Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reveló que, en lo que va de 2021, fuerzas policiales han cometido más de 200 asesinatos
Los venezolanos enfrentan los efectos gravísimos de una Emergencia Humanitaria Compleja provocada por el patrón de gran corrupción instaurado en el país en los últimos años. La crisis preexistente ha dejado a la población indefensa para enfrentar la pandemia global por COVID-19. No obstante, la atención a la emergencia sanitaria ha servicio de excusa para justificar acciones restrictivas, así como la censura, violencia y persecución que ya ocurrían en el complicado contexto político, económico y social de país. En la reciente actualización oral del informe publicado en septiembre de 2020 -que estableció que las autoridades incurrieron en abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad-, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela reveló que, en lo que va de 2021, las fuerzas policiales han cometido más de 200 asesinatos. De igual modo, advirtió que la persecución de los llamados “enemigos internos” u opositores al gobierno se ha extendido a quienes cumplen labores humanitarias en el país y a defensores de los derechos humanos.
En este escenario se conmemora hoy el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, fecha en la que la sociedad civil alza su voz para exigir que tanto las víctimas de estos hechos como sus familiares obtengan respuesta y que los responsables sean sancionados; a la vez que hace un llamado por el respeto a la verdad y la vida de todos los ciudadanos, sin distingo de ninguna naturaleza. Las organizaciones abogan por la restauración del Estado de Derecho, las garantías al debido proceso, la presunción de inocencia, la transparencia en los procesos judiciales y el cese de los atropellos y la impunidad.
Por pensar distinto
En los centros de reclusión venezolanos permanecen 323 presos por razones políticas, entre ellos 23 mujeres. La mayoría, sometidos a tratos crueles, sin atención médica y en condiciones de insalubridad, según reportes de organizaciones civiles. Los procesos judiciales que abre el Gobierno venezolano a estos “privados de libertad” siguen siempre el mismo patrón: desaparición forzada seguida de la detención preventiva indefinida, producto del retardo procesal que caracteriza el sistema judicial nacional. Algunos que logran llegar a juicio son condenados por delitos como incitación al odio, traición a la patria o los incluidos en la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Entretanto, otros son excarcelados, pero sin libertad plena ya que deben cumplir medidas de presentación en tribunales o, como ha ocurrido en al menos nueve casos documentados por medios independientes, mueren bajo la custodia del Estado.
Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, la ONG Foro Penal registró 15.250 detenciones arbitrarias por razones políticas. Entre los casos documentados por la organización destacan las aprehensiones de los diputados Gilbert Caro y Juan Requesens, este último expuesto en condiciones denigrantes; la muerte del concejal Fernando Albán mientras permanecía bajo resguardo policial, al igual que la del capitán Rafael Acosta Arévalo, entre otros. Estos forman parte de los expedientes que han engrosado los informes de instancias internacionales para ilustrar prácticas sistemáticas que, de acuerdo con dichos documentos, constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos y de la dignidad de los detenidos e interferencia en el acceso a la justicia. A estos hechos y otros que involucran a civiles apresados y sometidos a la justicia militar, desapariciones forzadas asociadas a la conflictividad política, así como las detenciones arbitrarias; se suman la censura, la persecución y los ataques a comunicadores, trabajadores de la salud y hasta científicos que han exigido información o alertado sobre el impacto real la pandemia en Venezuela.
Sin verdad y sin justicia
El derecho a la verdad, que implica que las víctimas y sus familiares obtengan respuestas y que los responsables paguen por sus delitos, suele invocarse en el contexto de violaciones manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario. El derecho a la verdad implica “tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ellos y las circunstancias específicas, en particular de las violaciones perpetradas y su motivación”. Sin embargo, esto no ocurre en Venezuela. Los funcionarios señalados por hechos atroces como los descritos en el informe de la misión de las Naciones Unidas siguen libres y sin ningún tipo de condena.
Durante la actualización del documento, el pasado 10 de marzo, Marta Valiñas destacó que “siguen en marcha los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares investigados en el informe previo de la Misión, publicado en septiembre de 2020, donde se denunciaron múltiples violaciones humanitarias cometidas por agentes estatales venezolanos desde 2014, algunas de ellas a gran escala y constituyentes de crímenes de lesa humanidad”. De igual modo, señaló los graves e irreparables daños causados por los procesos judiciales y citó como ejemplo el caso del indígena pemón Salvador Franco, detenido de forma arbitraria y encarcelado desde diciembre de 2019, quien falleció en enero de este año tras no recibir atención médica por su crítica situación de salud.
Valiñas explicó que continuaban en la búsqueda de informaciones ligadas a los esfuerzos gubernamentales de prevención, investigación y sanción de los responsables de los abusos. Pues, aunque en una respuesta al informe publicado en septiembre el gobierno de Nicolás Maduro aseguró que investigaban más de 600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales, la presidenta de la Misión dijo que “los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos”.
Un hecho reciente que involucra la actuación irregular de efectivos de seguridad es el asesinato de la joven Daniela Figueredo, ocurrida el pasado 13 de marzo, cuando se encontraba bajo custodia del Estado en los calabozos de la policía del municipio Zamora, en el estado Miranda. En el caso se manejan versiones de un presunto intento de abuso sexual, lo que es un reflejo del drama que se vive tras las rejas. Diputados, activistas y defensores de derechos humanos elaboran un informe del caso que será presentado a la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet.
Otros organismos internacionales además de la ONU, entre ellos Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han documentado ampliamente y denunciado las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de los venezolanos. En sus informes, confirman las numerosas investigaciones y denuncias que en materia de vulneración de derechos humanos han adelantado organizaciones de la sociedad civil venezolana, y se han hecho eco de sus exigencias. Los venezolanos merecen que se investigue, para esclarecer los hechos y finalmente obtener verdad y justicia.
