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Briefing Geopolítico: Venezuela, Colombia y Brasil, por Ignacio Ayala
Crisis venezolana

Contexto

El bloqueo de la entrada humanitaria por parte del régimen de Maduro propone una escalada del conflicto y envía un mensaje de unidad para lo interno de la Fuerza Armada. Sin embargo, esta tuvo unos significativos costos para Maduro. En el ámbito interno, la huida de los miembros de las FF.AA a los países de la frontera presiona a los cargos medios y altos por cambios al demostrar debilidad dentro de sus líneas. En lo externo, radicaliza la causa de Maduro y lo deslegitima al atacar convoys de ayuda humanitaria, forzando a cambiar su narrativa de no aceptar tal ayuda por la inexistencia de una crisis a aceptarla solo de ciertas fuentes.

La medida de aislamiento ha llevado a que sus aliados financieros los aparten al evitar ser sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Por esto, las decisiones de Gazprombank y Novo Banco de congelar activos, en el primer caso, y de negar nuevas transacciones, en el segundo, han limitado el campo de acción del régimen para conseguir financiamiento y mantener su estructura.

Relevancia

La lucha política entre Guaidó y Maduro ha aislado a Maduro, que mantiene a sus oficiales en control, y ha golpeado a Guaidó, quien no logró entrar con ayuda humanitaria pero ha presionado a través de la comunidad internacional:

1. Huyen más de 567 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacia Colombia buscando asilo político.

2. Juan Guaidó entra a Venezuela sin resistencia de las fuerzas de seguridad del Estado.

3. Canciller ruso anuncia que quiere tener conversaciones bilaterales con los Estados Unidos sobre el tema de Venezuela.

4. La empresa petrolera venezolana, PDVSA, mueve sus oficinas de Portugal a Rusia buscando prevenir riesgos de sanciones en la Unión Europea.

Implicaciones

El bloqueo de la ayuda humanitaria por el régimen de Maduro demuestra que este no está dispuesto a ceder el poder y que considera que tiene un fuerte control de sus Fuerzas Armadas. Siendo coherente con el asesoramiento cubano y sus acciones en otros momentos de crisis, el régimen de Maduro buscará dar un paso adelante demostrando que está dispuesto a llegar más allá del escenario que la comunidad internacional estaba evaluando.

Para poder mantenerse en el poder tras este salto adelante sin que exista un levantamiento que pueda afectarlo internamente, o incluso sacarlo del poder, este debe cumplir con dos condiciones: en primer lugar, Maduro debe demostrar control de facto del país y sus fuerzas armadas; y segundo, debe otorgar una opción creíble a mediano y largo plazo donde se mantengan los incentivos económicos al generalato.

En cuanto a la primera condición, el bloqueo de la ayuda humanitaria resultó una gran victoria pues demostró que todavía tiene control de las líneas de mando. Sin embargo, la huida de casi 600 miembros de sus FF.AA a países fronterizos demuestra que el escenario a mediano plazo con una FF.AA sólida es difícil y la entrada de Juan Guaidó a través del principal aeropuerto del país es signo de que el costo -a corto plazo- era más alto que el que están dispuestos a aceptar.

Sobre la segunda, resulta sumamente relevante el hecho de que Gazprombank y Lukoil hayan dejado de trabajar con PDVSA mientras que Portugal aparta su sistema financiero de Venezuela pues demuestran que a mediano y largo plazo no existe una alternativa sostenible que asegure las cuotas de corrupción al generalato. Así, el régimen ha buscado mover sus oficinas de PDVSA desde Portugal a Rusia para proteger sus activos de las políticas de la Unión Europea.

A pesar de que las consecuencias en la red financiera del régimen serían iguales aunque no se hayan movido las oficinas, el régimen pareciera estar evitando que el mensaje que llegue a lo interno sea de inestabilidad financiera (imposibilidad de poder cumplir la segunda condición), en el caso que la Unión Europea actúe fuertemente contra Maduro.

Sin embargo, la Unión Europea ha tenido como condición que solo actuará fuertemente si se diluye la Asamblea Nacional o se ataca a Juan Guaidó. Así, pareciera que la mudanza de las oficinas de Portugal a Rusia podría buscar enviar seguridad a lo interno de las filas del chavismo respecto del financiamiento seguirá llegando a pesar de las sanciones.

De esta manera, pareciera que el régimen buscará mantener su estrategia de desgaste a la oposición sin tener que asumir costos innecesarios y, en ese momento, estaría dispuesto a actuar más duramente. Por lo tanto, consideramos que la decisión de dejar a Guaidó entrar fue una ponderación entre volver a dar momentum a las protestas contra el costo político de detenerlo, donde han decidido mantenerse en su estrategia de desgaste a la oposición.

Colombia: Jurisdicción Especial y su implementación

Contexto

Los Acuerdos de Paz firmados por Santos instauraron un sistema de justicia transicional que buscan ofrecer las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición. Para su ejecución, se creó una Jurisdicción Especial que podría juzgar solo los casos que hayan ocurrido como parte del conflicto armado. Como parte de la justicia transicional, al ponderar la prevalencia y la justicia, esta jurisdicción ofrece penas alternativas y disminución de ciertas penas, pero buscando asegurar que no prevalezca la impunidad.

Sin embargo, existen ciertos problemas jurídicos que han llevado a que el Centro Democrático rechace el alcance de la JEP, sus competencias y los su ámbito de aplicación personal (a quienes puede juzgar). Entre estas, el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, ha planteado que el juzgamiento de delitos sexuales contra menores; la limitación de juzgar crímenes de lesa humanidad, de guerra o genocidio solo a altos funcionarios y en caso de que hayan sido sistemáticos, y las garantías de no repetición como insuficientes.

Sumado a esta situación de tensión con la JEP, durante la semana detuvieron a un ex senador junto a Carlos Bermeo, Fiscal de la Jurisdicción Especial, por recibir sobornos para influir, de acuerdo a las fuentes periodísticas, en el caso de extradición de Santrich. Golpeando así la credibilidad de la Jurisdicción Especial a pocos días de la fecha límite de Duque para aprobar la Ley Estatutaria de la JEP.

Relevancia

La dinámica política alrededor de los Acuerdos de Paz ha sido sumamente relevante en los últimos eventos electorales. Tras el atentado del ELN en la Escuela de la Policía en Santander, el electorado ha apoyado más fuertemente a Duque por su posición frente al ELN y a Venezuela. Sin embargo, estos dos sucesos serán clave para poder mantener el apoyo:

1. El Fiscal de apoyo II de la Unidad de Investigación y Acusación de la Justicia Especial para la Paz, Carlos Julián Bermeo Casas, fue detenido cuando recibía un monto de dinero en efectivo de las manos del ex-senador Luis Alberto Gil Castillo para incidir en el proceso de extradición de Jesús Santrich.

2. El Presidente Duque deberá decretar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz antes del 11 de abril o esta pasará a ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, este ha declarado que está en desacuerdo con ciertos aspectos de la Ley.

Implicaciones

A pesar de la posición del Centro Democrático contra los Acuerdos de Paz, de las garantías ofrecidas a las FARC en estos y de la Ley Estatutaria de la JEP, las encuestas han demostrado que la cancelación de este tendría un costo político significativo. Así, si bien las FARC solo tienen un 5% de aceptación y el ELN un 1%, el 61.5% de la población (69.2% en áreas rurales) considera que insistir con diálogos será mejor que la opción militar.

Por otro lado, la JEP resulta una institución sumamente polarizada (40% de apoyo y de desaprobación) pero ante el video del Fiscal recibiendo dinero, su credibilidad se podría ver afectada y los panoramas para Duque podrían cambiar. Este escenario en el que Duque podría pedir cambios a la Ley Estatutaria le permitirían fortalecer sus bases electorales y cambiar la narrativa frente al ELN y las FARC, y su factibilidad dependerá del impacto del suceso, pues la implementación de los Acuerdos es rechazado por un 69% de la población.

Si bien es difícil que Duque inicie una campaña militar de exterminio frente a disidentes de las FARC y miembros del ELN, este deberá ponderar los costos dentro del Centro Democrático que implican firmar la Ley Estatutaria y las presiones externas que buscan que se implemente la justicia transicional, como la Corte Penal Internacional.

Bolsonaro sufre un primer golpe en el Congreso

Contexto

La victoria electoral del Bolsonaro fue significativa para el cargo de Jefe de Estado. Sin embargo, en el Congreso, por la dinámica fragmentada de hacer política en Brasil, el PSL tomó una cantidad mayor a la que se esperaba pero sin obtener un número cercano a la mayoría.

Tras un reportaje publicado por Folha de Sao Paulo en el que se afirmaba que Gustavo Bebianno, quien actuaba como Secretario de la Presidencia, habría presentado a unas candidatas fantasmas para encontrar mayor financiamiento para el PSL, este aseguró que no había problemas y que ya se habría comunicado con el Presidente. Sin embargo, el hijo del mandatario, Carlos Bolsonaro, negó tal interlocución y el 18 de febrero se anunció la salida de Bebianno.

Relevancia

El Secretario de la Presidencia era el principal canal de comunicación y negociación con el Congreso, quienes se han sentido excluidos de la planificación central del Ejecutivo en la propuesta de pensiones (la reforma más importante que debe llevar a cabo Bolsonaro), por lo que, ante la exclusión de Bebianno, negaron la reforma a la Ley de Acceso a la Información que habría sido firmada por el Vicepresidente Hamilton Mourão.

Implicaciones

Uno de los mayores riesgos de la gestión de Bolsonaro, desde que los resultados fueron anunciados, fue su incapacidad de negociar efectivamente con el Congreso para poder aprobar las reformas que debe llevar a cabo.

Con la expulsión de Bebianno de su gabinete, parece que se rompió uno de los principales canales de comunicación con el órgano parlamentario y este ha respondido presionando por inclusión en la planificación de políticas centrales. De esta manera, si Bolsonaro no encuentra la manera de asegurar la cantidad de votos necesaria para pasar la reforma de pensiones o sus propuestas de seguridad, este quedará imposibilitado durante su periodo de realizar las políticas disruptivas que prometió para Brasil.

@ijayala

Colombia firmó renegociado acuerdo de paz para acabar con el conflicto armado

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El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron el jueves un acuerdo de paz revisado pero que excluye cambios demandados por la oposición política, luego de que el pacto original fue rechazado en un plebiscito.

El acto entre Santos y Londoño, alias «Timochenko», número uno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), marca el comienzo de una cuenta regresiva para que unos 7.000 guerrilleros dejen las armas en un plazo máximo de seis meses y conformen un partido político.

Durante la ceremonia, Santos y «Timochenko» se estrecharon de nuevo la mano, una señal del nuevo camino que empieza a recorrer el país después de 52 años de confrontación que dejó 220.000 muertos, millones de desplazados y limitó el potencial de la cuarta economía de América Latina.

El pacto será enviado por Santos al Congreso para que sea refrendado y luego comience su implementación. El acuerdo original que se firmó hace dos meses fue rechazado por los colombianos en una consulta en octubre, lo que obligó a Santos a abrir una nueva fase de negociación con la guerrilla y a buscar consensos con la oposición política que no quedó satisfecha.

Sin embargo, la firma del acuerdo con las FARC no garantiza el fin de la violencia en Colombia. Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional están estancadas, mientras el Gobierno combate a bandas dedicadas al narcotráfico integradas por ex paramilitares de ultraderecha.

 

El nuevo acuerdo introduce cambios solicitados por los defensores del «No», pero no los suficientes, sostiene la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. Ellos opinan que es necesario hacer un nuevo referéndum, algo que rechazan tanto el gobierno como las FARC, que manifestaron su premura. «Tenemos que actuar. No hay tiempo que perder», zanjó el presidente Juan Manuel Santos dos días antes de anunciar la fecha y el lugar de la firma.

Precisamente por su empeño en terminar más de medio siglo de conflicto armado, Santos recibirá el premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, noticia que recibió pocos días después del fracaso del plebiscito.

El acuerdo, un documento con 310 páginas y medio centenar de modificaciones, prevé que la guerrilla entregue en los próximos seis meses un inventario de sus bienes y activos para resarcir a las víctimas. El nuevo texto también detalla las condiciones de la restricción de libertad para los responsables de los crímenes de un conflicto de más de medio siglo, pero no sacia las principales exigencias de la oposición.

Demandas como penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves y limitación de la participación política de los rebeldes no fueron atendidas en los 40 días que se extendió la nueva negociación. Como gesto de protesta, los opositores han lanzado propuestas como no acudir a la votación parlamentaria para dar validez a los acuerdos —prevista para el martes— o solicitar la revocación del Congreso que «no representa» a los colombianos. También amenazan con protestas ciudadanas.

Uribe, más allá de expresar su rechazo y exigir un nuevo plebiscito, no ha manifestado una hoja de ruta clara.

Con esta oposición, llevar los acuerdos al terreno será aún más difícil. Sobre todo con 70 líderes campesinos y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de año, principalmente a manos de grupos paramilitares y opositores al proceso. Son más de los 63 que la ONG Somos Defensores registró en todo 2015.

Cuando el acuerdo quede refrendado en el Congreso, previsiblemente sin riesgo de rechazo, empezará en la misma cámara su implementación.

El primer debate programado será sobre la amnistía de los presos de las FARC, para que puedan salir de las cárceles y trasladarse hasta las más de 20 zonas rurales supervisadas por la ONU, donde el resto de la guerrilla, unos 8.000 individuos, se desarmarán en un plazo de seis meses.

El acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla activa más antigua del continente, no bastará para poner fin a la violencia en Colombia. En el país también opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que aún no logra arrancar una negociación de paz con el gobierno, y otras bandas criminales.

 

*Con información de AP y Reuters

Gobierno colombiano y las FARC acuerdan protocolo de monitoreo y desarme

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Las FARC y el gobierno colombiano presentaron el viernes los protocolos del cese del fuego bilateral que entrará en vigor cuando se firme el acuerdo de paz, en un pequeño avance más en el camino hacia el fin de un conflicto que lleva más de cinco décadas.

Las partes establecieron mecanismos de monitoreo y verificación del cese del fuego, que entre otras cosas consideran que la recolección y almacenamiento de las armas en poder de las FARC se desarrollarán en tres fases a los 90, 120 y 150 días de la firma de la paz.

El comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez, y el delegado gubernamental Humberto de la Calle firmaron el convenio de protocolo que contiene una serie de procedimientos técnicos para lograr el cese de las hostilidades ante funcionarios de los países garantes, Noruega y Cuba, y un observador de las Naciones Unidas.

Los protocolos también establecen el funcionamiento de las 23 zonas y ocho puntos en los cuales se concentrarán transitoriamente los rebeldes y los pasos cronológicos en que se desarrollará el abandono de las armas y el transporte y almacenamiento de municiones y explosivos.

«Los pasos que hemos definido… garantizan que el proceso se hará de manera transparente, segura y con un sistema robusto de monitoreo y verificación», dijo De la Calle.

«El proceso de paz en Colombia sigue ineluctable hacia su final», expresó por su parte el comandante Márquez quien criticó a quienes están en contra de que los guerrilleros hagan política, en alusión al expresidente Álvaro Uribe, un férreo opositor a la mesa de diálogo que se desarrolla en La Habana.

Los protocolos establecen que en las zonas de tránsito y ubicación de los rebeldes las autoridades civiles mantendrán su presencia y autoridad.

Paralelamente, las FARC designarán un grupo de 60 integrantes de sus filas que podrán movilizarse a nivel nacional para realizar tareas relacionadas con la paz y otros 10 que transitarán sin problema a nivel municipal y departamental para las mismas funciones.

Las partes informaron también que la próxima semana delegados gubernamentales, de las FARC, de los países acompañantes y de las Naciones Unidas iniciarán vistas de reconocimientos para delimitar las zonas y puntos transitorios.

«Haciendo una síntesis de lo firmado podemos decir que los protocolos definen con precisión los compromisos bilaterales para la materialización en el terreno», agregó Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango.

Inauguradas a finales de 2012, las conversaciones entre el gobierno y las FARC se desarrollaron en Cuba en base a una agenda preestablecida de seis puntos entre ellos los demandas en torno al problema campesino y la lucha contra el narcotráfico. Aunque la mesa transita su recta final, no hay aún una fecha para la firma definitiva.

Durante la ceremonia Márquez llamó además hacer énfasis en la cuestión de la seguridad para los guerrilleros que se sumen a la vida civil, para evitar experiencias como la organización Unión Patriótica, cientos de cuyos miembros fueron asesinados tras una desmovilización.

Informe Otálvora: Maduro salió derrotado en la OEA

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  La canciller venezolana Delcy Rodríguez y el expresidente José Rodríguez Zapatero en un pasillo de la OEA en Washington el 21JUN16. Foto: OEA

Juan Manuel Santos se anotó un éxito político y publicitario el 23JUN16 con la celebración en Cuba, bajo la tutela de Raúl Castro, del acto de presentación de los términos acordados con las Farc para el “cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas”. Si bien no es la firma definitiva del “acuerdo de paz”, Santos logró crear una ola de atención mundial y congregar en Cuba a seis mandatarios, al Secretario General de la ONU y enviados de EEUU, Noruega y la Unión Europea. El evento fue presentado como el “último día de la guerra” aunque en realidad fue el anuncio de cronogramas para el fin de las hostilidades, entrega de armas, áreas de concentración de guerrilleros, protección otorgada a los jefes guerrilleros, entre otros aspectos operativos.

El “acuerdo de paz” entre Santos y las Farc, antes de entrar en vigencia será sometido a consideración del electorado en un plebiscito cuya base legal aún debe aprobar la Corte Constitucional de Colombia.

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Cuatro “Zonas Veredales Transitorias de Normalización”, donde se concentrarán guerrilleros de las Farc con sus armas en caso de entrar  en vigencia el “acuerdo de paz”, estarían situadas en municipios fronterizos con Venezuela, en los departamentos colombianos de Cesar, Norte de Santander y Arauca.

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La diplomacia del régimen venezolano recibió el 23JUN16 una estruendosa derrota en la OEA. Las alianzas y complicidades tejidas por Hugo Chávez en el Continente ya no están funcionando. Lejos quedaron los días cuando el chavismo se permitía imponer sanciones en la OEA como cuando el 05JUL09 logró la expulsión de Honduras por el juicio y destitución de su aliado Manuel Zelaya. Los esfuerzos del gobierno de Nicolás Maduro para impedir que la situación interna venezolana se convirtiera en tema de análisis multilateral resultaron inútiles ante un obvio cambio en la configuración política de los gobiernos de la región y la evidente pérdida de influencia de la diplomacia chavista.

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La cancillería de Maduro intentó durante dos meses impedir que el Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, invocara la Carta Democrática Interamericana para presentar un informe que concluye que en Venezuela se ha producido una “alteración del orden constitucional” que afecta el “orden democrático”. El 05MAY16, el Consejo Permanente de la OEA se reunió de forma extraordinaria a solicitud de Maduro, para escuchar una exposición de su canciller Delcy Rodríguez durante la cual negó que Venezuela viva una situación de crisis humanitaria, se mofó de la posibilidad de invocar la Carta Democrática contra su gobierno y rechazó cualquier gestión de la OEA para atender la crisis venezolana.

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El 30MAY16, Almagro consignó ante la Presidencia de la OEA, en manos del representante permanente de Argentina Juan José Arcuri, un extenso informe sobre Venezuela. Invocando la Carta Democrática, Almagro solicitó la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para conocer y debatir el informe. El 31MAY16, el gobierno Maduro emitió un comunicado remitido al Presidente del Consejo Permanente de la OEA con exigencia de ser distribuido entre los gobiernos miembros. En su comunicado, la cancillería de Maduro rechazó la invocación hecha por Almagro de la Carta Democrática calificándola de “fraudulenta”, acusó al Secretario General de extralimitarse en sus funciones, violar los estatutos de la OEA y de estar “parcializado” con los “sectores golpistas, violentos y antidemocráticos” que promueven “el derrocamiento” de Maduro. En el comunicado de la cancillería chavista no faltaron los epítetos de  “imperialista” e “injerencista” contra Almagro y de promover una “intervención extranjera militar” contra Venezuela. Su comunicado del 31MAY16 marcó la tónica agresiva contra Almagro adelantada por la diplomacia chavista y directamente por su canciller durante sus intervenciones ante tres sesiones del Consejo Permanente en Washington y durante la Asamblea General de la OEA celebrada en República Dominicana a mediados de junio. Debilitar la imagen de Almagro, desacreditarlo políticamente presentándolo como agente de EEUU y como enemigo personal de Maduro, poner en duda sus facultades legales y exigir su renuncia fueron parte de los argumentos usados por la cancillería chavista en su intento de impedir que el Informe fuera presentado. En paralelo, el gobierno Maduro argumentaba que la aplicación de la Carta Democrática es innecesaria ya que estaría en marcha un “diálogo nacional” entre el Gobierno y la Oposición, encaminado por el Secretario de Unasur Ernesto Samper con la mediación de los expresidente José Rodriguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, el cual contaría con amplio respaldo internacional. A solicitud de la cancillería chavista, la OEA se reunió el 21JUN16 para recibir a Zapatero, quien confesó que sus gestiones apenas estaban en fase “exploratoria” y que su presencia en Washington respondía a los deseos de Maduro. Zapatero no pudo mostrar resultados de sus gestiones ya que la Oposición venezolana no ha aceptado participar en el “diálogo” diseñado por Samper a solicitud de Maduro.

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Pese a intensas presiones del gobierno Maduro, el representante de Argentina actuando como Presidente del Consejo Permanente, aceptó la argumentación de Almagro y convocó a una reunión extraordinaria del Consejo pautada para el 23JUN16 con el objeto de escuchar y debatir el informe sobre Venezuela amparado en la Carta Democrática. Esta decisión del representante del gobierno de Mauricio Macri puede considerarse como el inicio de la “aplicación” de la Carta Democrática a Venezuela por segunda vez. En el año 2002 la OEA ya había actuado directamente en Venezuela, con la conducción del Secretario General  Cesar Gaviria Trujillo, ante la crisis política venezolana. En el 2002 la intervención de la OEA se produjo con el beneplácito de Chávez, pero en el 2016 se inicia a pesar del gobierno Maduro. La convocatoria de la sesión para escuchar el informe Almagro creó un precedente en la política continental, ya que la OEA se ha considerado facultada para examinar la situación interna de un miembro sin la solicitud o conformidad del gobierno de ese país y sin estarse en presencia del “derrocamiento” de ese gobierno.

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Dadas las presiones de Maduro y sus aliados en la OEA para que el Presidente del Consejo Permanente “desconvocara” la reunión del 23JUN16, los gobierno de Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron el 15JUN16 en Santo Domingo un comunicado saludando las gestiones de Zapatero pero, igualmente, reiterando su apoyo a la convocatoria para conocer el informe Almagro. El 20JUN16, el representante permanente de Maduro en la OEA, Bernardo Alvarez, entregó al Presidente del Consejo una larga comunicación en la cual solicitaba a su colega argentino, “desconvocar” la sesión del 23JUN16 alegando que Almagro no está “facultado” para solicitar la convocatoria y acusando a Almagro de innumerables supuestas pretensiones como intentar “dañar la reputación e imagen internacional” del gobierno Maduro. Alvarez igualmente alegó que la sesión era innecesaria ya que la OEA había decidido el 01JUN16 respaldar las gestiones de Zapatero, con lo cual el enviado de Maduro dejaba en evidencia que la comisión de expresidentes fue impulsada por el régimen venezolano como un argumento contra la “aplicación” de la Carta Democrática. El embajador argentino hizo caso omiso de la petición del enviado de Maduro.

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Llegado el 23JUN16, al iniciarse la sesión para escuchar a Almagro, la canciller de Maduro trató nuevamente de impedirla, obligando a una votación nominal entre los miembros. A los quince firmantes del comunicado emitido en República Dominicana se sumaron Bahamas, Barbados, Suriname, Guyana y Jamaica. En total 20 gobiernos, de un total de 34, votaron favorablemente por escuchar a Almagro. La diplomacia chavista recibió el 23JUN16 una derrota mayúscula. Almagro habló de violaciones de derechos humanos, tortura, presos políticos, falta de independencia de los poderes públicos, ausencia de libertad de prensa, entre otros aspectos con los cuales retrató al régimen imperante en Venezuela. Durante el debate, el representante permanente de Brasil, José Luiz Machado e Costa, afirmó que el tema quedaba en la pauta del Consejo Permanente “a fin de continuar el intercambio sobre la situación política, económica, humanitaria y de derechos humanos” en Venezuela. El representante colombiano, Andrés Gonzalez, afirmó que el informe Almagro “abre un proceso”. El representante chileno Juan Pablo Lira se pronunció por “seguir el tema” de Venezuela en el Consejo Permanente. La representante de Paraguay, Elisa Ruiz Díaz, reiteró la posición de su gobierno de  pleno respaldo a la “aplicación” de la Carta al gobierno de Venezuela. El presidente del Consejo, el argentino Juan José Arcuri, propuso que se decidiera tomar nota del informe Almagro, lo cual fue aprobado por los miembros. El tema “Venezuela” quedó abierto en la agenda de la OEA para malestar del régimen chavista el cual, tratando de ocultar su mal paso, asegura puerilmente que el informe Almagro fue “engavetado”.

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Tras la reunión del Secretario de Estado de EEUU John Kerry y la canciller de Maduro el 14JUN16 en República Dominicana, Maduro afirmó que estaba listo para enviar un Embajador a Washington. Si bien los gobiernos de EEUU y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas, las misiones están en manos de encargados de negocios y no de Embajadores desde el año 2010. Terminando mandato, resulta poco probable que Barack Obama entre a negociar con el Congreso la designación de un nuevo Embajador en Caracas. El futuro intercambio de Embajadores entre EEUU y Venezuela será materia para el próximo inquilino de la Casa Blanca.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas