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“Conatel confirmó su rol como censor”: doce años de bloqueos y una puerta entreabierta

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó este jueves 17 de septiembre el restablecimiento del acceso a varios portales informativos nacionales e internacionales que permanecían bloqueados en Venezuela desde hace años. El anuncio oficial llegó después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática recomendara un día antes a la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, eliminar las restricciones contra los dominios de medios de comunicación.

Conatel informó que las empresas proveedoras de servicios de Internet que operan en Venezuela recibieron una “notificación técnica” para habilitar los dominios de varios portales informativos. El organismo no publicó en su comunicado la lista de medios beneficiados.

“A partir de esta fecha, las empresas proveedoras de servicios de Internet (PSI) que operan en el territorio nacional han recibido la notificación técnica para la habilitación en sus infraestructuras del dominio de varios portales informativos”, señaló el ente.

El bloqueo de medios digitales y otras plataformas se convirtió en una práctica sistemática para restringir el acceso a información en Venezuela. A principios de septiembre de 2026, Ve sin Filtro registraba que más de 200 dominios de internet permanecían bloqueados, pese a la promesa por parte del gobierno de Estados Unidos de consolidar un proceso de estabilización institucional que abra la puerta a una democratización.

VeSinFiltro expuso que de los 202 sitios bloqueados para la fecha, 92 eran de noticias y 65 de medios de comunicación, además de páginas de organizaciones de derechos humanos. De acuerdo con la organización, las operadoras de internet emplean técnicas de censura sobre DNS, HTTP/HTTPS e IP para impedir el acceso, “y las restricciones varían según el proveedor”.

Podían desbloquear, pero no había voluntad

El anuncio de este jueves tampoco significa el fin del bloqueo digital. Ve Sin Filtro verificó hasta la media mañana del 17 de septiembre el desbloqueo de al menos 14 dominios desbloqueados distintos proveedores de Internet. Entre los portales identificados se encuentran Alberto News, Caraota Digital, Crónica Uno, EFE Noticias, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, Monitoreamos, Revista Semana y nuestro sitio web, Runrun.es, que permanecía bloqueado desde 2020. Algunos portales recuperaron el acceso en varios proveedores, mientras que otros todavía presentaban restricciones en determinadas redes tras el anuncio de Conatel.

Andrés Azpúrua, director de Ve Sin Filtro y Conexión Segura, cuestionó que el levantamiento sea presentado como una apertura general.

“Conatel confirma su rol como el censor de #internetVE, dejando claro que tanto Maduro como Delcy Rodriguez siempre pudieron quitar los bloqueos cuando quisieran. A pesar de todo, sólo han levantado una lista pequeña de bloqueos”, afirmó en X.

En una actualización posterior, VE Sin Filtro informó que medios que llevaban años bloqueados habían quedado accesibles en los principales proveedores de Internet. La organización, sin embargo, advirtió que la censura digital continúa afectando a otros medios, organizaciones no gubernamentales, iniciativas políticas, servicios VPN y herramientas de comunicación.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió que el levantamiento alcance al 100 % de los medios y organizaciones afectados y que sea efectivo en todos los proveedores. El SNTP también reclamó que Conatel publique la lista completa de medios y dominios cuya habilitación notificó a las operadoras, de manera que el alcance de la medida pueda ser comprobado.

La organización sostuvo que algunos de los portales desbloqueados estuvieron restringidos durante años sin que se conocieran públicamente actos administrativos, procedimientos, fundamentos legales o explicaciones que justificaran las medidas.

Más de una década de bloqueos

Las primeras restricciones formales en el ámbito digital en Venezuela se ampararon bajo la reforma de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, también conocida como Ley Resorte, norma venezolana que entró en vigencia el 7 de diciembre de 2004 y fue reformada desde 2010 para incluir a las plataformas digitales y regular la difusión y recepción de mensajes en los medios. Los primeros bloqueos sistemáticos apuntaron a sitios web que publicaban cotizaciones del mercado paralelo de divisas (como DolarToday) y páginas de juegos de azar.

Las restricciones al acceso a contenidos informativos en Internet en Venezuela tienen antecedentes documentados desde 2014. Freedom House registró que para mediados de ese año Conatel había ordenado el bloqueo de unos 400 sitios y portales que contenían información económica y política. La organización señaló entonces que las medidas eran ejecutadas de manera discrecional y sin procedimientos legales.

Durante las masivas protestas antigubernamentales de 2014, la censura en internet escaló. Las ONG registran este año como el inicio de los bloqueos masivos contra canales informativos por internet que transmitían las manifestaciones en vivo (como NTN24) y plataformas de imágenes (como Zello y el alojamiento de fotos de Twitter). Espacio Público registró posteriormente el bloqueo del portal argentino Infobae, ocurrido en octubre de 2014.

Las restricciones pasaron de ser intermitentes a permanentes. Durante las protestas de 2017 y la crisis institucional de 2019, se registraron eventos masivos de bloqueos de tipo “táctico” o temporales en plataformas de redes sociales en momentos de discursos de la oposición o eventos de alto impacto político.

En 2020, en un contexto marcado por el confinamiento de la COVID-19 , los bloqueos digitales apuntaron a frenar las iniciativas humanitarias y políticas del gobierno interino de Juan Guaidó. Así, se llegaron a bloquear plataformas de asistencias como el portal voactive.com, una herramienta para que los médicos recibieran bonos económicos. Y los medios de comunicación tampoco escaparon de esta muralla digital para propiciar el silencio. Fue en ese año cuando Runrun.es fue bloqueado, así como también AlbertoNews, y se mantuvieron las restricciones crónicas contra El Pitazo y Efecto Cocuyo.

Los esfuerzos estatales en 2021 se orientaron a silenciar la cobertura periodística de las elecciones regionales de Venezuela y a restringir portales de la sociedad civil organizada. Sitios de la organización civil Súmate y organizaciones de DD.HH. que hacían veeduría de las condiciones electorales, fueron bloqueados y también se fueron acentuando las “caídas tácticas y microbloqueos” aplicados temporalmente a servicios de YouTube y portales de retransmisión (streamings) durante ruedas de prensa o discursos emitidos en vivo por líderes de la oposición.

Durante 2022, IPYS y VE sin Filtro reportaron una expansión masiva de la técnica de “bloqueo HTTPS/TLS“. A diferencia del bloqueo DNS (fácilmente evadible cambiando los servidores DNS en la computadora o teléfono móvil), los bloqueos HTTPS forzaron al uso obligatorio de herramientas de elusión avanzadas (VPN).

2023 fue el año de las primarias opositoras y la maquinaria de censura digital se activó para aislar tecnológicamente el proceso electoral ciudadano que consolidó el liderazgo de María Corina Machado. El sitio web oficial habilitado por la Comisión Nacional de Primarias para que los ciudadanos consultaran sus centros electorales (buscadorprimarias2023.com) fue bloqueado masivamente por CANTV, Movistar, Digitel e Inter menos de 48 horas después de su lanzamiento. Además, diversos dominios de iniciativas independientes de recolección de datos en tiempo real fueron neutralizados mediante ataques e interceptaciones de tráfico.

Los mecanismos de censura digital se fueron sofisticando con cada nuevo momento de alta tensión político. 2024 fue el año de unas elecciones presidenciales cuestionadas, de la mayor represión en la historia contemporánea del país, pero también, el más restrictivo de la historia digital de Venezuela. VE sin Filtro documentó el bloqueo de al menos 79 portales independientes de internet. El régimen abandonó el bloqueo quirúrgico de páginas informativas pequeñas para censurar directamente plataformas mundiales de comunicación masiva, en un esfuerzo por contener la indignación civil tras el cuestionado anuncio oficial de los resultados electorales del 28 de julio

En el marco del contexto pre y poselectoral, medios como The Wall Street Journal fueron perjudicados en este contexto y, recién celebrados los comicios, fueron bloqueados con múltiples técnicas al menos tres dominios web en los que la campaña de Edmundo Gonzalez publicó las actas de sus testigos y los resultados desagregados por mesa de votación.

El 8 de agosto de 2024, tras declaraciones de Nicolás Maduro acusando a la plataforma de promover un “golpe de Estado”, se implementó un bloqueo de tipo DNS e IP sobre la red social X por un periodo inicialmente anunciado de 10 días, que terminó extendiéndose por más de año y medio. Otro bloqueo que terminó sorprendiendo al mundo en medio de esta escalada censora fue el de TikTok, que se ejecutó en dos fases muy claras y vinculadas directamente a la narrativa del gobierno: el táctico, que ocurrió en la primera quincena de agosto de 2024, casi en simultáneo con la suspensión de la red social X (Twitter), y tras las masivas protestas por los resultados de las elecciones presidenciales y se produjo luego de que Maduro los acusara públicamente de ser un instrumento para difundir el “odio”, y promover el “fascismo”.

Tras un periodo de bloqueos intermitentes, a mediados de noviembre de 2024, el gobierno venezolano reactivó una fuerte ofensiva legal y técnica contra la plataforma: En esta ocasión, el argumento político se desplazó hacia la seguridad de los menores de edad. El gobierno responsabilizó directamente a TikTok por la intoxicación y hospitalización de decenas de estudiantes en colegios venezolanos debido a retos virales (como el “Chroming”). Maduro llegó a dar un ultimátum de 72 horas a los representantes de la plataforma en la región para que retiraran esos contenidos de Venezuela, amenazando con un bloqueo total y definitivo si no cumplían.

La censura digital del chavismo también se materializó en 2024 con el bloqueo de aplicaciones de mensajería cifrada segura como Signal, así como restrigiendo el acceso a sitios verificación de datos, como Cazadores de Fake News y EsPaja, por desmentir narrativas de desinformación institucional. Se registraron también bloqueos de más corta duración contra Reddit, (que ofrece espacios de discusión y para compartir noticias autogestionadas por una variedad de comunidades y nichos); Microsoft Teams, utilizada por empresas, ONGs y otras organizaciones y AWS CloudFront, un servicio de Red de Distribución de Contenido (CDN) cuyo bloqueo por espacio de varios días afectó a decenas de sitios web de información, servicios y entrenimiento.

Asimismo, para asfixiar el acceso alternativo, el Estado bloqueó los dominios y servidores de herramientas esenciales de privacidad y elusión como Psiphon, Proton VPN, TunnelBear y la red Tor.

Bloqueo que indujo a cambios para no desaparecer

El bloqueo de acceso a Runrun.es en mayo de 2020 coincidió con un período de publicación de investigaciones de alto impacto y coberturas críticas sobre la gestión pública y la crisis de la COVID-19 en Venezuela. El bloqueo se amplió en julio de 2024, en el marco del contexto de la conflictividad política por las elecciones presidenciales. Además de este bloqueo masivo por parte de las operadoras, el medio también había sufrido ataques informáticos, como un ciberataque registrado el sábado 11 de diciembre de 2021 que afectó temporalmente su operatividad.

Para un medio digital como Runrun.es, mantenerse bloqueado durante más de un lustro no solo supone perder alcance y capacidad de llegar a sus audiencias. También obliga a desplegar esfuerzos tecnológicos y de educación de los lectores que, para equipos pequeños y con recursos limitados, representan una tarea gigante.

“Nosotros nos vimos obligados a crear un dominio alternativo que no estuviese bloqueado, a desviar el tráfico a ese dominio para reducir la desconexión. Pero la pérdida de audiencia dentro del país, dentro de nuestro público natural fue importante”, explica Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.

El impacto también alcanzó la sostenibilidad del medio. “Eso supone también un impacto en los ingresos de publicidad programática que es inestimable como consecuencia de esa caída de tráfico”, señala Blanco.

Frente al bloqueo, Runrun.es también tuvo que diversificar sus vías de distribución. “En medio de eso nos obligamos a diversificar nuestros canales, a impulsar nuestros contenidos por redes sociales y a promover con otros medios bloqueados, alianzas de difusión que permitieran que contenidos útiles para la opinión pública venezolana no quedaran sepultados bajo los escombros de la censura”, relata.

La libertad de expresión no puede ser a medias

El SNTP consideró que el desbloqueo de medios representa un avance en la restitución de garantías para la libertad de expresión, pero exigió que el proceso sea completo y verificable. También, reclamó la libertad de seis periodistas y trabajadores de la prensa que continúan judicializados y la derogación de disposiciones de la Ley contra el Odio, que mantienen sanciones administrativas y restricciones contra medios digitales.

Otra exigencia del gremio periodístico es la renovación de concesiones de radio pendientes. El sindicato señala que esa situación afecta a cerca de 70 % de las emisoras del país y mantiene a más de 800 radios en incertidumbre jurídica.

Por su parte, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Sofía Macher, advirtió en su discurso este mismo 17 de septiembre ante la ONU que el desbloqueo de algunos portales no representa el levantamiento total de las restricciones.

“No ha completado el total de las líneas que deberían haber sido abiertas”, afirmó Macher. La representante de la Misión señaló además que las restricciones digitales persisten y vinculó cualquier avance en materia de libertad de prensa con la revisión de las normas que afectan las libertades de opinión y expresión. Según Macher, “casi 14 leyes o más” afectan directamente esas libertades y más de 37 periodistas han sido detenidos en Venezuela, en su mayoría durante períodos cortos.

El levantamiento parcial de los bloqueos ocurre, además, en vísperas del segundo ciclo presencial del proceso de diálogo en el que se han incorporado asuntos relacionados con la libertad de expresión. Doce años después de los primeros bloqueos digitales documentados bajo órdenes de Conatel, el organismo vuelve a mostrar que las restricciones sobre los medios pueden ser modificadas desde la propia estructura estatal que las ha administrado. Algunos portales comenzaron a recuperar el acceso, pero el marco que levanta muros digitales, permanece.

Ahora, el desafío para los medios bloqueados durante años es recuperar a una audiencia que durante años encontró obstáculos para acceder directamente al medio.

“Nos toca ahora aprovechar esta situación, que no hay garantías de que sea perdurable, en restablecer la relación con nuestro público para que muchos que ni siquiera lo conocen, neveguen nuestras páginas y recorran la historia que hemos narrado durante los últimos 16 años”, afirma Luis Ernesto Blanco, director editorial de Runrun.es.

El levantamiento parcial de las restricciones, por tanto, no borra los efectos acumulados durante los años de bloqueo: detrás de cada dominio inaccesible hubo audiencias que debieron buscar otras rutas, equipos que tuvieron que adaptarse y contenidos que necesitaron nuevos caminos para llegar a quienes estaban destinados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Edmundo González tras nuevo informe de Misión de la ONU: “La tortura continúa”

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El dirigente político, Edmundo González, se pronunció sobre el informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela. Hizo énfasis en la gravedad de sus hallazgos y recordó que los derechos humanos no pueden estar sujetos a circunstancias políticas.

González destacó que el anuncio deja en evidencia que las estructuras legales, institucionales y de seguridad que permitieron que ocurrieran graves violaciones de derechos humanos no han sido desmanteladas. Advirtió asimismo que la persecución no desapareció, sino que mutó por medio de detenciones arbitrarias cortas, vigilancia, interrogatorios, intimidación y censura.

“La tortura continúa y la conclusión de la Misión es especialmente grave. Habla de una cultura institucionalizada sostenida por la tolerancia y la impunidad”, afirmó Edmundo González. 

El político recalcó que según los datos recogidos por la Misión, entre 379 y 500 personas continúan privadas de libertad en el país, además de que sigen registrándose desapariciones forzadas, torturas y malos tratos bajo una cultura sostenida” por la tolerancia y la impunidad”.

González alertó sobre el papel que tienen los “colectivos” en el control social e intimidación y cómo sus actuaciones son favorecidas por el propio Estado, punto que la Misión desarrolló en este reciente informe.

“No hay reconstrucción democrática posible sin verdad, memoria y justicia”, enfatizó el dirigente.

La represión sigue

La Misión de la ONU concluyó en su más reciente informe, difundido el pasado 17 de septiembre, que pesar de las limitadas mejoras y la reducción de detenciones tras lo ocurrido el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, los responsables de las represiones y los crímenes de lesa humanidad siguen intactos. 

La organización enfatizó que las excarcelaciones de las personas que estaban detenidas por motivos políticos no han sido acompañadas por reformas, mientras que los funcionarios que han sido señalados por violaciones graves continúan en sus puestos.

Llegaron a investigar a 64 nuevos casos de tortura que han ocurrido después del 3 de enero, en lugares como El Rodeo I, con prácticas como la intubación forzada y el encerramiento en una cisterna subterránea conocida como la “máquina del tiempo”. Mencionaron tambiñen que en Fuerte Guaicaipuro se reportan encierros similares en celdas subterráneas similares a fosas, expuestos al frío y privados de alimentos.

Estas investigaciones han llegado a revelar varios fallecimientos bajo custodia, como el caso de Víctor Quero Navas, que estuvieron relacionados con la falta de atención médica y malos tratos. 

“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles,” declaró Sofía Macher, Presidenta de la Misión. 

Estado sigue sin rendir cuentas

El informe también detalló que entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026 se llegaron a registrar al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos y en el análisis que hizo la organización sobre los “colectivos”, concluyeron queson un punto central en la forma de represión del Estado y del control social, ya que operan con apoyo, financiamiento y se les suministran equipos.

“Instamos a las autoridades estatales a adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y a establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas”, afirmó María Eloisa Quintero, experta de la Misión. 

Ante la perseverancia en la impunidad y la falta de información que sea transparente sobre las personas que continúan presas, los expertos hicieron un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades del Estado venezolano para poder llegar a una especie de rendición de cuentas.

“Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales”, añadió Alex Neve, integrante de la Misión. 

Puede leer el informe completo aquí.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 17 de septiembre: EE. UU. captura al «ingeniero» del Tren de Aragua

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 17 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Estados Unidos detuvo en Venezuela a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “El Ingeniero” o “Prometheus”. Un hecho que calificó como “inédito” para la institución, ya que su captura logró cerrar por completo la lista de los 10 fugitivos más buscados de la agencia.

Canelón Aguirre había sido incluido en dicha lista en marzo de 2026 y se convirtió en el primer ciberdelincuente en la historia en ser incluido en ella. En esa ocasión, se solicitó un millón de dólares por su captura.

“El ingeniero” fue localizado y arrestado en territorio venezolano, según la información revelada por el FBI. Calderón es considerado un delincuente cibernético, que creaba malwares para robar dinero de bancos y dárselos al Tren de Aragua y otras agencias criminales.

Lee la nota completa en este enlace incrustado.

Recién salido del horno: otras noticias

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SNTP denuncia una campaña de desprestigio contra el periodista Alonso Moleiro

Dólar/ Euro BCV

La perla del día

«La desinversión está matando a Guri. La salida de la máquina 17 nos pega mucho. Ahí faltan repuestos, utensilios de seguridad para los trabajadores», dijo Enzo Fernández, un empleado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) al medio El Pitazo sobre la reciente daño que sufrió una de las turbinas de la central hidroeléctrica.

Lo que rompe en redes

Horas previas al segundo ciclo de negociaciones, el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz emitió un comunicado para recomendarle a la presidente interina Delcy Rodríguez de levantar el bloqueo a las páginas web de periodismo venezolano. La ONG VE Sin Filtro recordó que hay más de 200 sitios web cuyo acceso está bloqueado por el Gobierno venezolano desde hace años.

Azuquita pa’l café

La ñapa (recomendamos)…

La nueva demografía de Venezuela: ricos emergentes, familias rotas y gente que huye

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El impacto demográfico de 26 años de chavismo en el gobierno ha dejado huellas profundas. El más notable es la emigración del 25 % de la población de Venezuela. El otro es el surgimiento de una clase de nuevos ricos asociados a la corrupción de una cleptocracia como jamás se había conocido. A los antiguos “ricos de cuna” (algunos de ellos se han pegado a la teta chavista, y otros han resistido la arremetida contra la empresa privada), ahora se agrega una clase de dueños de negocios que han ido colonizando áreas de la economía como el vestido, la venta de electrodomésticos y aparatos electrónicos, de víveres y productos de higiene, farmacias y muchos otros ramos donde se lava dinero en cantidades millonarias.

El escritor Carlos Lizarralde se ha dedicado a documentar este drama demográfico. En su más reciente libro en inglés intitulado One in Four. The Exodus that Emptied Venezuela (Codex Novellus, 2025), Lizarralde propone asumir una perspectiva histórica. Venezuela es, según este autor, el producto de varias rupturas poblacionales. Estas rupturas están marcadas por la conquista de ese territorio donde vivían tribus autóctonas que guerreaban entre ellas (sobre todo los feroces caribes) que no tenían un peso demográfico cuantitativo relevante. Los conquistadores españoles se impusieron, iniciando un proceso de mestizaje que ha marcado hasta hoy en día el perfil poblacional, cultural e incluso psicosocial de los venezolanos. Después vendría la colonización con su jerarquización étnico-social, su componente de racismo, y la llegada por la vía forzada del comercio de esclavos de una población africana sometida a la explotación y el maltrato. El mestizaje incluye tres fuentes: la europea, la autóctona americana y la africana.

Guerra y población

Después vendría la guerra de independencia que también cambió por la vía violenta la demografía de Venezuela. Diezmó a una parte importante de la población de origen español y canario, reforzó la dominación de una clase blanca criolla, abrió las puertas para que mestizos como los pardos reclamaran derechos políticos y económicos, e hizo que las masas de mestizos, autóctonos y negros, fueran movilizados por líderes militares carismáticos como Boves (contra los republicanos liderados por Bolívar) y después Páez (a favor de los republicanos) en las refriegas entre promonárquicos y proindependencia. Esta movilización guerrera del llamado “pueblo” se mantuvo durante la llamada Guerra Federal y otros episodios violentos bajo los diferentes caudillos regionales que fueron finalmente derrotados por otros caudillos andinos, Castro y Gómez, a finales del siglo XIX.

La población de Venezuela no podía crecer debido a la gran pobreza y a las enfermedades que mataban a los venezolanos. La malaria y otras infecciones tropicales no permitieron que hubiera crecimiento demográfico ni económico. Eso cambió con el descubrimiento y la explotación del petróleo, cuando comenzó la lucha contra el paludismo gracias a un país con más dinero, desarrollo de su infraestructura, acceso (aunque limitado) a la educación y mejoras en la atención sanitaria. A estos cambios socioeconómicos se agregaron nuevas olas migratorias de Europa y otros países de Suramérica, como lo señala Lizarralde en su libro, personas atraídas por la prosperidad económica que ya se manifestaba en el país en los años 30 y 40 del siglo XX.

El resentimiento

Pero la llegada del chavismo al poder en 1999 marca una ruptura sociodemográfica. Reintroduce la variable “étnica” (no me gusta usar el término “racial” por sus implicaciones fascistas) en la política, el enfrentamiento entre los de piel más oscura y los blancos, según el discurso del propio Hugo Chávez. Como lo señala en su libro Lizarralde, el proyecto de Acción Democrática de un policlasismo no étnico, basado en la convergencia de intereses de diversas clases y diferentes tonos de piel, se desmorona. El autor lo explica como el regreso de lo reprimido, siendo lo reprimido el racismo que habían sufrido las mayorías empobrecidas, especialmente desde la crisis económica que se inició en los años 80 del siglo XX. El chavismo apalancó el resentimiento étnico que históricamente se había acumulado.

Además de destruir la economía, el tejido institucional del país (que no era muy sólido pero que se había construido con avances y retrocesos), y los sistemas de protección sanitaria y social (acabaron con la red pública de salud y de seguridad social), el chavismo produjo un exilio masivo de venezolanos que nunca se había constatado en la historia de la relativamente joven república. Dependiendo de las fuentes, entre 8 y 9 millones de venezolanos, de todos los colores de piel, salieron huyendo de un régimen que los empobreció y que los persiguió. Se dice fácil, pero sin haber pasado por una guerra civil como la que sufrió Siria, Venezuela se vació de un cuarto de su población.

La familia rota

Y, tal como lo considera Lizarralde, además del costo socio-económico de tal masiva emigración, la salida de un cuarto de la población ha quebrado a cientos de miles de familias. Padres y madres separados de sus hijos, abuelos que no conocen a sus nietos, hermanos dispersados por todo el mundo. El legado del chavismo es también muy negativo en lo humano. En su desprecio por la gente, la clase gobernante de estos últimos 26 años se ha metido hasta en la dinámica socio-afectiva de las familias.

En Venezuela vemos emerger una nueva demografía. Los pobres, mayoría, se han vuelto más dependientes del Estado. La clase media está muy golpeada y disminuida. Una nueva clase media alta y rica, asociada al régimen, vive en sus burbujas urbanas disfrutando de las mieles del lavado de dinero, la corrupción y las migajas sustanciosas que van dejando los capos del chavismo reconvertidos ahora en proimperialistas. Carlos Lizarralde habla en su libro de una ola más reciente de inmigrantes en Venezuela. Se trata, según el autor, de cientos de miles de personas de lo que se conoce como la Gran Siria (Siria y Líbano) que se han insertado en la economía y en la política del país, algunos con mejor suerte que otros. Es una población un tanto diferente de los migrantes sirio-libaneses que llegaron al país en otros momentos de su historia reciente. La pregunta queda abierta, tal como la formula el mismo Lizarralde: ¿qué impacto tendrán estos cambios demográficos en la política, la economía y la cultura de Venezuela? Difícil proyectar una respuesta. Venezuela cambió y no sabemos si será necesariamente para bien.

Periodista, economía y finanzas | X: @sdeoviedo, IG: @santiagodeoviedo

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USB exige elecciones rectorales tras cinco años de un «interinato indefinido»

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«Hoy es un día fatídico para la Universidad Simón Bolívar: hoy se cumplen cinco años del nombramiento de unas autoridades interinas por parte del Gobierno nacional que, se supone, iban a estar seis meses para elegir autoridades legítimas». Con estas palabras del presidente de la Asociación de Profesores de la universidad (Apusb), Omar Pérez Avendaño, inició una rueda de prensa convocada el 16 de septiembre en la sede de Sartinejas de la institución, en Caracas.

Estudiantes, profesores y egresados se reunieron para exigir retomar las elecciones de sus autoridades ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Desde que el CNU impuso el rectorado interino, la USB ha registrado más vulnerabilidades desatendidas.

«Han sido 5 años de la peor gerencia de la universidad en toda su historia», denunció Pérez Avendaño. «Ya se conoce el deterioro de la infraestructura. Ya se conoce el bajo nivel académico. Se conoce que hay [al menos] 320 profesores ordinarios, de los cuales la mitad son profesores jubilados. Se conoce que la matrícula ha disminuido, dejando a la universidad prácticamente como un colegio. Aquí no hay autobuses, tienen que pagar dos dólares para tener un almuerzo», señaló.

El presidente de la Apsub informó que la comunidad estudiantil y docente de la universidad ha contactado a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, para solicitar las elecciones. La demanda ha sido rechazada. Pérez mostró su preocupación por el nombramiento de otro rectorado impuesto, sin la participación democrática de la comunidad universitaria.

Silencio judicial

De acuerdo con la Ley de Universidades, el CNU tiene competencia para designar solamente a un rector interino por un período de 180 días cuando existe la falta repentina de un rector. Durante ese tiempo se deberían convocar a nuevas elecciones.

La Apsub envió una apelación al Tribunal Supremo de Justicia en junio de 2024, cuando el rectorado interino tenía tres años en funciones. «Pero el Tribunal “engavetó” el caso», denunció Pérez.

Desde entonces, la comunidad universitaria llevó otras cinco solicitudes al Ministerio de Educación Superior para solicitar elecciones recotrales: el 24 de enero de 2025, el 6 de marzo de 2026, el 13 de abril de 2026 y el 21 de abril de 2026. El Ministerio canceló o ignoró todas las solicitudes.

Incertidumbre en la sede Litoral

Mientras tatno, Wilmary Venal, presidenta de la Federación de Estudiantes de la USB (Fceusb), denunció que la sede de la universidad en La Guaira fue tomada como refugio por el Gobierno interino sin la consulta de la representación docente y estudiantil.

«Vienen con la narrativa de “Venezuela renace”, pero la USB no ha renacido: la están dejando hundirse», reclamó. «No tenemos problema que sea un refugio para los damnificados, pero no tenemos las condiciones claras de cómo se va a manejar la situación en la sede», destacó.

Venal denunció que la comunidad universitaria en el estado Vargas no tiene atención psicológica y se espera que retomen clases desde la semana pasada desde la virtualidad. Tampoco se ha estipulado un plan de atención integral para los miembros de universidad que viven en La Guaira.

«Manifestamos nuestra profunda alarma ante la ausencia de liderazgo y la falta de voluntad, compromiso y capacidad operativa de los interinos para atender con diligencia y empatía la emergencia que enfrenta nuestra sede Litoral a causa del doblete sísmico», dijo Mineau Reyes, presidenta de la Asociación de Egresados de la USB (Aeusb).

Reyes afirmó que la universidad apeló a mantener a la directiva en sesión permanente frente al desastre y la reconstructción y reintegración «gradual» de las clases, pero el rectorado interino declinó la solicitud, tildándola de «acción política».

Fue a través de una iniciativa de 60 personas pertenecientes a la Aeusb, la Fceusb y la Apusb que se hizo un censo de la comunidad universitaria afectada por el desastre. Reyes afirmó que la iniciativa entregó cerca de 70 toneladas de insumos a cientos de personas. Indicó que esta asociación civil seguirá trabajando en alianza con organizaciones internacionales ante el silencio y la inacción del Gobierno interino de atender a la comunidad universitaria.

«No sabemos cómo vamos a regresar a clases», denunció la presidente de la Fceusb. «Hoy tenemos la universidad vacía [en Caracas] porque no tenemos las condiciones para empezar».

Claves | Cómo fue el “cambio de gobierno” en el Arco Minero del Orinoco

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Hubo dos hechos que desencadenaron las dudas: Estados Unidos capturó a Nicolas Maduro durante los bombardeos del 3 de enero en Caracas y, seis meses después, dirigió los ataques del 9 de junio en el estado Bolívar, que terminaron con la presunta ejecución de ‘Niño Guerrero’, el líder más visible del Tren de Aragua. ¿Estos episodios significaron un cambio para el Arco Minero del Orinoco? La Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca emprendieron un viaje hacia estos territorios para conocer si realmente se erradicaron las estructuras criminales que durante años han dominado la zona. 

En esa travesía hubo varios hallazgos que fueron revelados en el primer reportaje de la serie Dorada Opacidad II. Aquí las claves de este trabajo:

1. La incursión armada del 9 de junio no erradicó estructuras mafiosas: 

El ataque ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos en el estado Bolívar, junto a componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desplazó al ‘Sistema’, la unión conformada por dos bandas criminales: el ‘Sindicato de Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’. Sin embargo, ese lugar lo ocupa ahora el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO), que depende de la FANB y que se ocupa ahora de extorsionar a comerciantes, mineros, molineros y a todo aquel que esté vinculado con la explotación del oro en el eje Las Claritas-Kilómetro 88. 

Ese “cambio de gobierno”, término carcelario usado también por los grupos delincuenciales para indicar cuándo una banda sistituye a otra en un territorio, no desmonta el sistema. La renta del oro permite que la gobernanza criminal sobreviva y se adapte, esta vez, con rostro militar.

Caravana del GPAMO en Las Claritas
Caravana del GPAMO en Las Claritas. Foto: Lorena Meléndez G.

2. La incursión fue una muestra del poder de Estados Unidos sobre Venezuela: 

Desde el 3 de enero, el gobierno de Donald Trupm ha dejado claro su interés por el petróleo, pero también oro venezolano. Por eso, no es coincidencia que, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada que cuenta con el aval de Washington, Delcy Rodríguez, haya anunciado la presentación de un paquete de leyes ante la Asamblea Nacional, el cual incluyó la creación de una nueva normativa para la minería.

La Ley Orgánica de Minas se sancionó en abril pasado con un articulado que permite la entrada de empresas privadas extranjeras a las actividades de la industria aurífera y concede una serie de beneficios fiscales a las compañias dedicadas al sector. 

3. Delcy Rodríguez pone a su gente cerca del oro:

Por su parte, Estados Unidos comenzó el levantamiento de sanciones que había aplicado desde 2018 sobre el oro venezolano. Entre marzo y principios de septiembre, el Departamento del Tesoro del país norteamericano, permitió la emisión de licencias a empresas estadounidenses para la exportación, venta, compra, almacenamiento, transporte, procesamiento y refinación de minerales de origen venezolano, incluido el oro. También dio luz verde al suministro de determinados artículos y servicios para operaciones con minerales, así como la celebración de negociaciones y contratos en sectores mineros.

La presidenta interina consolidó sus cuadros dentro de la empresa minera nacional. Por eso, nombró o reconfirmó en sus puestos a funcionarios cercanos a su entorno en el ámbito civil y militar dentro del Arco Minero. Sus fichas no solo se extienden sobre el Ejecutivo, sino también sobre las empresas públicas que intervienen en el negocio y en los uniformados que pueden garantizar el suministro de gasolina y la operación dentro de las minas.

Ejemplo de estos movimientos son el reemplazo del ministro de la Defensa de la era Maduro, Vladimir Padrino López, por Gustavo González López, quien comenzó como el comandante de su Guardia Presidencial. Rafael Prieto Martínez, quien venía de ser jefe militar en Bolívar, es hoy la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB). También hubo cambios en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana (donde está el Arco Minero del Orinoco) y en la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar.

En el ámbito civil está Calixto Ortega Sánchez, uno de sus hombres cercanos, en la Vicepresidencia sectorial de Economía y Finanzas. De ese despacho depende el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a cargo de Héctor Silva Hernández, quien también es presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y de la Compañía Venezolana de Minería. Además, el actual presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, es también titular del recién creado Viceministerio del oro.

En el ámbito regional se mantiene Yulisbeth García, la “Tata”, como gobernadora del estado Bolívar, quien en sus tiempos de alcaldesa del municipio Piar fue señalada por haber permitido que ese territorio, en donde no había minería, se convirtiera en una sucursal del comercio aurífero y también de participar en negocios relacionados con contrabando de oro.

Todos estos enroques confirman que el Estado no está ausente en el Arco Minero, sino que convive y se superpone con poderes criminales.

4. El Arco Minero funciona como un mosaico de gobiernos de facto:

Mientras que los militares del GPAMO controlan el negocio minero en Las Claritas-Kilómetro 88, en los otros territorios mandan las bandas y la guerrilla colombiana.

En la población de El Dorado permanece en el poder el “Negro Fabio”, quien a pesar de que tiene dos órdenes de aprehensión, una por contrabando de oro y otra por trata de personas con fines de explotación sexual, lleva más de tres lustros a cargo de las minas de la zona, incluso de aquellas que están al margen del Cuyuní. 

En Tumeremo, la mayor parte de la minas son dominadas por la Organización R, cuyo líder lleva el apodo de ‘Run’. Mientras que el Tren de Guayana controla los yacimientos de El Callao y sus alrededores. Aunque todos los habitantes en estos pueblos saben de su existencia, ambos grupos operan con bajo perfil. 

En las minas cercanas a la frontera con Guyana están los miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

La presencia del Negro Fabio se siente en todo El Dorado
La presencia del Negro Fabio se siente en todo El Dorado. Foto: Lorena Meléndez G.

5. Gobernanza criminal: más allá del delito

La reportería en estos territorios confirmó que los grupos armados no se limitan a la actividad minera, sino que actúan dentro del orden civil de los pueblos o incluso se hacen ver como benefactores de la zona.

El desplazado ‘Sistema’ de Las Claritas-Kilómetro 88 vigilaba celosamente el comportamiento de los habitantes y castigaba faltas a golpes, palazos u horas al sol: desde un robo hasta una infidelidad en una pareja. También mantenían equipado y dotado al centro de salud del pueblo, así como la seguridad del lugar con un régimen tan férreo que nadie se atrevía a desafiarlos. Lo paradójico es que, ahora que los militares están al mando, los pobladores se sienten desprotegidos porque los robos y hurtos han regresado.

La Fundación Corazón de Azúcar cumple con obras benéficas en El Dorado en nombre del ‘Negro Fabio’. Se encarga de repartir comida, útiles escolares, reparar baches, pintar escuelas y hasta ayudar a jóvenes deportistas del pueblo. Los pobladores acuden a él para resolver problemas y buscar ayuda monetaria para tratamiento de salud. Han manifestado que, si hay algún operativo militar allí, saldrán en su defensa. En Tumeremo hace lo propio la Fundación 3RRR, que depende de la Organización R.

Si quieres conocer más sobre este reportaje, puedes leerlo aquí.

En el Día de la Democracia: hablemos sobre el Estado que necesita Venezuela

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Después de 27 años de chavismo sería muy fácil pensar que la reconstrucción de Venezuela consiste simplemente en hacer exactamente lo contrario de todo lo que se hizo durante este tiempo. Y quizás allí tengamos una de las primeras discusiones que debemos atrevernos a dar con franqueza, porque el rechazo comprensible hacia el socialismo del siglo XXI está comenzando a producir nuevos antagonismos alrededor de conceptos que deberíamos volver a discutir con racionalidad.

Todo aquello que se refiere a la gestión social por parte del Estado comienza a mirarse con rechazo o estigmatización porque se asocia inmediatamente con el modelo que hemos padecido. Mientras tanto, cualquier propuesta que hable de reducir el Estado, privatizar, liberalizar la economía o colocar la libertad individual en el centro puede adquirir legitimidad simplemente porque representa lo contrario. Entiendo perfectamente de dónde proviene esa reacción. Pero gobernar un país no puede consistir únicamente en reaccionar contra aquello que fracasó.

Y es que lo que vivimos los venezolanos no fue simplemente un Estado que asumió demasiadas responsabilidades sociales. Vivimos el desmantelamiento institucional del propio Estado, la desaparición progresiva de mecanismos de control, la concentración del poder y una peligrosa ausencia de fronteras entre partido, gobierno y Estado. Vivimos enormes esquemas de corrupción, irrespeto a la propiedad privada, destrucción de capacidades productivas, deterioro de los servicios públicos, pérdida de capacidades institucionales y graves violaciones de derechos humanos.

Por eso hay una diferencia enorme entre un Estado grande y un Estado fuerte. Venezuela llegó a tener un Estado que pretendía estar presente en prácticamente todos los espacios de la vida económica, política y social y que, paradójicamente, terminó siendo incapaz de cumplir muchas de sus funciones fundamentales. El problema no fue simplemente cuánto Estado tuvimos. El problema fue qué Estado construimos, qué límites perdió, qué instituciones destruyó y qué capacidades dejó de tener.

Es allí donde quiero volver sobre una discusión que Manuel García-Pelayo planteó alrededor del Estado social y democrático de derecho y que sigue teniendo una enorme vigencia para pensar Venezuela: la democracia tiene una dimensión política, pero también una dimensión social.

La democracia política permite que la ciudadanía elija a sus gobernantes y representantes; garantiza la división de poderes, el Estado de derecho, la institucionalidad, la transparencia, el pluralismo y la posibilidad real de controlar a quienes ejercen el poder. La democracia social, por su parte, procura que el Estado esté al servicio del ciudadano y no el ciudadano al servicio del Estado. Entiende que la democracia no puede agotarse en votar periódicamente, sino que debe crear las condiciones para que las personas ejerzan efectivamente sus derechos y desarrollen sus capacidades.

Y aquí aparece una distinción que para mí es fundamental: hablar de democracia social no significa defender un Estado omnipresente. Mucho menos significa un Estado propietario de todo, empresario de todo, regulador de cada aspecto de la vida o encargado de sustituir a la sociedad.

Lo que Venezuela necesita puede entenderse mejor como un Estado limitado, capaz y eficiente. Limitado, porque su poder debe encontrar fronteras infranqueables en la Constitución, en los derechos de las personas, en la propiedad privada, en la separación de poderes y en la autonomía de la sociedad civil. Capaz, porque aquello que verdaderamente le corresponde hacer debe hacerlo bien. Y eficiente, porque el éxito del Estado no puede medirse por la cantidad de instituciones que controla, empresas que posee, funcionarios que emplea o recursos que administra, sino por su capacidad para garantizar derechos, prestar servicios públicos, establecer reglas claras y generar condiciones para el desarrollo.

Ese Estado no tiene que sustituir a la sociedad ni controlar todos los espacios de la vida ciudadana. Tampoco debe sustituir al mercado allí donde la iniciativa privada puede producir, innovar, generar empleo y crear riqueza de manera más eficiente. Pero tampoco puede renunciar a sus responsabilidades fundamentales en educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura, protección social, servicios públicos, igualdad ante la ley y creación de condiciones para que cada ciudadano pueda desarrollar sus capacidades.

Esto no excluye la participación activa del capital privado. No excluye la propiedad privada. No excluye el emprendimiento ni la competencia. Mucho menos excluye una sociedad libre. Más bien puede convivir perfectamente con una economía social de mercado donde la iniciativa privada sea una fuente fundamental de generación de riqueza, mientras el Estado establece reglas claras, garantiza seguridad jurídica, protege la competencia, evita privilegios y procura que el crecimiento económico pueda convertirse también en oportunidades.

Porque tampoco podemos cometer el error de confundir una economía de mercado con la ausencia del Estado, así como durante demasiado tiempo confundimos la presencia del Estado con la capacidad del Estado.

Después de 27 años de chavismo y de un proyecto político que evolucionó progresivamente hacia postulados abiertamente socialistas, anticapitalistas y marxistas, y que posteriormente encontró en el Partido Socialista Unido de Venezuela su principal estructura política, es comprensible que palabras como igualdad, protección social o incluso justicia social produzcan suspicacias en una parte de la sociedad. Pero permitir que el socialismo del siglo XXI se apropie definitivamente de esos conceptos sería concederle todavía más de lo que ya se llevó.

La democracia social no tiene la culpa de la corrupción. No explica que Venezuela haya atravesado una emergencia humanitaria compleja. No explica la violación de derechos humanos, la concentración del poder ni la utilización de las instituciones para controlar a los ciudadanos. Tampoco significa entregar derechos a cambio de obediencia.

Por el contrario, una democracia social supone ciudadanos con derechos civiles, políticos, económicos y sociales que no dependan de su cercanía con un partido, de su adhesión a un gobierno ni de su disposición a someterse al poder. Un derecho deja de ser verdaderamente un derecho cuando depende de demostrar lealtad a quien gobierna.

Ahora bien, el rechazo producido por estos años genera otra tentación. Cualquier propuesta asociada con el liberalismo clásico, con una reducción radical del Estado o con una idea abstracta de libertad puede resultar electoralmente atractiva porque aparece como la negación absoluta de aquello que hemos vivido. Y quizás sería muchísimo más fácil para un político, un activista o cualquier persona que quiera construir seguidores, tomar esas banderas y aprovechar una reacción emocional que tiene razones históricas perfectamente comprensibles.

Pero nosotros queremos racionalizar. Queremos explicar. Queremos hacer pedagogía sobre el tipo de Estado que merece Venezuela y discutir programáticamente qué entendemos cuando hablamos de libertad, igualdad, propiedad, mercado, solidaridad y democracia.

Por eso creo que hace falta construir un centro capaz de establecer postulados programáticos claros alrededor de una democracia social moderna. Y es allí donde, al menos yo, me siento identificado.

No hablo de un centro entendido como una posición cómoda entre dos extremos ni de una forma de evitar definiciones. Hablo de un centro capaz de defender con la misma claridad la libertad política, la propiedad privada, la iniciativa individual y la competencia; la separación de poderes y el Estado de derecho; pero también la educación, la salud, la protección social, la igualdad ante la ley y la existencia de instituciones que permitan que esas libertades puedan ejercerse realmente.

Venezuela llegó a conquistar parte importante de una experiencia democrática. La perdió y la deterioró, pero no necesariamente porque todos los postulados programáticos de aquella democracia fueran equivocados. Hay que hablar con absoluta claridad del clientelismo, de la corrupción, de la falta de oxigenación de los partidos, de sus problemas de representación y de la incapacidad que tuvieron para renovarse. Allí tienen responsabilidades históricas Acción Democrática, Copei y las generaciones que en determinados momentos condujeron esas organizaciones.

Sin embargo, reconocerlo tampoco significa satanizar a quienes se atrevieron a sentar las primeras piedras de un sistema democrático en Venezuela. Podemos reconocer lo que construyeron, estudiar aquello en lo que fracasaron y utilizar ambas experiencias para pensar el futuro. La crítica al pasado democrático debe servir para construir algo mejor, no para negar que Venezuela conoció instituciones, consensos y conquistas que hoy nuevamente necesitamos.

Y es que Venezuela no tiene por qué volver a casarse con un extremo.

Puede construir un modelo equilibrado: una democracia política plena y participativa, con separación de poderes, Estado de derecho, elecciones auténticas, transparencia y  pluralismo; una economía abierta que respete la propiedad privada, la competencia, el emprendimiento y la iniciativa individual; y una democracia social que permita que el Estado cumpla eficazmente las funciones que verdaderamente le corresponden y que el desarrollo económico se traduzca en capacidades y oportunidades para las personas.

Necesitamos, además, que el ciudadano vuelva a encontrar razones para proteger la democracia. Y para eso la democracia tiene que funcionarle.

Tiene que funcionarle cuando acude a un hospital, cuando lleva a sus hijos a una escuela, cuando busca empleo, cuando emprende, cuando abre una empresa, cuando necesita agua o electricidad, cuando exige seguridad, cuando reclama ante una institución y cuando participa en las decisiones de su municipio, de su estado y de su nación. Porque la democracia tiene que volver a encontrarse con la cotidianidad.

Cuando el ciudadano percibe que las instituciones le permiten vivir mejor, ejercer sus derechos, resolver sus conflictos, desarrollar sus capacidades y participar en las decisiones que afectan su vida, la defensa de la democracia deja de ser una abstracción. La democracia comienza a significar algo concreto en su vida y, precisamente por eso, encuentra razones para defenderla.

Los destinos de la nación tienen que volver a discutirse desde la pluralidad. Esa es una de las principales convocatorias que hoy debemos hacer a la sociedad civil, a los partidos políticos, a las distintas coaliciones y a quienes hacemos vida en el espectro político nacional.

No se trata simplemente de reconstruir aquello que fue destruido. Tampoco de restaurar el país que existía antes de 1999 como si sus contradicciones no hubiesen contribuido al agotamiento de aquel sistema. Se trata de aprender de aquello que construimos bien, reconocer aquello que hicimos mal y atrevernos a discutir qué Estado, qué economía y qué democracia queremos para las próximas décadas.

Porque si de verdad hablamos de reconstrucción democrática, tendremos que ir mucho más allá de la coyuntura. Habrá que tocar fondo allí donde haya que tocarlo.

@AyrtonVe

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Achtung, a la internacional de ultraderecha del siglo XXI

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Las elecciones celebradas el pasado 6 de septiembre en el Estado de Sajonia-Anhalt, región situada en la otrora Alemania Oriental, impactaron a Europa tras el triunfo de Alternativa para Alemania (AfD). Es la primera vez que un partido de ultraderecha logra gobernar en un estado de ese país desde la caída de Adolf Hitler, en 1945.

Por tanto, la exclamación alemana ¡Achtung! es más que una advertencia ante la realidad del auge de una formación política que, fundada apenas en 2013, obtuvo el 20,8 % (10 millones de votos) en las últimas elecciones federales de 2025. Con estos resultados, superó a partidos tradicionales de larga data como el Partido Socialdemócrata (SPD), a los Verdes (que obtuvieron el 16,4 %) y al Partido Democrático Libre (FDP) de los empresarios (que se quedó por debajo del 5 %).

Este éxito les ha permitido extender su influencia más allá de Alemania, conectándose con expresiones políticas similares en otros países europeos e incluso ampliando su onda expansiva hacia América.

Del fascismo histórico a la nueva realidad global

¿Quién iba a pensar que la ultraderecha volvería a ser relevante como fuerza política? Si acudimos a la historia, un siglo atrás se inició el apocalipsis fascista en Europa con la llegada de Mussolini al poder en Italia. A este fenómeno se sumó la ola autoritaria del periodo de entreguerras, representada por el régimen de António de Oliveira Salazar en Portugal —el Estado Novo (1933-1974)—, caracterizado como una dictadura corporativista y ultraconservadora que compartió rasgos esenciales con el fascismo, desembocando finalmente en la hecatombe nazi (1933-1945).

A esta galería del terror se añadió el fascismo imperial japonés, cuyo régimen promovió una doctrina geopolítica que justificaba la dominación sobre otros pueblos de Asia mediante la creencia en la superioridad étnica y mística del pueblo japonés.

Todos sabemos cómo culminó aquella fase de exterminio que afectó a todo el planeta, marcada por el Holocausto de seis millones de judíos y una cifra de entre 60 y 85 millones de muertos (algunos cálculos extremos elevan la cifra hasta los 100 millones si se incluyen las muertes indirectas por hambre y enfermedades). La gran mayoría de las víctimas fueron civiles que perecieron a causa de bombardeos y actos de violencia masiva.

El resurgimiento en el siglo XXI

Cuando vemos hoy, en pleno siglo XXI, cómo en estas formaciones se enarbolan esvásticas nazis, se niega el Holocausto calificándolo de invención o se justifica la figura de Adolf Hitler, no queda más que prepararse ante el resurgimiento de movimientos que cuestionan la esencia de los sistemas democráticos y la igualdad entre los seres humanos.

Si observamos el mapa europeo de esta nueva ultraderecha que pugna por alcanzar el poder a corto plazo, encontramos:

  • En Alemania, a la AfD.
  • En Francia, a Reagrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional), liderado por Marine Le Pen, propuesta como candidata presidencial para 2027.
  • En España, al partido Vox, con Santiago Abascal.
  • En Portugal, a Chega, dirigido por André Ventura.
  • En el Reino Unido, al partido Reform UK de Nigel Farage.
  • En Hungría, a Fidesz (Unión Cívica Húngara), liderado por Viktor Orbán, quien perdió las elecciones en 2026 frente a Péter Magyar, del partido de centroderecha Tisza.
  • En Italia, a Giorgia Meloni, considerada una de las figuras más importantes de la ultraderecha europea contemporánea, quien lidera el partido posfascista Hermanos de Italia y encabeza el gobierno más duradero del país en décadas.

Además de este primer grupo, existen formaciones de este mismo corte en los Países Bajos, la República Checa, Grecia, Suecia y Bulgaria, con diferentes matices, pero con un denominador común: la conducción de gobiernos o la participación en coaliciones oficiales.

La agenda de la nueva ultraderecha

Por supuesto, su agenda no es idéntica a la de la Internacional Fascista que devastó a la humanidad en el siglo XX, pero su orientación reaccionaria es evidente:

  • Rechazo absoluto a la inmigración, apostando por deportaciones masivas.
  • Proteccionismo comercial.
  • Frenar el Pacto Verde europeo.
  • Oposición férrea a las políticas de igualdad de género.
  • Divisiones internas sobre la Unión Europea: mientras Italia busca fortalecer el euro, Orbán y la AfD instan a la separación.
  • Discrepancias sobre Ucrania: Meloni apoya irrestrictamente a Kiev, mientras que la AfD y Orbán ven en la Rusia de Putin a su aliado fundamental.

Como indica una reciente nota periodística, la ultraderecha ya gobierna o cogobierna en ocho de los 27 Estados de la UE. Se espera que, con la llegada del ciclo electoral de 2027, comience una dura batalla por dominar el relato en torno a la inmigración y las políticas energéticas y medioambientales.

En definitiva, asistimos a nivel global a reagrupamientos difíciles de entender a la luz de la historia, en los que el pasado parece no importar. Mientras potencias como China, Rusia e India diseñan un nuevo eje económico y político mundial, en Occidente las rupturas internas facilitan el avance de regímenes autoritarios enemigos de los valores democráticos y de la dignidad humana.

América Latina no debe ignorar este preocupante rumbo del liderazgo global. En el siglo XX formó parte de la cruzada mundial contra el fascismo y por la paz; hoy debe mantenerse firme contra la discriminación, exigir el cese de la persecución a los migrantes en todo el mundo y redoblar los esfuerzos para restablecer instituciones públicas que garanticen una vida digna para sus pueblos.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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