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El País: Hugo Carvajal se fuga para evitar la extradición a EEUU
Los funcionarios españoles llegaron a la residencia de Carvajal en Madrid para detenerlo y no lo encontraron 

Agentes de la Comisaría General de la Policía Judicial de España están en la búsqueda de Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar, luego de no ser hallado en su residencia cuando fueron a detenerlos para cumplir con la orden de extradición a EEUU, según El País.

La orden fue emitida el pasado viernes 8 de noviembre por la Audiencia Nacional, que anuló la decisión tomada previamente por la Sección Tercera del mismo tribunal, presidida por el magistrado Alfonso Guevara.

Guevara rechazó la extradición el pasado 16 de septiembre, tras una vista celebrada cuatro días antes. Ese mismo día, Carvajal salió de la cárcel de Estremera, donde había ingresado en abril. 

Vale recordar que EEUU reclama al exjefe de inteligencia por su presunta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para introducir cocaína en el país norteamericano.

Según la solicitud, las autoridades norteamericanas afirman que el general que dirigió los servicios de inteligencia venezolanos tanto con el presidente fallecido Hugo Chavez como con el actual Nicolás Maduro, pretendía “inundar” Estados Unidos de cocaína, que supuestamente introducía con ayuda de la guerrilla colombiana.

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, dijo Carvajal en su comparecencia ante el tribunal español.

El PSOE gana las elecciones pero necesitará pactar y el PP sufre una debacle histórica

Carlos E. Cué @el_pais

SOLO DOS AÑOS DESPUÉS  de ser destituido como líder del PSOE y regresar como vencedor de sus segundas primarias, Pedro Sánchez ha ganado las elecciones  con mayor claridad de la esperada. Incluso rozó el resultado soñado: sumar una mayoría sin necesidad de contar con los independentistas catalanes. Se quedó a uno. El presidente tiene ahora una posición política muy cómoda, con la oposición muy debilitada por el hundimiento sin paliativos del PP, al que casi dobla en escaños.   Sánchez se quedó a un escaño de sumar la absoluta con Unidas Podemos, el PNV y algún otro grupo pequeño. En cualquier caso, bastaría con una abstención de ERC para que Sánchez fuera investido presidente en segunda votación. El PSOE tendrá mayoría absoluta en el Senado, otra fortaleza más.

Con 99,98% escrutado, el PSOE obtenía 123 escaños (28,70%) y Unidas Podemos 42 Mientras, el PP se quedaba en 66 escaños (16,68%), un desplome sin paliativos desde los 135 que obtuvo en 2016; Ciudadanos subía a 58 (15,84%) y Vox entraba en el Congreso con 24 (10,26%). ERC obtendría 15 escaños, una importante subida, que le sitúa como ganador en Cataluña por primera vez, con los socialistas muy cerca, en segunda posición. Junts per Catalunya caía a siete y el PNV subía a seis. Bildu dobló sus números anteriores y logró cuatro escaños.

Con este resultado, demoledor para una derecha fraccionada en tres, el PSOE es el único que tiene en su mano construir una mayoría para formar Gobierno. El éxito de Ciudadanos, que estuvo muy cerca de arrebatar el liderazgo de la derecha al PP, le permitiría sumar la mayoría absoluta con los socialistas, pero el propio Rivera descartó esa posibilidad, lo que le condena a quedarse en la oposición. Si había alguna opción, los militantes del PSOE se encargaron de complicarla. “¡Con Rivera no! ¡Con Rivera no!” le gritaban eufóricos a Sánchez en la calle Ferraz. “Creo que ha quedado bastante claro, ¿no?”, les contestó él, sonriente. “Los españoles quieren claramente que el PSOE gobierne y lidere el país”, clamó. “No es no”, respondieron sus seguidores recordando su lema cuando se negó a apoyar la investidura de Mariano Rajoy y fue destituido.

Lea el análisis completo en El País de España

La revista ‘5W’, ‘El Pitazo’, Vincent West y Darío Arizmendi, ganadores de los premios Ortega y Gasset en su 36ª edición

LOS PREMIOS ORTEGA Y GASSET DE PERIODISMO 2019, que se han fallado este jueves en Madrid, reconocen el periodismo comprometido y valiente de los medios independientes. El premio a Mejor historia o investigación periodística ha sido para Los muertos que me habitan, de la revista 5w, una crónica sobre los cuerpos sin nombre que el Mediterráneo arroja a las costas. En Mejor cobertura multimedia ha sido galardonado La Generación del Hambre, de El Pitazo, un retrato de las carencias alimentarias y sanitarias infantiles en Venezuela. Vincent West ha obtenido el galardón de Mejor fotografía por una imagen del 8M tomada en Bilbao y el colombiano Darío Arizmendi ha sido reconocido con el de Trayectoria profesional.

El trabajo ganador en la categoría de Mejor historia o investigación periodística, Los muertos que me habitan, está firmado por el periodista Agustín Morales y el fotógrafo Eduardo Ponces. El reportaje, publicado en la revista 5W y enmarcado en un proyecto de Ruido Photo, es una crónica que narra la labor de Chamseddine Marzoug, un hombre que voluntariamente entierra los cadáveres que el Mediterráneo devuelve a las playas de Túnez.

El jurado ha resaltado que es “un magnífico reportaje” que “golpea la emoción del lector en un tema de actualidad –el drama de los naufragios en el Mediterráneo- a través de un enfoque distinto”. Además, ha añadido que “reúne todas las cualidades del buen periodismo, tiene una sensibilidad especial y está maravillosamente escrito”.

El premio en la categoría de Mejor cobertura multimedia ha sido para La Generación del hambre, un reportaje coordinado por Johanna Osorio Herrera y publicado en el medio venezolano El Pitazo en colaboración con la plataforma Connectas. Catorce periodistas han investigado durante ocho meses las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno de Nicolás Maduro en la salud de un grupo de niños. “Es durante los primeros cinco años de vida cuando una alimentación adecuada es más importante, y el resultado es entristecedor: ocho niños cuyo futuro parece marcado antes de tiempo por daños irreversibles, y uno que no pudo sobrevivir”, narran en la presentación de su trabajo.

El Pitazo es un medio creado por un grupo de periodistas cuyo objetivo es hacer llegar información a las zonas más desfavorecidas de Venezuela. Además de la red de informadores, cuentan con colaboraciones con ONGs que les ayudan a acercarse a las diferentes comunidades del país. “Seguiremos trabajando para que El Pitazo suene, hasta convertirnos en la voz de los sectores populares”, reza en su web.

El jurado ha enfatizado el trabajo de este medio: “Son un grupo de periodistas jóvenes y admirables que arriesgan y que van al lugar en el que suceden las cosas, a buscar los hechos y contarlos”.

El premio a Mejor fotografía se lo ha llevado Vincent West, de la agencia Reuters. El trabajo seleccionado es una de las imágenes más icónicas del 8-M de 2018: una marea de mujeres forman un triángulo con sus manos alzadas durante una manifestación en favor de la igualdad en Bilbao. La fotografía fue publicada en EL PAÍS y en otros medios internacionales como The New York Times. El jurado ha ensalzado “el empuje y la fuerza” de una imagen que condensa el gran año para los derechos de las mujeres, con movimientos internacionales como el #MeToo.

En la categoría de Trayectoria profesional el galardonado es Darío Arizmendi. Director de noticias de la cadena colombiana Caracol y una de las voces más escuchadas de su país, tuvo que exiliarse en los años 80 tras varios intentos de asesinato por parte de los cárteles de la droga.

El jurado ha valorado “la excelencia profesional de su trayectoria, su constante esfuerzo para explicar a la sociedad lo que está pasando en cada momento, su defensa de las propuestas de paz y el diálogo y, por encima de todo, su valentía a la hora de afrontar las dificultades que, a lo largo de su carrera, se le han presentado para el ejercicio de la profesión periodística”.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Arizmendi ha sido director y presentador de programas de televisión, fue fundador del periódico El Mundo de Medellín y su director desde 1971 hasta 1991. También fue embajador plenipotenciario de Colombia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989, en Nueva York y profesor fundador de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Esta 36 edición el jurado ha estado compuesto por Manuel Mirat, presidente de EL PAÍS y consejero delegado de PRISA; Soledad Gallego-Díaz, directora de EL PAÍS; Carlos Yárnoz, Defensor del lector en el diario; Jesús Ceberio, presidente del Comité editorial de PRISA; Daniel Gavela, director general de Cadena Ser; Inés Juste, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar y del grupo Juste; Elena Salgado, economista y exvicepresidenta del Gobierno; Vicente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol; Zahara, cantante, y los redactores de EL PAÍS María Fabra, miembro del Comité de redacción, y Mikel López Iturriaga, responsable de El Comidista. Ha ejercido como secretario del jurado Pedro Zuazua, director de Comunicación de PRISA Noticias.

Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por EL PAÍS y que llevan el nombre del pensador y periodista español, buscan resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del periodismo y dar reconocimiento a aquellos trabajos que hayan destacado por su calidad.

Cada uno de los galardones está dotado con 15.000 euros y con una obra del artista donostiarra Eduardo Chillida. Pueden optar a estos premios los trabajos escritos o gráficos publicados en español, en medios de todo el mundo.

Los galardones se entregarán el próximo jueves 9 de mayo en el Auditorio Caixaforum de Madrid.

La embajadora de Venezuela en Londres ocultó cuatro millones en Andorra

 

 

LA EMBAJADORA DE VENEZUELA EN EL REINO UNIDO, Rocío del Valle, ocultó desde 2012 cuatro millones de dólares (3,5 millones de euros) en Andorra, un país blindado hasta 2015 por el secreto bancario. “Los fondos [de Del Valle] tienen su origen en la corrupción de Venezuela”, sostiene un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND).

La diplomática justificó el pasado septiembre ante una juez del pequeño principado pirenaico que su dinero en Andorra procedía de la venta de los derechos de una herencia en Venezuela.

Del Valle movió el capital bajo sospecha a través de cuatro cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y se sirvió de una estructura de “sociedades instrumentales” creadas en Panamá por el propio banco para transferir su caudal económico, según la Uifand.

La diplomática cobró entre julio y noviembre de 2012 en la entidad andorrana cuatro millones de dólares de un testaferro del empresario venezolano de los seguros Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía del país latinoamericano y hombre fuerte de los gobiernos del expresidente Hugo Chávez (1999-2013).

La embajadora de Venezuela en Londres ocultó cuatro millones en Andorra
Oposición intenta recuperar la iniciativa en 2019

EL MOVIMIENTO OPOSITOR AL CHAVISMO INTENTA RECUPERAR LA INICIATIVA después de años de asedio del régimen y fracturas internas. Mientras el presidente Nicolás Maduro se prepara para formalizar, el 10 de enero, la renovación de su mandato hasta 2025, las fuerzas críticas con el oficialismo, que rechazaron participar en las últimas elecciones presidenciales, celebradas el pasado mayo, buscan reponerse de los golpes sufridos. Un grupo de dirigentes opositores y gremiales presentó el miércoles en Caracas un programa para un hipotético escenario de cambio de Gobierno. Una “propuesta integral para el rescate de Venezuela” cuando se cumplen 20 años de la primera victoria electoral de Hugo Chávez.

La génesis

El antichavismo nació en el mismo momento en el que el expresidente, fallecido en 2013, alcanzó el poder. En 1998, una parte de la sociedad no compartía los postulados del comandante, desconfiaba de sus intenciones y cultivaba una profunda antipatía hacia su conducta. Acción Democrática y el socialcristiano Copei, fundadores del sistema democrático en 1958, alguna vez partidos poderosos y masivos, atravesaban una oscura zona de descrédito y eran el blanco favorito de las críticas de una ciudadanía harta de los escándalos de corrupción acumulados.

En la edad de oro de la antipolítica, el malestar con Chávez descansaba entonces sobre todo en la clase media, con picos nada desdeñables en los estratos pudientes. El primer líder que enfrentó al mandatario y ejerció una breve rectoría en las masas opositoras fue Henrique Salas Romer, gobernador del Estado de Carabobo, al frente de Proyecto Venezuela, cuya candidatura obtuvo el 39% de los votos frente al 56% que logró Hugo Chávez.

Coordinadora Democrática

Persuadidos de que un Chávez que no escondía su intención de extender su mandato representaba un peligro para Venezuela, la primera tentativa unitaria de todas las fuerzas democráticas venezolanas tuvo lugar en 2002, y fue conocida como la Coordinadora Democrática. Fue una plataforma política fruto de una alianza entre la Confederación de Trabajadores de Venezuela y la patronal Fedecámaras, en la cual tuvieron influencia sectores culturales de la sociedad civil, directivos de medios y gestores petroleros en rebeldía. Los partidos políticos participaban, pero no lideraban aquella alianza. Chávez había ganado varias elecciones regionales de manera inapelable, pero en el seno de aquella coalición carburaba un malestar que encontró eco en las Fuerzas Armadas.

En 2002 tuvo lugar un fracasado intento golpista que dañó mucho el discurso opositor sobre la defensa de la democracia. En el chavismo todavía nadie hablaba de socialismo y no se había expropiado una sola empresa.

La Coordinadora Democrática se descalabró en agosto de 2004, una vez que Chávez derrotó de nuevo a las fuerzas opositoras en un referéndum revocatorio que consultaba al pueblo sobre la continuidad del presidente, una figura constitucional ideada por Chávez que presumiblemente reforzaba el carácter “protagónico” de su proyecto y que jamás se ha vuelto a concretar porque Nicolás Maduro lo ha impedido.

La Mesa de la Unidad Democrática

Al evaluar las causas de aquel fracaso, los debates posteriores abonaron mucho la idea de rescatar el protagonismo de los partidos políticos. Tras pasar varios años dispersa y dividida en torno al dilema de si es preferible votar o no, en 2009 se pudo concretar un rediseño unitario de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma de partidos inspirada en la Concertación chilena en contra del dictador Augusto Pinochet. Destacaban en la MUD Primero Justicia, partido emergente fundado en 2000; Acción Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y Un Nuevo Tiempo.

A pesar de ser criticada por su proceder parsimonioso, la MUD devolvió a la oposición un eje necesario para iniciar un diálogo con las masas y aumentar su influencia social. Con el político y escritor Ramón Guillermo Aveledo en la secretaría ejecutiva, se organizó un voluntariado técnico solvente, se consolidaron espacios unitarios y se hicieron dos trabajos programáticos para la transición. Del paraguas de la MUD emergieron Henrique Capriles, Leopoldo López y María Corina Machado, que comenzaron a recorrer el país y a dialogar con la gente, encarnando un recambio generacional en la política entre un grupo de formaciones que iban desde el liberalismo hasta la socialdemocracia.

Con los precios del petróleo en su pico más alto, y el populismo de Chávez en el paroxismo, la Unidad Democrática alcanzó con Henrique Capriles el 44% de los votos en las elecciones de 2012, y el 49%, solo décimas por detrás de Maduro, en las de 2013, las que se celebraron tras la muerte de Chávez.

La MUD alcanzó finalmente una clamorosa victoria en las parlamentarias de 2015, con tres cuartas partes de los escaños de la Asamblea Nacional.

Diferencias internas

A partir de ese momento, la MUD comenzó a resquebrajarse. Los dirigentes opositores quisieron afincarse en el Legislativo para activar algún mecanismo constitucional que sacara a Maduro del poder y mostraron su interés en investigar la generalizada corrupción del chavismo.

Con la misma velocidad, Maduro y su número dos, Diosdado Cabello, endurecieron sus modales, vetando todas las iniciativas legislativas con su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia. En 2017, cuando el descontento salió a la calle, sobrevendría una violenta represión y parte de la dirigencia opositora terminó en el exilio, asilada en embajadas o en la cárcel.

La actitud hostil del chavismo reavivó las diferencias en torno al camino a seguir, y produjo reacomodos con agendas individuales que condujeron al fin de la MUD.

El Frente Amplio por Una Venezuela Libre, nueva coalición de partidos y actores sociales, que ha incorporado a actores que han roto recientemente con el chavismo, lleva todo 2018 deliberando y haciendo un diagnóstico de la dimensión extraelectoral de la crisis venezolana. Queda la incógnita de si será la herramienta que usen los partidarios del cambio en el país. Los sectores opositores son claramente mayoritarios en Venezuela, pero sus partidos y dirigentes con frecuencia son vistos con decepción y rechazo.

Por Alonso Moleiro

ElPais.ES Dic 24, 2018 | Actualizado hace 12 meses
La Navidad más austera de Venezuela

EN VENEZUELA EL FESTEJO DE LA NAVIDAD no es lo mismo de antes. Raiza Escobar, profesora jubilada de 61 años, comenzó a comprar a cuentagotas especias y frutos desde noviembre. Solo de este modo ha podido preparar unas pocas hallacas, el plato típico de diciembre en el país con las mayores reservas de petróleo del planeta. “Los aliños pude obtenerlos con el dinero me pagaron los aguinaldos [la paga extraordinaria de diciembre]. Todo lo gasté en eso”. La hiperinflación y la escasez atentan contra las fiestas navideñas: el mes pasado los precios crecieron a un ritmo del 144%, según los cálculos de la opositora de la Asamblea Nacional ante la opacidad gubernamental. Y las familias venezolanas se las ven y se las desean para poder comprar lo necesario para celebrar estas fechas.

Las rebajas son extrañas en Venezuela: todo aumenta de precio a una velocidad incontrolable. “Compré las aceitunas en 1.990 bolívares soberanos a finales de octubre y ahora están a 14.000”, recuerda Raiza. Los alimentos son una apuesta inalcanzable en la, por mucho, economía con peor desempeño de América Latina.

Un pan de jamón, otra comida típica de las cenas del Nochebuena y fin de año supone un desembolso superior al salario mínimo. Una obrera como Coromoto Gómez, madre de tres niños, tendría que empeñar el trabajo de un mes y conseguir 1.000 bolívares adicionales para colocar uno en su mesa. Ella confiesa que tuvo que vender un viejo televisor para poder “comer algo diferente” a un plato de arroz y granos este lunes. “Antes no teníamos problemas, pero ahora somos esclavos de la inflación. Mis hijos se preocupan más por lo que comerán que por los juguetes”, asegura.

En estas circunstancias, muchas asociaciones se dirigen a atender la carestía de alimentos. EL pasado fin de semana, Alimenta la Solidaridad obsequió a varias familias de comunidades pobres con cientos de panes de jamón preparados voluntarios. Pero la ayuda no llega a todos: Gómez, que vive en el popular barrio de Petare, no goza de ningún tipo de asistencia. En su comunidad, los organizadores del programa gubernamental CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) repartieron unos perniles a costos subvencionados que tuvieron que partir en dos ante el déficit. La misma denuncia se produjo en varias provincias venezolanas.

Más información en El País.

Militares y desplome de la economía en Venezuela, por Ibsen Martínez

SEGÚN VARIOS OBSERVATORIOS de la actividad militar en el globo, tales como la privada Red de Seguridad y Defensa de América Latina, las fuerzas armadas venezolanas se estiman en unos 365.000 efectivos y más de 1.000 generales en activo.

En marzo pasado, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, integrante de una respetada red mundial de lucha contra la corrupción, informó que de los 34 ministerios creados por la revolución bolivariana desde 1999, los militares están al frente de 14 de ellos, incluyendo Defensa, Interior, Petróleo y Minería, Agricultura y el notoriamente inepto y corrupto ministerio de Alimentación. Un general detenta la presidencia de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otros seis las gobernaciones de los Estados más populosos de los 24 en que, políticamente, se divide el país.

Siempre según cifras aportadas por Transparencia Venezuela, más de 11.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se hallan, de una u otra forma, en posiciones de poder y, de acuerdo con Control Ciudadano, otra ONG que escudriña el opaco mundo castrense venezolano, la participación de los militares en el Gobierno alcanza ya un 43,7%.

Vistas esas cifras, la responsabilidad de los militares en el desplome de la economía que ha precipitado la tragedia humanitaria venezolana es, pues, indiscutible. Su hegemonía en todos los ámbitos de gestión pública susceptibles de ser saqueados con ya probada absoluta impunidad se acrecentó con la creación, en 2016, del llamado Arco Minero del Orinoco (AMO).

La propaganda bolivariana describe al AMO como una zona de desarrollo estratégico destinado a “romper con el rentismo petrolero”. Nicolás Maduro anunció, al crear el AMO, la participación de 135 compañías internacionales.

El AMO abarca un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados, es decir, el 12,2 % del territorio venezolano, más del doble de lo que ocupa la faja petrolífera del Orinoco. Se extiende al sur del gran río, desde el norte del Estado Bolívar hacia el noreste del Estado Amazonas y parte del Estado Delta Amacuro. La región se corresponde groseramente con la del mítico reino de El Dorado que obsesionó a Sir Walter Raleigh en sus exploraciones, a fines del siglo XVI. Diversas fuentes estiman las reservas mineras del AMO en unas 7.000 toneladas de oro, cobre, diamantes, hierro, bauxita y el invalorable coltán. Inmediatamente después de su creación, comenzaron las matanzas de civiles dedicados a la minería ilegal.

Entre enero y septiembre de 2017, la prensa regional registró hasta 61 mineros informales asesinados en cinco municipios del Estado Bolívar. El portal Insight Crime logró atribuir, sin lugar a dudas, 40 de esas muertes a las fuerzas militares venezolanas.

La escalada de violencia criminal asociada a la minería había comenzado en marzo de 2016, con la desaparición y ejecución de 28 mineros venezolanos en Tumeremo, municipio aurífero donde, hace dos semanas, volvió a registrarse una matanza con saldo de al menos 7 víctimas.

Lugareños y diputados de la región ante la Asamblea Nacional dicen que los asesinatos sugieren una operación de exterminio de la minería informal presuntamente exigido por las transnacionales del oro atraídas por Maduro. Esta vez, lo acontecido en Tumeremo dejó ver que la bárbara lucha por el control de las minas incorpora nuevos actores amados.

Uno de ellos son los llamados trenes, aguerridas bandas criminales comandadas por líderes, a su vez llamados pranes, salidos todos de las dantescas cárceles venezolanas y luego cooptados por generales de la Guardia Nacional, la aborrecida policía militarizada. El otro bando en pugna es el inefable ELN (Ejército Nacional de Liberación) colombiano, obrando como subcontratista de los generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pranes y elenos actuarían como agentes de retención del diezmo que los generales venezolanos cobran a los mineros ilegales.

La codicia homicida de este paralelogramo de fuerzas deja ver el grado de envilecimiento moral del sector militar venezolano, el único sostén real de la dictadura de Nicolás Maduro.

Que aún haya opositores demócratas que lo esperen todo de mitológicos militares restauradores de la democracia civil y regeneradores de la moral pública es el más terco resabio del militarismo hondamente arraigado en el alma venezolana desde 1830.

@ibsenmartinez

El País

Amnistía Internacional: Venezuela utiliza “tácticas militares” para reprimir a la población

VENEZUELA EMPLEA “TÁCTICAS MILITARES” para reprimir protestas civiles. Esta es la conclusión que presenta el informe publicado este jueves por Amnistía Internacional (AI), que denuncia que los cuerpos de seguridad del país realizan torturas y ejecuciones extrajudiciales presentados públicamente en muchas ocasiones como “supuestos enfrentamientos armados”. El documento de la ONG de derechos humanos, que analiza la situación de la seguridad en el país entre 2002 y 2017, alerta de un extendido clima de impunidad entre los cuerpos policiales, que “ni garantiza que estos hechos no se repetirán, ni supone reparación alguna a las víctimas”.

En el informe ‘Esto no es vida. Seguridad ciudadana y derecho a la vida en Venezuela’, Amnistía Internacional ha documentado exhaustivamente once casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales (ocho de ellos, con acceso a los expedientes oficiales).

El informe de AI -divulgado en la capital argentina con la presencia del director de la ONG en España, Esteban Beltrán- culpa al Estado venezolano por no haber garantizado el derecho a la vida de los sectores más vulnerables de la población y le responsabiliza de aplicar “medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de la delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y, en especial, ejecuciones extrajudiciales”.

 

“Me dijeron ‘vete, vieja chismosa. Te voy a dar un tiro en la cabeza'”, relata Zulay González a AI, a quien le increparon las fuerzas de seguridad cuando en 2012 salió de su casa a la calle para interceder por su hijo Mario, que estaba a punto de ser detenido. Los oficiales buscaban en las afueras de la capital venezolana a los integrantes de una banda delictiva que había cometido un asesinato y se llevaron detenido a Mario. Los peores augurios de la mujer, que ya había perdido meses atrás a otro hijo, Luis Fernando, acribillado a tiros por varios hombres cuando conducía su moto en algún punto del Estado de Miranda (en el norte del país), se confirmaron tiempo después, cuando dio con el cadáver de Mario en la morgue de un hospital de Caracas.

“Vi a mi hijo [Mario] y le limpié la cara. Tenía un tiro en la cabeza”, rememora González, a quien la violencia extrema que azota Venezuela le ha arrebatado dos hijos. El país latinoamericano es en el que más homicidios se cometen del mundo, con una tasa anual de 89 por cada 100.000 habitantes, según datos de la fundación que investiga el crimen organizado Insight Crime (IC). La mayor parte de las muertes tienen lugar en zonas urbanas pobres y el 60% de las personas asesinadas son hombres entre 12 y 29 años, según datos de organizaciones locales recogidos en el informe.

Además de este índice de criminalidad, Venezuela se enfrenta también a la ausencia de respuesta judicial ante las graves violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad estatales. AI denuncia que el 92% de las violaciones de derechos humanos producidas en Venezuela queda impune, una cifra que IC eleva al 98%.

El número de ejecuciones extrajudiciales como la que sufrió el hijo de González no se puede establecer con concreción debido a la ausencia de organismos que registren datos oficiales. El informe de AI, que consta de 58 páginas, recoge datos de la Fiscalía General de la República relativos a 2016 y al primer semestre de 2017, años en los que se habrían producido 4.667 y 1.848 muertes, respectivamente, a manos de funcionarios de seguridad. La fiscal en el exilio Luisa Ortega, que dirigió la institución desde 2007 hasta 2017 cuando fue destituida por el Tribunal Supremo, acusó el pasado noviembre al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional de ser responsable de más de 8.000 asesinatos cometidos entre 2015 y 2017 por las fuerzas de orden público.

AI presenta en el informe varias realidades que demuestran que el Gobierno del país no está cumpliendo con la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La “nula rendición de cuentas” por parte de las autoridades en operaciones en las que se producen muertes de civiles, el “incremento progresivo y constante” de la violencia armada que demuestran las estadísticas —que señalan que los homicidios que se cometen con armas de fuego son el 85%, 11 puntos más que la media del continente— o la ausencia de datos oficiales actualizados y concretos sobre muertes violentas son algunas de las situaciones que la ONG denuncia en el documento.

Como respuesta, AI insta al Gobierno venezolano a realizar “instrucciones claras” acerca de cómo actuar en caso de que se produzcan bajas civiles durante operaciones policiales. La ONG recomienda iniciar una regulación seria de las armas de fuego para rebajar los índices de criminalidad, e incide en que es necesario contar con datos oficiales del número de homicidios y asesinatos extrajudiciales para evitar la impunidad de los crímenes.