La ONG Acceso a la Justicia exigió que el proceso de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previsto en los diálogos que comenzarán el 1 de agosto, esté marcado por la transparencia, el apego al texto constitucional y la garantía de independencia judicial.
A través de una nota difundida en su portal web, Acceso a la Justicia recordó que la renovación del TSJ ya se había iniciado meses antes, sin cumplir los estándares mínimos de publicidad y claridad exigidos por la Constitución.
La ONG precisó que en abril de 2026 empezó el proceso de selección y, para junio, se difundió una lista de 561 postulados a magistrados, además de 63 aspirantes a la Inspectoría General de Tribunales y 33 a la Escuela Nacional de la Magistratura. Sin embargo, no se informó de las vacantes existentes, el baremo de evaluación ni el cronograma.
Para la ONG, estas omisiones se agravaron con la constitución del Comité de Postulaciones Judiciales, cuya integración no garantizó la independencia política de sus miembros, y con la reforma de la Ley Orgánica del TSJ (LOTSJ), que aumentó a 32 el número de magistrados.
Desde cero
Acceso a la Justicia afirmó que la opción más acorde con la Constitución sería reformar la LOTSJ y desarrollar, por primera vez desde 1999, un procedimiento de designación plenamente ajustado al texto constitucional.
La ONG advirtió que en caso de continuar con el proceso en la etapa donde quedó suspendido, “sería indispensable incorporar garantías adicionales que permitan asegurar la máxima transparencia en la designación de magistrados independientes”.
Para la organización, la publicación de un baremo es de vital importancia, como lo expresa el artículo 73 de de la LOTSJ.
“Sin un baremo público es prácticamente imposible determinar si los seleccionados fueron los mejores calificados o solo los políticamente preferidos”, recalcó la ONG.
Comité técnico para fortalecer la credibilidad
Acceso a la Justicia señaló que un comité técnico independiente, integrado por especialistas nacionales e internacionales con reconocida experiencia en independencia judicial, incluidos representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), universidades y organizaciones de la sociedad civil con trayectoria en justicia y Estado de derecho, podría fortalecer la credibilidad del proceso.
De acuerdo con la ONG, su función no sería sustituir las competencias del Comité de Postulaciones Judiciales ni de la AN, sino aportar una evaluación técnica, objetiva y verificable sobre el cumplimiento de los criterios previamente establecidos.
La organización considera que la evaluación independiente permitiría aumentar la confianza pública, reducir la discrecionalidad y ofrecer mayores garantías de que las designaciones respondan al mérito y no a consideraciones políticas.
Acceso a la Justicia concluyó que exigir transparencia, reglas claras, un baremo público y evaluaciones objetivas no es igual a defender a un candidato u otro. Significa defender el derecho de todos los venezolanos a contar con un Poder Judicial imparcial.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Las consecuencias sanitarias posteriores al doble sismo del 24 de junio han encendido las alarmas del sistema de salud pública venezolano, ya que, de acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional N.° 63, correspondiente a la Semana Epidemiológica 27 (del 5 al 11 de julio), los contagios de hepatitis A aumentaron más de lo esperado. En esa semana se registraron 11 casos confirmados, lo que representa un incremento “por encima de lo esperado”.
Este incremento en la transmisión de hepatitis A, enfermedad que se adquiere fundamentalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, coincide con una escalada en las enfermedades diarreicas agudas (EDA), que sumaron 17 055 casos en solo 7 días. La escasez de agua potable y el hacinamiento en los refugios temporales han traído consigo un escenario favorable a la propagación de estas patologías, las cuales afectan principalmente a la población infantil.
Por ello, y en el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, conmemorado el 28 de julio de cada año, la gastroenteróloga Carla Dias advirtió, en una nota de prensa del Grupo Médico Santa Paula, sobre la urgencia de fortalecer la contención comunitaria. La especialista señala que la hepatitis es una inflamación hepática que puede evolucionar sin presentar síntomas visibles en sus etapas iniciales y derivar con el tiempo en insuficiencia hepática grave, cirrosis o cáncer.
Frente a esto, la indicación médica establece que, ante la confirmación o sospecha del caso, no solo debe evaluarse al paciente, sino a todo su núcleo familiar y contactos cercanos, a fin de interrumpir la cadena de transmisión.
“La hepatitis a veces avanza sin expresar sintomatología. Se instala en el hígado y, con el tiempo, puede transformarse en cirrosis o cáncer hepático. Por ello, la concientización no es solo informar; es mover voluntades. En julio, nuestro llamado es claro: Detectar temprano, vacunar, tratar sin miedo y educar”, indicó Dias.
Prevención en refugios
El colapso o la alteración en los sistemas de distribución de agua potable en las zonas afectadas eleva de forma directa la exposición a virus de transmisión fecal-oral como la hepatitis A y E. Ante esta situación, la potabilización rigurosa del agua para el consumo humano y la preparación de alimentos es un paso que no se puede negociar.
La recomendación sanitaria exige hervir el agua durante al menos un minuto completo o, en su defecto, aplicar entre dos y tres gotas de cloro comercial al 5,25 % por cada litro de agua y dejar en reposo 30 minutos antes de su consumo.
Por otro lado, la convivencia prolongada en los campamentos temporales exige atender con especial énfasis las vías de propagación parenteral y sexual, las cuales son responsables de la transmisión de las hepatitis B y C. La atención en estos centros amerita acompañar las medidas de control ambiental con la repartición masiva de preservativos y jornadas educativas orientadas a promover una salud sexual responsable y sin estigmas.
Criterios y diagnóstico clínico
Frente a síntomas característicos del tipo A (como fiebre, dolor en el área abdominal y piel amarillenta) o sospechas de daño en el hígado, los expertos recomiendan pruebas específicas de laboratorio que puedan orientar un tratamiento.
La primera evaluación requiere un perfil hepático para detectar si hay una lesión aguda en el hígado. La confirmación de hepatitis A se realiza mediante la detección del marcador IgM anti-VHA. Entretanto, para la hepatitis B se emplea el antígeno de superficie (HBsAg), sumado a la prueba anti-HBc IgM para determinar si la infección activa es reciente, y el anti-HBs para verificar la inmunidad.
Mientras que para la hepatitis C hoy se cuenta con tratamientos antivirales de acción directa que eliminan el virus, y la hepatitis B es controlable mediante medicamentos, la resolución ideal de los casos de hepatitis A y E depende de la detección precoz, el reposo y los cuidados de soporte oportunos para evitar complicaciones mayores en medio de la contingencia.
Con información de Nota de Prensa.
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Los terremotos del pasado 24 de junio afectaron a miles de personas en La Guaira. Muchos fallecieron, otros resultaron heridos y miles de familias perdieron sus hogares. Pero hay una población vulnerable de la que poco se habla: las personas privadas de libertad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció el pasado 28 de julio que, mientras miles de personas intentaban protegerse del desastre, los reclusos del Centro de Detención Preventiva de Caraballeda (retén de Caraballeda) “quedaron a merced del miedo, la improvisación y el abandono estatal”.
De acuerdo con la ONG, la hora a la que se produjo el doble sismo suele haber poco personal en el lugar, pues generalmente en ese horario solo están los funcionarios de guardia. El recinto carcelario está ubicado en una de las zonas de más devastación, debido al colapso de numerosos edificios residenciales y turísticos.
El OVP informó que parte de la pared trasera del retén colapsó. A pesar de que allí permanecían recluidos hombres y mujeres, la prioridad de los funcionarios “fue evacuar a las mujeres hacia la calle ubicada frente al centro de detención”. Ese día, alertó la organización, “la emergencia generó una situación de caos” por el colapso del servicio eléctrico, era “prácticamente imposible” acceder a la zona y no llegaron refuerzos policiales.
“Los pocos funcionarios presentes se limitaron a custodiar a la población detenida, mientras el temor a un nuevo movimiento telúrico aumentaba entre quienes permanecían bajo custodia”, agregó el OVP en una nota de prensa.
Caos y traslados de reclusos
La alerta de tsunami que se viralizó posteriormente también generó pánico en toda La Guaira, incluida la población carcelaria. Por esta situación, algunos funcionarios abandonaron sus puestos de trabajo; los que quedaron “fueron incapaces de controlar a las más de 40 mujeres que habían sido evacuadas al exterior del recinto”.
Fuentes indicaron al OVP que, temiendo por sus vidas, muchas de las mujeres privadas de libertad corrieron hacia donde pudieron para ponerse a salvo.
Una vez descartada la alerta, el jueves 25 de junio trasladaron a los reclusos hasta la sede policial de Macuto, que no sufrió daños estructurales y contaba con mayor capacidad de custodia. Debido al caos, al menos seis mujeres se fugaron ese día. El OVP conoció que varias se presentaron voluntariamente en Macuto y otras se entregaron en dependencias policiales del interior del país.
Transcurrida una semana del doble terremoto, más de 25 mujeres fueron regresadas al retén de Caraballeda, aunque la pared colapsada no había sido reparada. “El recinto seguía sin agua potable y persistían las fallas en el suministro eléctrico”, denunció el OVP en su publicación.
La organización logró llegar al retén para constatar sus condiciones y encontraron “un lugar completamente desolado”. No había familiares ni funcionarios custodiando las instalaciones; durante semanas estuvieron sin agua potable y los pocos alimentos que consumían provenían de las familias de algunas de las detenidas que luego compartían con el resto, pues no todas contaron con apoyo.
El OVP cuestiona que solo las mujeres fueran devueltas al retén de Caraballeda, mientras los hombres permanecieron en otra sede policial con mejores condiciones de seguridad. “Mantenerlas (a las mujeres) en un establecimiento que no cumple con condiciones mínimas ni garantiza los estándares nacionales e internacionales de reclusión, constituye una nueva violación de los derechos humanos por parte del régimen venezolano”, denunció la ONG.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) instaron al Estado venezolano a mantener la asistencia humanitaria y a monitorear la reconstrucción del país tras el doble terremoto del 24 de junio.
A través de un comunicado difundido en su página web, la CIDH instó al gobierno que lidera Delcy Rodríguez bajo la tutela de Estados Unidos a garantizar los derechos humanos de todas las personas afectadas en la más grave tragedia del país en su historia reciente.
La CIDH alertó de que a un mes del doble sismo tienen registros de vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) en las zonas afectadas. El organismo recalcó que el sistema hospitalario permanece bajo presión crítica, al tiempo que persisten dificultades en el acceso a agua potable, saneamiento y servicios básicos.
Obstáculos a la respuesta humanitaria
La CIDH mencionó que existen vacíos estadísticos que impiden comprender la magnitud de las afectaciones de los terremotos. En el texto denuncian que hasta el momento no hay información oficial sobre personas desaparecidas o no localizadas.
La Comisión recordó que los Estados están obligados a prevenir, mitigar y responder de manera oportuna y efectiva a los impactos de los desastres, y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos durante todas las fases de la emergencia.
“La asistencia humanitaria debe prestarse de forma suficiente, coordinada y sin discriminación, y el Estado debe asegurar la identificación de personas fallecidas, la trazabilidad de sus restos y el apoyo a sus familiares”, insistió la CIDH.
Finalmente, el organismo reiteró que Venezuela debe restablecer el orden constitucional y garantizar una sucesión legítima y pacífica, condición necesaria para reconstruir la institucionalidad encargada de prevenir y atender desastres de esta magnitud.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
“Venezuela llegó al desastre con una importante deuda de inmunización. Los terremotos no producen brotes epidémicos por sí mismos, pero el riesgo de contagio de enfermedades prevenibles por vacunas aumenta”, explicó el doctor José Levy, presidente de la Comisión de Inmunizaciones de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura (SVPP).
El último informe de la OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sobre las Estimaciones de la Cobertura Nacional de Inmunización (Wuenic, por sus siglas en inglés) reporta que en 2025 las coberturas de 14 vacunas que el Gobierno tiene la responsabilidad de aplicar a su población no superaron el 60 %. Entre esas coberturas destacan las vacunas contra el neumococos y las vacunas contra el rotavirus, que no se han aplicado desde el año 2016.
Por séptimo año consecutivo, el Gobierno venezolano no alcanzó el 95 % de cobertura en ninguna de las vacunas dentro del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el porcentaje mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger a la población de enfermedades inmunoprevenibles —como la tos ferina, el sarampión y la polio— y reducir el riesgo de brotes epidemiológicos.
Los datos de la Wuenic evidenciaron que la cobertura de vacunación en Venezuela durante el 2025 fue más baja que la registrada en los años 2020 y 2021, cuando la OMS alertó de que en todo el mundo las tasas de inmunización declinaron por la pandemia del COVID-19.
Según la Sociedad Latinoamericana de Vacunología (SLV), estas enfermedades inmunoprevenibles aumentan su propagación en contextos de desastres socioambientales, como los sismos. En un comunicado publicado el 7 de julio, la SLV pidió al Gobierno venezolano un inventario de las vacunas disponibles en el país para atender la emergencia humanitaria; pero, hasta la fecha, ninguna autoridad gubernamental ha ofrecido un balance al respecto.
Una cadena de vulnerabilidades
Para la SVPP, la escasez de vacunas había llegado a un punto crítico un mes antes de los terremotos: el 29 de mayo el Ministerio de Salud publicó la circular N.° VRSC/DGE/DI 020/2026 donde exhortaba a los directores regionales de epidemiología y a los directores de inmunización de cada estado a dosificar las coberturas vacunales, especialmente de los biológicos que previenen el contagio contra la tuberculosis (BCG), contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (SRP) y contra la difteria, tos ferina y el tétanos (DTP).
El Gobierno venezolano instruyó a las autoridades médicas a suministrar las vacunas de forma interdiaria, según la cantidad de nacimientos en el centro de salud o simplemente dar las dosis requeridas para el primer año de vida del infante, sin tomar en cuenta las vacunas de refuerzo necesarias para completar el esquema de inmunización recomendado por la comunidad científica.
Circular N° VRSC/DGE/DI 020/2026 publicado por el Ministerio de Salud de Venezuela. Fotografías cortesía de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría
«Uno de los factores principales de que tengamos una de las peores coberturas en la historia reciente de Venezuela es que tenemos la inversión en vacunas —o el gasto en vacunas— más bajo en los últimos 15 años», explicó Alejandro Crespo, pediatra y miembro de la SVPP en el estado Aragua.
Según los datos de la OMS, Venezuela llegó a invertir un poco más de 48 millones de dólares estadounidenses para lograr los objetivos de inmunización. Ahora, en 2025, Wuenic arrojó que el Gobierno invirtió poco más de 4 millones de dólares. Los datos ofrecidos por la OMS representan una reducción del 91,16 % en el gasto público destinado en la reducción de riesgos frente a las enfermedades inmunoprevenibles.
“Y ese dinero no incluye gastos como los Sharps container, que son las cajas rojas donde se botan las vacunas cuando ya son usadas; ni incluye los sueldos del personal de salud ni inyectadoras ni los gastos del transporte o la cadena de frío para vacunar en zonas lejanas. Esa inversión es solo para los biológicos“, dijo Crespo.
El médico pediatra agregó que todos los problemas asociados a la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta el país desde, al menos, el 2016 son factores que se agregan a la falta de inversiónpara para lograr una tasa de vacunación bajo los estándares de las Naciones Unidas: los cortes de electricidad, la escasez de agua potable y la inflación son algunos de los obstáculos “que incrementan la cantidad de oportunidades perdidas: de padres y representantes que llevaron a sus hijos a vacunarse, le dijeron que no podía hacerlo hoy y que no volverán al centro médico a vacunarse por estar pendiente de que llegue el agua o la luz o por no poder pagar un transporte caro frente con sus ingresos”.
Afrontar un desastre sin vacunas
Un estudio de la Unidad de Investigación en Salud Global sobre Determinantes Sociales y Ambientales de las Desigualdades en Salud (Sedhi, por sus siglas en inglés) publicado en junio de 2026 reiteró que los desastres socioambientales, especialmente los sismos, incrementan los casos de contagio de enfermedades inmunoprevenibles cuando existen coberturas de vacunación deficientes o nulas.
La exposición a partículas de polvo y escombros, el hacinamiento en los refugios, el colapso de los servicios de salud debido al desastre socioambiental y la escasez de agua potable y sanitarios son los principales factores de contagio del tétanos, la difteria, el sarampión y otras infecciones respiratorias (entre ellas, las infecciones por neumococos).
Pero, para el año 2025, Venezuela tiene menos del 50 % de cobertura del esquema completo de inmunización con la vacuna DTP —que cubre la difteria, el tétanos y la tos ferina— en la población infantil. “También el país lleva 10 años sin vacunas contra el neumococo y el rotavirus, que pueden propagarse en los refugios por la calidad del aire y del agua, respectivamente”, advirtió Crespo.
“La administración pública no ha activado un plan de vacunación serio contra el tétanos y otras enfermedades ante esta tragedia”, denunció Crespo. Añadió que las condiciones de algunos refugios no son las más idóneas. El médico comentó específicamente el caso de uno ubicado en Brisas de Maiquetía, donde hay al menos 2200 personas que viven en carpas sin acceso a servicios básicos, con 45 letrinas y 35 duchas (para el 20 de julio de 2026). Los estándares internacionales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) establecen que debe haber una letrina por cada 10 personas y una ducha por cada 20 personas.
El pediatra del SVPP en Aragua enfatizó que, además de las vacunas que están dentro del PAI, el Gobierno tiene una deuda con la inmunización contra la influenza y el virus del papiloma humano, enfermedades que pueden proliferar en los campamentos transitorios sin supervisión sanitaria. “Somos uno de los pocos países de América que no ha incluido la vacuna contra el VPH en el PAI. Y, en estos contextos de desastre, aumenta el riesgo de violencia sexual contra las mujeres“.
Opacidad con los centros de vacunación en La Guaira
El 28 de julio de 2026, Unicef reportó que hay 21 000 personas en varios campamentos transitorios de La Guaira, entre estos los ubicados en el Polideportivo José María Vargas, el Estadio César Nieves y el campamento vacacional Los Caracas.
Además, la cadena Farmatodo habilitó una jornada gratuita de vacunación antitetánica en Maiquetía (La Guaira) en su sede del Centro Comercial Plaza Tricolor (local PB1 y PB2) y en varias sedes en la capital venezolana.
Pero el doctor Levy reiteró que en Venezuela, en plena emergencia humanitaria por los sismos, sigue la opacidad en relación con la atención sanitaria y los esquemas de inmunización. Sin datos demográficos ni sobre la cantidad ni el tipo de vacunas disponibles, la sociedad civil no puede coordinar una respuesta ajustada a la emergencia.
“No basta con contar dosis almacenadas y personas atendidas. La verdadera medida de respuesta es saber cuántas personas susceptibles pueden ser identificadas, alcanzadas y vacunadas oportunamente. Desde la perspectiva de inmunizaciones debería evaluarse inmediatamente qué centros de vacunación siguen operativos, qué equipos de refrigeración fueron dañados, cuánto del inventario se perdió, cuántos niños, niñas y adolescentes están desplazados o en refugios”, alertó el presidente de la Comisión de Inmunizaciones de la SVPP.
Y, aunque la OMS anunció que Bolivia donó a Venezuela 127 475 dosis de pentavalente (que cubre la inmunización de la difteria, el tétanos, la tos ferina, la hepatitis B y el Haemophilus influenzae tipo b) y que Brasil donó otras 1,15 millones de vacunas al país, Crespo aseveró que la demanda de biológicos en Venezuela sigue sin cubrirse.
Aseguró que el Gobierno necesita transparencia financiera, demográfica y sanitaria para acceder a programas de ayuda internacional como el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y el Gavi, la Alianza para la Vacunación.
“Al Estado venezolano le corresponde resolver el tema de la vacunación: debe promover una campaña de cobertura, incluyendo la educación para evitar oportunidades perdidas. En ese sentido, deben invertir adecuadamente y aceptar la ayuda de las sociedades científicas (…) y dejar de perseguir [políticamente] a todas estas instituciones. Todavía existe una ley que persigue a las ONG que debe ser derogada, especialmente en esta situación de emergencia humanitaria”, recalcó.
Para la SVPP, recuperar las coberturas vacunales a promedios iguales o superiores al 95 % recomendado por la OMS tomará años. Mientras tanto, el gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha actualizado las cifras demográficas sobre las víctimas mortales de los sismos desde el 24 de julio ni sobre las personas atendidas en refugios desde el 26 de julio de 2026.
Antes del doble terremoto del 24 de junio de 2026, acceder a una vivienda ya representaba un desafío para buena parte de los venezolanos. En ciudades como La Guaira, la Gran Caracas, y Maracaibo, los apartamentos podían alcanzar valores entre 45 000 y 220 000 dólares, con alquileres de entre 300 y 1275 dólares mensuales. Inmobiliarias consultadas, como RE/MAX y Century 21, indican que desde que empezó la emergencia los precios permanecen congelados, mientras el sector espera los posibles efectos del esquema de créditos y subsidios anunciado por el Ejecutivo para las familias afectadas por los sismos.
La asesora inmobiliaria Gabriela Araujo y trabajadora de Casa Propia Realty Evolution Blue, explicó que esta expectativa ha frenado la actualización de algunos valores, pero también advierte que la recuperación del mercado dependerá de que existan compradores con capacidad real de pago:
“Los precios se han mantenido porque estamos esperando saber qué va a pasar con esos créditos. La expectativa es que puedan ayudar a mover el mercado, porque hay quienes necesitan comprar una vivienda, pero no cualquier persona puede asumir esos gastos, mucho menos los damnificados que perdieron todo. Hay personas que tienen un ingreso de 240 dólares mensuales y, en algunas empresas privadas, pueden llegar a ganar 300 dólares, pero comprar una vivienda sigue siendo una realidad muy difícil.
Después del terremoto, la gente quiere saber si el edificio es seguro, si tiene una estructura que pueda soportar un movimiento de este tipo. Esa información ahora es importante para tomar una decisión, pero muchas veces ni el mismo dueño del edificio quiere compartirla porque, si es una infraestructura vieja o tiene alguna debilidad, se le puede caer el negocio.
También están las llamadas etiquetas verdes. Hay personas que quieren aprovechar esa oportunidad porque ahora existe una percepción de que ciertos edificios son más seguros, pero hay que entender que nosotros también necesitamos vender y alquilar. Si un propietario aumenta demasiado el precio, tampoco se concreta una operación. Tiene que existir un equilibrio”, señaló.
Una oferta habitacional bajo presión
Los daños directos provocados por los movimientos telúricos fueron calculados en 19 500 millonesde dólares por el Banco Mundial. La cifra incluye afectaciones en viviendas, infraestructura, servicios públicos y edificaciones esenciales.
Runrun.es intentó conversar con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González y, aunque no fue posible, en una entrevista concedida a Venevisión, el representante del sector inmobiliario aseguró que el terremoto redujo aún más el inventario de viviendas disponibles y aumentó la demanda de alquileres y compras.
Señaló que la recuperación del sector dependerá de la revisión del marco legal inmobiliario, de mayores garantías para la propiedad privada, de incentivos que permitan reactivar la construcción de nuevas viviendas y de la llegada de financiamiento internacional para impulsar la reconstrucción del parque habitacional venezolano. Sostuvo que las soluciones temporales para los damnificados deben complementarse con un plan de reconstrucción de largo plazo que permita recuperar la oferta habitacional del país.
Entre sueldos, alquileres y seguridad estructural
Para quienes no son propietarios, la presión económica representa una barrera casi imposible. Ivana Hurtado de 22 años, que vive alquilada en el centro de Caracas, relató cómo la experiencia de la contingencia cambió la dinámica entre propietarios e inquilinos y multiplicó la angustia de las familias.
“La mayoría pensó que los precios iban a bajar, sin embargo, los precios han ido en aumento; pasando hasta los 600 dólares. Muchas personas se han visto en la necesidad de pensar en alquilar, pero es complicado por las miles de cláusulas que existen”, recalcó.
A pesar de que pudo encontrar un arrendador comprensivo luego de una búsqueda exhaustiva de alquileres en plena emergencia por el sismo, Ivana lamentó que el mercado se ha convertido en una competencia totalmente despiadada: “Actualmente hay mucha necesidad de vivienda a precios competitivos. Al haber muchas personas damnificadas, todos están en búsqueda de los mejores precios del mercado. Esto ocasiona que haya mucha demanda y poca competencia, lo que ha convertido el sector en una guerra constante para conseguir los mejores precios, en una sociedad donde la mayoría de las personas no ganan más de 300 dólares mensuales“.
Hurtado también comentó lo complicado y costoso que es intentar conseguir una vivienda en la capital, situación que le ha impedido asentarse por completo en un mismo lugar por periodos de tiempo prolongados y que se ha agravado por la inestabilidad que le trajo el terremoto:
“Mi situación es bastante particular. Yo me crié en una zona popular de Caracas y nos tuvimos que mudar por la muerte de un familiar. De ahí nos mudamos luego a una casa de otro familiar del interior, quién nos ofreció su vivienda con la condición de pagar los servicios. Por diferencias entre los dueños del apartamento, nos tuvimos que mudar a otro prestado por un tiempo determinado, con intenciones de conseguir una vivienda estable donde establecernos… Sucedió el terremoto y tuvimos que buscar con más urgencia. Actualmente, vivimos en nuestra primera casa alquilada en el centro de la ciudad, que conseguimos luego de todo un mes de búsqueda”, reveló.
Al mismo tiempo que ocurre el aumento de la demanda de inmuebles en alquiler, también persiste una interrogante: ¿un alquiler más costoso garantiza realmente una estructura segura? Según el ingeniero civil y trabajador de Técnicas Reunidas, Iván Hurtado, el precio de un inmueble no es un indicador de su resistencia estructural.
“El precio de un inmueble suele reflejar principalmente la ubicación, pero la seguridad estructural rara vez se refleja de manera transparente en el mercado. Un inmueble más caro no necesariamente es un inmueble sismorresistente”, indicó el especialista.
También explicó que la respuesta de un edificio ante un movimiento sísmico no se mide solo por su edad o su precio en el mercado, sino por la combinación de factores técnicos, ya que “los suelos blandos o con depósitos sedimentarios profundos (como el caso de La Guaira o Los Palos Grandes, en Caracas) pueden amplificar las ondas sísmicas respecto a zonas con roca más competente“, y agregó que sería un “error” concluir que una urbanización completa es ‘segura’ o ‘peligrosa’. La vulnerabilidad depende de la combinación de tres factores: el tipo de suelo, la calidad del edificio y su estado de conservación”.
Con respecto al mito de que los inmuebles antiguos son más riesgosos, Hurtado precisó que “no puede afirmarse que un edificio antiguo sea inseguro únicamente por su edad”, porque, aunque las normas actuales incorporan exigencias más estrictas en cuanto a resistencia de materiales, muchas estructuras levantadas de acuerdo con normativas de construcción anteriores siguen manteniendo un desempeño adecuado tras la contingencia.
La especulación y la “etiqueta verde”
El incremento de la demanda de vivienda después de los sismos coincidió con cambios en los precios de alquileres y propiedades. Para la corredora de Bienes Raíces Maricel Ballestero, encargada de Inmobiliaria Masslu, este fenómeno responde a una alteración del mercado provocada por la llegada de nuevos demandantes.
“El aumento en los alquileres es especulación de los propietarios, ya que se aprovechan de la necesidad de las personas que están sin hogar”, afirmó Ballestero.
La especialista inmobiliaria detalló que la atención de los compradores e inquilinos se ha centrado por completo en las zonas consideradas de menor riesgo sísmico, y esto ha disparado los precios de los arrendamientos.
“Las zonas donde han colocado etiquetas verdes es el mercado que se está moviendo actualmente, solo que los precios aumentaron“, agregó Ballestero. A la vez, advirtió sobre el rechazo generalizado a las construcciones más antiguas: “Nadie quiere invertir en edificaciones viejas, tomando en cuenta que pudieran ser más económicas”.
Con la situación de los montos elevados, el temor a cambios en el panorama ha llevado también a los propietarios a endurecer los requisitos y condiciones de los contratos. Para la experta, aunque “se han mantenido los tres meses de depósito”, la insistencia en el mercado actual es la firma de “contratos jurídicos blindados por temor a un cambio en la ley de inquilinato que los haga perder su inmueble”. Esto puede generar que hoy en día “solo se alquile lo que está en precio con relación al mercado inmobiliario”, es decir, aquellas propiedades que en muchos casos sin un intermediario inmobiliario no logran equilibrar las exigencias del propietario con la capacidad real de pago de la demanda posterior al sismo, lo que se busca es “mantener” un valor realista que los inquilinos puedan pagar en medio de la crisis.
Reformas legales y planes de financiamiento
La problemática del mercado inmobiliario ocurre en un momento en el cual la legislación y los debates parlamentarios se encuentran en un punto caótico y buscan dar respuesta a la crisis habitacional. Mientras la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda establece en sus bases que el “justo valor” debe de considerar la vulnerabilidad sísmica (art. 73) y prohíbe expresamente el alquiler de inmuebles en condiciones que representen riesgos para la vida de los inquilinos (art. 12), la Asamblea Nacional también debate un nuevo proyecto de Ley de Régimen Especial de Arrendamiento.
Esta propuesta busca “formalizar” el mercado a través de procesos de mediación con arreglos en reparaciones menores y la exigencia de depósitos en garantía o pólizas de hasta 3 meses que puedan tener devolución de por lo menos 15 días. De cualquier forma, la prohibición de alquilar en zonas de alto riesgo choca de frente con la realidad de miles de venezolanos desplazados que hoy buscan una solución inmediata y más económica.
Algunas propuestas financieras, como la presentada por el economista José Guerra junto con el Colegio de Ingenieros (CIV), plantean la posibilidad de un fondo de reconstrucción de entre 12 000 y 25 000 millones de dólares y la creación de mecanismos de crédito para tratar de disminuir la gravedad del sector.
La reconstrucción que todavía deja preguntas
Mientras el Estado promete entregar 4000 viviendas antes de diciembre y superar las 10 000 durante 2027, para las familias afectadas esta discusión regresa en una deuda habitacional que Venezuela ya venía arrastrando desde el colapso de viviendas vinculadas a programas como la Gran Misión Vivienda, impulsado durante el gobierno de Hugo Chávez.
Para Grisel Mercadante, arquitecta y docente de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), la respuesta comienza por reconocer una ausencia institucional:
“No tenemos una data de los inmuebles que están ubicados en zonas de riesgo. Eso no existe. Lo que hay es un mapeo perceptivo. No se están haciendo estudios de suelo y se está construyendo a la deriva. Es crucial que el Colegio de Ingenieros (CIV) lidere un proceso de certificación e información que permita conocer el estado real de las edificaciones antes de ofrecerlas al mercado”, advirtió.
El derechoa la vivienda está establecido en el artículo 82 de la Constitución, que reconoce que toda persona tiene derecho a un hogar “adecuado, seguro, cómodo, higiénico” y con servicios básicos esenciales. Este principio se relaciona con la Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, que establece medidas de prevención y reducción de vulnerabilidades ante amenazas naturales; la Ley de Protección Civil y Administración de Desastres, que regula la atención ante emergencias; y la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, orientada a garantizar mecanismos de acceso habitacional. Tras el doble terremoto, la aplicación de ese marco legal coincide con un mercado inmobiliario que permanece a la expectativa de los efectos de los créditos y subsidios anunciados para la reconstrucción, al mismo tiempo que compradores e inquilinos incorporan la seguridad estructural como un nuevo criterio al momento de buscar vivienda.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Me preocupa la salud mental de mis compatriotas. Pude haber enunciado esta oración en 2016 o 2018 o 2022. Pero en cualquiera de esos años, la causa del malestar psicológico colectivo era endógena. A saber, la sensación de estar atrapado bajo un orden político que garantiza una calidad de vida paupérrima y del que, como en esa lúgubre sala de espera en el montaje teatral de Sartre, no parece haber salida. Ahora la causa es externa. Radica en Estados Unidos y su nuevo papel como factor determinante de la política venezolana. Porque por años se pensó que los estadounidenses podían ser quienes abrieran la puerta de la sala y permitieran a los encerrados salir. “Ah, si solo los vecinos del norte dieran el paso”, era el gran desideratum de muchos.
Ahora que los vecinos del norte dieron el paso, no hay sin embargo claridad de que lo que están haciendo es quitar el cerrojo o cambiándolo por otro. Eso es lo que tiene al venezolano en una situación psicológicamente preocupante. Es un subibaja emocional violento, cuyo ritmo lo marcan los titulares de prensa salidos de Washington. Cuando Marco Rubio reafirma que el plan de Washington es que eventualmente haya elecciones libres y justas en Venezuela, todos dan un gran suspiro. Algunos hasta se dan el lujo de ridiculizar a quienes albergan dudas, como si fueran personas de poco temple. En cambio, cuando una información indica que el rumbo es en la dirección contraria, cuando, por ejemplo, trasciende que María Corina Machado no ha podido regresar al país porque en EE. UU. no lo han querido, el pánico y la depresión colectiva hacen estragos. Los que antes se jactaron de su confianza en el plan se olvidan en un dos por tres de esa soberbia y dan rienda suelta a sus propias angustias. Este ciclo puede repetirse una y otra vez.
Por eso, cuando, más temprano esta semana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia anunciaron que no son parte del diálogo para la transición entre la elite gobernante venezolana y una Asamblea Nacional electa en 2015 que cada vez está más expuesta como un instrumento del Departamento de Estado, fue un gran alivio para mí que la reacción de las masas al tanto de la situación fue bastante templada. Si alguien no cree que Machado y González Urrutia son hoy los representantes de la mayoría ciudadana, o lo más cercano que hay a tal cosa, que vea. Porque todo indica que si ellos dos están dispuestos a darle el beneficio de la duda al diálogo en cuestión, pese a que por ahora no son parte del mismo, la base opositora también lo está.
Lo que me propongo ahora no es decir a quien me lea que semejante optimismo cauto es infundado. Más bien, lo que quiero hacer es exponer cuáles son las razones para que haya optimismo cauto en vez de eufórico. De esa forma, se podrá en antemano tener una idea de cuáles son los límites razonables para el optimismo en el horizonte temporal.
A ver. El razonamiento para llamar a la calma es que, en transiciones democráticas, quienes detentan el orden forjador de las instituciones por venir no son necesariamente quienes luego serán los mayores beneficiarios de los cambios. La aspiración de la mayoría de los venezolanos es que, al cierre de este proceso, la beneficiaria mayor sea Machado, al acceder al poder por vía democrática. No por un culto particular a Machado, sino porque a partir de 2023 fue ella quien se convirtió en portaestandarte de los deseos de recuperación de calidad de vida.
Entonces, prosigue el razonamiento consolador, no importa que Machado no esté en la mesa de diálogo justo ahora, porque de todas formas ella puede ser la protagonista de lo que resulte de esos diálogos. El ejemplo más invocado en refuerzo de esta tesis es el de Rómulo Betancourt luego de la caída de Marcos Pérez Jiménez. No fue él quien encabezó la Junta de Gobierno que siguió al despegue del Vaca Sagrada, sino Wolfgang Larrazábal, primero, y Edgar Sanabria, después. La junta ni siquiera incluyó a militantes de Acción Democrática. Eran militares y empresarios sin perfil partidista.
Pero esta comparación tiene límites prominentes. Porque la Junta de Gobierno no fue un ente forjador de instituciones futuras. Fue más bien un garante del orden mientras esas discusiones se daban en otros mentideros, el más destacado de los cuales fue la casa de Rafael Caldera, la quinta Puntofijo. De esos acuerdos entre los partidos que integraron la Junta Patriótica que catalizó el fin de la dictadura surgió el marco, aun técnicamente informal, que permitió la realización exitosa de las elecciones presidenciales de 1958. Luego los acuerdos se desarrollaron más y se formalizaron con la redacción de la Constitución de 1961.
Nótese, no obstante, que la adopción de la carta magna ocurrió poco más de dos años después de los comicios que Betancourt ganó. Ello muestra que los acuerdos informales pueden ser suficientes cuando hay buena fe en todas las partes involucradas. A fin de cuentas, pese a que la mentalidad republicana concibe de forma abstracta las leyes y las instituciones para despersonalizarlas y no atarlas a los caprichos de un individuo o grupo de individuos, son en esencia costumbres y hábitos de personas que reposan sobre juicios éticos. Si esas personas de carne y hueso no cumplen con las costumbres y los hábitos, las leyes y las instituciones solo existen en un papel. Volviendo a las elecciones de 1958, deben tener en cuenta todo esto tanto los ciudadanos que por cualquier razón se muestran incómodos con la realización de elecciones en el corto o mediano plazo y quisieran poner miles de pasos previos (algunos razonables y otros francamente ridículos), como aquellos que se apoyan en la analogía con el comienzo de nuestros 40 años de democracia para ahuyentar temores sobre el futuro.
Esto me lleva a marcar otros límites de la comparación. Si los padres de la democracia puntofijista pudieron obrar como lo hicieron fue porque los militares que sucedieron a Pérez Jiménez tuvieron una grandísima combinación de sindéresis y desprendimiento, al entender que, pese a que seguían teniendo las armas para impulsar su voluntad, el statu quo anterior al 23 de enero era inviable sin un costo enorme para el país en términos de estabilidad, aunque fuera con un rostro distinto al de Pérez Jiménez. Por eso fueron ellos quienes, insisto, se limitaron a velar por el orden mientras los líderes de los partidos moldeaban las instituciones que gobernarían el país. Los militares no tenían en mente mantenerse en el poder y por eso estuvieron al margen de aquellas discusiones. La candidatura presidencial de Larrazábal no refuta esto, pues fue de la mano de dos de las organizaciones de la Junta Patriótica: Unión Republicana Democrática y el Partido Comunista de Venezuela.
Evidentemente, la elite gobernante venezolana post Nicolás Maduro no está desempeñando un papel como el de la Junta de Gobierno de 1958. En vez de desprendimiento, lo que vemos es una voluntad de aferrarse al poder lo más posible. Los cambios obedecen no a sus deseos, sino a los de Washington. Y aunque seguramente los miembros de dicha elite hubieran preferido el statu quo de antes, si ahora los cambios son inevitables, pues lo ideal para ellos sería fungir como principal incidencia interna en los mismos, cuando no la única. Si pueden limitar la mesa de diálogo a ellos y Washington, mejor para ellos.
Esto implica marginar a terceros. Implica, sobre todo, marginar a la dirigencia opositora que Machado encabeza y que, como ya vimos, es la depositaria actual de las aspiraciones de la mayoría de los venezolanos. De ahí que Machado no haya podido volver al país, seis meses después de que comenzara el “nuevo momento político”. Betancourt, en cambio, pudo regresar a Venezuela pocas semanas después de la huida de Pérez Jiménez.
Pienso por lo tanto que el futuro será el criterio que determine cuán acertado es comparar el presente con el pasado. Si Machado o alguien que la represente es eventualmente incorporado a la mesa en la que se están trazando los planos de la institucionalidad futura del país, entonces el símil consolador habrá sido reivindicado. Pero si pasa el tiempo y eso no ocurre, el gran riesgo que corre Machado, junto con la base opositora que ella representa, es que, al no tener silla en la mesa, el edificio resultante no tenga en cuenta sus intereses. En ese caso, Machado quedaría en una posición muy vulnerable, reducida al deseo de que el producto final de las negociaciones incluya elecciones libres y justas que ella pueda ganar.
Asumo que es por eso que, si bien Machado y González Urrutia aclararon que no son parte del diálogo, están dispuestos a darle el beneficio de la duda y dijeron que lo evaluarán sobre la base de que produzca o no resultados que tiendan a la democratización del país. Puedo imaginar que también es por eso que Machado esta semana convocó concentraciones de militantes de su partido. La motivación oficial fue conmemorar los dos años de la elección presidencial de 2024. Pero pienso que, además, se quiso mandar un mensaje a quienes sí constituyen la mesa de negociación. Una muestra de que la facción que Machado encabeza está activa. Si esta facción percibe que está siendo ignorada, no debe sorprender que la dirigencia llame a más movilizaciones. Llamados a la población en general, y no solo a militantes de Vente Venezuela. Esa es la única forma en que un grupo político de orientación cívica y excluido de los centros de toma de decisiones puede hacerse escuchar.
Ya que han pasado solo unos días desde la celebración de los 243 años del nacimiento de Bolívar, cierro con un recuerdo relacionado. En su biografía del Libertador, Augusto Mijares destacó un aforismo francés que aquel escribió en una carta a Santander: ‘A force de forger, on devient forgeron’. Lo que significa metafóricamente es que la práctica hace al maestro. Es un elogio del empeño y la tenacidad. Pero me interesa más su traducción literal: “A fuerza de forja, uno se hace herrero”. Bolívar fue en efecto un forjador de instituciones. Y eso es a lo que la dirigencia opositora debe aspirar ahora, aunque tenga que, siguiendo el refrán, empeñarse. Tiene que tratar de asegurarse un lugar en la forja de instituciones.
La tarde de este jueves, 30 de julio, autoridades gubernamentales dinamitaron de forma controlada la torre C de las residencias Luisa Cáceres de Arismendi, pertenecientes a la Opppe 36 de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicada en Playa Grande, estado La Guaira.
De acuerdo con información publicada por El Pitazo, el complejo residencial se compone de cuatro torres. Luego del doblete sísmico del pasado, la torre C quedó inclinada. Las torres A y B sufrieron daños al perder sus primeros niveles, pero permanecieron en pie.
La implosión se llevó a cabo aun cuando, en días anteriores, familiares intentaron impedir el procedimiento. Según reportes de redes sociales y medios de comunicación, todavía habría al menos 18 cuerpos entre los escombros de la edificación que no habían logrado rescatar.
El miércoles 29 de julio, el ministro de Transporte, Francisco Garcés, afirmó que ninguna edificación sería demolida mientras existieran cuerpos por recuperar o pertenencias de familias dentro de los inmuebles. Durante una rueda de prensa, señaló que la prioridad del Gobierno es completar las operaciones de rescate y recuperación de restos antes de avanzar con las demoliciones controladas de escombros.
#AhoraVPItv | Así fue la demolición mediante explosión controlada del edificio Luisa Cáceres de Arismendi en el sector Urimare de Playa Grande en La Guaira este jueves #30Jun.
La demolición se dio aun con personas entre los escombros. Familiares tendrán que aguardar por 24… pic.twitter.com/gzfKUiZlLY
Así quedó el edificio “Luisa Cáceres de Arismendi” en Playa Grande, luego de la explosión controlada a las 4:08 minutos de la tarde de este Jueves pic.twitter.com/LOOAmx4VlN
#30Jul | Demolieron este jueves con dinamita y de manera controlada la torre C del complejo Luisa Cáceres de Arismendi en la Urbanización Playa Grande, Catia La Mar.
Más temprano, hubo denuncias que la GNB mantuvo restricciones al trabajo de la prensa durante la cobertura de la… pic.twitter.com/wG5gGqIrZ4
Por otra parte, en las horas previas a la demolición, periodistas denunciaron que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron las labores de cobertura de la situación.
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, recordó que “las medidas de seguridad no deben ser excusa para el amedrentamiento ni para ocultar hechos de interés público”.
#30Jul GNB impidió la labor informativa de varios periodistas durante la demolición del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi en Catia La Mar #LaGuaira Las medidas de seguridad no deben ser excusa para el amedrentamiento ni para ocultar hechos de interés público. Video: @VPITVpic.twitter.com/MWpgf08SNn
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
