“¡AY YA MENOR, VACÍLALA, VACÍLALA!”. Según testigos, estas fueron las últimas palabras de Emily Fabiola Rosendo Arrieta antes de que un hombre la atacara con un pico de botella en el cuello.
La joven de 22 años salió a las 7:00 a. m. del lunes 26 de agosto con rumbo al Centro Comercial IPSFA, en Los Próceres, a retirar su cédula de identidad. Por lo congestionado del Metro pensó en abordar una camionetica y frente a la estación de El Valle le pidió 1.000 bolívares para el pasaje a un amigo.
“Él le dijo que no tenía y ella se molestó, le dijo que siempre tenía dinero para los demás, menos para ella. Ahí comenzó la discusión”, contó su mejor amiga, quien prefirió no decir su nombre por medidas de seguridad.
Emily estaba con una amiga, quien iba a su trabajo en Chacaíto, y aprovechó su compañía. Ella intentó mediar en la pelea, pero no le prestó atención y se hizo a un lado.
Herida, le suplicó a los testigos que no la dejaran morir. Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se encuentra a pocos metros, la trasladó hasta el Hospital Clínico Universitario pero llegó sin signos vitales.
El atacante huyó. Según allegados de la víctima es un joven de 18 años y se encuentra en situación de calle. Al parecer a veces duerme en casa de un compañero, también en El Valle. Vende suspiros afuera de la estación del Metro.
“Ella lo conocía desde hace tiempo. Una vez le regaló un short y hasta lo llevó a la casa para que se diera un baño”, detalló su mejor amiga, con quien vivía desde hace dos años.
Emily estuvo durante muchos años en situación de calle, su madre presuntamente la abandonó y su crianza estuvo a cargo de una tía, quien murió hace unos meses. Su mejor amiga la ayudó a salir de las calles, le dio hospedaje en su casa y además la encargó de dos puestos de chucherías que tiene frente a la estación del Metro El Valle.
En ese tiempo tuvo una pelea con un grupo de transformistas y estos la hirieron con un puñal en la cabeza y en el cuello, ataque del cual se recuperó.
La semana entrante se iba del país con su mejor amiga. El plan era viajar vía terrestre hasta Cúcuta, donde las recibirían unas tías de ella hasta que otras amigas les mandaran el pasaje para irse a Lima, en Perú.
“Yo me la iba a llevar conmigo, porque siempre le decía que si la dejaba aquí ella iba a quedar sola y se iría a la calle otra vez. Yo siempre hacía que se arreglara, se bañara, la cuidaba como a una hermana porque su familia no le dio apoyo”.
Emily vivía en el barrio El Tamarindo de El Valle. Su madre, quien habita en los Jardines de El Valle, fue contactada para que hiciera el trámite en la morgue de Bello Monte y pudieran retirar el cadáver.
El retrato hablado del presunto asesino ya está en manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y se efectuó la denuncia.
La tarde-noche del 24 de julio, después del asesinato del comisionado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Carlos Valverde (49), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se desplegaron entre El Cementerio y El Valle y asesinaron a cinco jóvenes, quienes presuntamente estaban implicados en la muerte del funcionario. Las víctimas identificadas tenían entre 19 y 32 años.
A las 3:30 p.m. mataron a Raifer Martínez, en el sector El Triángulo de Los Rosales. Sus familiares dijeron que vivía con su esposa, quien tiene casi nueve meses de embarazo. Cuando ingresaron las FAES a su casa él estaba lavando ropa.
Lo localizaron la mañana de este jueves 25 de abril en la morgue de Bello Monte y no saben si los funcionarios lo llevaron a un hospital previamente. Testigos observaron que la comisión montó a cuatro personas en una camioneta tipo Jeep, color blanco.
Según registros de Crónica.Uno en los Jardines de El Valle asesinaron a cuatro jóvenes. Uno de ellos fue identificado como Willian Daniel Chacón Mendoza, de 19 años, le dispararon a las 5:00 p. m.
Sus parientes comentaron que tenía tres meses viviendo en esa zona, pero desconocen con quien, pues antes residía con sus padres en el sector La Palomera de Baruta. Estaba desempleado y estuvo detenido en distintas oportunidades por robo en los calabozos de Polibaruta.
Momentos después mataron a Giovanni Alejandro Contreras Moreno, también de 19 años. Las FAES lo sacaron de su casa, donde vivía con sus papás. Estaba por terminar sus estudios de bachillerato.
Horas más tarde, a las 7:00 p. m., asesinaron a otros dos muchachos, que eran cuñados, en la calle 9 de los Jardines de El Valle, parte alta. Según los vecinos los funcionarios estuvieron hasta la medianoche desplegados. De acuerdo con la versión policial los jóvenes se enfrentaron a la comisión, aunque la familia lo desmiente.
Las víctimas fueron identificadas como Javier Noria, de 32 años y su cuñado Carlos Javier González, de 22 años. Detallaron que las FAES los sacaron de la casa. En la vivienda también se encontraban la esposa de Javier y sus cinco hijos, todos menores de edad, que presenciaron la situación.
Un familiar, quien por temor pidió no ser identificado, contó que la esposa de la víctima fue obligada a salir con los niños y cuando le permitieron regresar, a las 12:00 de la medianoche, encontró el piso lleno de sangre y todo en completo desorden.
Relató que cuando las FAES irrumpieron en la vivienda, sin orden judicial, Javier cargaba unos tobos con agua y Carlos hacía la cena, ya que había llevado harina de trigo para hacer unas panquecas.
“Lo único que escuchaba cuando los sacaron era: ‘No me maten, Dios mío no me maten”, dijo el familiar.
Javier trabajaba como comerciante en el mercado de Coche y Carlos laboraba en una carnicería cerca del puente de Coche, según sus familiares. “Nosotros somos personas humildes, los policías entraron a la casa y en la casa no hay armas, eso no se hace».
TRANSCURRIDO UN MES, EL DUELO QUE TODAVÍA ATURDE a la familia impidió cualquier tipo de celebración por el Día del Padre. El 13 de mayo de 2019, 16 días después del nacimiento de su primer hijo, Víctor Alejandro Rangel Maita, de 32 años de edad, fue asesinado en medio de una razzia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, en la calle 17 de Los Jardines de El Valle.
La orfandad del muchachito podría quedar, literalmente, sellada en su identidad. Los familiares del fallecido aseguran que los funcionarios de las FAES no les devolvieron la cédula laminada de Rangel Maita y que ahora tienen mucha dificultad para registrar el nacimiento del niño. “Mi hermano nunca pudo presentarlo, porque cuando nació el bebé (el 28 de abril de 2019), hubo una protesta frente a la Maternidad (Concepción Palacios). Luego de eso, estuvo haciendo los trámites para obtener la partida de nacimiento, pero no alcanzó a hacerlo”, señaló Viana Rangel.
Los deudos también tienen que lidiar con la versión oficial que se divulgó por varios medios de comunicación sobre lo ocurrido en las Residencia Fenade, aproximadamente a las 9:00 am de aquel 13 de mayo: “Efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB realizaron un dispositivo de saturación y contención de área en la avenida intercomunal de El Valle, con la finalidad de dar captura a integrantes de una banda delictiva que tiene azotada a la comunidad. Sostuvieron un enfrentamiento con varios delincuentes. Los antisociales neutralizados quedaron identificados como Ángel Gabriel Santaella Hernández, Víctor Alejandro Rangel Maita y Jorge Luis Malavé, integrantes de la peligrosa banda “El Brayan”,; a quienes se le incautaron en el lugar del hecho tres armas de fuego. El funcionario herido fue atendido, se encuentra estable de salud y ya fue dado de alta”.
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“No sabemos qué pasó adentro de ese edificio. Uno de los vecinos dice que mi hermano estaba subiendo las escaleras cuando llegaron los oficiales. Otros dicen que lo agarraron y lo metieron en un apartamento. Yo puedo asegurar que no tenía pistola ni pertenecía a una banda delictiva”, enfatizó la hermana.
Como las autoridades insisten en que Rangel Maita abrió fuegos contra los funcionarios de las FAES, la familia también tiene que lidiar con la escasa posibilidad de que el Ministerio Público realice una investigación eficiente del caso a efectos de determinar, como presumen, que la muerte de Víctor Alejandro Rangel Maita corresponde a una ejecución extrajudicial.
Viana Rangel extraña a su padre, Hugo Rangel, que fue funcionario de la extinta Policía Metropolitana y murió hace dos años: “Mi papá, que era policía, nunca habría podido imaginar que otro policía le matara a un hijo”.
De la búsqueda a la denuncia
Juliza Ramos esperaba que Víctor Alejandro, su primer novio de la adolescencia y ahora su esposo, regresara a la casa donde ambos residían, en Las Casitas de La Vega. Le dejó muchos mensajes: “Víctor contesta” “Estoy preocupada ¿Dónde estás?”.
Desesperada, a las 9:00 pm, llamó por teléfono a su cuñada. “En ese momento me asusté. Presentía que a Víctor le había pasado algo”, indicó Viana Rangel. Al día siguiente, la familia comenzó a preocuparse aún más, cuando se enteraron de que funcionarios de las FAES ejecutaron un “operativo” en El Valle, precisamente en el sector Los Jardines, donde está ubicada la charcutería en la que Víctor Alejandro trabaja desde hacía cinco años.
Recorrieron puestos policiales y hospitales. “Cuando mi otro hermano llegó al hospital Pérez Carreño, le informaron que Víctor fue ingresado sin vida por funcionarios de las FAES. De allí nos fuimos a la morgue”, relató.
Rangel Maita fue herido por una bala en el tórax. En el acta de defunción se reseñó como causa de muerte un shock hipovolémico por el impacto de una bala en el tórax.
El martes 14 de mayo, en la comandancia central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, Viana formalizó la denuncia contra los funcionarios de las FAES y se disponía a completar trámites para que le entregaran el cuerpo de su hermano. “Allí me dijeron que otra supuesta hermana de Víctor ya había hecho las diligencias. Estaba muy molesta. Soy la única hermana de Víctor, hasta donde tengo conocimiento. No me querían tomar la denuncia; es más, creo que pretendían que les pagara algo, no sé. Al final, luego de pelear con los funcionarios, me dieron mi papel para retirar el cadáver de mi hermano”, sostuvo.
En el Cicpc persistían en la tesis del enfrentamiento. Sin embargo, Viana junto con sus hermanos, la desmentían. “Pregunté por la cédula de mi hermano. Nadie sabe qué se hizo. Es más, los funcionarios tampoco me dijeron qué hacer para conseguirla. Su identificación, así como todas sus cosas, desparecieron”, sostuvo.
El estigma de los antecedentes
Dos años antes de ser asesinado, Víctor Alejandro Rangel Maita había sido detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Estuvo dos días desaparecido. Al tercer día, luego de que sus familiares realizaran una angustiosa búsqueda en hospitales, puestos policiales y en la morgue, el hombre llegó vivo a su casa… pero muy asustado.
Para reconstruir aquel primer encontronazo de su hermano con la PNB, Viana recreó el diálogo que tuvo con Víctor Alejandro.
—Fue la PNB. Como vieron que tenía antecedentes, me agarraron en una alcabala. Me pusieron una capucha y comenzaron a preguntarme si yo había secuestrado a alguien. Negué todo. Me ponían la pistola en la sien— relataba Víctor simulaba el movimiento del funcionario que lo habría sometido— Así me mantuvieron dos días, dentro de un carro. Me ruletearon por una zona que nunca pude identificar. Me decían que me iban a matar. Una de las funcionarias me dijo: di tus últimas palabras. Solo les respondí: si me van a matar, háganlo ya.
La historia concluyó con el abandono de Víctor Alejandro en unos matorrales por Caricuao, luego de que los funcionarios se percataran de que lo habían confundido con otra persona. Según su hermana, le pidieron que no volteara hasta que ellos se fueran: “A mi hermano casi lo matan en esa oportunidad. Se salvó gracias a la obra de Dios. Pero quedó muy asustado”.
La muerte de Víctor aún no está siendo investigada por funcionarios del Ministerio Público | Foto: Alan Márquez
Hace 13 años, Víctor Alejandro, de 18 años de edad para ese entonces, fue detenido por funcionarios de la Policía Municipal de Vargas, por su participación en un robo, junto con otras tres personas.
Inicialmente lo condenaron a 9 años de prisión, pero al final lograron una reducción de la pena a 4 años y medio. “Víctor estuvo preso un año en la Planta (El Paraíso), luego le dieron libertad condicional. Permaneció bajo régimen de presentación durante los tres años restantes de su condena. Cumplió la condena que le impusieron, pero nunca lo sacaron del Sistema de Información Policial (Sipol). Aun cargaba con esa cruz”, dijo su hermana.
No solo los adultos de la familia sufren por la muerte de Rangel Maita. Uno de sus sobrinos, de diez años de edad, lo extraña mucho: “A veces me pongo triste, incluso lloro. Pero sé que está en un mejor lugar”, dijo mientras jugaba con un carrito.
ERICKSON DANIEL SANABRIA Muñoz había dejado sus estudios de cuarto año de bachillerato en el liceo José Ávalos de El Valle. Se había cambiado al turno de la noche porque había comenzado una nueva vida en pareja y debía trabajar a pesar de sus 16 años de edad.
De El Valle, donde vivía con su mamá y su hermano mayor, se mudó a Las Mayas con su pareja.
Para él había comenzado una nueva vida y junto con Cristian Barreto, de 18 años de edad y otro amigo, inició un negocio que consistía en comprar mercancía en el mercado de Coche para luego venderla en las adyacencias de ese lugar.
Allí estaban los tres con un camión de mercancía, a las 3:00 am del lunes pasado, cuando al sitio llegó un grupo delictivo para robarlos.
Los antisociales dispararon y los proyectiles alcanzaron a Erickson Daniel y a Cristian. Ambos murieron. El primero en el sitio y el otro luego de ser operado en un centro asistencial.
La muerte se llevó las ilusiones del adolescente que había iniciado una nueva vida.
La familia de Erickson Daniel dijo que su otro sueño, desde que tenía 4 años de edad, era ser bombero y por eso desde los 14 años formaba parte de la Brigada Juvenil de los Bomberos del Distrito Capital.
Funcionarios del Cicpc acudieron al lugar para levantar los cadáveres luego de que una persona aseguró haber escuchado varias detonaciones
Los investigadores manejan la hipótesis del secuestro y el tráfico de armas como posibles móviles del doble crimen
@SandraGuerrero1 | Fotos: Carlos Ramírez
LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN de Homicidios de la policía científica y la Dirección de Contrainteligencia Militar investigan los homicidios del sargento II de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Giovanny Alberto Rodríguez Suárez, de 21 años de edad, y el funcionario de la Dgcim, Edgar Alberto Dávila Araujo, de 22 años de edad.
Los cadáveres de ambos fueron hallados la noche del pasado lunes en la estación de la PNB, situada en el sector Cagigal, parroquia El Valle, por funcionarios que atendieron el llamado de una persona que indicaba que en la dirección señalada se habían escuchado detonaciones y que había dos cadáveres.
Inicialmente los investigadores manejan varias versiones como móvil del doble crimen. Una de ellas indica que los funcionarios fueron secuestrados en la Cota 905, municipio Libertador, donde ambos estaban domiciliados. Presuntamente a la madre uno de ellos también se la habrían llevado. Luego se iniciaron las conversaciones entre familiares de los cautivos y los presuntos plagiarios para el pago del rescate.
Otra hipótesis apunta a una presunta negociación de armas de fuego que fueron sustraídas por los hombres que ajusticiaron a los funcionarios. Pero serán las pesquisas que adelantan los cuerpos policiales las que determinarán el móvil de lo ocurrido.
Víctor Manuel Rodríguez Hernández, de 71 años, regresó a su casa herido. Durante la mañana de ese domingo 18 de noviembre había estado algunas horas fuera cuando intentaron asaltarlo. Quienes lo atacaron, al ver que no tenía ni dinero ni teléfono, lo golpearon en varias partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza. Él, cómo pudo, se levantó y regresó a su hogar.
El hombre tenía una habitación alquilada en una vivienda del sector Las Malvinas de la parroquia El Valle, al oeste de Caracas. Una de las inquilinas se dio cuenta de su estado en cuanto lo vio llegar. Le pidió que se sentara y que no se durmiera mientras buscaba ayuda. Pero cuando volvió, Rodríguez Hernández había vomitado y estaba en su cama inconsciente. Murió poco después a raíz de las lesiones que le fracturaron el cráneo.
Familiares presumen que los hechos ocurrieron cerca de su casa. Sin embargo, desconocen mayores detalles porque ningún pariente pudo hablar con Rodríguez Hernández tras el atraco.
La víctima, ciudadano colombiano que llevaba décadas en Venezuela, vivía de su pensión. Fue carpintero y, cuando ya no pudo dedicarse al oficio, comenzó a vender café en la calle. En los meses recientes, dejó de salir por dolencias musculares y problemas de circulación. Era padre de seis hijos.
Entre enero y octubre de 2018 han ocurrido 32 casos de homicidios por golpes con fuerza física u objetos contundentes. La cifra es extraída de Monitor de Víctimas que también indica que de los 1215 homicidios acaecidos en lo que va de año, 19 se han cometido contra personas mayores de 65 años.
En la parroquia El Valle, donde sucedieron los hechos, se han registrado en el mismo período 150 muertes violentas.
“Yo tuve que cargar el cadáver de mi sobrino desde el lugar donde lo mataron hasta la furgoneta de la morgue. Su cuerpo estaba suavecito, blandito. Es mentira que los niños estaban desaparecidos, ese tipo los mató el mismo viernes, cuando se aprovechó de que mi hermana tuvo que salir y se valió de que los conocía para engañarlos y llevárselos para hacerles esa maldad”.
José Gregorio Graterol, tío de tres de los pequeños asesinados este viernes en la parte alta del barrio El 70, desvirtuó la versión policial que señalaba que los niños tenían cuatro días desaparecidos y acusó directamente a un vecino de los pequeños apodado “El Zapatero “ del asesinato de los cuatro niños.
Relató que los hechos ocurrieron en viernes en la tarde, luego de que su hermana Norelys Graterol, tuviera que salir de su casa para llevarle comida a su esposo, quien se encuentra detenido en la comisaría de Coche del Cicpc.
“Ella se fue con el niño de ocho años, y dejó a la mayor al cuidado de sus hermanitos, cerró la puerta y le dio a la niña las llaves, le dijo que no dejara entrar a nadie y se fue a llevar la comida”.
José Gregorio Graterol, tía de las víctmas
Agregó que el sujeto, quien fue identificado por las autoridades policiales como José Manuel Morgado Bello, tenía tiempo regalándole caramelos y chucherías a los niños y al parecer se valió del hecho de que los niños lo conocían para engañarlos y hacer que le abrieran la puerta de su casa, luego se los llevó al rancho donde vivía, allí abusó de los pequeños y luego los asesinó, al parecer mientras cometía el crimen, otro niño vio lo que pasaba y “El Zapatero” también o atrapó y asesinó.
“Ese tipo no puede ser llamado ser humano, es una bestia, yo no aguanto dolor que tengo, esos pobres niños no merecían morir de esa manera, no merecían sufrimiento, ese dolor, yo pido justicia, que ese sujeto sea detenido”, agregó Gregoria Ortiga, tía de los niños.
Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Roxana Alexandra Conde Graterol (10), Julianyerli Valeria Conde Graterol (4), Jonas Jonneiker Conde Graterol (1) y Humberto Ruiz (10).
Funcionarios policiales retuvieron por investigaciones a las madres de los pequeños, Norelys Graterol, ya Lisbeth Marisol Maita Gómez.
Mientras los funcionarias realizaban las investigaciones para tratar de dar con el paradero de Morgado Bello, vecinos del sector quemaron la vivienda de “El Zapatero” y por su cuenta buscaban al hombre quien había huido del lugar de los hechos en horas de la tarde del viernes.
Se supo que grupos para policiales realizaron varias alcabalas para tratar de localizar a “El Zapatero”.
De acuerdo con datos recopilados por el Monitor de Víctimas entre mayo de 2017 y julio de 2018 un total de 20 niños fueron asesinados en Caracas.
Del total de víctimas el 50%, 10 niños, fueron asesinados por personas que conocían, los victimarios más comunes fueron, vecinos, padrastros, madres y abuelos.
Cicpc mató al presunto asesino de los niños
En horas de la tarde de este sábado resultó muerto en un supuesto enfrentamiento José Manuel Morgado Bello de 48 años de edad, presunto asesino de los cuatro niños.
Morgado Bello fue localizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el sector La Quebradita de la carretera Cúa San Casimiro, municipio Urdaneta del estado Miranda. Según la versión policial, el hombre se habría enconchado en el lugar, huyendo de las autoridades policiales que lo buscaban.
Relata la minuta que José Manuel Morgado Bello, portaba una escopeta con la que supuestamente se habría enfrentado a la comisión que le pisaba los pasos. Un disparo en la cabeza acabó con su vida.
Versiones extraoficiales señalan que Morgado Bello vivió anteriormente en el sector donde fue localizado y asesinado por los funcionarios policiales, de ese lugar huyó luego de haber sido señalado de haber abusado de otros niños, sin embargo esta versión no fue corroborada, ni por las autoridades policiales, ni por vecinos del sector.
