Erick S. González, autor en Runrun

Erick S. González

#MonitorDeVíctimas | Las FAES matan en 20 segundos
El shock hipovolémico es la causa de muerte que usualmente se registra en las actas de defunción correspondientes a presuntas ejecuciones extrajudiciales. Expertos explican cómo el disparo en una zona vital causa una muerte casi inmediata

Disparan a zonas vitales para causar la muerte ipso facto. Y si el herido permanece vivo, les basta demorar el traslado a un centro de salud para que fallezca en el camino. El objetivo es que no haya sobrevivientes que puedan contar la brutalidad policial en condición de víctima directa, en primera persona. Se trata de dos de los patrones de actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Einson Castañeda Ríos, de 20 años de edad, fue herido con 10 impactos de bala por funcionarios de las FAES, a las 6:00 pm del martes 27 de agosto, en Plaza Catia, Caracas. Fue trasladado hasta el hospital Miguel Pérez Carreño, donde fue ingresado sin signos vitales.

La distancia entre Plaza Catia y el hospital Miguel Pérez Carreño es de 6,5 kilómetros. Son 20 minutos sin tráfico en la vía. A menos de 2 kilómetros del lugar de los hechos está el hospital Periférico de Catia, a 8 minutos con tráfico.

La pregunta es por qué trasladaron a Castañeda Ríos a un hospital lejano. “Ellos no quería que viviera. Lo querían muerto, por eso se ensañaron”, sostuvo uno de los familiares de la víctima.

Castañeda Ríos falleció junto con Yorgenis Antonio Orellana, de 27 años de edad. Los dos iban a bordo de una motocicleta rumbo a sus hogares en el sector Libertad del barrio Isaías Medina Angarita. El primero era comerciante, mientras que su compañero era barbero.

En ambas actas de defunción se estableció como causa de muerte “shock hipovolémico causado por el impacto de un proyectil en el pecho”. Esta indicación médico-forense es el común denominador en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

Shock hipovolémico

Entre los patrones de actuación policial identificados por Proiuris está el disparo en el tórax. En la mayoría de las actas de defunción sobre casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales se señala que el shock hipovolémico es la causa de la muerte.

“El shock hipovolémico es causado por una disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo; es decir, una hemorragia aguda, debido, por ejemplo un disparo en el pecho o tórax”, explicó un médico forense, quien prefirió no ser identificado.

El experto forense recalcó que las muertes por armas de fuego son las más comunes en los casos de presuntos enfrentamiento con funcionarios de las FAES.

Por su parte, Alexis Parra, médico cirujano, explicó que en caso de que el disparo sea justo en uno de los grandes vasos principales (ejemplo la aorta), la persona fallecería en menos de 20 segundos. “Este tipo de shock hipovolémico causa una pérdida masiva de sangre. Depende mucho de la presión arterial del paciente. Pero, cuando la bala toca uno de los vasos principales o el corazón la muerte es prácticamente inmediata”, sostuvo.

Otro médico, experto en cardiología, quien también pidió reserva de su identidad, explicó que las heridas de armas de fuego propinadas en el pecho, a la altura tórax, son mortales, debido a que en esa zona pasan arterias importantes del cuerpo. “Una persona fallece en menos de 20 segundos cuando e le impacta un disparo en el pecho, en la zona de los grandes vasos arteriales, como es la aorta”, sostuvo.

“Eso es una ejecución. Si te disparan en la cabeza, o justamente en el pecho por donde pasa la aorta, es una muerte segura”, expresó un médico residente del Hospital Periférico de Catia, quien prefirió no ser identificado.

Agregó que las zonas blandas del abdomen, cabeza y tórax son muy vulnerables. “Hay muy pocas probabilidades de supervivencias, sobre todo, si la persona no es trasladada de inmediato a una emergencia”, señaló.

No todos los familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones a manos de las FAES tienen acceso a los informes médico legales, donde se determina la hora de muerte. Entre los pocos que hacen buen uso del dato están los familiares y abogados de Fernando Lira y Eligio Duarte, asesinados por funcionarios del cuerpo élite de la PNB, la tarde del 6 de marzo, en Guarenas. En el informe médico legal (la autopsia) de Fernando Lira, se estableció que el hombre falleció 20 segundos después de ser impactado por una bala en su pecho.

“Lira falleció en menos de 20 segundos producto de los impactos de bala en el pecho. A ambos se les colocó que fallecieron por el shock hipovolémico causado por el impacto de un proyectil en el tórax, está en el expediente. En otras palabras, lo ejecutaron”, enfatizó el abogado Alexis Lira, hermano de la víctima.

 

 

En 20 segundos

Los médicos consultados coincidieron que el impacto de una bala en regiones del cuerpo dónde hay grandes vasos sanguíneos, el tiempo de muerte es menor a 20 segundos. “Dependiendo de la presión sanguínea, una persona promedio se puede desangrar en menos de 20 segundos, si no se les realiza los primero auxilios de inmediato. Esta atención tiene que ser oportuna”, sostuvo.

Los expertos enfatizaron que los primeros auxilios tienen que ser practicados oportunamente. Que es necesario presionar donde está la herida para mitigar el bombeo masivo de sangre y, obviamente, trasladar al herido de forma expedita al hospital más cercano. “Si no se atiende a una persona a tiempo, no habrá ninguna respuesta”, sostuvo el cardiólogo consultado.

En entrevistas realizadas a víctimas sobrevivientes de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la mayoría coincide en señalar que sus allegados fueron llevados a hospitales distantes del sector donde ocurrieron los hechos. Si son heridos en Petare, en vez de trasladarlo al hospital Domingo Luciani, son llevados al hospital Pérez Carreño, y viceversa.

En 100 Sentencias de Muerte, investigación realizada por Proiuris, se determinó que la intención de los funcionarios policiales es no dejar sobrevivientes. “En el análisis de 100 minutas realizado por Proiuris destaca la relación en términos de mortalidad entre presuntos delincuentes asesinados y policías y militares es 171 a 0”, se lee en el trabajo.

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado están obligados por la ley a prestar primeros auxilios a los heridos y a procurar una atención más integral posible y sin demora. Sin embargo, en casi todos los casos las víctimas son ingresadas a los hospitales sin signos vitales.

La policía usa el traslado como una forma de justificar que “realizaron” los primero auxilios con el fin de salvar la vida de la víctima. “…se intentaron realizar la imperiosa labor de prestarle primeros auxilios trasladando al herido a un hospital, pero quedó sin signos vitales al llegar al hospital (SIC)”, se lee en las minutas policiales.

Para los deudos la intención no es salvar sino asesinar, como fue el caso de Jesús Gabriel González, de 21 años de edad, y de Henry Antonio López, de 25 años, ejecutados la mañana del martes 12 de agosto, en la pensión Manzana de Oro, ubicada en la esquina Aguacaticos de la parroquia San Juan.

“Se escuchaba como los oficiales decían que uno, Jesús, no se moría y que tenía que fallecer en menos de 30 segundos, por eso le dispararon en la cabeza”, aseguró uno de sus familiares para la entrevista realizada dos días después de la muerte de los jóvenes; también enfatizó que González y López, efectivamente, fueron llevados al hospital Pérez Carreño, luego fallecer en la pensión donde fueron ejecutados.

#MonitorDeVíctimas | Las FAES suman niños huérfanos a su prontuario
Viana Rangel asumió la tarea de limpiar la memoria de su hermano Víctor Alejandro Rangel Maita, quien el 13 de mayo de 2019, a 16 días de haberse convertido en padre, habría sido ejecutado por funcionarios de cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana

Reporte Especial Proiuris

TRANSCURRIDO UN MES, EL DUELO QUE TODAVÍA ATURDE a la familia impidió cualquier tipo de celebración por el Día del Padre. El 13 de mayo de 2019, 16 días después del nacimiento de su primer hijo, Víctor Alejandro Rangel Maita, de 32 años de edad,  fue asesinado en medio de una razzia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, en la calle 17 de Los Jardines de El Valle.

La orfandad del muchachito podría quedar, literalmente, sellada en su identidad. Los familiares del fallecido aseguran que los funcionarios de las FAES no les devolvieron la cédula laminada de Rangel Maita y que ahora tienen mucha dificultad para registrar el nacimiento del niño. “Mi hermano nunca pudo presentarlo, porque cuando nació el bebé (el 28 de abril de 2019), hubo una protesta frente a la Maternidad (Concepción Palacios). Luego de eso, estuvo haciendo los trámites para obtener la partida de nacimiento, pero no alcanzó a hacerlo”, señaló Viana Rangel.

Los deudos también tienen que lidiar con la versión oficial que se divulgó por varios medios de comunicación sobre lo ocurrido en las Residencia Fenade, aproximadamente a las 9:00 am de aquel 13 de mayo: “Efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB realizaron un dispositivo de saturación y contención de área en la avenida intercomunal de El Valle, con la finalidad de dar captura a integrantes de una banda delictiva que tiene azotada a la comunidad. Sostuvieron un enfrentamiento con varios delincuentes. Los antisociales neutralizados quedaron identificados como Ángel Gabriel Santaella Hernández, Víctor Alejandro Rangel Maita y Jorge Luis Malavé, integrantes de la peligrosa banda “El Brayan”,; a quienes se le incautaron en el lugar del hecho tres armas de fuego. El funcionario herido fue atendido, se encuentra estable de salud y ya fue dado de alta”.

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 “No sabemos qué pasó adentro de ese edificio. Uno de los vecinos dice que mi hermano estaba subiendo las escaleras cuando llegaron los oficiales. Otros dicen que lo agarraron y lo metieron en un apartamento. Yo puedo asegurar que no tenía pistola ni pertenecía a una banda delictiva”, enfatizó la hermana.

Como las autoridades insisten en que Rangel Maita abrió fuegos contra los funcionarios de las FAES, la familia también tiene que lidiar con la escasa posibilidad de que el Ministerio Público realice una investigación eficiente del caso a efectos de determinar, como presumen, que la muerte de Víctor Alejandro Rangel Maita corresponde a una ejecución extrajudicial.

Viana Rangel extraña a su padre, Hugo Rangel, que fue funcionario de la extinta Policía Metropolitana y murió hace dos años: “Mi papá, que era policía, nunca habría podido imaginar que otro policía le matara a un hijo”.

 

 

De la búsqueda a la denuncia

Juliza Ramos esperaba que Víctor Alejandro, su primer novio de la adolescencia y ahora su esposo, regresara a la casa donde ambos residían, en Las Casitas de La Vega. Le dejó muchos mensajes: “Víctor contesta” “Estoy preocupada ¿Dónde estás?”.

Desesperada, a las 9:00 pm, llamó por teléfono a su cuñada. “En ese momento me asusté. Presentía que a Víctor le había pasado algo”, indicó Viana Rangel. Al día siguiente, la familia comenzó a preocuparse aún más, cuando se enteraron de que funcionarios de las FAES ejecutaron un “operativo” en El Valle, precisamente en el sector Los Jardines, donde está ubicada la charcutería en la que Víctor Alejandro trabaja desde hacía cinco años.

Recorrieron puestos policiales y hospitales.  “Cuando mi otro hermano llegó al hospital Pérez Carreño, le informaron que Víctor fue ingresado sin vida por funcionarios de las FAES. De allí nos fuimos a la morgue”, relató.

Rangel Maita fue herido por una bala en el tórax. En el acta de defunción se reseñó como causa de muerte un shock hipovolémico por el impacto de una bala en el tórax.

El martes 14 de mayo, en la comandancia central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, Viana formalizó la denuncia contra los funcionarios de las FAES y se disponía a completar trámites para que le entregaran el cuerpo de su hermano. “Allí me dijeron que otra supuesta hermana de Víctor ya había hecho las diligencias. Estaba muy molesta. Soy la única hermana de Víctor, hasta donde tengo conocimiento. No me querían tomar la denuncia; es más, creo que pretendían que les pagara algo, no sé. Al final, luego de pelear con los funcionarios, me dieron mi papel para retirar el cadáver de mi hermano”, sostuvo.

En el Cicpc persistían en la tesis del enfrentamiento. Sin embargo, Viana junto con sus hermanos, la desmentían. “Pregunté por la cédula de mi hermano. Nadie sabe qué se hizo. Es más, los funcionarios tampoco me dijeron qué hacer para conseguirla. Su identificación, así como todas sus cosas, desparecieron”, sostuvo.

El estigma de los antecedentes

Dos años antes de ser asesinado, Víctor Alejandro Rangel Maita había sido detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Estuvo dos días desaparecido. Al tercer día, luego de que sus familiares realizaran una angustiosa búsqueda en hospitales, puestos policiales y en la morgue, el hombre llegó vivo a su casa… pero muy asustado.

Para reconstruir aquel primer encontronazo de su hermano con la PNB, Viana recreó el diálogo que tuvo con Víctor Alejandro.

—De broma de mataron, dijo Víctor.

— ¿Pero qué pasó? ¿Te detuvieron? ¿Por qué? ¿Hiciste algo?, le preguntó Viana.

—Fue la PNB. Como vieron que tenía antecedentes, me agarraron en una alcabala. Me pusieron una capucha y comenzaron a preguntarme si yo había secuestrado a alguien. Negué todo. Me ponían la pistola en la sien— relataba Víctor simulaba el movimiento del funcionario que lo habría sometido— Así me mantuvieron dos días, dentro de un carro. Me ruletearon por una zona que nunca pude identificar. Me decían que me iban a matar. Una de las funcionarias me dijo: di tus últimas palabras. Solo les respondí: si me van a matar, háganlo ya.

La historia concluyó con el abandono de Víctor Alejandro en unos matorrales por  Caricuao, luego de que los funcionarios se percataran de que lo habían confundido con otra persona. Según su hermana, le pidieron que no volteara hasta que ellos se fueran: “A mi hermano casi lo matan en esa oportunidad. Se salvó gracias a la obra de Dios. Pero quedó muy asustado”. 

La muerte de Víctor aún no está siendo investigada por funcionarios del Ministerio Público | Foto: Alan Márquez

 

Hace 13 años, Víctor Alejandro, de 18 años de edad para ese entonces, fue detenido por funcionarios de la Policía Municipal de Vargas, por su participación en un robo, junto con otras tres personas.

Inicialmente lo condenaron a 9 años de prisión, pero al final lograron una reducción de la pena a 4 años y medio. “Víctor estuvo preso un año en la Planta (El Paraíso), luego le dieron libertad condicional. Permaneció bajo régimen de presentación durante los tres años restantes de su condena. Cumplió la condena que le impusieron, pero nunca lo sacaron del Sistema de Información Policial (Sipol). Aun cargaba con esa cruz”, dijo su hermana.

No solo los adultos de la familia sufren por la muerte de Rangel Maita. Uno de sus sobrinos, de diez años de edad, lo extraña mucho: “A veces me pongo triste, incluso lloro. Pero sé que está en un mejor lugar”, dijo mientras jugaba con un carrito.

#Monitor de Víctimas. Antes de dispararle a la cabeza, el agente de las FAES le dijo: “tú no eres familia mía”
Nereida Parra relató el ensañamiento de los agentes del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana contra su hijo durante un procedimiento ejecutado el 20 de marzo en el sector Los Jabillos de Mariche, donde también asesinaron a su yerno

 

@erickgncal

“¡NO ME MATES QUE TENGO UN HIJO!”. La súplica de Jonathan Eduardo Gil Parra, de 27 años de edad, no detuvo al funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) que le disparó en la cabeza. Algunos de los familiares también fueron atropellados y oyeron los ruegos antes de los disparos.

Fue un doble homicidio. Gil Parra fue ejecutado junto a su cuñado, Manuel José Martínez, de 21 años de edad, a las 3:30 pm del miércoles 20 de marzo, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que esta vez actuaron junto con agentes de la Policía del Estado Miranda y de la Policía Municipal de Santa Lucía, allanaron la residencia donde vivían ambos, en el barrio Mano Amiga del sector Los Jabillos, en Mariches.

En el informe de autopsia de Gil se registró la causa de la muerte en los siguientes términos: “traumatismo cráneoencefálico, severa ruptura del cráneo, paso de proyectil único disparado por arma de fuego a la cabeza”.

La madre del fallecido, Nereida Parra, confirmó que al joven le dispararon en la cabeza, así como en otras partes del cuerpo y que falleció en su casa. “Antes de dispararle uno de los FAES le dijo: tú no eres familia mía”, aseguró Parra.

Nereida Parra recordó que estaba en su lugar trabajo cuando recibió la llamada de sus vecinos: “Se te metieron en la casa, Nereida”.

En el certificado de defunción de Gil Parra se registró que la causa de muerte fue por un disparo en la cabeza | Foto: Erick S. González

“No tocaron la puerta, sino la tumbaron. Encerraron a los niños en el baño. Cuando llegue todo había pasado. Mi hija y los niños seguían aterrorizados y me faltaba un hijo”, señaló Parra.

No fue hasta el sábado 23 de marzo, tres días después del hecho, que en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicado en Bello Monte,  entregaron los dos cadáveres a sus familiares.

Los policías que mataron a estos dos hombres señalaron que ambos estaban involucrados en un robo ocurrido en Guarenas. Como suele suceder en este tipo de procedimientos, aseguraron que abrieron fuego contra los policías. De esa manera y siguiendo un patrón habitual, el homicidio sería registrado como un caso de “resistencia a la autoridad”.

En Mariches, las muertes a manos de las FAES se han vuelto un asunto cotidiano. Cinco días antes de este doble homicidio, el cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mató a Ángel Javier Pereida Hernández, de 23 años de edad, a las 7:00 am del viernes 15 de marzo. Cuatro disparos cegaron la vida de este obrero y padre de un bebé de un año de edad.

Para Nereida, que estigmatizaran a su hijo como un delincuente, le hiere tanto como la vil forma en que lo mataron. “No era ningún delincuente. Nunca tuvo antecedentes penales. Trabajaba como mototaxista. No sé por qué inventaron tantas barbaridades sobre mi hijo”, sostuvo.

“Mi hijo estaba durmiendo con su bebé, mientras que mi yerno con su hija pequeña. Ambos habían llegado del trabajo a las 12:00 del mediodía. Mi hija, que está embarazada, estaba en la casa. Los tres almorzaron y comenzaron una siesta a las 2:30 pm. A ellos los despertaron los policías. No hubo el enfrentamiento que tanto dicen”, señaló Parra.

La mujer denunció que los funcionarios irrumpieron violentamente en su casa y que su hija embarazada fue golpeada por una funcionaria de las FAES, que la obligó a mantenerse encerrada en el baño. Desde allí, la joven pudo escuchar cómo los funcionarios de las FAES interrogaban, maltrataban y, posteriormente, asesinaron a Jonathan Gil y Manuel Martínez. “Antes de irse se robaron la poca comida que teníamos”, dijo Nereida Parra.

Lo último que escucharon fueron unos disparos al aire. Los familiares no se explican por qué los cuerpos de ambos hombres fueron trasladados al hospital Domingo Luciani. “Ya no había nada que hacer, ya estaban muertos; mi hijo con un tiro de gracia en la cabeza”, refutó la mujer.

La tragedia que relata Nereida Parra no acaba con la brutalidad de las FAES: “Ahora en mi familia hay dos mujeres solas, dos niños huérfanos y uno que y nacerá sin padre”.

El día que las FAES mató a 9 personas y trató de ocultarlo
El 18 de febrero de 2019, el grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana ejecutó razzias policiales en siete barrios de Caracas, pero solo reportaron un procedimiento. Los familiares aseguraron que las algunas de las víctimas fueron asesinadas de varios impactos de balas, pero en todos los casos se reseñó un disparo mortal y una misma causa de muerte de forma genérica

 

LA MAÑANA DEL 19 DE FEBRERO de 2019 decenas de familiares se agolparon en la morgue de Bello Monte para dar testimonio de la brutal actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana el día anterior. En menos de 24 horas, durante razzias  realizadas en varios barrios de Caracas, el grupo élite de la PNB habría acabado con la vida de nueve personas.

Esta vez, las FAES solo reportaron un procedimiento: el caso de Deivis Ramsés Brito, a quien estigmatizaron como un delincuente apodado “el chino”, quien habría muerto por “resistencia a la autoridad” en un operativo realizado en San Agustín del Sur. Una vez más se usó el eufemismo “neutralizado” que pudiera enmascarar una ejecución extrajudicial.

Las irrupciones de las FAES en El Junquito, Petare, Mariche, Carapita, Las Mayas y Los Jardines de El Valle el lunes 18 de febrero no fueron informados, ni por reportes policiales ni por notas de prensa.

Frente al intento de invisibilidad la brutalidad policial, los familiares aportaron información sobre irregularidades y contradicciones en las informes de autopsias y certificados de defunción, las cuales indican que las FAES también se esfuerzan por mantener la impunidad de los excesos que se les atribuyen.

Además de Deivis Ramsés Brito, fueron asesinados Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años de edad; Michael José Atencio López, de 22 años; Yorman Allende Figueroa, de 22 años; Samuel Velazco de 31 años; Wilkis Alberto Sevilla Milia, de 34 años; Richard Gerardo Avilán Campos, de 26 años; Alí Antonio Carrillo Linares, de 26 años, y Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años de edad.

Todos los certificados de defunción reseñan como causa de muerte “shock hipovolémico, hemorragia interna, causada por arma de fuego por el imparto de un único proyectil”. No obstante, familiares de las víctimas aseguran que los cadáveres de sus allegados tenían más de dos impactos de balas.

 

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En los certificados de defunción de ocho de las víctimas les colocaron la misma causa de muerte | Foto: Erick González 

Otro hijo asesinado

Milagros López estaba atribulada por la muerte de su hijo mayor Michael José Atencio López, de 22 años. Junto a sus demás familiares, llenaba la planilla que le dieron los funcionarios de la morgue para retirar el cadáver del joven asesinado por las FAES.

Lloraba en cada intento de precisar lo que ocurrió la mañana del lunes, en el sector Las Terrazas, de la parte alta de Los Jardines de El Valle. Relató que los oficiales llegaron a su casa a las 9:00 am, minutos después de que ella saliera a trabajar. “Mi hijo estaba durmiendo en su cuarto, todavía estaba en bóxer cuando llegaron los policías. En la casa estaban sus tres hermanos menores de 12, 14 y 18 años. A todos los sacaron y dejaron a mi hijo en la cama, allí lo mataron”, aseguró la madre.

Contó que ella no estaba en la casa y regresó tan pronto le avisaron de la incursión de las FAES. Pero, para entonces, ya el cadáver de su hijo lo habían trasladado al hospital Periférico de Catia. “Llegue y le pedí a los policías que me dejaran pasar y buscar a mi muchacho, pero uno salió y me dijo que lo fuera a buscar al Periférico de Catia, que todavía estaba herido. No era así, cuando fuimos a ese hospital nos dijeron que llegó sin vida” narró.

El joven, que trabajaba como carretillero en el mercado municipal de Coche, fue el segundo miembro de la familia en fallecer a manos de las FAES, el primero fue su cuñado, Luismar Sánchez Bermudes, de 18 años, a quien asesinaron siete meses antes, en similares circunstancias.

En el acta de defunción se escribió como causa de muerte: shock hipovolémico por arma de fuego causado por el imparto de un único proyectil. Pero sus familiares aseguran que el hombre fue asesinado por el impacto de tres balas, todas en el tórax. “Ahora mi nieto está huérfano de padre. ¿Para qué voy a denunciar, si no me van a devolver a mi hijo?”, dijo Milagros López.

En el informe de autopsia, los médicos forenses tampoco describieron que Michael tenía tres disparos en su cuerpo | Foto: Erick S. González 

“Mi muchacho me pedía ayuda, pero no pude evitar que lo mataran”

Familiares de Yorman Allende Figueroa, de 22 años de edad, tampoco dudaron en señalar a las FAES como responsables del asesinato del joven, cometido durante un operativo en el sector Santa Ana de Carapita. Su madre, que prefirió no ser identificada por miedo a represalias, relató que cuando llegaron los funcionarios la sacaron de la casa, pero aun así escuchaba los gritos de su hijo que pedía ayuda.

“Me sacaron a mí y a los demás de la casa. Escuchaba como mi muchacho me pedía ayuda, pero no pude evitar que lo mataran”, relató la mujer, quien no quiso detallar más sobre los hechos.

Dijo que hace un año, su hijo junto a un primo fueron detenidos por la presunta posesión de un arma de fuego, pero fueron liberados ese mismo día. “No pensé que la última vez que lo vería sería muerto”, lamentó.

Tanto Michael como Yorman cumplen con el perfil de víctima de las FAES en sus operativos. Los dos son jóvenes de una zona popular de la ciudad. Según datos de Amnistía Internacional, Provea y del Monitor de Víctimas, los oficiales perfeccionaron sus sistemas de represión y ejecución de ciudadanos en los últimos años, siendo las principales víctimas los jóvenes entre 17 y 30 años de edad.

Familiares detenidos durante 3 horas

En la morgue de Bello Monte también estaba la familia de Yeiberson Fabian Molina Casto, de 18 años, para consignar la denuncia hecha ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) por el asesinato del joven.

Como si no fuera suficiente el dolor por el crimen que habrían cometidos las FAES, tuvieron que soportar la “vigilancia” de los funcionarios de la medicatura forense para que no hablaran con ningún periodista. Aun así, Marcier Molina, padre del fallecido, comenzó a relatar los hechos que llevaron a la muerte del joven.

“Como a las 6:00 am llegaron los funcionarios de las FAES. Allí sacaron a todos a la calle y se los llevaron detenidos. Solo quedó mi hijo”, explicó el padre.

Comentó que la abuela de Yeiberson, su tío, su novia y su hijo de 9 meses de edad estuvieron detenidos por tres horas en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana de San Bernandino. El joven de 18 años quedó solo en su casa ubicada en el barrio Bicentenario, en el kilómetro 7 de El Junquito. “Lo mataron dentro de su propio hogar”, afirmó.

Sus allegados continuaron el relato, tras ser interrumpidos por el funcionario de la morgue. “Cuando vimos que estaban en la casa fuimos a averiguar qué estaba pasando. A los demás se los habían llevado detenidos, pero pude ver a Yeiberson. Estaba en bóxer y vivo. Luego se escucharon los disparos”, precisó otro de los familiares, que prefirió no decir su nombre.

Detalló que los funcionarios policiales, en actitud hostil, le dijeron que se alejara de la casa, porque las personas que vivían allí estaban detenidas en San Bernandino. “Me dijeron que al muchacho se lo llevaron al hospital de Los Magallanes herido. Supuestamente porque se enfrentó a los del FAES, pero eso no es verdad”.

El padre de la víctima agregó que los funcionarios policiales aseguraron que su hijo tenía antecedentes penales y por eso fue que llegaron hasta la casa. “Mi hijo sí estuvo detenido por presunta posesión de drogas en noviembre, pero, al momento que fue presentado en el Tribunal 41° de Control , la jueza se dio cuenta que a él lo sembraron los funcionarios del FAES que se lo llevaron preso. Eso ocurrió el 5 de noviembre de 2018. A mi hijo le dieron libertad plena”, sostuvo.

50 dólares por los daños sufridos

Funcionarios de las FAES irrumpieron en la casa de Teófilo Antonio Boza Bozo, de 36 años, a las 4:00 am del lunes 18 de febrero, durante un operativo realizado en el sector Niño Jesús, del kilómetro 3 de El Junquito.

En la vivienda había cinco mujeres y nueve niños y niñas, uno de ellos con una discapacidad motora. A Boza, informaron sus familiares, le dispararon en el segundo piso de su hogar, mientras los menores de edad y sus demás familiares lo escuchaban.

Sus familiares aún recuerdan los gritos de Teófilo antes de que fuera asesinado. “Vieja, Vieja, me están matando”, gritaba el hombre, mientras era sometido por los funcionarios de las FAES. En el primer piso de la casa, su madre escuchaba cómo su hijo le pedía auxilio. “Ella comenzó a gritar que no lo mataran, que si querían se lo llevaran preso. Pero igual le dispararon”, relató la esposa del fallecido, Juliana Padunis.  “Lo que me duele es que mis hijos no verán más a su padre”, expresó la mujer.

 

A Teófilo le dispararon cuatro veces los funcionarios de las FAES, en el certificado de defunción no lo escribieron | Foto: Erick González

Describió que pudo ver por una rejilla de la casa a los funcionarios que se bajaron de tres patrullas negras y dos carros Chevrolet Aveo, uno negro y otro gris, todos con las insignias de las FAES. “El niño que tiene discapacidad comenzó a convulsionar. No teníamos sus medicinas a la mano y los oficiales tampoco hicieron nada. Es más, solo robaron, mientras nos mantenían detenidos por horas y horas”, recordó.

A la 1:00 pm los funcionarios se fueron. Horas antes sacaron a Teófilo envuelto en una sábana de su cuarto. Le dispararon cuatro veces en el pecho, aseguran los testigos. Su cadáver fue trasladado hasta el hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes.

Al igual que Michael, en el certificado de defunción  se colocó que la causa de muerte se debió a una sola herida de bala. “A todos les pusieron lo mismo. Son malvados”, expresó. Una una vecina agregó que le pusieron un arma de fuego al cadáver de Teófilo y le hicieron dispararla para dejar sus huellas dactilares.

Denuncian que de la casa de Teófilo se llevaron varias pertenencias, entre eso, 130 dólares en efectivo. “Cuando fuimos a la comandancia de Maripérez (antigua sede de la Policía Metropolitana) para reclamar sobre el robo y el abuso, uno de los oficiales salió y nos dio 50 dólares ‘en compensación por los daños’ nos dijo. ¿Acaso eso me iba a devolver a mi esposo?”, señaló la esposa del muchacho.

“O caminas o te mato frente a tus hijos”

Richard Avilán Gerardo Campos y Alí Antonio Carrillo, ambos con 26 años de edad, murieron en la misma casa a manos de las FAES, en Las Mayas, aseguraron sus deudos.

A las 7:00 am del lunes, los funcionarios allanaron la residencia y sacaron a la familia de Carrillo, mientras sometían a los dos jóvenes. Ambos recibieron más de dos impactos de balas.

A la espera de los demás familiares de Richard, estaba Gerliani León, su pareja, sentada afuera de las instalaciones de la morgue de Bello Monte. Relató que Richard estaba en casa de Alí cuando llegaron los funcionarios de las FAES porque ambos irían juntos a trabajar al Mercado Municipal de Coche.

“Me quedé en mi casa. Esa mañana me llamaron diciendo que las FAES se habían metido en el sector y que estaban en la casa de Alí. Me alerté, como pude bajé, pero ya era tarde. A mi esposo lo habían matado”, relató la joven.

Ambos cadáveres fueron trasladados hasta el hospital Pérez Carreño sin signos vitales. Richard tenía dos impactos de bala en el pecho.

Los familiares de Alí completaron el relato de Gerliani. Según narraron, los oficiales sometieron a ambos jóvenes, pero a Carrillo comenzaron a interrogarlo por algunas personas de la zona. “A él lo arrodillaron y comenzaron a golpearlo. Luego con cada pregunta se volvían más violentos. Primero le dispararon en una pierna y así continuaron. Todo esto frente a sus hijos”, señaló Walker Balsa, cuñado de la víctima.

“O caminas o te mato frente a tus hijos”, le dijo uno de los funcionarios que lo obligó a irse hasta el cuarto. Allí lo mataron, aseguró Balsa y destacó que después del doble homicidio, funcionarios de las FAES limpiaron la sangre de los cuartos y sala con un balde de agua, sacaron todos los cartuchos que quedaron en el suelo y en el techo.  “Ellos se montaron hasta en el techo buscando los cartuchos y balas”, agregó el cuñado.

Al igual que en los casos anteriores, en el informe de autopsia no documentaron que tenía tres disparos en ambas piernas y en el pecho. “Cuando llegue aquí me quede sorprendida por la cantidad de familias que también vinieron a retirar a sus familiares por las FAES”, dijo el hombre.

 

Los certificados de defunción no coinciden con las declaraciones de los familiares de las víctimas | Foto: Erick S. González 

Carrillo era obrero y tenía seis hijos. No tenía antecedentes penales a diferencia de Richard, quien estuvo preso hace un año y cinco meses por hurto y robo a mano armada.

“Richard ya había pagado su condena y fue puesto en libertad con órdenes de presentaciones mensuales. Ya estaba a punto de terminar ese proceso, solo le faltaba la boleta de los tribunales. Él se reformó y comenzó a trabajar, más bien incitaba a sus amigos hacer lo mismo. No funcionó”, sostuvo Gerliani.

Ambas familias tienen la intención de denunciar lo sucedido ante el Ministerio Público, aunque coinciden que es poco probable que les den justicia a los asesinos de ambos jóvenes. “Queremos denunciar, pero sabemos que no van a hacer nada”, dijo Gerliani. 

Habían denunciado el acoso, pero nunca  fueron protegidos

Emelis González y Joanna Solórzano también tuvieron que ir a la morgue de Bello Monte la mañana del 19 de febrero. Venían del sector Indios de Mariche, Petare, para reclamar los cuerpos de sus esposos: Samuel Velazco, de 31 años de edad y Wilkis Alberto Sevilla Miller, de 34 años de edad, ambos asesinados en la madrugada, presuntamente por las FAES.

Emelis inició la conversación. Detalló que ella estaba en la casa de su mamá porque tuvo una discusión con Samuel, razón por la que él se encontraba solo en su casa cuando los funcionarios llegaron al sector. “Como a las 3:00 am comenzaron el allanamiento. Estaba a tres casas, aterrada, porque no sabía que sucedía; mucho menos que habían ido a la mía, hasta que una vecina me aviso. Salí corriendo, pero los policías no me dejaban pasar. El funcionario me dijo: “Te voy a pegar un tiro si no te vas”, relató. Sin embargo, ella se escondió cerca de la casa donde tenían a Samuel.

González detalló que pudo ver, a través de una rejilla,  cómo golpeaban a su esposo. Dijo que Samuel no tenía camisa y los funcionarios lo mandaron a vestirse. Minutos después, lo sacaron a un callejón, cercano a su casa. Emelis escuchó disparos.

Los funcionarios que permanecieron en la casa comenzaron a hurtar las pertenencias de ambos fallecidos. “De mi casa se llevaron hasta una mezcladora, que le pertenece a un amigo de mi esposo”, recuerda Emelis.

En el mismo callejón mataron a Wilkis Alberto. Su pareja, Joanna, narró que los oficiales de las FAES entraron a la casa dándole golpes con mandarrias a la puerta. Ella y su esposo dormían.

“Tumbaron la puerta y entraron muy agresivos. No me hicieron nada a mí ni a mi hijo, pero si nos trataron mal. Nos obligaron a meternos en un baño, mientras que a mi esposo le ordenaban que se vistiera y se pusiera zapatos. Lo sacaron y lo mataron en el callejón”, relató Joanna.

Wilkis y Samuel recibieron un disparo en el tórax. Ambos fueron llevados al hospital Domingo Luciani, de Petare, sin signos vitales.

Hace cinco meses, funcionarios de las FAES le advirtieron a Emelis que iban a matar a su esposo. Del mismo modo habrían procedido con otros habitantes del sector. Ante la amenaza, varios vecinos denunciaron el acoso. Emelis fue una de ellas. A pesar de que consignó la denuncia ante el Ministerio Público, González no recibió respuesta. “Me mandaron a ir hasta El Helicoide, para que denunciara allí también, pero a mí me dio miedo. Cuando me acerqué al sitio, una persona me advirtió que no lo hiciera, porque me podría ir peor, por eso me devolví”, señaló.

 

#MonitordeVíctimas | Con cinco asesinatos en Las Mayas, las FAES suman una masacre a su prontuario
La mañana del viernes 8 de febrero, funcionarios de las FAES realizaron un “operativo” en el sector Felipe Acosta Carlez en busca de los homicidas  del agente de la PNB, Carlos Moya. La razzia causó otros cinco asesinatos, entre ellos, el de Noelkis Ramírez, una joven que estaba a punto de irse del país con sus dos hijos pequeños

MUERTE, MIEDO Y ORFANDAD. Eso fue lo que dejaron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Las Mayas. Por temor a represalias, los vecinos esquivan las preguntas sobre los hechos ocurridos el viernes 8 de febrero, cuando las FAES peinaron el barrio para vengar el homicidio de uno de sus compañeros de la Policía Nacional Bolivariana. Solo los familiares y allegados de Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad, una de las cinco personas que habrían sido asesinadas durante el operativo policial, se atreven a hablar de la masacre.

Su tío, Rafael Rojas, describe a Noelkis como una persona amable, pero de personalidad fuerte. Detalló que usaba ropa holgada y deportiva con logos de equipos de baloncesto. “A mí sobrina la confundieron con un muchacho y por eso le dispararon en el pecho”, detalló Rojas, la mañana del lunes 11 de febrero, tres días después del incidente.

A las 9:30 am, funcionarios de las FAES llegaron al sector Felipe Acosta Carlez de Las Mayas en busca de los que habrían asesinado al agente de la PNB Carlos Moya, en medio de un robo cometido en una camioneta de transporte público.

Según testigos y familiares de las víctimas, antes del mediodía otros cuatro jóvenes del sector habían sido asesinados: José Arteaga, de 18 años de edad; David Arteaga, de 21; José Moisés flores Espinoza, de 19; y Vicente Ramírez, de 22 años de edad. La quinta fue Noelkis. No hubo reportes policiales de ninguna de estas cinco muertes y los datos de las víctimas se obtuvieron extraoficialmente, a través de familiares en la morgue de Bello Monte.

Cuando Noelkis salió de su residencia se encontró con el despliegue de las FAES en la calle.  “Le gritaron y luego de dispararon. Cuando se acercaron a verla, se dieron cuenta de que era una mujer y no un chamo, como pensaron. La metieron en una pick up y se fueron. No supimos nada de ella hasta las 12:00 m, cuando nos enteramos que la llevaron al Pérez Carreño. Llegó sin vida. Así me lo contaron”, informó su tío.

Según el informe de la autopsia Noelkis recibió un disparo en el tórax. Su familia no supo si tuvo alguna otra herida. “No sabíamos que iba  a hacer esa mañana. Tal vez iba al mercado, o hablar con un amigo, quién sabe. Lo que sí sé es que sus dos hijos estaban en el preescolar”, señaló Rojas.

Uno de los amigos de Noelkis, Carlos Herazo, relató que cuando le informaron sobre su muerte no lo creyó.  “De verdad, esa muchacha no se metía con nadie. Era una chama sana. Su vida eran sus hijos y su familia. Era muy agradable”, relató.

“Sabemos que fue la policía. Pero nadie habló de lo que ocurrió, solo la familia. Los vecinos no quieren decir que pasó”, asegura Herazo.

Según datos de Monitor de Víctimas, los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales tienen como principal “objetivo” a jóvenes entre 16 y 25 años de edad, que viven en zonas o sectores populares. Asimismo, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos evidenció que en 2018, de las 205 víctimas contabilizadas, 95,56% eran hombres.

Con planes de emigrar

Entre los planes de Noelkis estaba emigrar del país por la emergencia humanitaria compleja. Su madre, Karoliney Junielkis Blanco, quien vive en Panamá desde hace dos años, le había comprado el pasaje para que abordara el avión el 20 de febrero para reunirse con ella.

Rojas explicó que su sobrina era ama de casa y vivía con la remesa que le mandaba su madre desde Panamá. “Hasta no hace mucho decidió irse del país con sus hijos. Ya tenía el pasaje. Le pasó como a muchas personas que piensan irse. La matan antes de montarse en un avión”, expresó.

Noelkis vivía con sus dos hijos y una prima en un apartamento de la Misión Vivienda que le había sido adjudicado a su abuela materna. Había cursado hasta octavo grado de bachillerato. Esperaba conseguir un empleo en el exterior.

“Esto es injusto,  no debieron matarla. Uno no puede morir así. La conocí desde pequeña, su abuela y yo éramos amigas, por lo que siempre estuve cerca de su familia. Ella era una muchachita agradable, amable y feliz. Qué lástima que la asesinaran tan vilmente”, sostuvo una allegada a la familia de Noelkis, quien pidió no revelar su nombre por temor a represalias.

Al día siguiente de la muerte de Noelkis, su tío Rafael, cumplió 42 años. “Que espantoso regalo me dieron en mi cumpleaños —expresó el pariente — Este hecho no lo vamos a dejar impune. Vamos a denunciar esto a la Fiscalía”. Pero dice ser consciente de que tendrán que recorrer un largo camino antes de obtener la justicia que exigen.

Otro policía muerto, más víctimas

A las 10:30 am del viernes 8 de febrero, el reporte de la muerte de que un funcionario de la PNB comenzó a ser trasmitido por los radios y redes de policías. El oficial Luis Bravo Reyes, de 27 años, fue asesinado tras recibir un disparo y tres puñaladas. Y ello implicó que arreciara la arremetrida de las FAES en Las Mayas.

Mientras vendía pan en la calle 18 de los Jardines de El Valle, Vicente Ramírez Urdaneta, de 22 años de edad, fue detenido por agentes de las FAES y llevado hasta un apartamento en las residencias de Las Mayas, donde fue asesinado, aseguraron sus familiares.

Su esposa, Belín Urdaneta, informó que Vicente no vivía en el sector, sino que era uno de sus puntos de trabajo como vendedor ambulante. Vivía en Charallave junto a sus dos hijos, su hermana menor y su esposa.

Dos primos, José Arteaga,  de 18 años de edad, y David Arteaga, de 21, también fueron víctimas de las FAES, aquella mañana del viernes, en Las Mayas. Sus familiares denunciaron que trabajaban en una cementera en Turmerito, frente a Fuerte Tiuna.

Ambos fueron arrestados por funcionarios de las FAES. Sus familiares los buscaron en diferentes hospitales, hasta que la mañana del sábado 9 de febrero, hallaron los cadáveres en el hospital Pérez Carreño. “Me dijeron que ellos se enfrentaron contra los funcionarios en un sector de Las Mayas. No creo esa versión”, explicó uno de sus allegados, quien prefirió no dar su nombre.

A José Moisés Flores Espinoza, de 19 años, lo obligaron a arrodillarse frente a su casa antes de recibir un disparo en la cabeza por parte de los funcionarios de las FAES. Según el relato de sus familiares, quienes pidieron no se revelara su identidad, los oficiales ingresaron a la vivienda y lo sacaron al callejón frente a su casa en el sector Los Ranchos de Las Mayas.

“La pared todavía tiene la marca con su sangre. Él vivía en Los Valles del Tuy, solo se quedaba en la semana porque tenía que trabajar en el mercado de Coche. No era ningún delincuente. Su único problema fue tener malas juntas”, indicó uno de sus allegados.

 

#MonitorDeVíctimas | “Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”

PARA LLEGAR A LA CASA DE LA FAMILIA JAJOY hay que atravesar a pie la mitad del barrio El Amparo. En voz baja, los vecinos advierten que los “colectivos” están atentos a la presencia de cualquier extraño. Pero el dolor de los familiares de Stefany Maholi Jajoy Natera es más fuerte que el terror que imponen los grupos armados afectos al oficialismo y aseguran que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana son los responsables de la muerte de la joven de 20 años de edad, que fue abaleada en medio de las protestas contra Nicolás Maduro.

Stefany recibió cuatro impactos de bala en la espalda y cayó en la calle Oriental de El Amparo. Los demás manifestantes la socorrieron, pero la muchacha murió casi inmediatamente. Su madre, Yusmary Natera, y sus otros dos hijos, cargaron el cadáver hasta su casa.

La familia resguardó el cuerpo sin vida de Stefany desde las 2:00 am, cuando fue herida y murió, hasta las 8:00 am del 23 de enero, cuando llegaron al lugar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) para hacer el “levantamiento del cadáver”, la planimetría y el primer informe forense antes de la autopsia oficial. “Recuerdo que un funcionario del Cicpc lo primero que dijo fue: ‘Dios mío, se ensañaron con esta niña’, porque tenía cuatro disparos en la espalda”, asegura la madre de Stefany .

Para sorpresa de los familiares, en el informe correspondiente a la autopsia, que realizaron en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Bello Monte, se indica que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, ocasionado por el impacto de un único proyectil en el tórax.

Esa noche no hubo minuta policial. En un reporte hecho en la morgue de Bello Monte —al que Proiuris tuvo acceso— se lee que  la víctima procedía del hospital Dr. Ricardo Baquero González, conocido como el Periférico de Catia, lo cual fue desmentido por los familiares. Sin embargo, en dicho reporte inicial sí se dejó constancia de que Stefany recibió cuatro disparos en la espalada.

El reporte “oficial” del Cicpc no detalla las circunstancias de la muerte de la joven, no menciona que hubo una protesta en El Amparo, ni que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes. “Ese fue el papel que nos dieron en la comandancia para retirar el cadáver de mi hija. No dice nada de lo que pasó”, sostiene la madre.

 

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Sueños truncados

Yusmary Natera, tiene 45 años de edad, tres hijos y dos nietas. La primogénita fue Stefany. Robusta y sencilla, la mujer ofrece su versión de los hechos en las escaleras que conducen a su casa, en la parte alta del barrio El Amparo.

Recordó que la noche del 22 de enero se acostó temprano. “Un poco antes de las 11:00 pm, mi nieta menor se levantó llorando porque su mamá no estaba. Me imaginé que estaba en la casa de su tía, un poco más abajo del sector. Cuando me asomé, escuché el alboroto de la protesta”, detalló.

Relató que esa madrugada no pudo dormir. A las 2:00 am manifestantes del sector tocaron el timbre de su casa mientras gritaban pidiendo auxilio.

“¡Bajen, bajen qué mataron a Maholy!, gritó uno de los muchachos”, cuenta Yusmary. Apenas vio la sangre en las manos de esos muchachos levantó a sus demás hijos y corrió hasta el sitio. La escena que imaginó no se compara a lo que vio cuando halló a su hija tirada en el suelo boca arriba y sin vida.

Stefany nunca culminó sus estudios universitarios como tenía previsto para este año. Ella quería ser docente. Su madre explicó que la joven postergó su formación profesional luego de tener a su segunda hija, a los 18 años. Apenas tenía dos semestres en la universidad.

“A ella la conocía todo el mundo”, dijo uno de los muchachos que protestó junto a Jajoy. Y agrega que Stefany era muy popular por su personalidad extrovertida. En 2017 fue despedida de su trabajo en una pollera del sector, luego que anunciaran el aumento de salario mínimo. Ante la imposibilidad de pagar la universidad donde estudiaba Stefany se dedicó a ser ama de casa y trabajar con su madre.

Las otras heridas

Los informes que documentan las heridas sufridas por Stefany discrepan entre sí. La familia asegura que vio y palpó los cuatro impactos de bala que recibió por la espalda, como parte de la arremetida de los funcionarios de las FAES, que presuntamente iban acompañados con “colectivos” que operan en la zona.

“Los muchachos me dijeron que fueron las FAES y no lo dudo. Ellos actúan así”, detalló Natera, quien describió que los oficiales estaban vestidos completamente de negro y usaban máscaras. “Stefany corrió, pero los del FAES le dispararon en la espalda”, asegura Yusmary Natera.

Unas horas antes de que asesinaran a Stefany, uno de los jóvenes que también participaba en la protesta contra Maduro fue herido de bala, justo cuando los funcionarios del FAES irrumpieron en el barrio y arremetieron contra los manifestantes. Pero ese joven no falleció.

Después de que Stefany fue abaleada, aseguran testigos consultados por Proiuris que accedieron a suministrar información bajo reserva de su identidad, las FAES se replegaron por varios minutos, los necesarios para que sus familiares llegaran al lugar y cargaran con el cadáver hasta su casa.

 

Videos de lo ocurrido en El Amparo, difundidos por  redes sociales, evidencian que había funcionarios de las FAES reprimiendo a los manifestantes. Los oficiales tenían armas largas y estaban, en su mayoría, encapuchados.

Yusmary Natera da cuenta de otras heridas y teme que no sanaran pronto: “Ahora tengo que cuidar a mis dos nietas. No creo que se vaya hacer mucho, porque los que mataron a mi hija son los mismos policías. En el Cicpc, la última vez que mi esposo fue averiguar cómo iba el caso solo le dijeron: se está investigando. Solo creo en la justicia divina”.

#MonitordeVíctimas | Las FAES asesinan y los “colectivos” intentan borrar la memoria de las víctimas

 

@Erickgncal

 

CON UNA CAPA DE PINTURA QUISIERON VOLVER A SEPULTAR A ALIXON  DOS SANTOS PIZANI, el primer asesinado durante la más reciente oleada de manifestaciones antigubernamentales. Quisieron borrar pruebas que, aunque no sean “de interés criminalístico”, evidencian el repudio a la brutalidad policial desatada contra los que protestan en los barrios populares de Caracas.

No había concluido el novenario del joven, cuando trabajadores de la Alcaldía de Caracas, acompañados de integrantes de “los colectivos” que operan en la zona, profanaron el mural pintado en la entrada de Cútira, con el cual sus amigos quisieron honrar al joven de 19 años, asesinado el 22 de enero de 2019, a manos de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, según aseguran familiares y vecinos.

El episodio del mural fue otro golpe para Navia Troloro Pizani, la tía de Alixon, que se muestra endurecida por el dolor. La mujer de 45 años de edad no llora y, mientras relata la historia de su sobrino, mantiene su mirada fijada en el altar que erigió en un rincón de su casa: cinco fotografías del muchacho coronadas con la bandera de Venezuela.

La tarde del domingo 27 de enero, funcionarios de la Alcaldía de Caracas junto a colectivos taparon el mural que recordaba la muerte de Alixon |Foto: Mikel Ferreira

 

“No descansaré hasta que se haga justicia por el caso de mi sobrino. No mataron a un perro, ni a un malandro. Fue a un joven trabajador, cálido y con dolientes”, advierte.

Cuenta que Alixon trabajaba “en la panadería de Oswaldo”, otro vecino. Y que era muy apegado con su abuela. “Ellos dormían hasta juntos”, dice Navia, mientras prepara una taza de café. A su lado, la anciana de 70 años de edad asiente: “Cuando nació agarró una bacteria. Se salvó, casi de milagro. Desde entonces vivía con nosotros. Yo crié a ese muchachito”.

“Entrar a la casa y no verlo me duele mucho. Cuando se sentaba en esa silla   — hace una señal con su mano— yo pasaba y le daba un coscorrón. Era mi forma de mostrarle cariño. Y como no quererlo y extrañarlo, si yo hasta lo amamanté”, dice la tía y, solo por un instante, se enternece.

Las exequias de Alixon se prolongaron durante tres días en la casa donde se crió, en la parte alta de Alta Vista. Fue por decisión de su familia. “No quería separarme de él. Además, también los vecinos necesitaban despedirse de mi muchacho. Es más, tanta fue la gente que llegó que trancaron la calle”, acotó Navia.

Alixon fue enterrado en la tumba donde están los restos de  su abuelo materno, en el Cementerio General del Sur, el sábado 26 de enero, a las 10:00 am. Según la base de datos de Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el joven es uno de los 11 fallecidos del Distrito Capital,  a manos de funcionarios policiales y presuntos colectivos, en el contexto de las manifestaciones populares en contra de Nicolás Maduro.

El altar esta en la esquina de la sala, decorado con algunas flores, la bandera de Venezuela  y cinco fotos del fallecido | Foto: Mikel Ferreira 

 

Disparo al corazón

Alixon Dos Santos estudió en la Unidad Educativa Miguel Antonio Caro, en la avenida Sucre. Justo al frente del plantel fue asesinado. Comenzó a trabajar desde que tenía 15 años de edad. “Prácticamente mantenía a mi mamá con su trabajo. El día que hicimos el velorio, lo llevamos a la panadería por petición del señor Oswaldo. Él también quedó muy afectado. Quería que su muchacho visitara por última vez su sitio de trabajo”, relató la tía.

Ese noche -recuerda Navia Pizani- estaba en su casa, distraída, revisando redes sociales. No sabía que a menos de un kilómetro, cerro abajo, varios vecinos salieron a manifestar en contra del gobierno de Maduro. Mucho menos que funcionarios de las FAES llegaron a reprimir a los manifestantes.


A las 9:30 pm, un motorizado se aproximó a su casa y desde la calle le gritó: ¡Nivia, Nivia, a Alixon le dispararon!

“Deja la pendejada, que esos no son juegos”, respondió la mujer. En segundos, su incredulidad viró a desconcierto cuando vio llorar al mensajero, que la conminó a subirse a la moto rumbo al Hospital Periférico de Catia.

Al entrar al área de emergencia, una fila de médicos y enfermeras la condujeron hasta la camilla en donde yacía el cuerpo sin vida de su sobrino, cubierto hasta la cabeza con una sábana blanca. Un disparo al corazón (el impacto fue en el hemitoráx izquierdo) acabó con la vida del joven de 19 años.

Los médicos solo dijeron que lo trajeron unos manifestantes en motocicleta, apunta Nivia. Y también recuerda que allí mismo, en el hospital, varios de los muchachos que estaban cerca de Alixon cuando recibió el impacto de bala gritaban con rabia: “¡Fueron las FAES, fueron las FAES! Nosotros los vimos, con sus uniformes y sus armas. Todo el mundo en estos barrios los reconoce”.

Firme contra la impunidad

“No me van a callar. No voy a descansar hasta que sepa que se hizo justicia por este asesinato. Ya se lo prometí a Alixon y le pedí que me mande fuerzas para hacer lo que sea necesario”, repite la tía de Alixon.

Los familiares no han formalizado la denuncia del asesinato, pues primero quieren “armar un expediente”, recabar pruebas que demuestren que funcionarios de las FAES son los responsables.