Policías, fiscales y jueces operan articuladamente para que se mantengan impunes las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. A través de la investigación “Las FAES matan con patrocinio del Estado”, Proiuris revela los modus operandi de una matanza sistemática

Reporte Proiuris

A través del análisis de 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales directamente documentados por Proiuris, la organización no gubernamental de promoción y defensa de derechos humanos identificó 16 mecanismos habituales en la actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, fiscales y jueces.

Los patrones están descritos y analizados en la investigación “Las FAES matan con patrocinio del Estado”, la cual corresponde a la labor de documentación de ejecuciones extrajudiciales y acompañamiento de las víctimas sobrevivientes que desarrolla Proiuris.

El 17 de julio de 2019, Nicolás Maduro manifestó su pleno respaldo al grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana que acumula la mayor cantidad de denuncias sobre atropellos en el ejercicio de la fuerza pública. “¡Viva el FAES”! expresó Maduro, ignorando los llamados de atención formulados desde diversas instancias nacionales e internacionales, entre ellas la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien estuvo en Venezuela en junio de 2019.

Cada uno de los 16 patrones está fundamentado en los relatos de familiares de los fallecidos y testigos de los hechos. En todos los casos, las víctimas sobrevivientes desmienten las versiones oficiales sobre presuntos enfrentamientos entre policías y delincuentes, que son calificados jurídicamente como casos de resistencia a la autoridad” y no son debidamente investigados por el Ministerio Público.

El reportaje especial “Las FAES matan con patrocinio del Estado” también incluye el análisis del shock hipovolémico, como causa genérica de muerte asentada en los certificados de defunción correspondientes a presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como la documentación de cuatro masacres perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado durante 2019, que suman 26 muertos.

La brutalidad policial tiene un impacto diferenciado en mujeres y en niños, niñas y adolescentes. Las viudas deben asumir la carga del sostén económico de la familia y la canalización de los duelos. Entre enero y septiembre de 2019, 301 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de sus padres.

Irrupción violenta en residencias y domicilios. 

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado suelen irrumpir violentamente en los lugares donde desarrollan sus operativos.

 “Sabemos que fue la policía. Pero nadie habló de lo que ocurrió, solo la familia. Los vecinos no quieren decir qué pasó”. Carlos Herazo, sobre la muerte de Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad

El 8 de febrero de 2019, funcionarios de las FAES tomaron el barrio Felipe Acosta Carlez, ubicado en Las Mayas, en Caracas, para vengar el homicidio de uno de sus compañeros de la Policía Nacional Bolivariana.

En el procedimiento fue asesinada Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad, a quien confundieron con un hombre. Según testigos y familiares de las víctimas, antes del mediodía otros cuatro jóvenes del sector habían sido asesinados: José Arteaga, de 18 años de edad; David Arteaga, de 21; José Moisés Flores Espinoza, de 19; y Vicente Ramírez, de 22 años de edad.

Concentración de la actuación policial en barrios pobres.

La mayoría de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado se lleva a cabo en sectores urbanos y rurales habitados por personas pobres, lo cual apunta hacia una matanza selectiva.

“Están haciendo fiesta con los que son y con los que no son. Han matado mucha gente inocente en Coche. Los policías lo que hacen es robar y maltratar”. Familiar de Freyiber González, de 16 años de edad.

Siete muertos fue el resultado de la razia que se prolongó durante siete horas en varios barrios del Kilómetro 2 de la Carretera Panamericana, el 27 de agosto de 2019.

Según la versión oficial, difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, los miembros de la banda delictiva de “El Peluca” fueron “neutralizados” al “enfrentarse” contra comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

Durante las siete horas del “operativo”, los vecinos del sector “La Invasión” permanecieron encerrados en sus hogares, a la espera de los resultados fatales. En la morgue de Bello Monte, se precisaron las identidades familiares de cinco de los fallecidos: Freyiber González, de 16 años de edad; Alber José Armas Armas, de 35; Tony Arsenio Armas Armas, de 30; Yorman Gabriel Puerta Gómez, de 20; y Edwar Zambrano, de 23 años de edad.

Las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva.

Hombres con edades comprendidas entre 16 y 41 años de edad son los muertos más recurrentes en operativos policiales que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

“Lo estaban ahorcando. Lo sé porque su esposa logró verlo a través de la ventana. Pero no la dejaron pasar. La tenían sometida a ella mientras tenía al niño en brazos”. Luego, se escucharon los disparos”. Familiar de Antony José Matos, de 22 años de edad.

El asesinato del comisionado en jefe de la Policía Nacional Bolivariana Carlos Valverde, de 43 años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló el 24 de julio de 2019, durante doce horas consecutivas, en varios barrios de El Valle y El Cementerio, funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas.

Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue suministrada en el reporte filtrado a la prensa. Los reporteros pudieron determinar que los muertos a manos de las FAES son: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19; Javier Noria, de 32; Carlos Javier González, de 22; Antony José Matos Hernández, de 22; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus hogares.

Presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad.

En todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la versión oficial indica que presuntos delincuentes abrieron fuego contra los funcionarios actuantes, quienes “se vieron obligados” a repeler el ataque, en legítima defensa y en cumplimiento de su deber.

“Antes de dispararle, uno de los FAES le dijo: tú no eres familia mía. Mi hijo estaba durmiendo con su bebé, mientras que mi yerno con su hija pequeña. A ellos los despertaron los policías. No hubo el enfrentamiento que tanto dicen”. Nereida Parra, madre de Jonathan Eduardo Gil Parra, de 27 años de edad.

Fue un doble homicidio. Gil Parra habría sido ejecutado junto a su cuñado, Manuel José Martínez, de 21 años de edad, el 20 de marzo de 2019, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que esta vez actuaron junto con agentes de la Policía del Estado Miranda y de la Policía Municipal de Santa Lucía, allanaron la residencia donde vivían ambos, en el barrio Mano Amiga del sector Los Jabillos, en Mariche.

“Siembra” de armas para simular enfrentamientos. Las versiones oficiales siempre dan cuenta de presuntas incautaciones de armas a las personas que resultan fallecidas en operativos policiales.

“Los policías me dijeron que lo iban a ayudar, que no le iban a sembrar ni drogas o armas, que solo le iban a imputar ese delito. Nunca entendí esa ayuda”. Tairuma Moreno, madre de Giovanni Alejandro Contreras Moreno, de 19 años de edad.

Los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) le habían advertido que si no se llevaba a su hijo del barrio se lo iban a matar. Un mes después, el 24 de julio de 2019, en medio de una razia en el barrio 70 de El Valle, ejecutaron a Giovanni Alejandro Contreras Moreno, de 19 años de edad.

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