Bajo el argumento de que existe mayor injerencia de extranjeros en narcotráfico y delitos vinculados, el gobierno argentino estableció el lunes un nuevo mecanismo para acelerar los plazos de su expulsión del país, aún sin condena firme, además de endurecer los requisitos para su ingreso y permanencia en la nación.

A través de un decreto, el presidente Mauricio Macri instrumentó una serie de reformas a distintos artículos de la ley migratoria de 2003, entre ellas «un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio».

Este mecanismo permite expulsar al extranjero en un plazo no mayor a los 30 días una vez dictada la medida, aun cuando el afectado no haya recibido una condena firme tanto en Argentina como en el exterior «en delitos de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, e inversiones en actividades ilícitas o delitos que merezcan pena privativa de la libertad para la legislación argentina».

El gobierno sostuvo que «ante recientes hechos de criminalidad organizada» las autoridades enfrentaron serias dificultades para expulsar extranjeros debido a un «complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación».

Este endurecimiento de la política migratoria de Argentina, con una larga tradición de «brazos abiertos» para los extranjeros, busca dar respuesta al reclamo social contra la inseguridad y el aumento del narcotráfico que se atribuyen en parte al fácil ingreso de foráneos con antecedentes penales, justo en un año en el que Macri enfrentará su primer test electoral con las elecciones legislativas de medio término.

Pero al mismo tiempo, esta nueva visión genera resquemores con países vecinos mientras organismos de defensores de derechos humanos advierten que estigmatiza a los extranjeros y viola acuerdos internacionales.

Los extranjeros representan el 4,5% de una población de unos 40 millones de habitantes en Argentina. Según el decreto, el 33% de los detenidos en penales federales por narcotráfico son extranjeros.

A partir de ahora, una vez que la Dirección Nacional de Migraciones dicte la expulsión, el afectado tendrá derecho a interponer un recurso ante la justicia. El juez de primera instancia deberá pronunciarse en tres días y su fallo podrá ser apelado ante un tribunal superior, que también deberá expedirse en el mismo plazo. Una vez agotadas las instancias judiciales, las autoridades de migraciones podrán proceder en la «retención» del extranjero y expulsarlo.

Quedarán exceptuados de este procedimiento los extranjeros condenados a una pena no mayor a tres años de prisión o cuando sea de carácter culposo (un accidente vial, por ejemplo) siempre y cuando acrediten condición de progenitor, hijo o cónyuge de nacionalidad argentina.

Por otra parte, el gobierno de Macri también endureció los requisitos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. Estarán vedados no sólo para aquellos condenados sino también quienes carguen con antecedentes (procesamiento firme, cierre de investigación preparatoria u acto procesal equiparable) en Argentina o el exterior para delitos que merezcan pena privativa de la libertad.

En lo específico, esta restricción se aplica para extranjeros con antecedentes de narcotráfico, tráfico de armas, de órganos o tejidos, lavado de dinero, inversiones en actividades ilícitas, corrupción, explotación sexual y participar el ingreso ilegal de personas.

El decreto estableció un beneficio de residencia a todo extranjero que haya ingresado ilegalmente al país a través de una organización delictiva y denuncie a sus cabecillas.