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ESTA TRAGEDIA QUE VIVIMOS –COMO TODO EN LA VIDA- ha traído sus cosas buenas. Hoy quiero referirme a quienes no son venezolanos, pero aún así han tomado la bandera de nuestra situación para hacerla visible, apoyar y encontrar ayuda.

Por supuesto, en primera línea están los periodistas. A Fernando Del Rincón habrá que hacerle una estatua en alguna plaza pública. Lo mismo a Jaime Bayly. A Andrés Oppenheimer, Mario Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza, mi más sentida gratitud como venezolana. Luego, los políticos: al Senador Marco Rubio y al Secretario General Luis Almagro no tendremos suficientes palabras de agradecimiento ni tiempo para que haya reciprocidad. A la Eurodiputada Beatriz Becerra, quien ha defendido a nuestro país como si se tratara del suyo. A Mark Green de USAID por su perseverancia en que llegue la ayuda humanitaria… Y así como ellos –y pido disculpas por todos los que deberían estar mencionados- miles alrededor del mundo.

Pero hay otros apoyos de los que sólo sabemos quienes tenemos contacto con personas no venezolanas, que constante y consistentemente están pendientes de nuestra situación. Todos tenemos cerca a muchos y saben a qué me refiero… Y merecen igualmente nuestro reconocimiento y retribución. Sólo espero que sus países no tengan que pasar por lo que pasa el nuestro.

Son personas que están pendientes y presentes. Pienso, por ejemplo, en el señor Carlo Lomonte, un seguidor mío en Twitter, que vive en Italia. Él me escribió una vez porque vio que yo estaba pidiendo un remedio que no se conseguía (para variar). Me contó que él había vivido en Venezuela, a la que agradecía muchas cosas. Que se sentía muy mal por lo que estábamos pasando y quería ayudar. Ya he recibido varios envíos suyos para paliar las necesidades de personas que no conoce, pero que siente como suyas. ¡Ésa es la verdadera generosidad! Y nombro al señor Lomonte, ¡pero hay tantos como él!

La alegría de ayudar es inconmensurable. Y sentirse apoyado en tiempos difíciles es una necesidad. Juego en la computadora “Apalabrados”, con personas de distintos países. Todos ellos me contactan con frecuencia para saber cómo estoy y cómo pueden ayudar. Es reconfortante. Frente a la ignominia, dignidad. Frente a la ruindad, nobleza. Frente a la canallada, desprendimiento. ¡Los buenos somos más!

@cjaimesb

EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR DE CHILE, Rodrigo Ubilla, y el director del Instituto Nacional de Estadística de ese país (INE), Guillermo Pattillo, informaron este jueves 14 de febrero que los venezolanos son el grupos de extranjeros de mayor número en esa nación.

Los funcionarios precisaron que hay 1.251.225 extranjeros residentes en Chile; lo que equivale al 6,6% de la población de ese país. Ambos dieron estos detalles en el informe “Estimación de Personas Extranjeras Residentes”, documento que forma parte del trabajo de colaboración entre instituciones del Estado para la elaboración, análisis y estadísticas relacionadas con la migración en la nación.

Con 288.233 de integrantes, la colonia de venezolanos es la de mayor número y la que representa el 23% de la población total de migrantes en Chile, seguida de la peruana con  223.923 (17,9%) y en tercer lugar la haitiana con 179.338 es decir un 14,3% del total.

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó un Proyecto de Acuerdo mediante el cual se solicita prorrogar por 5 años los pasaportes vencidos de todos los ciudadanos venezolanos que se encuentran viviendo en el exterior.

El diputado Edgar Zambrano, presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la AN, al proponer el instrumento explicó que tomando en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro Moros no ha sido capaz de realizar de manera eficaz los trámites necesarios para la renovación de pasaportes, el Parlamento venezolano, único poder legítimo existente en Venezuela, procede a exhortar a los países democráticos a que faciliten el desplazamiento de los connacionales que han abandonado el país movidos por el hambre, la miseria y la persecución.

“Es una decisión impulsada por la fuerza de los hechos, estamos actuando bajo estado de necesidad. Aprobar un Acuerdo de esta naturaleza tiene una alta carga de simbolismo y reto al régimen, un régimen, por cierto, que extorsiona al ciudadano cuando suprime un derecho humano fundamental como lo es la identidad”, indicó Zambrano.

El referido Acuerdo indica expresamente que la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela está plenamente vigente y que por tanto todo su contenido debe ser cumplido a cabalidad. En esta oportunidad se destaca que el artículo 56 de la Carta Magna, referido al derecho a una identidad no está derogado y por tanto todos los ciudadanos venezolanos que hoy andan por el mundo tienen pleno derecho de obtener un pasaporte que les permita seguir el camino que han emprendido.

“Solicitamos que los países democráticos del mundo entero consideren prorrogados los pasaportes vencidos de esos ciudadanos venezolanos hasta por un lapso de 5 años a partir de la aprobación de este acuerdo, y los pasaportes que se venzan a partir de este Acuerdo”, dijo el parlamentario.

Se conoció que el instrumento será enviado de inmediato al Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país a los fines de su inmediata consideración e implementación.

Los profesionales que lleguen a Chile podrán solicitar desde el próximo 01 de agosto un nuevo visado, que les permitirá ser ubicados sectorial o geográficamente, según las necesidades laborales del país, confirmó este domingo Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM).

Se trata de un visado de oportunidades creado tras la realización de un diagnóstico laboral del país, por parte de los Ministerios del Trabajo y Economía, que se sumará a otros dos visados que buscarán la inserción de extranjeros en ámbitos educativos, dijo Bellolio al diario El Mercurio.

“Es el punto clave de lo que estamos pensando como política migratoria”, aseguró el funcionario.

Hasta ahora, los inmigrantes podían trabajar en Chile aunque hubiesen ingresado al país como turistas, accediendo a un visado temporal que se eliminó en abril.

Esa modalidad, explicó Bellolio, ocasionaba que se vendieran muchos documentos falsos, de los que fueron detectados unos 45.000 entre los años 2016 y 2017, de los que un 73% estaban en manos de haitianos.

Respecto de los nuevos visados, señaló que las variables que más influirán en la distribución de los inmigrantes son “a qué región quieren venir y cuál es su profesión, y oficio”.

“Vamos a mostrar todas las oportunidades, por área, en cada zona”, precisó, asegurando que en materia laboral, “hay necesidades súper concretas”, citando como ejemplos de lo que hace falta, “médicos especialistas en zonas extremas, gente que trabaje en agricultura, o en minería, técnicos que vean temas de salud de largo plazo del país”.

En materia educativa, el mismo 01 de agosto debutarán dos nuevos tipos de visa: “una de orientación internacional, para extranjeros con posgrados de universidades prestigiosas, y otra de orientación nacional, para los que quieran estudiar en Chile”.

En el proceso abierto en abril, para la regularización de inmigrantes realizado entre el 23 de abril y el 23 de julio se inscribieron 155.707 extranjeros, de los que 108.550 solicitaron visados para trabajar através de los canales ya existentes.

El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), Juan Carlos Dugarte, anunció el lanzamiento de la visa electrónica para extranjeros en Venezuela.

«Vamos a desplegar la visa electrónica en cuarenta destinos en todo el territorio nacional», manifestó.

Agregó que ya fue eliminado el sellado del pasaporte por intermedio del Saime: «Las visas por medio del Saime no van a existir, hemos recogido todos los sellos de las oficinas».

Por último, señaló que este «es un nuevo método de seguridad, automatización y rapidez en cada uno de los procesos que el Saime pone a la disposición de todos los extranjeros que hacen vida en el país».

Son cerca de 40.000 y están en pleno descenso. Los portugueses y lusodescendientes residentes en Venezuela empiezan a retornar al archipiélago de Madeira, el lugar del que emigraron hace 40 años y en el que esperan recuperar la normalidad que han perdido en el país caribeño.

El goteo de llegadas ha alcanzado tal magnitud que las autoridades de Madeira van a reforzar su presupuesto en Seguridad Social y Salud para atender al millar de venezolanos que se estima ya han retornado desde finales del año pasado a esta pequeña región de 267.785 habitantes situada en el Océano Atlántico.

Nadie sabe cuántos venezolanos entran cada día en Madeira para quedarse. Los últimos números oficiales, actualizados hasta mayo, dan cuenta de 692 venezolanos, el 82 % de ellos con nacionalidad portuguesa, inscritos para buscar trabajo en el Instituto de Empleo de Madeira (IEM).

Son un 245,7 % más que los venezolanos que buscaron trabajo en el archipiélago entre enero y mayo de 2016, alerta el IEM, cuya presidenta, Rita Andrade, apunta en declaraciones a Efe que podrían ser más los que han retornado ya.

Y es que, explica Andrade, no todos los que llegan se inscriben, principalmente porque están a la espera de obtener sus papeles de residencia o nacionalidad, teniendo en cuenta que la mayoría de los venezolanos que llegan a Madeira son hijos o nietos de los portugueses que emigraron.

Después, también está el caso de los hoy jubilados lusos que se marcharon a Venezuela entre la década de los 40 y los 80 -en este periodo se marchó el 80 % de los emigrantes portugueses- y que en algunos casos ahora necesitan ayuda para todo, desde comprar comida a encontrar dónde vivir.

Aunque el IEM advierte que es “probable” que en las actuales circunstancias no pueda dar trabajo a todos -el archipiélago tuvo una tasa de desempleo del 12,5 % en el primer trimestre de este año-, los venezolanos no se desaniman, convencidos de que en la isla portuguesa les espera una vida mejor.

“La mayoría llega por falta de medicación y alimentación”, cuenta a Efe la presidenta de la Asociación de la Comunidad de Inmigrantes Venezolanos en Madeira (Venecom), Ana Cristina Monteiro.

Venecom, formada por 28 venezolanos, se creó hace apenas dos meses al notar que sus compatriotas comenzaban a llegar a Madeira “más desorientados y con menos información”, dejando entrever “un cuadro de crisis más agudo”.

El trabajo de la asociación, explica Monteiro, consiste en “darles apoyo y ser un canal de intermediación con las instituciones y los organismos competentes” en aras de atender sus necesidades: tratamientos médicos, principalmente para dolencias crónicas, y alimentación, para lo que cuentan también con la ayuda de Cáritas.

Resultado de esos permanentes contactos y la creciente llegada de venezolanos, el Gobierno de Madeira acaba de constituir el gabinete de “Apoyo al Emigrante en Venezuela”, que tuvo el pasado viernes su primera reunión para definir planes que ayuden a minimizar los problemas que enfrentan para instalarse.

Uno de los mayores retos, además del hecho de llegar costeando billetes de avión que superan los 1.000 euros, es hablar un idioma que muchos lusodescendientes no aprendieron en casa.

La barrera lingüística tiene un efecto directo, pues solo 16 venezolanos han conseguido empleo entre enero y mayo, la mayoría como trabajadores de “servicios personales” (el 25 %), asistentes en la preparación de alimentos (18,8 %) y empleados de limpieza (12,5 %).

Continúa a la espera el resto de lusodescendientes, en su mayoría entre los 25 y 34 años (el 31,4 % del total) y con un nivel de formación que llega hasta la educación secundaria (52 %).

Monteiro cree que el millar estimado de compatriotas llegados a Madeira son apenas una avanzadilla, a la espera de que el curso escolar acabe en julio y entonces muchas familias den el salto a Portugal.

Cuál será la magnitud del salto es algo que nadie puede definir. En Venezuela residen 37.326 portugueses, según los últimos datos disponibles del Gobierno luso, y la pequeña isla de Madeira se antoja como un impagable reducto de tranquilidad.

Bajo el argumento de que existe mayor injerencia de extranjeros en narcotráfico y delitos vinculados, el gobierno argentino estableció el lunes un nuevo mecanismo para acelerar los plazos de su expulsión del país, aún sin condena firme, además de endurecer los requisitos para su ingreso y permanencia en la nación.

A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri instrumentó una serie de reformas a distintos artículos de la ley migratoria de 2003, entre ellas «un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio».

Este mecanismo permite expulsar al extranjero en un plazo no mayor a los 30 días una vez dictada la medida, aun cuando el afectado no haya recibido una condena firme tanto en Argentina como en el exterior «en delitos de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, e inversiones en actividades ilícitas o delitos que merezcan pena privativa de la libertad para la legislación argentina».

El gobierno sostuvo que «ante recientes hechos de criminalidad organizada» las autoridades enfrentaron serias dificultades para expulsar extranjeros debido a un «complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación».

Este endurecimiento de la política migratoria de Argentina, con una larga tradición de «brazos abiertos» para los extranjeros, busca dar respuesta al reclamo social contra la inseguridad y el aumento del narcotráfico que se atribuyen en parte al fácil ingreso de foráneos con antecedentes penales, justo en un año en el que Macri enfrentará su primer test electoral con las elecciones legislativas de medio término.

Pero al mismo tiempo, esta nueva visión genera resquemores con países vecinos mientras organismos de defensores de derechos humanos advierten que estigmatiza a los extranjeros y viola acuerdos internacionales.

Los extranjeros representan el 4,5% de una población de unos 40 millones de habitantes en Argentina. Según el decreto, el 33% de los detenidos en penales federales por narcotráfico son extranjeros.

A partir de ahora, una vez que la Dirección Nacional de Migraciones dicte la expulsión, el afectado tendrá derecho a interponer un recurso ante la justicia. El juez de primera instancia deberá pronunciarse en tres días y su fallo podrá ser apelado ante un tribunal superior, que también deberá expedirse en el mismo plazo. Una vez agotadas las instancias judiciales, las autoridades de migraciones podrán proceder en la «retención» del extranjero y expulsarlo.

Quedarán exceptuados de este procedimiento los extranjeros condenados a una pena no mayor a tres años de prisión o cuando sea de carácter culposo (un accidente vial, por ejemplo) siempre y cuando acrediten condición de progenitor, hijo o cónyuge de nacionalidad argentina.

Por otra parte, el gobierno de Macri también endureció los requisitos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Estarán vedados no sólo para aquellos condenados sino también quienes carguen con antecedentes (procesamiento firme, cierre de investigación preparatoria u acto procesal equiparable) en Argentina o el exterior para delitos que merezcan pena privativa de la libertad.

En lo específico, esta restricción se aplica para extranjeros con antecedentes de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, corrupción, explotación sexual y participar el ingreso ilegal de personas.

El decreto estableció un beneficio de residencia a todo extranjero que haya ingresado ilegalmente al país a través de una organización delictiva y denuncie a sus cabecillas.

El Gobierno conservador británico ha querido dejar claro, en el congreso anual del partido que termina este miércoles en Birmingham, que no está dispuesto a esperar a que el país esté fuera de la Unión Europea para adoptar medidas que frenen la inmigración. La ministra del Interior, Amber Rudd, anunció el martes un endurecimiento de las condiciones a las empresas para contratar trabajadores extranjeros, con el objetivo de asegurar que no quitan empleos que podrían realizar ciudadanos británicos. «Tenemos que asegurar que la gente que viene está llenando los vacíos en el mercado laboral, no asumiendo trabajos que podrían realizar los británicos», dijo.

Las medidas incluirían la obligación a las empresas de publicar el número de trabajadores extranjeros que emplean. La ministra también anunció restricciones a la llegada de estudiantes extranjeros a las universidades británicas. En concreto, habló de un endurecimiento de la política de visados para estudiantes, que dependería de la calidad de la universidad a la que se aplica, así como la dotación de 140 millones de libras para un «fondo de control de la migración».

El sistema de visados para trabajadores no europeos ya se endureció durante el tiempo que ocupó la cartera de Interior la predecesora de Rudd y hoy primera ministra,Theresa May. A pesar de ello, la inmigración neta en el país sigue en cifras récord. Los últimos datos la sitúan por encima de las 327.000 personas, tres veces más del umbral que el anterior primer ministro se comprometió a no superar.