del pueblo es un proyecto político inviable, que destrozó la economía y toda la estructura del Estado.

¿Cómo evalúa el desempeño de la Guardia Nacional y los otros cuerpos de seguridad del Estado responsables de resguardar la frontera venezolana?

La población tiene profundo temor de los organismos de seguridad, siendo el más desacreditado la Guardia Nacional. La situación en la frontera es de terror, los efectivos de la Guardia Nacional roban a la población que se dedica al comercio, los bajan de los buses durante horas y en todos los puntos de control les quitan desde jabones, papel sanitario, arroz y pasta hasta dinero, exigiendo pesos o dólares. Igual ocurre con el combustible. Hay mafias enteras de civiles y militares que trafican con combustibles, que van desde vehículos con pimpinas y dobles tanques, hasta el paso de cisternas. No hay un solo punto de control de la Guardia Nacional que no tenga que cancelar una ‘cuota’ al comandante. Hay puntos donde los guardias deben recoger al comandante ‘cuotas’ desde 500 hasta 1000 dólares por semana. También pagan ‘cuotas’ en queso, chigüires, carne de res y cerdo. Esta realidad nos ha desbordado, dejándonos el resultado de un cuerpo de seguridad altamente corrupto, sin ningún tipo de compromisos con el país.

¿Qué medidas deben ejecutarse en corto plazo para fortalecer la seguridad en la frontera y mejorar la calidad de vida de sus residentes?

La frontera, al igual que todo el país, requiere de medidas profundas de asistencia social que el régimen de Maduro no puede brindar. Sin complejos debemos abordar estos temas fronterizos en conjunto con los países vecinos porque todos estamos afectados en materia de seguridad, asistencia social y comercio. En algún momento se deben establecer zonas especiales para el comercio, especialmente con Colombia, sin que esto represente una actividad ilícita. Al contrario, debe brindarse privilegios para el desarrollo de los pueblos de la frontera. Nuestro territorio debe desarrollarse según sus potencialidades, para que genere empleos y así mejorar la calidad de vida de los pobladores. Los organismos de seguridad deben tener salarios dignos, al igual que todos los trabajadores del país. A un efectivo de la Guardia Nacional le es muy fácil delinquir, cuando tiene un salario de 500 mil bolívares y por un tambor de gasolina de 200 litros le pagan 200 dólares en la frontera.

14 millones de personas se movilizaron por San Antonio del Táchira durante 2019
La alcaldía de San Antonio del Táchira estima que unas 700 mil personas regresaron en diciembre a Venezuela de distintos países de la región

 

El alcalde de San Antonio del Táchira, William González, informó que al cierre de 2019 se registró un flujo cercano a las 14 millones de personas de los ciudadanos que transitan a diario por la zona fronteriza con Colombia, siendo en su mayoría aquellos que van a Cúcuta para comprar bienes y artículos de primera necesidad.

González, entrevistado por el portal La Opinión de Cúcuta, explicó que estas personas registran un “movimiento pendular” que mantiene en constante movimiento el tránsito peatonal por la frontera por la estadía temporal en la ciudad colombiana para luego regresar a sus lugares de origen.

“El pico más alto de movilidad se registró entre el 15 de noviembre y el 24 de diciembre, y en ello inciden dos situaciones muy puntuales; en primer lugar las ofertas del comercio colombiano alrededor del Viernes Negro (Black Friday) – que muestra el registro más alto para un solo día el viernes 28 de noviembre- y las festividades de navidad y fin de año”, dijo.

Indicó que para la fecha del Black Friday muchos venezolanos se trasladaron a Colombia para aprovechar las ofertas durante los días previos a la navidad, también se evidenciaron a personas que regresaron al país temporalmente para pasar las fiestas decembrinas con sus familias.

Se maneja en esta alcaldía que unas 700 mil personas regresaron en diciembre a Venezuela de distintos países de la región, mientras que estima que hasta el 15 de enero, ya al menos 500 mil se devolvieron a sus naciones de acogida para continuar con la búsqueda de una mejor calidad de vida.

El pasado 10 de enero, el director de Migración Colombia, Andrés Martínez Acosta, informó que más de 200 mil venezolanos cruzaron los siete pasos fronterizos entre ese país y Venezuela en tres días.

Martínez destacó que los flujos migratorios comienzan a normalizarse luego de las fiestas decembrinas, cuando un número importante de nuestros nacionales regresaron al país para pasar esos días con sus familiares en Venezuela.

En 2019 aumentó pago en divisas de bombonas de gas en ciudades fronterizas
Las fallas en la distribución de gas doméstico han trastocado la cocina del venezolano. Casi el 50% de los ciudadanos denuncian que a su comunidad nunca llegan las bombonas

 

El auge de la moneda extranjera como método de pago en Venezuela, ante la caída del valor del bolívar, protagonizó el cierre de 2019. El ámbito de los servicios públicos no fue la excepción. 8% de los venezolanos empleó estas divisas para adquirir o recargar sus bombonas de gas doméstico, principalmente en zonas fronterizas del país, según expone un reciente estudio de percepción del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (Ovsp).

La encuesta de la organización, realizada en siete estados del territorio nacional, refleja que solo 26% de la población recibe bombonas de gas una o dos veces al mes, frente al 44,6% que reportó que la distribución de este servicio no llega nunca a su comunidad. 93% de los encuestados dijo que usa gas para cocinar los alimentos.

El experto en gas licuado propano y director regional de la firma Gas Energy Latin América, Antero Alvarado, dijo en junio a El Universal que, pese a que en Zulia y la región oriental se cuenta con importantes yacimientos gasíferos, solo 7% de los hogares venezolanos posee servicio de gas directo.

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Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 28.08.2019: MEDIO: El vecino se aprovecha
MEDIO
EL VECINO SE APROVECHA:
 

En medio de las decisiones tomadas por el gobierno de Guyana en referencia a la extracción petrolera que ya está por sobrepasar la producción venezolana y el avance de las concesiones a petroleras transnacionales el columnista de El Universal Alvaro Montenegro señalaba recientemente en uno de sus escritos lo que llamó  “El Esequibo según Caricom” donde textualmente acotaba: “Prohibido olvidar que en la reciente conferencia de jefes de gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM), efectuada en la isla de Santa Lucía del 3 al 5 de julio, esos 15 países reafirmaron su “apoyo firme e inquebrantable al mantenimiento y la preservación de la soberanía e integridad territorial de Guyana”. En ese grupo figura Cuba, que estuvo representada por su presidente Miguel Díaz-Canel y respaldó la posición del gobierno de Guyana frente a la histórica reclamación venezolana. Nos resulta inconcebible que cualquier venezolano con sentimientos patrios enterándose de esa posición caribeña, todavía desee ayudar a países que nos perjudican. La Asamblea Nacional reaccionó enseguida rechazando ese pronunciamiento, y dejó claro que el Acuerdo de Ginebra es el único mecanismo aceptable de resolución del diferendo. El gobierno también debería mostrar su decidido repudio, y cortar toda ayuda a esos países”. Pues bien, ya vamos para dos meses y ni Maduro ni ninguno de sus capitostes ha dicho absolutamente nada, mientras seguimos regalando petróleo a Cuba, país que a través de Fidel Castro hizo comprometer a Hugo Chávez a desistir de la reclamación del territorio Esequibo que nos pertenece para asegurarse su fallido ingreso al Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, al prometerle los votos de los países del Caricom. Fue la forma de Fidel agradecer a Guyana su cooperación en la guerra de Angola al facilitarle aterrizajes y estadía de sus tropas en el camino de África a Cuba. Todavía hoy pretenden esconder lo que fue una verdadera traición a la Patria.

 
ORO SANGRIENTO: 

 

“Venezuela, el Paraíso de los Contrabandistas” es el título del amplio reportaje de Infoamazonía.org donde los periodistas Algimiro Montiel y Jorge Benezra hablan de que “todos los ingredientes para un mineral de conflicto se pueden encontrar en el sur de Venezuela. Un cóctel peligroso de múltiples grupos armados y oficiales corruptos controlan la extracción de oro del país antes de llevarlo a las fronteras”. El titular del segmento es “Crimen organizado controla la explotación de oro en Venezuela”. Los testimonios, las fotos y los videos son pruebas contundentes del “estado forajido” en que se ha convertido el sur de nuestra patria. Sorprende como “los alimentos, medicinas, combustible y dinero en efectivo que por años han escaseado en el resto del país se encuentran en abundancia en estos caminos. Es todo un mundo paralelo” escriben. El enlace que tenemos en www.runrun.es  nos lleva a la página principal donde las secciones Minas de Oro, Refugiados, Fiebre de la Selva, Encrucijada del Caribe y Alrededor del Mundo se despliegan con la amplia investigación que por meses hicieron. Con solo este segmento referente a la población de El Callao se pueden dar cuenta de la situación: “El otrora tranquilo poblado tenía 20.000 habitantes en 2011, donde pequeños comercios vendían rudimentarias joyas doradas y oro cochano sin temor a robos. Ahora, unos 100.000 pobladores hacen vida en El Callao, mientras entre 300.000 y 500.000 mineros recorren las numerosas minas en el sur de Venezuela. El Callao se encuentra dentro del Arco Minero del Orinoco, un mega proyecto patrocinado por el gobierno que cubre 12% del territorio venezolano”. Entre las revelaciones de la investigación aparecen las complicidades de los entes militares, policiales y guerrileros de las FARC y el ELN. Casualmente en otro reportaje de CNN sobre el mismo tema titulado “Un rastro de oro sangriento conduce al gobierno de Venezuela” los periodistas Isa Soares, Vasco Cotovio y William Bonnett muestran las minas, los mineros, los cuerpos mutilados de quienes “no se portaron bien”, los tipos de formas de la extracción aurífera y una reveladora fotografía de supuestos “pranes” uniformados que serían los encargados de la seguridad en esas minas. Por supuesto que las evidencias de la participación del ELN y las FARC también son aportadas en un sorprendente programa especial que ha sido presentado en varias emisiones de la cadena global.

 
CERTIDUMBRES: 

 

Un reclutado contó que el oro extraído en Venezuela es llevado a la frontera con Colombia por traficantes que muchas veces actúan en coordinación con la Guardia Nacional de Venezuela. Los soldados aceptan sobornos, o vacunas, para garantizar el paso seguro del oro. Algunas veces los soldados proveen vehículos blindados para trasladar el metal. Pero no solo los militares venezolanos participan en el contrabando. Bandas delictivas venezolanas y grupos armados colombianos también participan en el contrabando de oro. En particular, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, el grupo guerrillero más antiguo y grande de Latinoamérica ahora que las FARC se desmovilizaron en 2017, ha ampliado su presencia en las regiones mineras venezolanas. El oro es una importante fuente de ingresos del ELN, junto con la extorsión y el narcotráfico, opinan analistas. El ELN por lo general depende de una red de contrabandistas, llamados mulas, que se ven obligados a usar sobornos para cruzar las líneas de la Guardia Nacional y los puntos de control de grupos armados para llevar el oro a la frontera con Colombia. Para atravesar el oro por la frontera, más traficantes deben participar si las cantidades son considerables. Harold lo explica: “Supongamos que estamos hablando de uno o más kilos. Esta gente que lo saca [el oro] de la fuente es directamente responsable de llevarlo a Cúcuta [la primera ciudad importante que los venezolanos encuentran después de cruzar a Colombia]. Paga a un Guardia Nacional un poco, luego otro poco a otra Guardia Nacional y así”. Tratar de evadir esos peajes puede ser mortal. “Si quieren cobrarte, o pagas o mueres”, dijo Harold. Los diferentes grupos que controlan la frontera – incluidas organizaciones paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda – hacen que el recorrido sea peligroso. “Las mulas [que transportan el oro] pueden cruzarse con ambos grupos en la frontera. En un solo viaje te encuentras con la Guardia Nacional, la policía y el CICPC [el cuerpo de policía de investigaciones criminalísticas]”, dijo, y pone los ojos en blanco. “Todos cobran vacuna, incluyendo policiales y oficiales de migración de Colombia.”“Todos comen de esto”, agregó.

 

 

Crímenes sin Castigo | Lo que resta en Cúcuta, por Javier Ignacio Mayorca
Luego del impulso inicial, se desinfló el movimiento de los militares que cruzaron la frontera con Colombia para unirse a la causa de Juan Guaidó. En Cúcuta, fueron desalojados de sus albergues, y solo unos pocos sobreviven, haciendo trabajos ajenos a la vida castrense

 

@javiermayorca

 

El 18 de julio, se cerró un ciclo para los militares y policías que habían cruzado la frontera con el propósito de respaldar el paso de la ayuda humanitaria, promovido por el presidente del Parlamento Juan Guaidó.

Ese día, los oficiales, efectivos de tropa profesional y agentes de distintos cuerpos preventivos que habían traspasado los puentes limítrofes hacia Cúcuta en febrero recibieron una notificación según la cual el gobierno colombiano, a través de una oficina de Gestión de Riesgos de Desastres, les entregaría dos bonos por un total de 450 mil pesos. De ellos, 200 mil servirían para alimentos y traslado, y el resto para cancelar el alquiler de otro inmueble. Esto siempre y cuando sus nombres estuviesen en un registro elaborado previamente.

La notificación tenía implícito el desalojo de las habitaciones en hoteles y albergues donde se habían hospedado durante más de cuatro meses, con la ayuda de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

El 19 de julio, luego de acudir a la referida dependencia del gobierno colombiano para cobrar sus bonificaciones, tuvieron que abandonar las habitaciones que aún estaban ocupadas por este contingente.

“Esta crisis tomó por sorpresa a Guaidó y también al gobierno colombiano, pues no esperaban a tantos militares cruzando la frontera”, afirmó un oficial que todavía permanece en la ciudad del departamento Norte de Santander.

Según Migración Colombia, durante la crisis por el paso de la ayuda humanitaria se sumaron a la causa de Guaidó un millar de uniformados venezolanos. Pero en la actualidad solo permanecen en la ciudad fronteriza unos 150. Como las asignaciones únicas entregadas para buscar nueva habitación eran insuficientes, algunos se pusieron de acuerdo para juntarlas con las de otros y así pagar lo exigido por el alquiler de pequeños espacios. Mientras tanto, buscaron los trabajos más insólitos. Un sargento de la Guardia ahora viste un disfraz para distraer a niños en las plazas de la ciudad. Un oficial de la Armada se dedica a cuidar vehículos en un estacionamiento privado.

“Esta es una ciudad absolutamente saturada por la migración venezolana. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que sea para poder sobrevivir”, explicó un ex capitán.

Atrás quedó la posibilidad de gestar una Fuerza Armada en el exilio. Ya en marzo, el director de la policía en Cúcuta, coronel José Luis Palomino, les había advertido durante una reunión privada que Colombia no promovería la formación de movimientos armados en contra del régimen venezolano, por más que el gobierno de Iván Duque desconociera la legitimidad de Nicolás Maduro en la Presidencia. Esto fue reiterado en mayo, a propósito de la firma de un memorándum entre el canciller neogranadino Carlos Holmes y el embajador designado por Guaidó, Humberto Calderón Berti.

Como ya se veía que el movimiento de los militares en el exilio no cuajaría, muchos de ellos optaron por abandonar Cúcuta, rumbo a Ecuador, Perú y Chile. Algunos de ellos tuvieron que formar matrimonios apresuradamente para asegurar un estatus migratorio en Perú.

Cuando llegó el 19 de julio, los militares y policías encontraron que las deudas en los hoteles y albergues habían sido saldadas. Simplemente, tomaron sus maletas y salieron a buscar nuevos alojamientos.

Hasta el momento de escribirse esta entrega, el escándalo por el manejo de los fondos entregados a dos civiles designados por Guaidó para pagar los alojamientos y alimentación de estos militares no ha llegado a nada. En todo este tiempo, el parlamentario solo sostuvo comunicación con el conglomerado de militares en dos oportunidades. La primera fue en mayo, cuando varios de ellos manifestaron públicamente su inconformidad por el tratamiento que estaban recibiendo en Cúcuta y la incertidumbre sobre el futuro que tendrían en Colombia. En esa ocasión, el presidente del Parlamento trató de transmitir palabras alentadoras durante una videoconferencia con los ex miembros de la FAN reunidos en el hotel Vasconia. La segunda comunicación fue mediante llamada directa, para conocer el estado de una sargento que se había incorporado a la disidencia castrense con ocho meses de embarazo. 

Mientras tanto, Maduro degradaba y expulsaba mediante decretos a los oficiales y sargentos que se habían sumado al movimiento de Guaidó. Desde Venezuela, les advertían que si intentaban volver serían detenidos y procesados por traición a la patria.

Para estos militares, Venezuela es una puerta que se cerró, y que solo se abrirá nuevamente si ocurre un cambio político, en un proceso del cual se sienten excluidos. 

 

Breves

 

  • En varios despachos de Relaciones Interiores se ha reportado el pago de bonos en efectivo, como un medio para mejorar el clima laboral, enrarecido por el deterioro económico y la politización. Los beneficiarios han sido llamados personalmente a las oficinas de sus directores, donde les entregan un sobre. Generalmente, son cuatro o cinco billetes de Bs 20.000, que desde luego no entran en la cuenta de las prestaciones. Los empleados se molestan pues entienden que se trata de una medida esporádica, que solo contribuirá a hacer algunas compras ese mismo día. 

 

  • Las jornadas para la recolección de las firmas en la campaña “No + Trump” se han convertido en una nueva prueba de lealtad a lo interno de los cuarteles y el resto de los despachos gubernamentales. En el caso de la Fuerza Armada, el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante en jefe Remigio Ceballos, ordenó que los comandantes de unidades debían retratarse y grabar videos del momento en que participen en la colecta de las firmas, para transmitir la impresión de un apoyo total al gobernante. Las últimas unidades militares que están en el cronograma de esta campaña son las de la Región de Defensa Integral Marítima e Insular, el próximo fin de semana. Maduro aspira a obtener trece millones de rúbricas en apoyo a su iniciativa política contra el presidente estadounidense. Pero la ausencia de movilización y entusiasmo han sido evidentes. Para este jueves 22 de agosto está pautada la jornada de recolección en la Región Estratégica de Defensa Integral Occidental. Su comandante, el mayor general Ovidio de Jesús Delgado, ordenó que todo el personal civil y militar de esa unidad debía asistir acompañado por otras dos personas, para que éstas también aporten sus firmas. Cada una será registrada por su número de cédula de identidad. Esta es la tercera oportunidad en 2019 en la que el régimen colecta firmas a lo interno de la Fuerza Armada para dar sustento a alguna campaña política, que generalmente persigue enviar un mensaje al gobierno estadounidense.

 

  • En el transcurso del juicio por el estallido de los drones en la avenida Bolívar, el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa asomó algunas de las razones por las que estaría siendo perseguido por el régimen: 1) cuando era jefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, ordenó inspecciones para cada vuelo de Conviasa que salía a La Habana, con el fin de detectar el traslado de estupefacientes o materiales prohibidos; 2) coordinó la operación en la que fue detenido Richard Cammarano cuando intentaba salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía en compañía de la ex magistrada Miriam Morandy, y 3) se declaró abiertamente opuesto a la politización de la Fuerza Armada y a la injerencia de los cubanos en los cuarteles.

 

Vielma Mora propone que el costo de la gasolina se eleve a precio internacional

El ex gobernador chavista del estado Táchira, Vielma Mora, propuso que el valor de la gasolina se aumente a precio internacional en las regiones fronterizas de Venezuela con Colombia.

Mediante una entrevista que concedió al programa Al Aire que se transmite en VTV, aseguró que la población está pidiendo que se aumente el precio del combustible.

“Hay que subir el valor de la gasolina en la frontera (…) Subir aunque nos duela el valor del litro en la gasolina en la frontera (…) No soy un erudito en economía solo escucho a la gente y nos dice que le digamos a Maduro que suba la gasolina”, comentó.

Debido a que asegura que en los estados Táchira, Zulia y Apure el costo de la gasolina es diferente al resto de los estados, recomienda que se fije a precio internacional.

“El combustible debe tener el valor que tiene en Cúcuta, Pdvsa está en la capacidad de hacerlo”, subrayó.