El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el líder de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron el jueves un acuerdo de paz revisado pero que excluye cambios demandados por la oposición política, luego de que el pacto original fue rechazado en un plebiscito.
El acto entre Santos y Londoño, alias “Timochenko”, número uno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), marca el comienzo de una cuenta regresiva para que unos 7.000 guerrilleros dejen las armas en un plazo máximo de seis meses y conformen un partido político.
Durante la ceremonia, Santos y “Timochenko” se estrecharon de nuevo la mano, una señal del nuevo camino que empieza a recorrer el país después de 52 años de confrontación que dejó 220.000 muertos, millones de desplazados y limitó el potencial de la cuarta economía de América Latina.
El pacto será enviado por Santos al Congreso para que sea refrendado y luego comience su implementación. El acuerdo original que se firmó hace dos meses fue rechazado por los colombianos en una consulta en octubre, lo que obligó a Santos a abrir una nueva fase de negociación con la guerrilla y a buscar consensos con la oposición política que no quedó satisfecha.
Sin embargo, la firma del acuerdo con las FARC no garantiza el fin de la violencia en Colombia. Las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional están estancadas, mientras el Gobierno combate a bandas dedicadas al narcotráfico integradas por ex paramilitares de ultraderecha.
El nuevo acuerdo introduce cambios solicitados por los defensores del “No”, pero no los suficientes, sostiene la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. Ellos opinan que es necesario hacer un nuevo referéndum, algo que rechazan tanto el gobierno como las FARC, que manifestaron su premura. “Tenemos que actuar. No hay tiempo que perder”, zanjó el presidente Juan Manuel Santos dos días antes de anunciar la fecha y el lugar de la firma.
Precisamente por su empeño en terminar más de medio siglo de conflicto armado, Santos recibirá el premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, noticia que recibió pocos días después del fracaso del plebiscito.
El acuerdo, un documento con 310 páginas y medio centenar de modificaciones, prevé que la guerrilla entregue en los próximos seis meses un inventario de sus bienes y activos para resarcir a las víctimas. El nuevo texto también detalla las condiciones de la restricción de libertad para los responsables de los crímenes de un conflicto de más de medio siglo, pero no sacia las principales exigencias de la oposición.
Demandas como penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves y limitación de la participación política de los rebeldes no fueron atendidas en los 40 días que se extendió la nueva negociación. Como gesto de protesta, los opositores han lanzado propuestas como no acudir a la votación parlamentaria para dar validez a los acuerdos —prevista para el martes— o solicitar la revocación del Congreso que “no representa” a los colombianos. También amenazan con protestas ciudadanas.
Uribe, más allá de expresar su rechazo y exigir un nuevo plebiscito, no ha manifestado una hoja de ruta clara.
Con esta oposición, llevar los acuerdos al terreno será aún más difícil. Sobre todo con 70 líderes campesinos y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va de año, principalmente a manos de grupos paramilitares y opositores al proceso. Son más de los 63 que la ONG Somos Defensores registró en todo 2015.
Cuando el acuerdo quede refrendado en el Congreso, previsiblemente sin riesgo de rechazo, empezará en la misma cámara su implementación.
El primer debate programado será sobre la amnistía de los presos de las FARC, para que puedan salir de las cárceles y trasladarse hasta las más de 20 zonas rurales supervisadas por la ONU, donde el resto de la guerrilla, unos 8.000 individuos, se desarmarán en un plazo de seis meses.
El acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla activa más antigua del continente, no bastará para poner fin a la violencia en Colombia. En el país también opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que aún no logra arrancar una negociación de paz con el gobierno, y otras bandas criminales.
*Con información de AP y Reuters
