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El tribunal de La Haya da la razón a Chile sobre el conflicto marítimo con Bolivia

LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA (CIJ) ha dado un estacazo a Bolivia sobre sus aspiraciones a tener acceso soberano a las aguas del Pacífico en Chile. El tribunal de La Haya insta a ambas partes a llegar a un acuerdo, aunque reconoce que Chile no contrajo en ningún momento la obligación de negociar una salida marítima con el país vecino.

Mediante una sentencia obligatoria e inapelable, la CIJ ha dado por finalizado un litigio que arrancó hace cinco años con la demanda de Bolivia y que enfrenta a ambos países desde hace más de 100 años, cuando Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico.

Así, con 12 votos a favor y 3 en contra, la CIJ rechazó que Chile esté obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtenga un acceso soberano al océano Pacífico. Así lo explicó el presidente de la corte, Abdulqawi Ahmed Yusuf, que además señaló que, por la misma diferencia de votos, quedó rechazada la petición de Bolivia de pedir que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar.

No obstante, a pesar de que el recurso judicial de La Paz ha sido desestimado, la Corte Internacional apela a ambas partes a continuar trabajando y pide que su fallo no impida “el diálogo entre las partes y la buena voluntad” para alcanzar un acuerdo.

Las delegaciones diplomáticas de ambos países se encontraban concentradas en la ciudad holandesa para seguir el fallo en directo. Entre los presentes en la sala estaba el presidente boliviano, Evo Morales, que ha convertido el litigo en un asunto clave de su programa de gobierno y arma propagandística. En la víspera de la sentencia se mostró convencido de que “habrá buenas noticias para todos los bolivianos”. Sin embargo, el veredicto ha sido un jarro de agua fría para Bolivia, aunque Morales ha asegura que su país “nunca va a renunciar” a su aspiración a acceder al océano Pacífico debido a “su enclaustramiento”, al tiempo que recuerda que esto es resultado de la “invasión” chilena.

Por su parte, el agente de Chile ante la CIJ, Claudio Grossman, aseguró estar“muy tranquilo” porque el Tratado de 1904, que se firmó tras la Guerra del Pacífico y fijó las fronteras entre ambos países, “estableció el dominio a perpetuidad de los territorios disputados”. “Nosotros ya hemos planteado que, desde el punto de vista del derecho internacional, no hay obligación de resultado y esperamos la aplicación del derecho internacional por (parte de) la CIJ”, añadió.

La “obligación de resultado” mencionada por Grossman se refiere a que la CIJ ya estableció en 2015 que, en caso de que obligase a Chile a entablar conversaciones con Bolivia, el tribunal no determinaría el resultado de las negociaciones

Bolivia asegura que la pérdida de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, a finales del siglo XIX tras la guerra del Pacífico, le ha supuesto un obstáculo para su desarrollo económico. La Paz basa parte de sus argumentos jurídicos en que Santiago ha accedido a discutir el tema marítimo en varias ocasiones a lo largo de los últimos cien años.

Esos diálogos, aunque infructuosos, le habrían ocasionado a Chile una obligación de seguir negociando, según el país altiplánico. Chile por su parte argumenta que el Tratado de 1904 ya fijó las fronteras entre los dos Estados y que las reclamaciones bolivianas de acceso soberano al mar supondrían, en la práctica, una sesión de territorio, opción que no estaría sobre la mesa.

Guyana y Venezuela deben justificar por escrito su disputa por el Esequibo

Guyana y Venezuela tendrán que presentar alegaciones por escrito para justificar su posición sobre si su disputa fronteriza por la región del Esequibo recae bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), informó hoy esa institución en un comunicado.

Guyana tiene como fecha límite el 19 de noviembre para presentar su memoria, mientras Venezuela podrá enviar su respuesta hasta el 18 de abril de 2019, en forma de contramemoria.

La decisión del tribunal se ha tomado después de que delegaciones de ambos países tuvieran un encuentro el pasado 18 de junio con el presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en La Haya.

En esa reunión, Venezuela defendió que la CIJ carece de jurisdicción y mediante una carta firmada por el presidente, Nicolás Maduro, dejó constancia de que su país “no participaría en los procedimientos”.

Guyana, por su parte, alegó que la CIJ debe tomar el caso, después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, recomendara a principios de año que La Haya resolviera la histórica disputa.

Georgetown le comunicó al tribunal que deseaba tener diez meses para entregar su memoria, pero la CIJ le ha dado solo cinco, los mismos que tendrá Caracas para responder.

La CIJ deberá decidir sobre si tiene jurisdicción para resolver la controversia incluso si Venezuela no presentara su contramemoria, precisaron fuentes del tribunal a Efe.

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde 1966, cuando se produjo la firma del Acuerdo de Ginebra.

Ambos países acordaron, a través de ese documento, buscar soluciones al contencioso después de que Venezuela denunciara en 1962 un laudo arbitral emitido en 1899 por un tribunal en París que fijaba los límites comunes y que para Guyana está aún vigente.

La región en disputa, bajo soberanía de Georgetown actualmente, abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.

La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil haya descubierto varios yacimientos de petróleo en las aguas de la zona en litigio.

Guyana prevé sanción si se incumple el veredicto de La Haya en disputa con Venezuela

 

El canciller de Guyana, Carl Greenidge, advirtió que su Gobierno y el de Venezuela tendrán que aceptar el veredicto que emita la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya o enfrentar sanciones de la ONU si violan la decisión sobre la disputa fronteriza por la región del Esequibo, informan hoy medios.

El Gobierno de Guyana entregó esta semana una solicitud a la CIJ, en la que pide al tribunal que valide legalmente el Laudo Arbitral de 1899, relacionado con la disputa fronteriza con Venezuela por la región de Esequibo.

Según reportan hoy medios locales, Greenidge dijo este sábado a periodistas que una vez esta disputa se discuta y el tribunal de la ONU tome una decisión, los Estados no podrán descartarla.

 

 Asimismo, consideró que el secretario general de la ONU, António Guterres, podrá recurrir a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad para tomar acciones ante un incumplimiento del fallo.

 

Greenidge dijo que si se violenta cualquier decisión de la ONU, “habrá una diversidad de opciones” disponibles que puede tomar el organismo internacional.

El funcionario sostuvo que otros países que inicialmente ignoraron las determinaciones de la CIJ, luego aceptaron las decisiones del tribunal

 

Las declaraciones de Greenidge tuvieron lugar después de que el Gobierno venezolano considerara como “inaceptable” recurrir a un “arreglo judicial” en la CIJ de La Haya para resolver la disputa fronteriza por la región del Esequibo con Guyana, país que acaba de llevar el caso ante ese tribunal, tal como lo sugirió la ONU.

 

Guyana introdujo la semana pasada ante la CIJ una solicitud para que “se confirme la validez legal y el efecto vinculante del laudo arbitral de 1899 con respecto a la frontera entre Guyana y Venezuela”.

A finales de enero Guterres decidió remitir a la CIJ la disputa territorial al considerar que esta vía era la mejor para los dos países, decisión rechazada poco después por Venezuela.

La decisión del jefe de la ONU llegó después de que su antecesor, Ban Ki-moon anunciara que si para finales de 2017 no había avances significativos, el asunto se llevaría ante la Corte con sede en La Haya.

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó en los últimos años después de que la estadounidense Exxon Mobil descubriera yacimientos de petróleo en aguas en la zona del litigio.

El Gobierno de Venezuela emitió en la misma época un decreto presidencial que dictaba una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.

Esta maniobra generó el rechazo del Gobierno guyanés y disparó la tensión entre las dos partes.

La región del Esequibo abarca un área de unos 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supone las tres cuartas partes del territorio de Guyana.

En el Acuerdo de Ginebra, los dos países dieron al secretario general de la ONU la responsabilidad de elegir un medio para la resolución pacífica de la cuestión y la posibilidad de, si este no tenía éxito, buscar otra vía.

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 01.02.2018: ALTO: Reclamo territorial
ALTO
1-¿TERRITORIO POR EGO?: 

Cuando António Guterres, Secretario General de la ONU, envía el reclamo territorial de Venezuela y Guyana a la Corte Internacional de Justicia copio lo que publiqué el 28/11/2011 en estas páginas: “Las informaciones que llegan desde diferentes fuentes solo confirman lo que ya es harto sabido. Desde petróleo hasta el oro, pasando por bauxita y otros minerales, el gobierno que preside Bharrat Jagdeo ha continuado buscando socios para la explotación del territorio en reclamación por Venezuela. Mientras en Caracas el régimen de Chávez parece ignorar todas esas acciones ya denunciadas por los medios  -y los diplomáticos que le hacen seguimiento al reclamo venezolano- las suspicacias crecen en torno a si fue verdad o no que el mandatario venezolano acordó con Jagdeo en el 2006, en aquella reunión del Caricom y el Alba en La Habana, congelar la disputa para obtener los votos del grupo caribeño para que Venezuela obtuviera un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. Maduro era el canciller. Esa acción la denuncié…en su debido momento. Nunca se atrevieron a desmentir esta información ni otras referidas al mismo tema denunciadas en mis “Runrunes”…

2-EL 13/4/2015:

Cito lo publicado en esta columna y lo que adicionalmente escribió Edgar Otálvora en su Informe Semanal: “la creación de un condominio con Guyana, para administrar las riquezas petroleras en territorio marítimo venezolano fue develada por el gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos meses, el Gobierno de Guyana ha optado por acelerar la actividad petrolera en áreas marinas bajo disputa con Venezuela, mediante el inicio de faenas el pasado mes de marzo del barco-taladro Deepwater Champion al servicio de la petrolera Exxon-Mobil. El Gobierno del presidente guyanés Donald Ramotar, además, ha amenazado con abandonar el esquema bilateral de resolución del diferendo bilateral y recurrir a instancias judiciales internacionales, mientras dentro del régimen venezolano impera la tesis cubana de no afectar la territorialidad de Guyana”. Repetí allí mi runrún del compromiso de Chávez con Fidel para agradar a Caricom dejando de lado, durmiendo, el tema del diferendo territorial. Reiteraba Otálvora que desde el gobierno de Chávez se privilegiaba la relación con el Caribe antes que la defensa territorial. “La cancillería venezolana no se ha dirigido al Gobierno de Guyana exigiéndole la paralización de las actividades petroleras y, curiosamente, ha preferido emitir comunicaciones dirigidas a la empresa Exxon-Mobil, beneficiaria de la concesión otorgada por el Gobierno de Guyana sobre territorio en disputa” como hizo la canciller Delcy Eloina Rodríguez en carta del 7/4/15 al jefe de la Exxon en Guyana considerando nulo cualquier acto en la zona. Finaliza el Informe así: “No deja de llamar la atención que la gravedad de lo planteado por la canciller de Maduro repose en una comunicación a un empleado de una empresa privada estadounidense y no a la lógica contraparte para estos asuntos, es decir, el gobierno guyanés”. “Cosas veredes” decía a Sancho Panza El Quijote: Quien presidía la Exxon en esa fecha es ahora el Secretario de Estado de Trump -que comienza una gira hoy por México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica donde “el caso Venezuela” es el hilo conductor de la misma- Rex Tillerson. Él mismo.

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Luis Florido calificó de “extrema gravedad” situación del Esequibo

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El presidente de la Comisión de Política Exterior argumentó que el gobierno de Nicolás Maduro ha actuado en esta materia con “total irresponsabilidad, guarda silencio y no cubre con las expectativas de profesionalismo y ninguna diplomacia”
Este miércoles quedó instalada la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional donde el diputado Luis Florido quedó ratificado como presidente de esta instancia parlamentaria para el periodo 2018, en la reunión se trató con urgencia el último pronunciamiento de la ONU con respecto a la disputa de Venezuela y Guyana con el Esequibo.
Florido se refirió a la “total la irresponsabilidad que ha tenido tanto el gobierno de Hugo Chávez  como ahora Nicolás Maduro que nos ha llevado a una situación de extrema gravedad que afecta a todos los venezolanos ante el silencio y la falta de profesionalismo y diplomacia en esta materia”, dijo.

 

Luis Florido fue enfático al recordar que el 16 de febrero de 2016, la Comisión de Política Exterior citó y se reunió con el encargado del gobierno para dirimir el conflicto, Roy Chaderton donde se solicitó el status de las negociaciones entre Venezuela y Guayana “pero el gobierno guardó silencio¨.
“El saludo de los militares hoy es el “sol sale por el Esequibo” pues sepan que Nicolás Maduro está a punto de entregar un territorio que nos pertenece a todos los venezolanos. La defensa de la soberanía requiere de utilizar los medios que están suscritos en el convenios internacionales y para eso se requiere de diplomacia profesional activa, y como lo hemos dicho, la diplomacia venezolana no cubre con las expectativas de profesionalismo de ninguna diplomacia en el mundo”.
En defensa del Esequibo
Con respecto a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya juzgará la disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana, Florido apuntó en primer lugar la importancia de reconocer el Acuerdo de Ginebra donde no está agotada la figura del “buen oficiante y la resolución de conflictos como lo establece en la Carta de la ONU, requiere el concurso de ambas partes y que las medidas unilaterales no ayudan a resolver una disputa territorial”.
“Con mucho respeto nos dirigimos a que la decisión es ecléctica ya que habla de la Corte Internacional de Justicia pero también habla aún de los buenos oficios, lo cual no aplica. Lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra, es que las partes deben dar arreglo para que la materia territorial se resuelva y no puede haber resolución sin el concurso de Venezuela” finalizó.

ONU dejará en manos de la CIJ disputa entre Venezuela y Guyana

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El jefe de la ONU, António Guterres, anunció este martes que, ante la falta de avances, va a dejar en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la solución a la disputa entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo.

“El secretario general ha analizado detenidamente lo acontecido en el transcurso de 2017 en el proceso de buenos oficios y ha llegado a la conclusión que no se ha alcanzado progreso significativo”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Como resultado, y siguiendo la recomendación que había hecho su antecesor, Ban Ki-moon, Guterres “ha escogido a la Corte Internacional de Justicia como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia”.

Ban decidió en 2016 reforzar el proceso de buenos oficios que la organización mantiene desde 1990 para tratar de cerrar la cuestión, pero adelantó que si para finales de 2017 no había avances significativos, el asunto se llevaría ante la Corte con sede en La Haya.

Durante los últimos meses Venezuela y Guyana han mantenido varias rondas de conversaciones bajo mediación de la ONU, pero no han logrado un acuerdo.

Pese a su decisión de remitir el caso a la CIJ, Guterres aseguró hoy que cree que las dos partes podrían beneficiarse de continuidad en los buenos oficios de la ONU con un proceso complementario.

“El secretario general, de conformidad con los principios de la Organización de las Naciones Unidas, sigue comprometido a acompañar a ambos Estados mientras buscan superar sus diferencias con respecto a esta controversia fronteriza”, señala el comunicado.

La región del Esequibo está bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero la disputa territorial se agudizó en los últimos años después de que la estadounidense Exxon Mobil descubriera yacimientos de petróleo en aguas en la zona del litigio.

El Gobierno de Venezuela emitió en la misma época un decreto presidencial que dictaba una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.

El decreto presidencial venezolano generó el rechazo del Gobierno guyanés y disparó la tensión entre las dos partes.

La región del Esequibo abarca un área de unos 160 mil kilómetros cuadrados, lo que supone dos terceras partes del territorio de Guyana.

En el Acuerdo de Ginebra, los dos países dieron al secretario general de la ONU la responsabilidad de elegir un medio para la resolución pacífica de la cuestión y la posibilidad de, si este no tenía éxito, buscar otra vía.

CIJ: Instituciones venezolanas no hacen justicia ante violaciones masivas de DDHH

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La profunda crisis institucional de Venezuela está bloqueando la posibilidad de que los autores de “violaciones masivas de los derechos humanos” respondan ante la justicia, denunció este martes la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).

“El contexto político de extrema polarización y la ruptura del Estado de derecho, junto con la falta de independencia de la judicatura, han obstruido gravemente la rendición de cuentas de los responsables”, señala la entidad en un informe sobre Venezuela divulgado más temprano.

El documento analiza la situación en ese país y señala que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha intentado dotarse de un marco legal que le permitiese obtener el control de la Corte Suprema de Justicia y, con el apoyo de ésta, suspender los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional.

Todo ello -continúa el informe- ha permitido al Gobierno venezolano socavar cualquier esfuerzo para que rindiese cuentas por sus actos.

“El Estado de derecho ha sido sustituido por un Estado de poderes ejecutivos arbitrarios”, comentó en un comunicado uno de los coordinadores del informe, Alex Conte.

“La Constitución es menospreciada, la judicatura no puede ejercer su función de forma independiente y la separación de poderes es inexistente”, agregó.

El informe se refiere también al aumento de “ejecuciones extrajudiciales, prácticas de tortura y malos tratos, detenciones arbitraria, juicios de civiles en cortes militares y a la persecución de cualquier disidencia social o política”.

Para esta entidad legal, la situación se agravó con la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en “un acto políticamente motivado que violó los estándares internacional y eliminó uno de los últimos controles institucionales de la autoridad ejecutiva”.

Esa medida también “destruyó una de las últimas esperanzas de ver el fin de la impunidad por violaciones de los derechos humanos”, según la CIJ.

La entidad también se muestra preocupada en su análisis por la creación de una comisión de la verdad en el seno de la nueva Asamblea Constituyente ya que teme “que sea un instrumento de manipulación política destinado a reforzar la impunidad del ejecutivo (…) y silenciar a la oposición”.

Corte Internacional de Juristas: Estado de derecho venezolano está en decadencia

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En un reporte publicado ayer por la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) se critica la significativa degradación de la violación de los derechos humanos de Venezuela y la falta de independencia que tiene el Poder Judicial.

El informe, titulado “Venezuela: La puesta del sol del estado de derecho”, se asegura que hay imparcialidad en el sistema judicial y una severa deficiencia en el estado de derecho.

“Hay una clara desconexión entre lo que está contenido en la Constitución, las obligaciones internacionales del país y lo que sucede en la práctica”, dijo Alejandro Salinas, autor del documento y quien, además, encabezó una misión de investigación de la CIJ.

Salinas añadió que esta situación se ha agravado porque el gobierno cedió parte de su soberanía y autoridad a organizaciones criminales, a través de la creación de las llamadas “zonas de paz”. El texto resalta que se han generado ataques contra defensores de los derechos humanos y políticos de oposición.

“El alto nivel de impunidad legal de los autores de violaciones de derechos humanos y delitos está en marcado contraste con la forma sólida en la que se han desplegado medidas preventivas y restrictivas contra miembros de la sociedad civil, activistas sociales y opositores”, indica el texto.

El secretario general de la CIJ, Wilder Tayler, señaló que hay una grave crisis de derechos humanos, lo que evidencia la ausencia de democracia. Instó a la comunidad internacional a abordar la situación a través del derecho internacional.

Para leer el informe completo: Corte Internacional de Juristas.